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Ecuador: Alerta por violencia hacia niños en cuarentena

América del Sur/Ecuador/24-05-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Se han reportado casos de asesinatos, suicidios y hasta abusos sexuales.

Redacción QUITO

Al menos 10 menores han sido asesinados por personas de su grupo familiar, otros 10 se han suicidado y 21 niños, niñas y adolescentes, han sido abusados sexualmente, durante la cuarentena, a nivel nacional.

Estas cifras fueron recopiladas por el Consejo de Protección de Derechos (CPD) de Quito con base a las noticias difundidas por medios de comunicación y de Juntas de Protección de Derechos de todos los cantones del país.

Faltan cifras específicas

Los datos de las instituciones gubernamentales son generales, lo que no permite tener una visión clara del problema.

Silvana Haro, coordinadora técnica del CPD, señala que existen subregistros ya que muchas personas no pueden llamar o denunciar. “Lo poco que se ha reportado ya nos genera alarmas de lo que en verdad está pasando”.

Aunque la Fiscalía emite un recorte semanal de denuncias de violencia intrafamiliar, no muestra un desglose de los datos. El último reporte de Fiscalía indica que hubo 1.166 denuncias registradas en su web. El 66% (768) fueron validadas y están siendo procesadas como delito.

En casos de violencia intrafamiliar se puede llamar al ECU-911, al  1800-Delito o al 171 opción 6, que se habilitó exclusivamente por la emergencia.Entre el 16 de marzo y el 14 de mayo de 2020, el ECU – 911 atendió 14.768 llamadas por violencia intrafamiliar, pero esta institución tampoco especifica cuántas corresponden a menores de edad.

El no llevar un registro claro de estos casos haría que muchos abusos se mantengan en la impunidad, según asegura la sicóloga Danna Andrade, quien precisa que la psiquis de los abusadores es más vulnerable a situaciones de crisis, por lo que aumentan las probabilidades de asesinar a sus parejas u otros miembros del hogar cuando enfrentan situaciones como pérdida de empleo, deudas o adicciones.

El 47% de los niños y adolescentes han recibido algún tipo de maltrato por parte de sus padres, según una encuesta de 2019  en Ecuador, de Unicef.El comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, explicó que si bien los niños son un grupo etario con poca probabilidad de contraer el coronavirus, el aislamiento sí representa un peligro.

Carrillo agrega que los delitos disminuyeron considerablemente desde mediados de marzo, pero en la última semana volvieron a incrementar.

 Promover las denuncias

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, dice que es preocupante la negligencia y abusos a los que están expuestos los menores, por lo que considera que se deben realizar campañas con las que los niños y adolescentes conozcan sus derechos y sepan cómo denunciar.

Andrade señala que una manera de llegar a los jóvenes sería creando campañas en plataformas que ellos usen. “Porque además por esos canales se puede prevenir los abusos en redes sociales, a los que también se exponen”.

 Secuelas

“Las agresiones en la niñez, impactan seriamente en el adulto”, comentó Andrade. Cuando esto pasa, los pequeños presentan problemas para socializar y se vuelven más introvertidos.

Otra secuela que deja el maltrato infantil es la enuresis (pérdida del control de la vejiga) o encopresis (incontinencia fecal). La ansiedad también se va desarrollando cuando hay abusos y a largo plazo pueden convertirse en personas agresivas, es decir, que repiten el patrón. (AVV)

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102318563/alerta-por-violencia-hacia-ninos-en-cuarentena-

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El indeseado ‘baby boom’ provocado por la pandemia

Por: Alejandra Agudo

Un informe del Fondo de Población de la ONU advierte de que algunas medidas para combatir la covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarán sin acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres

Elisabeth X., de 25 años, carga con su hija de un año y cinco meses mientras espera su turno para que una enfermera que ha acudido a su comunidad le administre anticonceptivos. Elige las pastillas. Joana Mauricio, una enfermera del hospital de Moambo, le da tres tabletas mensuales, las necesarias hasta que la clínica móvil que han instalado a la sombra de un gran árbol, vuelva a Mahulane. En esta dispersa vecindad de Mozambique, hogar de un millar de personas, el centro de salud más cercano está a más de 20 kilómetros. Por eso, y dada la dificultad para una población rural empobrecida de trasladarse al consultorio, cada tres meses un grupo de profesionales salen a su encuentro para suministrar vacunas, medicamentos contra la malaria, el VIH u otras dolencias, y prestar servicios de salud sexual y reproductiva como la dispensa de contraceptivos. «Es muy importante que vengamos porque para ellas es muy difícil ir a los hospitales. Es bueno que usen estos métodos; les explicamos la importancia de que los utilicen para reducir los casos de embarazos no deseados y partos en casa», detalla la especialista.

La próxima visita debería producirse a principios de junio, pero es posible que Elisabeth X. y las demás mujeres de la zona que no desean quedarse embarazadas, no reciban los métodos para impedirlo. El ministerio de Salud no descarta cesar este tipo de actividades en el Mozambique rural debido al coronavirus (del que se han reportado 76 infectados y ningún fallecido a día de hoy). «Depende de la evolución del número de casos», explican fuentes del gabinete. Puede suceder que, aún celebrándose, la población no acuda por miedo a contagiarse o que, aunque asistan a la cita trimestral, no haya suministro de anticonceptivos. Estas son las causas por las que, según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) publicadas este martes, 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos de planificación familiar y habrá siete millones de embarazos no deseados en los próximos seis meses en 114 países de renta baja y media.

La investigación del UNFPA, realizada con contribuciones de Avenir Health, la Johns Hopkins University (EE UU)  y la Universidad Victoria (Australia), desvela que, por cada trimestre que se prolongue la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos. Lo que supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en dos décadas, pasando de los 470 millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018.

Joana Mauricio, enfermera del hospital de Moambo, forma parte del personal que cada tres meses se desplaza a comunidades remotas para informar sobre salud sexual y reproductiva, y proporcionar anticonceptivos a las mujeres que los soliciten. A principios de marzo estuvo en Mahulane.
Joana Mauricio, enfermera del hospital de Moambo, forma parte del personal que cada tres meses se desplaza a comunidades remotas para informar sobre salud sexual y reproductiva, y proporcionar anticonceptivos a las mujeres que los soliciten. A principios de marzo estuvo en Mahulane. A. AGUDO

«La pandemia está teniendo un impacto catastrófico en las mujeres y las niñas a nivel mundial. Y tenemos que abordarlo. Ahora», sentencia Ramiz Alakbarov, director ejecutivo adjunto del UNFPA, en una conversación telemática. «Los servicios de atención de la salud materna y el acceso a anticonceptivos no son opcionales. Son esenciales y deben mantenerse. Las mujeres continúan quedándose embarazadas y también dan a luz durante la crisis», enfatiza. «El asesoramiento e información sobre planificación familiar, así como la anticoncepción de emergencia, se consideran salvadores de vidas; deben proporcionarse, estar disponibles y ser accesibles», subraya.

En este sentido, el organismo de la ONU tiene evidencia de que esta clase de problemas ya están sucediendo, sostiene Alakbarov. «En primer lugar, las cadenas de suministro se ven afectadas por dinámicas que incluyen el cierre de fronteras, problemas de transporte, dificultades de fabricación, y otros obstáculos para la distribución». Y matiza: «Obviamente, la situación varía de un país a otro debido al nivel de su infraestructura de desarrollo y la situación epidemiológica actual». También han advertido los autores del informe que hay mujeres que evitan ir al centro de salud por temor a exponerse a la infección. «Y existe un problema de disponibilidad de equipos de protección personal para aquellas clínicas, como las de planificación familiar, que pueden no considerarse esenciales y, por tanto, no haber sido debidamente equipadas», continúa.

Un estudio del Guttmacher Institute publicado hace 10 días en la revista International Perspectives on Sexual and Reproductive Health refuerza la advertencia de la ONU. Calcula que «una disminución proporcional del 10% en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios». Ellas se sumarían a los 232 millones que no estaban, ya antes de la pandemia, usando métodos de planificación familiar a pesar de querer evitar un embarazo.

Se producirían, además, 15 millones adicionales de embarazos no deseados, alertan los investigadores de la organización estadounidense. Lo que a su vez «llevaría a más abortos inseguros y otros resultados negativos» como una mayor mortalidad materna. Concretamente, según sus proyecciones, una disminución del 10% en la provisión de atención médica relacionada con el embarazo y el recién nacido «tendría consecuencias desastrosas»: 1,7 millones de madres y 2,6 millones de bebés experimentarían complicaciones graves y se producirían 28.000 muertes maternas y 168.000 fallecimientos de neonatos adicionales a los que ya se producen.

«Las mujeres embarazadas con síntomas de covid-19 deben tener un acceso prioritario para la prueba, y las unidades de salud prenatal, neonatal y materna deben estar segregadas de los casos identificados de coronavirus», recomienda el director adjunto del UNFPA. «Las emergencias de salud pública anteriores han demostrado que el impacto de una epidemia en la salud sexual y reproductiva a menudo no se reconoce, porque los efectos no son en muchos casos el resultado directo de la infección, sino que se producen como consecuencia indirecta de las interrupciones en la atención y el redireccionamiento de recursos», analiza Elizabeth Sully, investigadora científica principal del Guttmacher Institute.

Para que eso no pase, «hay pasos claros y concretos que los formuladores de políticas pueden y deben tomar para mitigar el daño y promover la salud. No es demasiado tarde, pero el momento de actuar es ahora. El tiempo es fugaz», apunta Sully. Primero, promover la atención de la salud sexual y reproductiva, incluidos el aborto seguro, la anticoncepción y la atención materna y neonatal, pues son esenciales. Otros son garantizar las cadenas de suministro, buscas formas innovadoras de proveer atención, como la telemedicina, y no abandonar a las poblaciones más remotas y marginadas como Mahulane.

Los otros efectos de la covid-19

«No había igualdad de género antes de que comenzara esta epidemia, así que la desigualdad que genera se superpone a la que ya existía», analiza Alakbarov. Ningún país estaba en posición de afirmar que garantizaba a las mujeres el 100% de sus derechos y los fondos para promoverlos nunca llegaban a ser los mínimamente necesarios, aclara el director ejecutivo adjunto del UNFPA. La pandemia es lluvia sobre mojado. Y la salud sexual y reproductiva no es el único derecho que menoscaba adicionalmente la covid-19 y las medidas que se toman para frenarla.

La decisión de confinar a la población obliga a millones de mujeres a convivir con sus agresores. «Se espera que la pandemia de covid-19 aumente los niveles de violencia». Ya hay indicios de que ya está sucediendo, dice el informe del UNFPA, pues se han incrementado las llamadas a líneas directas de prevención de la violencia, y lo corroboran informaciones sobre violencia de género y asesinatos machistas en los medios de comunicación. «La sociedad civil y los Gobiernos no deberían abandonar a las víctimas. Deben tener acceso a ayuda psicológica y obviamente, a todas las otras formas de apoyo», pide el director adjunto del organismo.

Las estadísticas muestran que los abusos aumentan en un 20% durante los períodos de encierro. De tal modo que habría 15 millones adicionales de casos de violencia de género en 2020 para una duración promedio de tres meses, que serían 31 millones para un confinamiento de seis meses, 45 millones para un bloqueo de nueve y 61 millones si el período fuera de un año. Son datos del UNFPA. Y no es el único drama que enfrentan millones de mujeres. Debido a la interrupción de los programas para prevenir la mutilación genital femenina, mientras la humanidad se centra en combatir la pandemia, dos millones de niñas serán víctimas de esta práctica en la próxima década. «Y podría haberse evitado», escriben los redactores del documento. Como también se pueden prevenir los 13 millones de matrimonio infantiles entre 2020-2030 que la ONU calcula se producirán solo por la reducción de esfuerzos en este capítulo.

Por eso, porque es una cuestión de vida o muerte, porque el sufrimiento se puede evitar, Alakbarov pide: «Prioricemos a las mujeres y las niñas en el momento de la pandemia, no olvidemos sus necesidades».

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/04/27/planeta_futuro/1587984733_860007.html

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México: Sufren niñas indígenas abusos y enfermedades de trasmisión sexual

Redacción: El Heraldo

La sífilis congénita, sífilis adquirida, vulvovaginitis, tricomoniasis, sida y herpes genital son las de mayor incidencia.

Enfermedades de trasmisión sexual, embarazo adolescente, educación deficiente y falta de servicios médicos efectivos es parte de las problemáticas que viven las niñas y mujeres de la zona serrana en Chihuahua, donde la manera de educar desde la niñez es libre, autónoma y responsable, lo que en cierto modo también las hace vulnerables.

La organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) se ha dado a la tarea de emprender el proyecto para visibilizar la violencia de género entre las indígenas ralámuli y ódami, donde además los hombres participan en el taller de masculinidades y aportan soluciones para mejorar la vida de las niñas y mujeres, situación que repercute en el bienestar de la comunidad.

La derecho humanista y experta en educación popular Diana Villalobos Díaz, directora de Contec, destacó que tras la convocatoria del DIF Estatal para el programa Puertas Abiertas, la organización decidió trabajar en dos comunidades de Urique, una de Bocoyna, una de Carichí y una de Guadalupe y Calvo, sitios donde la marginación, la resistencia por el territorio y la violencia han marcado su paso por este mundo. El planteamiento inicial fue embarazo en adolescentes, debido a la alta incidencia que existe en el estado.

Un grupo multidisciplinario se encargó de la consulta a los pueblos indígenas, tendieron los puentes necesarios para el diálogo con niñas, niños, mujeres y hombres, además del análisis estadístico e investigación sobre la problemática que enfrentan.

Una vez entablado el diálogo se realizaron talleres con los miembros de la comunidad. Con las niñas y niños se trabajó la prevención de la violencia en las escuelas. Con los hombres, en talleres de masculinidad, a propuesta de las mujeres y con las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia.

“La respuesta fue muy buena, se logró que la comunidad hablara de sus problemas y propusiera como solucionarlos”, comentó Diana.

El equipo multidisciplinario de Contec, conformado por abogadas, antropólogos y antropólogas, feministas y terapeutas, descubrió que en la comunidad indígena no existe un término para determinar el lapso de la adolescencia, las niñas y los niños aprenden lo necesario para su vida adulta, asumen responsabilidades desde pequeños, lo que para la cultura ralámuli y ódami es normal.

La investigación arroja que la cultura mestiza en su relación cotidiana con la indígena ha tenido impacto negativo, por ejemplo en el tema de las adicciones y en la construcción del machismo. “Antes era otra construcción cultural la que tenían las comunidades”, afirma que el grado de impacto depende del municipio, qué tan cercana está la comunidad mestiza y sus historias de resistencia.

Diana afirma que la investigación arrojó que existe abuso sexual contra menores de edad, sin embargo la denuncia no es común, por lo que no existe una medición real del impacto. “Las niñas y mujeres son muy vulnerables, ellas anda a pie, andan cuidando chivas, andan solas y solas van a la escuela y a la tienda, son muy libres”.

Explicó que la manera en la que educan los ralámuli a las niñas y niños es libre, autónoma, e independiente, desde chiquitos andan solos, por lo que los agresores pueden ser indígenas y mestizos, que andan drogados o borrachos.

Su manera de educar es ideal, es como se debería hacer, así lo establece la Convención de los Derechos de los Niños, pero es necesario allegarlos de información para que vayan tomando las decisiones correctas a fin de disminuir su riesgo de vulnerabilidad”.

Los indígenas no conocen que existe una política pública para atender el embarazo adolescente. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaria de Salud, en los municipios antes mencionados es muy alto el índice de embarazos, detectando casos de niñas entre 8 y 10 años de edad, lo que se considera como violación. Para Diana existe un subregistro. La incidencia más alta se presenta a los 17 años, seguido del grupo de 14 años.

Una problemática que enciende un foco rojo es la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Diana afirma que la falta de educación con pertinencia cultural, educación sexual y la efectividad de las acciones de salud son parte del problema.

La sífilis congénita, sífilis adquirida, vulvovaginitis, tricomoniasis, sida y herpes genital son las de mayor incidencia en el grupo de 25 a 44 años, seguido del de 20 a 24. El municipio con más incidencia es Bocoyna, seguido de Urique, y luego Carichí. Se piensa que en Bocoyna se debe a que se trata de una zona turística o porque se trata de un problema que no ha sido atendido.

En estos municipios las más afectadas son las mujeres, de acuerdo con las estadísticas, aunque se piensa que es debido a que los hombres no acuden al médico.

Reitera que la falta de información y educación sexual es evidente, con las encuestas se percataron de que la mayoría conoce los métodos anticonceptivos y los usan, pero no saben sobre las enfermedades de transmisión sexual, no existe la prevención y por si fuera poco en las escuelas primarias no revisan los capítulos que tienen que ver con la anatomía y la sexualidad. “No les está llegando la información a la gente, ni los servicios de salud adecuados”.

Diana además explica que las adolescentes indígenas no cuentan con un plan de vida, ya que no existen escuelas de nivel secundaria y lo peor es que cuando se gradúan de primaria, lo hacen sin saber leer ni escribir.

En cuanto a la justicia, los integrantes de la comunidad señalan que conocen de casos que golpean a las mujeres y no pasa nada. Una de las soluciones aportada por los varones es retomar los juicios a los agresores y fortalecer los órganos de gobierno al interior.

La propuesta de los indígenas se complementa con La Mayora, persona que se encarga de darles consejos a los niños, regularmente es una persona de edad avanzada y forma parte del sistema de gobierno. Así como Los Capitanes, una figura parecida a los policías.

En esta nueva convocaría de Puertas Abiertas se busca formar promotores comunitarios que platiquen en su lengua a fin de que tengan suficiente información y la compartan en reuniones comunitarias. “La educación debe ser permanente”.

Diana considera que el Gobierno pudiera emprender una campaña de información en lenguas originarias, así como ampliar el acceso a la justicia, ya que no hay ministerios públicos suficientes, ni tampoco una política pública que ayude a los indígenas en cuestiones de adición.

“La gente está interesada en seguir platicando y si se logra la formación de promotores y si la comunidad lo desea se iniciará un registro de las problemáticas que les afectan”.

Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/sufren-ninas-indigenas-abusos-y-enfermedades-de-trasmision-sexual-noticias-de-chihuahua-4985045.html

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Penultimátum

Por: La jornada

Rebelión de las monjas contra el patriarcado en la Iglesia

Son la mayoría de la Iglesia católica, pero está silenciada. Aunque constituyen las dos terceras partes de esa creencia, no tienen ningún poder de decisión. Están entregadas a regir colegios, servir en órdenes religiosas, en organizaciones de caridad y como ‘‘domésticas’’ de curasy obispos. O son misioneras que buscan convertir al cristianismo a los ‘‘paganos’’ que aún quedan.

Son ellas las que llenan los templos y visten con su presencia las ceremonias religiosas. Y contra ese patriarcado, en busca de ser tomadas en cuenta en las decisiones básicas del catolicismo, se rebelan en todo el mundo.

Lo hacen cada día aprovechando en especial que el papa Francisco suele pronunciarse por los principios de igualdad entre todos los seres humanos y que denuncia la discriminación. Hasta la de que son víctimas los homosexuales.

Ellas no piden suprimir algunos dogmas, sino una Iglesia que no las discrimine y les permita, especialmente, acceso al sacerdocio. Cuentan para ello con el apoyo de creyentes y, en algunos casos, de integrantes de la jerarquía católica y de teólogos que por eso son censurados desde el Vaticano.

En Alemania, ellas dejan de ir a misa y deploran los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y el encubrimiento de que han gozado esos depredadores sexuales. En Estados Unidos, donde hay alrededor de 87 mil monjas, cada año celebran una reunión a la que asiste un millar y en la que han planteado ‘‘una Iglesia más sana, comprometida, encarnada y samaritana, que viva, luche y sufra con el pueblo’’. Añaden que si en la vida civil las mujeres ya obtuvieron derechos fundamentales por tanto tiempo negados, es hora de que también sean realidad en el catolicismo.

En Francia, ellas denuncian que el machismo en la Iglesia causa los abusos contra mujeres y niños, pues ‘‘todo el poder está en manos de hombres solteros, los únicos facultados para decidir, gobernar, enseñar’’.

Francisco no ha podido desmontar la maquinaria burocrática y patriarcal que manda en el Vaticano. El #MeToo de las creyentes algún día lo hará.

Fuente:  https://www.jornada.com.mx/2020/03/20/opinion/a04o1cul

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/closeup-hands-nuns-which-presses-against-509116372?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fmonjas%2F

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Kenia: Universidad asegura que las mujeres estudiantes son violadas por ser “imprudentes”

África/Kenia/12 Marzo 2020/https://rpp.pe/

«En las tres violaciones reportadas el año pasado, se puede dibujar un caso claro de imprudencia por parte de nuestras alumnas», señaló la Universidad de Nairobi.

Uno de los principales centros de educación superior en Kenia, la Universidad de Nairobi, culpó a las estudiantes por ser violadas, al considerar que su comportamiento “imprudente” motivó los abusos sexuales. Asimismo, el centro de estudios señaló que el número de violaciones y robos en la capital de Nairobi a estudiantes se ha incrementado en los últimos años.

“En los tres casos de violaciones reportados el año pasado, se observa una clara imprudencia por parte de nuestras estudiantes mujeres”, señalaba el comunicado que fue enviado a todos los alumnos.

El documento también abordó un caso en particular, y aseguró que la víctima “se entretenía en varios lugares de la ciudad y decidió caminar sola y en estado de ebriedad”, cuando fue asaltada y violada en grupo por tres hombres.

El documento también aconsejó a los estudiantes a recordar los números de teléfono más importantes de su entorno, en caso de que extravíen su teléfono celular y les recomendó permanecer con amigos conocidos durante sus salidas nocturnas.

Fuente: https://rpp.pe/mundo/actualidad/kenia-universidad-asegura-que-las-mujeres-estudiantes-son-violadas-por-ser-imprudentes-noticia-1248245?ref=rpp

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“El Estado debe garantizar las ILES y la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral para que no haya más Lucias”

Desde Andhes celebraron el fallo que obliga al Estado a realizar una reparación integral a la niña a la que se le obstaculizó el acceso a una interrupción legal de embarazo, pero demandan medidas urgente y políticas públicas para erradicar los abusos sexuales en las infancias y garatizar el acceso sin obstáculos a las ILES.

Mientras “Lucía” termina el primario, luego de haber sorteado con sus 11 años los obstáculos que el propio Sistema de Salud le impuso al intentar acceder a una interrupción legal del embarazo, un fallo le abre un nuevo panorama a su futuro.

El Estado tucumano deberá ayudar a ella y su familia, asegurándole una vivienda digna y un trabajo para su mamá, el único sostén del hogar.

La Jueza de Familia, Valeria Brand, consideró que le corresponde al Estado responder ante la necesidad de esa familia que no puede regresar a la localidad de origen, 7 de Abril, dado que en febrero vence la prisión preventiva de Eliseo Victor Amaya, el acusado de la violación, quien vivía en la misma localidad.

Lucía fue abusada por Amaya, su abuelastro, en febrero de este año ingresó al Sistema de Salud con un embarazo en curso y su deseo manifiesto de no continuarlo.

El caso tomo relevancia nacional e internacional por las obstaculizaciones que sufrió la niña y su familia para acceder a una interrupción legal del embarazo en el Sistema de Salud Provincial, a pesar de que está contemplado por ley.

Ahora, el Poder Ejecutivo deberá proveerle a Lucía, sus tres hermanas y su mamá una vivienda, junto a ropa, calzado, útiles, textos escolares, enseres domésticos, y todo lo necesario para poder desarrollar una vida normal y en condiciones dignas. Además, el fallo estipula que el Estado deberá resolver la inserción laboral de la madre de la niña en la administración pública, asegurar el tratamiento psicológico de la niña, y plazas para las tres hermanas en el establecimiento educativo público secundario de la zona de la vivienda.

Desde Andhes, organización de abogados y abogadas de derechos humanos que acompañaron a Lucía y su familia junto a CLADEM, expresaron la importancia del fallo, pero a la vez remarcaron la necesidad de políticas públicas que garanticen que no sucedan otros casos como el de “Lucía”.

En ese sentido, Florencia Vallino, abogada de la ONG, sostuvo que “nos parece importante resaltar la necesidad de respuestas integrales por parte del Estado frente a las vulneraciones de derechos a las niñas y los niños. En este caso nos parece que forma parte de esa reparación integral a la que tiene derecho Lucía. Las distintas variables que aborda la resolución, buscan avanzar en esa respuesta integral”.

“Esta decisión resuelve un caso concreto de una niña de la cual se han vulnerado muchos de sus derechos y amerita esta reparación integral, que celebramos, pero que no deja de estar circunscrita al caso específico de ella. Lo que nosotras exigimos y demandamos medidas que garanticen la no repetición de estos casos en la provincia y un Estado que garantice el acceso a las ILES en toda la provincia, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para las niñas, las adolescentes y las mujeres”, enfatizó Vallino, y agregó: “garantizar esa no repetición implica tomar todas las medidas conducentes, entre ellas llevar adelante a nivel local la aplicación del protocolo ILE nuevo, y garantizar el acceso a derechos en general de las niñas y las adolescentes”.

Al respecto, afirmó que se necesitan políticas públicas. “Sabemos que este es un caso testigo de situaciones que se repiten y que siguen sucediendo en nuestra provincia. Sabemos también que las niñas quedan sujetas a la buena voluntad de las profesionales de la salud que les toca, que muchas veces condicionan el ejercicio de sus funciones a sus creencias religiosas. Eso sigue sucediendo hoy, y frente a eso necesitamos políticas públicas claras y compromiso político”.

“Hoy hay una bajada de línea nacional que de manera contundente marca como se debe dar esa garantía en el acceso a derechos y necesitamos que la provincia acompañe eso, mandando un mensaje contundente a los profesionales de la salud diciéndoles por un lado que es su función garantizar el acceso a derechos, y por otro lado que no van a ser perseguidos por la justicia cuando cumplan esas funciones que tienen a su cargo”, expresó Vallino en referencia al caso de los médicos que intervinieron en el caso “Lucía”, realizando la interrupción, quienes luego fueron imputados por homicidio por la fiscal Adriana Gianonni, y otros casos más que tomaron relevancia mediática.

Por otro lado, desde Andhes sostienen la necesidad de trabajar con la comunidad de 7 de Abril, para que no se repitan los casos de abuso sexual infantil. “Hay un mundo adulto minado por prácticas machistas, misóginas y patriarcales que entienden el cuerpo de las niñas como territorio, como objeto. Esta decisión no lo cambia, acá hay que trabajar con esa comunidad y el Estado necesita generar las medidas necesarias. Tiene que ver con campañas de concientización, con garantizar el acceso a la salud, con la real y efectiva implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas”.

“Lucía es la niña que conocemos, pero en 7 de Abril, como en muchas otras localidades, hay más niñas. ¿Cómo va a trabajar el Estado con esta comunidad? ¿De qué manera planea desnaturalizar estas prácticas? Garantizar educación sexual integral es el primer paso para prevenir el abuso sexual en las niñas y los niños”, finalizó la abogada.

Fuente del articulo: https://lanotatucuman.com/el-estado-debe-garantizar-las-iles-y-la-efectiva-implementacion-de-la-educacion-sexual-integral-para-que-no-haya-mas-lucias/tucuman/30/16/2019/42515/

 

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Suiza: ONU considera a Carabineros responsables de mayoría de abusos en protestas

Europa/Suiza/15-12-2019/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

La ONU consideró hoy que los Carabineros de Chile son responsables de la mayoría de violaciones de derechos humanos ocurridas en las protestas que empezaron y continúan desde mediados de noviembre, aunque indicó que las investigaciones nacionales deben determinar las responsabilidades individuales.

La reacción ante protestas que eran pacíficas fue «represiva» y «Carabineros utilizó fuerza no letal con el objetivo de dispersar a la gente y evitar que llegaran a los puntos de encuentro», dijo la jefa de una misión de la ONU que visitó Chile, Imma Guerras-Delgado.

«Las violaciones que hemos documentado incluyen uso excesivo e innecesario de la fuerza, lo que llevó a muertes ilícitas y heridos, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, incluida violencia sexual», sostuvo en una rueda de prensa.

La gravedad de la situación se acentúa en vista de que ciertas violaciones ocurrieron de forma «recurrente en tiempo y en espacio», en particular el mal uso de armas no mortales -en particular material antidisturbios y gases lacrimógenos- y maltratos durante la detención.

Guerras-Delgado dijo que el número de personas heridas en las manifestaciones varía notablemente, según las fuentes, y oscilaría entre 3.500 y 11.000, de las cuales aproximadamente 350 fueron heridas en la cara o en los ojos con perdigones que contenían plomo, un hecho que la misión denunció con firmeza.

Varios de esos heridos resultados con traumas severos y dos perdieron totalmente la vista.

«Hay razones fundadas para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, lo que contraviene los principios internacionales destinados a minimizar el riesgo de heridas», señala el informe preparado por la misión que pasó tres semanas en Chile realizando sus indagaciones.

En total, el equipo realizó 235 entrevistas a víctimas y sus familiares, así como a 60 carabineros, incluidos algunos que también habían resultado heridos en las protestas, en una investigación que les llevó a siete regiones del país.

Los enviados por la Oficina de la alta comisionada y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, documentaron 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes, «perpetrados por miembros de Carabineros y militares».

La jefa de la misión explicó que observaron que en los grandes centros urbanos, como Santiago y Valparaiso, los abusos estaban más relacionados con heridas a causa de perdigones, pero que en el interior del país los casos de maltratos de detenidos fueron más graves. EFE

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/2019/internacional/chile/8760399-onu-considera-a-carabineros-responsables-de-mayoria-de-abusos-en-protestas/

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