El treinta de marzo de 2026, el Parlamento israelí (Knesset) aprobó una ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento a los palestinos condenados por tribunales militares en casos que involucren ataques mortales, con ejecución a realizarse dentro de los noventa días posteriores a la sentencia. Esta no es una ley penal. Es un instrumento codificado de limpieza étnica, que opera dentro de un sistema de apartheid documentado, protegido por una cobertura política estadounidense sin precedentes. Para comprender lo que ha ocurrido, no podemos comenzar solo con la ley. Debemos comenzar con la estructura completa que la produjo.

La pena de muerte: la solución más barata de un estado en crisis

Desde mi postura de principios y humanitaria, rechazo, total y categóricamente, la pena de muerte. El derecho a la vida es un derecho inherente, inseparable de la humanidad de una persona, y ningún Estado, independientemente de la legitimidad que reclame, tiene el derecho de confiscarlo.

Nadie nace criminal o violento. Todo ser humano nace en la plenitud de la inocencia. Son circunstancias y condiciones específicas las que transforman a una persona en criminal: la pobreza, el desempleo, la ausencia de protección social, la tiranía, y la discriminación y represión nacional, religiosa y de clase. La pena de muerte proporciona a los gobiernos fracasados un pretexto prefabricado para evadir su verdadera responsabilidad de abordar las causas raíces del crimen y la violencia.

Es la solución más fácil y menos costosa, mientras que abordar las raíces del crimen es costoso y exige un trabajo serio y genuino, trabajo que las autoridades corruptas e incapaces no muestran ningún interés en emprender.

La pena de muerte es, en su esencia, un castigo violento, punitivo e inhumano, enraizado en la lógica de la venganza más que en la rehabilitación y la reforma. Es también, por su propia naturaleza, un castigo clasista y discriminatorio: la gran mayoría de los condenados a muerte en todo el mundo pertenecen a las clases populares, comunidades marginadas, y minorías nacionales y religiosas, personas que no pueden costear representación legal y no tienen ninguna conexión con los centros de poder e influencia. Rara vez escuchamos de una persona adinerada o políticamente influyente ejecutada por un delito criminal.

Además, es un castigo irreversible en un mundo donde los tribunales están plagados de graves errores judiciales, y donde la abrumadora mayoría de las confesiones se obtienen bajo coacción, tortura y presión psicológica y física. Cuando la pena de muerte se ejecuta contra una persona inocente, no hay retorno posible ni compensación posible, y esto solo es suficiente para rechazar este castigo en su raíz misma.

Las sociedades más humanas en su enfoque del crimen, y las más justas en la distribución de la riqueza, son las más capaces de reducir la violencia. Matar en nombre de la ley no produce seguridad. Produce un Estado que sobresale en la venganza y fracasa en la reforma, un Estado que, a través de la práctica de la ejecución, arraiga una cultura de muerte y la extiende por toda la sociedad.

La nueva ley: codificando lo que antes se practicaba en las sombras

El gobierno israelí actual es el más derechista, extremo y racista en toda la historia de Israel. Incluye ministros que describen a los palestinos en un lenguaje que explícitamente les despoja de su humanidad, y que defienden públicamente el desplazamiento forzado, la anexión y el exterminio físico como políticas oficiales del Estado más que como opiniones marginales. Este gobierno no nació en un vacío y no gobernó en aislamiento. Alcanzó este nivel de audacia en el crimen codificado porque sabe que está protegido a nivel internacional, y que el precio que pagará no será suficientemente alto como para alterar sus cálculos.

La cobertura política más significativa hoy proviene de Washington. La administración Trump, que representa la derecha populista nacionalista estadounidense en su forma más desenfrenada, proporciona a Israel un apoyo estratégico incondicional que supera todo lo ofrecido por administraciones estadounidenses anteriores.

Este apoyo no es meramente una postura diplomática. Es una alianza ideológica entre dos movimientos de derecha racistas convergentes: ambos consideran la supremacía nacional como fuente de legitimidad, ambos usan el discurso de la seguridad y el terrorismo para justificar crímenes contra pueblos oprimidos, y ambos trabajan para desmantelar las instituciones internacionales de supervisión que podrían pedirles cuentas.

Esta alianza otorga a la derecha israelí todo lo que necesita para escalar sus violaciones: protección en el Consejo de Seguridad mediante el veto estadounidense, cobertura mediática a través de la maquinaria de la derecha estadounidense, y una falsa legitimidad internacional que presenta la ocupación como defensa legítima y el apartheid como necesidad de seguridad.

Lo nuevo aquí no reside en el acto mismo. Israel ha llevado a cabo durante décadas ejecuciones extrajudiciales mediante asesinatos, liquidaciones en el campo y bombardeo directo de poblaciones civiles. Muchas de estas operaciones han cobrado la vida de docenas de civiles que rodeaban a sus supuestos objetivos, convirtiéndolos en una forma de ejecución colectiva envuelta en el lenguaje de la seguridad y la disuasión.

Lo nuevo hoy es que el Estado ya no se contenta con matar en secreto. Ahora lo hace abiertamente, otorgándole legitimidad legislativa e incorporándolo a su arsenal legal declarado. Esto no es valentía al reconocer lo que ocurre en las sombras. Es la audacia de normalizar el crimen.

La estructura legal dual: dos caminos hacia la ejecución

Esta ley no surge en un vacío legal. Se enmarca en una estructura legal dual que ha existido durante años, construida sobre dos vías distintas que pueden conducir a sentencias de muerte. La vía civil, dentro de Israel, define ciertos actos dentro de un marco de «terrorismo» y establece condiciones legales especiales que podrían teóricamente abrir la puerta a la aplicación de la pena. Esta vía puede abarcar a algunos palestinos árabes dentro de Israel o detenidos en relación con eventos como los ataques del 7 de octubre de 2023, según algunos análisis. La vía militar, aplicada en Cisjordania a los palestinos bajo ocupación, opera dentro de un sistema judicial completamente separado. Esta dualidad legal refleja una estructura colonial que coloca a dos grupos humanos bajo dos sistemas legales radicalmente diferentes.

La pena de muerte en Israel no es del todo nueva, aunque históricamente estaba casi congelada y raramente aplicada, utilizada solo en un número muy limitado de casos excepcionales, el más notable siendo la ejecución de Adolf Eichmann en 1962. El cambio actual no es meramente una reactivación de la pena. Va más lejos, ampliando su alcance dentro de un contexto político y colonial claro.

El palestino en los territorios ocupados no es juzgado ante un sistema de igualdad legal. Es juzgado ante un tribunal militar que opera dentro de una estructura colonial, despojado de las garantías más básicas de un juicio justo, con tasas de condena que se aproximan a la totalidad, y con la mayoría de las confesiones obtenidas bajo coacción y presión psicológica y física.

La condena está casi predeterminada antes de que comience el juicio. En contraste, el ciudadano judío israelí que comete una ofensa comparable es juzgado dentro de un sistema legal completamente diferente, uno que no lo somete a tribunales militares ni a los mismos procedimientos excepcionales.

Esta discriminación no es un defecto corregible mediante la enmienda de un texto. Es la esencia misma de una estructura legal que divide a los seres humanos en categorías distintas de vida y derechos. Cuando a un sistema como este se le otorga la autoridad de ejecutar a una persona en noventa días sobre la base de un juicio militar con tasas de condena casi automáticas, no estamos ante una ley penal. Estamos ante un instrumento codificado de limpieza étnica.

Los detalles de la ley: ejecución bárbara sin salvaguardas

Lo que distingue a esta ley de otra legislación penal no es solo el castigo en sí mismo. Es el diseño sistemático para eliminar cada salvaguarda legal que pudiera prevenir su ejecución. El fiscal no necesita solicitar la pena de muerte, y la aprobación de un panel de tres oficiales militares es suficiente para emitir una sentencia de muerte. Se requiere que los jueces registren justificaciones excepcionales si desean reemplazar la ejecución por cadena perpetua, lo que invierte completamente la lógica de la justicia: el incumplimiento predeterminado se ha convertido en ejecución y la excepción es la clemencia. Las vías de apelación y revisión están severamente restringidas, con cualquier posibilidad de indulto eliminada, mientras que los condenados son mantenidos en aislamiento casi total con una severa restricción del derecho a representación legal, ya que solo se permite a un abogado comunicarse con su cliente mediante videollamada.

Junto a esta ley promulgada, hay otro proyecto de ley que aún se está preparando ante el Knesset, conocido como la ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los eventos del 7 de octubre. Establece tribunales militares excepcionales con jurisdicción retroactiva para enjuiciar a los acusados de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023. Estos tribunales están autorizados a apartarse de las normas estándar de prueba y procedimiento, e imponer la pena de muerte por simple mayoría sin que el fiscal lo solicite. Juntas, las dos leyes constituyen una expansión sin precedentes del alcance de la pena de muerte y eliminan las salvaguardas procesales que habían limitado su aplicación durante décadas.

A nivel internacional, la Unión Europea advirtió explícitamente que llevar a cabo la ejecución por ahorcamiento constituye una violación absoluta de la prohibición internacional del trato cruel, inhumano y degradante. Expertos de la ONU confirmaron que los juicios militares israelíes de civiles generalmente no cumplen con los estándares de un juicio justo bajo el derecho internacional, y que cualquier sentencia de muerte emitida por ellos constituye una violación adicional del derecho a la vida. Añadieron que la privación de un juicio justo es en sí misma un crimen de guerra.

El movimiento de colonos: de los márgenes al corazón de la toma de decisiones

Esta escalada no puede separarse del creciente papel del movimiento de colonos en Cisjordania, que se ha transformado a lo largo de décadas desde grupos en los márgenes del mapa político hasta una fuerza política influyente dentro de la propia estructura del Estado israelí. Este movimiento ahora impulsa políticas cada vez más extremas y conduce la expansión de las herramientas de represión y castigo, incluida la legislación más dura como la ley recientemente aprobada. Este cambio es producto de una estrategia sistemática para construir una presencia demográfica y política en los territorios ocupados, acompañada de financiamiento gubernamental continuo y protección militar permanente.

Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados representan una violación clara y documentada del derecho internacional. El Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe a una potencia ocupante transferir a sus ciudadanos a los territorios que ocupa. La Corte Internacional de Justicia confirmó en su opinión consultiva en 2024 que la ocupación israelí en curso y el establecimiento de asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, y pidió su terminación. La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, adoptada por unanimidad en 2016, afirma que los asentamientos no tienen validez legal alguna y constituyen un obstáculo mayor para la paz. Sobre el terreno, el número de colonos hoy supera los setecientos mil, en una realidad que fragmenta la continuidad geográfica palestina y transforma Cisjordania en enclaves aislados.

Representantes de este movimiento hoy ocupan carteras ministeriales fundamentales, y las políticas del Estado hacia los palestinos reflejan directamente sus agendas. Lo que hasta hace poco se consideraba discurso marginal dentro de la sociedad israelí se ha convertido ahora en política oficial del Estado, traducida en leyes vinculantes que afectan directamente las vidas y los derechos de los palestinos. Esto coloca a la comunidad internacional ante una mayor responsabilidad para confrontar un sistema que ya no oculta sus objetivos.

El apartheid: una designación legal, no un insulto político

Describir a Israel como un sistema de apartheid ya no es meramente retórica política. Se ha convertido en una designación legal documentada, respaldada por importantes organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional concluyó en su informe de 2022 que Israel practica un sistema de apartheid contra los palestinos construido sobre represión sistemática y discriminación institucional, extendiéndose por los territorios ocupados y dentro de las comunidades palestinas dentro del propio Israel. Human Rights Watch confirmó en su informe de 2021 que las autoridades israelíes están cometiendo los crímenes de apartheid y persecución a través de políticas destinadas a entronizar el dominio de un grupo nacional sobre otro.

Estas conclusiones provienen de organizaciones internacionales serias que trabajan según metodologías legales rigurosas y documentación de campo precisa. No pueden ser desestimadas excepto invocando la misma lógica defensiva utilizada por los arquitectos del sistema de apartheid de Sudáfrica en el pasado.

Cuando la nueva ley de pena de muerte se coloca dentro de este contexto, queda claro que es un eslabón lógico dentro de un sistema integrado de dominación que controla la tierra, el movimiento y la identidad, y ahora añade a estos un control directo sobre el derecho a la vida misma. El apartheid no meramente suprime al otro. Trabaja para erosionar el valor humano del otro hasta el punto de hacerlo adecuado para la subyugación y la aniquilación, sin desencadenar una respuesta moral proporcionada de las grandes potencias que patrocinan este sistema, lo financian y lo arman.

El aislamiento internacional integral: la obligación de cada estado en el mundo

El sistema de apartheid de Sudáfrica no cayó a través de un despertar repentino entre sus élites gobernantes. Cayó bajo el peso de presiones acumuladas desde múltiples direcciones: aislamiento internacional integral, político, económico, académico y cultural; una lucha interna larga y costosa; y la erosión gradual de la legitimidad del sistema a medida que los costos del aislamiento comenzaban a afectar a sectores cada vez más amplios de la propia sociedad blanca. Esta es la lección histórica que no puede ignorarse.

Hoy, cada Estado en el mundo está llamado a imponer un aislamiento internacional integral al Estado de apartheid israelí. Esto no es un llamado a la solidaridad simbólica o a declaraciones retóricas rápidamente olvidadas. Es la descripción de una obligación política y moral vinculante para cada Estado que afirma respetar el derecho internacional y los derechos humanos.

Cortar relaciones diplomáticas, imponer sanciones económicas, congelar acuerdos de armas, retirar inversiones, imponer boicots académicos y culturales, y perseguir a los funcionarios responsables ante los tribunales internacionales son herramientas disponibles y necesarias. Los únicos obstáculos para su aplicación son la voluntad política y la sumisión a la presión estadounidense.

La posición internacional actual revela una ecuación vergonzosa. Los Estados que hablan de derecho internacional y derechos humanos en sus foros oficiales simultáneamente continúan normalizando sus relaciones con Israel y silencian sus críticas por temor a la presión de la derecha estadounidense.

Esta sumisión a la coerción constituye una participación activa en sostener y prolongar el sistema. Los Estados que permanecen en silencio frente a los crímenes de Israel comparten una parte de la responsabilidad moral y política por cada víctima de este sistema. La presión popular en estos países, a través de movimientos sociales, fuerzas izquierdistas y progresistas, y organizaciones de derechos humanos, es la herramienta necesaria para romper este silencio cómplice y obligar a los gobiernos a alinear sus políticas con sus principios declarados más que con sus intereses estrechos.

Al mismo tiempo, la presión externa por sí sola no es suficiente. El cambio radical requiere la lucha de todos los que viven en esta tierra, judíos, árabes y todos los demás pueblos, contra el sistema mismo. Los israelíes que rechazan este camino existen, y sus voces merecen apoyo, no aislamiento.

Construir un Estado de ciudadanía verdaderamente igual, fundado en la plena igualdad de derechos para todos los habitantes sin discriminación nacional o religiosa, un Estado democrático civil que trascienda la lógica de la supremacía nacional y coloque al ser humano en el centro, es el único horizonte viable para cualquiera que genuinamente busque una salida de este impasse histórico.

Contra una lógica, no contra un castigo solo

La justicia no se logra mediante el asesinato o la venganza. El crimen y la violencia son fenómenos sociales profundamente enraizados en la ocupación, la pobreza, el desplazamiento y la represión acumulada a través de generaciones. Cuando un Estado ocupante recurre a la pena de muerte contra un pueblo ocupado, respaldado por la administración estadounidense más parcial de la historia moderna, no está abordando la violencia. La está inflamando, reproduciéndola, y añadiendo a ella una nueva capa de injusticia y agravios.

La pregunta real no es cómo acabar con la vida de alguien que ha cometido un acto de violencia. La pregunta honesta es: ¿por qué los seres humanos recurren a la lucha armada y la violencia en primer lugar, y quién lleva la verdadera responsabilidad por el sistema colonial que la produce, la perpetúa y la financia?

La lucha genuina no se limita a un castigo legal específico, por grave que sea. Apunta a una lógica completa que transforma al Estado en un instrumento de muerte, la ley en una cobertura para la discriminación, y la pertenencia nacional en un criterio para el valor de la vida humana. Quienes alimentan y protegen esta lógica a nivel internacional llevan su responsabilidad histórica y moral, ya sea que se sienten en Tel Aviv o en Washington.

La lucha para abolir la pena de muerte, desmantelar el sistema de apartheid israelí, y aislar la alianza de derecha racista que lo protege no son batallas separadas. Son expresiones múltiples de una única lucha de liberación que coloca a cada ser humano, sin excepción, en el centro del valor, el derecho y la dignidad. Ejecutemos la pena de muerte misma, y que sea su propia víctima final.

Enlaces relacionados con el tema

Amnesty International. (march 2026): Israel/OPT: Newly adopted death penalty law must be repealed, Israel/OPT: Newly adopted death penalty law must be repealed

Amnesty International, febrero de 2022, «Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity», informe completo: https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/

Human Rights Watch, abril de 2021, «A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution» https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policies-constitute-crimes-apartheid-persecution