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España: Caja de resistencia, estrategia para un sindicalismo de contrapoder

Por: Gessamí Forner

 

Los sindicatos vascos ELA, LAB, ESK y la central gallega CIG disponen de cajas de resistencia. La Intersindical catalana y la aragonesa Osta la están implementando. CGT y CNT abordarán este año en sus respectivos congresos la necesidad, o no, de activar un fondo solidario estructural.

Hubo 606 huelgas el pasado año, según los datos del Ministerio de Trabajo. El 47% se convocaron en la Comunidad Autónoma Vasca (224) y Navarra (59). Juntos, estos dos territorios apenas llegan a sumar 2,8 millones de habitantes. Representan el 6% de la población total del Estado. Los números y porcentajes importan: cuántas huelgas se convocan, cuántos trabajadores las secundan, cuántas jornadas no trabajadas acumulan, qué salario medio tiene dicha población y qué tasa de paro hay. Los números arrastran a la siguiente pregunta: ¿por qué Euskadi tiene un ecosistema de conflictividad laboral propio? Más allá de buscar respuestas sesgadamente ideológicas —“hay sindicatos soberanistas, a mí no me interesan”— y tratar de desprestigiarlos, los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, y también uno más pequeño pero igualmente combativo, ESK, saben que los números importan, y mucho, cuando toca hablar de dinero y conflictividad laboral. Disponen de las cajas de resistencia más amplias del Estado. Son un espejo donde se miran de reojo otros sindicatos de contrapoder. Su estrategia de resolución de conflictos es radicalmente distinta a los sindicatos más representativos del Estado, CC OO y UGT.

El sindicato ELA es el mayoritario en el País Vasco. Cerró el pasado año con 100.925 trabajadores afiliados y el 41% de delegados, seguidos por LAB (con un  20% de representación), CC OO (19%) y UGT (10%). Como les gusta decir en ELA, ni el Athletic tiene tantos socios. Su presupuesto anual ascendió a 22 millones, de los cuales el 92% corresponden a las cuotas. La suya es la más elevada del Estado: 23,64 euros la ordinaria. La reducida (11,82 euros) es más alta que la estándar de la mayoría de sindicatos, sean grandes, pequeños, estatales o territoriales. A pesar del precio, las nuevas afiliaciones provienen precisamente de los sectores con salarios más precarios.

De las cuotas, ELA destina el 25% a la caja de resistencia. Eso implica que de los 20,2 millones de euros de fondos de cuotas, 5.060.000 millones de euros fueron a parar a la caja de resistencia en 2021.

A cuánto asciende la cuenta corriente de la caja de resistencia de ELA es uno de los secretos mejor guardados de Euskal Herria, que solo conocen tres personas. “Puedes especular todo lo que quieras en el artículo, no lo vamos a decir, ni yo mismo lo sé”, señala a El Salto Joseba Villarreal, responsable de elecciones, afiliación y movilizaciones. Decirlo sería dar ventaja al contrincante, la patronal vasca y navarra.

Lo que sí afirma es que tener una cuota alta fue una decisión estratégica que ya consideran histórica: “Cuando Comisiones Obreras puso una cuota de 50 pesetas, nosotros pusimos de 200. Sin cuota, no hay caja. Sin caja, el conflicto necesariamente es de otra manera y, a nuestro entender, no puede haber un sindicato autónomo, independiente y de contrapoder sin caja de resistencia, porque ese punto solo te lo da el dinero”, resume Villarreal.

Sabe que hay gente —empresarios, la patronal— que ha especulado sobre cuánto debe durar una huelga en Euskadi para que se agote la caja de solidaridad de ELA. Zanja la cuestión advirtiendo de que “los únicos que no vamos a sufrir en ese camino somos nosotros”. Prueba de ello son los 17 afiliados que están llevando a cabo la huelga más larga actualmente en Europa, en la empresa Novaltia, la distribuidora de medicamentos en las farmacias vizcaínas. Hoy cumplen 1.013 días en huelga indefinida. Cuando empezaron, no cobraban ni el SMI actual, tenían un salario de 950 euros mensuales. Su abogado anunció ayer una sentencia favorable, que multa a Novaltia con 120.000 euros por daños morales y perjuicios, al entender que la gerencia ha vulnerado el derecho a huelga —premiando económicamente el esquirolaje, entre otras cosas—. El letrado, Héctor Mata, espera que esta amonestación suponga un antes y un después en una empresa cuya gerencia no ha querido sentarse a negociar un convenio de empresa paupérrimo. La caja de resistencia sigue sin despeinarse.

La CIG, solidaridad desde 1994

La central gallega CIG surgió de una fusión de dos sindicatos en 1994. Uno tenía caja, otro no. Desde entonces, la CIG tiene caja de resistencia, la tercera más antigua del Estado —la segunda, de 1985 es de USO—. Puede que sea casualidad o puede que no, pero la CIG también es el sindicato mayoritario en Galicia (76.801 afiliados, 4.767 delegados, el 30% de representación, a cierre de diciembre de 2021). Su cuota ordinaria es de 12,60 euros, la reducida son 5,90 euros y la simbólica, para gente sin ingresos y jubilados, es de 3,05 euros. Destinan el 10% de las cuotas a la caja de resistencia. Por lo que especulando, el año pasado ingresarían unos 800.000 euros destinados a sostener huelgas.

Su secretaria de organización, Susana Méndez, considera que la caja “es una herramienta fundamental para que la clase trabajadora pueda pelear por sus derechos sin ver mermadas sus condiciones materiales, que la huelga no suponga un freno a esa lucha y que sea una ayuda para fomentar la participación, más en una situación de precariedad, salarios bajos e inflación, en la que quedar unos días, unas semanas o incluso unos meses sin ingresos puede generar una situación problemática”. El pasado año, la huelga de Alcoa en el municipio de San Cibrau acabó extendiéndose a las empresas auxiliares y a toda la comarca. “Tenemos muchas huelgas, estamos en plena crisis, sobre todo en la zona norte”, explica. Sus cuotas, añade, se ajustan a la realidad gallega, “no podemos compararnos con Euskadi”.

El sindicato ESK, con 6.000 afiliados y una cuota estándar de 45 euros trimestrales, se fundó en 1985 y fue la segunda central vasca en establecer un fondo económico. Desde 2007, destina a la caja el 5% de las cuotas, explica su portavoz, Igor Mera.

El sindicato vasco LAB dispone de caja desde hace diez años. “En una década hemos ayudado a unas 3.000 trabajadoras y trabajadores. En caso de huelga, cubre 30 euros diarios (entre 900 y 930 euros al mes), con dos particularidades: pagamos 30 euros con independencia de si son jornadas parciales o completas y tenemos un tope de 1.500 euros y, lógicamente, la ayuda a percibir no puede superar el salario del trabajador”, explica su secretario general adjunto, Igor Arroyo. Asimismo, la caja cubre multas y sanciones derivadas de la acción sindical, hasta un máximo de 15.000 euros. “Le damos importancia a resistir en las huelgas y a que estas sean activas, lo cual implica un riesgo de recibir multas”, señala.

Más allá del funcionamiento de la caja, Arroyo pone marco teórico a la decisión de implementarla: “El proceso de precarización empezó en los años 90 con la aprobación de las ETT y se está acelerando con las plataformas digitales y la ofensiva de 2008 de pauperización de la clase trabajadora”. Además, en 2017 realizaron un proceso de reflexión para pensar cómo sindicalizar a las trabajadoras más precarias. De dicho proceso surgieron alianzas con la plataforma estatal de riders y con trabajadoras del hogar. El pasado año tuvieron por primera vez más afiliadas que afiliados y en febrero anunciaron un nuevo sistema de cuotas, por cinco tramos de ingresos, que van desde los 21,33 euros para sueldos superiores a 2.001 euros a 5 euros para ingresos inferiores a 705 euros.

Dos sindicatos territoriales se encuentran en proceso de implementar cajas de resistencia. La Intersindical catalana y los aragoneses Osta. Sergi Perelló explica que la Intersindical ha pasado en cuatro años de mil a 6.000 afiliados, debido al empujón político de 2017 —Catalunya tiene una mayoría sindical españolista y un sindicato de contrapoder asentado como es la CGT, entroncado en el anarcosindicalismo histórico de este territorio y que este año ha alcanzado las 20.000 afiliaciones—. La cuota de la Intersindical es de 10 euros y en enero de 2020 aprobaron empezar a preparar la caja, donde ya han depositado una cantidad importante que han doblado este año —El Salto la conoce y se reserva la información—. “Estamos preparando el músculo para que cuando el órgano nacional apruebe el reglamento de funcionamiento de la caja de resistencia ya haya un remanente”, destaca Perelló.

El secretario general de Osta, David Lázaro, explica que son la tercera fuerza en Arazón, con el 10% de delegados. Este sindicato chiquitín —4.500 afiliados— tiene una cuota de 11,90 euros mensuales y decidió en noviembre destinar el 5% al fondo de resistencia.  “Llega un momento en las plantillas de las grandes empresas en que el modo de operar de Comisiones y UGT es agotar y amenzar con la huelga, pero no llevarla a cabo casi nunca, por lo que los trabajadores se ven abocados a firmar la propuesta sin otra alternativa. Creemos que las cajas de resistencia son un apoyo a los afiliados para que puedan mantener la presión, movilizarse más y conseguir mejores acuerdos, porque la patronal sabe que sin caja de resistencia detrás es difícil mantener una huelga”, explica. Llevan cuatro años haciendo músculo; han optado por no decir la cifra.

Competencia virtuosa, debate en el congreso

El economista Endika Alabort, de CNT Bilbao, utiliza el concepto de “competencia virtuosa” para describir el ecosistema vasco, ese en el que hay un montón de sindicatos y muchísimos más afiliados que en cualquier otro lugar, además de las 283 huelgas. “Es un término bonito que explica de forma adecuada que si el resto de sindicatos funcionan y utilizan la huelga, o la utilizas tú también, o te quedas atrás”, señala. A más conflictividad, más conflictividad. Y mejores logros.

CNT en el País Vasco no dispone de caja, pero cubre todos los gastos jurídicos derivados de conflictos laborales y observa cómo la afiliación crece “y se complejiza”. “Hace 15 años gestionábamos reclamaciones de cantidades; ahora ERTE, concursos y convenios colectivos e incluso pactos de fin de huelga, sobre todo, en Bizkaia”, añade. Coincide en su análisis con Òscar Murciano, de CGT Catalunya: “Hay un efecto muy interesante en Euskal Herria y Catalunya, la conflictividad no espanta, al contrario, cuanto menos se edulcora el lenguaje y las formas en el mundo laboral, aumenta la conflictividad y mejora la organización de los trabajadores. La prueba es Euskadi”, asegura. En Catalunya se convocaron 98 huelgas en 2021; 48 en Galicia a pesar de tener solo 2,6 millones de habitantes; 62 huelgas en la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CNT, Antonio Díaz, adelanta que el próximo diciembre en Granollers celebrarán su congreso anual, donde una de las ponencias será abordar la creación, o no, de un fondo económico solidario y confederal.

En junio, CGT tratará el mismo asunto en Zaragoza en su congreso. Murciano defenderá la creación de un mecanismo estructural y seguramente recordará que la huelga del teléfono 112, en la que participó CGT Catalunya, supuso un aumento salarial del 22%.

Hasta ahora, tal y como recuerda Pepe Aranda, secretario de organización de esta organización, las cajas existen de forma sectorial, como en el ferroviario y la banca. Él mismo pertenece al sector ferroviario y abona euro y medio al mes para ese fondo, que no sale de la cuota obligatoria confederal. Previsiblemente el debate versará sobre si sería positivo aumentar la cuota obligatoria para crear un fondo estructural. De momento, la cuota ordinaria asciende a 11,78 euros.

Funcionamiento de la caja de resistencia de ELA

La caja de resistencia se considera un derecho objetivo de los afiliados. Tiene estatuto propio, que establece que a partir del tercer día de huelga cobras lo que te corresponde desde el primer día. Hay tres tipos de pago: ordinario (1.243,59 euros), reforzado (1.430,13 euros; se abona cuando más del 30% de los huelguistas son afiliados a ELA) y extraordinario, utilizado para conflictos estratégicos para la dirección del sindicato. La última vez que se aprobó fue para la huelga del mantenimiento de limpiezas en carretera de Gipuzkoa (2.488,26 euros). ELA tiene caja de resistencia desde 1996, cuando se legalizó el sindicato. Cuenta con reglamento propio desde 2001. Nadie puede ganar más estando en huelga que trabajando.

El mito de los sindicatos grandes

Comisiones Obreras ha facilitado sus datos de afiliación a El Salto: de 920.870 en 2017 ha pasado a 970.025 en 2021. Tienen seis tipos de cuotas en función de los ingresos, desde los cuatro euros y medio de la súper reducida (23.000 personas) a los 14,05 euros de la ordinaria (660.333 afiliados). En total, el pasado año ingresaron con cuotas 140 millones que se reparten entre la estructura jurídica, las distintas organizaciones, 17 territoriales y seis federaciones sectoriales.

Hay organizaciones territoriales, como CC OO Euskadi, que tiene caja de resistencia, pero no disponen de un fondo estructural. Su secretario de organización y extensión sindical, Agustín Martín, desea aclarar que “ese mantra de sindicatos subvencionados poco tiene que ver con la realidad”. El BOE establece los criterios por representación que el Estado debe otorgar a los sindicatos. El pasado año fueron 17 millones a repartir, de manera proporcional. “Nos tocaron 6,9 millones”, indica.

Considera que es poco y que “no tiene correlación con lo que recibe el sindicalismo europeo, lo de España no tiene nombre, pensamos que el sindicalismo debería de estar más reconocido debido a que hacemos un trabajo que redunda en beneficio de la población”. Lanza un dardo a las organizaciones profesionales agrarias, que no solo están totalmente subvencionadas, sino dopadas de recursos públicos”. Defiende una ley de participación institucional que aclare su labor en el marco de la Constitución.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sindicatos/caja-resistencia-estrategia-sindicalismo-contrapoder

 

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Guatem-mata, un mensaje no tan subliminal

Por: Vásquez Araya Carolina

Hay metidas de pata y hay actos fallidos. No confundir.

Para explicar el extraño encabezado de esta columna, debo señalar que se refiere a la más reciente actuación de la secretaría de comunicación de la presidencia de la república de Guatemala en donde algún genio del diseño tuvo la ocurrencia de crear un logotipo engañoso en donde se lee, claramente: Guatemmata. Es decir, un intento torpe por imprimir la idea de Giammatei (la doble mm) en la identidad del país.

No está demás decir que este es solo un ejemplo mas de la incapacidad de quienes rodean a ese proyecto de dictador propio de una república bananera. Lo que llama la atención de este paso en falso, es la veracidad implícita en ese logotipo. En Guatemala, efectivamente, el Estado y su gobierno, matan. Matan a sus niñas, niños y adolescentes; matan cualquier oportunidad de desarrollo; extinguen a una justicia endeble y engañosa por medio de un sistema de corrupción nunca antes visto apoyado por todos los poderes del Estado y, desde las sombras, por el sector empresarial organizado aliado con organizaciones criminales. Y también a quienes luchan por proteger su tierra y su democracia.

Imposible dejar de señalar lo que ocurre actualmente en Guatemala. Un país abandonado por la comunidad internacional pero, aún peor: abandonado por sus habitantes de las áreas urbanas, divorciados de sus coterráneos del sector rural a partir de estrategias divisionistas cargadas de racismo.

Guatemala es el ejemplo de lo que un país no debe ser. Sus mejores ciudadanos son ferozmente hostigados y se les obliga a abandonar su patria para sobrevivir. Periodistas y comunicadores éticos, afanados en una lucha sin tregua por investigar y difundir la verdadera tragedia en esta nación castigada, sufren toda clase de acosos y amenazas, se les impide el acceso a la información pública, se les persigue y, como si eso fuera poco, desde su más altas instancias el sector político organiza una masiva campaña de desinformación, a la cual algunos medios de comunicación se unen sin dudarlo, haciendo uso de los abundantes fondos del Estado.

Delincuentes procesados por delitos de alto impacto -muchos vinculados al poder económico- se han refugiado en un sistema jurídico desmantelado a propósito y poblado de jueces y magistrados corruptos, con el propósito de criminalizar a los pocos juristas probos que van quedando y evadir así la acción de la justicia.

En medio de esta descomposición extrema, resulta sospechoso el silencio de la comunidad internacional. Sugiere que el colapso de un país tercermundista podría resultar beneficioso para sus empresas dedicadas a saquear recursos naturales, a sus planes de expansión económica o a la mas que obvia oportunidad de incidir en sus políticas internas. Porque así es como funcionan las dinámicas del poder y también el colonialismo solapado bajo planes de desarrollo.

El creador del nuevo logotipo para Guatemala ha hecho, sin querer queriendo, una de esas revelaciones inconscientes que suelen definirse como un acto fallido. En la verdad no hay engaño y ese país abundante en recursos y riqueza, pero gobernado por una pandilla de empresarios, políticos, narcotraficantes y militares corruptos, es ahora el ejemplo más lamentable de cómo es posible saquear a una nación ante un mundo impávido, manteniendo divididos a sus ciudadanos para conservar la impunidad absoluta sobre sus crímenes.

El colapso de un país tercermundista ante la pasiva mirada del mundo.

elquintopatio@gmail.com @carvasar

Fuente de la información: www.carolinavasquezaraya.com

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Educación: el eterno retorno de siempre es lo mismo

Por: Manuel Gil Antón

En 2017, a un año de terminar el sexenio, se echó a andar el Nuevo Modelo Educativo. En la televisión se presentaba un salón —en blanco y negro— en que mecánicamente se repetían las diferentes funciones de un signo ortográfico. Una niña, de repente, pedía a la maestra que mejor aprendieran a aprender: la imagen cambiaba a color, y todas y todos los alumnos rodeaban una mesa en que se simulaba la erupción de un volcán. De lo gris a lo luminoso: del enciclopedismo al aprendizaje significativo, y de inmediato.

Ahora, en 2022, en la mañanera del 26 de abril, el señor Marx Arriaga anunció el hilo conductor del Nuevo Marco Curricular. Lanzó, primero, a manera de diagnóstico, una hilera de adjetivos para calificar como perverso todo el pasado: “neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial (sic), eurocéntrico, colonial, inhumano, clasista, enciclopédico, especializado, legitimador de las diferencias…”. Y enunció el lado progresista de lo nuevo: “el magisterio concebido como un conjunto de líderes sociales; recuperar la memoria histórica, la lectura como actividad compleja; aprendizajes continuos, sin fragmentación; con enfoque de género; decolonial (sic), libertario, humanista, contrario al racismo y las pruebas estandarizadas que segregan a la población…”

En ambos casos, las nuevas ideas, se dijo y dice, fueron fruto de consultas abundantes. ¿Es adecuado pasar del enciclopedismo a una noción de aprendizaje significativo? Sin duda. ¿Es necesario hacer una revisión profunda de los valores que todo modelo educativo contiene, y modificar los que no son adecuados para una educación mejor? Por supuesto.

Ambas propuestas tienen asidero, y podrían tener mucho sentido, si se tratase de un proceso pautado, no maniqueo, que explorara, con paciencia, posibles cambios sujetos a evaluación antes de decretarlo como único, perfecto, nacional y aplicable en unos cuantos meses. A pesar de sus diferencias, son gemelas en la pretensión de cambios presurosos, la claridad de los diagnósticos y seguridad en remedios infalibles.

Nunca la educación ha cambiado de esa manera, porque quienes están involucrados en el proceso educativo no son objetos de plastilina, maleables a contentillo de las decisiones centrales que anuncian la próxima llegada del paraíso educativo.

Si se atiende a la estructura del documento del Marco Curricular 2022, y se analiza sus ejes, hay puntos rescatables: integrar las materias en campos de conocimiento y que no sean simple acumulación de datos; delimitar fases de aprendizaje que, por cierto, no eliminan los grados, sino que los articulan, o atender, de manera crítica (así se afirma) los conocimientos comunitarios.

¿Habrá oportunidad de recuperar esas propuestas en la discusión actual? Creo que no, porque se ha cargado la idea de mejora con adjetivos que eliminan un terreno fértil para ponderar lo que se quiere cambiar, por un lado, y lo que se requiere conservar, por el otro. Esto genera posiciones polares que no se escuchan: se acusan. Y, por ende, de nuevo, la educación que requiere modificaciones para favorecer al país queda relegada.

Los adjetivos son atajos para eludir argumentos; los sustantivos requieren explicación fundada. No hay tiempo, no hay apertura al diálogo, no hay calma: más de lo mismo, o peor, con una multitud de acusaciones al pasado que la sabiduría de cada gobierno se arroga. No va por ahí nada sólido, aunque a los oídos de los presidentes, y las élites del momento, les complazca.

*Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México mgil@colmex.mx

 

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org
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La ‘generación meta’, entre contratos hipotecarios inteligentes y salarios precarios tokenizados

Por: Ekaitz Cancela/Juan Carlos Miguel de Bustos

La llamada generación meta no solo ha sido víctima de dos enormes turbulencias económicas, sino de experimentos digitales de supervivencia.

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Las fases y grados escolares a debate, ¿y las maestras y maestros?

POR: ABELARDO CARRO NAVA

«Se hace necesario establecer un debate en diversos rubros que conforman la nueva propuesta curricular»

En algún momento de su trayectoria profesional, algunos docentes han empleado el germinado de un frijol para abordar algunos de los contenidos que establecen los planes de estudios, con distintos propósitos educativos. Ya sea en preescolar, primaria, secundaria o en bachillerato, ésta ha sido una actividad o estrategia que les permite acercar a sus alumnos a la naturaleza y la comprensión de los fenómenos que se suscitan en nuestro entorno.

Ya sea con dibujos, registros o descripciones de lo que ocurre con el frijol, que ha sido colocado en un pequeño contenedor o recipiente que contiene algodón o papel y un poco de agua, se inicia un proceso en el que la observación y el registro de vuelve indispensable, pero también, la serie de preguntas que de este ejercicio pueden desprenderse: ¿por qué ocurre esto?, ¿qué cambios se han observado en el frijol desde que fue colocado en el recipiente?, ¿cada cuánto debe ponerse agua?, ¿por qué han brotado algunas raíces de la semilla?, ¿qué es una planta?, ¿cuáles son las partes de una planta?, en fin, una serie de cuestionamientos que, desde luego, favorecen el abordaje un contenido en particular o de otros, independientemente de la asignatura o disciplina que se trate porque, como parece obvio, del registro puede obtenerse información suficiente para tratar algunos temas relacionados con el español, las matemáticas, las ciencias naturales, etcétera.

Es más, si analizamos tres planes de estudios de educación preescolar: el 2011, 2018 y la nueva propuesta curricular 2022, específicamente en lo concerniente a Exploración y Conocimiento del Mundo (2011), Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social en Preescolar (2018) y Campo Formativo: Saberes y Pensamiento Científico (2022), podremos observar las competencias, aprendizajes esperados o progresiones de aprendizaje que buscan un propósito específico: el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y social (plan 2011), el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo (plan 2018) y las relaciones con el mundo mediante una curiosidad insaciable hacia los seres vivos, elementos, procesos y fenómenos naturales así como hacia eventos y sucesos sorprendentes que ocurren en su entorno social (2022).

En el Plan 2011Exploración y conocimiento del mundoMundo NaturalCompetencias se estipula: a) Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras, b) Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural, c) Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos, d) Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea, e) Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información, f) Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla (p. 63).

En el Plan 2018Exploración y comprensión del mundo natural y socialMundo NaturalExploración de la naturalezaAprendizajes esperados se señala: a) Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales, b) Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y elementos naturales, utilizando registros propios y recursos impresos, c) Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa en la naturaleza, d) Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos (p. 262).

En la propuesta del Plan 2022Campo formativo Saberes y Pensamiento CientíficoContenido 1 Desarrollamos nuestro pensamiento científico al observar seres, situaciones, eventos y fenómenos del entorno que nos despiertan curiosidad y, socializamos nuestros hallazgos para mejorar nuestra comprensión del mundo actuando con respeto, equidad e inclusión, Diálogo 1 Observamos nuestro entorno y expresamos curiosidad sobre elementos procesos y situaciones que nos llaman la atención; indagamos y buscamos explicaciones que compartimos con nuestras compañeras y compañeros para desarrollar actitudes científicas y ampliar nuestros conocimientos, Progresiones de Aprendizaje: 1. Observamos nuestro entorno cotidiano y decimos lo que nos llama la atención o nos causa curiosidad, con apoyo indagamos para profundizar nuestros conocimientos y los compartimos con nuestras compañeras y compañeros. 2. Formulamos preguntas que nos gustaría responder para aprender sobre nuestro entorno y, desarrollamos estrategias diversas para indagar y desarrollar actitudes científicas que compartimos con otras personas. 3. Planificamos indagaciones en el entorno sobre temas o situaciones que nos interesan, usamos herramientas científicas diversas para hacerlo y comunicamos nuestros hallazgos (p. 27).

Como se ha visto, principios fundamentales como la indagación, observación, registro, reflexión, compresión, comunicación, entre otros, están presentes en estos documentos pues, como tales, son los fines que persigue el desarrollo del pensamiento humano a través de diversas estrategias o actividades con una intención didáctica específica; desde luego, en este proceso, el papel del docente es fundamental para orientar, conducir o guiar el aprendizaje de sus estudiantes. Así ha sido y así seguirá, independientemente del plan de estudios o modelo educativo que, de alguna forma, se pretenda desarrollar en el aula. De hecho, en este proceso, la organización de los alumnos y los ambientes de aprendizaje también resultan ser importantes en razón del conocimiento que pueda tener el profesor de sus alumnos, es decir que, a partir de dicho conocimiento, podrá seleccionar alguna estrategia de trabajo que tendría como base la valoración de la maestra o maestro sobre sus estudiantes, ya sea en equipo, grupo o de manera individual, el aprendizaje in situ puede favorecerse a través de esa selección fundada en el quehacer docente.

Es bien sabido que, diversos contenidos en educación básica se introducen en algún grado o periodo en específico y, semanas, meses o grados posteriores, se retoman para ser realimentados o reforzados, obviamente, porque el desarrollo cognitivo de los estudiantes varia dependiendo su edad, experiencias, conocimientos, etc.,  y es que, aunque pareciera ser lo mismo en términos de un contenido y sus resultados, por ejemplo lo que refería con el germinado, sabemos que el dibujo que los niños puedan realizar en preescolar tiene sus propias particularidades de aquel que en primaria pueda elaborar un pequeño porque, indistintamente, aunque el dibujo pueda tener los mismos elementos, esa experiencia y conocimiento, fundado en la observación, registro, reflexión y comprensión, brindarán elementos diferentes para ser comunicado.

Desde esta perspectiva, me parece que el debate que en estos días ha tenido una presencia importante en los medios de comunicación en cuanto a la desaparición de los grados para ser sustituidos en fases, tal y como supuestamente propone el Marco Curricular 2022, deja fuera un elemento fundamental como lo es el proceso que en estas líneas he señalado; es claro que existe una lucha ideológica que se entiende por aquello del contenido neoliberal y no neoliberal en los planes de estudio, sin embargo, hay que decirlo, la propuesta curricular 2022 no está descubriendo el hilo negro; con esto no quiero decir que lo anterior haya sido mejor, lo que quiero decir es que, de nueva cuenta, se hace necesario establecer un debate en diversos rubros que conforman la nueva propuesta curricular, pero un debate académico serio sobre este y otros temas que, hasta el momento, solo han dejado un dejo de incertidumbre en alguna parte del magisterio porque, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular no ha explicado a qué se refieren los planteamientos señalados en estos documentos, es más, se ha mantenido al margen de esas discusiones dejando a la interpretación tales cuestiones. Cierto, todo documento es interpretativo, ¿entonces por qué hay una lucha intensa por defender una propuesta curricular y otra?

Si, ya sé, con seguridad alguien podría justificar a esta Dirección porque, como sabemos, la propuesta lanzada hace unos meses para que fuera conocida por diversos actores educativos y no educativos, todavía se encuentra en proceso de construcción, pero ¿acaso debe esperar hasta julio o agosto de este año para que haga su trabajo?, de decir, ¿no podría hacer explícitas tales cuestiones para que, bajo un esquema de acompañamiento y formación continua se comience a dialogar con todos los maestros?, ¿acaso siguen siendo considerados como infantes tal y como “las políticas educativas neoliberales” ocurría?

Al tiempo.

Referencias.

  • (2011). Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación básica. Preescolar.
  • (2018). Aprendizajes clave para la educación integral. Educación preescolar. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.
  • (2021). Campos formativos en la educación preescolar. Programa analítico.
Fuente de la información: https://profelandia.com
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La hora de la UPN

Por: Miguel Casillas

La Universidad Pedagógica Nacional concluyó su congreso nacional universitario con una serie de resolutivos que son muy importantes y significativos para esa institución y para el resto de las universidades públicas mexicanas, entre ellos la exigencia de que se reconozca su autonomía. Las conclusiones y acuerdos a las que llegaron democráticamente han sido entregados al Senado de la República (son accesibles desde: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/123079) y está en su agenda la discusión y en su caso la resolución sobre la autonomía; ojalá y los legisladores respeten el enorme esfuerzo realizado por la comunidad para construir estos acuerdos y reconozcan la fortaleza académica de la UPN.

La UPN es una universidad especializada en la formación de docentes tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Tiene en su claustro a muy distinguidos investigadores en el campo de la educación y es un referente en cuanto al debate educativo nacional. Comenzó sus funciones en 1978 y progresivamente se ha ido consolidando académicamente. En la actualidad tiene más de 67 mil estudiantes en todo el país, distribuidos en 70 Unidades y 208 Subsedes. Su planta de profesores comprende más de cuatro mil académicos.

El procedimiento seguido por la comunidad de la UPN para construir sus acuerdos de refundación de la Universidad es un ejemplo para el resto de las universidades públicas mexicanas. En junio de 2019, su Consejo Académico elaboró un documento en el que se buscó una participación democrática, directa y horizontal de parte de la comunidad y se estableció una pauta para la construcción de consensos en torno a una agenda. También se estableció una comisión organizadora en cada una de las Unidades, Subsedes y Áreas.

La agenda temática de esta fase se centró en el diagnóstico institucional, el proyecto académico, el modelo educativo y la figura jurídica.

El documento base fue sometido a un proceso de consulta a la comunidad universitaria en septiembre y octubre de 2019. Paralelamente, en septiembre, se inició el proceso de análisis en los temas del congreso a través de cuatro foros nacionales con la participación de varios especialistas en la materia. Debido a la pandemia, las tareas del congreso se desarrollaron de forma virtual durante 2020. El proceso de elección de las comisiones organizadoras concluyó en enero de 2021. Los resultados arrojaron 217 fórmulas ganadoras (titular y suplente) a través de la votación directa y secreta del sector. Entre marzo y agosto se desarrolló el ciclo de Foros y Conferencias del CNU –con la participación de expertos internacionales, nacionales y de la propia UPN– para proporcionar a la comunidad universitaria información relevante sobre los temas de la agenda. Se realizaron en total 21 foros y conferencias. Entre enero y agosto se realizaron reuniones estatales, regionales y luego nacionales para discutir los temas de la agenda. Para la integración y sistematización de los acuerdos nacionales y de los disensos, se conformó la Comisión Integradora integrada por 36 personas, con la participación de seis miembros de las comisiones de cada región. En diciembre de 2021 el Consejo Académico entregó los resolutivos del congreso al Senado.

Entre los acuerdos principales, la UPN se propone renovar su proyecto académico y su modelo educativo. Se plantea recuperar el carácter nacional de la institución con una tradición que logre desmontar la fragmentación bajo el esquema de principios democratizadores, prácticas horizontales y participativas de todos los sectores que conforman la comunidad universitaria. Se propone la homologación de las condiciones laborales de los docentes. Busca la adopción de una figura jurídica que permita dar certeza a la autonomía académica, técnica, financiera y de gestión que se plasme en una ley orgánica con la que no cuenta actualmente la UPN, condición sine qua non para sostener el proyecto institucional nacional de la Universidad.

De acuerdo con lo anterior, la UPN se propone impulsar un cambio profundo que se fundamente en las demandas complejas de la realidad socio-educativa; obtener su autonomía por ley fundamentada en el Artículo 3o constitucional con carácter nacional y asumirse como una institución desconcentrada federal, con una estructura de carácter nacional, que permita la recuperación de la federalización, pero con una desconcentración administrativa. Sobre esa base, la UPN puede tener una Ley Orgánica y una normatividad nacional a partir de un estatuto general que permita establecer criterios académicos comunes.

La UPN se reitera como una universidad pública y referenda su misión institucional principal en torno a la formación de profesionales especializados en el ámbito educativo, la formación docente y su educación continua en relación con los diversos niveles del Sistema Educativo Nacional. Subraya su carácter universitario y con pleno desarrollo de las tres funciones sustantivas que le son inherentes: docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura.

¡Enhorabuena!

Fuente de la información:  https://www.educacionfutura.org

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Tecnología digital y educación, ¿necesidad social o negocio para los de siempre?

Por Javier Tolcachier

Antes de intentar dar respuesta a la pregunta formulada sobre cuál podría ser una posible agenda de digitalización para garantizar el Derecho Humano a la educación y entrar en la materia específica de la relación entre tecnologías digitales y educación es preciso trazar las coordenadas de la estructura que subsume a dicha relación.

El nombre de esta estructura es por todas y todo conocido, aunque muchas veces la visión del bosque se pierde por tanto detallar sus árboles, plantas o fauna. Se llama capitalismo. O para ajustarlo a esta época, su derivado, el capitalismo financiarizado.

La única lógica del capital, su entelequia aristotélica (trabajo activo hacia la consecución de un fin, intrínseco a la misma cosa), son el rédito y la acumulación.

De allí que la plena consecución del Derecho Humano a la educación, como cualquier otro derecho universal y por tanto, no pasible de enajenación o apropiación, es en su esencia incompatible con el sistema capitalista.

En palabras del pensador Silo: “Los derechos humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable porque no dependen del poder universal del ser humano, sino del poder de una parte sobre el todo.”[1]

Por tanto, el reclamo por los Derechos Humanos en general y por el Derecho Humano a la educación en particular, adquiere sentido, si su reivindicación incluye la superación del sistema mismo, es decir, del tipo de organización social y de valores que impide su plena efectivización.

Por otra parte, la educación cumple un papel importante si ayuda a develar y esclarecer la necesidad de pasar a una fase más digna de la historia humana.

El proceso de acumulación capitalista

El proceso especulativo del capital llevó a la acumulación de sumas enormes, que por su propia lógica necesitaban ser invertidas. Solo para dar un ejemplo, según datos de la consultora Mc Kinsey “la economía productiva, representada por el PIB mundial, se multiplicó por 5,6 entre 1980 y 2007, mientras que los activos de los mercados financieros lo hacían por 16,2, al pasar de 12 billones de dólares en 1980 a 194 billones en 2007 a lo que habría que agregar las operaciones con derivados que superaron en 2007 los 700 billones de dólares.”[2]

Desde entonces, muy poco ha cambiado, continuando con la misma tónica de concentración, especulación y, como contracara, el aumento de la miseria, la desigualdad, el endeudamiento y la asfixia de vastos sectores sociales.

Este ciclo de acumulación lleva casi como un automatismo a “burbujas especulativas”, como la que explotó en la crisis de los 90’ en Japón, en el 2001 con laspunto.com y la más reciente, la de las hipotecas subprime en 2007-2008. La banca central responde a los efectos recesivos de estas explosiones con el aumento de liquidez, lo que lleva a nuevas burbujas, además de la apropiación por parte de cada vez menos actores empresariales.

El fenómeno de la hiperliquidez, asociado al descenso de la rentabilidad de activos productivos y la concentración de capital es uno de los principales factores que han llevado al capital al intento de reconvertir el sistema a través de la digitalización, acompañada de un profuso maquillaje de falso interés ecologista.

Este proceso ha empequeñecido la promesa original de internet de distribuir el conocimiento y aumentar la democracia, constriñendo el ámbito digital a una lógica mercantilista, autoritaria y precarizadora en manos de pocas empresas. Estas corporaciones, cuyo buque insignia son conocidas por el acrónimo GAMAM (google, amazon, meta, apple, microsoft), son controladas a su vez por cinco principales fondos de inversión (Vanguard group, Blackrock, State Street corp, Price (T.Rowe) Associates y FMR).

Cooptación económica e ideológica privada del ámbito público

Tal como sucedió en la década de los 80’, en los inicios de la pretendida imposición universal neoliberal llamada “globalización”, el capital vuelve a por su presa, los espacios públicos que no logró capturar.

Es preciso tener en cuenta que un añadido que suma al fenómeno de la hiperliquidez concentrada, es la práctica extendida de la evasión y la elusión fiscal. Por medio de ésta se asesta al bienestar general una doble herida: por un lado, escamoteando recursos imprescindibles para alcanzar una mayor inversión en la igualdad de condiciones y por otro, arremetiendo luego con estos mismos recursos hasta entonces ocultos o reinvertidos de modo opaco para asaltar espacios públicos con objetivos comerciales  o quitar a los Estados activos invaluables, bajo el mentiroso rótulo de “asociación público-privada”.

Tal es así que instituciones y espacios reconocidos por la defensa acérrima del capitalismo como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Foro Económico Mundial, vienen desarrollando una fuerte ofensiva para vender esta ideología y colocar en la órbita del convencimiento subjetivo, la supuesta necesidad de contar con estos actores corporativos, llamado en la misma jerga publicitaria “partes interesadas”, para resolver los problemas sociales en los que ellos han sido principales “partes involucradas”.

El concepto de “partes interesadas” sería plausible si se le agregara “interesadas en su propio rédito”, quitando al concepto todo valor moral positivo que legitimara a las empresas transnacionales para participar o incidir en decisiones que solo competen a los pueblos, en su carácter de único depositario de la soberanía.

La mirada mercantilista y competitiva del reciente informe  “Tecnología educativa en América Latina y el Caribe”, del BID en conjunto con Holon IQ, (empresa de inteligencia de mercado especializada en el desarrollo de plataformas conceptuales de digitalización para la educación), es fiel muestra de lo que venimos comentando.

En sus párrafos introductorios el texto subraya la apetitosa oferta, indicando que en Latinoamérica y el Caribe viven algo menos de 500 millones de personas que “exigen innovación en lectura, escritura, aritmética y la adquisición de habilidades y conocimientos”, a la par que señala, algo más adelante, que el BID ha creado un laboratorio (BID Lab) cuya función es “invertir o co-crear soluciones basadas en el mercado que aprovechen la tecnología y el espíritu empresarial para lograr un impacto social a escala.”

Para completar la frase anterior de su presentación, como preocupante amenaza de co-optación empresarial del sector público, se agrega: “Dentro del BID, tanto el BID Lab como la división de educación están trabajando en colaboración para desarrollar el ecosistema EdTech en la región en áreas que afrontan los principales desafíos del sector público.”

Dada la dirección actual del BID, no podía resultar otra cosa. El banco, desde Octubre 2020 es presidido por Mauricio Claver-Carone, por la presión del entonces presidente estadounidense Trump y en contra de la tradición de reservar este puesto para algún nacional de los países prestatarios. Antes de ocupar esa función, Claver-Carone fue representante de Estados Unidos en el FMI, director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, siendo una de las piezas claves en la estrategia de agresión de ese país contra Cuba y Venezuela. Con esos antecedentes a cuestas, no sorprende el lanzamiento en Febrero de 2021, de una “Mesa Redonda de Socios del Sector Privado sobre el Futuro de América Latina y el Caribe”, encuentro en el que participaron 40 ejecutivos de emporios globales tecnológicos, comerciales y financieros con el objeto de forjar una alianza con el BID.[3] ¿Qué puede esperarse de esta alianza sino negocios y más negocios?

A su vez el Banco Mundial, como señala un informe de Luis Bonilla Molina, del Centro Internacional de Investigación “Otras Voces en Educación”, apunta en sus políticas a encuadrar la educación como un servicio, poner énfasis en un perfil de egreso con dominio de las competencias STEM, priorizar para los sectores populares carreras técnicas cortas y apoyarse en una estandarización y cultura evaluativa. Es decir, la focalización en la funcionalidad sistémica y una radical negación de cualquier atisbo de humanización educativa.

Por su parte, las prioridades emanadas del Foro Económico Mundial, colocan a la innovación, el espíritu emprendedor, la digitalización, la adhesión irrestricta al modelo capitalista, ahora propuesto como “capitalismo de múltiples partes interesadas”, recubierto por una pátina de atrayente mercadeo sobre la necesidad de desarrollo sostenible y respeto a los derechos humanos.

Preocupante además es el alto nivel de cooptación de la esfera de relaciones internacionales y de Naciones Unidas, a través de programas y proyectos conjuntos con el sector privado, en el que las corporaciones adquieren voz preponderante.

En el libro “La gran captura: Mapeo del multitakeholderismo en la gobernanza global”, los investigadores Mary Ann Manahan and Madhuresh Kumar detallan 103 iniciativas de este tipo en el campo de la educación, la salud, el medio ambiente, la alimentación/agricultura y los datos e internet. Doce de estas iniciativas relacionadas con el ámbito de la educación, en las que se promueve a la digitalización y a las grandes empresas y las fundaciones filantrópicas como las principales fuentes de inversión y superación educativa.

Desde este brevísimo esbozo, se desprende la orientación que se pretende dar al tan mentado “eco-sistema” para digitalizar la educación en la región y el mundo, lo que también podría ser llamado, en atención al vocabulario ambientalista tan en boga en los altos niveles empresariales “jungla del negocio digital con la educación”.

¡Que vivan los estudiantes!, ¿o los consumidores?

En América Latina y el Caribe viven 180 millones de estudiantes, considerando todos los niveles de educación formal. Un apetecible mercado para inversores sedientos de nuevos nichos de negocios, además cautivo por la obligatoriedad de cursar los niveles básicos.

Sin embargo, la cuestión exhibe algunas dificultades. El primer problema es que 266 millones de personas no tienen acceso a internet y muchos más carecen de conexiones o equipamiento de calidad que permita un contacto fluido y permanente como el que requiere el negocio tecno-educativo.

Por lo que, como señala el informe del BID ya citado: “El principal apoyo que busca EdTech es que el gobierno lance y respalde iniciativas, y que asimismo proporcione incentivos para el uso de EdTech en escuelas, universidades y lugares de trabajo.”  En otras palabras, que el gobierno, en un “revival” sutil de la ola privatista de los 80’ sirva de puente para los negocios de las tecnológicas, bajo la excelente excusa de promover la conectividad universal y, supuestamente, actualizar la oferta educativa bajo los parámetros de la digitalización.

Otro problema es obviamente que 70 millones de personas (12.5% de la población de la región) viven con menos de dos dólares al día, lo que hace que difícilmente estos puedan constituir clientes de “alta gama”.

En este contexto, dada la tan publicitada mecánica naturalista de la demanda, la oferta y el lucro como base de la teoría económica capitalista, es obvio que las tecnológicas apuntan a hacer sus negocios con los segmentos socio-económicos medios y altos y en espacios urbanos, dejando la inversión social a cargo del Estado.

La conectividad, condición necesaria pero no suficiente

En América Latina, el 57% de las escuelas de primaria, y alrededor del 40% de las escuelas secundarias no contaban con acceso a Internet con fines pedagógicos antes del COVID-19 (Banco Mundial, 2021).

No solo la falta de conectividad y la calidad de la misma, los costos de las tarifas como también de los dispositivos electrónicos son un privilegio al que pueden acceder pocos/as estudiantes de poblaciones vulnerables de América Latina. Además de ello, un alto número de educadores tiene también dificultades para sobrellevar la carga adicional que esto representa para su tarea pedagógica.

Más allá de la obvia necesidad de cerrar la brecha digital para comenzar a paliar estas desigualdades en el ámbito del acceso a conocimientos a través de internet, es preciso señalar que no basta con ello, ya que la conectividad universal es una condición necesaria pero no suficiente para avanzar en la formación equitativa y con contenidos de calidad. Deben para esto exigirse políticas públicas que vayan más allá del acceso universal, limitando el accionar de las corporaciones, para que garantizar la conexión a internet no signifique simplemente tender una alfombra dorada a sus negocios.

Otra digitalización, otra educación es posible

¿Cuáles son las alternativas entonces para una digitalización que ayude al desarrollo humano?

Me permitiré citar en este apartado algunas de las conclusiones y propuestas a las que llegó el Grupo de Trabajo sobre Educación en el marco de las Jornadas “Utopías o distopías. Los pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital”, proceso organizado por el espacio latinoamericano-caribeño Internet Ciudadana.

Cito: “El papel de las nuevas tecnologías en el panorama educativo actual suele ser mayormente instrumental. Por la fuerte presencia de ciertas empresas y productos corporativos, la enseñanza suele producir alumnos y alumnas pasivos, consumidores, clientes de ciertas empresas.”

Es necesario cambiar dicho enfoque desde la dimensión social de la educación, que implica una visión inclusiva, equitativa, soberana y conectada al ser humano. Se requiere entonces que las comunidades recuperen el control sobre qué tecnologías emplea, cómo, para qué y en qué condiciones lo hace.

Formar personas autónomas y con espíritu crítico sobre las tecnologías; actoras y no espectadoras; personas que aprendan a producir y mantener tecnología, y no solo a consumirla.

En línea con esto, hacer de la alfabetización digital crítica un elemento transversal a la educación, integrando la formación en tecnología con las demás materias, conectada con las necesidades, motivaciones y actividades humanas.

Impulsar además procesos formativos docentes que consoliden el uso pedagógico de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). Más allá de su carácter instrumental, se trata de promover con ellas la producción de conocimiento, el trabajo colaborativo, el trabajo entre pares y el desarrollo de nuevas modalidades de evaluación de carácter formativo.

Es fundamental, al mismo tiempo y más allá del campo educativo, comprender la transversalidad de principios que ayuden a construir nuevas realidades en lo digital y en sus implicancias mucho más allá de éste.

Entre estos postulados básicos, debe estar defender a Internet como construcción humana histórica colectiva,  como un Derecho Humano, como un bien común y de acceso universal, aunque respetando la opción de que aquellos que decidan no conectarse voluntariamente, también puedan hacerlo sin sufrir discriminación ni perjuicio alguno.

Alcanzar la soberanía digital, defendiendo los derechos individuales y colectivos desde la esfera pública y fomentar la equidad desde programas del Estado y las iniciativas de administración comunitaria, que hoy felizmente van proliferando en muchos lugares, mientras se privilegia la generación de tecnología y el desarrollo a través de la economía  cooperativa.

Para evitar indebidas posiciones monopólicas, es fundamental regular la actuación del sector privado, evitando su intrusión en la esfera pública y en el sector educativo en particular. Del mismo modo, es muy importante elaborar una legislación sobre datos, colocándolos en calidad de bien individual o común, según sea el caso e impidiendo su utilización para fines mercantiles.

Asimismo, favorecer la autonomía de todas y todos a través de herramientas libres, plataformas descentralizadas y federadas, con un máximo de protección de la integridad y la privacidad.

Finalmente, no es solo la mediación y el artilugio tecnológico lo que está en debate, sino los fundamentos mismos de la educación. El dilema no es digitalización sí o digitalización no, sino si los criterios más elementales de la construcción educativa tendrán como finalidad la adaptación y la funcionalidad en el sistema o si estarán al servicio de la crítica transformadora.

La disyuntiva central es si habrá de continuarse con una educación para el mercado, apenas una modalidad de esclavitud ilustrada, o se abrirá la posibilidad de educar para un desarrollo humano ilimitado, hacia la libertad, hacia el verdadero mundo del futuro, con todas y todos y para todas y todos.

(*) El texto es el contenido de la ponencia presentada en el webinario “Educación en contextos de emergencias en América Latina y el Caribe – género, endeudamiento y digitalización”, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).

(*) Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la agencia internacional de noticias Pressenza.


[1] Silo. Cartas a mis amigos. Obras Completas. Volumen I

[2] Zabalo, Patxi. Financiarización. OMAL. Recuperado de https://omal.info/spip.php?article4821

[3] A esa reunión asistieron, según información del BID, representantes de AB InBev, AES, Amazon, AT&T, Banco Santander, Bayer, BNP Paribas, Brookfield, Cabify, Cargill, Central America Bottling Corporation, Cintra, Citibank, Coca-Cola FEMSA, Copa Airlines, DOW, Engie, Google, Grupo Sura, IBM, Itaú Latam, JP Morgan, Mastercard, Mercado Libre, MetLife, Microsoft, Millicom, NEC Corp, NTT Data everis, PepsiCo, Pimco, Salesforce, Sacyr, Scotiabank, SoftBank, Softtek, Telefónica, The Coca-Cola Company, Unilever, Visa y Walmart.

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