Por: Francisco Javier López Martín
Pasan los meses de gestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) y hay en torno a un millón de solicitudes), aunque se han resuelto poco más de 300.000, de las cuales se han rechazado cerca del 60 por ciento. El ministro de la Seguridad Social un día dice que la mitad de los solicitantes van a ser rechazados y otro día cuenta que entre un 20 y un 30% no van a cobrar porque no reúnen los requisitos. Algo no marcha desde el principio, alguien no se ha creído este proyecto y el propio gobierno lo sabe.
Se empeñaron en crear una nueva prestación económica para personas sin ingresos cuando ya existían programas de rentas mínimas en todas las comunidades autónomas. Se empeñaron en inventar la pólvora sin tomar en cuenta que no tenían capacidad, aún más en tiempos de pandemia, para hacer frente al alto número de solicitudes que podía producirse.
Para completar el desatino, en esas ansias que los gobernantes suelen demostrar a la hora de controlar los posibles fraudes de los más pobres (que nunca se corresponde con la misma diligencia con respecto a los más ricos), el gobierno se dedicó a poner condiciones extenuantes en la normativa de creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para controlar el acceso.
En consecuencia, meses después de ponerlo en marcha, el resultado es decepcionante. Menos mal que quienes ya cobraban una renta mínima en su comunidad autónoma la han seguido cobrando, aunque Comunidades como la Madrileña envían cartas a sus ciudadanos amenazando con quitarles la percepción si no solicitan el IMV, siguiendo así el mismo criterio de ahorrar con los pobres para transferirlo a los ricos, en forma de concesiones de contratos a grandes grupos privados para pruebas serológicas, rastreadores, plazas de hotel, hospitales como el del IFEMA, de usar y tirar.
El gobierno podría haber revisado en profundidad la nueva prestación del IMV, pero eso significaría reconocer que hay algún error de bulto, por exceso de unos y por defecto de otros. Por ello han preferido introducir modificaciones en la tramitación de las ayudas del IMV, en un intento desesperado por enmendar el entuerto.
Han acordado que las ayudas se cobren con carácter retroactivo, en caso de ser aprobadas, es decir que comenzarán a pagarlas desde el 1 de junio y no desde el momento de la aprobación, lo cual significa que se cobrarán atrasos. Algo es algo, menos es nada, pero eso no soluciona el alto número de rechazos que el ministro pronosticaba, porque él mismo hizo la ley y la trampa.
Otra de las modificaciones es que el plazo de resolución se extiende a seis meses, para evitar que el silencio administrativo haga decaer la solicitud a los tres meses de haberse presentado. Se reconoce así la incapacidad para resolver en cortos plazos de tiempo las solicitudes de quienes viven situaciones verdaderamente dramáticas.
En cuanto a la obligación de estar inscrito como demandante de empleo se elimina como requisito para tramitar la solicitud, aunque se mantiene con posterioridad, si la solicitud se aprueba. Se matiza además esta obligación para estudiantes, cuidadores no profesionales de personas dependientes, mayores de 65 años, o personas reconocidas como dependientes, o con discapacidad.
Tampoco tendrán que presentar certificado de empadronamiento y será la propia administración la que compruebe los datos del padrón. Algo que forma parte de la obligación de todas las administraciones de no someter al administrado a la obligación de aportar documentos que obran en poder de alguna de ellas.
El que las personas sin recursos puedan contar con unos ingresos mínimos para atender a las necesidades vitales parece una obligación evidente de cualquier gobierno en una sociedad moderna, especialmente cuando la situación se desborda, como está ocurriendo a causa de la pandemia.
Hay quienes consideran que sería bueno que todos los habitantes de un país percibieran una renta básica y, de hecho, hay países que han realizado experiencias encaminadas a su implantación, desde Finlandia a Kenia, pasando por Alaska, Canadá, o Alemania. Ensayos no concluyentes, pero que trabajan en esa idea de que toda persona, por el hecho de nacer tiene derecho a unos ingresos básicos para vivir.
Hay mucho hablado y debatido sobre este tema, hasta el punto de que casi todos los países europeos y todas las comunidades autónomas españolas tienen programas de rentas mínimas, con el objetivo de conceder ayudas económicas y sociales que aseguren que las personas y familias sin ingresos puedan contar con unos recursos que les permitan atender sus necesidades básicas. Fue algo que los sindicatos arrancamos a los gobiernos autonómicos tras la famosa Huelga General del 14-D de 1988.
Parece lógico que, en estos momentos, para hacer frente a situaciones excepcionalmente duras se puedan poner en marcha medidas urgentes para taponar el desastre económico y social. Una de esas medidas podría haber sido armonizar, coordinar, reforzar los recursos que cada comunidad autónoma dedica a proteger a su ciudadanía contra la pobreza. Podrían haber unificado requisitos de acceso y establecido condiciones y cuantías mínimas para incorporar a nuevas personas golpeadas por los efectos de la pandemia.
No lo hicieron así y ahora tenemos dos prestaciones equiparables solapadas la una sobre la otra. El resultado previsible será que el gobierno de España terminará pagando menos de las necesarias, tarde y mal, mientras que algunas comunidades se van a quitar de en medio a un buen número de personas perceptoras, como ya hemos relatado que intenta hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Lo cierto es que ningún ciudadano, o ciudadana, tiene la culpa de la mala gestión de sus gobernantes, ni tiene por qué soportar sus ineficacias, los enfrentamientos entre administraciones, ni sus ineficiencias. Cuando alguien se equivoca, debería reconocerlo y apresurarse a corregir el error. No es frecuente en política y, aun menos en la política española, unas veces por soberbia, otras por ineptitud reiterada y en no pocas ocasiones porque todos los políticos temen dar sensación de debilidad.
Reconocer los errores es muy sano, corregirlos es lo justo, escuchar a las personas, sus necesidades y aplicarse a atenderlas es obligación para cualquier gobierno en cualquier nivel de competencia, del más pequeño municipio, al gobierno del Estado, pasando por la comunidad autónoma. Y si así no lo hicieren, que el pueblo se lo demande.
Fuente: https://nuevarevolucion.es/
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