Resistencia al Neoliberalismo es la nueva diplomatura que imparte la Universidad de Buenos Aires.
La educación estatal argentina ha dado un paso más allá de la orientación ideológica monocorde estatista que ha predominado en los últimos años. En la actualidad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) considera que son necesarios los planes de estudios abiertamente socialistas. Ya ni disimulan los nombres.
Financiado por todos los contribuyentes y en los claustros de la UBA, uno ya puede acceder a la diplomatura virtual de Resistencia al Neoliberalismo. En el temario uno puede obtener algunos de los aspectos más importantes de este delirante plan de estudios. “La emergencia y multiplicación de proyectos y experiencias gubernamentales progresistas y/o de centroizquierda contemporáneos resignifica y recupera identidades propias y sentidos que aparecen disputados por el retorno de derechas conservadoras”.
Precisas son las palabras de la periodista de Infobae Claudia Peiró, que propone que la “diplomatura” en cuestión sea material de estudio de un local partidario y no de la Universidad Pública.
En el curso que propone resistir al neoliberalismo, la agenda de la izquierda no se limita a los ámbitos económicos. El menú está completo. Desde las redes sociales, la “coordinadora académica” de la diplomatura propone “abordar la cuestión Malvinas desde la educación” para que se pueda “deconstruir los estereotipos del héroe”. Según su visión, el respeto por los combatientes del conflicto de 1982 está fundamentado dentro de la “lógica del patriarcado, dentro de un pacto extremadamente machista”.
“Ideas peligrosas financiadas mediante los impuestos”
El prestigioso jurista y escritor argentino Ricardo Manuel Rojas se expresó duramente al respecto y se preguntó en sus redes sociales “¿Habrá alguna facultad que me permita organizar una diplomatura en Regímenes autoritarios populistas de base democrática?”.
Consultado por PanAm Post, Rojas señaló que esto se trata de “la universidad estatal financiada con recursos de todo el mundo, que en lugar de dedicarse al desarrollo científico, como deberían hacer teóricamente las universidades, se dedican a hacer difusiones ideológicas sesgadas que además son muy peligrosas”. Para Rojas, una diplomatura pensada en una orientación diferente no podría llevarse a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales.
Un proyecto pionero brinda formación en España durante tres meses a profesoras del campo de refugiados de Kakuma (Kenia).
“Enseñar en el campo de refugiados de Kakuma es muy difícil. Puede haber más de 100 alumnos por clase, de diferentes edades y de hasta ocho nacionalidades distintas”, afirma Elizabeth Kitulo, una de las tres profesoras que, durante el último trimestre de 2019, ha participado en España en un programa formativo impartido por la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
“Además, hay que tener en cuenta que esos niños vienen huyendo de situaciones violentas y países en conflicto: en el campo hay, en total, 14.000 menores de edad solos o con parientes, pero sin padres”, añade Elizabeth. También hay que tener en cuenta la situación personal de las profesoras que, a su vez, son refugiadas.
El equipo de la Fundación Camilo José Cela y los profesores de la Universidad encargados de su formación destacan que ha sido un aprendizaje bidireccional. Los métodos de enseñanza que ellas utilizan para desempeñar su labor diariamente han llamado la atención de los docentes en España.
Martha, otra de las profesoras trasladadas en España, explica que para atraer la atención de los alumnos en unas clases tan numerosas dividen a los alumnos en grupos de discusión y debate: “También aplicamos técnicas de dramatización en clases como religión y las clases de biología las impartimos en el laboratorio y son eminentemente prácticas”, sostiene Karok.
Los datos avalan estas metodologías: las 21 aulas de Primaria y las cinco de Secundaria obtienen un 96% de éxito académico.
Proyecto pionero
El reto que se propone el programa es aumentar la tasa de Educación Secundaria que ahora está solo en el 2%. La Fundación Universidad Camilo José Cela en colaboración con la Fundación Mujeres por África han puesto en marcha este programa de formación académica. Es la primera vez que personas con estatus de refugiado han viajado a Europa para recibir formación y que ha sido posible también gracias a la labor de Acnur.
Ahora las tres profesoras vuelven a Kakuma donde deben convertirse en fuente de inspiración para los profesores de allí y trasladarles los conocimientos y todo lo que han aprendido aquí.
Gracias al éxito de este primer proyecto, el programa tendrá continuidad y tanto desde la UCJC, como desde Mujeres por África ya están trabajando para ver cómo desarrollar futuras ediciones.
Volverán otras maestras y también se baraja la posibilidad de ofrecer formación in situ: “Porque solo el milagro de la Educación puede cambiar el futuro de los niños”.
Situación educativa actual en Kenia
1.Campo de Kakuma. El campo de refugiados de Kakuma, al norte de Kenia, es uno de los más grandes del mundo y alberga a 162.000 personas, 14.000 son niños huérfanos.
2. Tasa de escolarización. En el campo solo están escolarizados el 63% de los niños frente al 91% que representa la tasa media mundial de escolarización. La tasa de matriculación en Secundaria se sitúa en un 2%.
3.Sistema educativo. Hay 26 escuelas en total, (21 de Primaria y cinco de Secundaria) con una ratio de 100 alumnos por clase. Alcanzan tasas del 96% de éxito académico. La Educación Primaria es gratuita. La Educación Secundaria cuesta 30$ al año.
4.Nivel de los educadores. Un profesor del campo de refugiados cobra 70-75$ mensuales frente a los 500-800$ de media que cobran los profesores en Kenia. Un 10% del total de profesores del campo son mujeres. El 80% no están formadas.
5.Labor humanitaria. Acnur ha conseguido escolarizar a 300.000 niños refugiados en todo el mundo. Según la Unesco, de aquí a 2050 será necesario formar a más de 70 millones de maestros en el mundo.
A falta de dos semanas para el cambio de mando, empezaron las discrepancias entre el gobierno electo y los sindicatos de la educación.
El gobierno electo aún no asumió su mandato y ya empezó a tener cortocircuitos con los sindicatos de la educación. Esta vez el desencadenante del conflicto no es presupuestal, la causal de dos tercios de los paros y ocupaciones del último quinquenio, sino el anteproyecto de ley de urgente consideración.
Uno de cada siete artículos del anteproyecto en cuestión está vinculado a la enseñanza, y eso causó malestar en los sindicatos del sector. Tanto es así que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo votó “por mayoría” un paro para el segundo jueves de marzo, y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) inició una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos.
Fue en esa gira de consultas que las autoridades de la FUM -el sindicato de maestros que nuclea a más del 84% de los docentes de Primaria de todo el país- se reunieron ayer con el ministro de Educación designado por el nuevo gobierno, Pablo da Silveira. Tras el encuentro, la integrante del secretariado ejecutivo de la Federación, Gabriela Arbeleche, dijo que se llevaba “malas noticias” porque no se alcanzó ningún acuerdo.
“La gobernanza (de la educación) es uno de los temas que también se discutieron, (porque) entendemos que el cambiar a direcciones ‘unipersonales’ no mejora la gestión. Los aprendizajes de los niños no pasan porque haya tres personas o una persona en el gobierno del Consejo de Educación Inicial y Primaria”, explicó la dirigente sindical.
No conformes con las respuestas del gobierno electo y continuando con su ronda, la FUM se reunirá hoy con el presidente y los equipos de educación del Frente Amplio, el miércoles lo harán con el colorado Julio María Sanguinetti y el último sábado de febrero se hará “una evaluación nacional”. ¿Qué se espera para entonces? Las distintas filiales elevarán sus propuestas y la idea de un paro “es una herramienta que se puede analizar”, dijo Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt e integrante de la FUM.
Quien sí ya decretó un paro fue el sindicato de profesores de liceos de Montevideo. La moción votada el sábado dice que “el gobierno entrante intenta aprobar rápidamente (esta ley) para evitar un debate real, de forma antidemocrática, y cuyo contenido es muy grave para la clase trabajadora y el pueblo”.
Sindicato docente de Montevideo. Foto: Francisco Flores
El paro quedó fijado para el 12 de marzo, fecha en que se ocupará un liceo para realizar la asamblea general de ADES Montevideo. Pero los días previos “puede que haya” paros parciales en otros institutos de la capital mientras los núcleos sindicales realizan sus asambleas.
El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que este paro es “muy ideológico”. El integrante de Todos criticó: “Tienen todo el derecho a hacerlo, pero no sé si contribuye mucho a la mejora en la educación. Cuando ocurren estas situaciones, son los más débiles los que lo sienten más, porque muchas veces la madre o el padre tiene que perder el jornal cuando no tiene con quién dejar a sus gurises en la casa”.
Da Silveira complementó en el mismo sentido: “Yo les pediría que piensen en los más débiles. Un paro en la enseñanza no solo significa que los chicos se quedan sin clases, tiene efectos tremendos sobre las vidas de las familias, especialmente los más débiles: las madres solas que se tienen que ir a trabajar, las familias trabajadoras. La gente con recursos no se ve afectada por el paro de la enseñanza, los que sufren son los vulnerables. Yo les pediría a los sindicatos de la educación, que piensen en ellos”.
Pero en ADES no se quedaron en silencio: “Hay que tener sensibilidad social y pensar en los más débiles cuando se hace un proyecto de ley que quiere avanzar en la privatización de la educación… por eso peleamos y nos movilizamos”, dijo Javier Iglesias, dirigente del sindicato. Y agregó: “Nosotros, además de profesores, somos padres, tenemos hijos. Y cuando hacemos paros tenemos descuento salarial, por lo cual también se afectan nuestras familias”.
La enseñanza significó un tercio de los paros
Los primeros años de cada gobierno, esos en que se vota el presupuesto quinquenal, suelen ser de paros y ocupaciones. La última administración no fue la excepción. Tabaré Vázquez enfrentó, en 2015, un incremento de la conflictividad laboral que superó el 140%. Un tercio de esos conflictos habían sido en la educación. De hecho la enseñanza fue el sector con más paros en tres de los años del lustro, a excepción de 2016 y 2017 en que fue superado por la construcción, según el Instituto de Relaciones Laborales de UCU.
Florit y Garibaldi: el regreso a la militancia de dos históricos
Héctor Florit (foto) y Luis Garibaldi son dos de los maestros que más tiempo han integrado el gobierno de la educación durante las administraciones del Frente Amplio. Pero con la jubilación profesional y el cambio de gobierno en la mira, ambos volverían a su viejo refugio: la militancia sindical.
Los hoy consejeros de Primaria y Formación en Educación habían sido desafiliados del sindicato en 2013, cuando la Asociación de Maestros de Montevideo decidió expulsar a todos sus socios que integraban el gobierno. Aquel episodio, que fue rechazado por el Frente Amplio, distanció a los dos dirigentes históricos de la Federación Uruguaya de Magisterio. Pero ambos están dispuestos a una reconciliación, incluso por fuera de la afiliación.
Florit ha sido uno de los colaboradores de la revista del sindicato y Garibaldi dijo estar siempre dispuesto “a militar”.
Otros dos desafiliados por Ademu habían sido la hoy directora de Primaria, Irupé Buzzetti, y el exsubsecretario de Educación, Óscar Gómez. Ambos no explicitaron si volverán.
Tras saberse que 10 escuelas han sido alcanzadas por proyectiles de artillería en la zona rural de Alepo e Idlib, Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha manifestado:
“Las escuelas tienen que ser lugares donde los niños y las niñas aprendan y jueguen en condiciones de seguridad, incluso en las zonas de conflicto. Atacar escuelas y jardines de infancia es un crimen de guerra.”
Las escuelas tienen que ser lugares donde los niños y las niñas aprendan y jueguen en condiciones de seguridad, incluso en las zonas de conflicto.
“Transcurridos ya nueve años de crisis, el gobierno sirio sigue mostrando un absoluto desprecio por las leyes de la guerra y las vidas de civiles. Esta actitud forma parte de un consolidado patrón de ataques sistemáticos contra la población civil, que constituyen crímenes de lesa humanidad.”
Transcurridos ya nueve años de crisis, el gobierno sirio sigue mostrando un absoluto desprecio por las leyes de la guerra y las vidas de civiles.
“Pedimos a las fuerzas sirias y rusas que pongan fin a los ataques contra civiles y hagan rendir cuentas a los responsables de estos terribles crímenes.”
Un investigador namibio de la Universidad de Stellenbosch ha colaborado con dos departamentos gubernamentales, dos universidades, una estación de radio y 98 empresas corporativas en un esfuerzo por ahorrar agua en las escuelas de la provincia de Western Cape. Nació la campaña #SmartWaterMeterChallenge, centrada en el uso de datos de uso del agua en tiempo real para ayudar a las escuelas a ahorrar agua y dinero.
Para sus maestros, una joven investigadora namibiana de la Universidad de Stellenbosch en SA colaboró con dos departamentos gubernamentales, dos universidades, una estación de radio y 98 empresas corporativas en un esfuerzo por ahorrar agua en las escuelas de la provincia.
Nació la campaña SmartWaterMeterChallenge, centrada en el uso de datos de uso del agua en tiempo real para ayudar a las escuelas a ahorrar agua y dinero.
Su tesis, Exigiendo cambios para un entorno restringido: el uso del agua en las escuelas, hasta la fecha, se ha implementado en más de 358 escuelas en la Provincia del Cabo Occidental para ahorrar agua y hasta la fecha con 93 empresas comprometidas.
Cheroline Ripunda (29) se graduó el año pasado con una Maestría en Ingeniería Electrónica y su enfoque fue (usar Información, Comunicación y Tecnología para la gestión de la demanda de agua en las escuelas).
Ripunda dice que, como uno de los países más secos del África subsahariana, los problemas de agua de Namibia se ven agravados por la extrema fragilidad hídrica de los recursos hídricos del país. «Como país, necesitamos reducir nuestro consumo de agua más temprano que tarde», dijo a Youth Corner.
Su supervisor, el profesor asociado Thinus Booysen, le aconsejó que asumiera el proyecto y la apoyó todo el tiempo.
«Después de darnos cuenta de cómo funcionaban los rociadores en la Escuela Primaria Stellenbosch, donde se llevaron a cabo los pilotos de estudio, necesitábamos averiguar la cantidad de agua que la escuela estaba usando para que se pusiera un dispositivo Dropula para controlar esto y ahí fue donde entró el choque, el la escuela estaba usando mucha más agua de la que necesitaban «, reveló Ripunda a Youth Corner.
La campaña comenzó con un estudio piloto en la Escuela Primaria Stellenbosch que resultó en un ahorro masivo de agua. Después de enterarse de los sorprendentes resultados en los medios, Shoprite se acercó a su equipo de investigación para una propuesta para extender el proyecto a más escuelas. «El supermercado realizó su estudio piloto en una escuela primaria y secundaria y los resultados fueron fructíferos y decidieron patrocinar R300 000 a 100 escuelas para que implementaran la misma idea de ahorrar agua y así es como comenzó todo», explicó.
Ella espera implementar una versión de este estudio en el país, incluso a menor escala. «Si diferentes partes interesadas se unieran de manera similar, nosotros también podríamos trabajar para cambiar el comportamiento del uso del agua. Para que esto suceda, el conocimiento es clave», dijo.
Ripunda dijo que su tesis fue exitosa porque las empresas se unieron y crearon una plataforma para ayudar a ahorrar agua y cree firmemente que lo mismo puede suceder en Namibia. «Las empresas corporativas sudafricanas se unieron para ayudar a las escuelas, pero en el proceso, también estaban ayudando a la economía, estaban ayudando a la generación futura e impulsando el sistema educativo de alguna manera», dijo Ripunda.
El investigador mencionó que el primer paso es educar a las personas sobre cuán agotada está la fuente, darles consejos prácticos y fáciles sobre cómo ahorrar agua y cuán importante es lo poco que hacen. «La mayoría de las personas no saben cuánta agua desperdician diariamente y no creen que sus esfuerzos puedan tener un gran impacto para mitigar la crisis del agua». recordó Ripunda. Además, cree que el cambio de comportamiento es el uso reducido de agua a largo plazo.
Ripunda cree que en los países en desarrollo como Namibia y Sudáfrica, las escuelas deben estar capacitadas con técnicas de ahorro de agua para que no tengan que esperar al gobierno para abordar los problemas de desperdicio de agua. «Como parte del proyecto, realizamos un mantenimiento básico por valor de R5 000 en 196 escuelas, esto fue una inversión única de R1.22 millones. Solo en el primer mes, hubo un ahorro mensual de R1.9 millones: un ahorro que las escuelas pueden utilizar académicamente «, afirmó Ripunda.
En la nueva ley de Educación «no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos»
El Gobierno ha informado que tramitará una nueva ley de Educación: la LOMLOE y derogará la LOMCE de 2013. Este anteproyecto de ley se llevó al Congreso en febrero de 2019, el mismo día que se disolvían las Cortes, por lo que no podía tener ningún recorrido. Ahora se vuelve a presentar el mismo texto y va a ser aprovechado por el Gobierno actual para agilizar los plazos para su aprobación. Pero la LOMLOE es solo del PSOE. Por eso es necesario que en el trámite parlamentario se modifique en todo aquello que refleje el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos (UP) en materia de educación y que se recojan las enmiendas que plantea la comunidad educativa.
Ya comenté en diciembre los acuerdos PSOE y UP para la formación del Gobierno de coalición progresista. El resumen de los mismos se refleja en el título del artículo: Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten. Una nueva ley y otra política educativa permitirían fortalecer la educación pública siguiendo el modelo de casi todos los países europeos. Pero advertía que no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, en su comparecencia del 20 de febrero al presentar la nueva ley centró el interés informativo en un tema colateral: el llamado “MIR educativo”. Aunque la formación del profesorado siempre se puede y se debe mejorar, los problemas más urgentes siguen siendo la precariedad, las elevadas ratios, las largas jornadas lectivas, la falta de medios o una organización escolar sin inclusividad. No debe haber señuelos que distraigan de los problemas de fondo de la educación en España: doble red segregadora, insuficiente financiación y adoctrinamiento religioso. Porque lo verdaderamente importante es el resultado final, que dependerá de si a través de las enmiendas se producen cambios sustanciales en estos temas citados.
Redes por una Nueva Política Educativa organizó un debate el 7 de febrero en el que participó una amplia representación de la comunidad educativa y representantes parlamentarios de los partidos PSOE, Unidas Podemos y ERC. Éstos entendían que la reforma supondrá un avance importante al derogar la LOMCE y reformular sus aspectos más lesivos. Destacaron los elementos de progreso de este proyecto, entre otros, la nueva concepción de educación permanente, de la educación infantil, la inclusión educativa, admisión escolar, enseñanza de la Religión, competencias estatales y autonómicas.
Pero en el debate posterior, los asistentes defendieron el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación y mostraron sus preocupaciones y dudas con el texto del Proyecto de Reforma por su falta de convicción y claridad en defensa de una escuela pública, laica, democrática e inclusiva. También manifestaron su inquietud con algunas de las medidas recogidas en relación con “la coeducación, gestión democrática y participada del sistema escolar y centros educativos con insuficientes canales estables y permanentes para la participación de las comunidades educativas, parcelación de currículo en asignaturas, limitada relevancia de la planificación escolar, falta de decisión sobre el papel de subsidiaridad de los conciertos escolares, débil referencia al papel del sistema educativo en temas de emergencia climática, financiación de la reforma, si la ley lleva aparejada una memoria económica que posibilite las medidas anunciadas y la reversión de los recortes en educación, etc.”
En el debate los representantes políticos expresaron la importancia de contar con el apoyo de los colectivos presentes durante el periodo de tramitación del proyecto de reforma. Se mostraron abiertos a la recepción de propuestas de enmiendas al texto, que serían trabajadas por los Grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria de la ley. En esta línea, el Foro de Sevilla, que apoya el proyecto de una ley educativa porque es necesario derogar la LOMCE y todas las medidas que promueven la desigualdad y la selección del alumnado, hemos remitido a los partidos políticos 101 enmiendas de calado que esperamos sean recogidas.
Desde Mareas por la Educación Pública se han planteado movilizaciones en las distintas Comunidades Autónomas para el día 28 de marzo, con el horizonte de una movilización conjunta, en Madrid para mayo. Probablemente serán críticas, porque es difícil movilizarse en apoyo a una ley que no entusiasme si le falta ambición. Es seguro que otras movilizaciones las protagonicen la derecha, la Iglesia católica y la patronal privada. Y ello, aunque no vean realmente sus intereses perjudicados, porque hace mucho tiempo que han convertido la educación en un campo para la batalla política y se han empeñado en un peligroso proceso de privatización.
La utilidad de la nueva ley para el sistema educativo y el futuro de la sociedad española radica en si va a detener y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. De lo contrario, no servirá para nada la nueva Ley de Educación. Si no impide, por ejemplo, maniobras privatizadoras como el decreto de escolarización del Gobierno de Andalucía que elimina las garantías de existencia de plazas públicas suficientes, obliga a las familias a pedir centros públicos y concertados, y que ha hecho que se convoque una huelga en el sector para el 4 de marzo por todos los sindicatos. O si no evita la negativa a construir centros públicos, que se concierten enseñanzas no obligatorias (bachilleratos) y se trasfieran cada vez más recursos públicos a la privada, como hace Díaz Ayuso en Madrid.
Si no consigue evitar la segregación socioeconómica y no blinda la Educación Pública, la ley que sustituya a la LOMCE será una ley inane incapaz de reformar con visión de futuro la educación para el siglo XXI. Es una buena ocasión para apostar por una ley valiente que garantice el derecho a una educación pública de todos y para todos. No la desaprovechemos.
Escrito por: Maria Alejandra Navarrete y Laura Alonso
El continuo aumento de los asesinatos de líderes sociales en Colombia ha puesto en evidencia los desafíos que al menos cínco departamentos del país enfrentan a la hora de abordar la creciente violencia y asegurar la gobernanza efectiva.
A continuación InSight Crime analiza el panorama criminal en Putumayo, Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander para entender el crecimiento de la violencia en estas zonas y analizar la dificultad que existe a la hora de identificar el número de líderes que han sido blanco de ataques.
Incertidumbre frente a las cifras
A lo largo de los años diferentes organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y el Ministerio Público han monitoreado y denunciado el problema. Sin embargo, debido a la dificultad para recolectar información en los lugares donde ocurren estos asesinatos, las cifras presentadas hasta el momento difieren bastante.
De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) entre el 01 de enero de 2016 y el 08 de septiembre de 2019, 872 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. 132 casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017 y 282 en el año 2018. El 2019 cerró con 250 casos registrados.
Según Diana Sánchez, directora del Programa Somos Defensores, existe incluso un subregistro de este fenómeno en el país. “Detectamos una tendencia a desestimar los asesinatos. Hace unos años se explicaban por problemas pasionales o de linderos. Luego fueron los cultivos de coca y el narcotráfico. Ahora dicen que no eran líderes sociales ni defensores de derechos humanos” comentó Sánchez para el portal DW.
Como consecuencia de la disparidad en las cifras, la discusión en el país se ha centrado alrededor de la legitimidad de los números y no en la masacre que vive Colombia actualmente. La polémica ha girado en torno a cuál de todos es el listado correcto, o a quién califica como líder social o defensor de derechos humanos, más no realmente en el disparado aumento de la violencia luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016.
Un gran número de los líderes sociales son atacados por la labor que realizan para promover la implementación de los acuerdos de paz. Particularmente, por su trabajo para crear nuevos espacios de participación comunitaria y para frenar la incidencia de las economías ilegales en sus tierras.
Algunos han estado involucrados en actividades relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la creación de proyectos productivos y la repartición de tierras, todas actividades encaminadas a dejar de producir droga y encontrar una alternativa para su subsistencia.
También son atacados por defender los recursos naturales de sus territorios, particularmente por detener el uso del fracking, la minería y tala ilegal de árboles, y defender el uso de sus fuentes hídricas.
Muchos excombatientes de las FARC también se han convertido en blanco de amenazas, asesinatos y otras formas de violencia por parte de distintos grupos armados y fuerzas estatales.
Entre las razones detrás de estos ataques se encuentran el negarse a volver a la ilegalidad, promover la sustitución de cultivos de uso ilcíto y la desconfianza de los actores armados que operan en el territorio.
Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Bandas Criminales de la Fiscalía General, aseguró a El País, que su unidad investiga los casos de por lo menos 132 excombatientes de las FARC que fueron asesinados. Mancera afirmó que nueve de estos fueron víctimas de desaparición forzada, 107 fueron víctimas de homicidio y 16 están tipificados como tentativa de homicidio.
A esto se suma que por lo menos 41 familiares de desmovilizados de las FARC también fueron asesinados en el mismo periodo.
Si bien esta violencia ha alcanzados diferentes rincones de Colombia, las dinámicas criminales en las siguientes cinco regiones son las que más se han agudizado en el último año:
Allí no han cesado los homicidios ni los desplazamientos a manos de, principalmente, dos grupos: El Bloque Virgilio Peralta Arenas o Caparrapos, y los Urabeños. También se registra presencia de disidencias del frente 18 y 36 de las FARC así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Actualmente, la disputa la libran los Urabeños y los Caparrapos — franquicia que se separó de los Urabeños a finales de 2017 — para asegurar el control de rentas ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, en zonas como Tarazá, consideradas uno de los enclaves criminales de estos grupos.
La militarización de la zona del Bajo Cauca no ha impedido que se sigan llevando a cabo numerosos asesinatos y masacres, no únicamente contra líderes sociales. En los primeros 20 días de enero de 2020 tuvieron lugar alrededor de 30 homicidios, según reportó El Tiempo.
Aunque muchos de estos casos no obedecen exclusivamente a liderazgos sociales, en una reciente masacre en la vereda Guáimaro de Tarazá dos de las víctimas eran líderes comunales. Pedro Alexander San Pedro y Carlos Andrés Chavarria hacían parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) del municipio y pertenecían al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS).
El vehículo quemado en el que se encontró el cuerpo de la candidata a la alcaldía Karina García que se encontró en Suárez, Colombia, el 2 de septiembre de 2019
La crisis que vive la subregión se agudiza debido a que es una zona rica en cultivos de coca, cristalizaderos de droga, rutas de narcotráfico y minería ilegal. Así como un corredor estratégico con salida al sur de los departamentos de Bolívar y Santander, además a la región del Urabá antioqueño y el Pacifico colombiano.
Norte de Santander: El fortín de la coca
Con 33.598 hectáreas de cultivos de coca según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Norte de Santander es el segundo departamentos con más cultivos ilícitos después de Nariño. Esto lo hace un lugar codiciado por varios grupos ilegales debido a que es a la vez un corredores estratégico para la entrada y salida de mercancías ilícitas por la frontera con Venezuela.
Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016 han sido asesinados en esa zona 42 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según cifras de INDEPAZ. La razón detrás de estos asesinatos se concentra en el reacomodo que desde entonces han tenido todos estos grupos en el territorio con el propósito de hacerse con los réditos de la coca, el contrabando, la extorsión y el tráfico de armas.
El departamento del Cauca fue el más golpeado por el asesinato de líderes sociales durante el 2019 con 36 casos registrados solo hasta octubre de ese año por INDEPAZ. En las primeras tres semanas del 2020 se han documentado al menos cinco nuevas víctimas, la más reciente en el municipio de Guapi.
Si bien la situación es crítica en todo el departamento, el flujo de la violencia es distinto en cada zona. En el norte del Cauca el control lo tienen mayoritariamente las disidencias de las FARC, específicamente la Columna Dagoberto Ramos a cargo de alias “El Indio” y la Columna Jaime Martínez al mando de alias “Mayimbú”. Este es el presunto responsable de al menos dos masacres ocurridas en noviembre de 2019, incluyendo el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía del municipio de Suarez en Cauca.
Ambos grupos mantiene una alianza en el territorio, donde controlan el negocio de la minería ilegal y el narcotráfico, incluyendo rutas importantes como la que baja desde Jamundí en el Valle del Cauca hacia el norte del Cauca por la vía Panamericana y luego al corredor del río Naya hacía el Océano Pacífico.
A diferencia de los municipios cerca al Pacífico, la situación del norte se ha agudizado por la oposición de las comunidades indígenas y afrodecendientes al uso de sus territorios para cultivos de uso ilícito y minería ilegal .
La Guardia Indígena en municipios como Toribio, Corinto y Caloto ha realizado varias capturas de disidentes y les han incautado y destruido gran cantidad de armas y estupefacientes. En lugares como Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao las comunidades afro se oponen al uso de mercurio y maquinaria pesada para proteger los ríos que atraviesan su territorio.
Pero la violencia que vive actualmente el Cauca no es exclusiva de las disidencias. Hacia el centro y sur del departamento se registra presencia del Frente José María Becerra del ELN en municipios como El Tambo, Sucre y Mercaderes. En lugares como Argelia se ha responsabilizado a este grupo de ataques contra la población civil.
Familiares de Karina García, quien fue asesinada en el sur de Colombia, lloran mientras abrazan uno de sus estandartes políticos, en Suárez, Colombia, el 2 de septiembre de 2019
Como el mayor productor de droga en el país, que además cuenta con explotación ilegal minera y salida hacia el sur del continente por la frontera con Ecuador, Nariño es sin duda una de las regiones de Colombia más apetecidas por grupos criminales.
Su condición estratégica y la constante reorganización de los grupos armados que allí operan en un intento por quedarse con los réditos de la ilegalidad se ve reflejada en las constantes disputas por el control del territorio y la fragmentación de estas organizaciones que impacta profundamente a las comunidades.
Desde el 2016 hasta octubre de 2019, fueron asesinados en ese departamento 75 líderes sociales, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos.
En los municipios que se desprenden desde el océano Pacífico hacia el interior del departamento, la violencia ha estado a cargo de los enfrentamientos entre reductos de las disidencias de las FARC, particularmente entre las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y el Frente Oliver Sinisterra (FOS), además de la presencia de mafias narcotraficantes como el grupo de Los Contadores.
Si bien en zonas como el área rural de Tumaco existe información sobre un pacto de no agresión entre el FOS y las GUP, en el resto de la región se viven fuertes confrontaciones. El FOS continua enfrentado por un lado con Los Contadores y recientemente se han presentado varios desplazamientos por su pelea con un grupo que se desprendió del FOS y se hace llamar el Bloque Oriental Alfonso Cano.
Hacia la zona de la cordillera, en el nororiente del departamento hacen presencia el ELN con el Frente Manuel Vásquez, el Frente Estiven Gonzales de las disidencias y los Urabeños a través del grupo Héroes de la Cordillera.
Putumayo: Una violencia silenciosa
Putumayo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), es el tercer territorio con más coca sembrada en Colombia, con un total de 26.408 hectáreas. Es un territorio estratégico por sus salidas fronterizas con Ecuador y Perú y los ríos Caquetá y Putumayo que conectan con el oriente del país y por donde pasan armas, narcotráfico y ocurren extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
En este departamento el narcotráfico sigue siendo el motor de la guerra. La criminalidad sigue creciendo a manos de las disidencias del Frente primero de las FARC que delinquen en el municipio de Puerto Asís. En esta zona, así como en Puerto Guzmán, se libra una guerra entre el Frente Carolina Ramírez de las disidencias y la alianza criminal autodenominada la mafia Sinaloa.
Este último grupo tendría una alianza criminal con la estructura de La Constru que mantiene el control del microtráfico en los municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga, San Miguel y Valle del Guamuez .
Pero lo que más ha llamado la atención de autoridades y comunidades es el desenfreno con el que la muerte se ha ensañado con el municipio de Puerto Guzmán, particularmente en lo que va corrido del 2020.
A pocos días de que comenzara el año, este municipio del departamento de Putumayo al sur occidente de Colombia, amaneció con visos de tragedia. En la noche del 6 de enero, sicarios en moto asesinaron a Gloria Ocampo, una reconocida líder de 37 años que apoyaba programas de sustitución de cultivos ilícito en la zona, según reportó El Espectador.
Dos días después, otros dos líderes, Gentil Hernández y Óscar Quintero, fueron asesinados de la misma forma en las veredas de El Mango y Caño Zabala, reportó El Tiempo.
Una semana más tarde fue el turno de Yordan Tovar, directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Fronterizos del Putumayo, quien fue asesinado en el municipio de Puerto Asís, según informó El Espectador.
La muerte de líderes como Ocampo, Hernández, Quintero, y Tovar se enmarcan todos dentro de una caravana de la muerte de asesinos que atraviesan las trochas del municipio en las noches, se bajan de sus motos, tocan a la puerta de sus víctimas y luego de llamarlos por nombre propio los asesinan sin contemplación.
Un modus operandi que se repite a lo largo de Colombia.
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