La reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) acordó destinar 300.000 millones de dólares anuales a los países en vías de desarrollo para que puedan superar su dependencia del carbón, el petróleo y el gas –causa esencial del sobrecalentamiento– y compensar los gastos causados por los cataclismos climáticos. Monto que representa solo una cuarta parte de los 1.3 billones de dólares que esas naciones exigían y apenas superior a los 100.000 millones actuales que otorgaba el acuerdo vigente, a punto de perimir. Como moción de deseo la Conferencia especula con alcanzar los 1.3 billones de dólares anuales para el Sur Global, pero recién en 2035.

El Acuerdo de París de 2015 estableció un mecanismo de aumento regular de los recursos destinados a hacer frente al cambio climático. Un intento de mantener el calentamiento por debajo de 1,5°Celsius, tomando como referencia el clima en la época preindustrial.

Poco de nuevo

Luego de dos semanas de reuniones, el último domingo de noviembre los representantes de casi doscientos países llegaron a un pequeño acuerdo. El documento final, consensuado justo en el momento del pitazo final y tras treinta horas de prolongaciones desde la hora originalmente prevista para la clausura de la cumbre, logró evitar la muerte cerebral de un proceso que, lejos de resolver la crisis climática, continúa postergando soluciones de fondo. Lo que llevó a importantes portavoces de la sociedad civil mundial a expresar su decepción, subrayar la mezquindad de las naciones ricas e incluso hablar de un nuevo fracaso. La Organización No Gubernamental (ONG) internacional Amigos de la Tierra, por ejemplo, sostiene que la cita de Bakú defraudó a la sociedad civil “y pone en jaque a las poblaciones que sufren y sufrirán los impactos de la crisis climática con desastres naturales cada vez más devastadores” (https://www.tierra.org/finaliza-la-cop29-calderilla-para-la-financiacion-climatica-billones-para-las-falsas-soluciones-y-para-alimentar-el-genocidio-de-palestina/).

La COP29 se movió en dos contextos paralelos. Uno, la propia capital de Azerbaiyán, sede física del evento que convocó no solo a los delegados oficiales sino también a más de 60 mil representantes de multinacionales, del ámbito financiero, de instituciones internacionales, así como de numerosas ONG. El otro, los Estados Unidos, donde el próximo 20 de enero asumirá un gobierno negacionista del cambio climático. El tímido acuerdo logrado en Bakú podría ser desconocido total o parcialmente a partir del mismo 21 de enero por la nueva administración de la segunda nación más contaminante del planeta, solo por detrás de China.

Para eventuales avances de este proceso pro clima en cámara lenta, habrá que esperar a la COP30 en noviembre de 2025, conferencia a realizarse en Belém de Pará, una de las puertas de entrada a la Amazonia brasilera. Un año esencial, casi perdido, si se tiene en cuenta el acelerado proceso de calentamiento global que cada día, semana y mes se manifiesta a través de fenómenos meteorológicos de una fuerza poco conocida, desde la Dana en Valencia y otras regiones de España a los reciente huracanes en el Caribe y el sur de los Estados Unidos.

Naciones Unidas, evaluación prudente

La Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organismo que, con 450 funcionarios originarios de una centena de países se ocupa de asegurar estas conferencias, considera que el acuerdo de Bakú de asistencia financiera a los países en desarrollo es un logro “de gran trascendencia”.

Conocido formalmente como Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación del Clima (NCQG), en palabras de Simon Stiell, secretario ejecutivo de esa secretaría, dicho acuerdo es «una póliza de seguro para la humanidad en medio del empeoramiento de los impactos climáticos que afectan a todos los países”. Sin embargo, y “como cualquier póliza de seguros”, el mismo “sólo funciona si las primas se pagan en su totalidad y a tiempo”. “Las promesas deben cumplirse para proteger miles de millones de vidas”.

Con respecto a las expectativas de las naciones que asistieron a Bakú, Stiell admite que el acuerdo no las satisfizo plenamente a todas: «Ningún país consiguió todo lo que quería, y nos vamos de Bakú con una montaña de trabajo por hacer». Pero cree que, aunque las muchas otras cuestiones sobre las que todavía hay que avanzar quizás no sean espectaculares, de todos modos “son salvavidas para miles de millones de personas”. Y reconoce que este no es “el momento de cantar victoria y que tenemos que fijar nuestras miras y redoblar nuestros esfuerzos en el camino hacia Belém». En otras palabras: según Stiell, se trata de un camino muy largo, aunque en Bakú se dio otro importante paso adelante.

Por su parte, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cree que el documento de Bakú es “esencial”, aunque reconoce que esperaba un resultado más ambicioso, tanto en términos de financiación como de mitigación, “para responder a la magnitud del gran desafío al que nos confrontamos”.

La COP29 también concretó un compromiso sobre los mercados de carbono, algo que varias conferencias anteriores no habían podido lograr. Según la Secretaría del Convenio, este compromiso “ayudará a los países a cumplir sus planes climáticos de forma más rápida y económica y a avanzar más rápidamente hacia la reducción de la mitad de las emisiones mundiales en esta década, tal y como exige la ciencia” (https://unfccc.int/es/news/cop29-acuerda-triplicar-la-financiacion-a-los-paises-en-desarrollo-protegiendo-vidas-y-medios-de). Los mercados de carbono, así como los denominados créditos carbono, son mecanismos de compensación fuertemente criticados por organizaciones ambientalistas. Establecen que una empresa (o un Estado, o cualquier otra entidad) le encarga a una firma certificadora que calcule el efecto contaminante de sus emisiones. Sobre la base de esta cifra, la empresa paga por su efecto nocivo con un contravalor denominado “crédito ambiental”, el cual se destina a proyectos que deberían proteger el medio ambiente, generalmente en países de América Latina, África y Asia.
Mistificadas por sus promotores, estas compensaciones dejan mucho que desear. Una investigación independiente promovida conjuntamente por el periódico británico The Guardian y el alemán Die Zeit el año pasado, las cuestionó seriamente. Tomando como ejemplo los cálculos y las certificaciones otorgadas por la empresa Verra, la mayor certificadora del mundo y con sede en la ciudad de Washington, la investigación periodística determinó que “más del 90% de dichas compensaciones de carbono convertidas en proyectos ambientales en la selva tropical carece de valor” debido a lo inadecuado del estándar de carbono utilizado. En consecuencia, que los créditos ambientales que Verra certificó para grandes corporaciones, como Disney, Shell, Salesforce, BHP, EasyJet y Gucci, entre otras, son, en gran medida, “inútiles”. No solo eso; además podrían empeorar el calentamiento global. (https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe).

Crítica frontal desde la sociedad civil

La optimista evaluación de Naciones Unidas de lo acordado en Bakú con respecto a los mercados de carbono fue demolida por varias organizaciones. Entre otras, Amigos de la Tierra, ONG que sostiene que dicho acuerdo permite “que los gobiernos puedan cumplir sus objetivos en materia de mitigación a través de falsas soluciones en vez de reducir de forma real sus emisiones”. Y que a “las empresas contaminantes [les permite] sus objetivos corporativos de lavado verde mientras continúan con sus emisiones fósiles”.

Según Amigos de la Tierra, estas falsas soluciones incluyen proyectos de geoingeniería, como los sistemas de captura y almacenamiento de carbono tanto terrestre como oceánica, así como ciertos tipos de soluciones basados en dinámicas naturales. Por otra parte, argumenta Amigos de la Tierra, “la aprobación de los esquemas de compensación de carbono significa acaparamiento de tierras, expulsión de comunidades campesinas y pueblos indígenas, violación de derechos humanos, violencia de género, pérdida de biodiversidad y amenaza a la soberanía alimentaria”. Y recuerda que en el marco de esas compensaciones se han incluido unos 1.700 proyectos anteriores, “la mayoría de ellos cuestionados [incluso] por la propia Comisión Europea, a realizarse en los países del Sur”.

El último mes de julio, ochenta organizaciones ambientalistas, de desarrollo y de derechos humanos de primera importancia internacional –como Amigos de la Tierra, Oxfam, Greenpeace y Amnistía, entre otras– enviaron una carta conjunta a gobiernos y grandes empresas exigiéndoles que dejen de fomentar los créditos de carbono. Más radical que otros documentos, la carta demanda que se elimine este tipo de instrumentos financieros de cualquier mesa de negociación sobre el clima y, por supuesto, de las estrategias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

“Permitir que empresas y países cumplan con los compromisos climáticos mediante créditos de carbono”, sostiene la carta, “probablemente ralentizará la reducción global de emisiones y no proporcionará ni de lejos la cantidad de fondos necesarios para el sur global”. Y agrega que “Esta artimaña contable les permite a las empresas seguir emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero, pero las restan en sus balances al invertir en proyectos de captura, conservación o reforestación”.

Si bien las críticas al contenido y el resultado de la COP29 en Bakú son significativas, no menos lo son los señalamientos a sus silencios y olvidos. Para David Knecht, especialista en clima de Acción Cuaresmal Suiza y uno de los observadores presentes en esa cumbre, “la COP29 es un fracaso para la transición energética”. Knecht le critica a la comunidad internacional el que “no haya logrado avanzar con la salida [reducción consistente] de los combustibles fósiles acordada el año pasado [en la COP28 de Dubai]. El lobby de los combustibles fósiles se ha impuesto una vez más, en detrimento de las poblaciones más vulnerables”.

La manera como la cumbre gambeteó/eludió un tema tan esencial y crítico como el de la eliminación de los combustibles fósiles constituye, casi seguramente, una de las asignaturas pendientes más preocupantes de Bakú. Nada es casualidad: Azerbaiyán, el país huésped de la cumbre, es uno de los veinte principales exportadores de petróleo y número doce entre las potencias productoras de gas.

El cónclave del clima acaba de concluir sin pena ni gloria. Los tiempos se acortan; la tierra sigue transpirando por todos sus poros en un sauna cotidiano insalubre y autodestructivo. Y junto con la tierra, sufre cada uno de los seres vivientes.

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