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Santos Guerra: «Una pantalla no es la escuela, la dimensión socializadora exige presencia»

Desde el inicio de la pandemia, el pedagogo español Miguel Ángel Santos Guerra recibió distintas historias de docentes y alumnos angustiados frente a un presente incierto, donde el distanciamiento social es la dinámica que reina. Tiempos de pantallas que dejaron expuestos la brecha digital de los chicos y sus familias. “Las emociones se han extendido y profundizado durante la pandemia, sin embargo, el currículum ha seguido centrado en los conocimientos académicos”, dice el educador.

Destacado conferencista y con una extensa carrera como profesor en todos los niveles del sistema educativo, Santos Guerra acaba de publicar Educar el corazón. Los sentimientos en la escuela de Homo Sapiens Ediciones. Una obra donde reúne textos que hablan de la necesidad de la educación emocional y reivindica el derecho a la ternura y a perseguir la felicidad en las escuelas. También aborda por qué la escuela tradicional, a la que describe como el reino de lo cognitivo, debería ser el reino de lo afectivo. Y afirma: “Una pantalla no es una escuela, la dimensión socializadora exige presencia”.

—En este tiempo sin clases presenciales mucho se ha hablado de la cuestión emocional de docentes y alumnos

¿Le han llegado consultas al respecto?

—Pues sí. De diversa naturaleza, pero todas de mucha intensidad. Algunos docentes han sentido angustia ante una situación nueva, imprevista, desconocida, que ponía patas arriba la seguridad a la que estaban acostumbrados. De la noche a la mañana, se vieron obligados a asumir unas responsabilidades para las que algunos no se sentían preparados por la dificultad de manejar herramientas digitales (me preocupa más el analfabetismo pedagógico que el analfabetismo digital). Han tenido que trabajar muchas horas sometidos a una tremenda tensión. Algunos docentes me han dicho que se han sentido solos, recluidos en sus casas, sin la presencia física de los colegas, sin su ayuda cercana, sin el soporte emocional que supone la compañía.

Hay docentes que han vivido con dolor la brecha digital en la que sus alumnos y alumnas estaban inmersos: familias sin cobertura, con un celular como único canal de comunicación para toda la familia, con malas condiciones ambientales… Les ha llegado la demanda de una ayuda que, en muchos casos, no podían o sabían dar. También me han llegado testimonios de alumnos y alumnas que echaban de menos a sus profesores, a sus compañeros y amigos.

No es lo mismo compartir llegadas y salidas, recreos, trabajo en el aula, que estar encerrados entre las cuatro paredes de una habitación. Y todos, profesorado y alumnado, con el temor al contagio, invadidos por noticias desalentadoras, con la tristeza de ver a tantos ancianos que se despedían del mundo sin la presencia de ningún familiar o amigo. Las emociones se han extendido y profundizado durante la pandemia. Sin embargo, el currículum ha seguido centrado en los conocimientos académicos.

—¿Qué lugar debería tener la educación emocional en las aulas?

—Hablo de las aulas y de las escuelas. Porque la educación emocional es parte sustancial del proyecto educativo de la institución. No se puede entender el desarrollo integral de una persona sin tener en cuenta la dimensión afectiva. La educación emocional es una tarea colegiada, en la que ha de estar comprometida toda la comunidad. No hay niño que se resista a diez profesores que estén de acuerdo. Pero, claro, también en el aula debe estar presente esta preocupación. Porque es en el aula donde se produce la convivencia más intensa y duradera.

Los quince capítulos de mi libro Educar el corazón. Los sentimientos en la escuela están dedicados a reflexionar sobre la importancia de esta exigencia educativa y a orientar la acción para llevarla a cabo con éxito. La educación emocional es importante no sólo para la aceptación de nosotros mismos y la buena comunicación con los demás. Es también importante para el aprendizaje. Porque, para que se produzcan aprendizajes significativos y relevantes hace falta que el conocimiento tenga una lógica interna y otra externa, sí. Pero también hace falta una disposición emocional para el aprendizaje. Solo aprende el que quiere. El verbo aprender como el verbo amar, no se puede conjugar en imperativo. Para enseñar y aprender hace falta tener cuidado el corazón.

—¿Qué trabas comunes encuentra en la escuela tradicional para que sea, como afirma en el libro, el reino de lo cognitivo y no de lo afectivo?

—La escuela, en efecto, ha sido siempre el reino de lo cognitivo. Al entrar, a profesores y alumnos se les ha preguntado: ¿qué sabes? A la salida se les ha vuelto a preguntar: ¿qué has aprendido? Pocas veces se pregunta, a unos y a otros: ¿qué sientes?, ¿eres feliz?, ¿sabes expresar tus emociones?, ¿sabes captar las emociones de los demás? Las trabas son la rutina, que es el cáncer de las instituciones, la falta de formación emocional de los docentes, la presión institucional y social sobre el currículum académico. No se puede dar lo que no se tiene. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo.

Enseñamos como somos, no como les decimos a los alumnos que tienen que ser. Por eso digo que es fundamental la formación emocional de los docentes. Decía Gabriela Mistral: “Si no eres capaz de amar, no puedes dedicarte a la enseñanza”. Por otra parte, hay que seleccionar para esta profesión a las mejores personas de un país, porque van a dedicarse a la tarea más difícil, más decisiva y más hermosa que se le ha encomendado al ser humano en la historia: van a trabajar con la mente y el corazón de las personas. Y, como bien es sabido, no hay ningún filtro relacionado con estas cuestiones para acceder a la profesión docente. ¿Qué hace en esta tarea una persona sádica, desequilibrada, inestable, bipolar?

—¿Cómo garantizar el derecho a la ternura que plantea en Educar el corazón en esta época de distanciamiento social mediado por pantallas y sin abrazos?

—Una pantalla no es una escuela. La dimensión socializadora exige presencia. El encuentro, la conversación directa, la colaboración, el saludo sincero, el abrazo son indispensables para el crecimiento personal y para el desarrollo de la comunidad. Los alumnos y las alumnas necesitan conocimientos, estrategias y destrezas, pero necesitan, sobre todo, el amor de quienes enseñan. Los alumnos aprenden de aquellos docentes a los que aman. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a la ternura en dos sentidos: en primer lugar, a vivirla en su relación con los otros, a darla a los demás.

Y también a recibirla, a ser tratados con respeto, con cariño, como corresponde a la dignidad consustancial que conlleva ser personas. La ternura es el alimento del alma. Digo en un capítulo del libro Educar el corazón que existen algunos obstáculos que impiden cultivar la ternura. Uno de ellos es la concepción del mundo como un campo de batalla. En la escuela, resulta un obstáculo la idea de que los profesores son máquinas de enseñar y los alumnos máquinas de aprender.

«LOS DOCENTES HAN TRABAJADO CON CREATIVIDAD, SON HÉROES ANÓNIMOS» Santos Guerra.

—Cuando pase la pandemia, ¿Qué enseñanzas le gustaría que se haya aprendido para la escuela?

 —No saldremos de la crisis igual que entramos. Cuando salgamos habremos aprendido muchas cosas. Unas relacionadas con el análisis de la realidad. Otras con la vida emocional. Hemos visto cómo el virus se ha ensañado con los más vulnerables, con los más débiles. Y hemos aprendido que las terribles desigualdades existentes deben ser superadas a través de la educación. La crisis nos ha enseñado la fragilidad e importancia de la vida. Y qué decisiva es la solidaridad para vivir de una forma más hermosa y más justa. En mi blog El Adarve (, dediqué doce artículos a reflexionar sobre la crisis. Uno de ellos llevaba este título: La cruel pedagogía del virus. Hablo en él de algunas lecciones:

Lección primera. La pandemia causa conmoción en todo el mundo, pero de forma desigual. Médicos sin Fronteras advierte, por ejemplo, de la extrema vulnerabilidad al virus de los miles de refugiados e inmigrantes detenidos en centros de intercambio en Grecia. En uno de ellos (campo de Moria) hay un grifo de agua para 1.300 personas y no hay jabón. Los refugiados viven hacinados. Familias de cinco o seis personas duermen en un espacio de menos de 300 metros cuadrados. Esto también es parte de Europa, es la Europa invisible. Estas condiciones también prevalecen en la frontera sur de Estados Unidos, hay también allí una América invisible. ¿Nos importa que exista un orden mundial tan discriminatorio?

 Lección segunda. El tiempo político y mediático condiciona cómo la sociedad contemporánea percibe los riesgos que corre. Ese camino puede ser fatal. Las crisis graves y agudas, cuya letalidad es muy significativa y rápida, movilizan a los medios de comunicación y poderes políticos, y llevan a tomar medidas que, en el mejor de los casos, resuelven las consecuencias de la crisis, pero no afectan sus causas.

Por el contrario, las crisis severas, pero de progresión lenta tienden a pasar desapercibidas incluso cuando su letalidad es exponencialmente mayor. La pandemia de coronavirus es el ejemplo más reciente del primer tipo de crisis. Mientras escribo esto, ya ha matado a unas 40.000 personas. La contaminación atmosférica es el ejemplo más trágico del segundo tipo de crisis. Como informó The Guardian el 5 de marzo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica, que es solo una de las dimensiones de la crisis ecológica, cada año mata a 7 millones de personas.

Lección tercera. La extrema derecha y la derecha hiperneoliberal han sido (con suerte) definitivamente desacreditadas. La extrema derecha ha crecido en todo el mundo. Se caracteriza por el impulso antisistema, la manipulación grosera de los instrumentos democráticos, incluido el sistema judicial, el nacionalismo excluyente, la xenofobia y el racismo, la defensa de la seguridad que otorga el estado de excepción, el ataque a la investigación científica independiente y la libertad de expresión, la estigmatización de los opositores, concebidos como enemigos, el discurso de odio, el uso de redes sociales para la comunicación política en menosprecio de las herramientas y los medios convencionales. Defiende, en general, el estado mínimo, pero aumenta los presupuestos militares y las fuerzas de seguridad. Ocupa un espacio político que a veces le fue ofrecido por el rotundo fracaso de los gobiernos provenientes de la izquierda que se rindieron al catecismo neoliberal bajo la astuta o ingenua creencia en la posibilidad de un capitalismo con rostro humano, un oxímoron que ha existido siempre o, al menos, que existe hoy.

 Lección cuarta. De los 194 países soberanos que existen en el mundo reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con autogobierno y completa independencia, solo diez están gobernados por mujeres. Pues bien, esos países han tenido una gestión de la crisis más efectiva, más rápida, más audaz. Pensemos lo que ha pasado en Alemania, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca… Sólo el 5% de los países del mundo están gobernados por mujeres. Pues bien, de los 12 más efectivos, 7 están dirigidos por mujeres. No es una casualidad. La gestión de la crisis en estos gobiernos ha sido más eficaz, más valiente, más creativa, más compasiva, más ética. (¿Hemos pensado alguna vez que no ha habido dictadoras en la historia?). Sobra mucha testosterona en el poder.

«LOS DOCENTES HAN TRABAJADO CON ESFUERZO Y CORAJE DESDE SUS DOMICILIOS EN UNA EXPERIENCIA JAMÁS IMAGINADA»

Lección quinta. Hemos podido comprobar la importancia que tiene la sanidad pública. Los recortes que se realizaron y la privatización de los servicios han mermado la capacidad de respuesta ante la gravedad de la crisis. ¿Cómo no pensar en una forma segura y estable de garantizar la protección de la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad, sin entregar su suerte a la herencia o al azar?

Lección sexta. Se han presentado varios dilemas durante la crisis. Uno de ellos ha sido el de salud versus economía. Cuidar de la salud suponía destruir la economía. El primer ministro inglés Boris Johnson dijo que había que seguir con la actividad a pesar de que hubiera que pagar el tributo de muchas vidas. Luego, no sé si por la presión social o por qué, tuvo que rectificar. Ha habido otro dilema que se ha adueñado de la opinión pública: derecho a la libertad de expresión versus difusión de bulos y fake news. El derecho a la información se ha llenado de confusión y de mentiras. Un tercer dilema ha sido el de salud versus restricción de libertades. El gobierno ha confinado a la población para conseguir frenar la expansión del virus.

Lección séptima. Los docentes han trabajado con esfuerzo, creatividad y coraje desde sus domicilios, en una experiencia jamás imaginada: desplegar un proyecto educativo desde una institución virtual que se expande por el espacio y por el tiempo y adaptar nuevas metodologías y formas de evaluación. Están siendo héroes anónimos. Es hora de valorar la importancia de la educación y de la investigación. El impacto de la brecha digital va a agrandar las diferencias durante la crisis y se van a hacer más graves e injustas las diferencias. Habrá que ayudar a los más vulnerables a recuperar el espacio perdido.

 Lección octava. Nuestros ancianos y ancianas han sido castigados con crueldad por el Covid-19. Muchos de ellos han muerto en condiciones lamentables de soledad y angustia. Las residencias se han convertido en trampas terribles donde han encontrado la muerte muchos mayores por deficiencias de cuidado y de gestión. El personal sanitario se ha visto expuesto a situaciones de alto riesgo y hemos pagado un tributo elevadísimo de bajas y vidas He recibido una desgarradora carta de Rocío Casto Bertomeu en la que me cuenta que ha perdido en la crisis dos familiares a los que ha despedido en condiciones tristísimas: una sanitaria y una queridísima abuela. Cuánto dolor en sectores tan sensibles de la sociedad.

Lección novena. La crisis ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. En la crisis ha habido actuaciones heroicas sin límite, se ha desplegado un inmenso abanico de acciones generosas. Personas que han arriesgado la vida para salvar a otros. Personas y grupos que han dedicado su tiempo, su conocimiento y sus bienes a la lucha por la recuperación. La ciudadanía ha respondido con responsabilidad y sacrificio a las exigencias que imponía el bien común. Pero también ha permitido mostrar lo más negativo de nuestro ser: personas que, con irresponsabilidad inconcebible, han contagiado a otras personas, individuos que se han enriquecido de forma injusta.

Después de la crisis seremos distintos, pero no necesariamente mejores. Para ser mejores hará falta algo más que las simples evidencias. Hará falta clarividencia, unidad, solidaridad y voluntad para no repetir los errores. Lecciones duras, difíciles de asimilar. Lecciones que no se aprenden sin esfuerzo y humildad. El aprendizaje tiene que incorporarse a la construcción de una normalidad mejor, de más calidad humana, de más profundidad ética.

Loja, M. (15 de agosto del 2020). Santos Guerra: «Una pantalla no es la escuela, la dimensión socializadora exige presencia». Obtenido de La Capital Sitio Web: https://www.lacapital.com.ar/educacion/santos-guerra-una-pantalla-no-es-la-escuela-la-dimension-socializadora-exige-presencia-n2602894.html

Fuente: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:106382-santos-guerra-una-pantalla-no-es-la-escuela-la-dimension-socializadora-exige-presencia

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“El abandono escolar puede aumentar si seguimos con la educación a distancia o la semipresencialidad”

Por: Nacho Meneses

España es el país de la UE con mayor abandono temprano, una situación que puede incluso empeorar si no se aborda una transformación profunda del sistema educativo

Sin lugar a dudas, esta es una clasificación en la que ningún país desea destacar. El abandono escolar temprano español, el de las personas de 18 a 24 años que han dejado los estudios sin llegar a completar la segunda etapa de la educación secundaria, sigue siendo el más alto de toda la Unión Europea: un 17,3 % en 2019, siete puntos por encima de la media comunitaria (10,3 %), a pesar de haberse reducido significativamente a lo largo de la última década. Un dato que alcanza mayor dramatismo si se disgrega por géneros, ya que alcanza el 13 % entre las mujeres, pero el 21,4 % entre los hombres, es decir, un 65 % superior.

La incertidumbre que domina todo lo relacionado con el próximo año académico tampoco ayuda. Tras un final de curso marcado de manera excepcional por el cierre de las escuelas y la formación a distancia, en el que Gobierno y autonomías acordaron flexibilizar la promoción de los alumnos, y el actual aumento de casos de covid-19 en gran parte de la geografía española, el temor de un mayor abandono escolar acecha entre las sombras difícilmente discernibles de lo que pueda suceder en los próximos meses.

“El abandono escolar puede aumentar si seguimos con la educación a distancia o la semipresencialidad”

Si la brecha digital dificultó el seguimiento de las clases entre los alumnos de familias con un bajo nivel socioeconómico, la continuidad de la educación a distancia podría llegar a romper esa lenta tendencia a la baja de la tasa de abandono: “La desvinculación, la ausencia de motivación, el bajo rendimiento escolar y el abandono escolar pueden aumentar si la semipresencialidad o la educación a distancia se imponen frente a la presencialidad en el curso 2020-2021, si las circunstancias sanitarias obligan a ello”, afirma Andrés Payà, profesor titular de Pedagogía en la Universidad de Valencia y conferenciante de Thinking Heads. “La ausencia de contacto con el grupo de compañeros y con la comunidad escolar que representa la convivencia en el aula, aumenta todavía más la vulnerabilidad y el desarraigo de la escuela; el alumno se va a sentir más solo y menos acompañado, y va a valorar mucho menos la educación”.

¿Por qué se produce el abandono escolar?

Las causas que explican la relevancia de este problema son múltiples y de muy distinta clase. Tienen que ver con el propio alumno, con su entorno sociofamiliar, con el contexto escolar en particular y el sistema educativo en general; y las soluciones tienen tantas aristas como los factores que lo propician.

Los motivos de índole personal, que sí dependen del alumno o alumna que abandona, van desde sus propias capacidades a los intereses, las motivaciones, las competencias, el compromiso o incluso su propio estado emocional: “Es decir, cómo se encuentra a nivel psicológico, bien porque tenga una psicopatología o porque, sin llegar a ello, pueda tener problemas emocionales, de ansiedad, de autoestima e incluso un bajo estado de ánimo o una situación personal en un momento determinado, como puede ser, a ciertas edades, una ruptura amorosa”, esgrime Andrea Navarrete, psicóloga y psicoterapeuta.

En el entorno sociofamiliar, la actitud y expectativas que los padres tengan hacia la educación juegan un papel fundamental, porque influirán decisivamente en el mensaje que transmitirán a los hijos; pero también el fomento de la lectura o la calidad de la comunicación que hay entre padres e hijos: “Cuando viene con suspensos del cole o diciendo que no quiere ir, en vez de castigarle, hay que poder razonar con él, preguntarle si tiene algún tipo de problema y si le puedes ayudar”, explica Payà. “Durante la pandemia, ha habido familias que han querido ayudar pero no han podido, porque estaban limitadas en ese sentido”.

Pero hay, además, muchos otros factores: “Si la familia tiene problemas, si es disfuncional o si ha sufrido algún acontecimiento traumático que influya de manera directa en el alumno o alumna, e incluso la propia situación económica de la familia, que puedan ocasionar situaciones de estrés o ansiedad que determinen cómo el adolescente percibe el ambiente dentro de su núcleo familiar”, añade Navarrete.

¿Y qué sucede con el entorno escolar? Aquí la conversación se complica y las aristas se multiplican. “Nunca se ha hecho una reforma integral encaminada a motivar más al alumno, a hacer un aprendizaje más atractivo y personalizado (…) El sistema educativo español adolece de ser más práctico y motivador”, sostiene Navarrete. Otros aspectos que pueden influir son la repetición de curso (el que repite dos o tres veces, es posible que se harte y abandone el sistema educativo); el nivel socioeconómico del centro o la autopercepción que tenga el alumno de lo que está haciendo y de lo que sirve el estudiar.

Tampoco deben olvidarse las propias expectativas que los docentes tienen respecto de sus estudiantes. “Es el llamado efecto Pigmalión, o la profecía autocumplida, que sigue funcionando mucho a nivel de aula: cuando las expectativas que tienes de un alumno son muy buenas, le prestas más atención e individualizas mucho más la enseñanza… Y al revés: cuando el docente piensa que de un alumno no va a sacar nada, está manteniendo un mensaje negativo, y esas expectativas que tenía se acaban cumpliendo. Esas expectativas inconscientes hacia la gente hacen que les demos más oportunidades y les dediquemos más tiempo, con lo que tienen mayores posibilidades de éxito”, reflexiona Payà.

¿Cómo reducir el abandono temprano?

Conseguir reducir el abandono escolar es una prioridad global que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y de la Agenda 2030, que con respecto a la educación se fijan la meta de “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” de aquí al final de la década. En ese contexto, el objetivo marcado para España era reducir la tasa de abandono al 15 % para 2020, algo ya altamente improbable si tenemos en cuenta que con datos de 2019 seguimos en el 17,3 %, y que ninguna de las leyes educativas promulgadas en España durante la democracia ha logrado rebajar ese porcentaje hasta al menos los niveles europeos. Para conseguirlo, Andrés Payà señala como necesarias ocho acciones que supondrían una reforma radical del sistema educativo:

1. Reducir las ratios en todas las etapas, para conseguir que la enseñanza sea más individualizada.

2. Incrementar la cantidad de profesorado, y no solo para tener menos alumnos por aula, sino también para tener profesores de refuerzo y aumentar el tiempo de tutorías, de orientación escolar, de apoyos y de desdobles.

3. Dotar a los centros de profesionales especializados: no solo docentes, sino profesores de pedagogía terapéutica, logopedas, pedagogos y psicopedagogos, que son los que van a colaborar en la detección, prevención e intervención del abandono escolar.

4. Reforzar los programas y medidas de atención a la diversidad del alumnado, que sí se está haciendo, pero no lo suficiente.

5. Promover un sistema efectivo de orientación y formación profesional durante la enseñanza obligatoria. Un tema, el de la FP, en el Gobierno ya se ha puesto las pilas y se ha dado cuenta de que no es una segunda vía, sino una vía supernecesaria.

6. Aumentar la inversión en becas y ayudas para el estudio, así como medidas compensatorias para grupos vulnerables.

7. Potenciar una estrategia común y coordinada entre programas y administraciones educativas. No puede hacer el ministerio una cosa, la consejería otra y el ayuntamiento otra… De los pocos recursos que invertimos en educación, a veces los estamos duplicando y no siempre van en el mismo sentido, cuando van dirigidos a las mismas personas.

8. Trabajar con las familias para mejorar su arraigo con la comunidad educativa: es lo que se está haciendo ahora con las famosas comunidades de aprendizaje. No se trata solo de que las familias participen de la educación, sino de que sientan su centro educativo como propio.

9. Hay que valorar mucho más la labor y la función del profesor; empoderarles y prestigiar la docencia. El docente no se dedica a enseñar porque no tiene otra cosa; realiza una labor importantísima, y debe reconocerse.

Alumnos de altas capacidades

El abandono escolar temprano no solo afecta a la población de riesgo, ya que cualquier persona puede estar en riesgo de abandonar. Y, entre ellos, los estudiantes con altas capacidades (o superdotados), que necesitan esos profesionales específicos arriba mencionados y un seguimiento constante para evitar que desconecten y abandonen un sistema educativo que no les satisface. “Cuando hablamos de flexibilizar los currículums, la repetición y la promoción de cursos, siempre pensamos en hacerlo más fácil para las personas que no tengan tantas capacidades, pero no lo pensamos de la otra manera, que el currículum sea mucho más complicado y complejo, que la promoción de cursos sea posible y que alguien pueda saltarse dos cursos”, argumenta Payà. “Por eso es tan importante la adaptación de esos currículos y contenidos”.

Para Navarrete, una situación de abandono escolar puede dar lugar también a un paréntesis de crecimiento personal y maduración, cuando hay factores personales, emocionales y psicológicos que le están influyendo negativamente: “A veces, ese abandono puede redundar en algo positivo, si se utiliza el tiempo para trabajar esos problemas y luego retomar los estudios. Si se le da el apoyo necesario, si se halla la manera de reengancharle al sistema educativo y de volverle a ilusionar, ese alumno no tiene por qué perderse”.

Fuente: https://elpais.com/economia/2020/08/12/actualidad/1597228975_884403.html

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Profesorado español anuncia huelga ante inacción frente a Covid-19

Europa/España/20 Agosto 2020/prensa-latina.cu

El profesorado de la Comunidad de Madrid anunció hoy una huelga para inicios de septiembre próximo, en protesta por lo que consideran la ausencia de acciones concretas frente al coronavirus SARS-CoV-2 en esta región española.
Convocada por las principales organizaciones sindicales de la educación pública de la comunidad autónoma (región) de Madrid, la protesta se realizará durante los días 4, 8, 9 y 10 de septiembre, en coincidencia con el arranque del curso escolar.

En un comunicado conjunto, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid denunciaron la ‘inacción’ del gobierno autonómico frente al nuevo coronavirus.

A juicio de esas centrales obreras, las autoridades de Madrid, región administrada por el derechista Partido Popular, no han previsto ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos para afrontar la vuelta a las aulas en medio de la pandemia.

‘Esta gravísima situación pone en peligro a la comunidad educativa y, por tanto, a todo el conjunto de la sociedad madrileña’, esgrimen las cuatro organizaciones en su comunicado.

Entre las reivindicaciones sindicales figura la bajada de ratios del alumnado por aula para poder respetar la distancia de seguridad; aumento de las plantillas de maestros; más personal de limpieza y control; y dotación de personal de enfermería en todos los centros.

Además, exigen el aumento de medios para atención a la diversidad; medidas para corregir la brecha digital y dotar de todos los recursos materiales necesarios y mejora de infraestructuras.

‘Es necesario que se reviertan las políticas privatizadoras en la educación madrileña y se termine con el trasvase de dinero público a manos privadas’, reza el texto.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=390461&SEO=profesorado-espanol-anuncia-huelga-ante-inaccion-frente-a-covid-19
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España: Las comunidades endurecen sus medidas contra la COVID-19 y Castilla y León se abre a pedir un estado de alarma regional

Sofía Pérez Mendoza/eldiario


Algunos gobiernos autonómicos, como Euskadi este martes y Castilla- La Mancha el próximo viernes, van más allá de las restricciones acordadas con Sanidad por su situación preocupante de contagios o para evitar se llegue a una coyuntura crítica.

Las comunidades autónomas están poniendo en marcha medidas extra para contener el avance de una segunda ola epidémica. Nuevas limitaciones que desbordan, en casos como Euskadi, las acordadas entre el Ministerio de Sanidad y todos los gobiernos regionales «por unanimidad» el pasado viernes: la prohibición de fumar si no se mantiene la distancia de dos metros o el cierre de los locales de ocio nocturno

 

Mientras las comunidades, competentes en materia sanitaria desde el fin del estado de alarma, van haciendo efectivas estas restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial a través de decretos –ya lo han hecho Castilla y León, Comunitat Valenciana, Aragón, Catalunya, Extremadura, Asturias, Andalucía o Baleares– algunas toman la avanzadilla con otras soluciones por su situación preocupante de contagios o para evitar que se alcance una coyuntura crítica como la vivida en la primera ola. Castilla – La Mancha aprobará el viernes un «duro» paquete de medidas, según ha anunciado su presidente Emiliano García-Page, y Castilla y León se abre a declarar un estado de alarma regional si los datos empeoran. El Ministerio de Sanidad registraba este martes 5.114 nuevos casos de coronavirus. Madrid, con 1.619 es la región con más contagios, seguida de Andalucía, Aragón, Catalunya y Euskadi.

Euskadi: estado de emergencia sanitaria

Euskadi tiene la tercera incidencia más alta de COVID-19 en España. 140,7 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos de Sanidad. El Gobierno vasco declaró el lunes la emergencia sanitaria ante la llegada de unos niveles cercanos a la etapa de confinamiento que han dado un respiro en los dos últimos días. El territorio rebasó el miércoles y el jueves de la semana pasada el medio millar de contagios al día, una cifra que no se repetía desde el 31 de marzo (aunque entonces se hacían muchas menos pruebas), con especial incidencia en Bizkaia, con 400 positivos en 24 horas. Las cifras levantaron las alarmas del lehendakari, que ha recurrido por segunda vez a la herramienta jurídica de la emergencia sanitaria para hacer frente a a situación. La primera fue el 13 de marzo tras decretar el cierre de los colegios y en la víspera de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez declarara el estado de alarma.

Este martes, el Gobierno de Urkullu presentaba las nuevas medidas: restricciones importantes en la hostelería, aforo del 60% en las piscinas, cierre de las lonjas juveniles y un tope de diez personas para los grupos, sea en bares o restaurantes o también, como novedad, en la vía pública. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha advertido que el marco jurídico permite adoptar más medidas y más duras si aparece un brote porque el Gobierno vasco tiene el «mando único».

Algunos gobiernos autonómicos se han topado con la justicia al intentar activar confinamientos quirúrgicos, reducir horarios en establecimientos o limitar las reuniones. Con las directrices de Sanidad habría, en principio, un marco más homogéneo ante la cascada de decisiones judiciales contradictorias que han limitado algunas de estas medidas en las últimas semanas. Estas once medidas acordadas el viernes deben adaptarse al ordenamiento jurídico de cada comunidad.

Castilla La-Mancha: medidas «muy duras» y denuncias de oficio a los incumplidores

Castilla-La Mancha avanza también medidas «exigentes» a partir de este viernes, cuando el Gobierno de Emiliano García- Page tiene previsto aprobar un decreto que oficialice la prohibición de fumar, de hacer reuniones de más de 10 personas en bares, el cierre del ocio nocturno y las limitaciones horarias a la hostelería hasta la 1.00. Todas medidas consensuadas con Sanidad en el Consejo Interterritorial del pasado viernes.

En la normativa se incluirán, además, restricciones adicionales que aún no se conocen y que Page quiere acordar con los sectores afectados. Además, el presidente autonómico está explorando las posibilidades jurídicas para denunciar de oficio, como autoridad sanitaria, a las personas que no siguen las normas o no cumplen el aislamiento y ha encargado un estudio que confirme la viabilidad legal de esta iniciativa. La región fue una de las más golpeadas por la Covid-19 en la primera ola y teme un segundo mazazo. Los contagios se han ralentizado respecto al fin de semana, cuando rebasaron los 500. Este martes se han notificado 138. El Ejecutivo regional ya ha ordenado el cese de la actividad no esencial de una localidad albaceteña, Villamalea, donde entr e el sábado y el domingo los casos se multiplicaron de 4 a 31 por un brote.

Castilla y León valora un estado de alarma regional

En Castilla y León, también en la meseta, el Gobierno de PP y Ciudadanos abre la puerta a declarar un estado de alarma regional si la situación empeora. Lo avanzaba el vicepresidente autonómico, Francisco Igea. «Somos la decimotercera comunidad en incidencia acumulada», ha dicho Igea, que ha recordado que las medidas irían encaminadas a no volver a la coyuntura límite de marzo y abril. Soria y Burgos son las provincias con más casos por 100.000 habitantes, seguidas de Valladolid y Salamanca, a fecha 9 de agosto.

La región fue, junto a Madrid y Barcelona, el territorio que más tardó en desescalar por su especial incidencia y en la nueva normalidad la Junta ha solicitado autorización judicial para confinar dos municipios vallisoletanos, Íscar y Pedraja, y ahora también Aranda de Duero, donde los tribunales acaban de ratificar una prórroga de las restricciones hasta el viernes para cumplir los 14 días de aislamiento. El informe de Salud Pública remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos señala que de los 605 casos confirmados, sólo 201 están asociados a alguno de los 50 brotes identificados. Hay 404 casos en los que no se ha encontrado el vínculo epidemiológico, lo que hace «precisa la prórroga», según la magistrada.

Madrid, en el punto de mira

La Xunta de Galicia y la Generalitat Valenciana fueron las primeras en decretar confinamientos selectivos en zonas concretas. A principios de julio se establecieron limitaciones la movilidad en Burela y el área de A Mariña (Galicia) y también en la comarca del Segrià (y su capital, la ciudad de Lleida) para atajar los contagios que lograron reducir la expansión del virus y cortar, en el caso de Catalunya, la subida exponencial. El Gobierno de Feijóo se anticipó a la decisión unánime de todas los gobiernos regionales para impulsar la prohibición de fumar y clausurar el ocio nocturno. Esta última medida se hizo efectiva ya la semana pasada en nueve ayuntamientos del área sanitaria de A Coruña, donde se concentraron el 60% de todos los casos de coronavirus de la región tras duplicarse los casos en las dos primeras semanas de agosto.

Madrid, la región que hoy está en el punto de mira por ser la que acumula más contagios en la última jornada, implementará las nuevas limitaciones acordadas por Sanidad esta semana –con cierto retraso respecto al resto de comunidades– y no descarta medidas más estrictas si empieza a haber síntomas de sobrecarga de los hospitales. Ya hay ingresadas 963 personas en los centros madrileños por el coronavirus y este martes se ha situado a la cabeza de nuevos contagios, con 1.619 nuevos. Más de 700 en las últimas 24 horas.

Artículo elaborado con la información de Iker Rioja, Alicia Avilés y Alba Camazón.

Fuente e imagen: https://www.eldiario.es/politica/comunidades-endurecen-medidas-covid-19-castilla-leon-abre-pedir-alarma-regional_1_6170217.html

 

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España: El Sindicato Independiente de Docentes denuncia la “dejación de funciones” de las autoridades educativas

Sindicato Independiente de Docentes

El SIDI, que critica tanto al Ministerio como a la Consejería de Educación, considera que el curso escolar no puede comenzar en las fechas previstas con un mínimo de seguridad para los docentes ni para el alumnado.


El Sindicato Independiente de Docentes (SIDI) ha denunciado lo que considera una “dejación de funciones” por parte de las autoridades educativas, una denuncia que afecta a distintos niveles de la Administración. Así, critica a la minstra de Educación, “desaparecida y ausente, cuando debería estar coordinando y proponiendo medidas coordinadas con el ministerio de Sanidad para el inicio del curso escolar, en evitación de la propagación del coronavirus en las aulas educativas y con ello la propagación a toda la sociedad lo que conllevaría la nueva paralización económica del país”.

El sindicato arremete también contra la Consejería de Educación de Murcia, «que en una política de echar balones fuera y desentenderse de su responsabilidad ha delegado en los equipos directivos las funciones de evitación y en su caso control de la epidemia en los centros educativos y además sin dotarles de los medios humanos y materiales necesarios. En ese sentido, el SIDI considera que la Consejería “debería haber realizado un estudio durante los últimos tres meses sobre el personal y material de prevención y protección necesario para el comienzo del curso, y organizando los espacios, sistemas y medios para impartir educación telemática y mecanismos de seguimiento y evaluación de los alumnos”.

También cree que desde la Consejería de Educación “se debería haber previsto el incremento de docentes que permita la reducción de ratios y reparto de las tareas de formación telemática y tutorías presenciales individualizadas (lo que supondría un aumento de unos 4.000 docentes desde el 1 de septiembre que permita la adecuada planificación educativa), la ampliación de espacios donde impartir la docencia, la formación de los docentes en nuevas tecnologías, la dotación de medios informáticos a los docentes, a los centros y a los alumnos que lo necesitaran”.

Desde el SIDI manifiestan que “el curso escolar no puede comenzar en las fechas previstas con un mínimo de seguridad para los docentes ni para sus alumnos”. Para cuando empiece, exige que “se establezca como sistema habitual la educación a distancia de manera telemática, con tutorías y evaluaciones presenciales quincenales de manera individualizada con cada alumno, lo que permitiría, aproximadamente cada dos semanas, realizar un seguimiento y controlar la formación de cada alumno y la realización por éste de las tareas educativas propuestas por su docente”.

Al Ministerio de Educación le insta a “regular y establecer legislativamente como obligatorio el teletrabajo en todos aquellos trabajos en que así fuera posible, lo que permitiría conciliar la vida familiar y que los padres se involucraran en seguimiento de la formación de sus hijos durante el tiempo que dure la pandemia y con ello evitar que los centros educativos se convirtieran en aparcamiento para el cuidado de niños”.

Asimismo, el SIDI recuerda “a todos los docentes y a la sociedad en general que aquellos docentes y trabajadores que consideren que en su trabajo hay riesgo grave de contraer una enfermedad pueden paralizar su actividad y abandonar el trabajo sin poder ser sancionados por ello, así como pueden ponerse en contacto con su sindicato, quien podrá por acuerdo mayoritario de la Junta de personal paralizar su trabajo de manera inmediata”.

Fuente e imagen:  https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/18/08/2020/el-sindicato-independiente-de-docentes-denuncia-la-dejacion-de-funciones-de-las-autoridades-educativas/n

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Catalunya: «O invertimos en Salud Pública y servicios sociales o no tendremos vida»

«O invertimos en Salud Pública y servicios sociales o no tendremos vida»

La salud pública siempre ha sido la gran olvidada de las políticas públicas, a pesar que su tarea fundamental es la de prevención de enfermedades y de actuación en ámbitos que pueden determinar la salud de las personas, como por ejemplo las condiciones laborales o medioambientales. Sin embargo, con la llegada del coronavirus se ha mostrado la importancia de un ámbito que sigue contando con unas estructuras muy precarias. Para analizar la importancia de esta área transversal en el control de los actuales rebrotes y cómo la pandemia ha afectado las capas más empobrecidas, EL TEMPS entrevista Joan Benach, director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut de la Universitat Pompeu Fabra y catedrático del departamento de Ciències Polítiques i Socials del mismo centro universitario.

-Qué papel tendrían que jugar la sanidad y la salud pública ante la pandemia? Explique en qué se diferencian y que las caracteriza.

-En la gestión actual y futura de la pandemia, la sanidad pública y la salud pública son dos ámbitos esenciales, pero diferentes. La sanidad pública trata de diagnosticar y curar las enfermedades que sufre la gente, un terreno que sufre desde hace tiempo un proceso crónico de mercantilización e infrafinanciación en el conjunto del Estado español, así como es víctima de la medicalización y del hospitalocentrismo. ¿Por qué? Pues porque es un modelo donde gran parte del gasto va a los hospitales, y a comprar tecnologías y medicamentos, mientras que la atención primaria y los servicios sociales, que tienen que ser los puntos capitales del sistema sociosanitario, permanecen precarizados y con pocos recursos. La salud pública, en cambio, trata de prevenir la enfermedad, a la vez que proteger, promover y recuperar la salud de la población, con acciones de salud laboral, ambiental o comunitaria, con vigilancia epidemiológica o actuando frente a los determinantes sociales de la salud por ejemplo. Pero para hacer esta tarea gigantesca, la salud pública dispone de unos recursos exiguos (menos del 2% del presupuesto, y buena parte de él va al gasto en vacunas), y una formación y un número de especialistas muy limitado.

-En esta etapa de desconfinamiento, que estaría caracterizada por el ensayo-error, los servicios de vigilancia epidemiológica adquirían un papel todavía más fundamental. Con todo, parece no haber el personal suficiente. La jefa de epidemiología del Hospital del Valle de Hebrón, Magda Campins, apuntaba: «Necesitamos 2.000 rastreadores y solo hay 150». Cómo valora la respuesta del Gobierno catalán ante los últimos brotes?

-Es una respuesta reactiva y deficiente. Es reactiva porque, más allá de quejas políticas a menudo poco consistentes y de la retórica de usar eslóganes como «frenamos el virus» o «este virus lo paramos unido», no se planifica, sino que se improvisa permanentemente y las cosas se hacen tarde y con poca transparencia. Son ejemplos el hecho que hace poco que se ha nombrado un director de la unidad de seguimiento de la Covid-19 o la tardanza de cuatro meses en crear un comité de expertos que haga propuestas para cambiar el sistema de salud y las residencias. Se actúa sin la capacidad de prever ni de prepararse ante rebrotes, algo que era previsible que pudiera pasar. Y es también deficiente porque, cuando sí que se revisan las posibles estrategias a desarrollar, como propuso a finales de abril un informe del epidemiólogo Oriol Mitjà, no ha habido la voluntad y el liderazgo adecuados para actuar de forma rápida y efectiva posando todos los medios necesarios en las mejores políticas. ¿Por qué no se ha actuado? Seguramente porque después del confinamiento radical que permitió bajar mucho el número de contagios, muchos políticos pensaron que todo estaba ya «controlado», sin entender que el problema no había acabado, que la salud pública precisa de un gran reforzamiento y de reformas estructurales muy profundas. El hecho de tener tan pocos rastreadores para detectar, seguir y aislar posibles contagios (hay un par de centenares a lo sumo que haría falta al menos multiplicar por 10), o el hecho de disponer de unos sistemas de información epidemiológica y de vigilancia de las medidas de prevención tan limitados como los existentes, por ejemplo, en el ámbito laboral, son dos síntomas de que no se toma seriamente el papel clave de la salud pública.

– ¿Por qué no se otorga a la salud pública el papel clave que tendría que desarrollar?

– Creo que una razón de fondo tiene que ver con la visión mercantil y biomédica de la salud, donde la salud pública tiene un carácter residual. El papel de la salud pública, es decir, vigilar epidemias, reducir desigualdades, prevenir accidentes laborales o hacer cribas de cáncer, entre otras muchas cosas, es crucial, pero a menudo invisible. No en balde, aquello que no se ve, ni da ganancias económicas o políticos inmediatos no se valora ni parece prioritario. Cuando aparecen nuevos brotes, normalmente se crean más camas o bien hospitales de campaña, las cuales son acciones curativas necesarias. En cambio, no se ha hecho la imprescindible planificación preventiva. La visión mercantilista y de inmediatez de la salud es pues engañosa y peligrosa. ¿Por qué? Imaginamos por un momento que se nos dijera que la limpieza de los bosques o que tener un parque de bomberos no es algo rentable o que no hay que reforzarlos porque ahora mismo no hay ningún incendio. Pensaríamos que estamos locos al exponernos en un riesgo muy serio que podemos evitar. Pues bien, la pandemia es como uno macroincendio, y a pesar de que se pudo casi apagar mediante un confinamiento radical y masivo durante muchas semanas, en muchos lugares quedan brasas encendidas que hay que identificar y apagar. El confinamiento radical solo se convierte en una solución cuando la pandemia ya está demasiado descontrolada o bien cuando la salud pública es tan débil como la que tenemos y ya no podemos hacer nada más. Ante la existencia de una salud pública donde no se quiere invertir y parece que no haya que reforzar, la pregunta que nos podemos hacer es clara: ¿dónde está la salud pública?

– A raíz de los recientes rebrotes, la atención política y mediática se ha centrado en la actitud de los jóvenes y en las acciones centradas a la responsabilidad individual. Está de acuerdo con esta mirada?

– Hacer hincapié al hacer recomendaciones a la ciudadanía básicamente de tipo personal como se está haciendo sería parecido a decir que ante la epidemia del tabaco es la gente la que tiene que tener la responsabilidad de no fumar, cuando tienen que ser los gobiernos quienes suban los precios del tabaco, aprueben leyes restrictivas, controlen la perniciosa publicidad de la industria tabaquera, y hagan campañas intensivas de educación sanitaria y promoción de la salud, especialmente entre la gente joven. Para mejorar la salud colectiva y reducir las desigualdades generadas por la pandemia, no podamos simplemente decir que cada individuo es el responsable del problema, y que cada cual se tiene que quedar en casa, tener pocos contactos, usar la mascarilla, mantener la distancia social y lavarse a menudo las manos. Es imprescindible invertir en servicios sociosanitarios públicos, universales y de calidad, y es fundamental generar políticas efectivas y persistentes de salud pública. Los grandes medios de información habitualmente reproducen la visión hegemónica de acuerdo con el tiempo y énfasis que se pone sobre determinados temas. Por ejemplo, hablan mucho de emociones, como por ejemplo de enfermos, familiares y profesionales, y de acciones individuales, así como de investigación biomédica. Pero hablan demasiado poco de la debilidad y el papel crucial que tiene que tener la sanidad pública y la salud pública. También tratan demasiado poco las causas profundas de todo lo que rodea a la pandemia, ya sea su origen a causa de la crisis ecosocial que vivimos, o de la infrafinanciación y mercantilización de la sanidad pública y la vergonzosa precarización de sus profesionales, o de la mercantilización de las residencias y de la inacción para hacer políticas sobre curas y dependencia, o sobre los determinantes sociales y laborales de la salud, o de las desigualdades de salud existentes según la edad, el género, la migración y la clase social.

– En Lleida, sindicatos como por ejemplo la CGT y plataformas civiles han denunciado las malas condiciones laborales de los temporeros, incluso al inicio de la primera oleada del coronavirus. En el País Valencià, se produjo un rebrote en una empresa agroalimentaria que, según los representantes de CC OO, no había cumplido con las medidas de protección necesarias. ¿Se han ignorado estas cuestiones por parte de las autoridades correspondientes?

– Sí, pero es más que ignorancia. Se está empleando un modelo de acción erróneo. Se aplica un modelo de salud mercantilizado, como por ejemplo con la ineficiente externalización de tareas de rastreo encargada a Ferroser, una filial de la empresa Ferrovial, y se nos dice que la salud de la población está determinada por la investigación básica, los grandes especialistas médicos, las tecnologías muy caras y los factores de riesgo individuales. Y esto no es cierto. Tenemos mucha investigación científica de salud pública que nos muestra el papel crucial de los determinantes políticos y sociales de la salud. Un ejemplo es que trabajar con condiciones laborales y vitales precarizadas determina muy negativamente salud. Tal como ha pasado en otros países, la aparición de brotes entre trabajadores era previsible. Las decenas de miles de temporeros migrados trabajan en condiciones laborales precarizadas, con condiciones vitales de hacinamiento y una movilidad elevada, y, por lo tanto, se encuentran en un contexto que favorece mucho el riesgo de contagios. Su precarización laboral es conocida, pero ha quedado oculta. Solo cuando los medios se han hecho eco se ha visibilizado su existencia, pero, en todo caso, tampoco se habla de las causas de la situación. La inacción política ha provocado que no se realicen tests de forma masiva, así como se ha actuado pasivamente a la hora de hacer una identificación exhaustiva de posibles contagios. También en la introducción de cambios estructurales que tienen que ver con su pobreza, precariedad, hacinamiento y exclusión social.

– Estamos hablando, por lo tanto, de una mayor afección del virus en personas migradas, trabajadores y, como hemos visto durante la primera oleada de la pandemia, en profesiones altamente feminizadas. A pesar de que el virus no entiende de clases sociales, sí que observamos que las capas empobrecidas y que sufren con más intensidad la precariedad vital están más expuestas.

– La precarización de trabajos donde predominan mujeres, migrados, obreros y jóvenes como ocurre a la sanidad, el trabajo de cuidado, el comercio, o la industria alimentaria, es muy elevado. El año pasado, por ejemplo, en el Estado español el porcentaje de contratos indefinidos nuevos en muchos de estos sectores fue casi residual. La paradoja es que ahora estos trabajos son denominados «esenciales» cuando siempre han sido tratados como trabajos «poco cualificados» para justificar sueldos muy bajos y unas condiciones de trabajo pésimas. ¿Qué efectos tiene esto? La precariedad es una epidemia social tóxica que aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente, tanto a los que trabajan en situaciones precarias como a sus familias. La pandemia de la Covid-19 precariza todavía mas una población ya muy precarizada.

– A raíz de esta pandemia, y como resultado también de la actual crisis ecológica, se ha evidenciado que la humanidad estará sometida en el futuro a próximas pandemias. Para dar respuesta a la actual epidemia como a las futuras, ¿como nos tendríamos que preparar?

– Es urgente fortalecer de una manera masiva y efectiva unos servicios sociosanitarios públicos y de salud pública que se encuentran en una situación demasiado débil, con unos profesionales al límite de sus fuerzas, y un modelo que no es el adecuado. No basta con aplaudir a los profesionales, dar premios, o hablar retóricamente de la importancia de la sanidad pública, ni tampoco decir de forma enfática y vacía que hay que crear una Agencia de Salud Pública. Hay que actuar ya: reforzar sustancialmente la atención primaria, los servicios sociales, y desprecarizar la salud pública con el desarrollo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y el Centro Estatal de Salud Pública previsto a la Ley General de Salud Pública española. Hay que invertir y reformar en profundidad el sistema para que pueda planificar y prever los muchos problemas y necesidades de salud que se sumarán al impacto de la gravísima crisis económica que ya tenemos encima. Por otro lado, tenemos también la certeza que vendrán nuevas pandemias, no solo porque siempre las ha habido, sino porque todo indica que las causas de la pandemia se encuentran en el capitalismo globalizado: una excesiva urbanización, una masiva agroindustria, el crecimiento masivo del turismo y de los viajes en avión, la alteración global de ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad asociada a la crisis ecosocial y climática que vivimos. Así pues, todo apunta a pensar que esta no será la última pandemia, sino que otras, y quizás más virulentas, tienen que venir. Tenemos que entenderlo y tendríamos que prepararnos concienzudamente.

– Ahora bien, ¿es optimista? A pesar de que durante las primeras semanas se apuntaba a un cambio de paradigma en las actuales lógicas económicas, parece que pasados unos meses hemos devuelto a las mismas dinámicas. En general, parece que no estamos aprendiendo de la sacudida de la Covid-19.

– Desgraciadamente, me parece que no estamos aprendiendo demasiado. La pandemia ha mostrado nuestra fragilidad como individuos y como sociedad. Hemos visto que sin el trabajo esencial de mucha gente trabajadora, siempre despreciado, no podemos vivir, y que la sanidad pública y el trabajo de cuidados es fundamental, pero las inercias económicas, políticas y culturales del mundo en que vivimos hacen que cambiar no sea nada sencillo. Hay que cambiar y hay que cambiar radicalmente. O bien hacemos frente radicalmente a la crisis ecosocial y climática que vivimos, o cambiamos nuestras vidas cotidianas con menos consumo, una vida más solidaria, la producción de bienes de consumo esenciales y próximos, y la creación de una economía homeostática, que gaste mucha menos energía y adapte el metabolismo ecosocial a los límites biofísicos de la Tierra, o no tendremos futuro. O cambiamos para transformar el mundo o nos situaremos al lado del abismo. O invertimos en salud pública, en sanidad pública, y en servicios sociales o no tendremos salud ni vida. En tiempos de «condición póstuma», ha escrito la filósofa Marina Garcés, hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos, a cada uno de nosotros y al entorno que nos rodea.

Fuente de la Información: https://vientosur.info/o-invertimos-en-salud-publica-y-servicios-sociales-o-no-tendremos-vida/

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España: Las causas de la desconocida y ocultada pobreza infantil en Catalunya

Las causas de la desconocida y ocultada pobreza infantil en Catalunya

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; director del JHU-UPF Public Policy Center

Uno de los mayores problemas sociales que existen en Catalunya es la elevadísima tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de las criaturas, niños y niñas y jóvenes adolescentes, una de las más elevadas de España y de la UE-15 (el grupo de países de un nivel de riqueza semejante en la Unión Europea). Una tercera parte de la población menor de 16 años está en esta situación (33% en Catalunya, 30% en España y 20,6% en el promedio de la UE-15, según los datos proporcionados por el Idescat y Eurostat para la tasa AROPE –At Risk of Poverty or Social Exclusion–, un indicador europeo que muestra qué porcentaje de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social).

Uno de los tipos de hogares que se caracteriza por tener este elevado nivel de riesgo de pobreza son los hogares monoparentales (que representan alrededor de un 10% de todas las familias en Catalunya). La gran mayoría de estos hogares están compuestos por mujeres y sus criaturas, con muy escasos recursos como consecuencia de no tener una ocupación en el mercado de trabajo o por tenerla en la economía informal o en la economía de los servicios, donde predominan los salarios bajos y la precariedad. En Catalunya, tener trabajo no quiere decir que no seas pobre. En realidad, el 12% de las personas ocupadas continúan estando en riesgo de pobreza. De ahí que, aun cuando la eliminación de la brecha salarial que existe entre las mujeres y los hombres es una medida urgente y necesaria, se trata de una medida insuficiente para salir de la pobreza, pues los salarios entre los hombres en tales sectores de la economía de los cuidados son muy bajos (de los más bajos de la UE-15), con lo cual la igualación de los salarios por género no permitiría a la mayoría de las mujeres de hogares pobres salir de la pobreza.

Esta situación se ha acentuado durante el periodo conocido como la Gran Recesión, como consecuencia de la aplicación de políticas públicas (como las reformas laborales de 2010 y 2012) aprobadas en la Cortes españolas (con el apoyo activo –votando a favor– o pasivo –absteniéndose, esto es, facilitando su aprobación– de los partidos gobernantes –CDC y UCD– en Catalunya) y también en el Parlament de Catalunya que debilitaron significativamente a los sindicatos, políticas responsables del crecimiento de la precariedad y de la limitación de los salarios, siendo estos (en los sectores donde las mujeres son mayoría) de los más bajos de la UE-15. Ello queda reflejado en el hecho de que el porcentaje de la fuerza laboral sindicalizada en Catalunya es de alrededor del 10%, de las más bajas en España (donde lo está el 13,6% de los trabajadores) y en la UE-15 (donde, como promedio, lo está el 33,6%).

La escasa ayuda a las familias por parte de la Generalitat de Catalunya (y que se ha visto claramente durante la pandemia)

Pero hay otra causa de la pobreza infantil, y es la limitada disponibilidad de los servicios públicos de ayuda a las familias, tales como los servicios de atención y educación a la infancia (llamados guarderías en Catalunya) y los servicios de atención a la dependencia (ya sean servicios domiciliarios o residenciales –como las residencias de ancianos–), servicios que se conocen en los países escandinavos como el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar (y que complementa los otros tres grandes derechos sociales: el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a la jubilación).

Este derecho, el de acceso a los servicios del cuarto pilar, está muy limitado en Catalunya (y en España), y ello afecta muy negativamente a las familias catalanas. Y decir familias quiere decir, en las culturas latinas, mujeres. Es precisamente la debilidad de las mujeres en Catalunya y en el resto de España lo que explica las limitaciones en algunos casos, y la falta de derecho en otros, al acceso a estos servicios de ayuda a las familias, siendo ello una de las causas de la pobreza infantil, pues ello no permite o dificulta la integración de la mujer en el mercado de trabajo, una de las principales causas de la pobreza maternal y, por lo tanto, infantil. Hay más que evidencia suficiente en los abundantes estudios sobre esta materia de que para reducir la pobreza infantil es más eficaz promover estos servicios de ayuda a las familias que hacer transferencias asistenciales a los hogares pobres, además de promover la participación de la mujer en el mercado laboral.

La integración de la mujer en el mercado de trabajo es una condición necesaria para reducir su pobreza, aunque no suficiente. Hay que aumentar los salarios, y para ello hay que empoderar a los sindicatos, y a las mujeres dentro de ellos. Para la mayoría de las mujeres que pertenecen a las clases populares, la liberación requiere, pues, de su empoderamiento tanto como mujeres como trabajadoras. Las reivindicaciones de género y las reivindicaciones de clase social son fundamentales para resolver el problema de la pobreza infantil.

Las causas políticas de la pobreza infantil: Catalunya ha sido gobernada por partidos de derechas durante la mayor parte del periodo democrático

Esta relación preferencial entre la liberación de la mujer y la liberación de las clases populares ha sido, precisamente, la experiencia de los países escandinavos, donde han gobernado coaliciones de partidos de izquierdas durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde la II Guerra Mundial. Tanto los partidos de izquierdas como los sindicatos son fuertes (el porcentaje de trabajadores sindicalizados es de un 67% en Suecia, un 66% en Dinamarca, un 60% en Finlandia y un 49% en Noruega). Como consecuencia, tienen el cuarto pilar del Estado del Bienestar más desarrollado en Europa, junto con las desigualdades sociales por género y por clase social más bajas, así como los niveles más bajos de pobreza infantil.

En Catalunya, sin embargo, las izquierdas han tenido escaso poder (gobernando la Generalitat de Catalunya solamente siete años durante el periodo democrático). Catalunya, junto con Castilla y León, ha sido la comunidad autónoma en España gobernada por las derechas durante más tiempo (33 años) a lo largo dicho periodo, con la excepción de Euskadi (37 años). En el caso de Castilla y León, ha sido gobernada por la derecha mayoritaria en España, el PP, y en el caso de Catalunya, esta ha sido gobernada primero por una coalición de un partido liberal (CDC) con un partido cristianodemócrata (UDC), y después por el mismo partido liberal (Junts per Catalunya, heredero de CDC) con un partido de centroizquierda (ERC), que ha dado, este último, prioridad a su estrategia nacional sobre la social. Así, ha justificado su apoyo a Junts per Catalunya (la fuerza mayoritaria dentro de la coalición de gobierno) al compartir un proyecto común prioritario para ambas formaciones políticas: la independencia de Catalunya.

El principal argumento de ERC a favor de tal proyecto, así como de Junts per Catalunya, es que el subdesarrollo social de Catalunya (su elevadísima pobreza infantil es un indicador de ello) se debe a su pertenencia y supeditación al Estado español. Puesto que los datos de subdesarrollo social de dicho Estado, aunque ligeramente mejores, son muy semejantes a los de Catalunya (ver mi artículo «El gran silencio ensordecedor sobre la pobreza en España», Público, 22.07.20), tal argumento, a primera vista, parece coherente y es promovido activamente por los medios públicos de información pertenecientes a la Generalitat de Catalunya (y, muy en especial, TV3 y Catalunya Ràdio). Al parecer, han convencido a una parte amplia del público catalán, que, aun siendo minoritaria, está muy movilizada, de manera que el proceso para conseguir la secesión de Catalunya ha centrado la vida política y mediática de Catalunya (y de España), ignorando u ocultando la enorme crisis social de Catalunya. Su demanda de alcanzar la independencia durante su mandato llevó desde el principio del «procés» a un gran enfrentamiento con el Estado español, el cual había conservado, con escasa renovación, sus aparatos represivos, incluyendo los de seguridad del Estado, así como el judicial. De los 16 miembros del temido Tribunal de Orden Público, diez pasaron a ser miembros de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo (ver «El Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional. De aquellos polvos estos lodos», de Enrique Roldán Cañizares, ZonazeroO, 03.11.17). Y las cloacas continuaron actuando en los aparatos represivos del Estado con la colaboración de los mayores medios de información, cuyo principal objetivo fue mantener las instituciones producidas por una transición muy poco modélica (resultado de un gran desequilibrio de fuerzas), que implicó la continuidad del personal procedente de la dictadura en gran parte de las instituciones del Estado y en sus grandes medios de información, hasta el punto de que un periódico que jugó un papel clave en dicha transición como fue El País fue dirigido por el que fuera el director de la televisión de la dictadura, el Sr. Juan Luis Cebrián (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, 2002).

Los dirigentes de los partidos independentistas sabían que el «procés» que habían diseñado no llegaría a su objetivo

Cualquier conocedor de la historia reciente de España con la capacidad crítica de cuestionar la imagen promovida por el establishment político-mediático español de que la transición de la dictadura a la democracia fue modélica podía prever que el Estado español actual, que no está basado en una ruptura con el Estado dictatorial anterior sino en una acomodación, no permitiría que hubiera un referéndum sobre una posible secesión de Catalunya. De ahí que, movilizar a sus bases electorales prometiendo que ello era posible, era pedir una imposibilidad de la cual es difícil aceptar que los líderes de los partidos independentistas no fueran conscientes. El hecho de que insistieran en ello respondió, pues, a otro proyecto, nunca hecho explícito: que hubiera un referéndum sobre la independencia realizado en unas condiciones favorables al «sí», que justificaran así su posterior declaración de independencia. Era obvio que el referéndum no tenía las suficientes garantías para que tuviera la base legal y legítima para conseguir la independencia (tal y como el lehendakari Urkullu le advirtió al president Puigdemont). Pero la predecible respuesta que le dio Puigdemont fue que ello era resultado de la prohibición del gobierno español, que no permitió tales garantías (lo cual ya sabían desde el principio). El Estado era, pues, el responsable de una posición que les permitía legitimar, en cierta manera, lo que hicieron: declarar la independencia basándose en los resultados del 1 de octubre.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución era inevitable, y ello tuvo un efecto devastador para la gran mayoría del pueblo catalán que, por cierto, no es independentista. Las políticas de austeridad fueron aplicadas con toda fuerza por el gobierno del PP presidido por Rajoy.

Las consecuencias del «procés» liderado por los partidos independentistas

Es impensable, repito, que los dirigentes de los partidos independentistas no fueran conscientes de esta realidad (la existencia en España de un Estado altamente represivo, heredero de un Estado dictatorial anterior) y que no conocieran que su estrategia (desarrollada en su famoso «procés») llevaría a tal empeoramiento de la situación política y a tal elevada represión. De ahí que hay que asumir que consideraran que tal conflictividad era necesaria, con fines partidistas, para movilizar y expandir sus bases, siendo tal política rentable electoramente. Como un tanto cínicamente había dicho la consellera Irene Rigau (de CDC), «la principal productora de independentistas en Catalunya era la política represiva del Estado español«. No hay duda de que el hecho que varios dirigentes independentistas estén hoy en la cárcel o en el exilio ha favorecido su movilización electoral. Pero tal conflictividad, que beneficia a los movimientos identitarios nacionalistas a ambos lados del Ebro, y muy en particular a los partidos de derechas –la españolista, el PP, y la independentista, CDC y el PDECat– (que, como siempre, intentan presentarse como los «grandes patriotas») ha hecho un daño enorme a las clases populares, cuya crisis social –incluida la elevadísima pobreza infantil– (creada precisamente por una alianza en temas económicos y sociales entre las derechas de los dos polos nacionales e identitarios) ha quedado totalmente ocultada.

La enorme, desconocida y ocultada pobreza infantil en Catalunya (y en España) podría resolverse, pero se requiere un cambio profundo del contexto político en ambas

Hoy la fuerza hegemónica dentro del independentismo continúa siendo la derecha heredera del pujolismo, que representa su visión más radicalizada e intransigente. Su argumento de que una Catalunya independiente sería más próspera ignora que lo que determina la calidad de vida de las clases populares en un país no es su nivel de riqueza (Catalunya es más rica que el promedio de la UE), sino la distribución de tal riqueza. EEUU –un punto de referencia de la ideología liberal– es el país más rico del mundo y, sin embargo, es uno de los países de la OCDE con peores indicadores de calidad de vida y con mayores desigualdades. El subdesarrollo social de Catalunya y del resto de España no se debe a que no exista suficiente riqueza, sino a que esta está pésimamente distribuida (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2009). Las políticas neoliberales que han sido aprobadas por las derechas catalanas en las Cortes españolas (desarrolladas en alianza con las derechas españolas), y la continua promoción de las sensibilidades económicas de esta orientación en los medios de persuasión que el gobierno de la Generalitat controla (siendo el economista más visible en los medios públicos de la Generalitat de Catalunya, tanto en TV3 como en Catalunya, uno de los economistas más ultraliberales de Europa, asesor de Davos, que privatizaría todo el Estado del Bienestar, incluyendo las pensiones), han sido responsables de que Catalunya sea uno de los países más desiguales, con una de las pobrezas infantiles más elevadas de la Unión Europea.

Parece que, por fin, se están escuchando algunas voces dentro del independentismo que reconocen que quizás se podría haber hecho algo mal. Lo que es obvio comienza a parecerles claro. La independencia deseada por tales partidos no puede ni debe ser realizada por una minoría de la población en Catalunya (por muy movilizada que esté), y todavía menos por una minoría que no tenga el apoyo de la gran mayoría de las clases populares. Sólo el 34 o 35% del censo electoral apoya la independencia (y, por cierto, el 20% del voto a partidos independentistas no es independentista, sino federalista, según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya). Sus representantes en el Parlament de Catalunya no tenían ni tienen el mandato democrático para declarar la independencia. Su estrategia era y es meramente partidista (a fin de conseguir su permanencia en el poder político y mediático del país), sin considerar ni tener en cuenta las necesidades actuales de la población, obstaculizando las medidas económicas y sociales, como la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que habrían terminado con las políticas de recortes, beneficiando así a las clases populares de Catalunya y del resto de España. Una vez más, el «procés» ahoga e impide el progreso social.

Hoy es necesario para el bien del país que haya un cambio en las direcciones de tales partidos para poder establecer una alianza con las fuerzas políticas reformistas españolas que están luchando (en medio de una gran hostilidad por parte de las derechas españolas y catalanas) para cambiar el Estado español, estableciendo un nuevo orden social, con una visión policéntrica y poliédrica del Estado, con una mirada plurinacional que ponga la justicia social y la solidaridad en el centro de las intervenciones públicas, en el contexto de unas instituciones plenamente democráticas, con el reconocimiento del derecho a decidir sobre el nivel de articulación territorial entre sus distintas naciones. Creerse que Catalunya puede cambiar sin cambiar España es un error que solo conducirá a perpetuar realidades como la elevadísima pobreza infantil que hay en ambos territorios. Así de claro.

Fuente de la Información: https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2020/08/11/las-causas-de-la-desconocida-y-ocultada-pobreza-infantil-en-catalunya/

 

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