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España: Educación revisa al alza el seguimiento de la huelga de docentes, que pasa del 41% al 55%

Por: Ivanna Vallespín
El Departamento de Educación ha revisado al alza el seguimiento de la huelga educativa del pasado 11 de febrero y del 40,94% inicial lo sitúa ahora en el 54,73%. El Departamento indica que la actualización de la cifra se ha hecho tras una serie de días sin normalidad en las aulas, debido a la suspensión de clases por el temporal o por los días de libre disposición. La cifra de participación cambia, pero apenas varía el porcentaje de centros que han comunicado las cifras: del 39,42 pasa al 39,99%.

El cálculo del impacto de la huelga -que vació aulas de la pública y llenó las calles- ya generó controversia el mismo día 11: mientras los sindicatos cifraban el seguimiento en un 85%, el Departamento lo reducía casi a la mitad. Uno de los elementos chocantes de las cifras oficiales era el bajo porcentaje de centros que habían comunicado las cifras, solo el 40%, cuando en otras convocatorias se llegaba al 80%. Además, Educación mezcló cifras de pública y concertada y declinó ofrecerlas de forma segregada, algo que se había hecho en la otra gran huelga, la del calendario escolar, en contra del consejero Josep Gonzàlez Cambray en 2022.

Fuentes de Educació achacan estas grandes diferencias, en parte, al hecho de que la convocatoria –impulsada por Ustec, Aspepc, CC OO, CGT y UGT– era mayúscula, afectando a una gran diversidad de sectores. Y es que, en la huelga del pasado día 11 estaba convocado todo el sistema educativo: desde guarderías a colegios e institutos hasta escuelas de adultos y de educación especial, tanto públicas como privadas. La convocatoria afectaba a funcionarios, interinos de centros educativos de la Generalitat, municipales o dependientes de Justicia, pero iba más allá e incluía personal laboral de las oficinas del Departamento en Via Augusta y el personal de ocio educativo (desde extraescolares, vetlladores, comedores escolares y casas de colonias).

Ustec critica el método de cálculo del Departamento, porque asegura que simplemente se divide el número de huelguistas por el total de plantilla. El problema es que, en ese total, también se incluyen los docentes de baja o los que cumplen los servicios mínimos. “Ello puede inflar artificialmente el número de no huelguistas”, critica Ustec. El sindicato también deplora la “poca claridad” en los datos del Departamento, porque no discriminan entre escuelas públicas y concertadas.

Las direcciones consultadas por este diario también admiten disfunciones en la aplicación VAGA, que es la se usa para comunicar los datos de seguimiento en las huelgas. Explican que en el programa aparecen todos los docentes en plantilla, incluyendo los servicios mínimos y los que estaban de baja. “Yo tengo un docente haciendo dos medias jornadas con dos asignaturas diferentes y lo han contado como dos profesores. Todo lo que han podido sumar lo han puesto, han inflado el total”, se queja un director. Otra directora ha detectado incluso que un mismo docente aparecía varias veces repetido en la aplicación. Una dirección habla también de problemas a la hora de fijar los servicios mínimos en las escuelas de adultos. “Un centro tenía destinados 16 docentes en servicios mínimos cuando solo tiene 15 en plantilla. El problema es que la orden fijaba las dotaciones según el número de aulas, pero esto en estos centros no funciona porque tienes pocos profesores para muchas aulas”.

El Departamento admite como disfunción que se cuente en el total el personal en servicios mínimos. Asimismo, detalla que el porcentaje de comunicación de centros se realiza teniendo en cuenta todos los convocados, incluyendo los que no dependen de la Generalitat, como las guarderías municipales, además de las unidades de la sede de Via Augusta: en total, unos 7.500. Y en el porcentaje de seguimiento se tiene en cuenta todo el personal de la pública, mientras que de la concertada solo se contabiliza la plantilla de aquellas escuelas que comunican los datos, “ya que la concertada usa otro aplicativo y el Departamento no conoce la plantilla total de estos centros”, justifican desde Educación. A estos hay que añadir también todo el personal laboral del mismo Departamento, además de los administrativos y profesionales de apoyo educativo de los centros educativos.

Los cálculos sindicales

El sindicato Ustec elevó el seguimiento a un 85% en la pública. La organización defiende que el cálculo lo realiza a través de “datos obtenidos por canales propios, mediante encuestas y comunicaciones con centros y docentes de diferentes territorios”. Ustec asegura que trabaja “con una muestra amplia y territorialmente distribuida” -un tercio de los centros- y calcula el porcentaje, obviando los servicios mínimos “para evitar distorsiones”.

https://elpais.com/espana/catalunya/2026-02-19/educacion-revisa-al-alza-el-seguimiento-de-la-huelga-de-docentes-que-pasa-del-41-al-55.html

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Argentina: Declararon un paro nacional docente para el 2 de marzo y peligra el inicio de las clases.

Lo dispuso CTERA en reclamo de la “convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente” y de un aumento salarial que supere la inflación. Los gremios educativos de la CGT advirtieron que también podrían definir medidas de fuerza

El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Sonia Alesso y Roberto Baradel,Sonia Alesso y Roberto Baradel, en un encuentro de CTERA

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero,secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Sergio Romero, líder de UDA,Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse,lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Sergio Romero, líder de UDA,Sergio Romero, líder de UDA, en una movilización de la CGT

Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.

Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.

https://www.infobae.com/politica/2026/02/20/declararon-un-paro-nacional-docente-para-el-2-de-marzo-y-peligra-el-inicio-de-las-clases/

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China cambia las reglas de la educación: Menos estudios científicos, más inventos.

Mientras la mayoría mide la excelencia académica por artículos publicados, el gigante asiático ha decidido otorgar doctorados por construir puentes, diseñar tecnologías y resolver problemas reales.

En un mundo en el que la ciencia y la tecnología son motores críticos del desarrollo económico y social, China está cambiando la manera en que forma a sus doctorandos. Recientemente, el país ha introducido lo que se ha denominado como PhDs prácticos: doctorados que se otorgan no por una tesis tradicional publicada como artículo académico, sino por logros tecnológicos y productos concretos que resuelven problemas reales del sector industrial y de ingeniería.

Tradicionalmente, el doctorado, en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, ha sido sinónimo de investigación original y de producción de artículos científicos en revistas especializadas. Sin embargo, el nuevo enfoque chino pone énfasis en la creación de soluciones y desarrollos tecnológicos directamente aplicables, tales como prototipos, técnicas industriales o sistemas empleados en grandes proyectos de infraestructura.

Por ejemplo, uno de los primeros graduados con este nuevo tipo de doctorado fue un ingeniero civil, Zheng Hehui, cuya “tesis” se basó en bloques modulares, tipo Lego, que se utilizaron en la construcción de un puente colgante sobre el río Yangtsé. Gracias a ello, obtuvo su doctorado sin necesidad de una tesis escrita tradicional.

“(El enfoque) puede guiar a los estudiantes a resolver problemas reales que nuestra sociedad necesita, especialmente en industrias estratégicas con cuellos de botella tecnológicos”, según explica en una entrevista, Sun Yutao, experto en políticas de innovación en China.

Este cambio forma parte de reformas educativas impulsadas desde 2010 por el gobierno chino, con leyes aprobadas en 2024 que permiten a las universidades evaluar y otorgar grados doctorales basados en logros prácticos más que académicos convencionales. Eso sí, por ahora solo está disponible en carreras vinculadas a la ingeniería.

Este nuevo enfoque no surge en el vacío. China ha intensificado su inversión en ciencia y tecnología durante décadas, con un crecimiento sostenido del ecosistema de innovación nacional. Por ejemplo, el índice de innovación del país (una medida que combina entorno, inversión, producción y eficacia de la innovación) pasó de 100 en 2015 a 174,2 en 2024, con aumentos notables en la producción de patentes y en la educación en ciencia y tecnología.

Del mismo modo, China ha escalado posiciones en indicadores globales de innovación, llegando al top 10 del Índice Global de Innovación, desplazando a economías hasta ahora más dominantes como Alemania.

Este avance se ha acompañado de una proliferación de talentos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Datos recientes muestran que China ha producido más doctorados en campos STEM que los Estados Unidos: en el año 2000, China otorgó 7.500 doctorados, mientras que Estados Unidos más que duplicaba las cifras: 17.800. Ahora la tendencia se ha revertido y China alcanzó los 51.000 doctorados, mientras que EEUU apenas llegó a 34.000 doctorados.

Además, el país tiene una enorme base de graduados en general: alrededor de 5,8 millones de titulados, con más del 40 % optando por carreras STEM, lo que alimenta una vasta fuerza de trabajo cualificada para investigación y desarrollo. Aunque China no participa oficialmente en el informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) como país entero, regiones educativas como Macao, Beijing y Shanghai han demostrado resultados muy superiores a la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, con puntuaciones que compiten incluso con los países mejor posicionados.

Los cambios en el modelo de formación doctoral en China pueden empujar a otros países a replantearse qué significa realmente “investigación de alto impacto”. Desde lo académico, ¿se debe seguir valorando principalmente artículos técnicos publicados o se debe premiar también resultados importantes para la industria y la sociedad?

Si a esto le sumamos la “industria de la publicación”, donde se cobra miles de euros por publicar un estudio, que no todos ellos son fiables y que hasta se paga por poner el nombre en el estudio, como si se hubiera participado del mismo, esta nueva vertiente china, puede resolver de un plumazo el conflicto. Y, en el camino, impulsar la innovación.

https://www.larazon.es/tecnologia/china-cambia-reglas-educacion-menos-estudios-cientificos-mas-inventos_2026020869889b3a9243cc133c3b0c8e.html
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Chile: Control en las salas, recortes en los SLEP, prohíben celulares y descargan la crisis educativa sobre docentes.

Bajo el anuncio del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se instala una política que no viene acompañada de recursos adicionales ni de fortalecimiento de equipos de apoyo, pero sí de nuevas obligaciones de fiscalización y control dentro del aula. En vez de asumir estructuralmente la falta de financiamiento, la sobrecarga laboral y la carencia de profesionales en los establecimientos, el ministerio opta por una señal normativa que, en la práctica, recae sobre quienes ya sostienen el sistema en condiciones precarias.

Por: Teresa Melipal/Santiago de Chile

La entrada en vigencia de la Ley 21.801, publicada en el Diario Oficial y que prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos educacionales desde el inicio del año escolar 2026, marca un nuevo capítulo en la gestión educativa del país. A través del lanzamiento de la campaña gubernamental “Modo Aula”, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo ha defendido esta normativa como un intento por “fortalecer la convivencia, el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología”.

Pero más allá del discurso oficial, la medida se implementa en un sistema educativo asfixiado presupuestariamente y con una sobrecarga laboral creciente para las y los docentes.

El Partido Comunista y la administración del modelo

No es un dato menor que Cataldo sea militante del Partido Comunista de Chile. Un partido que históricamente levantó banderas contra la mercantilización de la educación hoy administra, desde el ministerio, el mismo modelo de financiamiento vía subvención por asistencia heredado de la dictadura.

El actual gobierno decidió no tocar el corazón del sistema: la lógica de que los recursos dependen de la matrícula y la asistencia. Es decir, si un establecimiento “no tiene buena matrícula, no hay plata”. Este esquema, impuesto en los años 80, fue mantenido por los gobiernos de la ex Concertación, de la derecha y ahora también por una administración que se reivindica transformadora.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se avanzó en reformas como la eliminación del copago y el Sistema de Admisión Escolar, pero el mecanismo central de financiamiento no fue modificado. Y hoy, bajo un ministerio encabezado por un dirigente comunista, tampoco.

La consecuencia es clara: faltan profesores, faltan psicólogos, trabajadores sociales, equipos de apoyo a la inclusión. Mientras tanto, se imponen nuevas exigencias y regulaciones.

Más exigencias, menos recursos

En este marco, la Ley 21.801 amplía responsabilidades sin resolver carencias estructurales. La prohibición no solo alcanza a estudiantes: incluye a docentes, asistentes y directivos dentro de la sala de clases. Serán los propios profesores quienes deban fiscalizar el cumplimiento, modificar reglamentos internos y enfrentar los conflictos derivados de la medida.

Todo esto ocurre en un contexto de recortes y ajustes.

La creación de los Servicios Locales de Educación Pública fue presentada como el fin de la municipalización. Sin embargo, sin modificar el modelo de financiamiento, el cambio resulta más administrativo que estructural.

El caso del Servicio Local de Educación Pública Del Pino es ilustrativo: tras un primer año respetando las condiciones heredadas, ahora —en medio de una reducción presupuestaria asociada a la política de subvenciones— se proyecta el recorte de 5.000 horas docentes. Eso significa menos profesores, más estudiantes por sala y menor acompañamiento profesional.

¿Dónde queda la “prioridad por la educación pública” cuando se recortan horas en establecimientos que atienden principalmente a familias trabajadoras?

Entre la continuidad y la profundización del ajuste

El desfinanciamiento sostenido de la educación pública no comenzó con este gobierno, pero sí continúa bajo su administración. Y mientras tanto, la ultraderecha de José Antonio Kast ya anuncia que buscará profundizar esta orientación, avanzando aún más en la lógica de mercado.

La paradoja es que hoy es un ministro del Partido Comunista quien aplica políticas de ajuste indirecto al mantener intacto el sistema de subvención y al priorizar medidas de control antes que inversión estructural.

Control sin transformación

Se habla de recuperar la concentración y mejorar la convivencia, pero no se garantiza financiamiento basal suficiente, estabilidad laboral ni dotación adecuada de profesionales. Se exige educar en ciudadanía digital mientras se restringen herramientas y no se entregan recursos tecnológicos públicos suficientes.

La discusión de fondo no es solo sobre celulares. Es sobre quién paga la crisis de la educación pública y qué modelo la organiza.

Mientras no se rompa con el sistema de subvención por asistencia y no se garantice financiamiento estable, cualquier normativa —por bien intencionada que se presente— seguirá descargando la crisis sobre docentes y comunidades educativas.

Y eso no es un problema técnico. Es una decisión política.

Preparar la resistencia desde las comunidades educativas

Frente a este escenario de más control y menos presupuesto, la pregunta no puede ser solo cómo se implementa la ley, sino cómo respondemos colectivamente a un modelo que sigue deteriorando la educación pública.

Las y los profesores en Chile han sido protagonistas de una historia de lucha. Las y los docentes históricamente han salido a las calles contra la municipalización, por el fin del lucro, por el pago de la deuda histórica, por mejores condiciones laborales y por el derecho social a la educación. Si hoy la educación pública no está aún peor, es en gran medida gracias a esa organización y movilización sostenida desde abajo.

No se trata únicamente de defender nuestras condiciones de trabajo, que ya son precarias, sino también de defender el derecho a la educación de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes de familias trabajadoras que estudian en el sistema público. La educación pública importa, y mucho, en los barrios populares.

Por eso no podemos desentendernos del rol que históricamente que han jugado los docentes. Son parte de las comunidades educativas y somos, también, trabajadores que conocemos desde dentro las necesidades reales de nuestras escuelas y liceos. Son los primeros que debemos proteger las necesidades educativas de nuestras comunidades frente a recortes, sobrecarga laboral y políticas que eluden el problema estructural del financiamiento.

Preparar la resistencia no significa solo rechazar una ley puntual. Significa abrir espacios de deliberación en los establecimientos, fortalecer la organización docente, articularnos con asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, y exigir un financiamiento basal suficiente que rompa con la lógica de competencia por matrícula.

Porque si el ajuste continúa, y si sectores como la ultraderecha buscan profundizarlo, la defensa de la educación pública dependerá, una vez más, de la fuerza organizada de quienes la sostenemos día a día.

La crisis no la provocamos docentes ni estudiantes. Pero sí podemos ser quienes la enfrentemos colectivamente.

https://www.laizquierdadiario.cl/Control-en-las-salas-recortes-en-los-SLEP-prohiben-celulares-y-descargan-la-crisis-educativa-sobre

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Ecuador: Docentes preparan movilización contra reforma que asfixia la educación municipal

El magisterio rechaza los cambios al Cootad que imponen reglas fiscales rígidas y ponen en riesgo 1.900 empleos.

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Docentes ecuatorianos marcharan este jueves en el centro de Quito para exigir el retiro de las reformas al Cootad que amenazan la educación municipal. Foto: Unión Nacional de Educadores.

La Unión de Educadores Municipales del Distrito Metropolitano de Quito (UEMDMQ) convocó a una movilización en defensa de la educación municipal para este jueves 19 de febrero de 2026, a las 17:00 hora local.

La movilización convocada bajo el lema “La Educación Municipal No Se Topa”, se realizará en el centro de la ciudad de Quito, capital de Ecuador, frente al Banco Central, y surge ante el debate final de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en la Asamblea Nacional, previsto para el viernes 20 de febrero.

El gremio denuncia que, bajo el argumento de la «eficiencia del gasto», el Ejecutivo pretende imponer una regla fiscal rígida para los Gobiernos seccionales con la que pueda desconocer una parte de la deuda que mantiene con los municipios y prefecturas, la cual asciende a cerca de 1.000 millones de dólares.

Esta norma obligaría a municipios, prefecturas y juntas parroquiales a destinar al menos el 70 por ciento de su presupuesto anual a inversión y obra pública, limitando el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30 por ciento. Esta meta debe alcanzarse progresivamente hasta el año 2029 para municipios y prefecturas, y hasta 2030 para las juntas parroquiales.

Los educadores advierten que esta reforma impactaría directamente en el financiamiento de la educación municipal. Asimismo, señalan que, de concretarse, representaría una asfixia para el funcionamiento del sistema, lo que podría derivar en el despido de aproximadamente 1.900 docentes,además de personal administrativo y de servicios. La medida afectaría a 112 instituciones educativas municipales, 1.927 profesores y 32.825 estudiantes.

Pichincha sería la provincia más golpeada, ya que concentra más del 30 por ciento de las instituciones municipales del país y el 62,4 por ciento de la planta docente nacional. Solo en esta región se registra el 55,8 por ciento de la matrícula estudiantil de este sistema, principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito.

Los docentes defienden la autonomía de los Gobiernos seccionales para gestionar sus recursos según las necesidades reales de sus comunidades. Consideran que limitar el presupuesto para salarios es un atentado contra la calidad educativa y la estabilidad laboral del magisterio municipal.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su solidaridad con el magisterio municipal y las familias afectadas, anunciando su adhesión a la movilización. De igual modo, alertó que si se aprueba el Proyecto de Ley Reformatorio al Cootad, presentarán de inmediato una demanda de inconstitucionalidad.

La movilización de este jueves busca frenar una reforma que prioriza las metas fiscales del Ejecutivo sobre la inversión social. Los gobiernos locales coinciden en que la propuesta pone en riesgo proyectos fundamentales que no califican como «obra pública» tradicional. El magisterio ecuatoriano se mantiene en alerta permanente, exigiendo que no se sacrifique la educación de las mayorías para cubrir los baches financieros del Estado.

https://www.telesurtv.net/ecuador-docentes-movilizacion-reforma-asfixia-educacion/

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La silenciosa reescritura de la educación palestina

Fuentes: Qunds News Network.
Documentos filtrados obtenidos por la Red Quds detallan revisiones generalizadas de los libros de texto palestinos tras demandas vinculadas a la UE.

Puntos clave

  • La Red Quds obtuvo documentos oficiales que muestran revisiones extensas al currículo escolar palestino.
  • Los cambios afectaron a los libros de texto desde primero hasta décimo curso en varias asignaturas.
  • Las revisiones siguieron a solicitudes vinculadas a la Unión Europea y a objeciones vinculadas a Israel.
  • Se retiraron o alteraron símbolos nacionales, términos históricos y referencias a prisioneros, refugiados y Jerusalén.
  • Los informes internos documentan más de 300 cambios curriculares con motivación política.
  • Algunos libros de texto vieron revisiones superiores al 30 por ciento de su contenido original.
  • Los cambios plantean dudas sobre la influencia externa en la política educativa palestina.

Documentos obtenidos por la Red Quds

Documentos oficiales filtrados y correspondencia interna obtenida por la Quds News Network (QNN) revelan que el Ministerio de Educación palestino introdujo revisiones profundas al currículo escolar nacional tras solicitudes externas vinculadas a la Unión Europea y objeciones asociadas a Israel.

Según los documentos, las revisiones se implementaron en decenas de libros de texto, desde primero hasta décimo curso, y afectaron a asignaturas troncales como la lengua árabe, la educación nacional, los estudios cívicos y las matemáticas.

El material muestra que los cambios fueron mucho más allá de simples revisiones aisladas, sino que se redujeron a una reestructuración sistemática del contenido educativo relacionado con la historia, identidad, geografía y experiencia vivida palestinas.

Los documentos incluyen cartas oficiales, informes internos y revisiones anotadas de libros de texto, todos ellos revisados por QNN.

Solicitudes externas

Entre los documentos obtenidos se encuentra una carta oficial fechada el 19 de enero, enviada por el ministro palestino de Educación, Amjad Barham al ministro de Finanzas y Planificación, Stephan Salameh. La carta hace referencia a notas adicionales relacionadas con la respuesta del Ministerio de Educación a los recientes requisitos de la Unión Europea respecto al currículo palestino.

Según la correspondencia, estos requisitos se discutieron durante una reunión entre funcionarios palestinos y representantes de la UE celebrada más tarde ese mismo mes, el 27 de enero. Las notas detallaban eliminaciones y enmiendas solicitadas específicas, muchas de las cuales fueron posteriormente confirmadas por el ministerio como implementadas.

Los documentos indican que los cambios solicitados se centraron en eliminar o revisar contenido considerado de carácter nacional o político.

Eliminación de símbolos nacionales

El material filtrado muestra que algunos de los primeros cambios se dirigieron a símbolos nacionales en los libros de texto de menor grado.

Según QNN, la Unión Europea solicitó la retirada del himno nacional palestino del libro de educación cívica de primer curso. El ministerio confirmó que el himno fue posteriormente eliminado.

En los libros de texto de segundo curso, se eliminó una lección que contenía una ilustración de una prisión y una actividad que pedía a los estudiantes que nombraran a los presos palestinos detenidos en cárceles israelíes. El ministerio reconoció que este contenido había sido eliminado en respuesta a la solicitud.

También se eliminaron mapas que representaban Palestina e identificaban Jerusalén como su capital de varios libros de texto, tras objeciones planteadas durante las consultas mencionadas en los documentos.

Cambios en el contenido sobre Jerusalén

Los documentos detallan múltiples revisiones relacionadas con Jerusalén y otras ciudades palestinas.

En los libros de texto nacionales de educación de tercer curso, la frase «Jerusalén es la capital de Palestina» fue modificada para decir «Jerusalén es la capital de las religiones celestiales y la capital de Palestina.» Otras referencias que describían Jerusalén como una ciudad palestina fueron sustituidas por un lenguaje que enfatizaba su significado religioso para musulmanes y cristianos.

Se eliminaron o modificaron las referencias a la ciudad costera de Yafa (Jaffa). En una lección, se eliminó la frase «Soy una ciudad palestina», y se eliminó por completo una pregunta que preguntaba a los estudiantes dónde se encuentra Yaffa.

En varios ejercicios, la ciudad de Yafa fue reemplazada por otras ciudades palestinas, como Hebrón (Al-Khalil), tras objeciones a identificar a Yaffa como ciudad palestina.

Alteraciones en múltiples materias

Las revisiones se extendieron más allá de la educación cívica hacia otras materias troncales.

En un libro de texto de matemáticas de tercer curso, se eliminó la frase «construyendo el muro de anexión y ampliación». El Ministerio de Educación confirmó en su respuesta que se habían eliminado las referencias al muro.

En los libros de texto de árabe de cuarto curso, se eliminó un ejemplo que contenía la frase «qué fea es la ocupación». La palabra «muyahid» fue reemplazada por «defensor», mientras que «prisionero» fue sustituida por «los oprimidos». Se eliminaron las preguntas que animaban a los estudiantes a escribir mensajes de apoyo a los palestinos en Jerusalén.

En varios libros de texto, el término «sionista» fue eliminado dondequiera que apareciera.

Cientos de revisiones

Un informe interno preparado por el Centro Nacional de Currículo Palestino, obtenido por QNN, ofrece una visión cuantitativa del alcance de los cambios.

Según el informe, se introdujeron aproximadamente 300 revisiones en los libros de texto desde primero hasta décimo curso por lo que el informe describe como razones políticas.

El informe detalla el porcentaje de contenido revisado en cada nivel educativo, incluyendo:

  • Los libros de texto de quinto curso fueron revisados en más del 30 por ciento.
  • Los libros de texto de séptimo curso fueron revisados en más de un 25 por ciento.
  • Revisiones significativas en los libros de texto de árabe para los cursos de sexto a décimo.
  • En algunos casos, se eliminaron lecciones enteras y se reemplazaron por material no relacionado.

Reescritura del contenido histórico

Los documentos muestran que las lecciones relacionadas con la historia palestina, el desplazamiento y la condición de refugiados fueron de las que más se han alterado.

Términos como «desplazamiento forzado» fueron reemplazados por «migración», mientras que las declaraciones que describían la condición de refugiado como una injusticia fueron reescritas para enmarcarlo como un problema regional más amplio.

Las referencias a ciudades y pueblos palestinos históricos —incluyendo Safad, Ramla, Majdal y Deir Yassin— fueron alteradas para enfatizar narrativas históricas alternativas o eliminadas por completo.

Poemas, canciones y textos literarios que hacían referencia al retorno, la resistencia, el exilio y la memoria nacional fueron eliminados en varios niveles escolares.

Primeros cursos más afectados

Según los documentos revisados por QNN, los libros de texto de los cursos tempranos se vieron especialmente afectados.

En los libros de texto de árabe de primer curso se eliminaron las referencias al Estado de Palestina, los símbolos nacionales y las canciones patrióticas. Se reemplazaron imágenes de la bandera palestina y se sustituyeron las lecciones sobre la patria por temas neutrales.

En los materiales de segundo y tercer curso, las lecciones sobre libertad, patria y ciudades palestinas fueron sustituidas por contenidos que enfatizaban la convivencia, la amistad y los conceptos abstractos de paz, sin referencia a la ocupación ni al contexto histórico.

Los ejercicios que representaban presencia militar israelí o imágenes relacionadas con la ocupación fueron eliminados y reemplazados por ilustraciones neutrales.

Preguntas sobre la política educativa

Los documentos indican que las revisiones curriculares se implementaron en múltiples asignaturas y niveles escolares, transformando la forma en que los estudiantes palestinos se enfrentan a la historia, la geografía y la identidad nacional en el aula.

Aunque el Ministerio de Educación reconoció la implementación de los cambios mencionados en la correspondencia, ni el ministerio ni la Unión Europea han publicado públicamente una explicación exhaustiva que aborde el alcance completo de las revisiones documentadas.

El material filtrado plantea preguntas continuas sobre el grado de influencia externa sobre el contenido educativo palestino y los mecanismos que regulan la aprobación curricular y la supervisión de los donantes.

Editado y traducido del inglés por Marwan Pérez para Rebelión

(Qunds News Network)

Fuente: https://www.defenddemocracy.press/the-quiet-rewrite-of-palestinian-education-what-the-leaked-documents-show/

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Capital extranjero en América Latina: Una historia problemática

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La visión empresarial que se ha extendido por América Latina clama por la inversión extranjera directa, bajo la confianza de que servirá para levantar el desarrollo. Pero la realidad ha sido contradictoria y la historia puede despejar algunas dudas.

A raíz de las independencias, los Estados nacionales en construcción vieron en el capital extranjero un posible agente auxiliar para el progreso. Durante el siglo XIX predominaron los capitales europeos y los británicos dominaron sobre las deudas públicas, puertos, ferrocarriles y bancos. Eran inversiones privadas bajo la protección diplomática y militar de sus Estados. A fines del siglo, con el despegue imperialista de Estados Unidos, comenzó la incursión de sus empresas: materias primas, agricultura, ganadería, minería (sobre todo petróleo), electricidad, tranvías, agua, teléfonos, bancos. México fue un país preferente por el ambiente favorable al capital estadounidense creado por el porfiriato (1876-1911).

En el marco del monroísmo y del Corolario Roosevelt del “Gran Garrote” (1904), empresas norteamericanas como la Standard Oil (SOCO, petróleo) y la United Fruit Company (UFCO, bananos) adquirieron determinante poder económico e injerencia política. Literalmente, la SOCO, del magnate John D. Rockefeller, disputó con la Royal Dutch Shell (anglo-holandesa) el petróleo del Chaco, que derivó en la guerra entre Bolivia y Paraguay (1932-1935). Tras la experiencia, el gobierno boliviano nacionalizó el petróleo (1937). Las mismas compañías estuvieron involucradas en el conflicto territorial entre Ecuador y Perú, que desembocó en el Protocolo de Río de Janeiro (1942) por el cual Ecuador perdió territorios amazónicos. En México la SOCO se negó a aceptar un fallo de la Suprema Corte que obligaba a mejorar las condiciones laborales. Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo (1938). Otras compañías mineras en Perú (petróleo) o Chile (cobre) tienen similar historia. La matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en Chile (1907) fue consecuencia de la negativa de las empresas salitreras, mayormente británicas, a mejorar las condiciones laborales. En todas partes la represión fue una respuesta común para defender a las empresas foráneas.

La UFCO dejó su propia historia traumática. En Guatemala su intervención hizo famoso al término “Banana Republic”. Cuando el presidente Jacobo Arbenz impulsó la reforma agraria la empresa vociferó contra el “comunismo”. Los hermanos Dulles (Allen, director de la CIA, y John Foster, Secretario de Estado), otrora abogados de la compañía, organizaron el golpe de Estado que derrocó a Arbenz. En Colombia, la UFCO se negó a negociar con los huelguistas acusados de “comunistas” y el ejército intervino provocando la “Masacre de las Bananeras” (1928) con centenares de trabajadores muertos. Paradójicamente, en Ecuador la UFCO, propietaria de la gigantesca Tenguel, un verdadero “enclave” con trabajadores sujetos a condiciones miserables en la hacienda, salió del país (1962). Quien continuó con la agroexportación fue el ecuatoriano Luis Noboa Naranjo, antiguo empleado de la competidora Standard Fruit Co., que creó su propia empresa, a través de la cual acumuló una enorme fortuna, al mismo tiempo que el banano sostuvo la economía nacional. Sus descendientes consolidaron el poder económico y la influencia política. Desde 2023, la presidencia del nieto Daniel Noboa, produjo en Ecuador lo que los sociólogos denominan “captura del Estado”.

Hasta mediados del siglo XX los capitales extranjeros se asentaron principalmente en los grandes países: Argentina, Brasil, México. Pero en la postguerra mundial se consolidó la hegemonía de EE.UU. que desplazó a los capitales europeos. El monroísmo de la Guerra Fría también garantizó su presencia; y en las décadas de 1960 y 1970 el desarrollismo, para el cual era esencial la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), alentó las inversiones norteamericanas en diversos países. Sin embargo, la consigna empresarial por abrir puertas sin fronteras ni límites al “capital extranjero” bajo los supuestos del “mercado libre”, solo nació durante las décadas de 1980 y 1990, gracias a la extensión de la ideología neoliberal a partir del impulso que le dieron el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), las cartas de intención con el FMI y el decálogo del Consenso de Washington. La dictadura de Augusto Pinochet hizo de Chile el pionero en abrir puertas indiscriminadas al capital extranjero y bajo ese perverso ideal se inspiraron otros gobiernos latinoamericanos.

Las nefastas consecuencias sociales del neoliberalismo llevaron a identificar como “décadas perdidas” las dos finales del siglo XX. Además, de acuerdo con la CEPAL la Inversión Extranjera Directa (IED) sigue concentrada en pocos países (Brasil, Chile, México), mientras que en otros es irregular o escasa, pues las empresas buscan rentabilidades rápidas y fáciles, que permitan acumulación en sus matrices foráneas. De modo que el “espejismo” del crecimiento de la IED debe ser contrastado examinando las áreas de interés, pues predomina la extracción minera a costa del medio ambiente, la provisión de tecnologías, las grandes obras de infraestructura, la comunicación, algunos servicios y la protección de patentes y marcas. A las transnacionales les convienen gobiernos que respalden sus intereses, achiquen el intervencionismo estatal, flexibilicen las relaciones laborales y admitan responsabilidades con la suscripción de “Tratados Bilaterales de Inversión” (TBI).

Los TBI se generalizaron con la globalización tras el derrumbe del socialismo soviético. De hecho, sustituyeron a las “cañoneras” que en el pasado garantizaban las actividades privadas con intervencionismo directo. Estos tratados crearon una especie de “derecho internacional económico” que supone defender intereses legítimos de las gigantes corporaciones contra lo que conciben como “arbitrariedades” en los países latinoamericanos. Pero los TBI admiten arbitrajes a los que solo pueden acudir las empresas para demandar a los Estados, lo que ha servido para obligar a millonarias indemnizaciones. Incluso se utilizan interpretaciones ampliadas de lo que debe entenderse por «expectativas legítimas de ganancia», «trato justo y equitativo» o «expropiación indirecta». Los casos que se pueden señalar son numerosos y Ecuador es un ejemplo: Chevrón-Texaco fue demandada por comunidades indígenas (2003) por el masivo desastre petrolero en la Amazonía y la empresa fue obligada a pagar US$ 9.500 millones; pero acudió al arbitraje en La Haya y obtuvo un fallo a su favor (2018). En consecuencia, las negativas experiencias con los TBI han provocado que varios países busquen restaurar las capacidades superiores de los Estados, como ha ocurrido en Brasil (creó los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones – ACFI) o México e incluso Chile.

El problema del presente es que sobre América Latina se extiende la amenaza directa del Corolario Trump que define un neomonroísmo bajo el cual tienen prioridad las empresas estadounidenses, además de que los recursos de la región están sujetos a la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (https://t.ly/QNMF9). El continente debe quedar libre de “competidores” que resulten “amenazas” (Rusia y, ante todo, China). Los gobiernos tienen que alinearse con los intereses norteamericanos. De modo que, si bien nos hallamos en una época en la cual la antigua hegemonía mundial de los EE.UU. ha sido desplazada por el mundo multipolar que ha surgido en el siglo XXI, el “Donroísmo” neointervencionista no puede enfrentarse en forma aislada y la unidad latinoamericana es un desafío urgente. En política interna, en cada país toca superar, en forma definitiva, las visiones neoliberales y libertarias, para recuperar las vías de construcción de economías sociales y soberanas.

Blog del autor: Historia y Presente
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