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México / 21 de abril de 2019 / Autor: Ángel Díaz Barriga / Fuente: Educación Futura

Inconsistencias y problemas del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado las Comisiones Unidades de Educación y Puntos Constitucionales el pasado 27 de marzo.

Ángel Díaz Barriga

A casi quince días de que el proyecto fue aprobado está suscitando una diversidad de posiciones que no necesariamente reflejan un análisis fino de lo que se propone como “abrogación de la reforma” y conformación de una reforma educativa que responda a un programa de lo que se puede reconocer como la 4 Transformación de la República.

Efectivamente en toda la campaña electoral, el Lic. López Obrador hoy presidente constitucional del país ofreció abiertamente “abrogar la mal llamada reforma educativa. Abrogar significa modificar de raíz. Parte de esta abrogación se entiende por la suspensión de los llamados efectos punitivos de la evaluación del desempeño. En realidad la pérdida de la estabilidad laboral de los docentes a partir de resultados de evaluaciones (exámenes psicométricos y portafolios de evidencias desde 2017, calificados por rúbricas que terminan en una expresión cuantitativa. Un complemento de esta abrogación consiste en la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y en la derogación de la Ley del INEE y de la Ley del Servicio Profesional Docente.

Antes de efectuar el análisis de inconsistencias y problemas tendremos que reconocer que los llamados efectos “punitivos” de la evaluación del desempeño son también problemas técnicos de los instrumentos y procedimientos aprobados para realizar esta tarea. Primero porque dichos instrumentos no se refieren al desempeño docente, sino a un examen válido estadísticamente, pero muy defectuoso en las preguntas que formula: “Que hay que hacer si un alumno se lástima el pie en el patio”, “o el indicador x a que parte del perfil y parámetro corresponde”, o bien “el aprendizaje esperado z, a qué unidad del campo formativo corresponde”. Memorización y preguntas absurdas. Al preguntar a un docente destacado en 2017, sobre esta última pregunta respondió “Si tuve que aprenderme de memoria el documento Perfil, parámetros e Indicadores, así como el programa de la materia, porque sabía que eso me iban a preguntar”. Saber de memoria eso, o las normas ante situaciones de contingencia escolar como la primer pregunta no garantizan un buen desempeño docente. Más aún la docente respondió al finalizar la entrevista “durante ese semestre descuidé a mi grupo para poder reunir las evidencias que me pedían en el portafolio”. Esa es otra faceta de lo punitivo. Y la última faceta de lo punitivo fue clasificar a los docentes: insuficiente, suficiente, etc. De suerte que en las entrevistas realizadas un docente expresó “me sentí humillada cuando en una reunión de padres de familia me preguntaron ‘maestra y que calificación obtuvo en su evaluación’”. Ante todas estas situaciones técnicas nunca se dijo nada

Pero el objeto de este ensayo no es este, sino plantear inconsistencias y problemas del Proyecto aprobado.

1. En realidad se está realizando una abrogación de esta perspectiva que se tiene sobre los docentes, la que hemos descrito arriba. Mi respuesta es no. Se está eliminando un tema que es la desaparición del efecto laboral de la evaluación, pero ni siquiera se establece un concepto de evaluación que pueda reemplazar los exámenes. Equiparar evaluación a examen es una actividad permanente en el sistema educativo mexicano. El Decreto plantea que se establecerán programas de capacitación docente a partir de evaluaciones diagnósticas. El decreto sigue considerando a los docentes como sub-profesionales, como técnicos de docencia. A los profesionistas (médicos, ingenieros, abogados) no se les capacita se les ofrecen programas de formación continua.
2. Pero algo más grave sucede con esta redacción: se vuelve a instaurar un sistema de desconfianza hacia el profesional de la educación, que debe ser evaluado para determinar su capacitación, al mismo tiempo que se sostiene un modelo de evaluación individual que lleva a clasificar, a establecer puntajes, en ves que generar una visión distinta de evaluación: la evaluación institucional social, en la cual el trabajo de evaluación consiste en una interpretación de resultados, en construir un diagnóstico. Sólo que en vez de realizarlo a nivel de personas (alumnos y/o docentes) lo tenemos que realizar a nivel de escuelas, si lo que queremos es mejorar el sistema educativo.
3. La evaluación institucional social, sólo funcionará si los resultados de los exámenes PLANEA se entregan a la escuela para iniciar un diagnóstico (qué significan, a qué se deben y que podemos hacer) ese diagnóstico se podría alimentar también con datos que tiene la SEP sobre tasas de deserción y reprobación de esa escuela y con datos del INEGI sobre el contexto sociocultural que rodea la escuela. Acompañar la realización de ese diagnóstico tendría que ser la tarea central de la nueva instancia que se cree y no todas las que se le asignan (una SEP en paralelo). Para ese diagnóstico habría que construir apoyos, y proporcionar apoyos académicos de normales, UPN y Universidades Públicas. El resultado del diagnóstico por ejemplo frente a matemáticas, español, comportamientos escolares,etc tendría que traducirse en metas de mediano plazo. Pero metas de trabajo didáctico. ¿Cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué estrategias didácticas emplear?, ¿Cómo valorar si los alumnos llegan a desarrollar su pensamiento matemático? Etc. Estas metas tendrían que ser revisadas por la institución creada para ponderar su viabilidad. Las metas tendrían que convocar a toda la escuela: maestros, directores y supervisores, alumnos, padres de familia y comunidad en su caso, para buscar un trabajo conjunto en pro de ellas. Los programas de formación docente surgirían de los mismos diagnósticos y de la evolución del trabajo docente. Todos trabajando para las mismas intenciones. No una superación individual, sino una colectiva. Construir una política educativa desde la escuela hacia el sistema educativo y no al revés. Eso sería un cambio en la educación adecuada a la 4 Transformación y no una cosmética de evaluaciones diagnósticas para establecer la capacitación. Esto sería además una significativa aportación al debate internacional de la evaluación que le permitiría superar la visión individualista, psicométrica y clasificatoria que tiene.
4. “La admisión, promoción y reconocimiento del personal académico…se realizará a través de procesos de selección”. Afirmación que tiene una ganancia y gato encerrado. ¿Quién garantiza que en esos procesos no se vuelva a aplicar un examen absurdo como el que se aplica actualmente?, ¿qué diferencia existe entre medir conocimientos o conocer habilidades para el desempeño docente?
5. Por ello se entiende que los docentes demanden que el ingreso al mercado ocupacional para los egresados de las escuelas normales sea directo. No significa que estén luchando por decidir el 50% de las plazas como maltinencionadamente manejan los medios. Significa reconocer que las escuelas normales forman para la docencia (no para atender una tienda de abarrotes, ser secretaría o ser trabajador social). Si el estado ofrece una formación profesional para la docencia, en consecuencia tiene que entregar plazas a estos egresados. La tarea es compleja, demanda construir un reglamento muy cuidadoso sobre los procedimientos para que LA AUTORIDAD EDUCATIVA asigne plazas, un proceso que en esta primera etapa para garantizar su realidad sea vigilado por algún organismos transparencia, derechos humanos e incluso por una comisión de la UNESCO. No se trata que el sindicato intervenga y este debe quedar muy claro.
6. Pero sobre todo en secundaria y bachillerato también se requiere del ingreso de postulantes que no se formaron como docentes (sociólogos, historiadores, abogados ingenieros, etc). La salida es que la existe en los bachilleratos de las Universidades Públicas Estatales. Formar comisiones dictaminadoras. En este caso integradas por profesores de nivel C, d y E de carrera magisterial, más profesores destacados de Escuelas Normales y UPN, más Profesores de Universidades Públicas Estatales. Para ello será necesario formular un reglamento nacional de integración y funcionamiento de comisiones dictaminadoras. Una comisión técnica nacional que apruebe la integración de comisiones técnicas estatales, quienes a su vez aprobarán la integración de las comisiones dictaminadoras, tantas como se requieren para secundarias, telesecundarias, secundarias en medios no urbanos, igual con los bachilleratos. Es complicado, sí, pero no imposible. A estos docentes será necesario pedirles un año de regularización pedagógica que puede ser ofrecido por las normales superiores, las UPN o las facultades afines a lo educativo.
7. Para el caso de puesto de director, ATP y Supervisor en todo caso debe existir una comisión dictaminadora, que además de exigir determinados años de servicio en el nivel educativo específico demande un programa de trabajo para la tarea que se va a desempeñar. (Desterramos los exámenes).
8. En cuanto a las escuelas normales las declaraciones son por demás contradictorias:  Por una parte se establece que el Ejecutivo determinará los planes de estudio, mientras que en los décimo primer transitorio se afirma “En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en material de educación superior, establecerá los criterios para su desarrollo institucional y regional y la actualización de planes de estudio”. No se entiende porque le cuesta tanto al congreso asumir que al ser las escuelas normales instituciones de educación superior deben tener un núcleo básico de conocimientos pedagógicos y disciplinarios y una libertad curricular para establecer su plan de estudios de acuerdo a sus características y necesidades particulares: rural, urbana, indígena, centro regional; de preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación física, educación artística, etc. La homologación de planes de estudio constituye una camisa de fuerza para la formación de maestros y contradice la meta de reivindicar al magisterio
9. No fue suficiente para las comisiones establecer que los planes y programas tendrán perspectiva de género y orientación integral, con el conocimiento de las ciencias y las humanidades. Avanzaron en establecer materias: historia, geografía, civismo, filosofía, educación física…. Entre otras. No mencionan ni matemáticas, ni Español, precisamente los temas en que se ha intentado focalizar la política educativa desde hace 20 años. Por lo menos es absurdo que en la Constitución se encuentre este señalamiento
10. Pero lo más delicado. Una intención de la reforma es que el Estado TENGA LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN. Pues sencillamente en este proyecto de decreto sede la rectoría de la educación a un Sistema de Mejora Continua de la educación. Baste leer la cantidad de funciones que le asigna para reconocer que de aprobarse esta instancia sería en el mejor de los casos una SEP paralela e incluso una autoridad educativa sobre la autoridad educativa. En cuyo caso quizá ya no se requiera de un Secretario de Educación. Así se le asignan: b) Determinar indicadores de resultados de mejora continua de la educación; c)Establecer los criterios que deben cumplir las instancias autorizadas en la CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEJORA (esto no se encontraba en la ley del INEE); d) Emitir lineamientos relacionados con el magisterio (ENTONCES NO ES TAREA DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA) desempeño escolar, resultados de aprendizaje…. E) Proponer mecanismos de coordinación entre autoridades educativas federal y las entidades federativas (SI ESTO LE TOCA AL SISTEMA, ¿CUÁL VA A SER LA TAREA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN?), f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, los planes de estudio y los programas de estudio …. (ENTONCES QUE DESAPAREZCA LA DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DE LA SEP)
11. La funciones de este organismo lo convierten de facto en una súper-autoridad educativa, en realidad reproduce el esquema actual del INEE, eliminando un tema: las consecuencias en la evaluación del desempeño. Por ello consideramos que con este proyecto NO SE ABROGA, SINO SE REEMPLAZA, con un organismo que sigue teniendo una visión conservadora, gerencial y eficientista de la educación.
12. El máximo absurdo en todo ello es la integración de una junta directiva con 5 miembros y un consejo técnico con 7 miembros. Para su integración el senado abrirá una convocatoria para que instituciones, organismos de la sociedad organizada (ENTIÉNDASE EMPRESARIOS COMO MEXICANOS PRIMERO, SUMA POR LA EDUCACIÓN) y miembros de la sociedad propongan candidatos para integrar las ternas en donde se designarán a los integrantes de la junta y del Consejo Directivo. Si antes los empresarios estaban al lado del INEE, hoy estarán dentro de la Junta Directiva y del Consejo Técnico, aberración más grande no pudieron redactar.

No son todas las cuestiones críticas que tiene el proyecto de ley pero nos permite entender porqué en algunos medios se informa que el nuevo proyecto contiene el 80% de lo que estaba estipulado en la reforma anterior y porque algunos diputados de la comisión expresaron que daban su voto positivo dado que el proyecto conservaba “el corazón de la reforma de 2013”.

Ciertamente que los más de 30 millones de votos que recibió el hoy presidente de la república expresaban para el tema educativo un mandato contundente de impulsar un cambio relevante en el artículo tercero.

Un artículo que apunta a ser un tratado confuso sobre muy diversos temas, pero no aborda lo sustantivo: Cuál es el proyecto educativo que tiene este gobierno de la 4 Transformación, cuáles son sus grandes finalidades y cuáles son sus líneas rectoras.

Fuente del Artículo:

Inconsistencias y problemas del Proyecto de Reforma Educativa

ove/mahv