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España: Los trabajadores de residencias de mayores presentan alto estrés y miedo en la pandemia

La pandemia está provocando riesgos psicosociales laborales que podrían afectar gravemente el bienestar y salud de numerosos profesionales, como  los trabajadores de residencias de mayores. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid llaman la atención sobre la necesidad de identificar y prevenir estos peligros.

Expertos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) advierten que en España los trabajadores de residencias de mayores están experimentando riesgos psicosociales laborales que podrían afectar gravemente su bienestar y salud.

En el estudio, llevado a cabo durante abril y mayo, participaron un total de 228 trabajadores de residencias de 42 provincias españolas –entre los que se encuentran médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de geriatría, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, directores y coordinadores–.

Los resultados, publicados en el Journal of Applied Gerontology, reflejan que los profesionales sociosanitarios de las residencias presentan sobrecarga y presión social derivada de su trabajo, así como un sufrimiento importante a causa del contacto con la muerte y el dolor al que han estado expuestos.

“Estos trabajadores están preocupados por la falta de personal y de material de protección para no contagiarse ni contagiar a otros”, afirman los autores. El personal médico y de enfermería es el más perjudicado, probablemente debido a su implicación directa en el cuidado de las personas que han contraído el virus, así como debido a las decisiones extremadamente difíciles que han tenido que tomar”.

Estrés traumático secundario

Entre estos profesionales se han encontrado también niveles altos de estrés traumático secundario, siendo todavía más altos entre aquellos trabajadores de residencias en las que se detectaron casos positivos de covid-19.

El estrés traumático secundario se define como el conjunto de emociones y conductas que aparecen como resultado de ser testigos del trauma que ha vivido otra persona, o bien de ayudar o cuidar a una persona traumatizada. Los síntomas son parecidos a aquellos experimentados por las personas que viven el trauma en primera persona.

“También se apreció entre los participantes niveles moderadamente altos de miedo al contagio, que parece incrementarse entre aquellos profesionales de mayor edad. Esto es debido muy probablemente a la percepción entre estos trabajadores de una mayor vulnerabilidad a las consecuencias del virus”, añaden los investigadores.

Apoyo de supervisores y compañeros

El estudio también reflejó que, entre los trabajadores sometidos a una mayor carga de trabajo, aquellos que percibían mayor apoyo por parte de sus supervisores experimentaban menos estrés. “Ante la presión social derivada de su trabajo, aquellos que percibían poco apoyo por parte de sus compañeros experimentaban mayores niveles de estrés”, apuntan.

“Es más, el apoyo que los trabajadores perciben de sus compañeros permitió amortiguar el impacto que estresores como el sufrimiento ocasionado por el contacto con la muerte y el dolor tenían sobre el miedo al contagio”, subrayan.

Programas de prevención

Sobre la base de estos resultados, los investigadores llaman la atención sobre la urgente necesidad de implementar programas de prevención de riesgos psicosociales laborales en el sector de las residencias de mayores.

“La experiencia del estrés traumático secundario es riesgo psicosocial laboral derivado del contacto con la tarea traumática. La intervención temprana podría ayudar a prevenir el desarrollo de un problema psicológico mayor en fases posteriores”, aseguran. “Estos programas podrían prevenir el agotamiento y desgaste que presentan, e incluso disminuir las altas tasas de abandono que se encuentran en este sector profesional”.

Por último, el trabajo resalta la importancia de proporcionar a los profesionales recursos suficientes para protegerse del contagio y así reducir su ansiedad y preocupación por infectarse, contagiar a sus seres queridos o a los residentes de los centros. “Además, la disponibilidad de estos recursos probablemente aumente su sentido de control de la situación, lo que contribuye a reducir sus niveles de estrés y miedo”, concluyen los investigadores.

Referencia:

Blanco-Donoso, L.M., Garrosa, E., et al.: Stressors, Job Resources, Fear of Contagion, and Secondary Traumatic Stress Among Nursing Home Workers in Face of the COVID-19: The Case of Spain. Journal of Applied Gerontology. https://doi.org/10.1177/0733464820964153

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/ciencia/08/11/2020/los-trabajadores-de-residencias-de-mayores-presentan-alto-estres-y-miedo-en-la-pandemia/

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España: Cuando la ventilación de las aulas no parece factible

El invierno está a la vuelta de la esquina y cunde la preocupación sobre qué hacer cuando tener las ventanas y puertas abiertas no sea una posibilidad real para atajar posibles contagios en las aulas. Las soluciones pasarían, presumiblemente por llevar abrigos en clase, utilizar las calefacciones con las ventanas abiertas o el uso de ventilación mecánica.

Las temperaturas ya comienzan a bajar de manera ostensible en todo el Estado. Por delante, muchos meses de frío y mal tiempo que amenazan, de una forma u otra, el protocolo previsto por las administraciones sanitarias y educativas, principalmente, en relación a la ventilación de las aulas.

El gasto previsto en calefacción en los centros educativos, seguramente sea muy superior al de inviernos anteriores. De hecho, algunas direcciones ya tienen previsto invertir parte de lo que la Administración les ha facilitado del Fondo Covid solo para asumir el gasto en gasoil para sus calefacciones.

Mantener ventanas y puertas abiertas el máximo tiempo posible se va a convertir, en pocos días, en un problema relativamente importante. Y las recomendaciones desde Sanidad y Educación (ya sea gobierno central o autonómicos) no han variado. Ni tienen visos de hacerlo en las próximas semanas.

Para intentar paliar parte de estos efectos, hace unos días, el CSIC publicaba una guía práctica con consejos sobre ventilación en colegios e instituos y que, a se vez, toma parte de sus consejos de otra publicada por la Universidad de Harvard. En ella, en realidad, pocos datos nuevos que cambien los protocolos asumidos hasta ahora.

Se aconseja tener la mayor parte del tiempo posible las ventanas y puertas de las aulas abiertas para que sea lo más constante posible la ventilación cruzada. En el protocolo de los ministerios de Sanidad y Educación se establecía que, al menos, las aulas se ventilen 10 o 15 minutos al empezar y terminar la jornada lectiva, también durante el tiempo de recreo. Y, en la medida de lo posible, durante todo el día.

La guía del CSIC, a esto, suma que alumnado y profesorado utilice ropa de abrigo durante las clases para que puedan estar abiertas las ventanas, siquiera parcialmente, en un equilibrio entre el riesgo de contagio y el confort térmico.

Si la ventilación natural no es suficiente, la guía del CSIC recomienda utilizar «equipos extractores o impulsores individuales con un caudal de aire adecuados».

Como última opción, pero no excluyente de las demás, se hace necesario purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA. Estos han de colocarse en el centro de cada aula para que su trabajo sea eficiente, aunque dicen los expertos que pueden ser perjudiciales al causar falsa sensación de seguridad.

En cualquier caso, la guía recomienda que se hagan mediciones de CO2 para conocer las necesidades de ventilación de las aulas. En el exterior, indican, estas mediciones rondarían las 420 ppm (pastes por millón) y, en los interiores no deberían sobrepasar las 800 ppm. Si lo hicieran, se hace necesaria la ventilación de las aulas. Niveles superiores a las 1.000 ppm tienen efectos negativos en la capacidad de concentración del alumnado y en el aumento del decaimiento; y si se superasen los 2.000 empezarían los dolores de cabeza. Además, estas cifras nos indican la falta de ventilación y señalan una posiblemente excesiva concentración de la Covid en el ambiente.

Sumado a todo lo anterior, el uso de mascarillas, la higiene de manos y el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros siguen siendo necesarias para la contención de los contagios. Contagios que siguen detectándose de forma importante en las aulas. La semana pasada, según los datos del Ministerio del interior, se produjeron 200 nuevos brotes que sumaron 1.200 personas contagiadas.

Preguntados los ministerios de Sanidad y Educación, no está prevista una revisión de los protocolos ni unas recomendaciones de cara a la llegada del mal tiempo en todo el país. Remiten a las guías ya publicadas tanto por su parte como de las comunidades autónomas.

Suspenso a las aulas

El reciente estudio de la Plataforma Edificación Passivhaus junto a la Universidad de Burgos se muestra contundente. Los colegios e institutos, en cualquier parte del país y bajo cualquier condición climática y meteorológica, suspenden a la hora de ofrecer espacios de confort y seguridad tanto para el profesorado como para el alumnado.

Durante el curso 2017-2018 estudiaron las variables de temperatura interior, nivel de humedad y de CO2 en las aulas de 43 centros educativos de todas las provincias del país. La nota media total, en una escala de 0 a 10, para la calidad del confort en las aulas es de 1,6 puntos.

Bajo la premisa de que la temperatura de las aulas sea de 20ºC a lo largo del día, con una humedad de entre el 40 y el 60 % y con una concentración de CO2 en el ambiente inferior a los 1.000 ppm.

Cuando los datos de temperatura comienzan a ser buenos en un aula es ya cerca de las 12:00 del mediodía. Momento en el cual los niveles de CO2 ya están por encima de esas 1.000 partes por millón. Cuando un parámetro está bien, algún otro deja de estarlo.

El estudio desvela que, de seis horas de clase, solo el 16 % de ellas reúnen buenas condiciones de temperatura, humedad ambiente y niveles de CO2.

Aunque el estudio se realizó antes de la aparición de la pandemia, hoy por hoy, sus conclusiones apuntan directamente a la situación que se vive en los centros educativos. Desde la Plataforma, una asociación sin ánimo de lucro, defienden la necesaria rehabilitación de todos los centros educativos del país. Con ella se conseguirían mejorar los resultados obtenidos, al mismo tiempo que supondría una importante reducción de las emisiones de CO2 de los propios centros (por bajada del consumo de combustibles para el mantenimiento de las temperaturas) y, finalmente, un importante ahorro de costes económicos.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/03/cuando-la-ventilacion-de-las-aulas-no-parece-factible/

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España: Ni el confinamiento ni la pandemia son la causa de la catástrofe

Ni el confinamiento ni la pandemia son la causa de la catástrofe

Juan Torres López

Fuentes: Público [Foto: Personal sanitario de la Unidad de Cuidados Intensivos donde se atiende a los enfermos del coronavirus, en el Hospital del Mar, en Barcelona. REUTERS/Nacho Doce]

Los dirigentes empresariales vienen advirtiendo desde hace meses del peligro de que un nuevo confinamiento produzca una «catástrofe económica» y yo creo que se equivocan.

Sí estoy de acuerdo en que puede producirse un hundimiento catastrófico de las economías, pero no por esa razón.

El confinamiento es terrible para la economía. No cabe la menor duda. Pero no sería eso lo que nos puede llevar al mayor desastre económico no producido por guerras de la historia contemporánea.

Ya hemos podido comprobar que el primer confinamiento produjo un deterioro sin par en la actividad económica, la ruina de millones de empresas en todo el mundo, a pesar de que los gobiernos se han gastado en ayudas de todo tipo para mantener sus ingresos y también el de millones de hogares unos 12 billones de dólares, según las estimaciones de diversos organismos internacionales. En España, nunca había aumentado tan rápidamente la deuda del Estado porque nunca las empresas españolas habían recibido mayor cantidad de ayudas, en menos tiempo y en condiciones más generosas. Aunque, aun así, insuficientes.

No hay que ser muy perspicaz para entender que un segundo confinamiento, aunque fuese algo menos estricto que el anterior, sería todavía peor para todos, para las empresas, para las finanzas del Estado y para las familias, en todos los lugares del mundo.

Pero la catástrofe, como digo, no la produce el confinamiento y ni siquiera la pandemia.

Las medidas que son inevitables tomar frente a la Covid-19, desde el distanciamiento más liviano al confinamiento más radical, no son el problema que hay que evitar, como creen los dirigentes empresariales, sino remedios frente al problema. Si la pandemia va seguida de una catástrofe económica, como es posible que ocurra si seguimos sin darle respuestas adecuadas, no será porque haya habido uno o más confinamientos sino porque nuestras sociedades no se han dotado de recursos para hacer frente a un tipo de daños que se sabe que pueden producirse en cualquier momento, como ha ocurrido con los generados por la difusión de un coronavirus, algo que se había advertido en multitud de ocasiones que se iba a dar.

La catástrofe deriva de que se hayan ido desmantelando en años anteriores los sistemas de salud y los servicios públicos en general, los únicos que pueden estar en condiciones de atender desastres de este tipo porque los privados, lógica e incluso legítimamente, se dedican a obtener beneficio y éste no se consigue atendiendo a toda la población por igual, tenga o no recursos, como hay que hacer en una emergencia como la que sufrimos.

La catástrofe proviene de que hayamos decidido acumular aviones de combate, tanques, misiles, naves armadas hasta la bandera… ante el peligro más que hipotético de un ataque militar y no se haya invertido en la previsión de daños más probables, como los producidos por pandemias o desastres naturales.

La catástrofe se produce porque no se ha financiado la investigación básica en el sector público que permite que luego haya innovación privada y porque hemos dejado que el desarrollo de productos básicos, como fármacos y vacunas que ahora necesitamos con urgencia, se supedite al beneficio privado.

La catástrofe se va a producir porque se ha renunciado a que los Estados y los bancos centrales se hagan cargo en última instancia de la financiación de aquello que los mercados no pueden resolver, como ocurre paradigmáticamente con los efectos de un desastre natural, de las emergencias o pandemias como la que estamos viviendo. La catástrofe se produce porque se estableció que los bancos privados financiaran a los gobiernos a costa de multiplicar la deuda a base de intereses, de modo que cuando se necesita inexcusablemente financiación pública para ayudar a las empresas se está en situación límite y, entonces, o es imposible ayudarlas más, o sólo se les puede ayudar a costa de un incremento de la deuda insostenible que hundirá a las economías durante decenios.

Al paso que vamos, se va a producir efectivamente una catástrofe económica, pero no porque se decrete un nuevo confinamiento sino porque las bolsas van a estallar llevándose tras de sí al sector financiero y después a todas las economías, pues están artificialmente infladas con una inversión especulativa que nada tiene que ver con las necesidades financieras y reales de las empresas, y porque la banca mundial es insolvente y sólo vive de incrementar artificialmente la deuda y a base de privilegios, ayudas y favores públicos.

En resumen, vamos a una catástrofe, pero por una sencilla razón que no se quiere poner sobre el tapete.

Los seres humanos no tenemos solamente los problemas que se pueden solucionar a través del intercambio mercantil, buscando el lucro privado y poniendo en marcha negocios para ganar dinero satisfaciendo las necesidades de la gente.

Es cierto que una gran parte de nuestros problemas se pueden resolver, mejor o peor según las circunstancias, gracias a los mercados; gracias a la iniciativa de los sujetos más innovadores, emprendedores o con mayor atracción por el riesgo; creando empresas que buscando el interés de sus propietarios satisfacen una parte del interés general… en fin, gracias a que el capitalismo es muy potente a la hora de resolver los problemas que tienen solución a través de los mercados, de la apropiación privada de los recursos, del afán de lucro y de la acumulación de capitales. Pero, nos guste o no, resulta que los seres humanos y la sociedad en general tienen otros problemas que es imposible solucionar mediante ese tipo de procedimientos y eso es lo que los dirigentes empresariales no entienden ni ante los palos que da una pandemia y por eso no hacen más que pedir que desaparezcan impuestos y se debilite al Estado.

Cuando nos planteamos dedicar recursos a la defensa militar de la nación no recurrimos al mercado, esperando que cada cual pague por la parte de defensa que más le interese para que así se logre una defensa común óptima. Cuando hemos de organizar la policía, la administración de justicia, la gestión del tráfico… no confiamos en empresas privadas ni en el afán de lucro, ni tampoco en el mercado que tan buenos resultados puede dar en otros ámbitos.  La defensa, la justicia, la representación política y otros muchos recursos tan esenciales como ellos son bienes comunes que o no se pueden asignar a través de los mercados o, si se pudiera, sólo sería a costa de unas ineficiencias y asimetrías inaceptables.

La catástrofe que se avecina es la consecuencia de que nuestra civilización ha privatizado y supeditado al interés individual (de unos pocos) lo que es de propiedad e interés colectivo y no dedica los recursos necesarios para mantener los bienes comunes que permiten salvar la vida, la economía y también a las empresas cuando -como ahora en medio de una pandemia- los mercados no sirven para nada y el afán de lucro es incluso contraproducente. No queremos gastar dinero en proteger el medio ambiente y la naturaleza se desangra a nuestro alrededor. No hemos querido que los Estados dispongan de financiación propia a través de los bancos centrales ni garantizar que el crédito sea considerado como un bien público esencial para que funcione la economía, y la deuda se ha desbordado y ahora no podemos darles a miles de empresas lo que realmente necesitan en medio de una emergencia sanitaria: ayudas y dinero a cambio de nada. Hemos considerado al Estado la fuente de todos los problemas y le hemos atado las manos con tal de no pagar impuestos y ahora le pedimos que nos salve con ayudas ilimitadas. Hemos permitido que los poderosos desmantelaran las democracias para que no hubiera contrapoderes capaces de limitar sus privilegios y ahora nos lamentamos de que haya gobiernos con iletrados y populistas al frente que solo saben dar palos de ciego frente a una emergencia sanitaria complicada. Nos hemos empeñado en convencer a la gente de que las personas somos átomos, individuos sin relación, ni apego, ni intereses comunes con quienes nos rodean, y ahora tenemos una sociedad fracturada y cainita que lucha y se destroza a sí misma, cuando se precisa complicidad y unidad.

La catástrofe se producirá porque no parece que seamos conscientes o porque no se quiere admitir que una pandemia como la que vivimos paraliza inevitablemente, en todo o en parte, la maquinaria capitalista de generación de ingresos y beneficios. Y que, por lo tanto, se hace imprescindible recurrir a otros mecanismos distintos a los del mercado y al afán de lucro para salvar incluso a los mercados y la ganancia de las empresas. En una emergencia como la que vivimos hay que crear dinero de la nada, como pueden hacer los bancos centrales, y no someter aún más a las economías, a las empresas y los hogares a la esclavitud del crédito privado; hay que garantizar el acceso a los ingresos e incluso a los bienes y servicios esenciales cuando estos no los pueden proporcionar las empresas privadas en el mercado; hay que ayudar a fondo perdido y promover la cooperación y la satisfacción del interés común y no la competencia. Negar la realidad -como hacen los dirigentes empresariales- y pedir que se haga frente a una emergencia sanitaria como si fuese una oleada de resfriados y a una parálisis de la economía capitalista en un buen número de actividades y sectores económicos como si fuese una crisis más, solo lleva a un desastre mucho mayor.

Le guste o no a los dirigentes empresariales, las empresas que dejan de funcionar o que sólo pueden hacerlo con baja o mínima actividad no pueden salvarse en medio de una pandemia con más capitalismo (y mucho menos con el capitalismo neoliberal de los últimos decenios que quiere acabar con el Estado) sino con bienes comunes, con ayuda pública, con iniciativa y propiedad públicas y con cooperación y solidaridad, es decir, con socialismo o como quiera llamársele, pero no con el capitalismo que un virus y las malas políticas previas han hecho que deje de funcionar. O cambian el discurso de estos últimos cuarenta años y asumen la realidad o ellos mismos van a firmar su sentencia de muerte.

Fuente: https://blogs.publico.es/juantorres/2020/11/06/ni-el-confinamiento-ni-la-pandemia-son-la-causa-de-la-catastrofe/

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/ni-el-confinamiento-ni-la-pandemia-son-la-causa-de-la-catastrofe/

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España: El castellano no será lengua vehicular, pero sí obligatoria

Europa/España/08-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

Se retirará el término de «lengua vehicular» para el español en la enseñanza

La reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, garantizará que los alumnos de comunidades autónomas con lengua cooficial adquieran competencias «por igual» del castellano y de la lengua correspondiente, a pesar de que se vaya a retirar de la norma el término de «lengua vehicular» para el español en la enseñanza. Mañana se tiene que votar en la Ponencia o grupo de trabajo sobre la Lomloe de la Comisión de Educación del Congreso una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC que se conoció ayer y que ha levantado polémica al quitar precisamente el término de vehicular para el castellano en la enseñanza.

«La lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución», recalcó a Efe la portavoz de Educación socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo, que remarcó que se va a ser tan «garantista» en la enmienda a votar que en su punto uno se vuelve al marco Constitucional y a los estatutos de autonomía, es decir, a los derechos recogidos en la Carta Magna.

Se busca asegurar «el derecho a estudiar y a aprender ambas lenguas por igual» y la ley Celaá garantizará que todos los alumnos adquieran ambas competencias lingüísticas, del castellano y de la lengua cooficial de su comunidad, insistió. Además, en el «caso hipotético» de que se detectase que alguna de las dos lenguas está desequilibrada en la gestión de competencias, se establecerán «medidas compensatorias» para equilibrar la adquisición de competencias y que se garantice ese derecho.

Fuente: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/castellano-lengua-vehicular-20201104141734-ntrc.html

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España: Profesionales que luchan contra la violencia machista ponen voz a este 25 de noviembre

Para conmemorar este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha preparado actos especialmente dedicados a todos los profesionales que trabajan diariamente en la lucha contra la violencia de género, «más aún en tiempos de la covid», según valoró la directora general de Mujer y Diversidad de género, María José García.

‘Valiente y libre a la vez’ es el lema elegido para una campaña en la que, según la directora general, «se quiere poner de manifiesto la importancia de la labor de los profesionales que trabajan para que las mujeres que son víctimas de la violencia machista se armen de valor y se liberen de esas cadenas que las tienen atadas a sus agresores».

Las actividades, que se irán realizando siempre acorde con las medidas que la situación epidemiológica vaya dictando, comenzarán el próximo martes 3 de noviembre, con la ‘Comisión de reinserción laboral de víctimas de violencia de género’ y con el Teatro Foro Online Te quiero en la línea, a cargo de la compañía Candela.

Además, los profesionales serán instruidos a través de acciones que tratan la cuestión de la violencia de género en personas con discapacidad, con la ‘I Charla online: Atención a mujeres sordas víctimas de violencia de género. Servicio Alba’, el 23 de noviembre; en mujeres de etnia gitana, gracias al ‘Seminario online: Violencia de género y mujeres gitanas’, los días 10 y 11 de noviembre; e incluso en menores, con el ‘Programa SensibilizaT. Creciendo iguales’, 19-31 del mes.

También destacan las jornadas online ‘Una mirada hacia la violencia sexual’, organizadas por el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Agresiones y Abusos Sexuales (CAVAX) del 9 al 19 de noviembre, y la presentación del cortometraje sobre violencia de género Mar, el 6 de noviembre.

Otras acciones con las que se intenta sensibilizar e identificar la realidad en esta materia son presentadas a través de herramientas audiovisuales y artísticas: la proyección material audiovisual de la Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales, el día 25; la Conferencia-concierto ‘Quereres y Dejenes’, el 26; la presentación del programa del III Congreso Internacional Artes y Diversidad, el 19 de noviembre; y la clausura de los talleres del proyecto ‘Empoderarte’, el 7 de noviembre.

Por último, el programa quiere destacar la capacidad de las personas, empresas e instituciones a la hora de reivindicar y concienciar de que hay que denunciar todo tipo de violencia. Por todo ello, se hará entrega de los diplomas ‘Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género’, el 20 de este mes, y de las ‘Distinciones 25 noviembre 2020’, el día 25.

Fuente: https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/03/profesionales-luchan-violencia-machista-ponen/1159336.html

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España: PSOE, Podemos y Mas País pactan que la educación se garantice solo a través de la pública sin contar con la concertada

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia.

PSOE, Podemos y Mas País han aprobado una enmienda transaccional a la «ley Celaá» que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada.

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia, es decir, el grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Pasado este proceso, las enmiendas pasan al Pleno del Congreso en primera vuelta y de ahí el texto va al Senado para volver al Congreso para su aprobación definitiva y convertirse en ley.

La enmienda señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».

El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

La «ley Celaá» ya había eliminado en su texto inicial la alusión a la «demanda social» de dicho artículo 109. Es decir, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.

Aprobado el polémico apartado 5 de PSOE y UP

En esta enmienda transaccional aprobadad también se recogen modificaciones realizadas por PSOE y Podemos a la «ley Celaá» (en sus enmiendas conjuntas) que aluden reiteradamente al incremento de plazas públicas para atender toda las necesidades de escolarización. Por ejemplo: «En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población».

También se aprueba el apartado 5 del artículo 109, obra de PSOE y Podemos que dice que: «las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».

Las contradicciones con la «heterogenidad del alumnado»

Por otro lado, PSOE y Podemos incuyen en el artículo 109.1 el objetivo de conseguir una «heterogeneidad» del alumno como «oportunidad educativa» y, al mismo tiempo, han aprobado otra enmienda transaccional con ERC que establece como criterio de preferencia para acceder al concierto el fomento de la escolarización de proximidad (que el centro esté cerca del domicilio o zonficación). La pregunta que cabe hacerse es cómo conseguir un alumando heterogéneo si se prima la proximidad de domicilio y por lo tanto, no podrán elegir un colegio que esté más lejos de su distrito.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-podemos-y-mas-pais-aprueban-educacion-solo-garantice-plazas-publicas-dejando-afuera-concertada-202011031358_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

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Cuidar y no ser cuidadas

Por: Irene Graíño Calaza/elsaltodiario.com/


Las trabajadoras del hogar y los cuidados sufren los peores efectos de la inseguridad laboral y económica. Tomar medidas para proteger los derechos de estas trabajadoras esenciales es urgente.

La precarización laboral y socioeconómica afecta desde mucho antes de la crisis del covid-19 a una parte sustancial de la sociedad española: la crisis solo ha agudizado esta precariedad. En este escenario, las personas extranjeras residentes en el Estado español sufren los peores efectos de la inseguridad laboral y económica.

Según el Informe del Consejo Económico y Social (CES) del pasado año 2019, las mujeres procedentes de América Latina son, junto con las de África y Europa del Este y el resto del mundo, las que obtienen salarios más bajos de todo el territorio de entre el conjunto de personas extranjeras.

Y entre los salarios más bajos están los de las trabajadoras domésticas, un sector que emplea a 630.000 personas según Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Siendo el segundo Estado de la Unión Europea con más trabajadoras en dicho sector —únicamente por detrás de Italia y percibiendo sueldos inferiores—, una de cada tres empleadas del hogar en Europa realiza su actividad en España.

Por una parte, según SEDOAC, el 97% de las empleadas del colectivo está constituido por mujeres, siendo más de la mitad de ellas mujeres migrantes. Por otra parte, se calcula que al menos 200.000 de estas trabajadoras no tienen un contrato de trabajo. La mayoría de estas trabaja en régimen de interna, lo que supone que están disponibles las 24 horas del día 7 días a la semana. A pesar de que el Real Decreto 1620/2011 establece que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de doce horas, esto no ocurre con las internas. Ellas trabajan y viven —cuando tienen contratación de interna— en circunstancias que vulneran sus más intrínsecos derechos.

En la misma línea, los datos recabados de la última Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del año 2007, señalan que las trabajadoras domésticas percibían un salario medio ostensiblemente inferior al del resto de los trabajadores: 644 euros al mes frente a los 1066 de salario medio de los demás sectores. Además, en cuanto a los tipos de contrato que se firman, se puede observar que entre 2010 y 2015, el periodo que recoge este estudio, el número de contratos de carácter temporal ha superado con creces al de contratos indefinidos.

El servicio doméstico constituye un campo marcadamente feminizado y etnizado y, por ende, más vulnerable

Es decir,  pese a que estas mujeres se ocupan día a día de los cuidados –imprescindibles y asociados histórica y patriarcalmente a la mujer, e ínfimamente valorados en términos productivos, lo que provoca su desvalorización social—, y de proteger el bienestar del conjunto de la sociedad, trabajan sin gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores.

El servicio doméstico constituye un campo marcadamente feminizado y etnizado y, por ende, más vulnerable. Por ello, la comprensión de la interacción entre las variables de género, clase, migración y mercado de trabajo en el marco de esta crisis se revela imprescindible. En esta línea, la perspectiva interseccional permite centrar el análisis: las mujeres migrantes trabajadoras del hogar, siguiendo a Sònia Parella Rubio, Profesora Titular del Departamento de Sociología de la UAB, sufren una triple discriminación por ser mujeres, migrantes y trabajadoras de hogar.

La vigente crisis ha desencadenado múltiples despidos y reducciones de jornada. Sin embargo, la actual normativa sigue sin proteger ni “cuidar” jurídicamente al sector que lleva cuidando del país desde hace más de veinte años.

Las empleadas del hogar denuncian llevar ocho años esperando al cumplimiento de la ley, el Real Decreto 1620/2011 que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar y expone la intención de conseguir la integración plena de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Este colectivo se rige por una “relación laboral de carácter especial”, lo que provoca entre otras cosas, que no se les aplique la cobertura de vacíos de cotización. Así, la llamada “integración de lagunas” es un derecho de los trabajadores por cuenta ajena del que no gozan las empleadas domésticas por no estar integradas en el Régimen General. Esta integración supone aplicar la base mínima de cotización en los periodos en los que no ha cotizado, a la hora de hacer el cálculo de la pensión, sea de jubilación o de incapacidad, un mecanismo que tiene por objetivo no desfavorecer al trabajador y que su base reguladora sea excesivamente baja.

Pero no se trata solo del cálculo de las pensiones. A día de hoy, las asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar como SEDOAC, aseguran que gran parte del colectivo todavía no ha percibido el subsidio extraordinario para empleadas del hogar puesto en marcha gracias a la presión de los colectivos. Varias campañas han solicitado la prórroga de este subsidio para paliar el hecho de que muy pocas han podido disfrutarlo —una prórroga que sí se ha aplicado a los ERTE—.

Además, las asociaciones consideran imprescindible la firma del Convenio 189 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), que es parte del programa del actual Ejecutivo. Durante el pasado mes de junio, casi 30 asociaciones de empleadas del hogar acudieron al Congreso para volver a exigir su ratificación. Este tratado, entre otras cuestiones beneficiosas, concedería al colectivo el derecho a paro y las protegería como trabajadoras.

El artículo 14 del Convenio 189 de la OIT reza: “Todo miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.

En una carta enviada durante el pasado mes de septiembre a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Carolina Elías, presidenta del SEDOAC, denunciaba “jornadas extenuantes o despidos casi libres, imposibilidad de disfrutar de horarios de descanso, sobrecargas de cuidados con toda la familia en el hogar, temor a ser contagiadas y no poder trabajar, miedo a ser detenidas por una ley de Extranjería perversa que nos obliga a trabajar tres años sin contrato para obtener los papeles. Tras seis meses de pandemia, seguimos siendo nosotras las que hemos sobrecargado nuestros cuerpos para que la vida siga adelante y los hogares funcionen. Una labor que hemos hecho con responsabilidad, pero sin derechos”.

En el contexto del concepto de las “cadenas globales de los cuidados” —término acuñado por la profesora y socióloga Arlie Hochschild— a la luz de la denominada “crisis de los cuidados” se comprende la elevada presencia de mujeres migrantes que trabajan en este sector, sobre todo a partir de los años noventa en el territorio español. El ingreso acelerado de las mujeres españolas de clase media en el mercado laboral, su presencia en el espacio social, el cambio de roles y la escasa implicación de los hombres en los cuidados originó un colapso en la capacidad de cuidar de las familias.

Y esta crisis agudizó determinadas desigualdades sociales y raciales. Como explica la antropóloga Shellee Collen, “las tareas de reproducción física y social que se efectúan diferencialmente de acuerdo con desigualdades basadas en jerarquías de clase, raza, etnicidad, género, se sitúan en una economía global, y en contextos migratorios, y está estructurada por fuerzas sociales, económicas y políticas”.

Durante el estado de alarma, la labor de estas mujeres se volvió todavía más necesaria, pero siguen constituyendo uno de los colectivos que mayor precariedad e inseguridad sociolaboral sufre

El trabajo doméstico realizado hoy en día por muchas mujeres migrantes en España se comprende en las dinámicas de mercantilización y externalización del trabajo reproductivo, por el que las mujeres españolas de clase media contratan cuidadoras para sus hijos o mayores, ya que no pueden asumir directamente el cuidado, esencialmente debido a la ausencia de apoyo estatal y la falta de compromiso masculino.

En el panorama actual de emergencia sanitaria y socioeconómica, se prevé aún más urgente si cabe, la adopción de medidas para salvaguardar los derechos de las trabajadoras domésticas. Durante el estado de alarma, la labor de estas mujeres se volvió todavía más necesaria. No obstante, hoy en día siguen constituyendo uno de los colectivos que mayor precariedad e inseguridad sociolaboral sufre de todo el territorio español. Tras las paredes de los hogares de quienes aplaudían en los balcones, millares de trabajadoras cuidaban de los mayores de este país, lejos de sus raíces y a costa de su descanso y un gran sacrificio. Tomar medidas para mejorar las condiciones de estas mujeres es urgente. Llevan ya muchos años cuidando sin ser cuidadas.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/trabajadoras-hogar-cuidados-cuidar-no-ser-cuidadas

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