Toda política que proteja a la familia en áreas como empleo, vivienda, alimentación y salud contribuye a mantener a las y los adolescentes en las aulas. Pero también el liceo o la escuela técnica necesitan cambiar. Centrándonos hoy en el liceo, podemos darnos cuenta de que una institución monótona, desvinculada de los grandes temas vitales y, por el contrario, atrapada en un acartonado academicismo y una disciplina autoritaria o de indiferente “dejar-hacer” no ayuda a retener a sus estudiantes. Y no ofrece la educación estimulante y profunda que ellas y ellos requieren.
En ese sentido, resulta valioso el enfoque del cambio curricular oficial para el nivel, actualmente en ensayo en cerca de setenta planteles. La idea es alejarse de la simple transmisión de contenidos disciplinarios aislados y, por el contrario, alentar la conexión de las diferentes disciplinas entre sí y con la palpitante vida fuera de las aulas, moviéndose desde lo planetario hasta lo local y lo personal. Además, se plantea ofrecer a las y los jóvenes otras actividades más allá de sus clases, creando un liceo donde se puedan (¡y se quieran!) pasar muchas horas: en clases dinámicas, de investigación y producción, pero también haciendo deporte, integrando un grupo ecologistao formando parte de un taller de teatro, etcétera.
Esta propuesta afronta dos grandes obstáculos. Uno es económico: un liceo con más horas de actividades, que además sean diversificadas, es más costoso. En lo inmediato, seguramente deberá empezarse con opciones más restringidas y menor carga horaria total, apuntando a alcanzar lo deseado conforme la economía mejore. Otro obstáculo es pedagógico: no es sencillo pasar de la enseñanza tradicional a la que se plantea, ni aún para quienes tienen que hacer los planes de estudios. Tales planes han de elaborarse sin prisas y con mucha dedicación. Y tanto profesores como estudiantes necesitan más materiales de apoyo. Así, se impone la progresividad. Por cierto, entre las posibilidades “más allá del salón de clase” puede interesar a muchos jóvenes de Cuarto y Quinto Año la oportunidad de capacitarse para el trabajo: acuerdos con el INCES podrían abrir esta opción, tocando campos de interés según la localidad. (lacuevat@hotmail.com).
En un artículo reciente, Joseph Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial, ganador del premio Nobel de Economía y ahora asesor del Partido Laborista británico, considera que estamos en una nueva era de monopolio y que esta es una de la principales causas de la desigualdad extrema del ingreso y la riqueza, la ineficiencia y […]
En un artículo reciente, Joseph Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial, ganador del premio Nobel de Economía y ahora asesor del Partido Laborista británico, considera que estamos en una nueva era de monopolio y que esta es una de la principales causas de la desigualdad extrema del ingreso y la riqueza, la ineficiencia y el bajo crecimiento de la productividad y el estancamiento general de las principales economías.
Stiglitz sostiene que las escuelas clásica y neoclásica de economía asumen que en los ”mercados competitivos” todas las empresas están al mismo nivel a la hora de competir. Esto significa que los propietarios del capital ganan beneficios según su contribución al aumento de la producción, su “producto marginal”.
Esta visión optimista es descartada por Stiglitz. En realidad, lo que determina quién recibe qué en la sociedad depende del “poder”. Las grandes empresas pueden imponer los precios en los mercados a las empresas pequeñas y pueden dictar los salarios de la mano de obra cuando esta no tiene poder de negociación colectiva (los sindicatos). Este “monopolio” (sobre los mercados de las materias primas y la mano de obra) es lo que está arruinando el capitalismo, sostiene Stiglitz.
Evidentemente, hay más de un elemento de verdad en esta perspectiva del capitalismo. La correlación de fuerzas en la lucha entre el capital y el trabajo determina la proporción del ingreso que recibe el trabajo entre beneficios y salarios. Y también es cierto que las grandes empresas a menudo pueden fijar los precios y el acceso al mercado para ganar la parte del león de las ventas y los beneficios.
De hecho, Marx predijo hace más de 160 años que la lucha competitiva por los beneficios entre los capitales y las crisis recurrentes en la producción conducirían a una mayor concentración del capital en manos de unos pocos y a la centralización del capital en los sectores financieros, íntimamente conectados con el estado.
Stiglitz cita un informe muy reciente de la concentración del mercado en los EE.UU. realizado por el gobierno de Estados Unidos. El informe encontró que en la mayoría de las industrias, de acuerdo con la CEA, los datos muestran grandes – y en algunos casos, dramáticos – aumentos en la concentración del mercado. La cuota de mercado de los depósitos de los 10 grandes bancos, por ejemplo, aumentó del 20% al 50% en tan sólo 30 años, de 1980 y 2010.
Stiglitz concluye que “los mercados actuales se caracterizan por la persistencia de elevadas ganancias monopolistas“. En consecuencia, Stiglitz hace un llamamiento a la “intervención del gobierno” para reducir el poder de los monopolios y, presumiblemente, crear un entorno de mayor competencia para que haya “más eficiencia y prosperidad compartida”. Pero esto plantea la pregunta: ¿es el “capitalismo competitivo” más propensos a ofrecer un mejor crecimiento económico, una mayor productividad de la fuerza de trabajo (eficiencia) y una menor desigualdad que el “capitalismo monopolista”?
La respuesta a la pregunta está parcialmente resuelta señalando el espejismo de que alguna hubiera un gran ‘capitalismo competitivo” que creciese rápidamente y sin crisis y distribuyese los ingresos y la riqueza de una “manera más justa”. El capitalismo se convirtió en el modo de producción dominante a nivel mundial llevando consigo las “imperfecciones” de los monopolios, el apoyo del Estado y la represión de la fuerza de los trabajadores. Nunca hubo una igualdad de condiciones y, a nivel mundial, a pesar de la lucha competitiva por los mercados, continua habiendo diferentes niveles de monopolio o poder imperialista.
Pero el otro lado contradictorio de la respuesta a la pregunta es que la competencia no ha desaparecido. Stiglitz rechaza la opinión de Joseph Schumpeter de que los monopolios son finalmente socavados por nuevos competidores con nuevas tecnologías o nuevos productos y mercados. Sin embargo, como demostró Marx, el desarrollo de las plusvalías “monopolistas” son un incentivo para atraer la inversión de nuevos capitales (si se puede superar las tarifas, la escala y otras barreras del monopolista). Y esto sucede todo el tiempo: desde los editores hasta Amazon; desde la industria británica en el siglo XIX hasta la industria alemana y estadounidense en el XX; pasando por la fabricación industrial en China en el siglo XXI.
Después de todo, el poder monopolista es en realidad oligopólico (unas pocas grandes empresas) y los oligopolios pueden desarrollar una fuerte competencia entre si, nacional e internacionalmente. La verdadera causa de la desigualdad no es monopolio, sino el aumento de la explotación del trabajo por el gran capital desde los años 1980 para intentar revertir la caída y baja rentabilidad experimentada en la década de 1970. Y la causa real del ‘estancamiento’ y el bajo crecimiento de la productividad no son los monopolios, sino la falta de inversión, no sólo por los “grandes monopolios”, sino también por las capitales más pequeños que sufren la baja rentabilidad y acumulan grandes deudas. En otras palabras, los monopolios no son un problema en sí, sino la debilidad del modo de producción capitalista, en la que la inversión y la creación de empleo tienen lugar únicamente con fines de lucro.
Stiglitz ignora este hecho. Como resultado, su solución es la intervención del gobierno para reducir la desigualdad y crear una situación de “igualdad de oportunidades” que favorezca la “competencia” entre las empresas capitalistas. Pero es utópica (no se puede dar marcha atrás en la historia del capitalismo) e inviable (No lograría una mayor igualdad ni mejor crecimiento).
Irónicamente, hay otro estudio que Stiglitz no recoge que demuestra que el aumento de la desigualdad en Estados Unidos coincide con el declive de las grandes empresas que solían emplear a cientos de miles o incluso millones de trabajadores y su sustitución por empresas mucho más pequeñas. La parte de los grandes empleadores en el empleo total se ha reducido de forma inversa al aumento de la desigualdad en el ingreso en Estados Unidos. Este estudio demuestra que ha sido la disminución del poder de la mano de obra a través de la subcontratación y la globalización la que ha hecho crecer la desigualdad en los ingresos.
La división “interna” del empleo de la gran empresa (fordista) en pequeños contratistas es la característica clave del mundo “monopolista” de Stiglitz. En otras palabras, lo que los trabajadores necesitan en América no es la ruptura de los monopolios para crear pequeñas empresas que compitan entre si, sino sindicatos. El poder de monopolio que de verdad importa es el del capital sobre el trabajo.
Un nuevo informe esta semana del Centro de Estudios Laborales de la Universidad de California en Berkeley, señala que un tercio de los trabajadores de producción – los que trabajan en las cadenas de producción y en ocupaciones afines – ganan tan poco que sus familias reciben algún tipo de asistencia pública, como cupones de alimentos o subvenciones de inserción social. Muchos de esos trabajadoresson temporales, y representan una parte creciente del empleo en las fábricas. El salario medio de un trabajador industrial, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, era 16.14 dólares a la hora en 2015, por debajo de los 17.40 a la hora promedio de todos los trabajadores
El trabajador promedio de la producción manufacturera en Michigan gana 20.80 dólares la hora, frente a los 18,86 en Carolina del Sur, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. ¿Por qué los trabajadores de las fábricas de Michigan ganan más? En una palabra: sindicatos. El medio oeste era, al menos hasta hace poco, un bastión de los sindicatos. Los estados del sur, por el contrario, no reconocen en su mayoría la obligatoriedad de la “negociación colectiva”, y los sindicatos nunca han desarrollado una base de apoyo fuerte. Los sindicatos del sector privado han perdido fuerza en general, pero siguen siendo más fuertes en la región central que en la mayoría de las otras partes de EE UU. En Michigan, el 23 por ciento de los trabajadores industriales de producción eran miembros de sindicatos en 2015; en Carolina del Sur, menos del 2 por ciento.
Los sindicatos también ayudan a explicar por qué la clase media goza de mejor salud en el medio oeste que en el sureste, donde los trabajos industriales han crecido rápidamente en las últimas décadas. Un nuevo análisis del Centro de Investigación Pew esta semana exploró el estado de la clase media en diferentes partes del país, examinado la proporción de hogares que ganan entre dos tercios y el doble de la renta media nacional, después de igualar el coste de vida local . En muchas ciudades del medio oeste, el 60 por ciento o más de los hogares son considerados de ” ingresos medios” según esta definición; en algunas ciudades del sur, incluso las que tienen grandes industrias, los hogares de ingresos medios son una minoría.
El poder del capital sobre el trabajo ha hecho que tras la Gran Recesión millones de hogares en EE UU estén en peligro de caer en la pobreza absoluta. Una encuesta de la Reserva Federal señala que el 47% de los estadounidenses no sería capaz de hacer frente a gastos inesperados de más de 400 dólares sin pedir prestado o vender algo. El índice del Empleo Decente de Gallup mide el porcentaje de la población adulta que trabaja 30 horas a la semana por un sueldo fijo. Se situó en el 45,1%. En los EE.UU., el 62,8% de la población civil fuera del sector público participa en la fuerza de trabajo, y el 5% está en paro, mientras que Gallup nos dice que solamente el 45,1% tiene lo que se considera un “buen trabajo”. No se trata de bases de datos directamente comparables, sino de una estimación aproximada que sugiere que tal vez una quinta parte de la población activa está desempleada o tienen empleos menos-que-buenos.
Las personas que pierden sus puestos de trabajo en una recesión experimentan una variedad de efectos a largo plazo. Sus nuevos puestos de trabajo a menudo a menudo suponen sueldos más bajos y tardan años hasta que recuperan el nivel de los salarios más altos anteriores. Estas personas tienen menos probabilidades de poseer una casa; experimentan más problemas psicológicos; y sus hijos tienen peores resultados en la escuela. Es lo que se llama las ‘cicatrices salariales’.
Cerca de 40 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en la recesión de 2007-2009. Sólo uno de cada cuatro trabajadores despedidos consiguen volver a los niveles previos de sueldo anteriores después de cinco años, según el economista Till von Wachter, de la Universidad de California en Los Ángeles. La brecha salarial persiste, incluso décadas más tarde, entre los trabajadores que experimentaron un período de desempleo y trabajadores similares que no fueron despedidos. Las personas que han perdido un empleo durante las recesiones ganan un 15-20% menos que sus pares no despedidos después de 10 o 20 años. Y esas personas llegan a la edad de jubilación con pocos o ningún ahorro. Tienen que seguir trabajando o se ven obligados a vivir frugalmente.
El informe de empleo de abril mostró una tasa de desempleo del 16% entre los adolescentes de 16-19 años de edad. Esta muestra incluye sólo a aquellos que estaban buscando activamente empleo, que no son estudiantes a tiempo completo. Han abandonado la enseñanza, o quieren trabajar mientras estudian. Y está la tasa de mortalidad sorprendentemente mayor entre los blancos de mediana edad en EE UU. Esa tasa es el resultado directo del aumento de los suicidios y el abuso de drogas y alcohol – todo ello parte del proceso de depresión psicológica. Durante la última década, los hispanos mueren a un ritmo más lento. Las personas negras, también; incluso los blancos en otros países.
(Cuadro Las tasas de mortalidad, 45-54 años)
Sí, el poder de los monopolios (con más precisión, de los oligopolios) se ha incrementado en los últimos 150 años desde que Marx pronosticara que el modo de producción capitalista conduciría a un aumento de la concentración y centralización del capital. Y eso demuestra que el capitalismo se encuentra en su última etapa de desarrollo y que, por lo tanto, debe ser sustituido por un “monopolio social”. Pero eso también significa que la vuelta atrás a una competencia regulada por el gobierno, como sugiere Stiglitz, no funcionaría; tanto para relanzar la capacidad de crecimiento capitalista como para reducir la desigualdad.
Este daño permanente a la vida de millones de personas en Estados Unidos, una de las economías capitalistas más ricas del mundo y la “tierra de la libertad” no es consecuencia de los monopolios, sino del fracaso del capitalismo para producir suficientes productos y servicios que la gente necesitan , de forma asequible. Sí, una élite de ricachones preside sus enormes empresas y bancos y ‘ganan’ enormes salarios y primas y los gestores de los fondos buitres y los banqueros cosechan grandes ganancias de capital. Pero la gran mayoría de los estadounidenses no llega a fin de mes, a causa del “capitalismo competitivo” y su fracaso.
«El contrato principal de la universidad es uno entre generaciones cuyo objeto es transmitir una cultura de la razón pública, del pluralismo de valores y del conocimiento en todas las dimensiones de lo humano. Su naturaleza estatal o privada es más bien un rasgo secundario…».
La idea de lo público en relación con la universidad experimentó un claro estrechamiento a lo largo del siglo XX. Hoy se encuentra en una sima de confusión y malos entendidos. De hecho, se ha transformado lo público en una manifestación cuasi administrativa de lo estatal, público=Estado, o bien ha sido reducido a una categoría económica, equivalente a: público=producción de bienes públicos o de beneficios sociales. Ambas deformaciones de lo público sirven un propósito táctico y utilitario: permitir a un grupo de instituciones reclamar un trato preferente; en concreto, una mayor participación en los recursos del presupuesto nacional.
En cambio, la idea de lo público como una característica inherente a la universidad moderna es mucho más que lo anterior. Ante todo, es un atributo de la razón que en ella se expresa. Según decía Kant, la universidad es cultivo público y crítico de la razón. De allí la necesidad de reconocer su autonomía y de proteger la libertad de sus miembros para enseñar, investigar y aprender. Del gobierno, agregaba él, la institución universitaria debe esperar «nada más que no poner trabas al progreso de las luces y de las ciencias».
A cambio de esos fueros y del financiamiento (parcial) de sus actividades, la universidad ofrece oportunidades de aprendizaje, conocimiento, el ideal de una comunicación no-distorsionada, preguntas fundamentales y verdades socialmente elaboradas que permiten a los individuos vivir vidas examinadas y, a la sociedad, conocerse y transformarse.
Dentro de esta tradición imaginó e instituyó Humboldt la universidad que investiga y enseña a las nuevas generaciones a vivir en una cultura reflexiva avanzada. Dentro de ella pensó Jaspers a la universidad como conciencia lúcida de su época. Y hasta hoy, como ocurre con Derrida, se proclama que la universidad «exige y se le debería reconocer en principio […] una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad».
¿Cómo pudo esta poderosa idea banalizarse al punto de convertirse en una mera ficción jurídica (lo estatal) o en el símil de una fábrica de bienes públicos? Hay dos vertientes explicativas para este fenómeno. Por un lado, la universidad pública (de tradición kantiana) al identificarse plenamente con el Estado-nación durante el siglo XIX, sufrió los avatares de aquel durante el siglo XX: quedó a merced de regímenes totalitarios en el mundo soviético, se identificó con el Estado nazi (de la mano del rector Heidegger) o fue sometida a una rigurosa vigilancia como ocurrió durante la dictadura en nuestro país. La cadena de lo público=Estado=interés general se rompió en mil partes y perdió legitimidad. En la actualidad perdura apenas como un reflejo burocrático-formal.
Por otro lado, la universidad estatal se volvió una corporación utilitaria proclamándose, en el lenguaje económico de nuestra época, una productora de bienes públicos -tales como acceso equitativo, desarrollo regional, empleabilidad e innovación tecnológica- y propuso ser reconocida como una fuente generadora de beneficios sociales a cambio de un subsidio fiscal.
Desde el momento que asumió esa doble inflexión administrativa y utilitaria, la universidad estatal quedó atrapada en su propia lógica. Debió competir con múltiples otras organizaciones por estudiantes, académicos, recursos y prestigios; ser acreditada bajo unas mismas reglas con esas competidoras; complementar sus ingresos cobrando aranceles; vender servicios de conocimiento y ser medida con idénticos indicadores de producción, desempeño y resultados. Sus diferencias respecto de universidades privadas (sin fines de lucro) perdieron relevancia. Ambas producen bienes públicos, fomentan la equidad y el mérito, admiten alumnos bajo un mismo régimen de selección, adoptan métodos de gestión empresarial, comparten una idéntica organización de la carrera académica, emplean esquemas de financiamiento compartido y se gestionan en función de criterios de efectividad, eficiencia y creación de valor comunitario.
Al igual que entre las universidades privadas, también entre las universidades estatales hay una gran heterogeneidad y variedad de tipos alrededor del mundo: pluralistas, militantes, comprometidas con los ruidos de la calle, religiosas, comerciales, altamente selectivas, masivas, de acceso libre o pagadas, locales e internacionales. Incluso, con cierta ironía podría decirse que además hay universidades públicas entre las estatales (en la tradición kantiana) mientras otras son más bien corporativizadas, o se han privatizado a sí mismas, o sirven a grupos políticos o ideológicos, o se ocupan únicamente de los intereses de sus propios miembros. En suma, si queremos recuperar el sentido de lo público, debemos abandonar el esquematismo de lo público=estatal. Más bien, tenemos que salir a buscar lo público en la racionalidad sustantiva de las instituciones, sus principios formativos, su capacidad de formularse preguntas, su independencia reflexiva frente a los poderes (de todo tipo) y su sujeción a un marco normativo que asegure su «libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición».
Lo importante, en esencia, es cómo la universidad participa en la esfera pública, ese espacio que se halla entre el Estado y la sociedad civil (el mercado y los organismos privados). A fin de cuentas, el contrato principal de la universidad es uno entre generaciones cuyo objeto es transmitir una cultura de la razón pública, del pluralismo de valores y del conocimiento en todas las dimensiones de lo humano. Su naturaleza estatal o privada es más bien un rasgo secundario.
Fuente del artículo: http://www.elmercurio.com/blogs/2016/05/15/41756/Declinacion-del-sentido-de-lo-publico.aspx
Fuente de la imagen: http://morichile.cl/wp-content/uploads/2015/05/imagen-educacion.jpg
La Educación para una Ciudadanía Global va más allá del estudio de algunos contenidos concretos enmarcados en una asignatura menor dentro del inmenso currículum de la educación obligatoria; e incluso de “incursiones” ocasionales de actores extraescolares que introducen itinerarios de sensibilización en espacios no propiamente curriculares. Es una opción educativa que, a partir de la pregunta de para qué educar, intenta elaborar una propuesta coherente sobre cómo educar.
Como dice el Informe Delors en su inicio, frente a los numerosos desafíos que plantea nuestra época, “la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, y una vía al servicio de un desarrollo humano y armonioso, que podrá contribuir al retroceso de la pobreza, las incomprensiones, la injusticia, las desigualdades, la opresión y la guerra”.
Por eso hace falta cambiar la visión instrumental de la educación y reconsiderar su función globalmente: la realización de una persona que toda entera tiene que aprender a ser, pensar, sentir y actuar. La educación tiene que recuperar la dimensión humanizadora e integral, dando un sentido a nuestras vidas, a nuestras acciones, a nuestras relaciones, y asumiendo como tarea central la construcción de un mundo más justo y sostenible.
Estamos a favor de una educación que promueva una comprensión amplia de sí mismo y del mundo, proporcionándole elementos para que pueda contribuir a una sociedad justa, que se interrogue sobre las causas estructurales de la pobreza y la exclusión y pueda, en consecuencia, atajarlas, y concebimos la escuela como un actor social relevante en este proceso.
Para conseguir este objetivo es necesario cambiar, avanzando hacia una práctica crítica basada en el diálogo, haciendo hincapié en la metodología, generando relaciones más dialógicas y participativas, espacios de aprendizaje a escala humana en los que niños, niñas y jóvenes sean conocidos y apreciados como individuos, flexibilizando los tiempos y espacios de la escuela y estableciendo unas relaciones más democráticas en los roles de profesores y alumnos, que les faciliten asumir el papel de sujetos de los procesos educativos.
En resumen, se trata de transformar la escuela en un espacio de intercambio, reflexión, socialización y elaboración de proyectos, que promueva el conocimiento como construcción colectiva (que valore los saberes y las experiencias de todos los actores de la comunidad educativa), y no como mero esfuerzo individual. Se trata de cambiar la escuela para que tanto el currículum escolar como la institución misma se transformen en una comunidad de comunicación y participación que integre a estudiantes, profesores y profesoras, familias, gobiernos locales, territorios, comunidad y ONG. Se trata de cambiar la escuela para que, respecto a los desafíos de nuestra contemporaneidad, sea parte de la solución y no del problema.
¿Cómo podemos presentar los desafíos a los que se enfrentan las personas refugiadas a un público joven para que se vea reflejado en la experiencia de otra persona? Si eres docente y alguna vez has considerado iniciar un debate sobre los derechos de las personas refugiadas en tu clase, seguramente te habrás planteado esta cuestión.
Descubrimos cómo un Colegio Amigo de los Derechos Humanos en Portugal utiliza testimonios personales para dibujar una imagen más completa sobre qué significa ser refugiado.
“Estábamos instalados, teníamos estabilidad”, cuenta Zacaria al explicar cómo era su vida en Siria a un grupo de estudiantes.
Hace sólo unos meses, vivía en la provincia de Deir el Zur con su esposa Abir y su hijo de un año, pero han pasado tantas cosas desde entonces que parece que haga mucho más tiempo de aquello. Allí, Zacaria trabajaba como mecánico de aviación y Abir estudiaba lenguas. Ambos eran propietarios de una tienda de telefonía. Así era su vida antes.
En noviembre, cuando la situación en la región empeoró, la pareja decidió abandonar su hogar y buscar refugio en el extranjero. Junto a un pequeño grupo de personas, cargando con lo más básico, viajaron por Turquía y atravesaron el Mediterráneo hasta llegar a Grecia.
“Esperamos un mes en Grecia hasta que supimos que Portugal nos había aceptado. No sabíamos demasiado sobre el país. Sabíamos que estaba cerca de Marruecos y de España, por supuesto, y que Siria quedaba muy lejos”, dice Zacaria.
La pareja se ha establecido en la ciudad de Ferreira do Zezere. Los han invitado a compartir su historia en uno de los seis Colegios Amigos de los Derechos Humanosque hay en el país para que sus estudiantes puedan ver cómo vivían antes de convertirse en refugiados en Europa.
Una nueva forma de presentar los temas para los debates en clase
El método del colegio Pedro Ferreiro se centra en testimonios personales basados en testigos y en experiencias personalespara facilitar el debate sobre los derechos de las personas refugiadas y aportar una nueva perspectiva a los debates en clase.
Los y las estudiantes entienden mejor los riesgos que otras personas se ven obligadas a enfrentar, de manera que les es posible identificarse con otras experiencias, recordarlas y visualizar las dificultades de una realidad que a veces es muy diferente a la suya. La historia de una persona, contada cara a cara, es un poderoso medio para dar voz sobre un asunto que afecta a mucha gente.
Antes de conocer a Zacaria y a Abir, se le da al grupo de estudiantes información fáctica para que puedan formarse una opinión y desarrollar un entendimiento crítico de las dificultades que afrontan los refugiados en Europa. Entonces, se dividen en grupos; cada uno representa a un país para simular una cumbre de jefes de Estado en la que cada representante expone sus argumentos a favor o en contra de recibir a las personas refugiadas, responde a los otros grupos y los convence de la validez de sus argumentos.
Se pueden mostrar imágenes o estadísticas sobre la crisis de refugiados, pero escuchar simplemente a Zacaria y a Abir hablar y compartir todo lo que han tenido que pasar para sobrevivir causa un efecto mucho mayor que todas las imágenes juntas.
“No conocía el verdadero significado de la palabra ‘refugiado’, que de hecho es una realidad terrible. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en el mundo y participé en la actividad, me paré a pensar en ello; estaba alucinada. No me imaginaba que esas personas con niños y niñas, bebés e incluso gente mayor sufría tanto ni que la guerra les cambiara así la vida”, dice Sonya, de 17 años, después del encuentro con Abir y Zacaria.
Para Luisa Marques, coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Portugal, contar con personas que comparten su historia tiene un gran impacto en la manera en que la gente joven percibe la situación de las personas refugiadas: “Sólo puedes formarte una opinión cuando tienes una idea real de las cosas: este es el mensaje que estamos intentando hacer llegar a los estudiantes con este enfoque. Se pueden mostrar imágenes o estadísticas sobre la crisis de refugiados, pero escuchar simplemente a Zacaria y a Abir hablar y compartir todo lo que han tenido que pasar para sobrevivir causa un efecto mucho mayor que todas las imágenes juntas.”
*Articulo tomado de: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2016/05/how-personal-stories-can-enhance-the-way-we-teach-human-rights/
Argentina, Brasil y otros países de América Latina han cambiado mucho en este siglo, han cambiado para mejor, son más diversos, menos injustos, más conscientes, incapaces de ceñirse a los espacios que las viejas oligarquías los quieren meter. Los procesos de restauración conservadora que se postulan en Argentina y Brasil plantean retrocesos en términos de derechos de las personas y en el tiempo, y lo hacen en países donde ya no caben estas propuestas, de ahí el recurso a la violencia, arma de los que no tienen razón.
¿Quién puede imaginar que esos países puedan volver a ser gobernados por representantes de los banqueros para los intereses de los bancos? ¿Quién puede imaginar que haya gobiernos que puedan promover el desempleo a rajatabla, sin respetar el derecho de los trabajadores y sin capacidad de organización y de lucha?
¿Cómo puede ser que las viejas oligarquías disfrazadas de nuevas puedan hacer que países como Argentina y Brasil en el siglo XXI sean subsidiarios de las políticas norteamericanas en el continente? ¿Cómo pueden pretender retroceder en el combate a las desigualdades, a la miseria y a la exclusión social, que tanto han avanzado en esos países, a contramano de las tendencias del capitalismo mundial? ¿Cómo pueden pretender hacer de Argentina y Brasil los ejes de los proyectos neoliberales y de los intereses imperiales de Washington en América Latina?
Pero parece que lo creen, por el tipo de gobierno, el tipo de ministros, el tipo de política que anuncian y tratan de poner en práctica. Cambia poco o nada que en un país retomen el gobierno por elecciones y en el otro por un golpe blando. El objetivo es el mismo: retroceder en lo que se ha avanzado en la superación del neoliberalismo.
Pretenden reducir el tamaño del Estado y, sobre todo, de los derechos garantizados por políticas públicas. Buscan abrir el mercado interno y profundizar en los procesos de desindustrialización y desnacionalización de las economías. Reducir los países al tamaño del mercado.
¿Es eso lo que el neoliberalismo, lo que las fuerzas conservadoras proponen en América Latina? En efecto, es a eso a lo que quieren llegar.
Buscan políticas externas que desarticulen los procesos de integración regional, abriendo camino hacia el retorno de las viejas fórmulas de subordinación económica, política e ideológica al Imperio. Retorno a lo que fueron las políticas internacionales de nuestros países en la década de 1990 con ningún protagonismo internacional. Países que sólo atraían la atención cuando había procesos de privatización y crisis, para entrar en el primer caso, para huir en el segundo.
¿Quieren hacer retroceder a Argentina y Brasil a las experiencias trágicas que han vivido en los ‘90 y que tantos años y esfuerzos ha costado superar? ¿Que volvamos a políticas que excluyen a la gran mayoría de la población, pero que atienden los intereses de la minoría del país?
Ya no es posible reimponer esos cauces. Nuestras sociedades no lo soportan y las grandes movilizaciones de rechazo de los gobiernos de Mauricio Macri y de Michel Temer lo demuestran. Se puede ganar una elección, en un caso, se puede dar un golpe blando, en el otro, pero eso no basta para construir un gobierno legitimado por el apoyo popular, capaz de dirigir el Estado atendiendo a todos, representando a todos.
Lo que se vive no es el final de los gobiernos que avanzan para superar el neoliberalismo, pero sí un paréntesis, en el que se acumulan más fuerzas, se agregan más sectores populares, se corrigen errores y se adecuan orientaciones. Porque nuestras sociedades no aguantan más ser comandadas por el poder del dinero, han aprendido a saber que la democracia está estrechamente vinculada al derecho de todos. Derechos sociales, derechos políticos, derecho a la palabra.
La segunda década del posneoliberalismo no será la última, sino la preparación de su continuidad, de la superación definitiva del neoliberalismo.
Fuente del artículo: http://blogs.publico.es/emir-sader/2016/05/21/argentina-y-brasil-no-aceptan-retroceder/
Nada mejor que la Semana de la Educación para reflexionar sobre la Educación como Derecho. Este Derecho se encuentra consagrado en una amplia red de tratados internacionales también firmados por Nicaragua.
Este reconocimiento es el resultado de una larga construcción histórica signada por las luchas y reivindicaciones de quienes han vivido situaciones de opresión e invisibilización histórica en el país. Fruto del consenso fue reconocido este Derecho en la Declaración Universal de 1948.
En el contenido de lo mismo se prescribe que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales…la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad.
Posteriormente se reconoció su carácter multidimensional y multiplicador al afirmar: “La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”.
También, que “se ha clasificado de distinta manera, como derecho económico, social y cultural. Es, todos esos derechos al mismo tiempo. También de muchas formas, es un derecho civil y político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. El derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”
La Declaración establece que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; la enseñanza secundaria y superior, en sus diferentes formas, debe ser generalizada y hacerse accesible a toda la población por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; de igual manera, se afirma que se debe fomentar la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido el ciclo completo del nivel primario; finalmente, se estipula la obligación del Estado de proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
Estas obligaciones han sido también reiteradas por la Convención Internacional de Derechos del Niño, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración y Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos; de forma similar, por la Convención contra la Discriminación en la Educación (1960), la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD 1965), y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, 1979).
Por ello, la responsabilidad del Gobierno se debe centrar en: Respetar absteniéndose de tomar medidas que obstaculicen o impidan el goce de este Derecho; Proteger, tomando medidas para que nadie obstaculice este derecho; y Realizar el cumplimiento de los estándares del Derecho en los niveles legislativo, administrativo, presupuestario, judicial, social y educativo.
Es la triada Obligatoriedad-Gratuidad-Universalidad del Derecho y su multidimensionalidad, la que le da contenido a través de sus macroindicadores de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, condiciones para que se cumpla con la gratuidad y universalidad de dicho Derecho.
Un obstáculo para su realización es la falta de voluntad política del Estado para destinar el financiamiento adecuado para la educación, lo que se relaciona con el nivel de incidencia social para demandar el cumplimiento de este Derecho con un presupuesto que se encamine hacia un 6% del PIB.
Influye en ello la concepción habitual que aún persiste al ver la educación como gasto. Otra perspectiva, desde la economía muy frecuente, es ver la educación solo como inversión en capital humano, sacrificando el consumo para dedicar esos recursos a rendimientos futuros. La educación se aprecia, así, solo por sus efectos sobre el crecimiento económico y acaba siendo tratada como mercancía, generadora solo de capacidad productiva. Por el contrario, la educación es mucho más que eso: es condición de posibilidad de la dignidad humana, y de democracia, así como condición para la recreación de valores democráticos. Es el ejercicio mismo de conformación de la persona humana en un contexto social y cultural específico.
Este compromiso del Estado demanda disposición de recursos públicos suficientes para cumplir con este Derecho; visibilización y superación de todo obstáculo que impida el financiamiento necesario; y visibilización y remoción de obstáculos socio-económicos que impidan este Derecho.
La sociedad organizada, en consecuencia, debe evaluar el tamaño del compromiso financiero que el Estado debe tener con este Derecho, y visibilizar la brecha existente entre la disponibilidad, y la demanda del Derecho, e incidir para su efectivo cumplimiento. Solo así será posible avanzar en su cumplimiento.
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Argentina, Brasil y otros países de América Latina han cambiado mucho en este siglo, han cambiado para mejor, son más diversos, menos injustos, más conscientes, incapaces de ceñirse a los espacios que las viejas oligarquías los quieren meter. Los procesos de restauración conservadora que se postulan en Argentina y Brasil plantean retrocesos en términos de derechos de las personas y en el tiempo, y lo hacen en países donde ya no caben estas propuestas, de ahí el recurso a la violencia, arma de los que no tienen razón.
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