De las 247 causas judiciales por femicidios en el 2020, tan solo cuatro alcanzaron sentencias, mientras que 32 fueron archivadas y 209 continúan en proceso judicial.
Al menos 287 femicidios fueron reportado en Argentina a lo largo del 2020, lo que representa que cada 35 horas una mujer fue víctima de algún tipo de violencia o amenaza.
De acuerdo al informe publicado por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia, del total de femicidios, 251 mujeres fueron asesinadas de manera directa y seis casos fueron travesticidio o transfemicidio.
Según los datos, el 84 por ciento de las víctimas tenían un vínculo con su asesino, mientras que casi el 80 por ciento de los casos fueron en el marco de violencia doméstica.
También se conoció que mujeres embarazadas, migrantes, indígenas, y varias en situación de calle y o con discapacidad estuvieron entre los casos de femicidios que dejaron al menos 230 menores de edad huérfanos a causa de esos crímenes.
De las 247 causas judiciales abiertas por femicidios en el 2020, tan solo cuatro alcanzaron sentencias, mientras que 32 fueron archivadas por diversos motivos y 209 continúan en proceso judicial.
El informe reveló que las provincias donde se reportaron más femicidios fueron Jujuy, en primer lugar, seguida de Tucumán, Chaco, Salta, Misiones, Santa Fe y Corrientes.
Las cifras del colectivo Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), durante el 2021 han ocurrido más de 115 casos de violencia de género, 74 femicidios, femicidios vinculados y asesinatos de trans, 22 muertes violentas asociadas al género y 109 intentos de asesinato.
Pese a las varias medidas implementadas por el Gobierno y las fuertes campañas de concientización, los femicidios siguen golpeando con fuerza al país suramericano.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/30/05/2021/argentina-reporto-mas-de-280-casos-de-femicidios-en-2020/
De los 480 estudiantes normalistas de Mactumactzá, 90 por ciento son indígenas. La mayoría pertenece al pueblo tzeltal, que convive con jóvenes de los pueblos tzotzil, tojolabal, zoque, chol y mam. Es la riqueza lingüística y cultural parte de la fortaleza de esta normal rural. Pese a sus raíces ancestrales, la educación que reciben es para reproducir la desigualdad social, al ser receptores de un modelo educativo centrado en el individuo y la servidumbre. En la normal han aprendido a luchar desde las aulas para no perder su identidad y mantener el sentido de justicia social que dio origen a este modelo educativo. Muchos jóvenes provienen de comunidades indígenas recónditas, donde no hay fluido eléctrico, ni caminos rurales. Hay normalistas que caminan más de 10 horas para llegar a San Cristóbal de las Casas. Es una osadía ingresar a la normal porque implica superar la brecha lingüística y enfrentar la discriminación de los ladinos, así como la hostilidad y racismo de los patrones y de la clase política vetusta.
El nexo con las comunidades indígenas forma parte de ese “espíritu público”, que intentó imprimir José Vasconcelos a las normales rurales, infundiendo en los estudiantes el sentido de sacrificio de la educación, como cualquier labor misionera. Es decir, educar para entregarse a una causa mayor. La pedagogía para la acción en las normales rurales fue concebida por Moisés Sáenz, bajo la influencia de John Dewey, en un modelo de “aprender haciendo”. Enfatiza el sentido práctico de la escuela que debe estar íntimamente ligada al entorno de los estudiantes. Esta metodología fue apropiada por las normales rurales, al transformarse en espacio abierto en constante interacción con las comunidades indígenas y campesinas. Para el ex subsecretario de Educación “la escuela rural libre de tradiciones y con un campo amplio de urgentes necesidades donde laborar, es la institución que más contribuirá a transformar México”. Este compromiso social de los estudiantes normalistas adquirió vigor con el autogobierno ejercido desde la base estudiantil, logro defendido con su sangre para mantener su autonomía y forjar el acero como futuros maestros rurales.
El normalismo rural hizo realidad el derecho a la educación para los hijos de indígenas y campesinos. La escuela-internado púbico y gratuito para mujeres y hombres, bajo un modelo formativo en que se combinan estudio y trabajo, es una conquista histórica que las nuevas generaciones de normalistas han preservado ante la privatización de la educación, promovida por los gobiernos caciquiles y neoliberales. El contexto en que surgen las normales rurales las hermanó con las demandas y luchas sociales de los indígenas. Este nexo entre escuela y comunidad definió el perfil educativo y el compromiso social de los normalistas cuya matriz cultural se cimienta en las comunidades indígenas. La combatividad de los estudiantes es producto de esta tradición organizativa, anclada en la conciencia social y política que adquieren desde que ingresan a la normal.
La vida en las normales implica una rigurosa disciplina en el estudio y en el trabajo, también formas de organización colectiva orientadas a cumplir con las tareas cotidianas para el correcto funcionamiento de su casa-escuela. Hay una observancia rigurosa de la actividad académica y del trabajo colectivo, así como de las tareas para emprender acciones orientadas a difundir sus demandas. Esta lucha tenaz ha propiciado reacciones irascibles de los gobernantes en turno.
Históricamente, las normales rurales son las instituciones que más ataques han sufrido, con la perversa intención de desaparecerlas. Por tratarse de actores incómodos de extracción indígena, se las criminaliza. Gobiernos caciquiles, como los de Guerrero, Chiapas e Hidalgo, además de emprender una campaña de odio, para justificar la represión, han usado la fuerza para someter y acallar sus demandas legítimas. Cárcel, gases lacrimógenos, balas de goma y armas de fuego se han usado contra los normalistas, que en todo momento abanderan el cumplimiento de su pliego petitorio, demandas básicas relacionadas con el aumento de la matrícula, aplicación de exámenes de manera presencial, apoyo económico para prácticas escolares, así como aumento del presupuesto para el comedor estudiantil, mejoramiento de la infraestructura del internado y los salones de clase. Esas demandas han desencadenado represión desproporcionada, por la que varios jóvenes han perdido la vida o la libertad.
En Mactumactzá, desde 2003, cuando Pablo Salazar Mendiguchía destruyó los dormitorios, el comedor y salones de clase para cerrar la escuela, los estudiantes mostraron su casta al resistir la ola represiva y reagruparse con las demás normales rurales. Rentaron algunas casas en la colonia Plan de Ayala para defender su escuela. Con movilizaciones y un trabajo muy intenso entre los estudiantes, recuperaron el comedor, algunos dormitorios y canchas de basquetbol. Con trabajo voluntario y cooperaciones reconstruyeron sus dormitorios. Pese a ello siguen en la precariedad y hacinados, al dormir más de seis personas en cuartos de tres por tres metros, adaptando literas de tres camas. Reciben 74 pesos diarios, para alimentos por estudiante. Tienen que sobrevivir con frijoles, huevos y sopas, y con el riesgo de que algún edificio se colapse.
Las carencias económicas que desde niños padecieron se multiplican ahora en la normal. Experimentan el odio racial de la población ladina y el golpeteo permanente del gobierno morenista de Rutilio Escandón. La postura inflexible de aplicar el examen de admisión de manera virtual, propició el desalojo violento de los estudiantes que protestaban en la caseta de cobro de la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Detuvieron a 74 mujeres que fueron recluidas en el penal de El Amate, y 19 varones que fueron vinculados a proceso, junto con dos indígenas desplazados de la comunidad de Chenalhó, que están en el Cereso 14 de Cintalapa.
La exigencia normalista de que las autoridades apliquen un examen presencial en un cuadernillo y lápiz, en lugar de aplicarlo en línea por la inoperancia de la conectividad en comunidades indígenas, profundizó la animadversión de Escandón, quien envió granaderos, para reprimirlos. El Ejecutivo está muy lejos de entender la historia de las normales rurales y su mística cimentada en el servicio a las comunidades. Ha tirado por la borda el papel que desempeñan los maestros indígenas en sus comunidades. Es una lucha sorda contra la desigualdad social y ahora, en plena pandemia, contra la desigualdad digital.
Artículo del filósofo, lingüista y activista político Noam Chomsky , publicado el 1 de diciembre de 2014
Por: Noam Chomsky
La educación pública está siendo atacada en todo el mundo y, en respuesta, recientemente se han llevado a cabo protestas estudiantiles en Gran Bretaña, Canadá, Chile, Taiwán y otros lugares.
California también es un campo de batalla. Los Angeles Times informa sobre otro capítulo de la campaña para destruir lo que había sido el mejor sistema de educación superior pública del mundo: «Los funcionarios de la Universidad Estatal de California anunciaron planes para congelar las inscripciones en la mayoría de los campus».
Se está llevando a cabo una eliminación de fondos similar en todo el país. «En la mayoría de los estados», informa The New York Times, «ahora son los pagos de matrícula, no las asignaciones estatales, los que cubren la mayor parte del presupuesto», de modo que «la era de las universidades públicas asequibles de cuatro años, fuertemente subvencionadas por el estado, puede haber terminado «.
“Ha habido un cambio de la creencia de que nosotros, como nación, nos beneficiamos de la educación superior, a la creencia de que son las personas que reciben la educación las que se benefician principalmente y, por lo tanto, deben pagar la factura”, concluye Ronald G. Ehrenberg, fideicomisario de el sistema de la Universidad Estatal de Nueva York y director del Instituto de Investigación de Educación Superior de Cornell.
La educación pública masiva es uno de los grandes logros de la sociedad estadounidense. Ha tenido muchas dimensiones. Uno de los objetivos era preparar a los agricultores independientes para la vida como trabajadores asalariados que tolerarían lo que consideraban una virtual esclavitud.
El elemento coercitivo no pasó sin previo aviso. Ralph Waldo Emerson observó que los líderes políticos piden educación popular porque temen que «este país se esté llenando de miles y millones de votantes y hay que educarlos para mantenerlos alejados de nuestras gargantas». Pero educados de la manera correcta: limite sus perspectivas y comprensión, desaliente el pensamiento libre e independiente y capacítelos para la obediencia.
La “vil máxima” y su implementación han provocado regularmente resistencia, que a su vez evoca los mismos temores entre la élite. Hace cuarenta años existía una profunda preocupación porque la población se estaba liberando de la apatía y la obediencia.
Desde entonces, se han tomado muchas medidas para restaurar la disciplina. Una es la cruzada por la privatización: poner el control en manos fiables.
Otro son los fuertes aumentos en la matrícula, casi un 600 por ciento desde 1980. Estos producen un sistema de educación superior con «mucha más estratificación económica que en cualquier otro país», según Jane Wellman, exdirectora del Proyecto Delta Cost, que monitorea estos asuntos. Los aumentos de la matrícula hacen que los estudiantes se endeuden a largo plazo y, por lo tanto, se subordinen al poder privado.
Las justificaciones se ofrecen por motivos económicos, pero son singularmente poco convincentes. En países de ricos a pobres, incluido México vecino, la matrícula sigue siendo gratuita o nominal. Eso también fue cierto en los propios Estados Unidos cuando era un país mucho más pobre después de la Segunda Guerra Mundial y un gran número de estudiantes pudieron ingresar a la universidad bajo el proyecto de ley GI, un factor de crecimiento económico excepcionalmente alto, incluso dejando de lado la importancia de mejorar la vida.
Otro dispositivo es la corporativización de las universidades. Eso ha llevado a un aumento dramático en los niveles de administración, a menudo profesionales en lugar de extraídos de la facultad como antes; ya la imposición de una cultura empresarial de «eficiencia», una noción ideológica, no solo económica.
Un ejemplo es la decisión de las universidades estatales de eliminar los programas de enfermería, ingeniería e informática, porque son costosos y resultan ser las profesiones donde hay escasez de mano de obra, como informa The New York Times. La decisión daña a la sociedad pero se ajusta a la ideología empresarial de la ganancia a corto plazo sin tener en cuenta las consecuencias humanas, de acuerdo con la vil máxima.
Algunos de los efectos más insidiosos se encuentran en la enseñanza y el seguimiento. El ideal de educación de la Ilustración fue capturado en la imagen de la educación como un hilo que los estudiantes siguen a su manera, desarrollando su creatividad e independencia mental.
La alternativa, que debe ser rechazada, es la imagen de verter agua en un recipiente, y uno muy goteante, como todos sabemos por experiencia. Este último enfoque incluye la enseñanza para probar y otros mecanismos que destruyen el interés de los estudiantes y buscan encajarlos en un molde, fácilmente controlables.
ANHELAMOS LA TEORÍA DE SENTIR (VIVIR) PORQUE HACE TIEMPO QUE PERDIMOS LA VIDA.
Según hemos ido perdiendo la cercanía de los nuestros, hemos perdido la cercanía de las voces, mayor ha sido nuestra obligación de ser reconocidos. Según se ha ido callando el entorno que siempre nos había reconocido, hemos ido necesitando ser tratados de nuevo. Se ataca a la “familia” queriendo atacar a un concreto de un absoluto mayor: lo local.Llevamos días debatiendo sobre la “familia” sin que nadie sepa concretar de qué se habla exactamente. Quizás el problema sea, una vez más, la necesidad de teorizar sobre la familia y no escucharla, sentarse con ella.
Nuestros días de autismo y adicciones (Repomen y/o Druk, por citar dos películas muy distintas) se caracterizan por una asfixia de nuestras raíces. Recordemos que una raíz ata, pero también alimenta. Me han dicho que el neoliberalismo pretende defender la familia para terminar de asentar su golpe contra el “estado de bienestar”. ¿Qué estado de bienestar? -¿Alguien está?-
Puede que sea verdad, pero también lo contrario es cierto. Hay un problema más profundo y es la incapacidad de observar las articulaciones del capitalismo (económico o espiritual) que nos aprietan por todos los lados. Es cierto que en zonas menos desarrolladas la familia sustituye al Estado, también que en nuestro “precioso” Occidente la familia ancla individuos.
“Podría cobrar más en Berlín, pero me quedo por la familia” me confesaba una amiga en uno de nuestros debates. En esa afirmación se esconde la realidad que el capital occidental conoce. Cierto que en los famosos dos minutos que nos gustan tanto, Ana Iris Simón se equivoca al pensar que el inmigrante español viene de una tierra parecida, pero no se equivoca al defender su idea. Dudo que ella quiera la maternidad obligatoria para todas las mujeres, pero tampoco quiere la maternidad “temprana” de su edad ¿temprana respecto a qué?
No olvidemos donde estamos: atrapados en la pandemia donde, la “vida” ha transitado de lo afectivo a lo sanitario, se plantea la familia como un problema. Nuestro principal problema es que carecemos de memoria y, sin memoria, no hay nada. La familia, los amigos, la comunidad, nos recuerda que “la vida” es un plural.
Durante éste año todos hemos soñado en abrazar a los nuestros, algunos hemos creado reabriéndonos a la “familia” que se nos arrancaba. Según hemos sentido su perdida, hemos querido reinterpretarla. No es casualidad que muchas de las obras que hablan de lo familiar, lo hagan desde la autoficción. Una obra de teatro que puede verse en Lavapiés “/” habla de la necesidad del colchón familiar para el salto, también lo hace Maestre es un artículo para evitar la caída.
En cierto modo, nadie está equivocado: todos tenemos familia.
Mientras el debate sobre lo familiar sigue creciendo en Twitter, una provocadora nata como es Samantha Hudson critica la educación porque no enseña a “gestionar” las emociones y, sin embargo, si nos enseñan a pensar.
Y es que, mientras matamos todo lo plural de nosotros, más necesitamos que nuestra traicionera razón nos guie. En verdad, al matar la “familia”, únicamente potenciamos ese individuo perdido que todos somos.
Sostener y alimentar es lo mismo y la familia nos lo recuerda. Pero también recuerda nuestro origen y, justamente, no es nuestro.
No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son los manifestantes.
El diario El Espectador es uno de los más prestigiosos de Colombia. El 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano, su entonces director, fue asesinado por la mafia para acallar sus valerosas críticas a un fenómeno que ya despuntaba y que hoy tiene arrodillada a Colombia: el narcotráfico. Esa es una de las múltiples pruebas, seguramente la más terrible, del valor de este medio. Pero más que por su valor –que merece mucha tinta–, lo menciono a propósito de uno de sus últimos editoriales: “El teatro del absurdo y del horror en Bielorrusia”. Publicado en su versión digital, en el índice –o en el pantallazo en el que está junto a los otros editoriales– aparece con fecha de 29 de mayo; una vez abierto para comenzar su lectura, la fecha es la del 28.
La importancia de la fecha es su coincidencia con el mes cumplido del paro nacional en Colombia, con mayor exactitud, su trigésimo primer día. No resulta reseñable que un medio que se precie de su independencia y de su talante democrático le dedique un editorial a los abusos del poder autoritario y sus despóticas manifestaciones en cualquier lugar del planeta. Lo que sí parece un poco triste es que este se escriba desde el campo de exterminio en el que se ha convertido Colombia hoy; que se publique en la simbólica, dolorosa y al mismo tiempo triunfal fecha y que además de no lograr ver esta inocultable realidad, el editorialista parezca no haber visto lo que ocurría a nivel político, hechos que presagiaban nuevas y reforzadas profundizaciones del macabro momento que atraviesa el país.
Por todo lo anterior, y para incentivar el saludable gusto de la prensa por las tablas, voy a hacerle una reseña a un nuevo capítulo de la actual tragedia colombiana. De antemano pido disculpas por la escasez de terminología teatral. Esa ausencia es parte de la escenografía de esta Crónica de una masacre anunciada.
Primer acto
Ante la espantosa arremetida del Gobierno colombiano contra la sociedad civil, que a más de tres semanas de paro ya iba engrosando las cifras de muertes, desapariciones, mutilaciones y violaciones (sexuales), algunos congresistas de la oposición citaron a un debate de moción de censura al actual ministro de Defensa. El debate se llevó a cabo los días miércoles 26 (senado) y jueves 27 (cámara de representantes) de mayo. Es necesario anotar que el actual Gobierno ha roto los récords por funcionarios del gabinete citados a este tipo de debates. Para el caso de los ministros de Defensa, este era el tercero de la actual administración. En el primer caso, el ministro renunció antes de la votación que ya se le había revelado completamente adversa. El segundo ministro logró evadirla, pero su ministerio fue interrumpido de forma definitiva por la pandemia. Hay que destacar, también, que cada nuevo ministro de Defensa llega con mayor disposición a cualquier cosa que el anterior, como lo prueba el actual. A pesar de los antecedentes, y ante el clamor de justicia de la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, resultó decepcionante y ofensivo el hecho de que el ministro hubiese superado el “examen”. El mensaje enviado por el Gobierno y los 69 senadores que apoyaron la terrible decisión de negarse a destituir al funcionario fue clarísimo para el país: la sangría continuará.
Segundo acto
Pocas horas después de conocida esa primera votación que le daba el triunfo a la ignominia, se filtró una conversación de WhatsApp de Milton Angulo, un congresista del partido de Gobierno, quien escribió –transcribo siguiendo la ortografía original–: “Esos bandalos lo que necesitan es plomo, así dejan la joda”. Si bien esta clase de incitación a la violencia se ha ido haciendo la norma en el país desde que se instaló el actual régimen, hay que entenderla en el contexto del triunfo de un ministro que, con la ayuda de congresistas de los partidos coaligados con el de Gobierno, salió indemne de una moción que apenas amenazaba con dejarlo desempleado. El antepenúltimo ministro de defensa es hoy embajador de Colombia en Chile. Existen rumores acompañados de ciertas insinuaciones de que esos congresistas se habrían dejado comprar con puestos, prebendas y quién sabe qué promesas, pues, al fin y al cabo, el paro, que había logrado hacer recular al Gobierno en dos de sus abusivas reformas (tributaria y de salud) y había logrado también cambios en el gabinete, se habría anotado un triunfo para la dignidad –y a lo mejor habría salvado algunas vidas– si el ministro de Defensa hubiese dejado su cargo. El funcionario recibió, en cambio, un respaldo a su gestión y una recarga de legitimidad.
Tercer acto
Finalmente, tras la segunda parte del debate de moción de censura, llegó el día 28, día de conmemoración del primer mes del paro, mes en el que el Gobierno ha seguido agrediendo a la ciudadanía, engañando a la opinión y mintiendo a la comunidad internacional. No se había alcanzado ni la mitad del día cuando ya en la ciudad de Cali, una de las más cruelmente golpeadas por la respuesta del Gobierno, un sujeto armado comenzó a disparar a ciudadanos que ni siquiera se estaban movilizando, pero que formaban parte de lo que hoy en día se conoce como puntos de resistencia. En una funesta apertura de lo que después de la fallida moción ha sido un renovado impulso del Gobierno en su política de solucionar todo a punta de pistola y fusil, los hechos dejaron tres muertos: el sicario y dos ciudadanos. En un par de escenas dignas de las más retorcidas del cine gore, el asesino fue linchado por los que antes habían sido sus objetivos. Y la balacera, como todas las demás, tiene a su vez su contexto, que es el de una violencia justificada y legitimada desde las más altas instancias gubernamentales, como lo atestiguan la impunidad de un ministro de defensa salvado de una destitución por una cuadrilla de congresistas corruptos y una repetida incitación a la violencia por parte no solo de congresistas y militantes del partido de Gobierno, sino de muchos otros actores sociales que están de acuerdo con esta suerte de “solución final” que pretende forzar el actual presidente. El pistolero de esta tal vez no primera, pero sí muy difundida y sangrienta secuencia, resultó ser un investigador de la Fiscalía. El fiscal general de la nación, tan bueno como el ministro de Defensa, ofreció la escandalosa pero previsible excusa de que el “funcionario” no estaba trabajando en ese momento. O, en otras palabras: dado que el investigador asesinado le dejó con la imposibilidad de negar su pertenencia a la institucionalidad, le tocó aceptar que sí pertenecía a la fiscalía, pero no cuando estaba matando porque estaba en sus horas de descanso.
Pero apenas se iniciaba el día. En horas de la tarde circularon videos en los que ya no disparaba un solo individuo, sino una muchedumbre de sujetos vestidos de civil acompañados por una de uniformados. Este renacer del paramilitarismo tuvo otras manifestaciones a lo largo del día, aunque no en una escala tan enorme como la de Cali: de Medellín y de Pereira circularon videos de individuos con armas desenfundadas ante la actitud indiferente de los uniformados, que parecían actuar más bien como una especie de guardaespaldas. Mientras esto ocurría, en algún otro lugar de la ciudad de Cali, Álvaro Herrera Melo, un estudiante de música, cornista que participaba en un “cacerolazo sinfónico”, fue arrestado, torturado y luego obligado a hacer declaraciones que lo incriminaban en actos ajenos a la actividad musical. Una militante del partido de Gobierno fue quien al parecer difundió el video en el que a la auto incriminación forzada del joven músico agregaba algún mensaje de incitación y justificación. En una de las múltiples evidencias audiovisuales ampliamente difundidas se veía cómo, a escasos centímetros de los policías que participaban del atropello, circulaba un ciudadano de bien, con camisa blanca, chaleco antibalas y lo que parecía un fusil o un rifle de asalto. Otros ciudadanos de bien celebraban el abuso con arengas. Cuando esto escribo, algún juez que no ha caído en la trampa de convertirse en un delincuente declaró ilegal la captura.
Ante semejante desorden del que acá solo se mencionan dos o tres casos, la reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente viajó a la ciudad de Cali, donde se reunió primero con la gente de bien, que es más o menos como se autodenominan aquellos que están de acuerdo con acribillar a todo el mundo y a la que pertenecen los pocos pistoleros que no son funcionarios en su día libre. También se arriesgó en algunos puntos de la ciudad no tan amables con su estrategia. Finalmente, prometió “el máximo despliegue militar” y “triplicar la capacidad operativa de la policía” para acabar con las “islas de anarquía”, como al parecer entiende que son los ciudadanos que se resisten a aceptar la canallada que ha sido su gobierno entero.
Cierre de telón
No se sabe a dónde irá a parar el país ni cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. Los partidos corruptos, también. El líder de uno de ellos ya hace más de una semana afirmó que “el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores”. Para comprender la irresponsabilidad de estas afirmaciones, hay que advertir que, en el actual estado de cosas, si la tal declaratoria llegase a ocurrir, la sangría no haría más que intensificarse. Por otra parte, la institucionalidad y la mayor parte de la gran prensa han normalizado un lenguaje en el cual la violencia y la violación de los derechos humanos son las barricadas, los bloqueos, los puntos de resistencia y los lugares donde se reúnen los manifestantes. El gobierno nunca usa la palabra violencia para referirse a la arremetida homicida de la fuerza pública, en parte, porque no la reconoce. No la reconoció el ministro en su extremadamente cínica defensa durante la primera parte del debate de moción de censura ni aparece jamás en las justificaciones y altisonantes intervenciones del presidente. La última evolución de esta obstinada estrategia de negación fue la aparición del ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien en una entrevista para un medio extranjero afirmó que los muertos eran producto de riñas y que el paro era producto de una conspiración internacional. Así está el oscuro tono de la situación en Colombia. Es difícil concluir este texto porque nada ha cesado. Todo continúa pasando. Se multiplican los actos de la tragedia.
Comparto un fragmento de un artículo más extenso de Vijay Prashad, del Instituto Tricontinental, en donde aborda sobre la cuestión palestina aportando antecedentes no muy conocidos. Las personas interesadas pueden consultar el resto del artículo, dedicado específicamente a la situación brasileña, en la magnífica página del Instituto: https://thetricontinental.org/es/
Me pareció importante poner la reflexión de Prashad a disposición de mis lectores porque aclara muy bien lo que el canallesco y mentiroso artículo de Andrés Oppenheimer “Latinoamérica, entre Gaza e Israel” se esmera en ocultar.[1] Al igual que tantos supuestos “periodistas independientes” (eufemismo para designar a los inmorales amanuenses del imperio) el columnista de la CNN trata de hacernos creer que el brutal ataque a objetivos civiles de Israel a Gaza es un episodio más de una “guerra” entre dos países independientes, cuando la realidad es bien otra. Para quienes duden de esta afirmación les recuerdo que uno de los contendientes, Israel, tiene fuerzas armadas y el otro no; y que mientras el primero dispone de 3.930 tanques y 362 aviones F-16 de última generación los palestinos no tienen absolutamente ninguno. Cero, ¿se entendió? Eso sí, las autoridades de Gaza cuentan con un arsenal de misiles de corto y mediano alcance, pero muy inferior en número y sofistificación tecnológica a los que están en poder de los israelíes y que además disponen del incesante reabastecimiento que les ofrecen las “potencias democráticas” de Estados Unidos y la Unión Europea. Por algo sólo hay fotos de la destrucción ocasionada por la guerra en Gaza y no en Israel; y por eso mismo la asimetría entre las víctimas de uno y otro lado es enorme. Del lado palestino se perdieron 243 vidas, entre los cuales 66 niños y 39 mujeres, sin duda que a tenor de la corrupta prensa hegemónica todos deben haber sido “terroristas.” Hay además 1910 heridos.[2] Del lado israelí se reportan 12 muertos, incluyendo un niño, y uno 300 heridos.[3] Esto no es una guerra, es una operación de aniquilación de un pueblo; es simple y llanamente limpieza étnica.
La nota de Prashad es elocuente e interpreta perfectamente bien mi visión sobre el genocidio que a diario, no sólo ahora, perpetra el
gobierno neonazi de Israel sobre la población palestina. Y de paso pone de relieve la permanente hipocresía de Washington sobre este asunto, en donde el “progresista” Joe Biden continúa sin apartarse siquiera un milímetro de la política racista y confrontacionista de Donald Trump (expresada en la grosera provocación que significó el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén, seguida por idénticas iniciativas tomadas obedientemente por los gobiernos de Guatemala, Honduras y Paraguay y, próximamente, Brasil) y demostrando que están dispuestos a ser cómplices de las políticas genocidas del gendarme regional estadounidense en Medio Oriente hasta sus últimas consecuencias. Importante recordar muy bien esto cada vez que la Casa Blanca o los miembros del Congreso de EEUU pretendan dar lecciones de democracia, derechos humanos o justicia a terceros países, especialmente los de Nuestra América. Sin más, leamos lo que dice Vijay Prashad:
“La gigantesca máquina bélica de Israel sigue atacando el Territorio Palestino Ocupado (TPO) con total desprecio por el derecho internacional. Dado que el TPO es un territorio ocupado, las Naciones Unidas no permiten que el ocupante —Israel— altere el carácter de la tierra bajo ocupación. Sin embargo, esto no ha detenido a Israel, cuyo intento por expulsar a familias del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén condujo al ingreso de la policía fronteriza israelí a la mezquita al-Aqsa, seguida por oleadas de bombardeos aéreos que han producido una cifra diaria de personas muertas y heridas que solo conoceremos una vez que se asiente el polvo.”
“Es notable que el pueblo palestino no se haya rendido ante esta violación del derecho internacional. Contraatacaron en Jerusalén y en toda Cisjordania, en Gaza y en las tierras alrededor de Israel. Miles de personas marcharon hacia la frontera entre Jordania y Palestina y la frontera entre el Líbano y Palestina, sin importar que Israel amenazara con dispararles. Desde Gaza, diferentes facciones lanzaron misiles para presionar a Israel para que desista de su
violencia en Jerusalén. Los misiles desde Gaza fueron una respuesta a las provocaciones violentas e ilegales de Israel en el TPO, no fueron el primer detonante de los eventos de mayo de 2021.”
“Durante los últimos quince años, Israel ha bombardeado sistemáticamente Gaza en 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2018 y 2019. Además de esta violencia, Israel ha sostenido una política de asfixia no solo contra Gaza sino contra todo el TPO, una política de violencia a sangre fría que busca desmoralizar tanto al pueblo palestino, que abandone el territorio. Israel rechaza la solución de un solo Estado (un Estado democrático de palestinxs y judíxs) y la solución de dos Estados (Israel y Palestina), en cambio, busca una solución de tres Estados (enviando al pueblo palestino a Egipto, Jordania y Líbano). Esto es, por definición, una limpieza étnica. Los bombardeos de 2021 han sido especialmente duros, ya que los objetivos han incluido edificios que albergan a la prensa y campos de refugiadxs. En Shateh (Gaza), el bombardeo del 15 de mayo dejó decenas de muertxs. La familia Abu Hatab perdió a diez miembrxs, de los cuales ocho eran niñxs. Este tipo de violencia grotesca define el proyecto de apartheid de Israel para aniquilar al pueblo palestino. Roger Waters llama a esta violencia “desprecio primario”.
“Dadas las claras violaciones al derecho internacional y la violencia asimétrica de los bombardeos israelíes, se esperaba ampliamente que el Consejo de Seguridad de la ONU hiciera un llamado a un cese al fuego. Pero el gobierno estadounidense del presidente Joe Biden informó a los otros miembros del Consejo que no votaría por ninguna resolución semejante. Estados Unidos por sí solo bloqueó la publicación de una declaración del Consejo sobre el empeoramiento de la situación la última semana. EE.UU. también se opuso inicialmente a realizar una sesión abierta el viernes —como propusieron Noruega, Túnez y China—, que finalmente se llevó a cabo el domingo. Por estos motivos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció a Estados Unidos y a otros veinticuatro países por apoyar a Israel. Entre esos países estaba Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, respaldó a Israel en su terrible uso de la fuerza contra el pueblo palestino. Esta declaración de Bolsonaro llegó justo unos días después de la operación policial contra la gente de Jacarezinho en Río de Janeiro, que terminó en la masacre de veinticinco personas. La brecha entre Jacarezinho y Gaza es solo de escala, la brutalidad es equivalente.”
En un escenario de profunda crisis general, de hegemonía capitalista en la lucha de clases y cuando el espacio para las reformas hace tiempo que se agotó, se constata que, a pesar de que la pandemia reveló las dramáticas insuficiencias de la sanidad pública, los recursos públicos se han destinado exclusivamente a la empresa privada.
El desarrollo de la pandemia Covid 19 se ha caracterizado desde el punto de vista mediático por una estrategia destinada a generar confusión, miedo e impotencia. El procedimiento es un abrumador bombardeo de noticias carentes del más elemental rigor científico —por ejemplo se usan cifras absolutas y no tasas (relación entre el número de casos y el volumen de población) para valorar la incidencia, de forma que cualquier comparación es absurda— y por una ocultación sistemática de la información que plantea alguna duda sobre la versión oficial, incluso la proveniente de las fuentes más reputadas.
Este trabajo pretende contribuir a analizar un fenómeno muy complejo y atravesado por poderosísimos intereses, que pone de manifiesto el sometimiento estricto de las decisiones políticas a los intereses del gran capital, en detrimento de la teórica prioridad de salvaguardar la vida y la salud de sus poblaciones. La gestión de la compra de vacunas, tanto por parte de la Comisión Europea, como del gobierno español, es un ejemplo paradigmático del sometimiento de los objetivos de salud al negocio privado.
1. Desaparición de las farmacéuticas públicas y financiación por el Estado de las multinacionales
En los países capitalistas, la producción y distribución de medicamentos se ha concentrado en grandes monopolios, al tiempo que han desaparecido las empresas farmacéuticas públicas. Todo ello a pesar de que, históricamente, la OMS —y la lógica sanitaria más elemental— ha recomendado la creación en cada país de industrias públicas productoras de los medicamentos esenciales, entre los que las vacunas y los hemoderivados ocupan los primeros lugares. La actual pandemia Covid 19 ha puesto de manifiesto la realidad: ningún país de la UE ha producido hasta la fecha ninguna vacuna en laboratorios públicos [1].
En España, de cada 100 euros del gasto público en sanidad, 29,6 se invierten en medicamentos, cerca de 30.000 millones de euros al año. Las multinacionales farmacéuticas controlan la financiación de fármacos y la prescripción. Muchas veces lo hacen mediante soborno directo de los médicos, y en general, influyendo decisivamente en los planes de estudio de medicina, manejando los resortes para incluir en el Registro nuevos fármacos que no son tales [2], financiando todos los congresos de especialidades médicas, poniendo a su servicio la investigación pública e incluso patrocinando asociaciones de personas enfermas.
2. El negocio del siglo: financiación pública anticipada y exención de responsabilidad
Una de las consecuencias de la pandemia es el colosal negocio para las multinacionales farmacéuticas, calculado en la UE, por ahora, en 50.000 millones de euros derivados de la compra por los Estados de millones de dosis de vacunas [4]. Gigantes empresariales como GKS, Pfizer o AstraZeneka, que como veremos más adelante encabezan las listas de sanciones por prácticas delictivas y que exhiben anualmente unos márgenes de beneficios que superan con creces a los de la banca, ni siquiera han tenido que arriesgar sus inversiones. Con dinero público de los estados de la UE, entre ellos del español, se adjudicaron por adelantado, en agosto de 2020, 2.000 millones de euros para comprar millones de dosis de vacuna [4]. Y lo hicieron antes de que se hubiera demostrado la validez, eficacia y seguridad de sus productos.
Todas las grandes farmacéuticas han conseguido de los gobiernos de la UE que sean ellos quienes paguen las indemnizaciones por posibles efectos secundarios de la vacuna. Además, están tratando de lograr ser eximidas por completo de responsabilidad civil por las secuelas producidas por sus medicamentos.
3. Los intereses económicos que controlan decisiones políticas
En agosto de 2010, un día después de declarar finalizada la epidemia de gripe A, la OMS hizo público que los miembros de su Comité de Expertos habían sido sobornados por las multinacionales farmacéuticas fabricantes de vacunas y de antivirales, como Tamiflú y Relenza (La Roche y GlaxoSmithkline, respectivamente). La OMS fue acusada de haber generado una situación de alarma injustificada que llevó a muchos países a la compra masiva de vacunas y medicamentos como los citados. Durante todo este tiempo mantuvo en secreto los nombres de su comité de expertos con el pretexto de “evitar presiones”.
Desde la década de los 90, la financiación por parte de los Estados miembros a la OMS ha ido disminuyendo a medida que aumentaban los fondos privados. Grandes fortunas como Bill Gates y multinacionales farmacéuticas aportan el 90% del presupuesto de la OMS. La gráfica siguiente habla por sí sola:
Fuente: Organización Mundial de la Salud 2015
El magnate norteamericano es accionista de una decena de farmacéuticas, incluyendo Pfizer y AstraZeneca. La Fundación AstraZeneca en España tiene en su nómina como asesores a directores de hospitales e instituciones públicas de investigación [5].
La evidencia de los vínculos entre las grandes farmacéuticos con el poder económico y político es abrumadora:
El principal propietario de Pfizer es el fondo de inversiones Black Rock, el más grande del mundo en gestión de activos: 5,1 billones de dólares en 2016, según la compañía. Black Rock tiene 9.000 millones de dólares invertidos en la banca española y 12.000 millones en el IBEX [6]. Además, en asociación con Naturgy (antes Gas Natural – Fenosa), Black Rock participa con el 49% en el gasoducto Argelia-España, Medgaz.
El 11 de diciembre de 2020 el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio un ultimátum a Stephen Hahn, director de la FDA, para que autorizara ese mismo día la vacuna o se buscara otro trabajo. La amenaza surtió efecto, la vacuna de Pfizer recibió la autorización de emergencia al día siguiente y el gigante Walmart anunció su disposición para distribuir la vacuna en 5.000 establecimientos de EE.UU.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA), facilitó la autorización de emergencia de Pfizer en un tiempo récord y el 27 de diciembre empezó a inocularse en los países de la UE. La EMA también recibe el 90% de sus fondos de las grandes empresas farmacéuticas
La EMA, Agencia Europea del Medicamento, también facilitó la autorización de emergencia de Pfizer en un tiempo récord y el 27 de diciembre empezó a inocularse en los países de la UE. La EMA también recibe el 90% de sus fondos de las grandes empresas farmacéuticas. Su nueva directora es vasalla fiel de la industria farmacéutica. Tal y como publica la OMS en su biografía, procede de la industria irlandesa del medicamento y ha trabajado como Gerente de Asuntos Científicos y de Regulación en Bruselas para la EFPIA (Asociación de la Industria Farmacéutica Europea), lobby del sector farmacéutico ante la UE. Fue elegida como directora de la EMA en plena pandemia, en julio de 2020.
En España, la penetración de las multinacionales farmacéuticas en las instancias políticas ha sido una constante cuya descripción sobrepasa los límites de este trabajo. Valga recordar que desde el primer gobierno del PSOE en 1982 todos los ministros y ministras de sanidad lo han sido con el plácet de la industria farmacéutica. El primero en no contar con su visto bueno fue Ciriaco de Vicente, un hombre honrado, y esto supuso que Felipe González designara a otro candidato, Ernest Lluch.
El fichaje por parte de las farmacéuticas de altos cargos del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de las Comunidades Autónomas, incluido el ex-Ministro Bernat Soria, ha sido una constante [7]. En plena pandemia, el Ministro de Sanidad del PSOE participó en un importante evento con la multinacional farmacéutica Roche —gran protagonista del escándalo de la Gripe A y el Tamifú— patrocinado por el periódico El País para diseñar la “sanidad del futuro”, en base al esquema de “colaboración público-privada”, preconizado por la farmacéutica.
El intento de eliminar del Registro a los medicamentos ineficaces e inseguros —España tiene casi cinco veces más medicamentos registrados que otros países de la UE— supuso en su momento el viaje a Madrid de Henry Kissinger, consejero de la compañía norteamericana Sharp and Dome (MSD), en visita privada para “velar por los intereses de su empresa”. Consiguió su objetivo: el asunto se saldó con la dimisión del Director General de Farmacia, Félix Lobo.
Esos inconvenientes se resolvieron con la creación de la Agencia Española del Medicamento, que inicialmente fue un organismo autónomo y después una agencia estatal encargada de facto de las decisiones políticas en ese ámbito. Se conseguía así situar la política del medicamento fuera de las estructuras ministeriales y hacerla mucho más controlable por las multinacionales farmacéuticas. Joan Ramón Laporte [8], máxima autoridad científica en materia del medicamento en el Estado español, afirmó recientemente: “las Agencias del Medicamento fueron una invención del capitalismo neoliberal de los años noventa”.
4. La trampa del COVAX
COVAX, presentada en el Foro Mundial de Davos en 2017 como una colaboración mundial con la que acelerar el desarrollo de tratamientos, pruebas y vacunas contra la Covid-19, es una institución fundada por la Global Alliance for Vaccines and Inmunizations (GAVI) y por la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ambas producidas, diseñadas y financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates.
COVAX se presenta como una institución “público-privada” que, como todas las que usan este eufemismo tan en boga, utiliza financiación pública, de los gobiernos, para beneficio privado. Actúa como banco comercial para la compra de vacunas a multinacionales farmacéuticas
Se presenta como una institución “público-privada” que, como todas las que usan este eufemismo tan en boga, utiliza financiación pública, de los gobiernos, para beneficio privado. Actúa como banco comercial para la compra de vacunas a multinacionales farmacéuticas. Utiliza el disfraz público y benéfico de servir para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, cuando en realidad su finalidad es moldear la industria mundial de fabricación de vacunas y el mercado de consumo de vacunas en el los países pobres [9].
La creación de COVAX obedece a tres objetivos fundamentales: proteger las patentes, evitar al máximo la distribución de vacunas procedentes de instituciones públicas de países como China, Rusia y Cuba, e impedir que las vacunas sean producidas directamente por países que tienen capacidad para ello, como Sudáfrica, India o Brasil [10].
5. Qué sabemos y, sobre todo, qué no sabemos sobre las vacunas que se están utilizando en la UE
La autorización de emergencia que han recibido todas las vacunas contra el Covid 19 no es una aprobación como la que recibe cualquier otro medicamento, sino que se utiliza cuando los fármacos en cuestión no han mostrado la documentación exigida para ello. La decisión excepcional de permitir su uso se adopta en función de una grave situación de alarma que justificaría correr los riesgos inherentes al incumplimiento de los protocolos y controles exigidos antes de permitir el uso de cualquier medicamento.
Pasados los momentos de shock, de confusión y hasta de pánico, en buena medida inducidos por los medios de comunicación, cabe destacar que la tasa de letalidad media, en el momento más álgido de la epidemia (mayo de 2020) en España era muy baja: 0,8% (una de las más bajas de Europa) concentrada en personas mayores el 95% tiene más de 65 años. La comparación de esta letalidad con la tasa de letalidad de la difteria, que en menores de 5 años era del 20%, ayuda a relativizar adecuadamente la situación y a plantear la pregunta de si, en tales circunstancias, es razonable prescindir de los protocolos de seguridad e ignorar los requerimientos establecidos, precisamente cuando se trata de administrar fármacos nuevos a centenares de millones de personas.
En los momentos en los que se escribe este artículo no ha habido noticia de que ninguna de las empresas fabricantes de las vacunas que se están usando en la UE esté siguiendo los protocolos exigidos para la autorización definitiva, a pesar de los muchos millones de personas que ya han sido inoculadas.
El derecho de patente, y por lo tanto, la ocultación de información sobre la composición exacta del fármaco, imposibilita una valoración contrastada tanto de la eficacia como de los riesgos de las nuevas vacunas. El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las multinacionales farmacéuticas para la compra de vacunas, que previamente había financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento Europeo. Ni siquiera los eurodiputados han podido acceder a la documentación completa de los contratos en los que se han invertido más de 2.000 millones de dinero público.
El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las multinacionales farmacéuticas para la compra de vacunas, que previamente había financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento Europeo
La información ofrecida por el Departamento de Salud del Reino Unido a los profesionales sanitarios, procedente de datos de la propia empresa acerca de la vacuna de Pfizer-BioNtech, ilustra respecto a la ausencia de verificación de aspectos muy relevantes acerca de la seguridad y eficacia de la misma, a pesar de lo cual se está procediendo a vacunar a millones de personas [11]. Del citado informe británico, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) destaca lo siguiente:
– La eficacia de esta vacuna es muy pequeña si se compara con los niveles de protección de vacunas anteriores [12]. La vacuna de Pfizer prevendría sólo un caso leve-moderado por cada 119 personas vacunadas; es decir los otros 118 se verían sometidos a los efectos secundarios sin obtener ningún beneficio.
– La protección conferida se refiere solamente a casos leves o moderados. No hay datos acerca de la eficiencia en la prevención de casos graves (hospitalizaciones, ingreso en la UCI) o mortalidad. Afirmar que la vacuna previene muertes carece totalmente de fundamento. Es más, los ensayos no están diseñados para valorar su eficacia para evitar casos graves o mortales.
– No se han completado los datos sobre toxicidad reproductiva en animales.
– No se conocen los efectos en menores de 18 años, ni en mayores de 65 años, a pesar de que se ha informado que la vacunación en el Estado español empezará por este último grupo de edad.
– Se excluye la vacunación en el embarazo y en la lactancia. También en personas con tratamiento con inmunosupresores. La contraindicación en personas anticoaguladas está sujeta a controversia en estos momentos.
– Se desconoce el periodo de inmunidad que confiere la vacuna.
– No hay datos acerca de si se producen daños en la fertilidad.
– No hay datos acerca de la capacidad de transmisión de la enfermedad de las personas vacunadas. No hay dato alguno que permita concluir que la vacunación masiva terminará con la pandemia y si, por lo tanto, se puede prescindir de las medidas de prevención.
6- Farmacovigilancia. El lobo guardando el rebaño
Ante la vacunación masiva de personas sanas y personas con diversas patologías y tratamientos, la lógica más elemental, la prudencia más básica y los principios deontológicos más esenciales, exigirían reforzar al máximo todos los mecanismos de farmacovigilancia y de gestión de riesgos.
Nada de eso está sucediendo con carácter general y sistemático. En el momento de la inoculación, en muchos lugares lo único que se le pide a la persona es que firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene alergias. No se está siguiendo con carácter general y obligatorio el protocolo de farmacovigilancia establecido. Ni se les abre una historia clínica, ni se les pregunta por enfermedades previas o actuales, ni se les pide información sobre medicamentos que pueda estar tomando. A pesar de que en la propia documentación de la empresa Pfizer se recoge la contraindicación de la vacuna en casos de embarazo y lactancia, no se pregunta sistemáticamente a las mujeres en edad fértil si están embarazadas o lactando, o si toman anticonceptivos. Todo ello a pesar de que los efectos adversos graves en mujeres jóvenes casi cuadriplican los de los hombres.
Tampoco se alerta a quienes reciben la vacuna acerca de qué síntomas graves pudieran aparecer y qué hacer en ese caso. Es decir, no hay una recogida sistemática de datos, no hay un protocolo ni un registro general.
Es por ello que, tal y como señala Joan Ramón Laporte, cuando la EMA empieza a hablar de la existencia de trombosis en localizaciones atípicas que pudieran estar producidas por la vacuna de Astra Zeneca, cae en contradicciones sobre sus propios datos y, sobre todo, no muestra, la tabla de recogida de datos preceptiva en todo sistema de farmacovigilancia. Laporte aventura que la causa podría ser la enorme infradotación de medios de los Centros de farmacovigilancia como resultado de los recortes de los últimos años, pero, sobre todo, y estrechamente vinculada a los recortes, la normativa de la UE sobre farmacovigilancia que confiere una función muy destacada en este campo precisamente a la industria farmacéutica. Según la normativa vigente, las fuentes de información son de dos tipos: una recibe las notificaciones espontáneas que hace el personal médico —con un subregistro importante y que no permite cuantificar con exactitud— y el segundo son los sistemas de gestión de riesgos, cuya responsabilidad recae en la propia industria del medicamento.
En el momento de la inoculación, en muchos lugares lo único que se le pide a la persona es que firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene alergias. No se está siguiendo con carácter general y obligatorio el protocolo de farmacovigilancia establecido
Por su especial trascendencia, reproduzco a continuación las palabras de Joan Ramón Laporte en una reciente entrevista: “los sistemas de gestión de riesgos (son) una serie de estudios que se hacen con los primeros consumidores de un nuevo medicamento para ver qué pasa y si funcionan igual que en el ensayo clínico. Estos planes se encargan a las propias farmacéuticas, ¡y esto es poner al lobo a guardar el rebaño! Porque de esto no se habla. Con las señales de trombos, AstraZeneca no ha aportado ningún dato, todo lo que se sabe es por la notificación espontánea. Es más, si vas a la web de la EMA, y miras el documento oficial de autorización de todas las vacunas contra la covid, allí queda claro que el plan de seguimiento de seguridad de las vacunas está en manos de cada compañía, pero no hay ninguna lista de los estudios que hará cada una de ellas, ni protocolos: es algo secreto y opaco”. A continuación ilustra la situación con un ejemplo: “Estos estudios suponen un enorme movimiento de dinero. Un informe alemán contaba que en cinco años las farmacéuticas pagaron más de 200 millones de euros a médicos para que participaran en estos estudios, sin que produjeran ni un solo resultado que fuera al sistema alemán de farmacovigilancia. ¡Utilizan la farmacovigilancia para promover la prescripción del medicamento! ¡Pagan a cada médico participante por cada paciente al que se le prescriba! Eso la EMA lo sabe perfectamente y no hace nada al respecto”.
7. Prácticas delictivas y mafiosas
La revista JAMA (Journal of the American Medical Association) publicó en noviembre de 2020 un artículo titulado “Sanciones económicas impuestas a las grandes empresas farmacéuticas por actividades ilegales”. El estudio se refiere solamente a EE.UU. y recoge las sanciones impuestas por este país entre 2003 y 2016 a 22 multinacionales farmacéuticas que producen medicamentos para el tratamiento, test o vacunas para la Covid 19. GlaxoSmithKline (GSK) ocupa el primer lugar con multas por valor de 9.775 millones de dólares, Pfizer el segundo, con sanciones que ascienden a 2.910 millones de dólares, Johnson and Johnson el tercero, con 2.668 millones y AstraZeneka el undécimo con 1.172. Las multas suelen suponer el 10% de los beneficios obtenidos por el hecho sancionado. El pago de multas está considerado como un gasto más en la comercialización de un fármaco.
Los delitos de los que se les ha acusado son: promoción ilegal (recomendar fármacos para indicaciones no aprobadas), interpretación falseada de los resultados de las investigaciones, ocultación de datos y daños y sobornos con comisiones a personal médico y políticos para obtener contratos, entre otros. Todas ellas han obtenido millonarios contratos con la Comisión Europea, incluida GSK que, asociada con la francesa Sanofi, logró vender a la Comisión Europea 300 millones de dosis de su vacuna que supuestamente estará disponible a mediados de este año.
La publicación de informes y resultados de investigaciones farmacológicas en las más prestigiosas revistas científicas está financiada por la industria farmacéutica que las utiliza como instrumento de propaganda, tal y como ha sido reconocido por los directores de esas publicaciones [13].
8. El contrato del siglo. La UE negocia comprar a PfizerBioNtech 1.800 millones de dosis
El pasado 14 de abril, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen confirmó que la UE estaba negociando con PfizerBioNtech la compra de 1.800 millones de dosis adicionales de su vacuna, al tiempo que se anunciaba el aumento de precio de cada dosis a 23 dólares. En total, la UE pagará la fabulosa cifra de 41.400 millones de euros de dinero público por un número de dosis que multiplica por cuatro la población actual de la UE-27, 446 millones de personas. Este desequilibrio se justifica por la llegada de nuevas “olas” que requerirán tres o cuatro nuevas dosis de vacuna hasta 2023.
El escenario montado con los incumplimientos y los efectos adversos de AstraZeneka ha servido para justificar que la vacuna de PfizerBioNtech se convierta en “la columna vertebral de la vacunación euopea”. La presidenta de la Comisión Europea aprovechó para alabar “el compromiso, la fiabilidad y la reactividad de Pfizer-BioNTech”. Estas alabanzas no sólo son gratuitas, sino que pretenden encubrir que la multinacional farmacéutica ocupa el infame segundo lugar en condenas por delitos de promoción de medicamentos para indicaciones no aprobadas, ocultación de resultados adversos y, sobre todo, en el caso que nos ocupa, sobornos a funcionarios para la obtención de contratos [14].
Es muy interesante acceder a la comparecencia pública del Fiscal General asociado de EE.UU., Thomas Perrelli, anunciando la histórica condena a la multinacional farmacéutica. Pfizer-BioNtech aceptó su culpabilidad por la promoción de fármacos para usos no aprobados y pagó 2.300 millones de dólares [15]. ¿Alguien podría asegurar que el fabuloso contrato obtenido por Pfizer.BioNtech con la UE es ajeno a estas prácticas tan habituales y documentadas de la multinacional farmacéutica?.
Aunque la “estrategia del shock” esté haciendo posible que lo más elemental se olvide, es preciso recordar, máxime ante un contrato de estas dimensiones, con plazos temporales tan largos y que prevé inoculaciones repetidas a millones de personas, que se trata de un fármaco no aprobado. A pesar de que los meses transcurren y se están efectuando vacunaciones masivas, este hecho trascendental no se menciona, ni se establecen plazos para que los estudios necesarios para su aprobación definitiva culminen.
Conclusiones
1.- El objetivo prioritario de la obtención creciente de beneficios, consustancial a la empresa privada, es estrictamente opuesto al de la sanidad pública: mejorar el estado de salud de toda la población. El capital, para desarrollarse, necesita socavar y debilitar el sistema público: cuanto más y mejor sanidad pública, menos espacio de negocio privado, y viceversa. Exactamente igual que los parásitos con respecto al organismo cuyos recursos utilizan para vivir y cuya devastación es consustancial a su desarrollo.
2.- En un escenario de profunda crisis general, de hegemonía capitalista en la lucha de clases y cuando el espacio para las reformas hace tiempo que se agotó, se constata que, a pesar de que la pandemia reveló las dramáticas insuficiencias de la sanidad pública, los recursos públicos se han destinado exclusivamente a la empresa privada. Las medidas generales de salud pública, tanto sociales como sanitarias, se han obviado.
3.- Los múltiples antecedentes de corrupción tanto de expertos de la OMS y de las diferentes Agencias del Medicamento como de políticos, por parte de las grandes empresas farmacéuticas, junto con las fabulosas ganancias que se están generando, permiten sospechar que se ha construido un siniestro escenario “informativo” de miedo en la población, para intentar justificar inversiones multimillonarias con dinero público en vacunas producidas por las grandes multinacionales farmacéuticas.
4.- Al servicio de este descomunal negocio debe situarse el hecho de que se hayan obtenido autorizaciones de emergencia, sin asegurar niveles de seguridad y eficacia exigidos a este tipo de medicamentos usados masivamente en personas sanas. Además, en el proceso de vacunación no hay noticia de la existencia de protocolos de farmacovigilancia, con carácter general y sistemático, que permitan conocer con rigor los efectos adversos que las nuevas vacunas están produciendo.
5.- La evaluación de la seguridad y eficacia de un medicamento tiene sus ritmos y sus formas. No respetarlos conlleva riesgos, máxime cuando va a ser administrado a millones de personas sanas. El principio hipocrático primum non nocere que debe guiar la práctica médica ha sucumbido frente a los negocios multimillonarios. La trágica paradoja es que precisamente las dudas de las propias multinacionales farmacéuticas acerca de la seguridad de sus fármacos es la que ha llevado al escandaloso acuerdo de estas empresas con la UE. Son los gobiernos respectivos, con dinero público, los que sufragarán las indemnizaciones por efectos adversos de las vacunas.
6.- El control de las decisiones políticas por parte de las multinacionales farmacéuticas se revela nítidamente cuando los gobiernos esgrimen la “alarma” y la “emergencia” como razones para adoptar decisiones que sobrepasan los límites de la prudencia. Al tiempo, se ignoran descubrimientos realizados por organismos públicos de los propios países de la UE o se sabotean acuerdos con países como Rusia o Cuba, de larga y avalada tradición de sus instituciones públicas en biotecnología y en el descubrimiento de vacunas.
7.- En un mundo en el que las evidencias científicas se subordinan a la lógica aplastante del beneficio, la producción de medicamentos por parte de instituciones públicas es la única garantía de poder sustraer un bien tan preciado a la acción de mafias internacionales con una capacidad tan enorme de corrupción, de chantaje y hasta de crimen como las que describe John le Carré en su novela El jardinero fiel.
Hay una incompatibilidad esencial entre negocio privado y sanidad pública. En estos meses, y lo más duro está por llegar, se ha hecho inocultable la depredación de vidas humanas que el capitalismo produce. La apuesta por la vida, colocar al ser humano como prioridad social, exige destruirlo.
1. Investigadores de la Universidad de Helsinki tienen desde hace meses una vacuna contra el Covid, que se usa mediante spray nasal impidiendo la entrada y replicación del virus, puede conservarse a temperatura ambiente y está libre de patentes. El equipo necesita 50 millones de euro para llevar a cabo la Fase III, cantidad ridícula frente a lo que se está invirtiendo en vacunas , que no ha conseguido hasta la fecha. https://kaosenlared.net/finlandia-tiene-una-vacuna-para-la-covid-desde-hace-nueve-meses-y-opto-por-la-big-pharma/Algo parecido ocurre en España con la vacuna, también nasal, sobre la que trabaja un equipo del CSIC, con científicos con contratos precarios e investigadores jubilados que trabajan gratis. https://www.eldiario.es/sociedad/retrasar-edad-jubilacion-buscar-vacuna-coronavirus-facil-seria-dejarlo-siento-obligacion-moral_1_6462532.html
2.El número de medicamentos autorizados y comercializados en España 13.335 es más de diez veces superior al de pises como Noruega y más del triple que en Francia. Este hecho no supone mejores recursos para los tratamientos, sino alto grado de control del Registro por parte de las empresas. Las palabras de Joan Ramón Laporte, director de la Agencia Catalana del Medicamento son concluyentes: España financia todos los fármacos que le propone la industria. https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20151220/laporteespana-financia-todos-los-medicamentos-que-le-propone-la-industria-4760501
3. La utilización de la propaganda por parte de los grandes ejecutivos de Pfizer o Moderna sobre supuestos éxitos de sus vacunas como medio para lograr aumentos de las cotizaciones en bolsa para, a continuación, vender sus acciones da idea de las gigantescas expectativas de negocio y de la falta de escrúpulos con que se mueve este negocio
4. España se incorporó al Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas de la UE boe.es
5. Su Directora es la ex-Secretaria de Estado de Investigación con Mariano Rajoy. También son miembros, el Director de la fundación pública de Medicina Genómica del Servicio Gallego de Salud, del Centro Nacional de Genotipado del ISCIII y miembro de la Agencia Europea del Medicamento, la Subdirectora General de Bioética de la Comunidad de Madrid. un miembro del comité de expertos en política del medicamento de la OMS y la Directora de ensayos clínicos del Hospital de Granada. En el Comité científico de la fundación AstraZeneca está el Director de Instituto Respiratorio del H. Clínic de Barcelona, el Jefe de Servicio de Oncología del H. 12 de octubre, el Director del Instituto de Investigación de Barcelona y el Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. hojasdebate.es
6. BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos españoles,Santander (5,38%) y BBVA (5,917), Caixabanc (3,003%), Banc de Sabadell ( 4,994%)y Bankinter (3,694%) También posee participaciones en grandes empresas multinacionales españolas, como por ejemplo:Telefónica (3,883%),Repsol (3,25%),ACS (3,2%),OHL, Gamesa (9%),IAG (6,2%),Euskaltel (3,59%),Técnicas Reunidas (3,055%). https://es.wikipedia.org/wiki/BlackRock#Espa%C3%B1a
8. Joan Ramón Laporte es catedrático de Farmacología de la Universidad de Barcelona y Director del Instituto Catalán de Farmacología, organismo colaborador de la OMS.
9. COVAX, un órgano mundial de múltiples partes interesadas que puede acarrear riesgos sanitarios y políticos para los países en desarrollo y el multilateralismo – Amigos de la Tierra Internacional (foei.org)
12. La vacuna contra la poliomielitis confiere un nivel de protección entre 99 y 100% hasta 25 años después de la cuarta dosis. vacunas.org
13.Gotzsche, C. Peter (2014) Medicamentos que matan y crimen organizado. El autor, médico, biólogo y químico, que trabajó para la industria farmacéutica refleja en este trabajo demoledor el engranaje criminal de las multinacionales farmacéuticas.
14. Ibid. nota 13.
15. Pfizer Medical Fraud Settlement | C-SPAN.org (c-span.org)
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