Por: Luis Hernández Navarro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ido fijando los objetivos de la Cuarta Transformación (4T) poco a poco. No hay, hasta el momento, un documento oficial que dé cuenta de las principales características de su propuesta. El mandatario anunció su propósito en plena campaña electoral y ha ido precisando algunas de sus peculiaridades sobre la marcha.
Entre otros elementos que la componen, se encuentra el de concebirse como la siguiente etapa de las tres grandes transformaciones políticas y sociales anteriores: la Revolución de Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910-17. Sin embargo, a diferencia de ellas, este nuevo trayecto histórico será pacífico y gradual.
Los componentes esenciales de este cambio son la lucha contra la corrupción, la separación del poder económico del político y la redistribución del ingreso por la vía de apoyos directos a los más necesitados. Adicionalmente, decretó el fin del neoliberalismo y apuesta por la soberanía energética, sin modificar el actual marco legal.
Si es difícil precisar en qué consiste la 4T en lo general, más lo es en el terreno educativo. AMLO ha hecho declaraciones sobre este tema en sus conferencias mañaneras, envió al Congreso una propuesta de reforma educativa y elaboró un memorando dirigido a sus secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda, girando instrucciones sobre este asunto. Pero no ha presentado un proyecto educativo acabado.
Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha adelantado algunas ideas generales. Se entiende que lo ha hecho con el aval de su jefe. Pero algunas de esas propuestas, como el de la nueva escuela mexicana, son iniciativas sin contenido preciso.
A pesar de ello, puede inferirse que sus preocupaciones para la educación responden a los lineamientos generales de la 4T. Es el caso de la corrupción. Su propuesta para enfrentar la lacra en el sector consiste en la recentralización de la nómina magisterial y del fin de la venta de plazas. “La SEP –escribió en el memorando– administrará las plazas sindicales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.”
La recentralización de la nómina magisterial es el reconocimiento oficial del fracaso de la descentralización educativa pactada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992.
No es algo nuevo. La nómina magisterial comenzó a recentralizarse en 2015, en plena reforma educativa del Pacto por México. Con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), la SEP pasó a hacerse responsable del pago a 950 mil trabajadores de la educación. Sin embargo, el pago de decenas de miles de mentores más siguió siendo responsabilidad de los estados. De manera que miles de maestros que no cuentan con plazas presupuestales avaladas por la Secretaría de Hacienda laboran en las entidades. Eso no significa que esos profesores hayan comprado sus plazas, o las hayan obtenido por medio de prácticas corruptas.
AMLO pudo acercarse a lo que significa esta bomba de tiempo, a raíz del paro magisterial y el bloqueo de las vías de ferrocarril en Michoacán de comienzos de este año. El FONE dejó allí fuera de sus listas a 18 mil 500 maestros. Lo mismo sucede en muchos otros estados.
Adicionalmente, existen diferencias salariales importantes entre maestros de distintos estados e incluso de la misma entidad. Los días de aguinaldo y distintos tipos de compensaciones varían en todo el país. ¿Qué va a hacer la autoridad con estas diferencias salariales al recentralizar la nómina? ¿Dejarlas como están? ¿Homogeneizarlas? Y si lo hacen ¿será a partir de lo que obtienen los que ganan más o los que ganan menos?
La recentralización puede ser una medida en la dirección correcta para ordenar el sector, siempre y cuando reconozca la antigüedad y el trabajo de esos miles de docentes no considerados en el FONE actual, y no implique que los maestros pierdan conquistas que ya tienen.
Es correcto terminar con la venta y el tráfico de plazas. Así lo ha demandado la CNTE una y otra vez. Quienes dicen lo contrario, mienten. Pero el control de las plazas por parte de la SEP, sin otros mecanismos adicionales, no garantiza el fin de la corrupción en el sector. En 2010, la SEP, a través de la UPN, encargó la encuesta Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa. El sondeo concluyó que 28.1 por ciento de los docentes obtuvieron su plaza por intermediación de la SEP o la autoridad educativa (https://bit.ly/2Xyf7TE). Un porcentaje mayor al que lo hizo a través del SNTE.
En el memoramdo, AMLO establece que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Todos estos ejes son claves, excepto el de calidad. Aunque es una palabra bonita, calidad fue el concepto articulador de la reforma educativa de Peña Nieto. Lo fue, por una razón: es un término proveniente del mundo de los negocios, que, en el terreno educativo, sirve a la política neoliberal, y a las mediciones estandarizadas en el propósito de la educación.
Otra historia es el dictamen de reforma educativa aprobado en la Cámara de Diputados. El documento no tiene nada que ver con una transformación pedagógica progresista de largo aliento. Es, en lo esencial, la misma gata del Pacto por México, sólo que revolcada.
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