Europa/España/01 Agosto 2019/El país
Las familias no han podido acreditar el certificado de empadronamiento en la ciudad autónoma ni otros requisitos exigidos por el Ministerio de Educación
Un total de 243 niños están sin escolarizar en Melilla. Las familias de estos menores (que representan el 1,2% de los 19.300 estudiantes que han solicitado plaza en alguno de los colegios públicos melillenses para el próximo curso) no han conseguido acreditar ante el Ministerio de Educación la residencia legal en esa localidad. “Son niños de la ciudad, pueden no tener documentación, pero por causas no imputables a ellos”, explica José Palazón, fundador de la asociación local en defensa de los derechos del niño Prodein. Algunos de ellos son apátridas: nacidos en Melilla pero sin nacionalidad española ni marroquí, de donde son originarios sus padres. Otros de esos menores —de tres a 16 años— tienen pasaporte marroquí.
El Defensor del Pueblo ha tomado cartas en el asunto —ya lo hizo el año pasado con los 160 menores sin escolarizar, de los que finalmente entraron 124—, y ha pedido al Gobierno que resuelva la “invisibilidad administrativa” de estas familias porque tanto la ley educativa como la Constitución reconocen el derecho a la educación de todos los niños en España, “independientemente de la situación de sus padres”.
Los hermanos Rayan y Wassim, de diez y siete años, llevan un curso sin asistir a clase y han vuelto a ser excluidos de las listas de admitidos para el próximo curso. Nacieron en Melilla y desde entonces han residido allí. Ambos tienen pasaporte marroquí, como su madre, que lleva 11 años viviendo en el depauperado barrio de La Cañada, una colina de casas apiñadas, cuestas y callejones imposibles cercano a la frontera norte con Marruecos. En el distrito, que no cuenta con planificación urbanística, muchas construcciones se han levantado de forma irregular y no cuentan con cédula de habitabilidad. Imposible empadronarse.
Hasta el pasado junio, cuando el PSOE llegó al Gobierno, el Ministerio de Educación —que ostenta la competencia educativa en Ceuta y Melilla— exigía a las familias el certificado de empadronamiento para poder matricular a sus hijos. En el resto de España, ese documento se solicita igualmente para asegurarse de que el alumno reside en la ciudad y para asignarle una plaza cercana a su domicilio. Pero hay una casuística especial: Melilla y Ceuta son las únicas ciudades en las que hay que contar con el permiso de residencia para solicitar el padrón, denuncian las asociaciones locales.
En Melilla conseguir empadronarse puede llevar años, acusan algunas ONG. “Son melillenses, pero no se les reconoce la documentación”, lamenta Giulia Sensini, portavoz de Save the Children en la ciudad. En el proceso para tramitar el padrón Sensini advierte algunas “complicaciones” que no se dan en otras autonomías. “La Administración tiene que cerciorarse de que residen en la vivienda en la que se quieren empadronar y para ello mandan a la policía a comprobarlo en diferentes ocasiones. El proceso puede durar meses”, señala.
Desde el Gobierno de la ciudad —en manos del PP durante los últimos 20 años y ahora con una coalición formada por Ciudadanos, Coalición por Melilla y PSOE— reconocen que existen “muchas trabas administrativas” para empadronarse, a lo que se suma la “saturación” de las aulas, un cóctel que acaba salpicando a los menores. “Somos una ciudad fronteriza de 12 kilómetros cuadrados, sabemos que hay pisos patera donde se puede empadronar gente que vive en Marruecos”, admite Gloria Rojas, consejera de Educación. Sobre las carencias en las instalaciones educativas y la falta de espacio, recuerda que desde 2009 no se ha vuelto a construir ningún colegio y que hay más de 24 alumnos por clase en infantil y 30 en primaria (frente a los 13 y los 14 de media en España). “Todo niño que reside en España tiene derecho a estar escolarizado, no tenemos excusa, pero sí un problema de espacio dramático”, añade Rojas.
Cambio en los requisitos
En septiembre de 2018, el Ministerio de Educación —ya bajo mandato socialista— emitió una orden para que 124 niños sin certificado de empadronamiento fuesen escolarizados en Melilla, tras acreditar su residencia en la ciudad. 40 se quedaron fuera.
Para dar “mayor margen” a las familias, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo en febrero un requisito alternativo para la escolarización: en caso de no tener el certificado de empadronamiento, sirven para ello la tarjeta sanitaria y una factura de la luz con una antigüedad de, al menos, seis meses. Aún así, 243 niños han quedado fuera de las listas provisionales de admitidos y tendrán que subsanar la falta de documentación antes del próximo 10 de septiembre, cuando se publicarán las definitivas.
Los hermanos Rayan y Wassim son dos de esos 243 niños y tampoco tienen tarjeta sanitaria. Nadia, su madre, de 48 años, paga 200 euros al mes de alquiler, del que no tienen contrato porque “la dueña no quiere papeles”. El dinero lo ponen vecinas y conocidas de la zona porque ni ella ni su marido tienen trabajo. Ninguno de los progenitores tiene documentación española.
El Defensor del Pueblo pide una solución “permanente”
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que el año pasado ya intermedió para conseguir que más de un centenar de niños sin escolarizar en Melilla fuesen admitidos en colegios públicos, ha recibido este mes más de 100 quejas de mujeres con hijos menores a su cargo que, cara al curso 2019-2020, han sido excluidos de los resultados provisionales publicados el pasado julio. Muchos de esos niños, “han nacido en Melilla o llevan años residiendo allí, incluso décadas, en una situación de total invisibilidad administrativa”, denuncia. Considera que esas familias “viven en un limbo legal” porque pese a haber nacido o vivido en Melilla, “tienen graves dificultades para acceder al empadronamiento y se encuentran en una situación administrativa irregular”. Esas carencias documentales son la causa de que esas personas “vean limitado el acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales”, continúa Fernández Marugán.
Los obstáculos en el acceso a esos “derechos básicos” no son una novedad. En 1985, el Defensor ya dirigió una recomendación al Gobierno “preocupado” por las injusticias generadas por la “aplicación rigurosa” de la ley de Extranjería. Pero, “34 años después continúan existiendo trabas para la obtención de la tarjeta sanitaria y, en demasiadas ocasiones para la escolarización obligatoria”, incide. Entre el centenar de reclamaciones recibidas, más de 50 corresponden a menores que no han logrado empadronarse o carecen de la tarjeta sanitaria. “Creemos que es urgente que las Administraciones públicas encuentren una solución permanente que acabe con estas situaciones de marginación, invisibilidad y exclusión”, destaca.
Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2019/07/31/actualidad/1564596428_176991.html
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