Un total de 1.510 alumnos de Educación Primaria recibirán este curso 2017/18 clases de apoyo y refuerzo de idiomas en horario extraescolar en la provincia de Cádiz. Se trata del programa de acompañamiento escolar en lengua extranjera que tiene como finalidad mejorar la competencia lingüística del alumnado de los primeros cursos de esta etapa educativa. Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por la Consejería de Educación en colaboración con el Ministerio de Educación.
Un total de 1.510 alumnos de Educación Primaria recibirán este curso 2017/18 clases de apoyo y refuerzo de idiomas en horario extraescolar en la provincia de Cádiz. Se trata del programa de acompañamiento escolar en lengua extranjera que tiene como finalidad mejorar la competencia lingüística del alumnado de los primeros cursos de esta etapa educativa. Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por la Consejería de Educación en colaboración con el Ministerio de Educación.
«El programa, que se ha implantado en 106 centros públicos, tiene como objetivo reforzar el aprendizaje de la primera lengua extranjera incidiendo, sobre todo, en la comprensión auditiva y la práctica oral desde edades tempranas», ha explicado la delegada de Educación de la Junta en Cádiz, Remedios Palma, quien ha destacado la amplia presencia de este plan en la provincia. Así, esta iniciativa está dirigida a los alumnos de entre 6 y 8 años de edad que no reciben enseñanza bilingüe.
Los estudiantes, que son seleccionados por el profesor especialista y tutor, acudirán al centro docente durante cuatro horas semanales en horario extraescolar donde realizarán actividades participativas y dinámicas que requieren la colaboración activa del alumnado, como canciones en lengua extranjera, talleres de teatro o audiovisuales, entre otros.
El alumnado es atendido por profesores externos al centro para resolver dudas y complementar el trabajo que se realiza en las aulas ayudando a los escolares a desarrollar su competencia comunicativa en otro idioma. Además para facilitar el seguimiento del trabajo, se forman grupos pequeños de entre cinco y diez alumnos.
El 26 de septiembre se quedará en la memoria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, como el día de la mas grande movilización universitaria de la ultima década en defensa de la educación publica, y por garantías a los principios de autonomía, democracia y financiación con presupuesto del estado, por su carácter de universidad publica del orden nacional.
Treinta años atrás ocurrieron las revueltas por libertades en economía (1997), de la que quedó para la memoria la disputa entre base y deslinde. Hace veinticinco las movilizaciones fueron contra la represión del estado a la sombra del criminal estatuto de seguridad de Turbay, fiel a los mandatos de Santafé II, orientado a eliminar cualquier vestigio de foco comunista con tiras, infiltrados y esquiroles buscando y creando enemigos en residencias universitarias, aulas, cafeterías y calles, quienes ante la falta de “positivos” desaparecieron a un estudiante (Hernando Benítez) que llevó a la toma de la catedral de Tunja (el catedralazo). Y la otra gran movilización fueron las Malvinas, que sumo a familias, trabajadores y profesores con el lema “La universidad es del pueblo y el pueblo la defiende”, y emprendió la marcha hacia Bogotá, bendecida con una apoteósica despedida campal ofrecida por Monseñor Augusto Trujillo Arango. Se reclamaba del estado 411 millones para impedir el cierre de la universidad. Hace 20, 15 y 10 años se repitieron decenas de pequeñas revueltas y movilizaciones, por libertades, financiación y educación con contexto y calidad, que se concentraron en la confrontación al modelo neoliberal que impuso la autofinanciación, es decir la privatización económica, pero también ideológica y social, que paulatinamente legaliza a la universidad como agencia de negocios y empresa de servicios, a sus profesores como simples operarios productores de mercancías-conocimiento y a los estudiantes como clientes.
El 26 de septiembre, en una secuencia no lineal de su historia, los estudiantes contados por miles salieron a las calles de la colonial ciudad de Tunja a ratificar que la protesta es un derecho humano, pactado en 1789 y reconocido implícitamente en las normas de autodeterminación, lo que llama a observar que quien protesta está en su derecho e impedirla puede convertir a un funcionario o a cualquier agente del estado en violador de derechos, mas ahora que es tiempo para construir paz en colectivo, aprender a reconocer y respetar al otro y derrumbar los muros que restringen la democracia, no es tiempo de estigmatización ni de creer que quien se opone al poder es un enemigo a perseguir, intimidar o eliminar, como enseñaron el estatuto de seguridad y la seguridad democrática.
El 26 de septiembre se convirtió en un carnaval que le mostró a la ciudad, al país y al mundo que los estudiantes todavía no son clientes de una empresa dirigida por empresarios exitosos. El lunes 25 el recinto asambleario tuvo lleno total y con paciencia y argumentos repasaron la agenda por la defensa de derechos y garantías, que también recoge al profesorado que pone en evidencia el estado de avance en el desmonte de la carrera docente donde solo queda un profesor en planta por cada tres a contrato de reducidas garantías y, descubre una propuesta de reforma al estatuto docente que niega la figura del intelectual asociado al librepensamiento e impone la formula del funcionario docente que labora por horas y objetivos medibles todos, conforme al lenguaje y practicas mas neoliberales,
incluidas conductas homogéneas, controles y reglas insalvables de la economía del mercado.
La agenda común en curso, se sintetiza en la defensa del carácter publico de la universidad, traducido a democracia, autonomía y financiación, que salvaguardan el espíritu y naturaleza de origen de la universidad en su hacer político para tomar decisiones con participación de todos sus integrantes, y usar el control de aparato institucional para afirmar la autodeterminación sin injerencias externas sean estas políticas, jurídicas o económicas. Se parte de suponer que toda universidad publica (y por supuesto privada), actúa en el marco de la constitución y las leyes, pero con independencia de los poderes públicos, inclusive el judicial, y que sus planes no tienen que ser apéndices del programa político y electoral del poder político, ni vivir bajo la zozobra y el chantaje que le impone la competencia por indicadores para acceder a recursos. Para la UPTC la totalidad del presupuesto depende de los ingresos de la nación y de ello depende en mayor medida su condición de patrimonio cultural y científico de la nación, lo que le señala al pueblo su papel protagónico para defenderla como derecho y deber ciudadano, sea con foros o con la protesta como derecho humano, con el fin de derrotar una concepción que esta privatizando la vida misma, a la que trata de enajenar y corromper. La lucha global es contra la ideología del capital, e interna contra los mecanismos de privatización y captura de la democracia por redes y sistemas contrarios a su orden, pero también es un llamado a fijar responsabilidades sobre quienes con sus erradas actuaciones han provocado el desastre de la desfinanciacion y tomado el control de la institución ampliando el déficit democrático.
La movilización del 26 deja esperanzas que permiten renovar la idea de que es posible, viable y necesaria la lucha por la gratuidad, teniendo en cuenta que los recursos por matriculas de pregrado representan menos del 12% del presupuesto y los recaudos por venta de servicios, convenios y posgrados representan mas del 50%. No es totalmente cierto que la gratuidad provoque mas desfinanciacion, el debate esta abierto y su tratamiento depende de la concepción que se escoja para mirar la complejidad de esta situación que va mas allá de las sumas y restas sin contexto, asépticas y lejanas a un pueblo empobrecido, que olvidaron los consultores externos. La gratuidad existe, incluso en países con capitalismo desbordado, la tienen universidades publicas del continente en Ecuador, Argentina y Uruguay y en no menos de 10 países de la Unión Europea entre otros y es buen momento para que la universidad convierta la energía de sus luchas en una agenda común, que convoque por esta vez, a las directivas a ponerse del mismo lado en la defensa del bien publico llamado UPTC y que el momento de crisis e inicio de la implementación de acuerdos de paz, sirva para llamar al gobierno a privilegiar la inversión de recursos en educación universitaria, antes que alimentar los mismos sistemas de corrupción nacionales y locales o dilapidar impuestos en ejércitos para la muerte.
El 26 de septiembre de 2017 se quedará, en todo caso, en la memoria colectiva de las luchas universitarias y en la retina de la sociedad con la imagen de miles de estudiantes en las calles demostrando que la protesta colectiva es un derecho y una herramienta política fundamental para seguir defendiendo la universidad publica, que es del pueblo y que el pueblo defiende.
Un grupo de docentes y de autoridades educativas procedente de la región eslovaca de Turiec ha participado en un encuentro de trabajo con el delegado de Educación de la Junta en Granada, Germán González, para conocer en profundidad el modelo andaluz de Formación Profesional y estudiar prácticas de éxito en relación con estos estudios profesionales en el marco de los programas europeos Erasmus +.
A lo largo de la semana, los responsables educativos eslovacos, entre los que se cuentan autoridades, directores y docentes de centros de FP, podrán conocer de primera mano el modelo educativo andaluz, visitando diferentes centros educativos granadinos que destacan por sus estudios profesionales tales como el Instituto de Educación Secundaria ‘Politécnico Hermenegildo Lanz’ o el Centro Público Integrado de Formación Profesional ‘Hurtado de Mendoza’, según informa en una nota el Gobierno andaluz.
El delegado de Educación ha agradecido el interés de los visitantes por trasladar a su país nuestro modelo de Formación Profesional, al que se ha referido como «una de las principales apuestas del sistema educativo andaluz», que «se refuerza cada año con «nuevos ciclos formativos y plazas de nueva creación, en el marco de una FP pública en relación directa con el entorno productivo».
Según ha destacado González, en este curso la matriculación de alumnado en Formación Profesional se ha incrementado en más de 1000 estudiantes respecto al curso pasado, alcanzando la cifra de 11.600 alumnos y alumnas, que han podido optar a 240 enseñanzas diferentes, «un amplio abanico de posibilidades formativas que abarca 20 familias profesionales, proporcionando una oferta diversificada que da respuesta a las necesidades del mercado laboral de la provincia».
«La Junta de Andalucía ha concentrado esfuerzos en la Formación Profesional, no sólo ampliando la oferta, sino también enriqueciéndola con nuevos planes bilingües o con proyectos de carácter dual», ha explicado González, que se ha referido además a los programas desarrollados para la generación de proyectos de innovación y para la internacionalización de la formación mediante programas de movilidad Erasmus +, donde la provincia de Granada destaca con nueve proyectos europeos de FP de Grado Medio y 11 de Grado Superior.
A lo largo de su visita, los responsables educativos eslovacos podrán comprobar de primera mano el funcionamiento de centros educativos públicos en los que se cursan estudios homólogos a los del país centroeuropeo, tales como el IES Hermenegildo Lanz, un centro con más de 1.200 estudiantes que tienen acceso a 17 ciclos formativos de seis familias profesionales distintas, o el CPIFP Hurtado de Mendoza, especializado en estudios profesionales de Hostelería y Turismo.
El presidente Evo Morales pidió a las universidades públicas mejorar sus políticas de formación de profesionales, para evitar que los estudiantes continúen optando por casas de estudios superiores privadas.
«Esperamos que nuestros rectores, nuestros dirigentes de CEUB puedan planificar como mejorar como nuestras universidades públicas estén mejor que la privada eso debe ser la meta para mejorar la educación, para profesionalizar», dijo.
Morales, en un acto en el que entregó un internado en Vila Vila, Cochabamba, aclaró que los derechos de las universidades privadas están garantizados; sin embargo, lamentó que este tipo de instituciones continúen creciendo en el país por mala formación de profesionales en el sector estatal.
«¿Saben hermanas y hermanos? Si la universidad pública con autonomía estaría mejor que las universidades privadas con seguridad seguro se cerrarían, bajarían; lamentablemente la mayor parte de nuestras universidades públicas están mal», sostuvo.
El Presidente dijo que en el exterior las universidades públicas son las más cotizadas por otorgar una buena formación profesional a sus estudiantes, situación que -a su juicio- debe pasar con Bolivia.
La evaluación institucional del ministerio de Educación Superior a la Universidad de Oriente (UO) empezó hoy, en esta ciudad, a fin de obtener la categoría de Excelencia que en Cuba ostentan otros tres centros de ese tipo.
Con un proceso de integración en 2015, la UO asumió nuevas estructuras ante un necesario programa de perfeccionamiento académico en el cual profesores y estudiantes muestran la eficacia de la formación profesional en la institución.
Diana Sedal, rectora del Centro de Educación Superior, presentó las tareas del proceso que se extenderá hasta el seis de octubre con los resultados definitivos en enero de 2018, al tiempo que docentes y directivos reconocieron estar preparados, a partir de una rigurosa autoevaluación que reflejó sus fortalezas y debilidades.
De obtener un buen resultado será otro regalo a Cuba de la ya septuagenaria Casa de altos estudios con el esfuerzo de estudiantes, profesores y trabajadores, quienes acogen con toda seriedad el actual proceso, afirmó Sedal.
Se destacan los notables avances en la informatización que favorecen el quehacer académico, además de 16 carreras consideradas de excelencia y 33 posibles a alcanzar esa categoría, más importantes inversiones que aportan al mejoramiento de la labor docente y la vida en los tres campus universitarios y ocho centros municipales.
Entre las principales fortalezas mencionó las relacionadas con el postgrado, la preparación y superación del claustro que consideró consolidado y altamente calificado, así como el impacto económico social de la universidad y la efectividad de los convenios de colaboración nacional e internacional.
Maribel Ferrer, vicerrectora docente de la UO, dijo que espera la mejor evaluación, atendiendo al elevado compromiso, protagonismo y sentido de pertenencia de los alumnos con la institución y alta satisfacción con el proceso formativo, la calidad del claustro y su influencia en el desarrollo de valores y competencias profesionales.
En este primer intercambio destacaron los premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba y la incorporación activa de los estudiantes a la actividad científica estudiantil, tareas de impacto y los proyectos de investigación para resolver problemas priorizados del territorio y el país.
Próxima a cumplir siete décadas de fundada, la UO evocará jornadas de tradición histórica y patriótica donde se forjaron héroes y mártires de la Revolución y está latente la huella de Vilma Espín, quien fuera estudiante de Ingeniería Química y tuvo allí los primeros gestos de rebeldía.
Camila Vallejo fue una de las caras más reconocidas de la lucha estudiantil chilena para conseguir la gratuidad de la educación. Ahora está cerrando su primera legislatura como diputada por el Partido Comunista.
Fue uno de los principales rostros del movimiento estudiantil chileno que en 2011 logró poner en jaque al Gobierno conservador de Sebastián Piñera, exigiéndole una “educación pública, gratuita y de calidad”. Su liderazgo dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la agrupación universitaria más antigua y simbólica de Chile, le entregó la popularidad que cultivó también desde la calle.
Ante los oídos sordos del entonces mandatario chileno, y pese a la desconfianza inicial en el sistema institucional, decidió tratar de impulsar los cambios desde dentro del Congreso. Con sólo 25 años, Camila Vallejo se convirtió en diputada por el Partido Comunista. Junto con otros tres líderes estudiantiles del momento, saltó al mundo de la política formal con la reforma educativa como una de sus principales prioridades.
Hoy, con 29, preside la Comisión de Educación del Congreso y está punto de cerrar su primera legislatura con el objetivo prácticamente cumplido. Quizás no con la profundidad que desearía, pero al fin y al cabo, con cambios destacables para revertir un sistema educativo que registra tasas más altas en la educación superior pública que en la privada, y cuyas universidades estatales son las segundas más caras de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo por detrás de Estados Unidos.
El fin al lucro, la gratuidad universal progresiva -tanto en educación escolar como en superior- o el traspaso de las competencias educativas de los municipios al Estado para terminar con la desigualdad entre centro educativos, son algunas de las propuestas que esta geógrafa de profesión ha peleado a fondo desde su escaño en los últimos cuatro años.
Camila Vallejo durante su época de líder estudiantil. / Flickr
¿Qué la llevó, a nivel personal, a levantar la lucha por una reforma educativa hasta convertirse en dirigente estudiantil?
Durante mi ingreso a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile empecé a tomar consciencia de la necesidad de hacer un cambio en el sistema educativo. Empecé a trabajar con compañeros, a levantar centros de estudiantes -porque no había en mi carrera-, a participar en instancias de la facultad y a involucrarme en los debates de la Federación de Estudiantes.
Me impliqué principalmente viendo mi realidad del endeudamiento y el de mis compañeros, que no podían pagar las carreras en la universidad pública, ni tampoco la comida o los materiales. Ahí empecé a cuestionar por qué la universidad pública no tiene financiamiento estatal como corresponde y tiene que autofinanciarse cobrando aranceles y provocando mucha desigualdad dentro de sus facultades.
¿Qué déficits enfrentan las universidades públicas en Chile?
Las universidades del Estado y particularmente la Universidad de Chile, que sigue siendo un referente muy importante en nuestro país y en el mundo, tiene que cobrar aranceles de 4.000 dólares al año para poder mantenerse. Eso hacía que no todos pudieran entrar y los que lo hacían tenían que endeudarse. No parece sostenible cuando la mayoría de las universidades del mundo son públicas, gratuitas o tienen financiamiento por parte del Estado. La Universidad de Chile se financia con menos de un 20% de aporte estatal. Es muy difícil ingresar a la educación superior con estos costos. Es perverso y no me parecía factible.
¿Así decidió pasarse de los movimientos sociales a las instituciones?
Fue un paso difícil pero necesario porque en un momento había millones de personas en las calles marchando, con apoyos de toda la familia. Era un movimiento muy transversal y diverso que tenía más del 80% de apoyo a sus demandas. Teníamos la mayoría, teníamos la razón, y el respaldo de investigaciones y estudios internacionales que hablaban de la educación de mercado en Chile. Pero nos faltaba algo: el Gobierno [de Sebastián Piñera] no quería recoger las demandas y defendía la educación privada, el lucro y el mercado. Por otra parte, había un Parlamento que no respondía a hacer cambios reales, y no había quórums suficientes para impulsarlos.
Ahí decidimos que no bastaba con marchar sino que había que llevar estas demandas a las instituciones para poder decidir y no que los otros hicieran los cambios por nosotros.
¿Qué supuso para usted dar ese salto?
No fue fácil. Hubo mucha crítica porque éramos dirigentes estudiantiles y nos metíamos en una institucionalidad muy desprestigiada. Pero lo hicimos y se lograron avances importantes respecto a las demandas que teníamos.
¿Que establece la reforma de la gratuidad que se encuentra hoy en su segundo trámite en el Senado?
Desde este año, el 50% de los estudiantes con más bajos ingresos ya estudian en la universidad de forma gratuita. El próximo año esto se amplía al 60% y se incorporará un mecanismo para llegar al 100% a futuro, sin pagar ni derechos de matrícula ni aranceles. El requisito para que el Estado financie a las universidades es que no tengan fines de lucro y que dispongan de un certificado de calidad.
Además de la gratuidad, las universidades públicas tendrán otros avances.
Sí. Superaremos algo que nos dejó la dictadura y que el gobierno de la transición no pudo solucionar: la desarticulación y falta de recursos. La reforma vuelve a articular las universidades estatales en una red y les otorga financiamiento adicional directo y permanente para docencia, investigación, extensión o infraestructura. Este aporte es aún insuficiente y tendría que aumentar para que puedan crecer las matrículas.
También establece una estatuto propio de la universidad, que la mayoría de ellas no tienen y siguen con los estatutos de la dictadura militar.
¿Cómo avanzarán estas propuestas si se cumplen los pronósticos electorales que prevén la llegada de la derecha al Gobierno tras las elecciones de noviembre?
Creo que vamos a poder avanzar. Desde el primer día, todas las reformas han sido amenazadas por la derecha con llevarlas al Tribunal Constitucional, y han entorpeciendo los trámites legislativos. Para nosotros esto no es nuevo y estamos preparados para estos escenarios. Tendremos que trabajar con premura para llegar con todas las reformas educacionales aprobadas al fin del mandato de Bachelet.
¿Cómo evalúa estos cambios en la educación?
Son cambios históricos y democráticos, que se han dado con mucha dificultad y resistencia porque hay intereses políticos, ideológicos y económicos de quienes quieren mantener el legado de la dictadura militar a toda costa. No es sólo una cuestión cultural.
Si sale reelegida como diputada, ¿qué temas podría plantear para una nueva legislatura?
En educación, habrá que monitorizar la reforma porque muchas cosas se irán implementando en los próximos años.
Además, serán temas el apoyo a la formación técnica estatal, la extensión de la jornada en los colegios o sus estructuras de financiamiento, ya que una parte importante sale de una subvención por asistencia y en los colegios más vulnerables los niñas y niños asisten menos por distintas razones, lo que promueve la desigualdad.
El Congreso cuenta con unanimidad. Todos los partidos instan al Gobierno a poner en marcha un plan nacional contra este trastorno que puede cambiar la vida a más del 10% de la población.
La dislexia afecta aproximadamente a 700.000 escolares en toda España. Se trata de una tipología de las llamadas Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) y lo que supone es un obstáculo añadido a tareas como el lenguaje, ortografía, escritura, pronunciación y expresión oral. Es decir, las capacidades de comunicación se ven alteradas. No existe una fórmula mágica para vencerla, pero sí muchas posibilidades para combatirla y, finalmente, tras años de intentonas por parte de miles de familias, el Congreso ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a implementar un plan nacional que sirva de ayuda a todos los niños afectados y que sea similar al que existe en otros países europeos como Francia o Alemania. Ahora toca que el Ejecutivo cumpla después de que el socialista Ángel Gabilondo empezara a plantearlo y el popular José Ignacio Wert metiera el asunto en el cajón.
La falta de regulación de este amplio colectivo afecta, en la práctica, a varias cuestiones importantes. La primera de ellas es el fracaso escolartan demostrado en distintos estudios, como los sonados informes de la OCDE que a tantas instituciones hacen llevarse las manos a la cabeza. La Proposición No de Ley (PNL) que llevó el grupo parlamentario de Ciudadanos a la comisión de educación del Congreso esta semana, encaminada a que por fin se ponga en marcha un plan nacional en todas las CCAA para tratar esta situación y que se aprobó por unanmidad, aseguraba que el fracaso escolar podría verse reducido hasta en un 40% si hubiera un diagnóstico real de todas las personas disléxicas.
María Sanz, portavoz de la asociación Madrid con la Dislexia, insiste en la importancia de que haya una identificación del colectivo. «En el censo de los informes de la OCDE, por ejemplo, están todos esos niños que tienen estas dificultades pero no están registrados. Niños con muchos profesores particulares y que siguen sin mejorar o que no leen bien y nadie entiende por qué». En realidad, es un problema estructuralque debe empezar a resolverse por que el profesorado cuente con una formación específica. El principal asunto a tratar es la lectura. María Sanz recuerda que hoy en día no existen analfabetos en Madrid, pero sí hay muchos ‘malos lectores’.
Estudiantes durante el examen de Selectividad. (EFE)
El presidente de la Federación Española de Dislexia, Jesús Gonzalo, pone el acento en la formación. «En las facultades de magisterio ni siquiera se trata este asunto. Los profesores están completamente desinformados y no acceden a las novedades que surgen en la educación», afirma a este diario. Desde hace años estas asociaciones se movilizan en busca de atención y de soluciones para los miles de niños que sufren este problema. Su esperanza llegó esta semana al aprobar el Congreso una PNL con el apoyo de todos los partidos, incluido el del Gobierno, que es en última instancia quien deberá dar luz verde al plan.
Y la mayor gravedad no solo recae en la falta de regulación, sino en las desigualdades dependiendo de la comunidad autónoma en la que cada cual esté. Por ejemplo, en Murcia o Cataluña existen ‘ayudas’ —medidas flexibilizadoras, en realidad— que permiten a los escolares con dislexia acceder después al sistema universitario de todo el país, como el madrileño, mientras que los estudiantes de Madrid se ven limitados por esa falta de ayudas.
Marta Martín: «Estas cosas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas y encima tienen un coste bajísimo. Hay que hacer que funcione ya»
Las llamadas medidas de accesibilidad o flexibilización que están recogidas en el PNL aprobado en el Congreso son tan sencillas como la disposición de un tiempo extra, que el formato de los exámenes se limite a una carilla, leer las preguntas en voz alta o señalar la información principal de los textos en negrita. «Estas cosas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas y encima tienen un coste bajísimo. Hay que hacer que funcione ya», afirma la diputada naranja, Marta Martín, impulsora de la iniciativa que también ha respaldado el partido del Gobierno.
El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)
Los estudiantes con dislexia no solo se ven perjudicados por la falta de estas iniciativas, sino que además se enfrentan a otra discriminación en el sistema de becas. Mientras hay colectivos, por ejemplo de altas capacidades o educación especial que acceden a él, no existe un programa específico para niños con dislexia pese a que su dificultad de aprendizaje aparece recogida como «alto riesgo de vulnerabilidad» en la propia LOMCE.
Especialmente relevante es el amplísimo número de personas que se ve afectada por la dislexia. En España, sin que exista un registro formal, ya se habla del 10% de la población. Ciudadanos, impulsor de la iniciativa, habla de 700.000 personas hoy en día. María Sanz afirma que en las organizaciones internacionales hablan del 17 al 20 por ciento en cada país, e insiste en que es poco probable que España sea la excepción con menos casos: lo que ocurre es que todavía no están identificados.
Las asociaciones se muestran «escépticas», aunque el consenso parlamentario les ha vuelto a dar alas
Por eso, la proposición al Ministerio de Educación que lidera Íñigo Méndez de Vigo insta a que se cree también una base de datos para obtener información a mayor escala y mejorar el protocolo de detección, además de exigir una coordinación necesaria entre los distintos profesionales que atienden a los alumnos, desde el punto de vista educativo, sanitario y social. Las asociaciones aún se muestran «escépticas», aunque el amplio consenso parlamentario les ha vuelto a dar alas. Precisamente el 5 de octubre se celebra el día internacional de la dislexia y, aunque llevan años detrás de una regulación similar y no son partidarios de creer en casualidades, reconocen que este es un momento más que oportuno para pasar a la acción.
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