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Mientras los distintos sectores de la comunidad alertan sobre la precariedad con la que se pretende obligar a operar a corto y largo plazo a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y estudiantes en múltiples recintos han decretado paralizaciones en el contexto de la discusión del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), representantes de los grupos lamentan lo que perciben como un abandono gubernamental hacia el principal centro docente del país.

“Creo que hemos visto la poca importancia que tiene la Universidad tanto para la rama ejecutiva, desde el gobernador Pedro Pierluisi, y la poca importancia que tiene desde la rama legislativa. Lo vimos en todo este proceso de la legislación del Proyecto (de la Cámara, PC) 1003, donde, prácticamente, (la intención) es darle migajas a la Universidad y que sobreviva como pueda”, planteó Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR.

Rivera Velázquez aludió a la medida legislativa que se convirtió en la Ley 53-2021, que habilitó la emisión de bonos requerida en el PAD del gobierno central, en la que se incluyó una asignación de $500 millones anuales para la UPR hasta el 2027. Aunque dicha cantidad sería mayor que los $407 millones que el gobierno central aporta desde el fondo general en el presente año fiscal, es sobre $300 millones menos de lo que recibía la UPR bajo la antigua fórmula del 9.6 % del presupuesto y muy por debajo de lo que los distintos sectores universitarios consideran debe recibir la institución para cumplir con su misión académica.

“Lo más que me preocupa es que cierren los recintos y nos quedemos sin educación pública porque ese es el fundamento de un país, de cualquier sitio. Si nos siguen quitando esa educación, y ya estamos mal, terminaremos mucho peor. Yo creo que si los estudiantes nos unimos y podemos estar de acuerdo en lo que queremos y metemos presión, podemos movilizar las cosas a que cambien”.

Natalia Fontánez

Estudiante Facultad de Ciencias Naturales.

Para Jannell Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, incluso dicha asignación corre el riesgo de convertirse en un tope fijo que limitaría la posibilidad de que la UPR acceda a otros fondos que ha continuado recibiendo, como las mesadas de los recaudos por juegos de azar y Lotería Electrónica, que representan decenas de millones de dólares anuales.

Si bien la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz –quien no estuvo disponible para entrevistaal cierre de esta edición–, sostuvo hace dos semanas, tras reunirse con el presidente cameral, Rafael «Tatito» Hernández, que la UPR continuaría recibiendo otras asignaciones especiales además del presupuesto base de $500 millones, la Junta de Control Fiscal (JCF) no se ha expresado al respecto.

El gobernador Pedro Pierluisi insistió el miércoles en que la partida de $500 millones es un paso correcto para la institución.

“No deben ver los $500 millones al año como algo estático o permanente. Al revés, tienen que verlo en el contexto de que ya los recortes eran mayores… Deben verlo como un buen paso para mejorar sus finanzas y que cumpla su cometido”, comentó el ejecutivo a su salida de un evento oficial en el Centro de Convenciones en Miramar.

“Queremos que haya clases presenciales pero estamos cerrando el recinto y comoquiera la gente está cogiendo clases online. Me pareció un poco contradictorio, pero sí creo que fue necesario porque hubo un movimiento que se empezó. Nos encontramos gente que queremos una mejor universidad y esas conversaciones se tenían que dar. Debemos los estudiantes organizarnos bien y formar un plan que de verdad funcione para combatir lo de (la falta de) clases presenciales, los recortes y un montón de cosas más que deben mejorar”.

Joaquín Ferrer

Estudiante Facultad de Ciencias Naturales

La JCF, que no ha enmendado su plan fiscal para reflejar las concesiones que habría hecho durante las negociaciones por el PC 1003, ya ha interpretado otras disposiciones de la Ley 53 de manera contraria a los objetivos expresados por los líderes electos.

Metro solicitó una entrevista con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, pero la funcionaria no estuvo disponible.

“A pesar de que (la UPR) no es una prioridad para el gobierno, sí lo es para el país. Creo que lo vimos en las manifestaciones que se dieron en el Capitolio en las pasadas semanas, donde juntos, entre la comunidad universitaria y el sector sindical del país, pudimos, en cierta medida, hacer que muchos legisladores entraran en razón, que al final del día sabemos que el proyecto se aprobó por un voto, y el propio partido de mayoría en el Senado perdió votos (de legisladores) que habían votado originalmente a favor. Creo que está surtiendo efecto lo que se ha realizado en las últimas semanas”, afirmó Rivera Velázquez, quien opinó que es hora de “enfilar los cañones” hacia el Congreso y el gobierno federal.

“CERRAR RECINTOS NO ES LA SOLUCIÓN”

Desde la perspectiva administrativa, el rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, colocó la responsabilidad de los “drásticos” recortes de los pasados cuatro años sobre los hombros de la JCF, más que en el gobierno, al tiempo que advirtió que los paros y huelgas estudiantiles afectan la “funcionalidad” del sistema.

“Nosotros en Río Piedras tenemos la mayor parte de las clases a distancia, por lo tanto, no nos estamos afectando. El recinto continúa el trabajo a distancia, las clases a distancia, pero lo ideal de una universidad es que esté abierta y haya acceso libre a sus bibliotecas, a sus museos. Entiendo los reclamos de los estudiantes, y uno se reúne con ellos y es impresionante… No puede uno menos que coincidir en ese reclamo de mayor presupuesto y que no se afecte la (estabilidad) presupuestaria de la Universidad. Pero cerrando recintos no es la solución, aun cuando uno coincida con ellos. Lo que está a mi alcance, que ellos me están solicitando, lo vamos a cumplir”, dijo Ferrao Delgado, quien aludió a las directrices para que a partir de enero al menos la mitad de las clases regresen al formato presencial y para que se amplíen los horarios de apertura de las bibliotecas.

“Ahora mismo no tenemos unas facilidades físicas para nuestra facultad y eso nos está afectando de una manera bien grave. No tenemos las mismas oportunidades de otras facultades de poder reunirnos, con todo el equipo y los recursos”.

Andi

Estudiante Facultad de Comunicación e Información.

En el recinto riopedrense, cuyos estudiantes celebraban ayer una asamblea general, el recorte presupuestario ha sido de $71 millones respecto al año fiscal 2017.

“Esto ha afectado la funcionalidad. Claro, nosotros mantenemos el recinto funcionando, pero es un recorte de dinero muy grande. Aun cuando se hacen los ajustes, y hay que hacerlos, en cuatro años ha sido un recorte bastante drástico de la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó Ferrado Delgado, al indicar que el recinto ha mitigado parcialmente las reducciones a través de fondos externos, como las subvenciones para propuestas de investigación o iniciativas de educación continua.

Mientras Ferrao Delgado sostuvo que la UPR deberá repensar su enfoque ante la baja en la matrícula estudiantil, que atribuye principalmente a la reducción en la población joven en el país, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez Rivera, argumentó que el problema trasciende el elemento demográfico.

De acuerdo con el plan fiscal de la JCF, de un pico de 65,699 estudiantes matriculados en el 2010, la cifra había bajado 47,557 para este año, una merma de 28 % en poco más de una década.

“En el recinto de Cayey, la rectora planteó que tenía la capacidad de infraestructura para 6,500 estudiantes (pero) solamente atendemos 2,400. No podríamos atender 6,500, no porque no tendríamos donde ubicarlos porque no haya salones o recursos de infraestructura, (sino) porque no tenemos profesores para atender 6,500 estudiantes”, dijo Rodríguez Rivera, quien señaló que aproximadamente el 47 % de los docentes a nivel sistémico no tienen una plaza permanente.

CIDRE: “LA UPR NO ES UNA AGENCIA DE GOBIERNO”

Para Rodríguez Rivera, al restar recursos fiscales a la UPR, el gobierno desaprovecha el potencial de los 11 recintos como eje de actividad económica en sus municipios, así como las posibilidades comerciales que representa el componente de investigación y desarrollo dentro del quehacer académico.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, aseguró que la UPR ocupa un rol fundamental dentro de la visión del gobierno, pero alertó que, para poder cumplir con su papel, requiere de transformaciones mayores.

“Las universidades privadas hoy existen posiblemente con mayor fuerza y relevancia que la universidad pública, no por el hecho de que sean mejores, es por el hecho de que son más ágiles. El primer gran reto que tiene la Universidad para llegar a lo que finalmente te voy a decir es cómo la Universidad se deja de comportar como una agencia de gobierno, porque no es una agencia de gobierno. Es el centro docente educativo más importante del país, quien debe de erigirse custodio y hacedor de la política social y económica del país”, dijo Cidre.

Para el secretario del DDEC, la fórmula de futuro estriba en la especialización de las 11 unidades académicas y que el Recinto de Río Piedras se convierta en “el centro de investigación y desarrollo de Puerto Rico”.

“Los colegios regionales (serían) satélites que nutran esa investigación y desarrollo con pericias particulares. Por ejemplo, yo asignaría el área de Utuado a ciencias agrícolas, incluyendo la escuela veterinaria de Puerto Rico, que tanta falta nos hace”, ejemplificó Cidre.

Entretanto, la UPR y sus recintos continúan lidiando con las interrogantes sobre el reclutamiento de la plantilla docente, el deterioro de la planta física –exacerbado desde el huracán María–, los recursos bibliotecarios y de investigación y el regreso escalonado a clases presenciales.

“Muchos recintos se han podido moldear a la pandemia, como el recinto de Carolina, donde muchos de sus salones ya pueden dar clases de manera híbrida, porque en la infraestructura se han movido. Algunos recintos se han movido hacia eso pero otros no lo han hecho o lo han hecho de manera lenta y es por eso que no han podido, en su mayoría, regresar de manera presencial. Creo que la Universidad sí tiene los planes, pero hay una falta de presupuesto y muchos de los fondos federales se han atrasado, y eso atrasa toda la infraestructura mayormente tecnológica de la Universidad”, afirmó Rivera Velázquez.

3 PREGUNTAS A… OBED JIMÉNEZ

Presidente Asociación de Universidades y Colegios Privados / Universidad Adventista de las Antillas

¿Cómo describiría el impacto sobre las instituciones privadas de los retos fiscales de la UPR?

—En el pasado, algunas de nuestras instituciones sí reportaron algunos incrementos en las matrículas, pero recientemente, en este caso de la huelga de la UPR, no ha tenido un impacto significativo ni cuantioso que pudiésemos indicar.

¿Qué espacios, si alguno, han llenado las universidades privadas ante el debilitamiento de la UPR?

—[En] nuestras instituciones privadas de educación superior siempre enfatizamos la excelencia académica. Nuestros sistemas tienen la capacidad de hacer ajustes más rápidos, de atemperarnos más al mercado y ser más responsivos y ágiles en las respuestas ante los retos demográficos y económicos. Un sector importante es continuar ofreciendo investigación para el país y la respuesta social que nuestras instituciones hacen.

¿Es posible que tanto el sistema privado como el público se fortalezcan paralelamente?

—En este momento en que la UPR se reposiciona en su liderazgo, estaríamos en mucha disposición de continuar colaborando con el sistema público del país porque lo que es importante es esa materia prima de nuestros estudiantes, que ofrezcan un futuro prometedor y de impacto social para nuestro Puerto Rico.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/11/04/upr-abandonada-a-su-suerte.htm