La necesidad de apelar aún más al estudio de la vida y obra de José Martí a fin de formar valores en niños y jóvenes, y vencer los retos actuales de la educación en el país, fue resaltada, este martes, en el Congreso Provincial de Pedagogía en Granma.
La necesidad de apelar aún más al estudio de la vida y obra de José Martí a fin de formar valores en niños y jóvenes, y vencer los retos actuales de la educación en el país, fue resaltada, este martes, en el Congreso Provincial de Pedagogía en Granma.
Al dejar inaugurado el evento, Leonardo Tamayo, director provincial de Educación, calificó a ideario martiano como brújula eficaz para contribuir al engrandecimiento de la humanidad.
Significó que fue el Héroe Nacional quien avizoró la educación como un proceso, pues la instrucción transforma y enriquece positivamente al hombre, pero solo fructifica si es continua.
En otro momento de su intervención el directivo recordó los altos índices de analfabetismo existentes en el país antes del triunfo de la revolución y resaltó las conquistas enarboladas, a partir de 1959, por este sector, devenido uno de los pilares del desarrollo social en la Isla.
Resaltó que en medio del convulso contexto actual, matizado por la implementación de políticas más sutiles para subvertir el orden interno en la Isla, es preciso fortalecer la enseñanza de la historia para transmitirle a las nuevas generaciones de cubanos la necesidad de defender aún más la identidad nacional.
El Congreso de Pedagogía reunió cerca de 200 pedagogos de los 13 municipios de este territorio oriental, quienes debatieron sobre temas como la formación de valores, la identidad cultural, la atención a la primera infancia, la inclusión educativa, el trabajo con el pensamiento de Martí y Fidel, la atención a los jóvenes, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y otros aspectos en los que Granma sobresale en el país.
En declaraciones a la prensa Yakelín González, metodóloga que atiende superación en la Dirección Provincial de Educación, precisó que entre las temáticas más debatidas estuvo la enseñanza de la asignatura de Matemática, dada la experiencia de la provincia en esta área, la cual tiene su máxima expresión en los excelentes resultados alcanzados en las últimas versiones de las pruebas de ingresos.
Según explicó, en el curso escolar 2014-2015 la provincia alcanzó el primer lugar nacional en esas evaluaciones, mientras que en el 2015-2016 se ubicó en la tercera posición, lo cual es muestra de los avances en la impartición de esa materia.
También se debatió ampliamente sobre la necesidad de perfeccionar la enseñanza del inglés y se socializaron experiencias sobre las clases multigrado, esta última arista también con resultados notables en Granma, a partir de las características de la geografía en este territorio oriental, señaló.
En el encuentro fueron reconocidos destacados educadores, y se seleccionaron las más de 30 investigaciones que representarán a la provincia en el evento internacional de Pedagogía, que tendrá lugar en la capital cubana a inicios del año próximo.
10 de noviembre de 2016 / Fuente: https://www.amnesty.org/
Sierra Leona debe levantar la prohibición profundamente discriminatoria de que las niñas claramente embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, una prohibición que continúa afianzando la desigualdad de género en el país y que pone en peligro el futuro de miles de adolescentes, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un año de su informe sobre este asunto.
“La prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistan a escuelas públicas y se presenten a pruebas académicas es profundamente desacertada y no contribuye a que se aborden las causas profundas del alto índice de embarazos adolescentes en Sierra Leona, que aumentó durante la devastadora crisis del ébola y que sigue siendo elevado pese a la prohibición”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
En vez de humillar y excluir a las adolescentes, las autoridades de Sierra Leona deberían centrarse en aumentar la información sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas.
“En vez de humillar y excluir a las adolescentes, las autoridades de Sierra Leona deberían centrarse en aumentar la información sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas y proteger a las niñas de la violencia sexual y las relaciones abusivas. Si no se abordan estos problemas, el ciclo de embarazos precoces no deseados persistirá durante generaciones.”
La prohibición fue declarada política oficial del gobierno en abril de 2015, poco antes de la reapertura de los centros escolares tras la crisis del ébola. Más de un año y medio después, Amnistía Internacional siente honda preocupación por que la prohibición sigue vigente a pesar de las críticas nacionales e internacionales.
Amnistía Internacional ha hablado con 68 niñas de entre 15 y 20 años embarazadas o que habían dado a luz recientemente en zonas urbanas y rurales del oeste de Sierra Leona. También ha hablado con 26 agentes nacionales e internacionales de la sociedad civil, profesores y profesoras y autoridades gubernamentales para evaluar el impacto de la prohibición.
La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola, momento en el que hubo un aumento de los embarazos adolescentes junto con un incremento de la violencia sexual. El impacto económico negativo de la crisis del ébola dio lugar a un aumento de las relaciones de explotación y de abuso.
La mayoría de las niñas afirmó que esta política les hizo sentirse abandonadas y desanimadas por no poder ir a la escuela. Describieron su frustración por no poder presentarse a pruebas académicas para las que se habían preparado.
Una niña contó a nuestro equipo de investigación: “Podría haber hecho el examen. Estudié bastante. Aunque estés embarazada, si has estudiado, deberías poder examinarte.”
Las niñas también hablaron de su frustración al tener que repetir curso después de dar a luz, por haber perdido la oportunidad de hacer el examen cuando estaban embarazadas:
“Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene”, contó una niña de 17 años a Amnistía Internacional.
La estigmatización que existe en torno al embarazo adolescente en Sierra Leona conlleva que se haga sentir vergüenza a las niñas por estar embarazadas y que a veces sufran el ostracismo o incluso abusos por parte de sus familias y profesores.
Una niña con la que habló Amnistía Internacional afirmó que había abandonado voluntariamente la escuela tras ver el trato que habían recibido sus compañeras en el pasado: “Un profesor anunció […] que la niña estaba embarazada delante de toda la escuela, le quitó la mochila (con la que la niña se estaba protegiendo el vientre) y la golpeó con una vara”.
Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene.
En mayo de 2015, ante la presión internacional y nacional, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, anunció el establecimiento de un sistema educativo “puente” alternativo que permitiría a las niñas embarazadas seguir acudiendo a la escuela, pero en locales u horarios diferentes los de sus iguales.
A pesar de que este sistema paralelo ofrece a las niñas acceso a una forma limitada de educación, el presidente Koroma, en su discurso del Día de la Mujer de marzo de 2016, pareció confirmar que, en parte, se fundamentaba en estereotipos negativos de las niñas embarazadas cuando afirmó: “Continuarán recibiendo una educación formal pero no se les permitirá estar en la misma clase con otras niñas que también van a la escuela. Volvamos a lo básico y protejamos nuestros valores y nuestra cultura.”
Autoridades del ministerio de Educación contaron a Amnistía Internacional que, inicialmente, 14.500 niñas se inscribieron en el plan y que alrededor de 5.000 habían regresado al sistema público ordinario tras dar a luz. Las clases se impartían tres veces por semana, entre dos y tres horas al día. El plan de estudios era distinto al de las escuelas regulares y sólo se impartían asignaturas troncales. También se ofrecía a las niñas información y servicios de salud, tales como planificación familiar.
La mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional hicieron comentarios positivos sobre el sistema puente. Algunas niñas afirmaron preferirlo al de su escuela regular por la estigmatización a la que allí se enfrentaban.
Una niña dijo a Amnistía Internacional: “Me sentía avergonzada, en la escuela regular todo el mundo se reía de mí.”
Sin embargo, varias niñas afirmaron que, de haber podido elegir, hubieran preferido permanecer en el sistema escolar ordinario.
“Sólo nos enseñaban matemáticas e inglés, pero yo estudiaba comercio en la escuela, y eso no nos lo enseñan”, contó una niña a Amnistía Internacional.
Otra niña dijo: “Yo preferiría ir a mi escuela, porque allí me dan resultados [calificaciones de los exámenes]. Cuando dé a luz, seguiré estudiando en mi escuela; el centro de aprendizaje es sólo para cuando estoy embarazada.”
El plan puente concluyó en agosto de 2016, pero las clases alternativas para niñas embarazadas continuarán con el nuevo plan —gestionado por el ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF y del gobierno del Reino Unido—, que se centrará también en las niñas que hayan abandonado la escuela por diferentes motivos así como en intervenciones para ayudar a las niñas a que sigan yendo a la escuela. El nuevo plan tendrá una duración de 17 meses y empezará a aplicarse en noviembre de 2016.
Amnistía Internacional y expertos nacionales han aplaudido la atención permanente a la educación de las niñas a través de este programa. Con todo, sigue suscitando preocupación la falta de opciones para las niñas embarazadas debida a la prohibición y a que no pueden presentarse a pruebas académicas, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Sierra Leona de proporcionar igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños y todas las niñas.
Las escuelas especiales para niñas embarazadas no son la solución para abordar el elevado índice de embarazos adolescentes de Sierra Leona. A pesar de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional, el Comité de los Derechos del Niño y organizaciones nacionales, la información sobre salud sexual y reproductiva todavía no forma parte del plan de estudios oficial. La mayoría de las niñas contaron a Amnistía Internacional que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
La mayoría de las niñas contaron que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
Una de la niñas dijo a nuestro equipo de investigación: “En la escuela, realmente no nos enseñan planificación familiar. Creen que somos demasiado pequeñas, o que es malo, o que nos animará a tener relaciones sexuales.”
Las niñas también tenían mucho miedo y recibían información errónea sobre la planificación familiar.
Una niña de 19 años que estaba embarazada de cuatro meses afirmó:
“Me puse la inyección durante uno o dos años, pero no me llegaba el periodo. Alguien nos dijo que la inyección mató una niña porque evita que tengas el periodo. Pensé que debía dejar de ponerme la inyección hasta que me llegara el periodo. No sabía dónde preguntar sobre este tema. Luego quedé embarazada.”
Las niñas que quedan embarazadas pueden enfrentar obstáculos complejos y entrecruzados para proseguir con su educación. Además de la prohibición del embarazo, los gastos escolares también preocupaban enormemente a la mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional.
En un país en el que el 72 por ciento de la población vive en una situación de pobreza extrema, esos gastos y el costo de tener un hijo o una hija pueden ser abrumadores. Además, la estigmatización relacionada con el embarazo adolescente implica que muchas familias les retiren su apoyo económico, lo que dificulta aún más a muchas niñas poder regresar a la educación regular, incluso después del nacimiento de sus hijos.
Como una niña dijo a Amnistía Internacional:
“No puedo volver a mi escuela porque no puedo pagar los gastos. Intento buscarme la vida e ir a clases particulares. Nadie me ayuda.”
“A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro. De conformidad con sus obligaciones internacionales, el gobierno debe dar pasos concretos para garantizar progresivamente el acceso de todas las niñas a la educación —incluso con subvenciones para aquellas que las necesiten— como parte de su estrategia educativa”, ha declarado Alioune Tine.
A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro.
“También es fundamental erradicar la estigmatización que existe en torno a las niñas embarazadas. Sierra Leona ha hecho grandes esfuerzos para abordar la estigmatización de las personas supervivientes de ébola, y debe garantizar que las adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad reciban la protección y el apoyo de sus profesores, familias y comunidades; en vez de que las avergüencen y las culpabilicen.”
Información complementaria
En noviembre de 2015, un informe de Amnistía Internacional estimó que hasta 10.000 niñas resultaron afectadas por la prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a pruebas académicas. Diversos estudios han concluido que durante el brote de ébola se produjo un incremento de los embarazos adolescentes. Un estudio realizado en 2016 por Secure Livelihoods Consortium afirmó que las encuestas del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicaban que 18.119 adolescentes quedaron embarazadas durante el brote de ébola.
Incluso antes de que se produjera el brote, a finales de 2013, Sierra Leona tenía uno de los índices de embarazos adolescentes más elevados del mundo, con un 28 por ciento de las niñas de entre 15 y 19 años embarazadas o habiendo dado a luz al menos una vez.
El Comité de los Derechos del Niño, en su reciente examen de octubre de 2016, instó a Sierra Leona a levantar inmediatamente la discriminatoria prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, y a garantizar que tanto ellas como las madres adolescentes reciben apoyo y ayuda para proseguir con su educación en escuelas regulares. Muchos otros países formularon recomendaciones similares durante el examen periódico universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos en enero de 2016, pero Sierra Leona no las aceptó. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona, la coalición Educación para Todos, el Colectivo de la Sociedad Civil sobre Matrimonio Precoz y Embarazo Adolescente y el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona emitieron declaraciones en 2015 en contra de la prohibición.
Excluir a las niñas embarazadas de la educación regular y de las pruebas académicas ha sido práctica habitual en Sierra Leona durante más de un decenio; no obstante, la declaración oficial de la prohibición en abril de 2015 convirtió una práctica informal y esporádica en una política gubernamental que formalizó y exacerbó el problema. Hace más de 10 años, tras el final de la guerra civil, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuló una recomendación imperativa, afirmando que la práctica de expulsar a las niñas embarazadas de las instituciones educativas era discriminatoria y retrograda.
China prohibió la impartición de la educación privada, e invitó a los colegios que lucran, a formar parte del sistema de educación obligatoria que abarca la escuela primaria y el primer ciclo de la secundaria.
Regeneración, 08 noviembre 2016.- El Parlamento de Chino, con una reforma legal, prohibió la impartición de la educación privada, e invitó a los colegios que lucran, a formar parte del sistema de educación obligatoria de nueve años, que abarca la escuela primaria y el primer ciclo de la secundaria, para reforzar el control gubernamental sobre el sector, según un documento publicado este lunes.
La reforma de la ley sobre educación privada fue aprobada este lunes en tercera lectura al cierre de la sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.
El sistema de enseñanza obligatoria de China es de ámbito nacional y gratuito, y está financiado por el Gobierno central. Si se encuentra a cualquier institución emitiendo títulos o certificados académicos falsos, será castigada.
El sistema es un servicio público que debe ser provisto por el Gobierno, destacó Zhu Zhiwen, viceministro de Educación, en una conferencia de prensa después de haber finalizado la revisión de la ley. “Las escuelas privadas con ánimo de lucro son inapropiadas para el programa de educación gratuita”, señaló Zhu.
El viceministro subrayó que las escuelas privadas seguirán siendo permitidas para ofrecer unos servicios educativos pagados diversificados y orientados por el mercado, siempre que acaten la ley.
Según datos del Ministerio de Educación, China tiene cerca de 162 mil 700 escuelas privadas por todo el país, con más de 45.7 millones de estudiantes.
Los legisladores se motivaron para realizar esta ley por la preocupación de que el aumento de escuelas privadas provocaron una mayor desigualdad.
Desde que el presidente Xi Jinping se convirtió en el líder del Partido Comunista Chino, la educación china tiene un mayor control gubernamental. Además, el Gobierno ha llevado a cabo una campaña contra la propagación de los “valores occidentales” en las universidades.
Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dijo que es un siguiente paso en la estrategia digital, acorde con la Reforma Educativa y con el nuevo modelo educativo, retomando diversas experiencias y haciendo una propuesta como nunca antes se había hecho en México.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, agradeció la participación del secretario de Comunicaciones y Transportes, y reconoció su activa participación para poner en marcha este proyecto.
Nuño Mayer destacó que el reto en el sistema educativo es cambiar y adaptarse a dos realidades, a la de un país abierto y democrático que forma ciudadanos que quieran y sepan gozar de su libertad, y dar las herramientas para que los estudiantes puedan competir con quien sea y como sea, en un mundo altamente globalizado, es decir, educar para la libertad y educar para la creatividad.
Precisó que en esta transformación se incorporan más de 20 años de experiencia y mejores prácticas, y destacó que a través de alianzas estratégicas con organismos internacionales, el sector privado y la sociedad se tendrá en línea la plataforma con más contenidos en Hispanoamérica.
En este sentido, explicó que se iniciará con la capacitación de los maestros, «porque además de que es fundamental que se familiaricen con el mundo digital, se requiere que sepan introducir en el currículo las ventajas de esto».
El programa promoverá y fortalecerá a los alumnos y docentes mediante la incorporación de las TICs. Asimismo, señaló que es posible, en menos de 7 años, conectar el 100% de las escuelas públicas del país si se cuenta con la inversión suficiente para llevar a cabo estas estrategias.
Estudiantes universitarios y colectivos civiles marcharon por las calles del centro de Lima contra la elección del economista Elmer Cuba, el exministro Rafael Rey y José Chlimper como nuevos miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR).
Los asistentes de la Universidad de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, entre otros, se congregaron en la Plaza San Martín y la marcha comenzó cerca a las 19 horas por varias avenidas del centro histórico.
Denuncian alianza política. «¡Democracia sí, repartija no!», «¡Alerta, alerta, el pueblo organizado contra la repartija!», fueron los cánticos que mantuvieron los manifestantes durante la movilización. Se unieron a la protesta los legisladores del Frente Amplio, Indira Huillca, Marco Arana y Manuel Dammert, que denunciaron una presunta alianza entre Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio.
El Frente Amplio presentó una moción para anular de elección de Chlimper y Rey para el BCR. | Fuente: Foto: Andina/Perú21
La marcha convocada por los universitarias fue pacífica. | Fuente: Twitter/@noakeiko2016
Los niños de la República Árabe Siria ponen en peligro su vida cada día solo para ir a la escuela. Desde que comenzó el conflicto en 2011, se han producido más de 4.000 ataques a escuelas. En la provincia de Idleb, al norte del país, dos antiguos profesores han transformado una cueva desierta en una clase para que los estudiantes puedan continuar su educación en un lugar seguro.
DAMASCO, República Árabe Siria, 1 de noviembre de 2016. En la República Árabe Siria, ir a la escuela entraña peligros para muchos niños. Cada día, niños y profesores arriesgan su vida para llegar a una clase, mientras que las escuelas siguen siendo objeto de ataques. A pesar de ese peligro, ellos siguen haciendo todo lo posible para recibir la educación a la que tienen derecho. Sus historias están llenas de determinación y resiliencia.
Una de esas historias procede de una zona rural de la provincia de Idleb, al norte de Siria. Casi todos los niños que estudian en esta escuela escaparon hace más de un año de la violencia de Hama, una provincia rural del norte, y encontraron refugio en cuevas y tiendas de campaña distribuidas por esta zona rural.
El año pasado, algunos de los niños que vivían en la zona rural de Idleb tuvieron la oportunidad de ponerse al día con la educación que habían perdido. Ahmad* y su mujer, que eran profesores en Hama antes de tener que desplazarse, encontraron una cueva desierta que acondicionaron y convirtieron en escuela. “Empezamos con los niños que vivían más cerca y cada vez fueron llegando más. Ahora tenemos casi 120 estudiantes”, cuenta.
Muhammad, de nueve años, salió de su ciudad, en Hama, hace 10 meses. “No podía ir a la escuela por los bombardeos, y teníamos miedo de los aviones. Echo mucho de menos a mis amigos y espero poder regresar a nuestra antigua escuela”.
El creciente número de estudiantes de la escuela es una prueba de la determinación que tienen los niños para aprender a pesar de las terribles dificultades que han tenido en su contra. “Ahora estamos recibiendo tantos niños que hemos dividido la jornada en distintos turnos, por edades”, explica Ahmad. “La cueva era demasiado pequeña para poder acogerlos a todos, así que ahora ofrecemos horarios distintos para que sean los niños pequeños quienes vengan primero a aprender el alfabeto; más tarde, los mayores, que ya han ido a la escuela, aprenden acerca de otros temas”.
Dirigir una escuela en una cueva tiene algunas desventajas. “Durante el pasado invierno, la cueva se inundó y pensamos detener el proyecto, pero los niños insistieron en que continuáramos y nos mudamos a una tienda mientras la cueva se secaba”, cuenta Ahmad. “La escuela es muy primitiva, pero al menos protege a los niños de las bombas”.
Para los niños que van a clase, es una experiencia agridulce. Muhammad, de nueve años, dejó su ciudad, en Hama, hace 10 meses. “No podía ir a la escuela por los bombardeos y teníamos miedo de los aviones. Echo mucho de menos a mis amigos y espero poder regresar a nuestra antigua escuela. Allí al menos teníamos pupitres. Ahora tenemos que sentarnos en el suelo, que nos hace daño en los pies y la espalda”, sostiene.
“Yo aprendo árabe, inglés y matemáticas, y a veces juego con mis amigos”, dice Nadia, también de nueve años. “Esta escuela no tiene mucha luz, pero aquí no pasamos miedo”.
Samah, de nueve años, en la cueva hecha escuela. “Echo mucho de menos mi antigua escuela. También echo de menos mi pueblo y nuestra casa. Pero aunque no tengamos clases ni pupitres, los profesores son muy buenos. Ojalá termine la guerra y pueda regresar a mi casa y a mi escuela. Echo de menos la vida de antes de la guerra”.
La educación, hecha realidad
Para muchos niños sirios la educación es un recuerdo lejano, porque el conflicto les ha costado cinco años sin poder recibirla. Para otros, es una palabra que escuchan y que no saben muy bien qué significa, pues nunca han visto el interior de una clase. Para todos ellos, la educación sigue siendo una ambición.
En el mundo real de hoy en la República Árabe Siria, una de cada tres escuelas no funciona. Las que siguen en marcha carecen de personal de enseñanza adecuado y no disponen de agua ni de instalaciones de emergencia. Muchos niños han muerto o han resultado heridos a causa de los ataques. Viven con miedo constante porque no saben cuándo será el próximo.
En Idleb, Ahmad y su mujer continúan trabajando extraoficialmente y en circunstancias terribles. “Nos enfrentamos a muchas dificultades”, asegura Ahmad. “Necesitamos muchas cosas: libros de texto, cuadernos, ropa, mochilas y demás material de educación”, explica. “Los niños son los únicos que pierden en esta guerra”, asegura Ahmad. “Si no hacemos nada por ellos, también perderán su educación.
*Se ha cambiado el nombre para proteger su identidad
UNICEF acaba de lanzar una campaña de regreso al aprendizaje con el objetivo de atender a 2,5 millones de niños, entre ellos 200.000 que viven en 59 zonas asediadas y aisladas de Alepo: Hasakeh, Hama, Homs, Idleb, Raqqa y Damasco rural. UNICEF proporcionará material escolar y educativo y mochilas para los niños. Como parte de la campaña, se realizará una movilización social para animar a los padres a mandar a sus hijos a la escuela o disfrutar de las oportunidades de aprendizaje alternativo en aquellas zonas donde no funcionan las escuelas.
UNICEF está ayudando a más de 1.200 jóvenes y entregados voluntarios a llevar a cabo una campaña masiva de puerta a puerta para realizar una cartografía de las cifras y la situación de los niños que no van a la escuela, determinar por qué no van y ayudarlos a ellos y a sus padres con información sobre sus derechos en materia de educación y los procesos simplificados para la matriculación escolar.
Australia/10 noviembre 2016/ Fuente: Amnistia Internacional
Hubo una época en que Australia encabezó la protección de las personas refugiadas.
Después de la II Guerra Mundial, Australia fue el segundo país, después de Estados Unidos, en el reasentamiento de refugiados europeos. Unos años después, su firma hizo que entrase en vigor la Convención sobre los Refugiados. Y en la década de 1970, fue el tercer país de reasentamiento de la población refugiada de Indochina tras las guerras que sufrió esa región.
Por desgracia, esa época es ahora un recuerdo lejano. Tras adquirir fama mundial por la crueldad con la que sigue tratando a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y la isla de Manus, el gobierno de Australia ha demostrado que es capaz de algo peor.
No sólo se niega a cerrar sus centros en estas dos islas del Pacífico, sino que ahora planea promulgar una ley para prohibir permanentemente a las personas atrapadas en ellos la obtención de un visado para entrar en Australia.
Este proyecto de ley constituye una clara violación del derecho internacional, y además es una medida cruel y mezquina que discrimina aún más a quienes se dirigen a Australia en busca de seguridad. Como Estado Parte en la Convención sobre los Refugiados, Australia tiene la obligación de tratar con humanidad a las personas solicitantes de asilo y refugiadas y de reasentarlas sin riesgos. En cambio, ha decidido sumar una injusticia a otra.
En julio viajé a Nauru a investigar para el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Estuve cinco días en la isla y me entrevisté con 58 personas refugiadas y solicitantes de asilo, así como con cuatro proveedores de servicios. Muchas personas me contaron los viajes que se habían visto obligadas a hacer, afrontando grandes peligros para huir de peligros aún mayores en su lugar de origen.
El domingo, hablando con la prensa, el primer ministro Malcolm Turnbull reconoció que la política de tramitación de Australia es “un desastre”, aunque aparentemente no entendía por qué. El principal problema no son las “llegadas no autorizadas”, como dijo Turnbull, sino que, en su intento de detenerlas, Australia ha creado una prisión al aire libre en Nauru.
El gobierno australiano esboza desde hace muchos años un plan de acción peligroso. Ahora, tras una avalancha de revelaciones —procedentes de diversas fuentes independientes y dignas de crédito—, no sólo se niega a afrontar la realidad, sino que tiene la intención de acelerar en la dirección equivocada.
En mi reciente visita a Australia, me sorprendió la reacción del gobierno a nuestro informe Isla de desesperación: La «tramitación» de personas refugiadas en Nauru por Australia. Por haber crecido y trabajado en Rusia, conocía demasiado bien los desmentidos de carácter general de las autoridades y los ataques de los periodistas que siguen a pies juntillas la línea del gobierno. No esperaba ver las mismas tácticas desplegadas en una democracia multipartidista que se enorgullece de sus valores y reivindica su autoridad moral en materia de derechos humanos.
Australia esboza desde hace muchos años un plan de acción peligroso. Ahora está acelerando en la dirección equivocada.
No éramos en absoluto los primeros en expresar preocupación por los abusos contra los derechos humanos en Nauru. Ya en 1998, un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Australia sobre la detención de “refugiados del mar” señaló una serie de quejas sobre “la duración y el carácter indefinido del periodo de detención, y los efectos que esto tiene en la salud física y mental de las personas detenidas”.
Casi todas las personas con las que hablé en Nauru habían sufrido un deterioro de su salud mental. El gobierno de Australia sabe que estas condiciones crean angustia psicológica. Lo sabía antes de que se trasladara a Nauru a las personas que están actualmente allí. Y aun así persistió en llevar a cabo prácticas que infligen daños intencionados, para intimidar y coaccionar a las personas de modo que sus condiciones puedan servir de disuasión.
Según el derecho internacional, esto equivale a tortura. No hacemos esta afirmación a la ligera, y tampoco es la primera vez que se acusa al gobierno australiano de esto. El año pasado, un relator especial de la ONU, horrorizado por el trato que reciben las personas en la isla de Manus, llegó a la misma conclusión basándose en las condiciones imperantes allí.
No mucho después de mi visita a Nauru, The Guardian publicó más de 2.000 informes filtrados sobre incidentes que confirmaban nuestras conclusiones y revelaban una constante de de abusos. En octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló con alarma que las condiciones en los centros de tramitación “generaban y agravaban problemas de salud mental, propiciando sentimientos de desesperanza y a menudo pensamientos suicidas”.
Otras agencias de la ONU y ONG destacadas que han hecho denuncias en los últimos meses llegaron a la misma conclusión: los centros de tramitación de Nauru y de la isla de Manus deben clausurarse de inmediato.
En todos los lugares en los que estuve en Australia conocí a personas que daban las gracias a Amnistía Internacional por contar la verdad sobre las prácticas del gobierno. Incluso quienes se mostraban comprensivas con los objetivos de Canberra estaban horrorizadas por el manto de secreto, ahora en jirones, que había cubierto sus ojos.
Todas ellas merecen saber por qué se está haciendo daño a unas personas que buscan refugio so pretexto de reforzar la protección de las fronteras, cuando ninguna práctica de control fronterizo debería basarse en un sistema de tortura.
Globalmente, Australia sufre una crisis de credibilidad. El gobierno quiere ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero, como muestra la reacción a nuestro informe, pocos creen que esté preparado para liderar en materia de derechos humanos. “El encarcelamiento inhumano de personas desesperadas por parte de Australia”, escribió el comité editorial deThe New York Times el mes pasado, “es una vergüenza”.
El gobierno de Australia tiene ante sí una decisión clara. Puede dar marcha atrás, cambiar de rumbo y recuperar la reputación de Australia de país que protege los derechos humanos o puede decidir ser conocido como un país que comete abusos, deliberada y sistemáticamente, contra miles de personas.
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