Desde el pasado 23 de abril, los docentes del sector público comenzaron una huelga indefinida y exigen la derogación de la norma, que estiman afecta a los trabajadores y sus familiares, privatiza los servicios de la CSS y entrega sus fondos a los bancos, mientras augura pensiones de miseria, algo inadmisible.
El comunicado del Meduca insiste en que “se ha procedido a realizar la retención del pago de aquellos educadores que no hayan prestado el servicio correspondiente al cargo».
También hicieron un llamado a los protestantes a que regresen a sus aulas, que estarán abiertas, y es algo que necesitan los estudiantes, según la misiva.
El contralor general de la República, Anel Flores, precisó al canal de noticias TVN que cerca de dos mil pedagogos no cobrarán su salario, de una nómina estatal de 51 mil 600 docentes.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, el paro continuará pese a todas las acciones de intimidación y represalias del Gobierno de José Raúl Mulino y adelantó que demandarán además la renuncia de la titular del Meduca, Lucy Molinar.
Mientras, el dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), Luis Sánchez, comentó que el Ejecutivo trata de medir fuerzas con la retención de salarios y además rechazó que Mulino se oponga a establecer un diálogo con los gremios beligerantes para resolver el conflicto, aspectos que denunciarán ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia ( CSJ).
La víspera, también obreros de la construcción señalaron que mantendrán la paralización de labores en todos los proyectos de obra en rechazo a la Ley 462 y el pacto suscrito con Estados Unidos que pone en juego la autodeterminación del pueblo.
En una alocución al país por redes sociales, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, convocó a todos los afiliados a amanecer este lunes en los proyectos y respaldar el paro, pese a la persecución y acciones represivas de la policía.
De su parte, continúan acciones de protesta en diversas regiones del país para exigir también que liberen a líderes del Suntracs, agregó.
La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá anunció además que desde este lunes los originarios se sumarán a la huelga nacional indefinida.
La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, según precisó su presidenta, Elidya Espinosa, comenzará por su parte una paralización escalonada de labores en los centros asistenciales a partir del próximo 19 de mayo.
A pocos días de la segunda quincena de mayo, ya con junio y julio casi encima, comienza desde ya una de las preocupaciones que año a año más inquieta a los padres y madres de Venezuela, especialmente los que tienen a sus hijos en instituciones educativas privadas: el costo del venidero año escolar, cuyo incremento se realiza en estos últimos meses del periodo actual.
En medio de una fuerte inflación y la dolarización de la economía venezolana, algunos colegios o asociaciones que reúnen a estos institutos comienzan a asomar costos calculados sobre la base de lo se hizo a principios del año o con estimaciones de esos planteles.
Ejemplo de ellos es lo que aseguró este lunes el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas en el estado Monagas (Andiep), Héctor Cristiani, quien dijo que el costo de matrículas y mensualidades para el próximo año escolar podrían incrementarse hasta en un 40%.
«Siempre estamos dentro de un 30%, máximo 40%, todo depende del monto de la matrícula que tengan ahorita», puntualizó, al tiempo que resaltó que a finales de este mes, realizarán el análisis financiero para establecer la matrícula que será aprobada en junio, en la Asamblea de Padres y Representantes.
Cristiani indicó que actualmente tanto los planteles privados de Monagas como los de los otros estados del país se encuentran actualmente en fase de reserva de cupos, pero que seguramente en pocas semanas comenzarán los estudios de estructuras de costos para determinar el valor de lo que pagarán los representantes.
La morosidad como escenario
Otro de los factores que también afectan la calidad de la educación privada es la alta morosidad que muchos colegios presentan. La situación económica impide a muchos padres poder cumplir con esta obligación.
Nelly Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), asegura que en Venezuela la matrícula actual privada es de 1.100.000 estudiantes.
«En el 2018, la matrícula de educación privada era de 2,9 millones de alumnos, lo que representa una contracción de 62%. Son tres los factores que influyen en la caída de la matrícula escolar: la migración, se han ido del país más de siete millones de venezolanos en la última década. Segundo, la disminución de la tasa de natalidad que ha tenido el país y tercero, la situación económica que golpea a muchas familias», explicó.
Mientras, Erlinda Frías de Hartliep, presidenta de la Asociación de Colegios Privados del estado Lara (Alep), señaló que muchas instituciones se han visto muy golpeadas por la crisis este año, porque la deserción escolar se ha disparado, así como los niveles de morosidad que rondan el 40%.
«El representante se siente imposibilitado de cumplir con el compromiso del pago de la educación privada. Algunos trabajan en empresas que este año no han tenido la misma producción o realizan trabajos por su cuenta y se ven afectados por el incremento de los gastos. Hay niños que quedaron al cuidado de abuelos porque sus padres emigraron, y los adultos mayores no tienen la capacidad económica de pagar un colegio», declaró a La Prensa de Lara.
Hartliep dijo que cada vez hay más padres que se retrasan con el pago de las cuotas mensuales, pero hay quienes hacen un esfuerzo y se ponen al día cuando hay procesos de inscripción.
«Pero esto genera un problema en la administración de la institución porque deben sortear los gastos de nómina, mantenimiento, pago de impuestos y servicios que se incrementan cada mes, con un ingreso cada vez menor», añade.
Andiep calculó que durante el pasado año escolar 2023-2024 había 3.900 planteles en funcionamiento, cifra que contrastaron con el periodo entre 2017 y 2018, cuando en Venezuela había más de 5.100 colegios privados registrados, lo que se traduce en que en seis años cerraron 1200 instituciones educativas.
“La convivencia (escolar) no se improvisa, se construye”, ha afirmado el director general de Inclusión Educativa y Ordenación del Principado de Asturias, David Artime, quien ha resaltado la importancia de la prevención como complemento a los protocolos que ya se aplican frente al acoso escolar.
Lo ha afirmado en el transcurso de luna jornada formativa organizada por la Consejería asturiana de Educación para los equipos directivos, impulsores y de acompañamiento del programa Tutoría entre Iguales (TEI) para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia y el acoso escolar.
Cerca de medio millar de docentes han seguido la exposición pormenorizada del creador del TEI, Andrés Bellido. El programa se introducirá el próximo curso en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria de los centros públicos y concertados y, de forma opcional, en Formación Profesional.
Esta actividad presencial forma parte del calendario de implantación del programa, que se presentó en marzo pasado, pero que ya se inició en febrero con una formación dirigida al personal de la consejería y representantes de varios perfiles docentes, orientadores o inspectores.
En estos días se ha impartido formación específica al Servicio de Inspección Educativa y en junio está prevista otra sesión virtual para los equipos docentes divididos por etapas educativas. Por último, en septiembre se formará a las familias y al personal no docente.
El Principado es la primera comunidad autónoma en implantar este programa de forma institucional y dentro de una política pública integral. “Es una herramienta común, sistemática y evaluable, que nos permite intervenir, medir y comprender el impacto de lo que hacemos”, ha subrayado Artime.
También ha recordado que los resultados del programa han sido acreditados por varias universidades. “Sabemos que funciona: mejora la convivencia, reduce el acoso y refuerza la salud emocional del alumnado”. Y ha elogiado su gran aportación: “Da protagonismo a quienes mejor pueden cuidar de su entorno escolar: los propios alumnos y alumnas”.
Artime ha detallado, por último, el calendario de implantación del TEI en los centros. El próximo curso se iniciará en los cursos impares. En el siguiente, en los pares. Y ya en 2027/2028 se consolidará en todos los cursos y se realizará una evaluación global. “Lo que empieza hoy no es una formación más. Es una apuesta colectiva por una escuela más segura, más humana y más justa”, ha concluido el director de Inclusión Educativa.
Fuente de la Información: https://exitoeducativo.net/la-convivencia-escolar-no-se-improvisa-se-construye/
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Un nuevo informe de la OEI y la Unesco muestra que la democracia no sólo debe enseñarse en las escuelas, sino también practicarse a través de su dirección.
Así lo señala el informe Liderar para la democracia, que pone el foco en el liderazgo distribuido en las escuelas, una forma activa de educación cívica mediante la cual los directores de escuela aprovechan la experiencia colectiva de la comunidad escolar para establecer y alcanzar objetivos compartidos.
Elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) y el Informe de seguimiento de la educación en el mundo de la Unesco, el informe se presentará estos 23 y 24 de abril en Bogotá, en un evento de alto nivel bajo el auspicio del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
En él se hace un llamado para que se fomente el liderazgo distribuido, partiendo de las prácticas que ya están adoptando muchas escuelas por iniciativa propia, reunidas en este estudio elaborado en colaboración con 18 países de la región, y en el que se demuestran las ventajas de este enfoque para reforzar la participación de profesores, alumnos y padres y fomentar su responsabilidad colectiva.
En un contexto en el que las encuestas de opinión han documentado un descenso del apoyo ciudadano a la democracia en la región en los últimos años, y en el que el porcentaje de adultos que estaban de acuerdo en que la democracia es la mejor forma de gobierno ha caído del 68% en 2012 al 58% en 2016/17, el informe subraya la importancia del liderazgo democrático como piedra angular para construir valores cívicos en las escuelas y fuera de ellas, y para forjar a una generación joven con capacidad de pensamiento crítico.
«Los líderes escolares no pueden hacerlo todo por sí solos. Ayudarles a movilizar la experiencia colectiva de su comunidad y a implicar a sus miembros en la toma de decisiones es una poderosa palanca para mejorar los resultados educativos. La tarea ahora es trasladar este potencial de la teoría y la política a la práctica generalizada», declaró Manos Antoninis, director del Informe de seguimiento de la educación en el mundo.
“El trabajo que hemos realizado entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Informe GEM de Unesco es fruto de una rigurosa estrategia de colaboración multilateral y representa un compromiso para articular a todos los que compartimos un objetivo común: que Iberoamérica cuente con una educación de calidad, en condiciones de igualdad e inclusión. Celebro la elaboración de este informe, que nos permite fijar, con mayor precisión, nuestros objetivos por el futuro de la educación en la región, con el liderazgo como faro principal. Asimismo, agradezco a los ministerios de Educación de los 18 países que colaboraron con generosidad en este proceso, en especial al de Colombia, país anfitrión de este lanzamiento”, afirmó Mariano Jabonero, secretario general de la OEI.
Liderazgo y educación en América Latina
El informe hace un llamado a ofrecer un mayor reconocimiento a la importancia del liderazgo distribuido en las políticas y normativas educativas nacionales y subnacionales. En ese sentido, sólo tres países se refieren explícitamente al liderazgo distribuido en la legislación, los reglamentos o las políticas, de acuerdo con el estudio.
Asimismo, las menciones explícitas al liderazgo democrático no prevalecen en las definiciones de los países sobre las funciones de los líderes escolares, idea que, por otra parte, se encuentra rara vez en las evaluaciones de los directores: sólo seis países toman en cuenta la participación de los interesados en la escuela. Sólo tres países de la región promueven el liderazgo distribuido o enfoques similares en los programas de formación de líderes escolares, según el informe.
Aunque hay un retraso político en el apoyo manifiesto al liderazgo distribuido, todos los países de la región tienen normativas que obligan a los profesores a participar en los consejos de dirección de los centros, y dos de cada tres directores de la región afirman que promueven la colaboración de los profesores en su trabajo, según los hallazgos del informe. Además, el 83% de los países exige la inclusión de alumnos y padres en los consejos de gestión escolar.
Apoyar a los sistemas educativos para que promuevan la colaboración también requiere dotar a los directores de los centros de suficiente autonomía. En América Latina, el poder de decisión se delega principalmente en el caso de la elaboración de planes de mejora escolar y, en cierta medida, en las decisiones sobre desarrollo profesional, disciplina, currículo y pedagogía, pero no en la gestión del personal.
Un cambio hacia el liderazgo distribuido también requerirá asegurarse de que los procesos de contratación de directores sean meritocráticos. Destaca que cinco países siguen nombrando a algunos directores mediante invitaciones personales o concursos cerrados y cita pruebas que demuestran que los directores elegidos tras un proceso competitivo tienen mejores aptitudes de gestión que los elegidos por el personal técnico o los políticos.
Recomendaciones
Reconocer y promover el liderazgo distribuido en las políticas educativas
Definir claramente las funciones de cada uno en los modelos de liderazgo distribuido en todo el sistema educativo.
Dar más autonomía a los directores en las decisiones escolares, sobre todo en las financieras y de recursos humanos
Invertir en investigación sobre prácticas de liderazgo distribuido de éxito.
Garantizar que las normas de liderazgo mencionen explícitamente la participación y la capacitación y se utilicen como base para la contratación, formación y evaluación de los directores escolares.
Formar a los líderes en habilidades de liderazgo colaborativo
Sensibilizar a la comunidad escolar y prepararla para trabajar conjuntamente.
Lanzamiento del Informe GEM 2025 en Bogotá
El Informe ha sido presentado hoy en un evento de alto nivel en Bogotá con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional de Colombia donde participaron ministros y viceministros de educación de seis países de la región, expertos y miembros de la comunidad educativa. El 24 de abril, se organizará en la Universidad de la Salle una serie de diálogos de reflexión con distintos actores para reflexionar sobre cómo avanzar hacia un liderazgo más distribuido y democrático en Colombia y en América Latina.
Los diálogos de reflexión serán liderados por el Informe GEM de la Unesco, la OEI, el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente -CLED- de la Universidad de la Salle, Global School Leaders, la Fundación Varkey, la Teacher Task Force y la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco. Este encuentro de alto nivel pondrá sobre el centro de la mesa un tema fundamental para nuestras sociedades hoy en día: la importancia del liderazgo distribuido en la educación para alcanzar sociedades más justas.
Ante la falsa ilusión de neutralidad de los datos y de eficacia de la gobernanza algorítmica, corremos el peligro de ceder la soberanía de nuestras decisiones políticas a los procesos automáticos
Daniel Innerarity. Catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia. Columnista de El País, El Correo y La Vanguardia. Autor, entre otros ensayos, de La sociedad invisible, Política para perplejos y La libertad democrática. Su libro Una teoría crítica de la inteligencia artificial, que reseñamos a continuación, ha obtenido el III Premio de Ensayo Eugenio Trías.
Avance
La actual gobernanza regida por los algoritmos no es sino un eslabón de una larga cadena que comienza con Hobbes, considerado «el abuelo de la inteligencia artificial», que en el siglo XVII definió al Estado como un automaton. La sociedad política ha sido siempre una sociedad maquinizada, y los seres humanos nunca hemos sido plenamente soberanos de nuestras decisiones. Con este punto de partida, Daniel Innerarity desarrolla «una teoría crítica de la decisión democrática en un entorno mediado por la inteligencia artificial». Cree que mejor que una moratoria ante la IA o una ética para codificarla, es más adecuado un examen filosófico de su naturaleza y de los riesgos que comporta, pero también de sus virtualidades.
Daniel Innerarity. «Una teoría crítica de la inteligencia artificial». Galaxia Gutenberg, 2025
Comienza diciendo que no se la puede calificar propiamente de inteligencia, ya que «no es capaz de hacer lo que hace el cerebro humano». Carece de rasgos específicos de este: el sentido común y la reflexividad, de manera que es capaz de hacer diagnósticos médicos e imitar patrones de conducta humana, pero sin entenderlo. Y su matemática precisión le priva del encanto paradójico de la imprevisibilidad que posee la inteligencia humana, sujeta a la sorpresa, al fallo, a lo ambiguo. De lo imprevisible nace lo creativo, de ahí que la IA pueda componer música, pero no podría innovar con rupturas sorprendentes como hizo Beethoven en su etapa tardía. Carece, en fin, del soporte físico del cuerpo humano, lo que le impide instalarse en el mundo y comprender los contextos de la realidad.
Nos seduce la apariencia de neutralidad de los datos, que se han vuelto imprescindibles, hasta el punto de que al Estado del bienestar estaría siendo reemplazado actualmente por «el Estado informacional». Pero es necesario saber que «los datos no nos representan», ni son neutrales porque están cocinados e impregnados de los intereses de quienes los producen. Eso no quiere decir que la gobernanza algorítmica carezca de utilidad para tareas como la asignación de recursos o la predicción de escenarios. Pero luego hay que interpretar y decidir y eso solo es facultad del ser humano. Es necesario, por lo tanto, un contrato social tecnológico, para negociar «el espacio híbrido de acción en el que nos desenvolvemos los seres humanos y los artefactos tecnológicos».
Por último, el autor alerta sobre la amenaza de un nuevo absolutismo: que los procesos mecánicos y la lógica algorítmica erosionen la diversidad, el debate y el margen de interpretación. Pese a todo, Innerarity considera que «la democracia en la era de la inteligencia artificial ni se va a superar ni se va a suprimir; se va a condicionar».
ArtÍculo
No son tan contrapuestas la tecnología y la democracia como se podría deducir de las alarmas de corte apocalíptico que exhiben los pesimistas sobre los peligros de la inteligencia artificial. Este es el punto de partida de la teoría crítica que Daniel Innerarity desarrolla en su libro. Ya en el siglo XVII, ThomasHobbes definió al Estado como un automaton, un gigantesco engranaje que mide, planifica y calcula. No en vano el autor del Leviatán es conocido como «el abuelo de la inteligencia artificial». El fenómeno de la gobernanza algorítmica no es sino la manifestación de una vieja tendencia.
Tampoco se trata de idealizar «la autoría popular de la democracia, como si alguna vez en el pasado los humanos hubiéramos sido plenos autores soberanos de nuestras decisiones». La democracia ha estado siempre mediatizada y la sociedad política ha sido siempre una sociedad maquinizada. De suerte que «la automatización, la mediación y la soberanía compartida no son algo completamente inédito en la historia política de la humanidad». La llamada democracia compleja, cuya teoría elaboró el propio Innerarity en un ensayo anterior, proporciona «un marco de referencia para integrar los tipos de toma de decisiones» que se dan en el ecosistema de hombres y máquinas.
Si la política a lo largo del siglo XX giró en torno al debate acerca de cómo equilibrar Estado y mercado, la gran cuestión hoy es «decidir si nuestras vidas deben estar regidas por procedimientos algorítmicos y en qué medida»; de suerte que «el modo en que configuremos la gobernanza de estas tecnologías va a ser decisivo para el futuro de la democracia; puede implicar su destrucción o su fortalecimiento», advierte el pensador.
Ante el riesgo de que la delegación de decisiones en un government machine implique rendición de nuestra soberanía, hay tres respuestas posibles, nos dice Innerarity: la moratoria, la ética y la crítica política. La primera opción es discutible: «¿no mejorar los modelos de procesamiento durante un tiempo es menos arriesgado que seguir mejorándolos? […] La solución no es parar nada, sino más reflexión, investigación, inteligencia colectiva, debate democrático y regulación». Y si la moratoria frenaba demasiado, la ética frena demasiado poco y «puede convertirse en un inofensivo acompañamiento del desarrollo tecnológico irreflexivo». Queda la crítica filosófica y política. Los filósofos, indica el autor, «no damos por supuesto casi nada; de entrada, no damos por supuesto que la inteligencia artificial es inteligente ni artificial, e interrogamos acerca de la pertinencia y alcance de esos calificativos para esta clase de artefactos». Innerarity examina, igualmente, el concepto de democracia, que ahora se enfrenta a formidables desafíos con la nueva encrucijada tecnológica. Su objetivo es, justamente, elaborar «una teoría de la decisión democrática en un entorno mediado por la inteligencia artificial, elaborar una teoría crítica de la razón automática y algorítmica. Necesitamos una filosofía política de la inteligencia artificial».
Desde ese planteamiento, el autor estructura el ensayo en tres partes. Se interroga en la primera por la razón algorítmica y lo que diferencia a la inteligencia artificial de la humana; examina en la segunda los límites prácticos de aquella razón y propone un contrato social tecnológico; y en la tercera, desarrolla la filosofía política de la inteligencia artificial y cómo puede coexistir con (y beneficiar a) la democracia.
La IA, desmitificada
Afirma Innerarity que la inteligencia artificial carece de las propiedades de la humana, ya que solo es «inteligencia instrumental»; y que nos imita con asombrosa precisión, pero es «incapaz de comprender la realidad», porque no tiene algo tan específico de los humanos como es «el sentido común, una capacidad natural de hacerse con el contexto de una situación». De hecho, las máquinas no fallan en preguntas complejas de lógica, sino en aquellas que requieren comprensión del contexto. La IA puede traducir textos, hacer diagnósticos médicos e imitar patrones de conducta humana, pero de forma mecánica, sin entenderlo.
Estrechamente relacionada con el sentido común está la reflexividad, una forma elemental de metaconocimiento en virtud de la cual sabemos qué sabemos o qué ignoramos. Por mucho que aprendan, «los algoritmos no tienen una idea propia de lo que han aprendido».
La inteligencia artificial es «un conjunto de técnicas inapropiadas para un mundo abierto, […] el de la comunicación humana, que discurre, en buena medida, entre ambigüedades y plurivocidades. No es posible flirtear sin sugerir, la publicidad sin exageración, una sátira sin contexto, no hay humor sin curiosidad». La fuerza de la inteligencia del ser humano reside en su imprevisible ambigüedad e imperfección. Incluso el arte, la literatura, la música, se nutren de lo imprevisto… de ahí le viene el encanto paradójico, del que carece la IA: «La creatividad surge cuando irrumpe algo impredecible. […] Ningún programa que sepa componer como Beethoven habría podido componer las obras de su estilo tardío, que suponen una impredecible y asombrosa ruptura con su evolución», apunta Innerarity.
Finalmente, es imposible escindir la conciencia del soporte físico del cuerpo, como pretenden los posthumanistas y Ray Kurzweil, que sostiene que seremos capaces de conectar el cerebro a una nube. A diferencia de la IA, los humanos «pensamos corporalmente y, como consecuencia de ello, la conciencia es una función de todo el cuerpo y no del cerebro aislado». Ya lo expresó, con fuerza poética, Nietzsche —refiere el autor—: «No somos ranas pensantes, ni aparatos sin entrañas, registradores de la objetividad; debemos dar constantemente a nuestros pensamientos, desde nuestro dolor y maternalmente, todo lo que tenemos en nosotros de sangre, corazón, fuego, pasión, agonía, conciencia, destino, catástrofe».
Por muy sofisticada que llegue a ser, la inteligencia artificial no tiene por qué sustituir a la humana, «del mismo modo que no ha dejado de haber aves porque haya aviones. Los automóviles no son caballos más rápidos ni los aviones aves más sofisticadas». Si la IA hiciera lo que hace el cerebro humano, «habría motivos para inquietarse, pero lo cierto es que, pese a su nombre, se parecen bastante poco».
Los datos no nos representan
El peligro está en que la automatización de los procesos comprometa nuestra soberanía, en una democracia representativa. ¿Qué pasa cuando «ese proceso se automatiza con reglas preprogramadas en el que la cadena de legitimidad y responsabilidad –sin la que no hay democracia– resulta más difícil de identificar?».
¿Qué pasa cuando delegamos buena parte del conocimiento y de nuestras decisiones al big data? Este se ha revelado tan imprescindible que ha conformado lo que Innerarity llama «el estado informacional, que estaría reemplazando al estado burocrático del bienestar». La apariencia de asepsia y objetivismo de los datos pueden hacernos pensar que las sociedades democráticas se encaminan «a una ideología más allá de cualquier ideología, y cuyo paradigma sería no politics, just data (sin política, solo datos)». Los datos nos seducen por su vitola de precisión: «Los políticos desean una estadística fiable, los medios buscan hechos objetivos, los jueces aspiran a identificar causalidades irrefutables y la gente añora la certeza de los números».
Pero ojo, —advierte el autor— «los datos no nos representan», porque sus bases son creadas por actores con determinados objetivos. «Los datos no son independientes del sistema de pensamiento y de los instrumentos en los que se basa su producción». Pero es tal su prestigio que tendemos a tener «una fe exagerada en su neutralidad».
Contrato social tecnológico
Dejar buena parte de las decisiones a la automatización ahorra tiempo y facilita muchas cosas en la vida cotidiana, pero encierra grandes riesgos, incluso físicos. Innerarity pone el ejemplo de los pilotos humanos del avión de Air France que cayó al Atlántico en 2009. No supieron evitar la catástrofe, al haberse desconectado el piloto automático, porque no habían recibido formación sobre cómo ganar altura. Sensu contrario, la pericia humana del comandante Sullenberger salvó al pasaje entero de un Airbus, al lograr que aterrizara en el río Hudson, en lugar de fiarse de la máquina, que les hubiera abocado a la tragedia. La hazaña mereció la famosa película Sully, dirigida por Clint Eastwood.
Esa clase de riesgos aumentará al fiarnos en exceso de una inteligencia artificial que va a estar presente en numerosos ámbitos de la vida. La civilización avanza —indicaba el filósofo A. N. Whitehead— en la medida en que hay aparatos y procedimientos que nos permiten actuar sin tener que reflexionar. El fundamento de nuestra civilización es el sometimiento a lo no comprendido. Y cuanto más sofisticada es la máquina, cuando más capaces son los algoritmos, también son más opacos y «más difícil es comprender sus decisiones». De ahí la necesidad de un contrato social tecnológico, negociando «el espacio híbrido de acción en el que nos desenvolvemos los seres humanos y los artefactos tecnológicos».
Limitaciones democráticas de la gobernanza algorítmica
En contra de la idea de ordenador como «máquina universal», —que preconizaba Alan Turing—, es erróneo pensar que «las tecnologías digitales pueden encargarse de todos los problemas políticos y sociales». La gobernanza algorítmica está para lo que está. Es sumamente útil para tareas como la asignación de recursos o la predicción de escenarios. Pero luego hay que decidir y eso solo es facultad del ser humano. De hecho, subraya Innerarity, «las cuestiones políticas son aquellas que solo se pueden resolver con juicios de valor. […] Hay política allí donde, pese a todas las sofisticaciones de los cálculos, nos vemos obligados a tomar una decisión que no está precedida por razones abrumadoras ni conducida por unas tecnologías infalibles».
Al funcionar con un código 0/1, todo lo que sea indefinido o impreciso tiene difícil encaje en esa lógica binaria. Los algoritmos son apropiados para «desenvolverse en circunstancias cuantificables pero incapaces de preguntarse por el sentido o la validez. […] Y la política consiste en decidir en medio de condiciones en las que no hay una evidencia incontrovertible, donde los objetivos suelen ser cuestionables, ambiguos y necesitados de concreción».
Además, los algoritmos hacen predicciones que reflejan patrones pasados, «lo cual resulta especialmente inadecuado para aquellas actividades que tienen el propósito de intervenir en el mundo con el objetivo de cambiarlo». Por ejemplo, «un algoritmo no podría haber generado movimientos como el #MeToo que implica una ruptura deliberada con las prácticas machistas del pasado». En este sentido, la gobernanza algorítmica puede ser muy útil «para una concepción agregativa de la democracia, pero parece limitada para una idea más deliberativa de la vida política».
Un nuevo absolutismo
Nos amenaza ahora un nuevo absolutismo: que el procedimiento algorítmico erosione «los presupuestos en los que se basa el pluralismo democrático, la diversidad de lógicas e interpretaciones de la realidad». La política debe respetar las evidencias, pero «cuando se supone que solo hay hechos y objetividades que no requieren ninguna interpretación, la democracia carece de sentido».
«Si la democracia es el cratos del demos, no está muy claro hasta qué punto es democrático delegar en la tecnología nuestras decisiones», afirma Innerarity en el capítulo final El futuro de la democracia en la era digital. Y toma distancia tanto de los tecnófilos como de los tecnófobos que creen —los primeros con esperanza, los segundos con recelo—, que la tecnología puede sustituir a la política. Los tecnófilos son los que, con la llegada de las redes sociales, a comienzos del siglo XXI, pensaron que se creaba «un e-agora […] la realización del sueño democrático»; los tecnófobos ven internet y la inteligencia artificial como amenazas, tecnologías que impiden la libre decisión.
Innerarity, por el contrario, sostiene que «la democracia en la era de la inteligencia artificial ni se va a superar ni se va a suprimir; se va a condicionar». La vida política y la digitalización son procesos que evolucionan a la vez, pues los dos son construcciones abiertas, y están llamados a una «colaboración que fortalezca la democracia y refuerce sus valores centrales, al tiempo que inscriba esas tecnologías en un contexto humano y social sin el cual su significado quedaría muy reducido»
Reseña de Alfonso Basallo sobre Una teoría crítica de la inteligencia artificial, de Daniel Innerarity. Se puede leer la introducción del ensayo aquí.
Desde diferentes lugares del país, las comunidades indígenas se movilizan para frenar desalojos, los que se van multiplicando luego de la derogación de la ley de emergencia territorial 26.160. Desde Neuquén (comunidades mapuche del Lof Xinkikew y Lof Melo, en Villa La Angostura), Tucumán (familia Mamani de Trancas en Tafí del Valle), en San Juan (comunidad Huarpe Salvador Talquenca, en Encón), sólo por mencionar algunos ejemplos y sólo algunas provincias en donde se desarrollan los conflictos, la demanda es respetar los derechos indígenas, detener nuevos despojos territoriales, y encauzar los conflictos de acuerdo a la normativa nacional e internacional.
Por otra parte, más allá de la vía judicial, las comunidades intentan revertir nuevas leyes que se promulgan en el ámbito provincial y nacional (valga mencionar una trilogía inconsulta en la provincia de Chubut, que regula el derecho a la consulta, el registro de personería jurídica, y la integración de la comisión de tierras), solicitando la declaración de inconstitucionalidad, denunciando la falta de consulta, sin que hasta el momento exista mayor repercusión, o los poderes políticos se hayan expresado sobre estos pedidos, que conllevan ni más ni menos que el reclamo por la vulneración de los derechos indígenas.
El silencio es una herramienta privilegiada para desconocer, menospreciar, invisibilizar. Ni los poderes judiciales de las provincias escuchan a las comunidades, y vuelven a perseguirlas, librando órdenes de desalojo, desatendiendo sus actuales derechos; ni el poder político (que incluye también a las legislaturas provinciales y al Congreso de la Nación) se hace eco de sus demandas. Por el contrario, embiste derogando leyes, anulando relevamientos territoriales, avanzando a través del RIGI para profundizar la explotación territorial de los pueblos indígenas, desde Salta hasta la Patagonia. El “como si” se hace cada vez más patente. Las comunidades indígenas parecen no existir en Argentina. Son invisibles para este gobierno. Por lo tanto, no existe un sujeto ante quien responder, frente al cual rendir cuentas. La impunidad de las acciones se vuelve total. El silencio se agiganta, se escucha.
La ausencia de respuestas agrava mucho más los conflictos. No obstante, para superar un estado de cosas que no parece –desde las esferas del gobierno- querer modificarse, se vuelve imperioso amplificar mucho más las voces indígenas, y las voces no indígenas que comparten una perspectiva, que reconocen la existencia y relevancia de los pueblos indígenas en el país. Hacerse escuchar hoy es la consigna. Combatir las consecuencias del “ninguneo” no es una tarea fácil, pero de a poco las comunidades van organizándose. Desde el llamamiento de la Confederación Mapuche de Neuquén a respetar los derechos de las comunidades, hasta la acción judicial presentada por las comunidades mapuche – tehuelche en Chubut, para cuestionar la constitucionalidad de las leyes sancionadas, son una muestra de que puede construirse un camino colectivo de acción.
Superar el ostracismo al que pretenden reducir a los pueblos indígenas, encontrar formas creativas para demandar por los derechos y proteger los territorios, erigir alianzas con otros sectores que caminan los mismos senderos, son algunas de las tareas que deben llevarse adelante con urgencia, y que requiere también dejar de lado posicionamientos rígidos, frente a los enormes desafíos que presenta este gobierno, y la situación actual del país y del mundo. Sin lugar a dudas es más sencillo verbalizarlo que concretarlo, pero un punto de inicio es tener claridad sobre el rumbo que deben tomar nuestras acciones. Dejar de ser invisible no es sólo un desafío actual, sino que forma parte de una lucha histórica de los pueblos, que sigue estando más vigente que nunca.
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