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Salhaketa Nafarroa: Contra las violencias que atraviesan la vida y la salud de las mujeres presas en España

A la violencia de género que sufrimos todas las mujeres, por el hecho de serlo, se suman, en el caso de las mujeres presas, todas las violencias que inflige el sistema penal y penitenciario patriarcal.


El pasado día 8 de noviembre murió una mujer presa en la cárcel de Pamplona. Las reacciones ante la noticia fueron múltiples, apuntaban a la gravedad de las muertes en prisión y reclamaban explicaciones sobre cuál fue la respuesta institucional y sanitaria en esta situación. Sin embargo, al día siguiente, la atención mediática cambió rápidamente el foco, dejando una vez más a un lado la denuncia de la situación estructural de desatención y abandono que sufren las personas presas y, en concreto, las mujeres encarceladas.

La problemática en torno a la protección de la vida y la salud física y mental de las mujeres presas, atravesada por continuas y diversas violencias, comienza ya antes de su propio ingreso en prisión. Como consecuencia de la continua violencia a la que nos vemos expuestas las mujeres en esta sociedad misógina, un estudio reciente constató que entre el 70 y el 75 por ciento de las mujeres encarceladas habían sido víctimas de violencia de género grave. Sin embargo, según el reciente Informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), cuando una mujer ingresa en prisión, no se atiende a esta particular problemática ni ofreciendo información ni reconocimientos médicos de violencia sexual ni ningún tipo de asistencia psicológica, como prescriben las Reglas de Bangkok para la protección internacional de las mujeres privadas de libertad.

Una vez dentro de las cárceles, las condiciones de vida en prisión no hacen sino empeorar la salud de todas las personas que son encarceladas. En el caso de las mujeres, se añaden violencias concretas que contribuyen a ese empeoramiento de la salud. Uno de esos elementos que sin duda tiene consecuencias negativas en la salud de las mujeres es el doble estigma que soportan cuando delinquen, acusadas de delincuentes y de “malas mujeres” por haber violado, no solo su rol de “ciudadanas obedientes”, sino también el de mujeres no violentas y cuidadoras. Es la “doble condena” —y la doble violencia— que se impone a las mujeres que delinquen.

Además, dado el bajo porcentaje de mujeres encarceladas (alrededor del 7 por ciento del total de la población penitenciaria) y dada la configuración patriarcal del sistema carcelario, las mujeres son invisibilizadas y ocupan una posición marginal, que hace incrementar para ellas la dureza de la cárcel. Normalmente, las mujeres son encarceladas en prisiones hechas para hombres, donde ocupan un anexo a la prisión y, habitualmente, por la escasez de espacios de reclusión para mujeres, se ven obligadas a aceptar condiciones de encarcelamiento especialmente exigentes (como ocurre en la cárcel de Pamplona, cuyo módulo de mujeres es un Módulo de Respeto), e incluso, a alejarse cientos de kilómetros de sus lugares de arraigo. Estos elementos añaden violencias a las mujeres presas y tienen consecuencias negativas muy graves en su salud física y mental. De hecho, si la tasa de suicidio aumenta para las personas privadas de libertad respecto de la población en general, este porcentaje es aún mayor cuando se trata de mujeres encarceladas.

A pesar de la especial vulnerabilidad de las mujeres presas en términos de salud y calidad de vida, la atención sanitaria en las cárceles del Estado español es absolutamente lamentable. Son innumerables las críticas que se pueden hacer al respecto. Para empezar, que en la atención médica priman el orden y la seguridad sobre los criterios sanitarios, y que faltan profesionales sanitarias, ya que ni siquiera se cubren las plazas previstas y esto impide que pueda darse una atención sanitaria adecuada.

Otro problema fundamental es la atención a la salud mental y el funcionamiento de los protocolos de prevención de suicidios. Las cárceles del Estado español están llenas de personas con problemáticas de salud mental, previas a la entrada en prisión o desarrolladas durante el cumplimiento de la condena. La estancia en la cárcel no hace sino aumentar este sufrimiento psicológico, siendo frecuentes los episodios de autolesiones e intentos de suicidio. Sin embargo, prácticamente no existen vías para que quienes sufren trastornos mentales accedan a recursos adecuados de atención psiquiátrica y, en las cárceles, la mencionada perspectiva de orden y seguridad y la falta de medios sanitarios hace que las respuestas a los episodios sean de carácter punitivo en lugar de terapéutico, implicando incluso sanciones disciplinarias, como denuncia el CPT en su informe.

Cuando una persona muestra signos de querer acabar con su vida y se activa el protocolo de prevención de suicidios, la principal (si no la única) medida que se toma es encomendar a otra persona presa que actúe como observadora, como “presa sombra”, acompañando a la persona las 24 horas y vigilándola. Esta medida resulta aberrante: no se ofrece a la persona la atención profesional que requiere y se impone a la “presa sombra” —a menudo, coaccionada— la responsabilidad de atender y sostener esta compleja situación, pudiendo afectar negativamente a su salud mental y física. Esta práctica debe desaparecer y, como —una vez más— recomienda el CPT, estas situaciones se tienen que atender por personal sanitario capacitado.
No pretendemos abarcar en este texto la multiplicidad y la gravedad de violencias que soportan las mujeres presas y la afectación en su salud y en su vida. Sería una tarea imposible.

Lo que pretendemos es contribuir a volver a poner el foco en el lugar correcto. ¿Quién protege a las mujeres presas de las múltiples violencias a las que están expuestas en el sistema penitenciario? ¿Cómo asume el Estado su responsabilidad de garantizar la salud y la vida de las mujeres presas? ¿Qué va a hacer el Gobierno de Navarra? Tras la asunción de la competencia de la sanidad penitenciaria, tiene la obligación de garantizar la salud y la vida de las personas presas en la cárcel de Pamplona. La sociedad civil tenemos el deber de permanecer atentas y reivindicativas. Es por eso por lo que las denuncias de las violencias contra las mujeres tienen que incluir a todas ellas.

Fuente: https://rebelion.org/contra-las-violencias-que-atraviesan-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres-presas-2/

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Así serán las nuevas oposiciones docentes, que afectan a 125.000 plazas: las pruebas no serán eliminatorias y los interinos podrán acceder sin examen

El Ministerio de Educación ha acordado con los sindicatos docentes y las comunidades autónomas, a falta de algunos detalles finales, el nuevo decreto que regulará las oposiciones del profesorado y el acceso para los interinos que, reuniendo una serie de condiciones, se convertirán en empleados fijos a través de un concurso de méritos sin tener que hacer los exámenes, tal y como plantea la nueva ley para reducir la temporalidad en el sector público que está previsto que se apruebe en el Congreso la semana que viene.

El borrador de decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se aplicará a las oposiciones que se convoquen y resuelvan durante los años 2022, 2023 y 2024 y afectará, de entrada, a 125.000 plazas fijas en todos los niveles de la administración educativa ―Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato―, según cálculos sindicales. Está previsto que el decreto se apruebe a principios de enero.

Entre las novedades figura el hecho de que, en las oposiciones, se reduce a dos el número de pruebas al eliminarse la parte práctica. Se mantiene el examen teórico (los temas) y la exposición de la unidad didáctica. Ninguna de las pruebas será, además, eliminatoria. Es decir, que los candidatos no quedarán fuera del proceso si suspenden uno de los dos exámenes, siempre que puedan compensarlo, en la media, con el siguiente. Esto hará que muchos más aspirantes pasen a la fase de concurso de méritos.

La experiencia gana puntos

En la fase del concurso se incrementa la valoración de la experiencia de los interinos. En esta fase los aspirantes podrán conseguir, como máximo, 10 puntos, que se repartirán de la siguiente manera: experiencia previa, máximo siete puntos; formación académica, máximo dos puntos, y otros méritos, máximo un punto.

La consecuencia del cambio es que si antes, en el conjunto del concurso oposición, la experiencia podía llegar a pesar un 12%, ahora aumenta a un 28%.

Interinos

Para los interinos que puedan acogerse a la nueva ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el borrador de decreto establece cómo se contabilizarán los méritos de acceso. El baremo para valorarlos se estructurará de la siguiente forma: la experiencia previa pesará un máximo de siete puntos, la formación académica, un máximo de tres, y otros méritos, un tope de cinco puntos.

Cada año de experiencia docente en un centro público, los interinos recibirán 0,7 puntos, y por cada año trabajado en otro tipo de centro educativo, 0,15 puntos.

El nuevo decreto establecerá una regulación transitoria, hasta 2024, y tiene como objetivo reducir la temporalidad. Para el periodo posterior se deberá negociar un nuevo sistema de acceso a la función pública.

Convocatorias abiertas a todos

Los concursos de méritos no serán restringidos y se podrán presentar a ellos todos aquellos que reúnan las condiciones. Esto puede tener como consecuencia que los interinos se presenten a los concursos de todas las autonomías que los convoquen, y que profesorado de, por ejemplo, Andalucía, acabe estabilizado en Castilla-La Mancha o en Madrid.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-12-21/asi-seran-las-nuevas-oposiciones-docentes-que-afectan-de-entrada-a-125000-aspirantes-la-primera-prueba-no-sera-eliminatoria-y-los-interinos-podran-acceder-sin-examen.html

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España: Trabas, ‘mucha ilusión’ y tesón para el desarrollo de la mujer en la ciencia

‘Mujer y liderazgo en ámbitos STEM’ fue la segunda mesa redonda de la programación

Pilar Mateo y Ana Lluch fueron las protagonistas indiscutibles de la segunda mesa redonda del encuentro, «Mujer y liderazgo en ámbitos STEM», moderada por Elena Pinilla, investigadora distinguida en el Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV y vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física.

Sus perfiles profesionales —científica y presidenta de Inesfly Corp y catedrática emérita de la Universitat de València, así como coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama Incliva, respectivamente— las convierte no solo en referentes, sino en eminencias.

Ana Lluch, coordinadora del Grupo de Investigación Incliva.

Ana Lluch, coordinadora del Grupo de Investigación Incliva. ED

«Ser mujer nos hace tener una sensibilidad especial para entender problemas pero, por ser mujer, nos ha hecho falta mucha ilusión, tesón y trabajo, pues nos hemos enfrentado a muchas trabas», admitió Ana Lluch al ser preguntada por su profesión, autodefinida como «medicina humanizada».

«La mirada holística de las mujeres debe servir para reivindicar el valor social de la ciencia», destacó Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp

En esta línea, Pilar Mateo quiso puntualizar que la «mirada holística» de las mujeres mencionada por su compañera de debate debe servir para reivindicar el valor social de la ciencia. «Asumir el riesgo es algo que en el mundo del género femenino cuesta», admitió en relación a su propia experiencia personal.

Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp.

Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp. ED

Emprender en su carrera no solo la condujo a Bolivia, sino que la acercó a una realidad marcada por la soledad y el silencio. «Las mujeres nos enfrentamos al mito de Sísifo —metáfora de un esfuerzo incesante y, con frecuencia, inútil—».

«Cuesta mucho, pero las mujeres estamos capacitadas para hacer mucho más de lo que hacemos».

Elena Pinilla, vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física.

Fuente: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/26/trabas-ilusion-teson-desarrollo-mujer-61032363.html
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España: Convocan una reunión el 4 de enero para analizar la vuelta al colegio

Europa/España/31-12-2021/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

En la misma se analizará el regreso a las aulas el lunes 10 de enero ante el incremento de contagios provocado por ómicron.

El incremento de contagios provocado por ómicron ha provocado cambios en todos los protocolos, así como nuevas restricciones en algunas Comunidades. Por ello, el Gobierno ha convocado el próximo 4 de enero en La Moncloa una reunión intersectorial de los ministros de Sanidad, Educación y Universidades con los respectivos consejeros de las comunidades autónomas con vistas a analizar cómo será la vuelta al colegio, prevista para el 10 de enero.

Salvo sorpresa, no está previsto que se retrase el inicio de las clases ni cambiar el actual protocolo sanitario, aunque no es descartable que se acabe produciendo algún cambio en las normas de prevención en la escuela. Así, no se reducirá el ratio de alumnos por aula y sí se podría reforzar el uso de mascarillas, la ventilación y los grupos burbuja en los alumnos más pequeños.

Aunque desde hace dos semanas se está llevando a cabo la vacunación de niños entre 5 y 12 años, el Gobierno considera que, pese al repunte de brotes registrado en las últimas semanas del año, la incidencia global sigue siendo muy baja y se concentra en los colegios.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/convocan-reunion-enero-20211229111642-ntrc.html

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La OMS alerta ante el «tsunami» de nuevos casos ligados a la variante ómicron

Por: RTVE.es / AGENCIAS

 

El auge de la variante ómicron del coronavirus, unido a la persistencia de la anterior variante delta, está produciendo un «tsunami de nuevos casos», ha alertado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha pedido que se extremen las medidas sociales para frenar los contagios.

Las cifras récord de positivos, que ya se acercan al millón diario, «van a seguir añadiendo presión a sistemas sanitarios al borde del colapso, con sus trabajadores ya agotados», ha destacado Tedros en rueda de prensa.

Tedros ha subrayado que ante el rápido avance de la variante ómicron se debe prestar atención no solo a la campaña de vacunación, sino también a «medidas de salud pública» que eviten saturar las redes sanitarias y «puedan mantener abiertas las sociedades y a los niños les permitan ir a la escuela».

Abre la puerta a que se acorte la cuarentena de casos leves

La OMS recomienda cuarentenas de positivos COVID de 14 días, aunque este periodo «puede acortarse ante diversas situaciones», han destacado algunos de los expertos del organismo después de que algunos países hayan comenzado a considerar reducir ese tiempo en casos leves o asintomáticos.

«La prioridad es contener la transmisión, pero hay que buscar un equilibrio para que no afecte especialmente a las sociedades y economías», ha afirmado el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud.

El director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, ha añadido que el periodo de incubación del COVID (desde el contagio al desarrollo de los primeros síntomas) suele rondar entre cinco y siete días, aunque algunos estudios preliminares sugieren que en el caso de la variante ómicron podría ser menor.

En el caso de España, Sanidad y comunidades han acordado reducir a siete días el aislamiento de los positivos por COVID frente a los diez fijados anteriormente.

La OMS confía además en que en 2022 se ponga fin a la «fase aguda de la pandemia», según ha destacado Tedros, que a pesar de ello ha pedido que continúe la prevención ante la «doble amenaza de las variantes delta y ómicron».

El director de la organización para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, ha añadido que en el futuro próximo «es difícil que el virus se elimine completamente, pero posiblemente cambiará a una pauta de trasmisión de nivel más bajo, que cause brotes ocasionales en poblaciones no vacunadas». «Confiemos en que ese sea el final, pero ciertamente aún no estamos allí y quedan aún obstáculos que esperamos superar logrando igualdad en el reparto de vacunas», ha agregado.

Insistencia en la necesidad de la vacunación

Con todo, Tedros ha insistido en la necesidad de vacunarse contra la COVID-19 y ha señalado que «los no vacunados tienen mayor riesgo de morir por la enfermedad, sea cual sea su variante».

El máximo responsable de la OMS ha recordado que en 2021 han fallecido 3,5 millones por la pandemia, frente a los menos de 2 millones que murieron el pasado año.

La OMS no logra la meta de un 40 % de vacunados en todos los países

El objetivo de conseguir que un 40 % de la población en todos los países del mundo estuviera vacunada contra la COVID-19 a finales de 2021, fijado por la OMS, no se logrará, ya que 92 países no alcanzarán esa tasa, ha lamentado el director general del organismo.

«Era una meta plausible, y no haberla alcanzado no solo es una vergüenza moral, sino que ha costado muchas vidas y ha dado al virus la oportunidad de expandirse y mutar», ha afirmado Tedros.

Aunque la tasa media de vacunados en el mundo roza el 60 %, la situación oscila entre porcentajes de en torno al 80 % en países de Occidente a menos del 8 % en economías de bajos ingresos, principalmente en el continente africano.

Los problemas de suministro han sido una de las principales causas de este fracaso, ha indicado Tedros, aunque el etíope también ha denunciado que en muchos casos las vacunas llegaron a los países en desarrollo próximas a su fecha de caducidad, o no acompañadas de componentes esenciales para administrarlas, como las jeringuillas.

A la vista del objetivo incumplido, Tedros ha pedido a la comunidad internacional seguir trabajando para que sí se consiga la segunda meta trazada, la de llegar al 70 % de población vacunada contra el COVID en todos los países a mediados de 2022.

Europa vuelve al epicentro de la pandemia

La pasada semana los contagios crecieron un 57 % y estos días varios países registran récords de casos diarios. Francia, cuenta con una incidencia parecida a la española y está registrando cerca de 200.000 nuevos contagios diarios. Reino Unido, cuenta con 2.000 casos de incidencia y Portugal que ya se acerca a los 900. Y a la cabeza Dinamarca, con la tasa de infección más alta del mundo.

Ómicron pone a Europa en el epicentro de la pandemiareproducir video
Ómicron pone a Europa en el epicentro de la pandemia

En Alemania, en cambio, los contagios están bajando desde hace dos semanas, aunque el ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, ha advertido de que la incidencia real de contagios puede ser dos o hasta tres veces superior a la que reflejan los datos de que se dispone y que están distorsionados por las festividades navideñas.

«Los datos actuales implican el peligro de subestimar la situación real», ha afirmado Lauterbach en relación con la estadística de nuevos contagios difundidos estos días, en que el reporte de datos se ralentiza y se llevan a cabo menos test.

El ministro de Sanidad ha insistido en la necesidad de acelerar la vacunación y ha recordado que solo la dosis de refresco ofrece una protección más efectiva frente a la variante ómicron.

La incidencia semanal alcanzó los 205,5 contagios por 100.000 habitantes frente a los 215,6 del día anterior y los 289 de hace una semana. En el momento álgido de la actual cuarta ola en Alemania se rozaron los 480 contagios en siete días, el máximo en toda la pandemia en este país.

Fuente de la información e imagen: https://www.rtve.es/noticias

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Ni un paso atrás en derechos LGTBI en España

Por: Pedro Varea

El pasado 16 de diciembre, la Asamblea de Madrid debatió en pleno la propuesta de Vox para derogar la Ley Trans y la Ley LGTBI de la comunidad autónoma, es decir, las leyes 2/2016 y 3/2016, respectivamente. Ante el riesgo de perder ambas leyes, o de ser recortadas, ha habido movilización ciudadana para evitar que esto ocurriese.

Ramón Martínez, escritor, profesor en un instituto de Madrid y activista LGTBI, comenzó una recogida de firmas el pasado 7 de diciembre. En la solicitud alertaba de que, de ser derogadas, se perdería la protección legal que ofrecen ambos documentos. Recuerda que las leyes 2/2016 y 3/2016 prohíben las mal llamadas terapias de conversión, así como multan las agresiones LGTBIfóbicas y reconocen la autodeterminación de género de las personas trans, entre otros tantos mecanismos de defensa para el colectivo.

Ante este riesgo, la solicitud de Martínez exige al Partido Popular que no se abstuviera ante la derogación (o reforma, como así prefiere el grupo parlamentario) de estos derechos. Martínez expresa que no puede haber equidistancia entre “un discurso de odio más radical y la defensa de los Derechos Humanos”. Algo que también se escuchó en las calles el 15 de diciembre, cuando tuvo lugar una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid.

Manifestación a la que también asistió Carla Antonelli, activista trans y ex diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, quien advierte que se ha abierto una veda: poner a debate la derogación de los mecanismos de protección del colectivo LGTBI legitima pensar que se puede retroceder en ellos. Una consecuencia que lamenta que podría ocurrir es el aumento de las agresiones homófoba y tránsfobas, ya que “se sienten respaldados por las instituciones que les representan”.

Por su parte, Eduardo Rubiño, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, corrobora esto y menciona que aún queda mucho recorrido por delante. Dice que quedan dos años de legislatura y, si bien la propuesta de Vox no salió adelante, el debate está sobre la mesa. Algo que también señala la Fundación Triángulo, que lucha por la igualdad social del colectivo. Su coordinador estatal, José María Núñez, apunta que ante la amenaza, urge la tramitación de una Ley LGTBI estatal, efectiva e inclusiva que todavía no se ha puesto en marcha, a pesar de que se esperaba para antes de 2022.

Fuente de la información: El Salto

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Si nos prometieron derogar la reforma laboral, ¿por qué no la han derogado?

Por: Raúl Navas

El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE.

En las últimas décadas se han aprobado distintas reformas laborales que contenían duros ataques contra el mundo del trabajo, basadas en abaratar y/o facilitar los despidos, aumentar las causas de los despidos, introducir contratos precarios, endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo, etc. En 1994 se legalizaron las ETT y se crearon nuevas causas de despido como las organizativas y de producción. En 1997 se aprobó una reforma laboral, esta vez pactada con UGT y CCOO, que aumentaba las causas del despido, y lo abarataba. Entonces hubo un giro importante en los sindicatos mayoritarios, al aceptar lo que habían considerado inaceptable durante años. La CEOE mostraba su satisfacción, y a su vez extrañeza, dado que consideraban que UGT y CC OO habían convocado una huelga general en 1994 por una reforma laboral menos agresiva.

Se nos prometió que ese abaratamiento del despido era temporal, aunque se consolidó en la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero de 2006, y en las sucesivas. En la segunda legislatura del Gobierno de Zapatero, la CEOE insistió en la necesidad de aprobar una nueva reforma laboral para “crear empleo y salir de la crisis”. Zapatero criticó como líder del PSOE en 2002 que Aznar aprobara una reforma laboral sin consenso. Prometió en reiteradas ocasiones que él jamás aprobaría una reforma sin acuerdo y sin consenso. El gobierno del PSOE nos aseguró que la crisis no la pagarían los trabajadores, y que no era necesaria ninguna reforma laboral debido a que la crisis no tenía un origen laboral.

Pero Zapatero cambió de parecer y se mostró partidario de una reforma laboral, asegurando que no reduciría el coste del despido. Por el contrario, en junio de 2010, fue aprobada una reforma que abarataba el despido, sin consenso con los sindicatos y sin votos en contra del PP en el congreso. El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso.

A nadie  le sorprendió que el PSOE con el tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012

Hubo una huelga general contra la reforma el 29 de septiembre de 2010. Hablamos de una norma que facilitaba los descuelgues salariales, abarataba y aumentaba las causas del despido, legalizaba las ETT en sectores anteriormente prohibidos, etc. Después se aprobó una reforma drástica del sistema de pensiones, que elevaba la edad de jubilación a los 67 años, endurecía el acceso a la pensión, así como el cálculo para su acceso.

Con la reforma, cada año es más difícil jubilarse, exigiendo más años cotizados y más edad, año tras año hasta el 2027. UGT y CC OO pactaron la reforma, lo cual era sorprendente, dado que ambos sindicatos históricamente defendían la jubilación a los 60 años, recordando que se opusieron a la reforma de pensiones de 1985 que era mucho menos agresiva, llegando en el caso de CC OO a convocar una huelga general. Además, UGT y CC OO criticaron que Felipe González incumpliese su promesa de rebajar la edad de jubilación a 64 años. En definitiva, a nadie  le sorprendió que el PSOE con este tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012.

Las promesas del PP

El PP nos prometió que cuando llegasen al Gobierno no subirían el IVA, ni abaratarían el despido. Pero muy pronto vimos que fueron algunas de sus primeras medidas. González Pons llego a prometer que crearían 3,5 millones de puestos de trabajo en cuatro años. El entonces responsable de comunicación del PP dijo también: “No vamos a abaratar el despido”. Entonces, la reforma laboral de 2010 era ya un hecho consumado. El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy nos advirtió de la dureza de la reforma laboral que iban a aprobar. Recordemos que antes de aprobarse, el ministro De Guindos dijo ante las cámaras a un comisario europeo que la reforma laboral seria “extremadamente agresiva”. Días antes ya habíamos visto en la tele a Rajoy diciendo al primer ministro finlandés en Bruselas que “la reforma laboral me va a costar una huelga general”. En realidad, fueron dos huelgas generales: el 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012.

Recordemos que la nueva norma suponía numerosos ataques al mundo del trabajo, tal como estaba exigiendo el gran capital. En el propio preámbulo se hacía referencia textual: “Presiones de los mercados financieros […] hacen imprescindible abordar las deficiencias estructurales del mercado laboral español”. La reforma eliminaba la necesidad de autorización administrativa de los ERE, aumentaba las causas de los despidos, se abarataba el despido, etc.

Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho sobre las anunciadas derogaciones de la reforma laboral. Comprobaremos que se nos ha mentido, eso es un hecho irrefutable

En 2012 y en los años siguientes se repitieron los pronunciamientos entre dirigentes de PSOE, UGT, CC OO, IU, y más tarde, de Podemos tras su fundación, sobre la necesidad de derogar esta reforma laboral. El PSOE dio muestras de apoyo a las huelgas generales de 2012, y llamaron a la participación en un video. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, al considerar “que atenta contra los valores constitucionales y ataca el estado de derecho”. Pedro Sánchez, cuando fue elegido secretario general del PSOE en 2014 afirmó: “Las nefastas consecuencias que está teniendo la reforma laboral, tanto por el intolerable recorte de los derechos de los trabajadores, como por la constante devaluación de sus condiciones salariales, lo que está agravando la situación económica de las familias y dificultando la salida de la crisis”. Nos aseguraba que no iba a permitir que se consolidasen los recortes laborales e incluso que “la primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”.

En 2015, el PSOE se presentó a las elecciones prometiendo que derogarían la reforma laboral por completo y por decreto. En el debate electoral entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, el líder del PSOE dijo por televisión ante millones de personas: “Nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral”. En el programa electoral del PSOE de 2016 se puede leer lo siguiente: “Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Un modelo que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la OCDE por las consecuencias que origina en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el deterioro de nuestro clima social. Y la sustituiremos por una norma dialogada con los agentes sociales”.

En 2016 Pedro Sánchez decía que “Mientras Rajoy lo único que hace es intentar sumar escaños para perpetuarse en el poder, nosotros vamos a hablar de las políticas progresistas, si así lo quieren el resto de partidos de izquierdas. Se trataría de un Gobierno que derogue la reforma laboral”. En febrero de 2018,  la portavoz del PSOE de Servicios Sociales, Elvira Ramón, aseguraba en el parlamento que era “indispensable derogar la reforma laboral”. En junio de ese año Pedro Sánchez era investido presidente tras una moción de censura. Una vez en el poder todo cambio.

El PSOE y Pedro Sánchez afirmaron en numerosas ocasiones que derogarían la reforma laboral de Mariano Rajoy, pero todo cambió nada más llegar al poder

La nueva ministra de Trabajo del gobierno del PSOE, dos días después de su nombramiento indicaba en La Razón: “La reforma laboral no se pude derogar alegremente”. Entonces comprobamos que la reforma no se derogó en el primer consejo de ministros de Pedro Sánchez, ni en los siguientes. A finales de 2019, PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo de Gobierno que se plasma en un documento en cuya  pagina 3 ponía: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pasaron los meses y no se derogó, pese a que nos prometían desde Podemos que se derogaría por completo.

En enero de 2020, Rafa Mayoral planteaba que “de la reforma laboral del PP no van a quedar ni los palos del sombrajo”. El 20 de mayo de 2020 se publica un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el que se exponía que “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”.

En una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral tuvo una duración de dos o tres horas; el PSOE se desdijo del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos

Pero en una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco tuvo una duración de dos o tres horas. El PSOE se desdice del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos. Pablo Iglesias respondía “En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el Gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición”.

Mentiras, mentiras y mentiras

Hace tan solo dos meses, Pablo Echenique criticaba en twitter la ambigüedad respecto al presidente del Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral. Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho desde entonces. Comprobaremos que se nos ha mentido, es un hecho irrefutable. Se llegó a un punto en el que solo se hablaba de lo que NO se iba a derogar de la reforma laboral. Las tibiezas del PSOE al respecto eran criticadas por dirigentes de Podemos, hasta que esas tibiezas dejaron de ser monopolio del PSOE.

En octubre de 2021, la ministra Yolanda Díaz aseguraba en el Congreso de CC OO que iba a “derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias”. Pero días después decía que técnicamente no era posible derogar la reforma laboral, y que no se iba a derogar el abaratamiento del despido aprobado en la reforma laboral de Rajoy. Es decir, se advertía de que no se iba a recuperar la indemnización por despido previa a la reforma de 2012. Era algo que ya había dicho anteriormente desde el PSOE, y que había sido criticado desde Podemos. Por tanto, se dejaba intacto uno de los aspectos más lesivos de la reforma, sin olvidar que el despido ya se había abaratado previamente al año 2012 en más de una ocasión. Este cambio de parecer, provocó las críticas de Mas País. Iñigo Errejón tras conocer el acuerdo entre sindicatos, Gobierno y CEOE planteó que esperaba que la reforma no fuera “descafeinada”. En este sentido, finalmente se presentó un acuerdo pactado entre CC OO, UGT y la patronal que no derogaba por completo la reforma laboral, tal y como nos habían prometido desde el gobierno,  y también habían exigido los sindicatos mayoritarios.

El Gobierno, que llevaba dos años anunciando y prometiendo la derogación de la reforma laboral, finalmente no la ha derogado. Esto no quiere decir que el acuerdo tenga cuestiones positivas. Todo cambio a mejor bienvenido sea. Se suprimen facilidades que implementó el PP para hacer ERE en el sector público. Se incide en causalizar con precisión los motivos de la contratación temporal. Aumentan las sanciones por contratación temporal fraudulenta. Se elimina el contrato de duración determinada por obra y servicio, se introduce el derecho a la información al trabajador temporales sobre vacantes fijas, etc. Pero recordemos que en esta materia el Ministerio de Trabajo defendía introducir  un porcentaje máximo del 15% de temporalidad en las empresas. Hubiese sido mejor recuperar una normativa muy positiva para prohibir la temporalidad abusiva en las empresas. Estos topes fueron suprimidos en la reforma laboral de 1984. Ha habido una oportunidad histórica para recuperarlos, pero a última hora se ha renunciado a ello, y por tanto no podemos estar contentos.

En su lugar se ha aprobado que se puedan establecer límites máximos en los convenios. Medida mucho más ambigua, e infinitamente menos efectiva que la propuesta anterior. Además, se crea una nueva modalidad de contrato temporal para situaciones imprevisibles y ocasionales con una duración máxima de 90 días en un año. En los próximos meses tendremos que valorar cómo incide la nueva norma y evoluciona la contratación indefinida y temporal. Por otro lado, aunque hay algunas mejoras respecto a la subcontratación, el Ministerio de Trabajo proponía prohibir que las empresas subcontratasen trabajadores para realizar la misma actividad, algo que hubiese sido positivo, pero que tampoco se ha incluido. Por otro lado, sigue vigente la normativa que permite aplicar un ERE incluso en empresas con beneficios. Continúan vigentes numerosas causas para aplicar despidos colectivos, así como la referente a modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo reflejadas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Hay avances en la recuperación de la ultraactividad, aunque ya existían sentencias favorables al respecto. En todo caso la nueva redacción es demasiado compleja. Tampoco se recupera el nivel de cantidades a pagar a los trabajadores que anteriormente asumía el FOGASA, y el recorte aprobado anteriormente, se mantiene. Pero reiteramos que el abaratamiento en las indemnizaciones se deja tal como quedo en la reforma laboral de 2012, y tampoco se recuperan los salarios de tramitación. No se recuperan los 45 días por año con tope de 42 mensualidades, y nos quedamos con los 33 días y 24 mensualidades de tope. El abaratamiento del despido se refuerza, consolida y se presenta como intocable, pese a que nos prometieron derogar lo más “lesivo”. ¿El abaratamiento del despido no era un aspecto lesivo?

Pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral

Es una pregunta muy oportuna, ante los defensores acríticos de este acuerdo. Una vez más, UGT y CC OO aceptan, lo que hasta ahora consideraban inaceptable. En definitiva, lo que se ha pactado no es la derogación de la reforma laboral, que era el compromiso y promesa de este Gobierno. Por tanto, pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral. La normativa anterior a 2012 ya era extremadamente precaria, y se mire por donde se mire, no se recuperan todos los derechos que nos arrebató la reforma de Rajoy. El despido sigue siendo muy fácil para las empresas, e igual de barato que con el PP. Parece ser que si gobierna la derecha se puede imponer una reforma laboral sin consenso y sin los sindicatos. Pero si gobierno la “izquierda” no se puede aprobar sin el visto bueno de la CEOE. En los últimos procesos electorales millones de votantes, votaron a partidos con programas que prometían la derogación  de la reforma laboral, y que ahora gobiernan. Finalmente no han cumplido. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE. La excusa de la “correlación de fuerzas”, esta históricamente demasiado gastada y usada para justificar el incumplimiento de promesas, y cuestiones que son del todo injustificables.

Algo falla, cuando defensores de la reforma laboral del PP, consideran una buena noticia el acuerdo. El editorial de ABC ha sido muy clara al respecto: “El acuerdo entre Gobierno, sindicatos y CEOE es de mínimos y proviene de una cesión de todos para contentar a Europa. Pero por suerte no supone la derogación de la norma del PP de 2012”. En la misma editorial se indica: “En ningún caso se trata de la «derogación» que textualmente prometieron el PSOE y Podemos tanto en sus programas electorales como en su pacto de coalición”. Además añade que “El acuerdo es en definitiva una buena noticia”. Hay más artículos publicados en los últimos días en la prensa en los que también se indica que poco cambia con la nueva reforma laboral. De hecho, se habla constantemente de lo que NO se modifica. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, decía en Antena 3 que el Gobierno “planteaba al principio una derogación absoluta de la reforma”, pero se congratulaba de que al final había “quedado una renovación bastante razonable”.

Un artículo en La Razón señala que “si uno examina de cerca el contenido de la contrarreforma laboral promovida por el Gobierno y aceptada por los agentes sociales, comprobara rápidamente que los acuerdos alcanzados no afectan al núcleo de la reforma laboral de 2012”, añadiendo que “los elementos esencial de la reforma laboral de 2012 ya forman parte del consenso político nacional”. La Conferencia Episcopal también ha considerado muy positivo el acuerdo. El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha valorado positivamente el acuerdo. Por otro lado, el ex ministro Jordi Sevilla ha explicado que encuentra “totalmente reconocible la actual reforma laboral pactada” con el acuerdo de gobierno que el PSOE llego con Ciudadanos en 2016. El exministro añade en twitter que “Yolanda Díaz lo criticó y se opuso. Me alegro que haya cambiado de opinión”. Hace no mucho escuchábamos la expresión “el miedo va a cambiar de bando”. Pero está claro que con esta reforma, no es así. Por su supuesto, ya no solo no se dan por perdidos numerosas agresiones de las reformas laborales de 2010 y 2012, además reivindicaciones históricas como las 35 horas semanales, el fin del despido libre pagado, etc., ni se nombran.

Mientras tanto, sindicatos como ELA, CIG, LAB y CGT han mostrado sus críticas a esta reforma laboral, que por cierto tiene que pasar por el Parlamento, donde es previsible que partidos políticos como ERC, BNG, Mas País o EH Bildu, hagan enmiendas que avancen en la derogación de contenidos de la reforma laboral de Rajoy que han quedado intactos. ¿Qué votará al respecto el grupo parlamentario de Unidas Podemos?.  Es una pregunta relevante e interesante. Y para terminar el artículo, seguimos haciendo preguntas, porque nueve años después de la reforma laboral, dos años después de la formación del Gobierno de coalición… ¿si nos prometieron derogar la reforma laboral, porque no la han derogado? Aunque la nueva reforma laboral recupera derechos, ¿qué ocurre con los que da por perdidos? ¿Si no se deroga ahora con una mayoría parlamentaria más que suficiente, cuando se derogará? ¿Por qué esperar dos años para al final no derogarla por completo? ¿Por qué se mantiene el abaratamiento del despido? Si la reforma de 2012 provoco despidos masivos al eliminar la necesidad de autoridad admirativa en los ERE, ¿por qué se mantiene la falta e inexistencia de control administrativo en los ERE? Si decían que la reforma laboral era tan mala, por qué no la han derogado íntegramente tal y como nos habían prometido?

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

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