En estos días de encierro me transporté a Japón, Irán y España con intensidad y en algunos casos con mucha emoción, gracias al poder de las palabras y talento de los autores.
Se ha dicho que los kindles, las tabletas, los smartphones han entablado una competencia feroz con el libro papel. No obstante, este soporte aún no da señales de perder la carrera.
En mi familia coexisten los defensores de ambas tendencias: los amantes del libro como objeto que se puede palpar, tocar, subrayar, que no pueden dormirse sin el santo ritual dedicado a la lectura. Uno de ellos con tanto amor y aprecio hacia el objeto que ha asumido el difícil reto de editar libros. Y otro que desde que ha sacado sus libros de adolescente y cursos universitarios de su biblioteca lee solamente en tableta.
Entre los abanderados de los dos modos de lectura circulan motivos de sobra para inclinarse hacia una u otra modalidad que a veces conjugan. Por ejemplo, que hay muchas más opciones impresas con los millones de libros imprimidos en el mundo, a pesar del aumento de los catálogos de e.books.
En cuanto a saber cuál de las dos versiones es más ecológica, se puede considerar que los libros papel tienen una vida generalmente más larga que los numéricos y que pueden sobrevivir hasta millares de años, resisten a las caídas y no necesitan electricidad para ser recargados.
Para algunos, tener un estante de biblioteca en su casa, al ser un mueble abierto, favorece la socialización. Saber lo que lee el otro es un potente indicador de personalidad y un tema de discusión. Claro está que, desde este punto de vista es más difícil tener a la vista su colección de e.books. Ahora bien, une biblioteca llena de libros requiere de un buen espacio y no es lo ideal si uno vive en una pequeña superficie.
Es verdad que hay que tomar en cuenta que al momento de mudarse los libros son pesados para transportar. En la cartera, en viaje, el kindle permite tener acceso a una inmensa biblioteca que no pesa nada.
Por otro lado, según un estudio realizado por investigadores canadienses y noruegos, la lectura sobre papel permite tener una mejor representacion mental del contenido que sobre kindle o tablet, además de que no cansa tanto los ojos como la luz azul de las pantallas.
Como pasamos horas frente a nuestras múltiples pantallas, leer un libro que uno pueda agarrar con sus manos significa desconectarse de la digitalizacion y evadirse del mundo virtual.
Tenemos, hoy en día, una pluralidad de soportes, sin embargo la constatación de la decadencia de la lectura, especialmente entre los niños y los jóvenes, es casi universal y se ha demostrado que el abuso de los medios informáticos entre la gente joven les invalida para el acceso a la cultura tradicional. Es notorio que la progresiva disminución de la lectura acarrea como consecuencia cierta superficialidad del ser humano.
Empero, cuando se habla de las diferentes formas de leer hay algo alentador al demostrarse que uno puede seguir leyendo con las dos modalidades.
A la hora de Netflix, de la Playstation, de Facebook, etc. que roban cada vez una fracción mayor de nuestro tiempo, cada persona que lee un libro es una victoria que se debe saborear. Ver a alguien que lee un viejo libro de bolsillo de Neruda debe hacernos feliz de la misma manera que alguien que lee a Stephen King sobre su tableta.
Por el placer y los inumerables beneficios que generan buenas lecturas vale la pena luchar para que los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana tengan acceso a libros y a bibliotecas con buenos contenidos.
El libro desarrolla la imaginación y el sentido crítico. Nos abre al mundo, nos permite saber quiénes somos y vivir mil y unas vidas. La lectura es además un refugio, una pausa en el bullicio, una actividad que se realiza en el silencio y que merma la soledad.
Desarrollé mi gusto por la aventura leyendo los libros de una escritora francesa para niños, T. Trilby, seudónimo de Marie Thérese de Marnyhac, que escribía, entre otros temas, sobre países exóticos y lejanos como la India o Vietnam: Florette o el río de los Perfumes o Mâlasika, pequeño principe indu. De niña tenía una alcancía y juntaba cada franco recibido para comprar el último libro de esta autora y de muchos otros escritores para niños.
El viaje emprendido con la lectura puede ser interior y geográfico, a veces es sencillamente mágico. En estos días de encierro me transporté a Japón, Irán y España con intensidad y en algunos casos con mucha emoción, gracias al poder de las palabras y talento de los autores.
Como dijo últimamente el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire: “la literatura es libertad y la pantalla puede sojuzgar”. La elección está en nuestras manos.
El problema del cuidado se revela como un imperativo moral que Camps sitúa frente a la responsabilidad del Estado de aplicar la justicia. Mientras el primero, debe ser asumido por cada uno de nosotros, la segunda atañe al Estado.
La filósofa española Victoria Camps ha sido entrevistada por el diario El país (23-4-2021) con motivo de la publicación de su libro Tiempo de cuidados.
En la referida entrevista, la catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona subraya la necesidad de replantear nuestra concepción tradicional del cuidado percibido como una acción privada.
Del referido supuesto se deriva la idea de que no todos estamos obligados a cuidar, pues se trata de una cualidad “femenina” e “íntima” que no constituye un deber público. Siendo así, los hombres no tienen el deber de cuidar y el espacio público, históricamente un dominio masculino, se constituye como escenario de competencia y de conflicto.
En la perspectiva opuesta representada por una ética del cuidado, nos encontramos inmersos en una red de interdependencia. Es un tópico de suma importancia en el contexto de una atmósfera cultural que glorifica la individualidad y la autosuficiencia intentando ocultar la condición de vulnerabilidad y dependencia constitutiva de nuestra especie.
El problema del cuidado se revela como un imperativo moral que Camps sitúa frente a la responsabilidad del Estado de aplicar la justicia. Mientras el primero, debe ser asumido por cada uno de nosotros, la segunda atañe al Estado. Este tiene la responsabilidad de configurar el ámbito que posibilite el acceso equitativo a los bienes, pero no puede ejercer el cuidado que nos atañe como personas.
Para desarrollar dicha capacidad se requiere el desarrollo de lo que Aristóteles denominó “el alma sensitiva”, lo que nos remite al reiterado problema abordado en muchos de mis artículos de la “educación sentimental”, una formación que “feminice” nuestro modo de relacionarnos con los otros.
Dos décadas atrás, las compulsas electorales en el subcontinente enfrentaban a partidos o coaliciones de derecha neoliberal contra vetustas organizaciones adscriptas a la socialdemocracia de cuño europeo, pasteurizadas y dóciles frente a las políticas impulsadas por el Consenso de Washington promovidas por el Departamento de Estado.
En el primer decenio de este siglo XXI, se configuraron en América Latina inéditos procesos soberanistas que impulsaron proyectos de integración regional.
Dichas iniciativas motivaron la hostilidad y el literal acoso de sus figuras más representativas por parte de una alianza compuesta por CEOs de empresas trasnacionales, fundaciones tecnocráticas y propaladoras mediáticas disfrazadas de neutrales, todas ellas coordinadas por diferentes agencias gubernamentales del Departamento de Estado.
La segunda ola anti-neoliberal se diferencia de su primera etapa, suscitada a principios de siglo, por el protagonismo de sectores independientes, movimientos sociales, colectivos feministas y pueblos originarios conjugados con la irrupción de una nueva cohorte etaria que articula la cultura y la política en formatos creativos de expresividad callejera.
Todas esas fuerzas sociales coinciden en repudiar las políticas de ajuste y cuestionar de alguna manera a los partidos tradicionales, al tiempo que exigen formas más horizontales de representación política. Las últimas puebladas contra Lenin Moreno en Ecuador, las que arrancaron la elección de constituyentes a Sebastián Piñera y las opuestas al programa de ajuste de Iván Duque –en plena pandemia– se emparentan con la resistencia de las comunidades campesinas ocurridas durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, donde las mujeres tuvieron un rol central.
Los movimientos populares han dado lugar a procesos electorales en los que indefectiblemente ha sido protagonista algún candidato de izquierda, progresista o portador de credenciales nacionalistas revolucionarias. Los modelos de concertación al estilo chileno, en los que la socialdemocracia se aliaba a partidos de centroderecha para administrar –de forma edulcorada– los programas neoliberales, evidencian su agotamiento. Esos signos de pérdida de legitimidad de la partidocracia histórica se observan también en Perú y en Colombia de forma particular. En el primer caso, bajo la evidencia de una fragmentación cariocinética del sistema político –evidenciada en la dimisión de dos Presidentes en los últimos tres años, Martín Vizcarra y Pedro Kuczynski–; en el segundo caso, por la irrupción de un movimiento horizontal que logró imponerle límites a Iván Duque.
Los tres países que han evidenciado claras muestra de resistencia al programa neoliberal se habían mantenido al margen de la primera ola soberanista liderada por Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Lula, surgida durante la primera década del siglo. A pesar de las interesadas interpretaciones de los analistas de la derecha continental, los tres casos se suman –y no relevan ni sustituyen– a los procesos de autonomía que se manifiestan en la actualidad en México, la Argentina y Bolivia. Incluso en el caso de Ecuador, donde ganó en segunda vuelta el candidato de la derecha neoliberal, la primera minoría de la Asamblea Nacional es ocupada por el correísmo, hoy bajo el paraguas partidario de la Unión por la Esperanza (UNES).
En Colombia se cumplieron tres semanas de movilizaciones con una huelga general promovida por los sindicatos, los estudiantes y las organizaciones sociales. El pliego de condiciones que fue entregado al gobierno incluye el inmediato fin de la violencia, la transformación de los organismos de seguridad, la aplicación de una renta básica para las familias pobres y la extensión de los programas de empleo y educación para los y las jóvenes. Hasta el último viernes, los manifestantes lograron derribar el paquete fiscal que contenía un aumento de impuestos a los alimentos básicos y la reforma del sistema de salud que profundizaba una mayor privatización en plena pandemia.
Mientras continúan los emplazamientos de barricadas en diferentes puntos del país, el gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras. Por su parte, en una clara señal de solidaridad con el régimen, el futuro subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, anunció la colaboración de Washington con el mandatario colombiano sin hacer referencia a la represión que se cobró –luego de un mes de protestas pacíficas– más de 2000 víctimas.
Según el Observatorio de Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el último jueves se contabilizan 49 personas asesinadas por parte de los grupos paramilitares, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Además los medios de comunicación coinciden en el número de 124 heridos, 13 personas con daños oculares, 6 hechos de agresión sexual, 726 detenciones arbitrarias, 45 defensores de derechos humanos detenidos o limitados para realizar sus funciones, y 1089 casos de violencia institucional de los organismos de seguridad.
La represión gubernamental se suma a la violencia sistémica que se observa en las regiones rurales, invisibilizada por los medios locales e internacionales que han naturalizado el genocidio por goteo de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios contra las bandas de narcotraficantes apañadas por el Estado. Desde 2016, han sido asesinadxs aproximadamente 900 líderes y lideresas sociales, y se han denunciado 6.042 víctimas fatales, en hechos descriptos como “falsos positivos”, es decir campesinos a los que se masacra y luego se disfraza de guerrilleros para justificar sus muertes. La revuelta colombiana repite algunas características de lo sucedido en Chile en 2019.
En Puerto Resistencia, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Popayán se conformaron grupos de defensa popular que se describieron como integrantes de la Primera Línea, en abierta identificación con sus antecesores trasandinos. Colombia tiene planificadas las elecciones para mayo de 2022. Todos los analistas, incluso los más cercanos al actual gobierno, pronostican un triunfo del candidato de izquierda, Gustavo Petro, en la primera vuelta.
Alamedas grandes
Las elecciones de constituyentes chilenos, llevadas a cabo el fin de semana del 15 y 16 de mayo, su sumaron a las votaciones para nominar a 346 alcaldes, concejales municipales y, por primera vez, gobernadores de las 16 regiones. Los resultados de los comicios sorprendieron a la derecha continental y generaron escozor en la Embajada de Estados Unidos en Santiago: además de la revuelta colombiana, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, de lxs Fernández en la Argentina y del MAS en Bolivia, Perú se debate entre un candidato progresista y la hija de un recluso condenado a 25 años de prisión bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad, a quien ella misma (Keiko Fujimori) anunció, tiempo atrás, que indultará en el caso de ser electa.
Las movilizaciones de 2019 en Chile le arrancaron al gobierno de Sebastián Piñera una elección constituyente que terminó influyendo de forma decisiva en las votaciones electivas locales. Las manifestaciones producidas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 arrojaron un saldo fatídico de 34 personas asesinadas por parte de las fuerzas de seguridad. A eso se le sumaron 500 víctimas con daño ocular y miles de personas detenidas. Los comicios se llevaron a cabo en un contexto de pandemia aún no superada, situación que explica el 43% de participación en un sufragio no obligatorio.
El proceso constituyente busca terminar con la Carta Magna neoliberal impuesta hace 41 años durante la dictadura pinochetista, situación que fue advertida con inquietud por la derecha. Cuando estos últimos sectores no lograron impedir su convocatoria, impulsaron la limitación del tercio, consistente en garantizarse el veto a cualquier modificación profunda una vez que alcanzaran el 33% de los votos. Fracasaron también en ese intento, alcanzando poco menos que un cuarto de los votos válidos.
El sufragio constituyente prefijó, por primera vez en América Latina, la paridad de género obligatoria, que resultó en la elección de 78 varones y 77 mujeres. La participación de activistas feministas fue decisiva, y su performance fue mejor, en términos comparativos, que la de los varones. Los grandes ganadores fueron los independientes –mayoritariamente de izquierda– que obtuvieron 48 escaños. La derecha unificada alcanzó los 37, la lista del Partido Comunista y aliados obtuvo 28 lugares, la socialdemocracia 25 (de los cuales 15 son del Partido Socialista y sólo 2 de la Democracia Cristiana) y 17 correspondieron a los pueblos originarios.
La Convención que reunirá a los 155 delegados deberá debatir una nueva Carta Magna durante 9 o 12 meses, y su resultado volverá a ser aprobado o desechado por un referéndum. Los 17 representantes de los pueblos originarios incluyen a referentes de 9 identidades: aymaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, mapuches, kawashqares, yámanas y rapa nui, habitantes de la Isla de Pascua.
En las elecciones locales, se destacó el sorpresivo triunfo de la economista, feminista y militante comunista de 30 años, Irací Hassler –en la comuna de Santiago centro– quien venció al referente de la derecha Felipe Alessandri, que había proferido insultos misóginos y declaraciones macartistas durante la campaña. También renovó su alcaldía el activista del PC Daniel Jadue, en el municipio de Recoleta, alcanzando el 65% de los votos. Este triunfo lo posiciona como uno de los candidatos a la presidencia. Otros candidatos victoriosos de la izquierda fueron Jorge Sharp en Valparaíso, Carla Amtmann en Valdivia y la integrante del Frente Amplio Macarena Ripamonti en Viña del Mar, después de vencer al candidato de la derecha más rancia, que controló dicha localidad durante 17 años.
En el gran Santiago resta una segunda vuelta, que será el 13 de junio, para dilucidar quién será gobernador. Esa plaza la disputan un referente de la Democracia Cristina, Claudio Orrego, y Karina Oliva, del Frente Amplio, apoyada por toda la izquierda. El calendario electoral continúa el 18 de julio con las primarias presidenciales y parlamentarias, y el 21 de noviembre con la elección para elegir al primer mandatario y a los congresistas.
Déjame que te cuente, limeña
El próximo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial que enfrentará al docente de izquierda Pedro Castillo y a la hija del ex Presidente condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, Keiko Fujimori. Se prevé que el 28 de julio asuma el nuevo gobierno y tomen posesión los 135 congresales electos durante los comicios del 11 de abril.
La candidata de las fuerzas de derecha niega las esterilizaciones masivas a mujeres campesinas impulsadas por su padre –uno de los delitos por los que fue condenado– y propone como jefe de seguridad de su próximo gobierno al militar retirado y ex ministro Óscar Valdez, a quien se responsabiliza por la represión en Cajamarca en 2012, que dejó un saldo de cinco personas asesinadas en el marco de las disputas ambientalistas con las empresas mineras.
La derecha peruana, liderada intelectualmente por el escritor Mario Vargas Llosa, considera que un triunfo del maestro rural haría de Perú un país inviable. La trayectoria de Castillo se remonta a 2017, cuando lideró una huelga de docentes durante 75 días, exigiendo mejores condiciones laborales. Entre los integrantes del equipo técnico del candidato de izquierda figura el ex fiscal supremo Avelino Guillén, quien fuera el responsable de la acusación realizada contra el padre de Keiko, que motivó su posterior condena.
La candidata de Fuerza Popular tiene un currículum original. El 10 de octubre 2018 fue detenida por haber recibido un millón y medio de dólares de aportes de la empresa Odebrecht para su campaña electoral de 2011. Tres meses después fue liberada bajo fianza. El 28 de enero de 2020, el juez Víctor Zuñiga Urday volvió a dictar su prisión preventiva y el jueves 30 de abril de ese año logró acceder al beneficio de la libertad bajo fianza. El 11 de marzo de 2021 el fiscal especializado en crimen organizado, José Domingo Pérez Gómez, le solicitó al tribunal que la actual candidata fuera condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por lavado de activos, obstrucción a la justicia y falso testimonio. La instrucción por dichos delitos se suma a otros procesos en curso como la recepción de aportes para su actual campaña proveniente del narcotraficante Eudocio Martínez Torres.
Es la primera vez en la historia del Perú que una imputada por delitos de esa envergadura –con fuerte apoyo del mundo empresario y de la embajada de Estados Unidos– compite por ocupar la Casa de Pizarro, nombre del palacio presidencial. Los medios concentrados del Perú no parecen turbados por dichos antecedentes. La izquierda, aunque ética, siempre es más peligrosa que la derecha corrupta.
Existen dos razones sustanciales por las que Castillo se ha convertido en el enemigo declarado del establishment: su propuesta de reactivar las reformas agrarias planteadas medio siglo atrás por el general Juan Francisco Velazco Alvarado, y su decisión de poner fin a los acuerdos que han permitido, desde 1983, el establecimiento de tres bases del Comando Sur en Perú (NAMRU 6), ubicadas en el Hospital Naval de Lima, en la Clínica Naval de Iquitos y en la zona portuaria.
Desde hace un lustro, los grupos concentrados y las fuerzas armadas se resisten a darle tratamiento al Acuerdo de Escazú que habilitaría –por parte del Congreso– las fiscalizaciones de las actividades que realiza la NAMRU 6 en la zona del Amazonas peruano.
Los tres procesos se dan en el contexto de la peor crisis económica transitada en América Latina durante el último siglo, mientas la pandemia incrementa diariamente la pérdida de vidas sin que los países centrales se decidan a liberar las patentes o agilizar la producción y/o la provisión de los principios activos de las vacunas. La región enfrenta la emergencia sanitaria después de que el neoliberalismo desmanteló los pilares del Estado de Bienestar, privatizó la salud, arrasó con los derechos sociales y produjo niveles de desigualdad inéditos.
Los modelos culturales que legitimaron la austeridad, la devastación de las capacidades estatales y la financiarización de las economías habilitaron la obscena acumulación de riquezas en porcentajes ínfimos de la sociedad y la correspondiente marginación de las mayorías. Las consecuencias de estas políticas son hoy palmarias: niveles crecientes de precarización acompañados por discursos xenófobos, misóginos y racistas.
A principios del siglo XXI, los analistas proyectaban un siglo pavimentado de neoliberalismo, fin de la historia y prevalencia del mercado por sobre la política. Por aquella época, también, el panameño Rubén Blades cantaba su tema profético: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.
*Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
La crisis actual no es una crisis financiera causada por la pandemia, sino que tiene un carácter multidimensional y de largo plazo.
¿Puede la comunidad internacional –incluidos los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores– mantener su promesa y cumplir con las “audaces” declaraciones del G20, los compromisos de la Agenda 2030 de la ONU, el Acuerdo Climático de París y la propia hoja de ruta de la OIT para un futuro del trabajo centrado en el ser humano?
La preocupación es cómo puede aprovecharse el período posterior a la Covid para repensar y construir un futuro más equitativo y sostenible. El año 2021 parece prometedor, con el despliegue de las vacunas, los signos de recuperación económica en algunas regiones y el fortalecimiento del multilateralismo.
“Se ha hablado mucho de cómo la pandemia del COVID-19 no es sólo un período de terrible crisis, sino también un momento para reajustar, repensar y construir un presente más equitativo y un futuro sostenible”, señaló Mariana Mazzucato , catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres, en la segunda de la serie de charlas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La cuestión ahora es si los discursos sobre la reparación de los fallos socioeconómicos de la historia reciente, y el tratamiento serio del cambio climático, conducen a un recambio real en la elección de políticas.
Siguen existiendo grandes retos, como garantizar la implantación de vacunas a nivel mundial, cerrar las brechas de financiación en los países más pobres, reducir las desigualdades de ingresos y oportunidades y apoyar recuperaciones económicas sostenibles que protejan a las personas y al planeta.
El capitalismo, ¿cambia?
En el panorama actual de los organismos internacionales nos encontramos con diferentes teorías semánticas de la verdad, en cuyo interior se crea una fuerza ilusoria y una intención comunicativa, desde la cual se pueden reinterpretar los principios clásicos de la anfibolia o restricción mental, es decir las respuestas con doble sentido, el mal menor o las mentiras piadosas.
Este es un ejercicio dialéctico que soslaya en cierta forma las consecuencias reales que originan y agudizan las dificultades actuales. Mucho suena a las viejas teorías reformistas, imbuidas de metáforas sobre el capitalismo con justicia social o el capitalismo con rostro humano.
Sin embargo, más allá de la pandemia de la Covid 19, el capitalismo neoliberal afronta una crisis general que interpela profundamente acerca de seguir otorgando primacía a los intereses del capital o poner en el centro la necesidad de mejorar sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población y de garantizar la reproducción de la vida humana en simbiosis con su entorno planetario.
Pero la realidad nos indica que todas las iniciativas -en mayor o menor grado- tienden a la continuidad, hacia la aplicación de programas de rescate de empresas, o mejor dicho, de empresarios y sus monopolios y oligopolios, en respaldo al proceso de concentración y centralización de capital, subyacente a la crisis.
Este camino significa mantener indemnes algunos de los soportes claves de la acumulación mundial centralizada, como la extenuante explotación del trabajo inmediato —aunado a la tentativa de controlar el trabajo científico-tecnológico— y la depredación del medio ambiente, y sólo plantea regular la especulación financiera desorbitada, lo cual puede derivar en un neoliberalismo regulado por el Estado.
La otra opción significa colocar en el centro el sistema de reproducción de la vida humana en el planeta, dentro del proceso imbricado en el metabolismo social humanidad-naturaleza. Pero esta alternativa entraña la necesidad de generar cambios profundos en las estructuras de la sociedad capitalista y en el entramado institucional y político que le da soporte, en beneficio de la mayoría de las clases sociales.
Esta mayoría ha sido paulatinamente despojada de sus medios de producción y subsistencia, expuesta a condiciones altas de explotación laboral, excluida de los procesos de producción social y generación de conocimiento, confinada a espacios de hacinamiento y servicios precarios, expuesta a la compra de alimentos y medicinas caras, pese a su abundancia en el mercado.
A ello hay que sumar el hecho de que la violencia social y estatal se ha desatado por todos los rincones del planeta y la militarización ha significado en distintos ámbitos geográficos una escalada mortal.
Esta opción no se inscribe en un abstracto humanitarismo, que no identifica las relaciones de conflicto y desigualdad prevalecientes en la sociedad capitalista, sino que reclama la necesidad de ir al fondo del problema y plantear estrategias pos-neoliberales y pos-capitalistas, porque, al final de cuentas, bajo el comando del gran capital transnacional no hay opciones viables para la mayoría de la población, a pesar de los cantos de sirena.
La actual crisis del capitalismo mundial está circunscrita en la órbita económica y, más precisamente, en la financiera. La tónica actual- a pesar del sinnúmero de recomendaciones- sigue siendo la de garantizar la solvencia y riqueza de empresarios y accionistas, y no el rescate de empresas, empleos y población excluida y desposeída.
Por eso es imprescindible el análisis crítico de la crisis del capitalismo contemporáneo que supere la visión dominante, que la caracteriza como una crisis financiera, causada por la pandemia, a fin de vislumbrar sus causalidades históricas, estructurales y estratégicas, y tomar conocimiento de su carácter multidimensional y de largo plazo.
La crisis actual
La crisis actual se presenta, al igual que otras crisis del sistema, como una depresión de la economía mundial que fractura el proceso de valorización luego de una severa caída general de la tasa de ganancia y posterior a un período con altas tasas de ganancia merced a mecanismos como la desvalorización laboral, abaratamiento de recursos naturales, financiarización de la economía y transferencia de excedentes de la periferia hacia el centro del sistema.
Pero más allá de la crisis de valorización, también se trata de una crisis civilizatoria que pone al desnudo los límites de la acumulación mundial centralizada, basada en la superexplotación laboral, la devastación ambiental y la financiarización de la economía mundial.
La idea es que tras la actual depresión de la economía mundial subyace una crisis multidimensional de gran profundidad, amplitud y duración que pone en predicamento el proceso de metabolismo social, con lo que no sólo vulnera las principales fuentes de la riqueza social (humanidad y naturaleza), sino que también pone en serio peligro la vida humana en vastas zonas del planeta.
El análisis predominante de la crisis contemporánea está orientado a preservar al sistema capitalista y a rescatar a los grandes capitales centrales. La visión dominante sigue presentando a la globalización como un fenómeno de alcance mundial inevitable, sin alternativas, y al cual hay que asumir como un reto.
Eso si, siempre con la misma receta: apertura de los mercados, ofrecer condiciones idóneas a la inversión extranjera y afrontar el reto de la competitividad, donde el Estado debe generar un clima favorable a los negocios, particularmente a las grandes corporaciones multinacionales, abaratar la fuerza de trabajo ya barata, transferir recursos públicos al sector privado, exonerar de impuestos, además de implementar una estrategia de venta de la ciudad y el territorio, donde priman los intereses del capital, y no los de la población.
Este tipo de políticas se aplican indistintamente por gobiernos de derecha, centroizquierda e izquierda, salvo algunas excepciones de los que intentan resistirse al neoliberalismo y ejecutan políticas que pueden ser designadas bajo el concepto de nacionalismo radical.
Lasuperexplotación del trabajo y la exclusión social
Sin dudas, la pandemia del Covid 19 está exacerbando las desigualdades ya existentes, desde enfermar del virus hasta mantenerse vivo o padecer dramáticas consecuencias económicas.
La propia OIT señalaba que a nivel mundial, dos mil millones de trabajadores (as) equivalente al 61,2% de la población mundial empleada, trabaja en el sector informal. Por lo tanto tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud con la pandemia, al carecer de la protección apropiada, desde mascarillas, desinfectante y en ocasiones suministro público de agua.
Pero desde una perspectiva cruda, para el capitalismo, la única crisis que tiene relevancia es cuando se presenta una caída general en la tasa de ganancia, porque significa una crisis del proceso de valorización, es decir, una fractura en las dinámicas de financiamiento, inversión, producción, distribución y consumo.
Poco importan las diversas expresiones de crisis humanitaria, como la pobreza, desempleo, hambrunas, enfermedades. En todo caso esos son daños colaterales, que eventualmente pueden resarcirse cuando se recomponga el ciclo natural de los negocios.
La superexplotación del trabajo significa no sólo la contención salarial y el empobrecimiento familiar, sino también la exposición a riesgos y peligros laborales, el desgaste prematuro de la fuerza laboral y la posibilidad de ser despedido y excluido de la órbita de la producción y el consumo.
No obstante, bajo el influjo del capitalismo neoliberal han recrudecido los problemas sociales, al punto en que se pone en riesgo, cuando menos en vastas zonas del planeta, la existencia y reproducción de la vida humana. El rasgo consustancial al capitalismo neoliberal es la insustentabilidad social.
La globalización neoliberal da origen a la economía mundial del trabajo barato que convierte a los países en vías de desarrollo , emergentes o simples subdesarrollados, en exportadores de gente. La expansión de la fuerza de trabajo acompañada de la política de precarización laboral, no significa otra cosa que la sobreoferta de trabajo a disposición del gran capital.
Bajo la égida de este modelo civilizatorio basado en la destrucción, la vida humana se convierte en un recurso desechable, en el cual se implementan modelos de gestión laboral, que conducen a la explotación extenuante del trabajo, que incluye la disminución salarial, la inseguridad laboral, políticas de subcontratación y las políticas de flexibilización y precarización laboral.
Para concluir, es importante tomar nota de que las crisis pre y pos pandemia no han significado, ni significan por sí solas un descarrilamiento del modelo neoliberal, ni el deterioro de su fundamento teórico.
Todo lo contrario, se refuerzan los mecanismos de poder, se le confiere el respaldo político al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio, a la vez que el neoclasicismo neoliberal sigue siendo el pensamiento dominante en el mundo académico y los programas de ajuste estructural continúan influyendo en gobiernos de derecha, centro y centroizquierda.
En su formulación ideológica, el neoliberalismo reniega de la regulación estatal sobre el mercado. En la realidad, el Estado es un agente central para que el proyecto que representa el neoliberalismo pueda implantarse y expandirse.
Internet nos esta convirtiendo, y especialmente a nuestros hijos, en cabezas de chorlito acelerados e incapaces de meditaciones profundas[1] .
Una característica común en la juventud es su capacidad de rebeldía contra los abuso del poder. Actualmente, por ejemplo, esa facultad humana es mostrada por los jóvenes palestinos y colombianos que no aceptan sumisos las atrocidades de que son objeto. En México, los normalistas de Mactumactzá y Ayotzinapan son quienes, al considerar que “El que ve la injusticia y no la combate, la comete”[2], la expresan dignamente. Conscientes de su condición saben que estudiar no es (exclusivamente) un ACTO DE CONSUMIR ideas sino de crearlas y recrearlas (Paulo Freire).
Esta clase de juventud es un peligro para la permanencia del Sistema depredador. Por esa razón, a través de las redes, centros escolares, tv, radio, cine intentan eliminarle su CAPACIDAD de INDIGNACION extrayéndoles el sentido de solidaridad para con el débil. Utilizando el internet, los monopolios del entretenimiento y la “educación” formal, los señores del capital lograron distorsionar en millones de jóvenes el sentido de colectividad, sustituyéndolo por un individualismo extremo basado en la CODICIA. Con ese propósito, la reforma educativa neoliberal reformó las leyes relativas a la Educación que permitieron crear más normales particulares y recortar el presupuesto a las públicas. Se favorecieron los “valores” empresariales de COMPETENCIA y EMPRENDEDURISMO[3] en detrimento del trabajo, el amor a la Patria y el respeto por el otro.
A la generación nacida entre 1980-1996, (millennial) y posterior, desde el nivel básico hasta el superior les repitieron incesantemente que ser pobre es decisión personal; que las “oportunidades” siempre están al alcance de TODOS, ¡por igual!; que su pobreza es culpa propia porque no supieron aprovechar las oportunidades para ser EXITOSOS; o que no fueron suficientemente “valientes” para asumir los riesgos de enriquecerse sin medida.
Dicho discurso, acompañado de una parafernalia visual y auditiva, promueve a personajes famosos por su riqueza como modelos a seguir. Con esa basura nutren diariamente el espíritu de quienes aspiran ser TRIUNFADORES en la vida persiguiendo la acumulación monetaria. Los pocos que logran convertirse en millonarios estafando al prójimo, tarde se dan cuenta del mal que se ocasionan a sí mismos y a los demás. Rechazan o desconocen lo que escribió antes de morir el prototipo mundial del emprendedor exitoso, Steve Jobs[4]: “No dejar de perseguir la riqueza, sólo puede convertir a una persona en un SER RETORCIDO, igual que yo”. Steve sacrificó sus sueños dedicando su existencia a la acumulación … de cosas materiales. Su carta publicada póstumamente demostró cuan destructivo resulta tal aspiración.
Por otro lado, quienes no logran salir de su pobreza a pesar de intentarlo, sufren un proceso de autoinmolación psicológica, autoculpándose de su condición de “perdedores”. Su enemigo ya no es quien causa su pobreza sino ellos mismos; o, si acaso, el colega, el amigo, el compañero; el hermano de clase.
Con el internet, esa perversa manipulación se amplió abrumadoramente impactando el cerebro de niños, jóvenes y adultos con misiles de alta precisión provocándoles confusión, miedo, desconfianza y una sensación de vulnerabilidad total. Es un modo efectivo de romper los lazos comunitarios. Los monopolios de Facebook, Google, Amazon, tweter y Apple son ahora las cárceles donde aprisionan la mente de millones de usuarios. Basta ver el documental “El dilema de las redes sociales” o leer el libro “Superficiales” de Nicholas Carr, para descubrirlo. El intenso flujo de imágenes, sonidos y datos, logran dejar al internauta sin posibilidad de desarrollar un pensamiento profundo. Ya bloqueada su capacidad de concentración y reflexión, termina transformado en un Ser tan SUPERFICIAL que hace de la ignorancia, la estupidez y la incultura, antes vergonzantes, ufanas preseas.
Pocos internautas superan su indiferencia ante las injusticias. Decía Héctor Suárez que la mayor muestra de rebeldía de algunos mexicanos es gritar “¡puto!” a un jugador, desde el anonimato que permite la muchedumbre alcoholizada en las tribunas de un estadio de futbol. Algo no esta bien en la red, pues a pesar de la enorme disponibilidad de información está procreando más analfabetas funcionales que sabios. El acto de comprar (compro luego existo, Guadalupe Loeza) se convierte esencialmente en un evento de realización personal. Las actividades de dormir, consumir chatarra y chatear así como las actividades extremas y explosivas complementan ese falso sentido existencial.
Resulta natural que así sea, pues el Sistema mercantilista, al mismo tiempo de vaciarles el cerebro, les estimula el deseo obsesivo de poseer cosas, sin trabajar. Ya desposeídos de su voluntad de SENTIDO del SER, los jóvenes son sumergidos en la SUPERFICIALIDAD total resultando incapaces de luchar por un ideal fundado en el esfuerzo honesto y desinteresado.
Le propongo un ejercicio para indagar que tanto se encuentra afectado por la SUPERFICIALIDAD. Si contesta afirmativamente las preguntas siguientes, ya no indague más la causa de su frustración:
¿Intenta transformar su dolor o culpa en algo positivo dañando a otros? ¿Piensa que perder dinero es una tragedia? ¿Su prioridad es ser admirado y obedecido? ¿Busca con delirio el placer y el ocio? ¿Las causas sociales son causas perdidas? ¿Cree merecer todo sin dar nada a cambio?[5].
Por supuesto, hay padres que se ocupan de sus hijos supervisándoles el uso de internet y demás tecnologías digitales, les enseñan a respetar lo ajeno, trabajar, leer libros y amar su cultura. Son jóvenes que caminan por el mundo levantando en alto la utopía de sus sueños o la posibilidad de invertir la pirámide de la ignominia globalizada. Como ya se dijo en el inicio, en México, los normalistas de Ayotzinapa y Mactumactzá son ejemplo de esa hermosa juventud rebelde.
[1] John Horgan; Wall Street Journal. Tomado del libro “Superficiales“ de Nicholas Carr, pág. 4.
[2] Frase escrita en el patio central de la Escuela Normal de Ayotizinapan.
[3] Palabra derivada del término anglosajón “entrepreneurship”.
[4] Empresario en el sector informático y la industria del entretenimiento estadounidense. Cofundador y presidente de Apple. Máximo accionista de The Walt Disney Company. https://www.youtube.com/watch?v=K9vmAd45lHw (1955-2011).
[5] Preguntas elaboradas con base al libro de Víktor Frankl, titulado “En el principio era el sentido”
Fuente e imagen: https://insurgenciamagisterial.com/dominados-por-la-superficialidad/
No veo sentido a recordar el 15M si no es para tratar de prolongar su energía, su potencia de escándalo y desorden. ¿Dónde radica a día de hoy? En un punto de vista. El 15M es un corte histórico intempestivo que nos ofrece una perspectiva para pensar la política española. Una perspectiva, un espacio para ver y oír, que se abre con el siguiente grito: “lo llaman democracia y no lo es”. Esa afirmación nos hace en primer lugar una pregunta: si no es democracia, ¿entonces qué es? ¿Y de dónde viene?
La democracia española, configurada en el proceso de transición, es un tablero político cerrado: la capacidad de acción y decisión sobre lo común se restringe a los partidos, los límites de lo posible cristalizan privilegios blindados de oligarquías políticas y económicas, y por encima de todo pesa una amenaza: “es esto o el caos”. Democracia restringida, limitada y disuasiva: el 15M no se queda enroscado en la denuncia o la crítica, ni tampoco imita en espejo aquello que desafía, sino que abre espacios para experimentar otros modos de organización y otras relaciones humanas. Espacios donde vivir una democracia real ya.
Contra la política restringida a los partidos, el 15M propone la activación de la gente común y cualquiera, sin títulos para gobernar. Mientras que la polarización del tablero nos tienta a ver el mundo desde los términos predeterminados del bando de nuestra elección -PP o PSOE, izquierda o derecha, gobierno u oposición-, el 15M inventa un lugar donde sentir, pensar y actuar con autonomía. Un espacio que no vende promesas o soluciones, ni tampoco pide adhesiones, sino que invita a cualquiera a elaborar preguntas y acciones sobre la vida común.
Contra el acaparamiento de la vida pública por oligarquías políticas y económicas, el 15M cuestiona la falta de demos de la democracia restringida. La alienación política sacraliza lo que sólo son momentos y herramientas: Constitución, instituciones, leyes. Niega y reprime la potencia instituyente -nuevos problemas, nuevos usos, nuevas libertades- en nombre de lo instituido. Convierte al pueblo en espectadores y votantes. En la democracia real ya, practicada por el 15M en plazas y mareas, las normas que regulan la vida en común deben poder ser revisadas y modificadas siempre por lo común, por el demos.
Contra la amenaza permanente del caos, el 15M presenta el conflicto como motor democrático. Son los conflictos, cuando están animados por una perspectiva igualitaria (movimientos de trabajadores, mujeres, minorías), los que han traído siempre más justicia al mundo. Pero nuestra democracia los teme como al diablo y asimila cualquier tumulto a la catástrofe. La derecha agita el miedo (separatismo, comunismo bolivariano) y la izquierda el miedo al miedo (fascismo, extrema derecha). Pero ambas conciben la democracia como algo acabado y que sólo cabe preservar. El 15M plantea una democracia en movimiento y siempre por hacer, capaz de responder creadoramente a los conflictos sociales.
“Democracia o fascismo” es una falsa alternativa. El consenso democrático se define desde la transición como la superación del “estado de guerra” entre españoles, pero todo el rato nos amenaza con volver a él si desafiamos lo establecido. Vox no es “lo otro” de la cultura consensual española, sino la radicalización de la amenaza. Un franquismo de retaguardia siempre listo para asegurar los límites cuestionados. Del terror a la disuasión (y vuelta): el miedo sigue en el centro de la vida colectiva. Es el bucle del laberinto español.
La fuerza del 15M -política de cualquiera, potencia instituyente, conflicto igualitario- se perdió en el pasaje posterior a la representación. Con la “traducción institucional” de 15M por parte de Podemos se vuelve al código de la política convencional: la jerarquía de los que saben, la producción de espectáculo y espectadores, el alejamiento de los territorios de la vida, la subordinación al tiempo mediático de la coyuntura, la retorización y verticalización de la política.
Un mal traductor es el que sólo escucha el signo (lo que se dice) y pierde de vista el ritmo (lo que se hace al decir). La traducción institucional retomó algunas de las demandas del 15M pero borró por completo su energía y vibración propias. El 15M se convirtió de ese modo en un objeto de referencia y ya no un modo de hacer y pensar. En un elemento retórico en la “producción de relato” en que consiste hoy la política a izquierda y derecha. ¿Será la salida de Pablo Iglesias una ocasión para repensar la acción política o simplemente para reajustar el relato?
El laberinto de la política española nos reclama alternativamente como “soldados” y como “víctimas”. Soldados: carne de cañón manipulable a voluntad en las disputas de poder entre partidos. Víctimas: masa temerosa que se resigna al estado de cosas o se moviliza desde el odio y el resentimiento. Ni soldados ni víctimas, sino personas capaces de sentir con su propio corazón y pensar con su propia cabeza sin delegar en ningún comité central (político o mediático), capaces de hacerse cargo en común de lo común y de una política afirmativa. Es la propuesta siempre actual del 15M: otro pueblo para otra democracia, no basada en el miedo de la gente ni en el miedo a la gente.
Por: Ana Esther Ceceña, Josué García Veiga. 22/05/2021
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19… Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
El presente trabajo expone los principales usos tecnológicos digitales con fines de control y vigilancia que han sido implementados en América Latina y el Caribe como resultado del combate a la covid-19. La muestra es evidencia de una amplia y variada instrumentalización de distinta intensidad y alcance por país en la región.
Desde Chile hasta México, pasando por Honduras y República Dominicana la emergencia sanitaria es utilizada como discurso para justificar el aumento de dispositivos digitales. En función de lo anterior existen diversos ensayos y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial, cámaras con sensores térmicos, uso de drones, técnicas de geolocalización y desarrollo de programas para móviles (apps) entre otros, para múltiples fines: desde el rastreo de la covid, la detección de contagios y el seguimiento de contactos, hasta la supervisión de medidas de distanciamiento social, confinamiento, control de la información digital y automatización de prácticas médicas en diagnósticos y otros servicios relacionados.
Cabe señalar que las clasificaciones presentadas siguen la propuesta original de Whitelaw et al. (2020) publicada por la revista Lancet Digital Health y ha sido complementada con otros importantes esfuerzos de sistematizar el creciente avance de estos dispositivos, entre los que destacamos: el Covid Tracing Tracker del MIT (2020), el informe especial de Freedom on The Net 2020, The Pandemic´s Digital Shadow (Shahbaz y Funk, 2020), COVID-19 Digital Rights Tracker por TOP10VPN a cargo de Andrew Dwyer (Woodhams, 2020), la iniciativa Pandemic Big Brother (2020), el compendio de Naciones Unidas sobre iniciativas gubernamentales digitales (UN, 2020) y Fighting the Global Covid-19 Power-Grab de Privacy Internacional (2020).
La tabla es un avance en el estudio de las distintas tecnologías y su implementación por país. No obstante, debe subrayarse que su función es meramente analítica ya que su aplicación en cada país trata de una mezcla complementaria entre tecnologías y dispositivos.
Las estrategias de rastreo de la covid emplean análisis de big data y algoritmos de inteligencia artificial en conjunto de teléfonos celulares, aplicaciones digitales (apps), redes sociales, pagos con tarjetas u otros dispositivos para obtener datos en tiempo real de la ubicación de los casos positivos o posibles contagios y así determinar el avance del virus al interior de los territorios. En Argentina, la firma GranData proyecta mapas de calor diseñados para monitorear el cumplimiento de la cuarentena, basándose en información de ubicación georreferenciada recopilados por terceras apps digitales (PI, 2020). El rastreo en ocasiones se realiza mediante la información que gestionan las corporaciones de telecomunicaciones, en Chile el análisis de big data de dos empresas que integran Atelmo (Entel y Movistar) en conjunto con las Universidades de Chile y del Desarrollo, utilizan la información agregada de la red para crear mapas de calor que reflejen el nivel de movilidad por comunas.
El uso de cámaras térmicas y algoritmos de reconocimiento facial son instaladas en espacios generalmente públicos, altamente concurridos, con el objetivo de detectar patrones entre las personas que correspondan al perfil de un caso positivo: como la alta temperatura corporal. El metro de Panamá instaló cámaras térmicas en sus estaciones para detectar a viajeros con posible infección de SARS-CoV-2, se trata de cámaras con sensores infrarrojos a la entrada de las estaciones, en el área de los molinetes de acceso, para detectar personas con alta temperatura, que generen sospechas de contagio (Infobae, 2020). En la Ciudad de México el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las cámaras cuentan con algoritmos de reconocimiento facial e inteligencia artificial y en tan solo 2 segundos pueden detectar la temperatura corporal de 15 a 30 personas simultáneamente mientras éstas transitan a lo largo de los pasillos (Staff High Tech Editores, 2020). Asimismo, se instalan cámaras en los sistemas de transporte público como los autobuses de Buenos Aires y Bogotá, y en los aeropuertos de las principales ciudades (como Sao Paulo y los nuevos equipos en el San Salvador).
En el caso de Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 ha implementado algoritmos de IA desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada Distancia2, que sirven para analizar las imágenes provenientes de las cámaras y medir la distancia entre las personas para así evitar posibles contagios. La información es utilizada para actualizar de manera automática los indicadores de movimiento y mapas de calor (Riobo, Márquez y Calatayud, 2020).
Los dispositivos digitales también son implementados para garantizar el cumplimiento de medidas de cuarentena y aislamiento social. En Ecuador, el 17 de marzo de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que por decreto oficial el gobierno comenzaría a utilizar el rastreo por satélite para garantizar que los ciudadanos no traspasen la “valla epidemiológica”[1]. Otro caso es el acuerdo firmado por el gobierno de Río de Janeiro y la empresa de telecomunicaciones TIM para utilizar datos de geolocalización de sus suscriptores con el fin de monitorear el cumplimiento de las restricciones de aislamiento.
Se debe agregar que también los drones son utilizados para vigilar el movimiento de los cuerpos, detección de infecciones y más comúnmente en labores informativas. En marzo de 2020 el Gobierno brasileño decretó el cierre temporal de la frontera con Uruguay como medida preventiva ante la pandemia y la 3era Brigada de Caballería Mecanizada del Ejército Brasileño voló un dron (DJI Mavic Mini Fly More Combo) para patrullar desde los cielos los límites fronterizos (Valadares, 2020). Similar al uso policiaco de drones en Chaltenango, El Salvador para verificar la movilidad de las personas y vehículos en las calles y carreteras del país (Policía Nacional Civil, 2020). En el caso de la Policía Metropolitana colombiana en conjunto con las autoridades sanitaras, los drones cuentan con cámaras térmicas que pueden detectar durante el día o la noche la temperatura corporal de individuos o grupos de personas que transitan calles públicas (Almenara, 2020). En otros casos vemos también su implementación en operaciones informativas con mensajes de audio transmitidos por medio de altavoces que sirven para comunicar las medidas gubernamentales (como el caso de Brasil, México, Ecuador, Colombia y Paraguay).
La situación de emergencia resalta la importancia no sólo de contar con información precisa y actualizada sino también de gestionarla y controlarla. En este caso vemos a los organismos internacionales, instituciones de salud, corporaciones y estados que se encargan de velar por la información avalada como “oficial” y verídica frente a las disonantes versiones que son descalificadas como distorsiones o fake news. En algunas ocasiones esto cuenta con el apoyo jurídico legal estatal, como el Decreto Supremo 4200 en Bolivia bajo la presidencia de Jeanine Áñez, que de manera ambigua y sin definición clara criminaliza toda actividad en-línea que sea considerara como “desinformación” o actos que “generen incertidumbre a la población” (Human Rights Watch, 2020).
El uso de programas digitales (apps) para dispositivos móviles destacan por su gran popularidad. El desarrollo y diseño de estas apps es atractivo por sus bajos costos, alta versatilidad para muchas funciones y su facilidad de reprogramar. Tomemos como ejemplo la app EDUS en Costa Rica que permite a los doctores acceder al expediente médico de los pacientes en tiempo real, garantizar un análisis completo del historial médico de los pacientes y determinar el tratamiento específico para cada problema de salud; además, permite un monitoreo de las distintas fases de la enfermedad para visualizar su evolución y detectar progresos o dificultades. Adicionalmente la app permite a los pacientes la revisión de medicamentos, solicitar y reservar citas médicas en los centros de salud cercanos o directamente en los hospitales (Solís, 2020). Estas apps pueden ser útiles como medio de difusión de información oficial (en el caso de las apps gubernamentales), más aún para recopilar información sensible y personal que en la mayoría de los casos realizan de manera automatizada diagnósticos con base en los propios síntomas reportados por los usuarios. La tabla 2 registra 16 países de la región que cuentan con apps digitales con los servicios de información médica y encuestas de síntomas para autodiagnóstico. En Cuba el gobierno promovió el uso de una app desarrollada por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Computación que colaboraron con el Ministerio de Educación Superior de Cuba, el Ministerio de Salud Pública y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA con el objetivo de identificar en tiempo real aquellas personas que se auto-diagnosticaron con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad, esto se realiza gracias al llenado y envío de formularios por Internet, que posteriormente son procesados y trasladados a los centros de salud (Freedom on the Net, 2020). En Ecuador, la app gubernamental SaludEC permite a los usuarios informar sus síntomas y conectarse con los servicios de salud, la app solicita permiso para acceder a la ubicación GPS y requiere que los usuarios proporcionen información de identificación confidencial. México también cuenta con un cuestionario de detección de covid-19 que recopila información personal sensible que puede ser transferida a las autoridades federales y locales.
Entre otras aplicaciones digitales que apoyan el trabajo médico de automatizar diagnósticos son los bots virtuales como R.O.S.A. (Respuesta Operativa de Salud Automática) en Panamá que gestiona consultas digitales vía WhatsApp y mediante la línea 169 ayudando a filtrar los pacientes que presentan síntomas relacionados con la covid-19 para ser remitidos a una atención médica; adicionalmente puede responder dudas sobre la enfermedad y el virus SARS-CoV-2 (Fundación Carlos Slim, 2020). También “Aurora” un bot desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana que provee información a la población sobre la covid y conecta con más de 200 médicos, a través de herramientas sociales como Whatsapp y Telegram, permitiendo a los ciudadanos realizar video llamadas y obtener asistencia general vía telefónica o texto. En tan solo menos de 24 horas de lanzada, se reportaron más de 26 000 interacciones y 17 días después, 183 860 (Cruz, 2020).
Adicionalmente las apps pueden ser complementadas con algoritmos que registren aquellos casos confirmados de covid para dar seguimiento y alerta a sus contactos considerados como posibles contagiados. En la región identificamos al menos 6 países donde las apps digitales presentan opciones de seguimiento de contactos (Brasil, Ecuador, Haití, México, Perú y República Dominicana). A pesar de que se ha señalado que estas apps tienen un bajo uso y en muchos casos se trata de aplicaciones voluntarias, nos es importante resaltar el ejercicio como un ensayo inédito de gran alcance regional en tan poco tiempo, que muestra posibles rutas para futuras experiencias de vigilancia digital.
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19 o de cualquier otro padecimiento generalizado que requiera un monitoreo preciso. Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
Los datos recopilados sirven para elaborar los mapas epidemiológicos que ayudarán a controlar al virus pero que pueden servir a fines diversos, sean comerciales (como ofrecer servicios privados o medicamentos de patente una vez que se conoce el estado de salud del individuo), o de vigilancia.
De hecho, se podría decir que mediante estas tecnologías se está estableciendo un panóptico global (un big brother) en el que todos los individuos quedarán expuestos a procedimientos de control y disciplinamiento diversos que, de conformidad con los estilos políticos en cada lugar, podrán ser abiertamente represivos o adoptarán estilos consensuales. Los dispositivos digitales de vigilancia implementados por requerimientos médicos se ven entremezclados con rasgos sociales, políticos y culturales situados, específicos de las relaciones de poder de cada territorio en concreto.
En realidad desde el momento en que los individuos incorporan voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil, están aceptando someterse a una autoridad superior y a normas y políticas no decididas por ellos. El problema es que no incorporar la aplicación equivale a quedar excluido de las fuentes de información que le permitirían tener un criterio propio sobre el caso. De esta manera sirven para generar nuevos patrones de identidad y sometimiento, generar criterios de clasificación (exclusión e integración) y códigos de acceso para restringir o permitir la movilidad de los cuerpos.
En principio son los gobiernos, y a la ocasión las autoridades de salud, quienes estarían dictando las reglas y procedimientos a seguir en esta circunstancia, pero los datos se están registrando no sólo por ellos sino por las autoridades de control de población en general, incluidas las de seguridad. O sea, que la angustia sobre la pandemia, justificada y compartida, es la puerta por la que se proporcionan informaciones privadas a bancos de datos que no se sabe quién procesa, controla y utiliza y que tienen propósitos diferentes que los de salud.
Más aún, si bien las aplicaciones pueden ser desarrolladas localmente, el destino final de los datos son las grandes y poderosas plataformas digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (gafam), que no pueden ser controladas ni por los gobiernos particulares ni por los usuarios. Por supuesto aquí hay toda una discusión sobre diferentes medidas para poner límites al poder que tienen estas plataformas, a las que habría que agregar su vínculo con el Pentágono, pero por el momento tienen la capacidad no sólo de ser las depositarias de la información recopilada y poderla procesar o utilizar como mejor convenga a sus intereses empresariales, corporativos y políticos, sino que tienen también el poder para simplemente desconectar a un país entero en caso de que quiera ponerles límites y restricciones (ver el reciente caso de Australia).
La información será presumiblemente usada para una variedad de derivaciones comerciales que la aprovechan para el control y manipulación de las emociones, deseos, gustos y rechazos de los individuos ante estímulos digitales (ver el film testimonial Los dilemas de las redes sociales) con el propósito de inducir el consumo. Pero también se sumará a las manipulaciones políticas que pueden buscar orientar preferencias electorales, la criminalización de ciertos comportamientos opositores estigmatizados (comunistas, terroristas, etc.), la movilización en torno a objetivos puntuales, incluso sexistas y racistas. Adicionalmente, el paquete de datos que se está recopilando, desde los que se ofrecen con las tarjetas de crédito y similares, hasta los que se entregan con motivo de la pandemia van configurando los perfiles de disidencia social ya sea individual o colectiva, real o potencial, que ayudará a los encargados del disciplinamiento social a ser más eficaces y precisos.
Las tecnologías digitales redefinen el espacio de la privacidad y lo íntimo, al estar presentes en mayores ámbitos de nuestra cotidianidad. Cámaras, sensores, antenas y algoritmos renuevan las medidas disciplinarias y de control en las sociedades actuales.
Como puede verse en las tablas presentados, todos los países están aplicando más o menos las mismas alternativas tecnológicas. Es cierto que su fragilidad frente a las grandes plataformas es anterior a la pandemia pero se incrementó notablemente el último año.
Estamos en la era de la ciberguerra. Los desarrollos tecnológicos de mayor impacto han surgido de los entornos militares atendiendo a las exigencias del uso dual: militar-estratégico y civil. El siglo XXI se abrió paso impulsando la idea de la guerra de espectro completo en la que todas las dimensiones de la vida son parte del terreno de batalla. Particularmente, el control de las mentes y los corazones, además del de los cuerpos, cobró una espacial significancia. Los cuerpos pueden ser controlados mediante la alimentación, los medicamentos y todos esos dispositivos que los condicionan, los fragilizan y los inducen a diferentes adicciones; también pueden ser masacrados o violentados de múltiples maneras. Pero ¿cómo hacer que las mentes y los corazones se tornen dúctiles? Ahí es donde entran en pleno todos los dispositivos electrónicos de condicionamiento, combinando todos los lenguajes posibles: imagen, movimiento, sonido, contenido, hábito. Esto último es quizá lo más importante, modificar los hábitos para que la vida no sea posible sin pasar por los aditamentos y funciones que ofrece la electrónica: computadora, ipad, teléfono móvil, tablet, etc.
La ciberguerra no se reduce a estos controles individualizados, por supuesto, implica el control e intervención en el ciberespacio como un todo. Implica controlar los sistemas informáticos del enemigo, del competidor o del disidente y desde ahí provocar su fragilización o destrucción. Pero la batalla con el sentido común de la gente es primordial para lograr vencer y dominar.
Estos sistemas están diseñados para eso: para dominar y vencer.
Marzo de 2021
– Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
– Josué García Veiga es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG-IIEc).
Documento elaborado como aporte para el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales Colectivos y Vigilancia, del proceso de las Jornadas «Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital», organizado en el marco de Internet Ciudadana.
Pandemic Big Brother (2020), The pandemic gives new opportunities to Big Brother, última actualización 10 de diciembre, disponible en: https://pandemicbigbrother.online/en/
[1] De acuerdo con María Paula Romo, la ministra de Gobierno del presidente Moreno, “se autoriza en consecuencia con el Decreto Ejecutivo del Presidente, el rastreo satelital, de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza (…) el rastreo satelital de estas personas, vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla, este aislamiento” (Rueda de prensa virtual de la ministra de gobierno en EcuadorTV, 17 de marzo 2020, ver minuto 5:05).
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