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España: CCOO pide la contratación de 70.700 docentes para un curso seguro y con presencialidad total

Europa/España/03 Septiembre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • El sindicato ha hecho público un informe con las condiciones que entiende que deberían darse en todo el país para un curso «lo más seguro posible» y con presencialidad. El coste sería de unos 4.500 millones de euros para la contratación de unos 70.700 docentes en todas las comunidades autónomas. y la apertura de 34.000 nuevas aulas.

Con tres escenarios posibles, CCOO apuesta por el que sale del acuerdo de la Conferencia Sectorial de junio. Es decir, con unas ratios máximas de 20 alumnos por aula. Un escenario que, a día de hoy, solo se ha negociado en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Tal vez Madrid, si Educación cumple con lo anunciado hace unos días, podría colocarse en un escenario parecido.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato ha criticado el hecho de la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas en relación a la seguridad de la vuelta a los centros educativos, dado que no ha habido ninguna homogeneización en sus medidas y reclama, como mínimo, que el Gobierno central regule una bajada de las ratios, hasta 20 alumnos por aula. «Se puede hacer y hay precedentes», ha asegurado el dirigente, que se ha remitido al Real Decreto ley 14/2012 por el cual, el ministro José Ignacio Wert, impuso un aumento de las ratios en todo el país del 10%. Para el sindicato es momento de que se utilice esta misma herramienta, el Real Decreto ley pero en sentido contrario.

Esto supondría un aumento importante del número de docentes, unos 70.700 más en todo el país. Con ello, podrían abrirse unas 34.000 aulas más en todo el Estado, de manera que podría asegurarse la ratio de 20 alumnos por aula. El sindicato cifra la medida en unos 4.600 millones de euros.

García también se ha referido a los datos que empiezan a oírse en relación a la cantidad que podría dedicarse a educación de los fondos europeos de 140.000 millones comprometidos (aunque necesitan de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado). Según ha dicho, se habla de que un 5% de esta cifra acabe en la educación, es decir, 7.500 millones de euros. El secretario general ha insistido que, a parte de esta cantidad, «a la educación se le deben 9.000 millones» recortados, principalmente, a partir de 2012. Según sus palabras, a los 7.500 millones de la UE, habría que sumar estos 9.000.

Para el secretario general de la Federación quedan pocas oportunidades para que el Gobierno y las CCAA se pongan de acuerdo y hagan el esfuerzo necesario de cara a una vuelta segura a las aulas. Y una de estas oportunidades es la Conferencia de Presidentes del próximo día 4 de septiembre en la que se tratará la educación como único tema. «Esperamos que la Conferencia sea para algo nuevo, que no hayamos escuchado hasta ahora», ha dicho García, quien ha asegurado que sobre medidas sanitarias está todo claro, pero en relación a «las medidas organizativas, educativas y de inversión para un inicio seguro y una presencialidad segura, de eso, no hay casi nada». «Si la educación fuera una prioridad, a lo mejor esto se habría hecho en el mes de junio. No se hizo entonces y ahora hay que hacerlo corriendo», ha asegurado.

El sindicato también exige que, en cualquier caso, el capital que el Gobierno transfiera a las comunidades autónomas tenga carácter finalista, y no como los 2.000 millones comprometidos hasta ahora. Esta cantidad puede o no ser usada por los gobiernos autonómicos para educación. CCOO quiere que las próximas inversiones sean finalistas, no solo para educación, sino para ciertas cuestiones muy concretas: contratación de personal para bajar las ratios; para la mejora y adecuación de los espacios educativos necesarios; para la atención a la diversidad o para la dotación de herramientas y recursos digitales para alumnado y profesorado.

El escenario que ha planteado CCOO es el más conservador de los tres que pone sobre la mesa en su informe. El más costoso ya lo presentó a finales del curso pasado y tenía previsto 15 alumnos por aula, con la contratación de 170.000 docentes y un coste total de 7.400 millones (5.150 solo en contrataciones).

El otro palanteamiento se refiere a ratios de 15 alumnos en infantil y 20 en el resto de las enseñanzas no universitarias. Se trata de un escenario intermedio en el que las administraciones públicas deberían invertir 5.564 millones de euros, de los que 3.412 serían para contrataciones.

En cualquiera de los tres marcos, CCOO plantea, independientemente del número de nuevos docentes contratados, una serie más de inversiones que deberían dedicarse a la formación docente (136,5 millones); Plan Compensación Educativa (programa de refuerzo + becas: 1.010 millones); un plan renove de centros educativos (572 millones); inversión en la «nube educativa» (368,5 millones); equipos informáticos (119,5 millones), y un plan renove informático (26,5 millones de euros).

El documento de CCOO se completa con una batería de 20 medidas que vienen a detallar cada uno de los puntos anteriores y añaden algunos otros en relación a la seguridad y salud laboral o a las bajas y su sustitución a lo largo del curso. También ponen el foco en elementos como el currículo, el paso entre etapas o el papel importante que juega el personal de administración y servicios o las familias.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/02/ccoo-pide-la-contratacion-de-70-700-docentes-para-un-curso-seguro-y-con-presencialidad-total/

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Spain experienced Europe’s worst job destruction in first half of the year

Europe / Spain / 02/09/2020 / Author: Antonio Maqueda / Source: english.elpais

Old habits die hard: Spain is once again the European economy that has shed the most jobs in times of crisis. With the coronavirus pandemic still raging in many countries, job destruction in the first half of the year was nearly three times higher in Spain than in other European countries.

A strict lockdown, reliance on tourism and a high rate of temporary contracts help explain why employment decreased by around 8%.

Old habits die hard: Spain is once again the European economy that has shed the most jobs in times of crisis. With the coronavirus pandemic still raging in many countries, job destruction in the first half of the year was nearly three times higher in Spain than in other European countries.

And this figure does not take into account all the furloughed workers still under Spain’s ERTE scheme, which allows employers to temporarily send staff home or reduce their working hours. Once this state-funded job protection program ends, a clearer picture will emerge of the true impact of the coronavirus on employment. Other EU countries have introduced similar programs to combat the impact of Covid-19 on their economies.

Spanish companies have a very quick and effective way of adjusting costs: temporary workers are immediately laid off or else their contracts are not renewed

Between April and June, employment in Spain decreased by 7.5% according to Eurostat, the statistical office of the European Union. This comes on top of a 1% decline in the first quarter of the year. In other words, the number of employed persons dropped by around 8% in the first half of the year. Figures provided by Spain’s National Statistics Institute (INE), meanwhile, show that the number of employed individuals fell by 1.35 million between January and June.

By way of comparison, job destruction in Germany was 1.4% in the second quarter and zero in the first, according to Eurostat. while in France it was 0.2% in the first quarter and 2.6% in the second. And the United Kingdom only lost 0.7% of its jobs despite a similar drop in economic output as Spain’s.

This can partly be explained by the fact that one in three British workers, or 10 million out of 30 million, are on the equivalent of Spain’s ERTE furlough scheme, based on August data. The UK job-retention program also includes self-employed workers and grants beneficiaries up to 80% of their wages, up to a limit of £2,500 per month (around €2,240). Employment losses were 3.1% in the Netherlands, 4.1% in Austria, 1.2% in Poland and 1.3% in Sweden. Italy has yet to provide Eurostat with its second-quarter figures.

Not like 2008

This time is not like 2008, when Spain’s overheated construction sector was forced to adjust to the real estate crash and many jobs were lost for good. This time, the thinking is that the Covid-19 pandemic is a temporary evil and that workers’ wages must be protected until it passes. The tourism sector, for instance, is banking on a return to normal visitor flows once the virus comes under control.

Spain’s ERTE system, which finds inspiration in Germany’s Kurzarbeit, was originally created by former Socialist Party (PSOE) Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero to deal with the 2008 crisis. The scheme gained traction under Mariano Rajoy of the Popular Party (PP) and his 2012 labor reform. And now, Prime Minister Pedro Sánchez of the PSOE has rolled out the job-retention program to stem the tremendous flow of job losses triggered by the coronavirus pandemic.

Yet Spain continues to destroy more jobs than other neighboring countries. Spanish companies have a very quick and effective way of adjusting costs: temporary workers are immediately laid off or else their contracts are not renewed; this avoids problems with the permanent staff but has severe consequences on productivity and the social fabric of the country.

The INE’s labor force survey for the second quarter shows that two-thirds of lost jobs were temporary positions. The job-destruction rate was 2% among permanent employees and 11% among temporary workers.

But there were other factors at play. In mid-March Spain introduced the toughest lockdown in the world, as evidenced by Google’s mobility reports. This confinement triggered a 5.2% drop in economic activity in the first quarter and 18.5% between April and June. Only Britain experienced similar declines of 2% and 20.4%.

Another crucial element is the structure of Spain’s economy. Poland also has a lot of temporary workers, yet it only eliminated 1.2% of those jobs in the first half of the year. But Poland did not take such drastic measures as Spain against the coronavirus, and its economy is not as heavily dependent on tourism and entertainment – two activities that employ many temporary workers and which have been hard hit by the lockdown measures.

Temporary contracts

Over-reliance on temporary contracts has been a problem in Spain since the system was first used in the 1980s as a way to create jobs. No government has come up with an effective reform: former Labor Minister Fátima Báñez, of the PP, presented a plan that was never completed. And the Economy Ministry’s current plans for a severance-pay system based on Austria’s “backpack” model has been moved to the back burner due to the coronavirus crisis.

“Temporary contracts and short job duration are hampering young people’s ability to accumulate experience,” said Óscar Arce, the Bank of Spain’s director general for economics, at a recent presentation.

And in a recession, temporary workers who are made redundant are also cut off from full unemployment benefits, leaving them dependent on their own families for financial assistance.

English version by Susana Urra.

Source and Image:  https://english.elpais.com/spanish_news/2020-09-01/spain-experienced-europes-worst-job-destruction-in-first-half-of-the-year.html

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España: Absentismo escolar, entre el derecho a la educación y el miedo a la pandemia

Aunque no escolarizar a los hijos está contemplado como delito, los expertos lo ven «excesivo» en las actuales circunstancias.

Las medidas acordadas por el Gobierno y las comunidades autónomas para la vuelta al cole han puesto en guardia a padres y profesores, muchos de los cuales consideran que no son suficientes para evitar el riesgo de contagio en las aulas debido a la pandemia de coronavirus.

Por ello, algunas voces han planteado la posibilidad de no llevar a los niños al colegio; un supuesto, el del absentismo escolar, para el que existe normativa penal pero que sería de difícil aplicación, dadas las circunstancias.

Aunque el derecho a la educación debe ser garantizado por las autoridades y las familias tienen la obligación de escolarizar a sus hijos, el miedo a la pandemia está haciendo que muchos padres aboguen por no llevarlos a las aulas. Todo ello a pocos días del inicio de las clases, que comenzarán de forma escalonada a partir del viernes 4 de septiembre en algunas comunidades.

El Gobierno es consciente de la incertidumbre que hay entre los colectivos implicados en la enseñanza ante el comienzo de un curso absolutamente atípico. Por ello, ha encargado un informe jurídico para analizar el absentismo, según ha confirmado la ministra de Educación, Isabel Celáa, quien insiste en que «hay que ir a clase». Celáa no quiere hablar de medidas coercitivas y esperará a tener ese informe en la mano para actuar, aunque confía en que «las familias van a ser responsables».

Protocolo para un curso seguro durante la pandemia de coronavirus

«Situaciones excepcionalmente graves»

La posibilidad de sancionar a una familia por no llevar a sus hijos al colegio está recogida en el Código Penal, cuyo artículo 226 contempla este supuesto como un posible delito de abandono familiar por dejar de cumplir los «deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad», lo que acarrearía una pena de entre cuatro y diez años de inhabilitación para ejercer la misma. Sin embargo, este supuesto se restringe a «situaciones excepcionalmente graves», según señala en declaraciones a RTVE.es la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)Teresa Peramato.

«Cuando se alzan voces informando de que no llevar a los niños al colegio como consecuencia de la pandemia puede conllevar responsabilidad penal, me parece cuanto menos excesivo», apunta Peramato, para quien las autoridades deberían primero «planificar adecuadamente el regreso a los colegios, adoptando las medidas necesarias para garantizar la salud escolar» y, después, informar a padres y tutores «para evitar esta situación de incertidumbre que se está generando».

Qué se sabe de la vuelta al cole: así son las medidas en cada comunidad

La fiscal afirma que «en la mayoría de las ocasiones, no llevar al niño al colegio no es delito, pues hay que partir de un principio fundamental: el derecho penal es el último recurso para resolver los conflictos y solo se debe utilizar cuando no hay otras alternativas para resolver la situación». Solo en «situaciones irreversibles» el Fiscal de menores va a interponer una querella, señala.

«Tiene que quedar claro que la vía penal es el último recurso y que lo que tienen que hacer las autoridades competentes es reconducir la situación», añade Teresa Peramato, para quien, en esta situación de pandemia, plantear que los padres vayan a incurrir en un delito penal es «absolutamente excesivo, no me parece apropiado».

La presidenta de la UPF comprende que haya padres que tengan incertidumbre y miedo en esta situación. Por eso cree que lo importante es que las administraciones den «seguridad y una información certera y adecuada» lo que, en su opinión, permitirá que «los padres estén más tranquilos».

Europa también se prepara para la vuelta al colereproducir video

«Incertidumbre y miedo» entre los padres

En las familias la inquietud va en aumento según se acerca el inicio del curso escolar. Aunque la mayor parte de los padres prefiere la educación presencial, piden sobre todo garantías sanitarias, como afirma a RTVE.es Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).

«Queremos que los colegios estén abiertos, que nuestros hijos reciban la educación de manera presencial, pero si a día de hoy no podemos saber si se pueden garantizar las medidas sanitarias o en qué nivel, desde luego no vamos a animar a las familias a que incumplan la ley pero tampoco les vamos a animar a que lleven a sus hijos a un escenario en el que no sabemos lo que puede pasar«, señala Caballero, quien cree que en este momento de pandemia «el derecho sanitario tiene que estar por encima del educativo».

El presidente de Concapa asegura que las familias les están pidiendo una «cantidad inmensa» de asesoramiento legal y que su departamento jurídico está estudiando la herramientas que los padres tienen en sus manos para que «si no se garantiza esa seguridad sanitaria, podamos ejercer el derecho a no llevarlos al colegio«. «Entre los padres hay muchísima incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo», concluye Pedro Caballero.

Termómetros, lavado de manos y ventilación: así serán las medidas de prevención en la vuelta al cole
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Los docentes piden más seguridad

Esa incertidumbre también se extiende al colectivo de docentes, que se muestran críticos con las medidas adoptadas por el Gobierno y las comunidades autónomas y reclaman más contrataciones para incrementar la seguridad.

Según señala José Ramón Merino, responsable de Acción Sindical y Política Educativa del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-i), el colectivo es partidario de la educación presencial, pero al tiempo reclama que las autoridades competentes «aseguren una vuelta al colegio en condiciones de seguridad, y eso no se da».

En declaraciones a RTVE.es, Merino considera que las medidas aprobadas en la Conferencia Intersectorial del pasado jueves son «una declaración de buenas intenciones, pero no son suficientes y además, son difíciles de llevar a la práctica: parece que no han estado nunca en un centro educativo o hace tanto tiempo que se les ha olvidado lo que es la práctica diaria».

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Dudas en los docentes respecto a las nuevas medidas

Merino no cree que el absentismo «vaya a ser una postura mayoritaria, pero seguro que va a tener efecto«. También por el lado de algunos docentes, que «han puesto por escrito ante las autoridades competentes los riesgos a los que nos sometemos, exigiendo responsabilidades en el caso de que suceda algo», sobre todo en el supuesto de aquellos profesores que están dentro de la población de riesgo por edad o por circunstancias médicas.

La alternativa, para los educadores, es incrementar las contrataciones, como en el caso de Italia, lo que permitiría reducir los grupos y «eximir a las personas de alto riesgo de ir a los centros y que se contraten nuevos profesores».

14 horas - Los colegios sólo cerrarán si hay brotes descontrolados, las clases serán presenciales hasta 2º de ESO y las mascarillas obligatorias a partir de los seis años - Escuchar ahorareproducir audio

 Los colegios sólo cerrarán si hay brotes descontrolados, las clases serán presenciales hasta 2º de ESO y las mascarillas obligatorias a partir de los seis años.

Madrid pide un plan común ante el absentismo

Las comunidades autónomas son conscientes de que el absentismo escolar puede suponer un problema y algunas ya se han pronunciado al respecto, como la Comunidad Valenciana o País Vasco, que han recordado a los padres que la educación es obligatoria y que las autoridades deben garantizar ese derecho.

Pero está claro que la normativa existente no se ideó para situaciones como la actual. Así lo plantea la Comunidad de Madrid, que por ello ha reclamado un plan común para que las comunidades autónomas tracen una estrategia de actuación ante las familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio.

Como asegura el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, «esta ley no estaba pensada para esta realidad».

Fuente e imagen: https://www.rtve.es/noticias/20200831/absentismo-escolar-entre-derecho-educacion-miedo-pandemia/2041049.shtml

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España: Los sindicatos, cautos con el plan de vuelta a clase por la “baja credibilidad” de Ayuso

Los sindicatos, cautos con el plan de vuelta a clase por la “baja credibilidad” de Ayuso

  • Los sindicatos, todavía lejos de desconvocar la huelga, muestran cautela con el anuncio y se centrarán en analizar y vigilar las medidas anunciadas
  • “La credibilidad está muy tocada, se necesitan hechos. No nos vale una rueda de prensa con anuncios que suenan bien”, explica Isabel Galvín (CCOO)
  • «Queremos una vuelta segura y de presencialidad plena. Lo de las cámaras nos parece una ocurrencia”, indica Díaz Tenorio (CGT)

La pandemia ha provocado un gran dilema en la educación que afecta a alumnos, docentes y familias. Semana y media antes de que inicie el curso, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado el plan de su Gobierno de regreso escalonado en fechas para la vuelta al colegio, que conlleva una inversión de 370 millones y la contratación de 11.000 trabajadores. La noticia ha llegado bajo una convocatoria de huelga educativa que se realizó la semana pasada para exigir una vuelta al colegio planificada y segura. Los sindicatos, todavía lejos de desconvocar la huelga, muestran cautela con el anuncio y se centrarán en analizar y vigilar las medidas anunciadas para asegurarse de que el plan no es un brindis al sol.

De momento, no se habla de desconvocar la huelga planteada por CCOO, UGT, CGT y STEM para los primeros días del curso escolar. Que por fin haya llegado el esperado anuncio de las medidas no es suficiente motivo para cancelar la convocatoria. Consideran que el Gobierno madrileño “llega muy tarde” y que durante los últimos meses han dado motivos para desconfiar. “Su credibilidad es muy baja”, apunta a cuartopoder la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín. “Tenemos mucha prudencia y mucha cautela, cada vez que anuncian algo se queda en humo, en artificio o blanquean las cifras”, añade Enrique Díaz Tenorio, delegado de CGT y parte del comité de huelga.

A pesar de las críticas de Díaz Ayuso a la convocatoria de una huelga educativa durante este inicio de curso pandémico, los sindicatos consideran que ahora se demuestra la utilidad del instrumento. “Si no hubiera habido anuncio de huelga, no hubiera habido plan”, manifiesta Galvín.

De hecho, convocantes de la huelga como CGT ponen la atención en evitar la desmovilización del profesorado y las familias porque temen que este sea realmente el principal objetivo del Gobierno regional. “Tenemos la sensación de que estamos ante una cortina de humo para desmovilizar”, apunta Díaz Tenorio.

370 millones y 11.000 nuevos profesionales. ¿Será suficiente?

Díaz Ayuso ha anunciado a bombo y platillo este martes una inversión de 370 millones para la vuelta al colegio y la incorporación de 10.600 nuevos profesionales, entre educadores, técnicos especialistas, maestros y profesores. Todo el esfuerzo va destinado a unas medidas de mayor seguridad en los centros educativos y aulas con menos alumnos. Más allá, la presidenta ha anunciado que las bajas ratios se mantendrán después de la pandemia, una intención que ha sorprendido a los sindicatos porque hasta la fecha no constaba en las comunicaciones del Gobierno.

CCOO había pedido la contratación de 11.000 profesores para la pública, la cifra que estimaban necesaria según sus cálculos. Sin embargo, según la Comunidad de Madrid, 2.662 de estos docentes irán destinados a los centros concertados. “Nos sentimos aludidos ya que han hablado de esta cifra redondeada de 11.000, pero de esos 10.600 anunciados tendremos que ver si son todos profesores y si son para la pública”, explica Galvín. A su sindicato le parece que la cifra de 370 millones se queda corta para todas las medidas que ha anunciado la Comunidad. “Creemos que todo lo anunciado cuesta 100 millones más”, añade.

“Queremos fechas y tipos de contrato”, indica Díaz Tenorio respecto a la contratación de maestros. El sindicalista recuerda que el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, anunció en junio la contratación de voluntarios de ONG, estudiantes de magisterio y monitores para atender al alumnado, una medida que los sindicatos rechazaron. También cree necesario asegurar que entre esos “nuevos” contratados no se camuflen los contratos de los profesores interinos que se realizan cada año y son ajenos a la pandemia.

Sobre la presencialidad y la semipresencialidad

Según el plan elaborado para la vuelta al colegio en Madrid, a partir de 3º de la ESO los estudiantes acudirán a los centros educativos en un modelo semipresencial, con un tercio de la parte del horario semanal de forma presencial. Para facilitar este trabajo online, tanto para estos alumnos como para aquellos que tengan que permanecer un tiempo en cuarentena, la Comunidad de Madrid instalará 6.100 cámaras en las aulas para impartir clases ‘online’ y comprará 70.000 ordenadores para profesores y estudiantes.

Los convocantes de la huelga, así como organizaciones como Save The Children, ya han advertido que continuar con la modalidad ‘online’ de estudio puede volver a perjudicar a los menores más desfavorecidos, ya que entre un 20% y un 30% de los alumnos estuvieron totalmente desconectados durante el anterior confinamiento, según las propias autoridades. “Nosotros queremos una vuelta segura y de presencialidad plena y queremos que en ello se empleen los recursos. Lo de las cámaras nos parece una ocurrencia”, indica Díaz Tenorio.

Por su parte, Galvín aprecia que unos pocos miles de cámaras no sirven para solventar un problema porque son un número muy bajo para surtir a todos los centros eductativos de Madrid. También observa otras medidas insuficientes, como la contratación de 150 personales de enfermería que se ha anunciado este martes, cuando “se necesita una figura sanitaria por centro”. Surgen también otras dudas sobre la habilitación de espacios para poder tener a menos alumnos por clase, una gestión que necesita de la comunicación con los ayuntamientos a pocos días de que empiece el curso.

Estas son las primeras apreciaciones porque los sindicatos están a la espera de poder estudiar con detalle el documento elaborado por la Comunidad de Madrid y a ver cómo se concretan las medidas, como la contratación de profesorado que debe realizarse con inmediatez para que se pueda contar con él en el inicio del curso. “La credibilidad está muy tocada, se necesitan hechos. No nos vale una rueda de prensa con anuncios que suenan bien”, concluye Galvín.

CUARTOPODER ACTIVA SU CAJA DE RESISTENCIA

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Fuente de la Información: https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2020/08/26/los-sindicatos-cautos-con-el-plan-de-vuelta-a-clase-por-la-baja-credibilidad-de-ayuso/

 

 

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España: Alfaro estudia retrasar una semana el inicio del curso escolar

Alfaro estudia retrasar una semana el inicio del curso escolar

Se puede decir que el foco COVID se ha asentado en Alfaro después de registrar cerca de 160 casos activos, superando así los acumulados desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 17 de agosto (107). Tras finalizar la segunda jornada de cribado perimetral en la zona de La Molineta con 3.294 PCR, la evolución de la curva de la pandemia en la localidad es poco esperanzadora.

A pesar de que tras las primeras 500 PCR realizadas, tan solo 50 o 60 hayan dado positivo, según apunta el alcalde del municipio, Julián Jiménez, se espera que la cifra vaya en ascenso conforme se notifiquen los resultados de las pruebas. Ante este escenario «extraño», el consistorio ya apunta a una «medidas más drásticas» que permitan frenar el avance del virus.

En concreto, Jiménez ha puesto en conocimiento del Gobierno de La Rioja la posibilidad de retrasar el inicio del curso escolar en Alfaro al 14 de septiembre: «El 8 es festivo en el pueblo, por lo que se empezaría el miércoles 9. Pero opino que es mejor ganar tres días más de autoconfinamiento y suprimir las clases, una medida que ya he trasladado a la Consejería de Salud y que se valorará en las próximas reuniones».

El martes, más PCR

Se estima que durante los tres días que dura el cribado perimetral se realicen cerca de 4.000 PCR, pero el trabajo no cesa ahí. El Ayuntamiento de Alfaro continuará con el dispositivo durante los próximos dos días para realizar pruebas a aquellos sectores de la población más vulnerables, como personas mayores, y con aquellas que no han acudido al dispositivo de La Molineta.

Jiménez destaca el «cumplimiento generalizado» del autoconfinamiento por parte de la población alfareña e insiste en que no hay que criminalizar a ningún grupo social, «como se ha hecho con los jóvenes, porque la gente está muy concienciada con cortar esta cadena de transmisión comunitaria».

Fuente de la Información: https://nuevecuatrouno.com/2020/08/30/alfaro-estudia-retrasar-una-semana-inicio-curso-escolar/

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El sindicato STERM (Murcia) no descarta huelga de docentes si la Consejería de Educación no garantiza una vuelta a las aulas de forma segura

Por: Tercera Información

Ante la respuesta de la afiliación, ha convocado una asamblea extraordinaria para decidir cuáles serán los pasos a seguir en caso de que la Consejería no se siente a negociar con toda la comunidad educativa y garantice la contratación de más personal, docente y no docente, que asegure la reducción de ratios y el derecho a la salud.

STERM Intersindical no descarta la huelga si la Consejería de Educación no garantiza una vuelta a las aulas de forma segura para toda la comuidad educativa. El sindicato se reunió la tarde del 24 de agosto en Secretariado Extraordinario. Tras conocer por la prensa las propuestas de la Consejera de Educación de la Región de Murcia, la organización ha consultado a su afiliación sobre las posibles movilizaciones en caso de que la Consejería de Educación no se comprometa a una vuelta segura a las aulas para toda la comunidad educativa.

Ante la respuesta de la afiliación ha convocado una asamblea extraordinaria para decidir cuáles serán los pasos a seguir en caso de que la Consejería no se siente a negociar con toda la comunidad educativa y garantice la contratación de más personal, docente y no docente, que
asegure la reducción de ratios y el derecho a la salud. En la Comunidad de Madrid, la negativa del Gobierno a negociar ya ha provocado la convocatoria de huelga.

Para STERM Intersindical es de vital importancia también que se implementen medidas que garanticen la conciliación para las familias y la corresponsabilidad en los cuidados. El sindicato STERM, junto con la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública-Marea Verde, ha participado en la rueda de prensa en la que toda la comunidad educativa ponía sobre la mesa las propuestas para una vuelta segura a las aulas, ante unas instrucciones de inicio de curso «inadmisibles».

STERM Intersindical ha anunciado que movilizará a su afiliación para exigir que se apliquen estas propuestas, «única medida viable y consensuada por las verdaderas personas afectadas por esta vuelta a clase. No vamos a aceptar parches que no solucionan los problemas y que merman la calidad educativa», advierte.

Desde el sindicato STERM piden la reunión urgente de la Junta de Personal Docente y «la unidad de todas las organizaciones sindicales, junto a toda la comunidad educativa, para que el comienzo de curso sea presencial, seguro e inclusivo». Desde el sindicato insisten a Educación en que modifique su actitud, «puesto que la única manera de garantizar una vuelta segura que no deje a nadie atrás se asienta sobre las bases de la negociación, la inversión, la planificación y el respeto por las niñas y niños, por las familias murcianas y por el personal docente y no docente del sistema público regional».

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/25/08/2020/el-sindicato-sterm-murcia-no-descarta-huelga-de-docentes-si-la-consejeria-de-educacion-no-garantiza-una-vuelta-a-las-aulas-de-forma-segura/

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Feministas piden retirar la guía de educación sexual en institutos valencianos por “defender la pornografía”

Por: La Vanguardia/RAQUEL ANDRÉS DURÀ

El colectivo feminista el Front Abolicionista del País Valencià ha pedido la retirada de la guía de educación sexual ‘Els nostres cossos, els nostres drets’ de los institutos valencianos porque consideran que es “neoliberal y patriarcal” porque “defiende la pornografía, la prostitución como trabajo sexual, los vientres de alquiler, la donación de óvulos, o la asistencia sexual para personas con diversidad funcional”.

Así lo han explicado en rueda de prensa las activistas Laura Gómez y Puri Lietor. Han recordado que han enviado una carta pidiendo la retirada del documento vigente desde 2018 al conseller de Educación, Vicent Marzà.

En ella sostienen que 21 mujeres integrantes y colaboradoras del Front han estudiado, analizado y debatido el contenido de la guía y han “llegado a la conclusión de que no es un material adecuado” y que lo consideran “pernicioso para la comunidad educativa”.

La respuesta de la Conselleria: “Es una acusación muy seria”

Aunque las activistas han asegurado no haber recibido respuesta de la Conselleria, esta ha asegurado a este diario que se han reunido con el Front Abolicionista y “ha dado respuesta a sus peticiones”.

En ella, ha propuesto al colectivo que, si lo desean, pueden elaborar otra guía abordando perspectivas complementarias y que estudiarán “la conveniencia de difundirla entre la comunidad educativa”.

En cualquier caso, han subrayado que los materiales se han encargado “a personas expertas” y que “no se vulneran valores relacionados con los derechos humanos”. Revelan que la guía fue supervisada por un Consejo de Revisión de Contenidos compuesto por 19 personas expertas (13 mujeres y 6 hombres).

“Los materiales didácticos son para que se trabajen y sirvan de debate y reflexión, por eso hay total libertad para opinar sobre los diferentes aspectos que se plasman en estos. Prohibir o censurar en este sentido materiales didácticos con los que se puede estar de acuerdo o no, no es tarea de la Administración”, prosigue la Conselleria en un comunicado.

Asimismo, sostienen que decir que la guía se pronuncia a favor de la pornografía “es una acusación muy seria que no se corresponde con la realidad”.

Desde el Front lamentan que la guía no explica la prostitución ni analiza sus causas

El Front Abolicionista se queja de que en la guía hay una “ausencia de la coeducación en las bases teóricas”, “no ha habido una colaboración participativa de la comunidad educativa ni de personas expertas en sexualidad humana”, “apuesta por la diversidad y no por la igualdad entre mujeres y hombres”, tiene un “tratamiento confuso del sistema sexo-género” y “carece de una base científicamente rigurosa”.

También denuncian que el documento “se pronuncia a favor de la pornografía sin considerarla como la escuela de violencia sexual hacia las mujeres”, “carece de referencias sobre la prostitución como violencia sexual hacia las mujeres, posicionándose a favor de considerarla ‘trabajo’”, tiene una “postura favorable a la explotación reproductiva comercial del cuerpo de las mujeres, es decir, de los llamados ‘vientres de alquiler’”, “fomenta la hormonación temprana y modificaciones corporales a menores sanos” (en relación a la transexualidad).

Las activistas del Front Abolicionista del País Valencià, Laura Gómez y Puri Lietor

Las activistas del Front Abolicionista del País Valencià, Laura Gómez y Puri Lietor (Raquel Andrés Durà)

Lamentan que “en la guía no hay ninguna actividad en la que se analicen las causas de la existencia de la prostitución y sus graves consecuencias en las mujeres prostituidas, en el conjunto de mujeres y en la sociedad. Ni siquiera hay una actividad en la que se explique en qué consiste la prostitución”. En este sentido, critican que “no hay referencia alguna al proxenetismo, ni a la vulnerabilidad extrema de las mujeres”.

Por todo ello, consideran que la guía “se suma a las políticas y cambios en legislaciones pretendidos cuya consecuencia última es el borrado de las mujeres, de las normativas y espacios sociales, políticos y jurídicos que hasta hoy el feminismo ha logrado para garantizar los derechos para las mujeres”.

Muchos de los aspectos mencionados son objeto de fuerte debate dentro del movimiento feminista, que tiene distintas visiones sobre la prostitución o la identidad de género.

Las autoras lamentan la crítica “violenta” y las “acusaciones gravísimas”

La Vanguardia ha accedido a la contestación de los autores de la guía, Rosa Sanchis, Charo Altable Agustín Zaragozá. En ella, defienden que la guía “nació con el espíritu de conectar con la juventud para luchar contra el machismo pero también con las discriminaciones que provoca la diversidad” que encuentran en el aula y que, para ellos, “no es ninguna incompatibilidad”.

Aseguran que querían que la guía fuera una página web abierta a modificaciones y a sugerencias y “no un PDF cerrado”, pero problemas de presupuesto no lo permitieron. Aún así, recalcan que “no es una guía-catecismo” y que está abierta a ser “revisada, cambiada y actualizada”.

Argumentan que el Front ha hecho una interpretación de la guía “de brocha gorda” y que “no se ha leído con rigor, se han malinterpretado muchos conceptos y se hacen acusaciones gravísimas”, como que se presentan textos “de personas que promueven la pedofilia o la violación” o “que se posiciona a favor de la pornografía e induce al alumnado a verla y a practicarla”.

En este sentido, desde el Front se les ha criticado que empujen a las jóvenes a hacerse fotos íntimas y a enviarlas, y los autores se defienden argumentando que, lo que buscan, es “deslegitimar el porno vengativo, que no es culpa de quien comparte las imágenes en un entorno íntimo, sino de quien las comparte sin permiso”. Por lo que buscan “desculpabilizar” a las víctimas y “apoderar a los espectadores para que actúen contra la violencia y no sean cómplices”.

Por todo ello, los autores manifiestan su “disconformidad, tristeza y asombro” ante la “manera violenta” que han tenido desde el Front de criticar la guía y han asegurado que están “contra todo tipo de violencia sobre las mujeres y contra todo tipo de mercantilización del cuerpo de las mujeres”.

En el texto muestran su “asombro” ante el hecho de que el colectivo feminista haya expresado sus críticas en público sin antes contactar con las autoras y sugieren que “entre compañeras se critica, se escucha, se pregunta y se proponen cambios o se hacen propuestas”.

Por último, sostienen que la guía es “una brújula para el profesorado”, pero que es él quien debe adaptarlo con un enfoque personal en base a lo que se encuentra en el aula.

“Hay una clara relación entre las ‘ manadas’ y el porno”

Una de las principales críticas del Front es hacia la pornografía, que aseguran que en la guía se contempla tratarla sin entrar en qué hay detrás. En este sentido, Puri Lietor ha valorado que hay “una clara relación entre las “manadas” y el porno”: “Si buscan en Google ‘culo y tetas’, los menores ven un sexo entre adultos y dan por hecho algo que no es. Luego con la primera novia quieren hacer lo que han visto en los vídeos, y las chicas lo aceptan para que no les dejen por otra”.

“Las prostitutas nos dicen que los puteros son cada vez más jóvenes y más violentos. Ahora se contrata a una mujer entre varios para hacer con ella lo que quieran”, ha denunciado.

En este sentido, han aportado algunos datos sobre el portal Pornhub: en 2019 se registraron 42 billones de visitas (8,7 billones más que en 2018). En los vídeos, sostienen que “mientras las mujeres son cosificadas y llevan adelante el disfrute masculino, los dueños de la acción son los hombres.

“Las mujeres permanecen activas, pasivas, complacientes, atadas, abofeteadas, abusadas, por un individuo o por varios. No hay deseo femenino, ni elección femenina ni control femenino”, prosiguen.

El acceso a la pornografía ha disminuido la edad mínima de consumo
El acceso a la pornografía ha disminuido la edad mínima de consumo (Atlas)

Entre los vídeos “con más millones de descargas”, están aquellos que “equiparan deseo y virilidad violenta” con “abusos, violaciones, incesto o pedofilia”. Así, categorías como ‘Por favor para, por favor para’ tienen más de 1.500 vídeos, y ‘Ella dijo no’, otros 1.500. También hay otras categorías de “desmayadas, drogadas, dormidas y borrachas”.

Añaden que algunos títulos como “Prostituta callejera es asaltada en una violación grupal” tiene 6,9 millones de visitas y un 64% de ‘me gusta’. EL vídeo “Joven abusada por su profesor de deporte” acumula 5 millones de visitas y un 60% de ‘me gusta’.

El Front recuerda las declaraciones de la exactriz porno, Vanessa Belmond: “Tienes unos cuantos desgarros anales cuando haces esas escenas, y si tomas un analgésico muy fuerte, es mucho más fácil hacerlo. Te piden que sonrías, consientas y hagas ver que te lo pasas bien”.

El colectivo ha añadido que el libro Nueva pornografía y cambios en las relaciones interprofesionales de Carme Orte y Lluís Bataller, de la Universitat de València, daba datos reveladores.

En la obra se entrevistó a casi 2.500 jóvenes de siete comunidades autónomas de entre 16 y 29 años, en su mayoría heterosexuales, y apuntaba a “un aumento de las ‘manadas’ en el estado español”. Reflejaba que casi un 70% de los jóvenes españoles había visto porno por Internet y que suelen acceder por primera vez a los 8 años, aunque su consumo se generaliza a los 14 años.

*Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200804/482678206480/front-abolicionista-pv-retirar-guia-educacion-sexual-institutos-valencianos-defender-pornografia.html

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