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El experimento

Hugo Aboites

Qué ocurre cuando en una institución de educación superior el máximo órgano de conducción y gran parte de la estructura institucional queda en manos de estudiantes y profesores? El caos, dirán quienes defienden la importancia de una junta directiva o de gobierno que elija rector y todos los directores académicos; un Consejo Universitario integrado en parte importante por funcionarios; una rectoría fuerte; una determinación vertical de los criterios de ingreso de estudiantes y de las colegiaturas. Sin embargo, paradójicamente, esta manera de estructurar el ejercicio del poder ha propiciado fuertes conflictos (caos): en 1986-87, 1996 y 1999-2000 en la UNAM; en 1998 y 2002 en la UAM; en 2012-2013 en la UACM; en 2014 en el IPN (y, muestra de que ese esquema produce caos también en otros ámbitos), desde 2013 el incesante conflicto en torno a la reforma educativa. En todos estos conflictos una estructura vertical genera decisiones unilaterales en temas claves (aumento de cuotas, evaluación-ingreso, evaluación-despido, expedición de reglamentos, nombramiento de funcionarios). Es decir, en la educación, el esquema en que se ejercita el poder es fundamental para entender la conflictividad y para plantear la necesidad de buscar una alternativa.

Un ejemplo de alternativa es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Ahí no existe junta directiva o de gobierno; al rector y algunos otros funcionarios los nombra un consejo, integrado básicamente por decenas de estudiantes y profesores, más el rector, sin veto, y tres representantes del sector administrativo y, por ley, es el máximo órgano de gobierno. Las comisiones de consejo ejercen una supervisión constante sobre la administración y preparan iniciativas de reglamentos, normas o acuerdos sobre prácticamente cualquier aspecto de la vida universitaria. La organización académica descansa en tres grandes colegios o áreas de conocimiento, cuyos coordinadores e integrantes de los consejos respectivos deben ser electos por profesores y, en su caso, estudiantes. Cada plantel tiene su propio coordinador, electo también por la comunidad correspondiente e, igual, el consejo de plantel. Todo esto significa que la autonomía entendida como autogestión se expresa en prácticamente todos los ámbitos y cada esfera se relaciona con otras en formas de coordinación. La administración central no establece una relación vertical con las demás, salvo las dependencias del ámbito central. Todo esto da lugar a una tupida red de relaciones y conexiones, como las neuronales, que se activan de distinta manera según el tema. Y esto obliga a establecer constantes relaciones de coordinación y, se puede agregar, obliga a hacerlo con cautela, pues un tema puede hacer concurrir distintas áreas normativas, disciplinares o de competencias. La tendencia entonces es a una horizontalidad que alcanza también el aula y las relaciones con los estudiantes y sus organizaciones. Las tendencias centrífugas que genera este modelo se acotan con la ley interna de la UACM, los estatutos, normas, acuerdos que aprueba el CU para toda la institución y, por supuesto, con el paquete de leyes y normas nacionales y locales que aplican

Efectivamente, frente a una institución neuronal, la perspectiva vertical vería sólo un pantano sin reglas, y extrañaría el terso fluir de instrucciones desde la cúspide hasta la base de la pirámide. Por otra parte, es un tejido institucional que puede dar lugar a redundancias, y a gasto de energía para construir acuerdos, pero por ser una red que tiende a lo horizontal y difuso tiene escasos focos de conflicto. De hecho, en uno de ellos (el laboral) ni siquiera se ha dado alguna vez una huelga. La única confrontación intensa y larga que sufrió la institución (2012-2013) surgió precisamente a partir del intento de crear una rectoría fuerte, con relección y manipulación de la elección del consejo.

Este esquema ofrece ventajas adicionales. La primera es que se trata de una estructura que impone menores trabas a la creatividad y que genera, por tanto, un dinamismo que emerge desde abajo, y que le da mayor solidez a las decisiones (aunque se requiere mayor representatividad de los órganos colegiados). La segunda es un más acendrado sentido de comunidad, porque el otro aparece continuamente como una presencia con la que se debe interactuar, confrontando así el aislamiento de todavía no pocos estudiantes y profesores. La tercera ventaja es que esta malla de instancias y decisiones constituye, para un buen número, un ejercicio cotidiano de ciudadanía y democracia. Algo sistemáticamente ausente en la trayectoria de un sistema educativo, característicamente vertical.

Finalmente, este modelo genera una enorme vitalidad: una matrícula y número de titulados creciente, programas de licenciatura en cinco planteles y cinco reclusorios, profesores de tiempo completo, proyectos estudiantiles, cientos de investigaciones y actos culturales, reconocimientos, absoluta gratuidad y ausencia de examen de selección. La UACM es hoy una propuesta al mundo de la educación superior y, ante el desolador panorama creado por la autoritaria reforma en la materia, también al sistema vigente. En la educación hay otro mundo posible que desde el autoritarismo es difícil percibir. Felicidades, comunidad UACM, porque al cumplir este mes quince años, es claro que el experimento se ha transformado en una dinámica y sólida institución.

  • Rector de la UACM
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¿Hacia dónde se encamina la reforma educacional?

José Joaquín Brunner

Es un hecho que en torno a la reforma educacional impulsada por el Gobierno hay confusión. No se entienden sus propósitos, el orden y la secuencia con que ha ido desenvolviéndose, el gasto que representa para el fisco y, sobre todo, qué efectos producirán las diversas medidas adoptadas. El desconcierto es aún mayor en el caso de la enseñanza superior. La opinión pública encuestada muestra escaso entusiasmo. No percibe cómo esta reforma mejorará la calidad de las oportunidades educacionales.

En realidad, los proyectos hasta ahora aprobados, en tramitación y anunciados no tienen que ver directamente con la calidad. Su eje se orienta a ampliar la esfera de provisión, coordinación, regulación, financiamiento, fiscalización e intervención del Estado. Dicho en lenguaje antiguo, busca recrear las bases de un Estado Docente en las condiciones presentes.

La consecuencia de tal propósito es evidente. En un régimen mixto de provisión, con fuerte presencia privada subsidiada como existe en Chile, implica necesariamente disminuir el rol de los proveedores privados subvencionados. Tarde o temprano deberá trasladarse matrícula privada a los establecimientos fiscales y sustituirse el gasto de los hogares por gasto público. Aquel quedaría limitado únicamente a instituciones particulares pagadas.

Discursivamente se sostiene que esta transformación representa el paso desde una educación concebida como un bien de consumo a una educación reconocida como un derecho social garantizado. En la práctica, en tanto, significaría el paso desde un régimen mixto a un régimen de provisión administrado estatalmente con un pequeño circuito adicional de colegios particulares pagados que atenderían a los hijos herederos del capital económico, social y cultural.

Para realizar ese desplazamiento, el Gobierno impulsa un abigarrado conjunto de leyes en los niveles de la educación temprana, escolar y superior. Así avanza el proceso reformista: desde La Moneda al Mineduc y al Congreso. De ahí en adelante hay poco más, pues la implementación de las leyes promulgadas recién comienza y otras leyes ni siquiera han iniciado su tramitación.

Con todo, se sostiene que las medidas aprobadas son históricas y ofrecerían desde ya un nuevo paradigma educativo y la promesa de una mayor igualdad e inclusión.

Un balance más realista indica algo muy diferente, sin embargo.

Por lo pronto, la teoría del cambio esgrimida por el Gobierno es candorosa y equivocada. Las transformaciones apenas se hallan en papel. La real prueba de su efectividad vendrá al descender desde los aparatos centrales hacia las instituciones educativas, sus aulas, profesores y estudiantes.

También la planificación del cambio es débil: ha faltado una agenda clara, prioridades coherentes, carta de navegación y sólidas previsiones presupuestarias. La comunicación oficial de la reforma y sus medidas es confusa. Al punto que la opinión pública encuestada muestra consistentemente un alto nivel de desaprobación y los actores del sistema se hallan desconcertados.

En cuanto a la vital fase de la implementación, resulta claro que será lenta y engorrosa. Dependerá de nuevas y más detalladas prescripciones de papel (reglamentos, dictámenes, preceptos, fórmulas y resoluciones administrativas); de burocracias intermedias, interpretaciones contradictorias, dificultades operativas, insuficiencia de recursos humanos y materiales, resistencia frente al cambio de hábitos y rutinas, efectos imprevistos y fallas de gestión.

Por último, los efectos e impactos de la reforma son hasta ahora escasos. Decir que hay oportunidades de mejor calidad, mayor igualdad, menor segmentación, un clima diferente en los colegios, una nueva visión de las cosas educativas o una educación superior más organizada, todo eso es poco serio. Pertenece al mundo de los ídolos de Bacon, que no dejan razonar con claridad y confunden la realidad con los deseos.

Más bien puede anticiparse que los efectos esperados estarán definitivamente por debajo de las expectativas creadas por el discurso oficial. Comienza a reconocerse que las medidas son difíciles de implementar. Y que su orden de aprobación fue inadecuado. Existe temor de que contribuirán poco a cambiar la calidad de las oportunidades de aprendizaje y su distribución social.

Por otra parte, se aprecian desde ya algunos efectos negativos. La institucionalidad de la educación superior ha sido tensionada al máximo sin que exista siquiera un plan de reforma. La gratuidad prometida ha creado más desorden que beneficios. Hay una competencia cada vez más intensa por recursos. El crucial sector de la enseñanza técnico-profesional media y superior se halla completamente ausente del foco de atención gubernamental. Las instituciones privadas en general se sienten hostilizadas, no reconocidas por la autoridad y marginadas de los caminos de futuro de la educación chilena.

En suma, la reforma educativa del Gobierno crea confusión porque es confusa. Carece de una adecuada teoría del cambio. Su retórica va más allá de las posibilidades reales. No moviliza el apoyo de la opinión pública. Causa enfrentamientos ideológicos innecesarios. Su diseño es equivocado. Busca subsumir el espacio educacional de la sociedad dentro del espacio estatal. Por el contrario, lo que Chile necesita es un espacio educacional tan diverso y plural como su sociedad, organizado por proveedores subvencionados de diverso tipo, con igualdad de trato y sujetos todos a reglas comunes que garanticen acceso, calidad, equidad y efectividad.

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Maestro: educarse en la autonomía o desaparecer con la reforma educativa

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Las instituciones formadoras de docentes y las encargadas de la profesionalización, así como actualización del magisterio, han sido ocupadas por el discurso economicista de los órganos financieros, éstos imponen, por medio de la violencia física, laboral y judicial a través del Estado, una visión alejada de la escuela, las preocupaciones sociales y del desarrollo humano.

opinionLa reforma educativa carece de una propuesta de formación para los maestros. Lo que oferta es un “estatuto laboral” llamado servicio profesional docente, que pobremente incita a la capacitación técnica para uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a la memorización de leyes y reglamentos laborales y administrativos para la funcionalidad de la escuela. Eso fue lo que priorizaron sus falsas “evaluaciones” que a falta de legitimidad y fundamentos pedagógicos, impusieron a sangre y fuego contra los docentes.

En este marco de acontecimientos, propios de un régimen fascista, no podemos ya pensar en que la formación de docentes con altos compromisos éticos y sociales pueda ser un acto dirigido en la verticalidad y el autoritarismo. Es necesaria una ruptura que recupere la capacidad autónoma de los maestros para constituirse como verdaderos educadores con autonomía para definir desde su condición social el tipo de sociedad y el modelo educativo que se requiere construir para detener el avance de un Estado antidemocrático.

No es posible que la sociedad siga confiando a los organismos de la globalización económica, a la iniciativa privada o empresarial, la formación de los docentes, porque sencillamente los proyectos son opuestos al desarrollo colectivo, a los intereses plurales de la nación, pero una alternativa sólo adquiere sentido en tanto se materializa, es decir, se llevan a cabo las prácticas de empoderamiento de los subalternos. En este caso hablamos de los educadores que alienadamente han transitado sobre caminos hechos para que otros logren sus intereses particulares y hegemónicos.

Esta alternativa para la formación docente sólo puede venir de los educadores mismos, y tendrá que desinstalar los sistemas meritocráticos de profesionalización que se han configurado con base en escalas de trabajo gerencial al estilo McDonald’s y el fetichismo por la medición de resultados a través de la “evaluación”; tendrá que evidenciar la propuesta oficial para reformar las normales, por su carácter “minimalista” en la reducción de saberes, cuyo objetivo central es el desarme cultural de la formación didáctica, ética, pedagógica, filosófica, histórica y política, incluso, hasta desaparecer la profesión docente.

El gran reto es descolonizarse, desaprender, no formarse más como docentes para repetir las mismas tesis de la educación empresarial, porque el resultado será igual al que se necesita cambiar. Estamos frente al desafío de proclamarse en la independencia educativa, en la autonomía y descolonización cultural de la clase en el poder; esta perspectiva obliga al reconocimiento de las raíces latinoamericanas de nuestras formas propias de entender lo pedagógico como un proceso de educación popular para la emancipación social y la afirmación de una identidad arraigada en los excluidos, desde sus diferentes formas de opresión racial, sexual, económica o política, pero identificando una sola raíz de la dominación, el sistema-mundo capitalista.

La herramienta principal de los docentes en el terreno ideológico para empezar a ser educadores populares, sin renunciar a la resistencia de las movilizaciones pacíficas, debe ser precisamente la “razón crítica”, con base en ella tendrán que enfocar el análisis educativo. Se trata de hacer visibles las relaciones de poder, control y dominación en el ámbito microsocial de la escuela y el aula; de someter a juicio reflexivo los planes y programas de los sistemas educativos, enfoques y didácticas, políticas y marcos jurídicos reproductores del poder, este es un paso fundamental para la elaboración de propuestas alternativas.

La crítica al currículo es, sin embargo, sólo el parteaguas para la deconstrucción de la escuela como aparato de reproducción ideológica, material y cultural de los dueños del dinero, lo que sigue es hacer de ella un campo de disputa de lo que ahí se enseña y se aprende, de cómo se organiza y para qué fines, de otro modo sólo habrá protesta y no propuesta, la resistencia será negación sin un proyecto educativo viable que haga posible un mundo mejor; en otras palabras, la invitación es a no sólo ocupar las calles y plazas públicas, sino también las escuelas, las bibliotecas escolares, las instituciones de formación docente, los libros de texto, las reuniones de consejos técnicos escolares, los planes y programas de estudio, con un proyecto que materialice lo que se escribe en cada manta o pancarta como demanda educativa, lo que se repite en cada consigna recomo aspiración colectiva de lo que debe ser la educación pública, científica y popular.

El nuevo educador que demanda este proceso de ocupación ideológica y empoderamiento pedagógico no debe ser lineal, ni enarbolar el pensamiento único, mecanicista y productivista de la reforma educativa. Los maestros que en ella se forman para educar en competencias, medir los conocimientos con instrumentos de estandarización y organizar la escuela como empresa para lograr la “calidad”, están totalmente limitados, son incapaces de explicar el mundo en su complejidad y fomentar el desarrollo integral de los alumnos.

Los docentes tendrán que formarse en la comprensión de una realidad natural y social que tiene muchas facetas y dimensiones con relaciones estrechas entre sí, en la atención de alumnos también diversos, irreductibles al individualismo competitivo, a números estadísticos o a su sola capacidad laboral; por el contrario, los alumnos se definen en múltiples facultades éticas, estéticas, políticas, económicas, sociales, culturales, creativas, emocionales, racionales, existenciales y demás que tenemos los seres humanos y que jamás podrían desarrollarse en la cuadratura de las competencias o medirse con exámenes estandarizados.

Junto a los tiempos y espacios de movilización y protesta social, deberán crearse otros en los que los educadores se formen en la conciencia crítica, en el conocimiento de las pedagogías liberadoras, en los principios de la educación popular; pero de manera sistemática, práctica, teórica, académica, rigurosa, estratégica y consciente, para saldar los vacíos y compromisos de la educación neoliberal con el pueblo, pero sobre todo para formar educadores que sean constructores de sueños, de sociedades libres, de hombres y mujeres críticos.

A esta instrumentación violenta de la reforma para despojar a los maestros de su identidad histórica como forjadores de la patria y convertirlos en reproductores de la escuela-fábrica, proponemos la conceptualización que Paulo Freire elaboró para referirse al maestro como “educador”, es decir, como un sujeto que enseña y aprende a su vez, revestido de conciencia crítica, sentido ético y compromiso colectivo; pero que es también “popular” porque se reconoce como pueblo, como parte de una clase social que no es opresora y por tanto su papel liberador es inherente al de su profesión educativa.

Está claro que los nuevos educadores populares no se harán en la espontaneidad, no existe una conciencia social que surja de la nada, adquirida de modo automático en la experiencia o preconstituida, y que pueda simplemente trasmitirse, tampoco instalarse como un dispositivo desde fuera de cada persona, esto se hace en el diálogo, en el intercambio de experiencias, en la lectura crítica de los textos y contextos, en la reflexión y la práctica. La gran tarea de las maestras y maestros de México es abrir esos canales de diálogo, materializar cada propuesta y desmantelar las bases que dan sustento a la reforma educativa de los empresarios.

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Chile: Reforma de Educación Superior: una nueva polémica

Chile/05 de May6o de 2016/Pura Noticia

Este miércoles, como una forma de adelantar el debate sobre la reforma a la educación superior, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió al presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Ennio Vivaldi, y al vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, para que expusieran su visión en torno a esta iniciativa, que estaría próxima a ingresar. Los personeros de las casas de estudios criticaron la poca claridad que existe en torno al proyecto. «No distingue claramente entre educación pública y educación de mercado. Si se va a continuar con instrumentos de financiamiento en que todos pueden concurrir libremente por recursos públicos sin que haya políticas claras, sin que haya regulaciones claras, entonces se estará haciendo un doble juego, un doble juego peligroso. Eso hasta ahora, a mi juicio, no queda claro. Entre otras cosas, porque no conocemos el sistema de financiamiento», aseguró Aldo Valle.

Además insistió en la labor que debe ejercer el Estado, con el fin de establecer estándares de calidad en educación superior, además de un fortalecimiento de los gobiernos universitarios. «La nueva institucionalidad debe incorporar como eje estructural la formación técnico-profesional, un nuevo régimen jurídico-administrativo para las universidades estatales y una política de gratuidad que debe ser de amplia cobertura, sin otra condición que las instituciones cumplan con la prohibición de lucro y demás regulación sobre calidad, transparencia y rendición de cuentas», detalló.

En tanto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que es esencial que la nueva normativa se enfoque en tratar cuatro aspectos que a su juicio son esenciales. Entre ellas, el fortalecimiento de un sistema abierto de universidades del Estado, transparencia y fiscalización de recursos públicos en cualquier institución que no recibe trato igualitario, participación de los estamentos en cuerpos colegiados y financiamiento contra el cumplimiento de estándares de calidad y transparencia. «Es importante reconocer lo que es una universidad pública, entender lo que son las universidades estatales y ser capaces de definir un trato entre el Estado y las universidades», señaló el académico. El presidente del Cuech fue enfático en señalar que las universidades regionales deben preservar un carácter multidisciplinario e integrativo y que es natural que se esfuercen en ciertas áreas para constituirse correspondientemente en principales referentes nacionales.

Las voces disonantes

A pesar de la conformidad que hubo entre los integrantes de la Comisión de Educación y los personeros de las Universidades, existen diversas críticas con respecto a la poca celeridad que ha tenido el proyecto de Reforma educacional Superior. El diputado Giorgio Jackson expresó que «yo hubiera esperado que la reforma ingresara el año pasado, pero se postergó porque faltaba diálogo, pero me temo que hasta ahora no hay tan buen diálogo con los actores para que cuando ingrese tenga una rápida tramitación». Palabras que van en la línea por lo señalado por la diputada Camila Vallejo. «Si no empezamos a legislar esta reforma, no vamos a estar sólo un año tramitando la gratuidad en una glosa, sino dos o tres, y eso es insostenible para los que creemos en un cambio en la estructura de la educación superior en su conjunto, y no solamente una inyección de recursos vía glosa«, comentó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Alberto Robles, aseguró que la reunión se hizo con altura de miras y buscando un mejoramiento para la educación superior a largo plazo. Sin embargo, indicó en esta apertura anticipada del debate «no es el objetivo presionar al gobierno, sino que realizar una labor prelegislativa escuchando opiniones, sin el proyecto sobre la mesa, y esperamos que ayude al Ejecutivo también a ver las observaciones de los actores».

Una tarea nada fácil para el gobierno, ya que precisamente esta reunión entre las autoridades de las Universidades y el Ejecutivo, se dio en medio de una protesta de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), quienes ocuparon por algunas horas el ingreso a las dependencias de la Fundación «Educación 2020» durante la mañana del miércoles. Su vocero, Diego Arrañó, señaló que «no podemos dejar que nuestra educación sea financiada por empresarios y que sea elaborada por organismos que son financiados por empresarios. Hoy la educación tiene que ser para todos, tiene que ser estatal».

Los rectores manifiestan su oposición

Uno de los mayores de opositores de la reforma ha sido el rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, quien presentó hace unos días sus observaciones al futuro proyecto. «En la minuta de institucionalidad hay un énfasis notorio de destacar la educación estatal y el Estado siempre debe preocuparse de las instituciones, pero no dejando de lado las otras», señaló la autoridad universitaria. «Si bien el Estado tiene que cuidar y proteger a las instituciones estatales, esto no puede ser en desmedro de instituciones tan importantes que han colaborado tanto en el desarrollo de nuestra educación superior«, agregó el rector de la UC.

Postura que ha sido compartida por el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, quien expresó abiertamente que hay un problema con la futura normativa. «Yo le he manifestado también a la ministra y al jefe de la división superior que hay un sesgo en la mirada de lo que significa la educación superior en Chile y el desarrollo de ésta, y que esa mirada es casi exclusiva desde lo estatal». Junto con agregar que «creo que eso no considera ni la historia ni la condición mixta que el propio Estado valora y por eso desde ese punto de vista yo comparto la aseveración», comentó.

Es que estas primeras minutas de lo que será la futura Reforma Educacional Superior, han generado anticuerpos ante el Consejo de Rectores.

Fuente: http://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/reforma-de-educacion-superior-una-nueva-polemica/2016-05-05/071535.html

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Higher education and neoliberal temptation A conversation with Henry Giroux

Fuente: Eurozine / 7 de Mayo de 2016

Henry Giroux, Almantas Samalavicius

Higher education and neoliberal temptation

A conversation with Henry Giroux

If the university is to survive, faculty are going to have to rethink their roles as critical public intellectuals, connect their scholarship to broader social issues and learn how to write for and speak to a broader public. Of this much, the cultural critic and doyen of critical pedagogy Henry Giroux is convinced.

Almantas Samalavicius: The neoliberal agenda that came into being a few decades ago in the northern hemisphere, and was eventually globalized, now seems to threaten systems of higher education worldwide. The persistence of this phenomenon has become alarming to many who care about its social consequences. As you have correctly and insightfully observed in your 2014 book Neoliberalism’s War on Higher Education, «a full-fledged assault is also being waged on higher education in North America, the United Kingdom and various European countries. While the nature of the assault varies across countries, there is a common set of assumptions and practices driving the transformation of higher education into an adjunct of corporate power and values». Why is this agenda taking over societies that are so different from each other? What makes neoliberalism so overwhelmingly powerful and resistant to criticism as well as to social action? Why do governments give themselves up to neoliberal ideology, even if they claim to represent quite different ideological positions?

Henry Giroux: For all of its differences, neoliberalism brings together a number of elements that makes it appear almost insurmountable, if not universal, in its ability to normalize itself and convince the rest of the world that there is no alternative as Margaret Thatcher once argued.

First, it has created a new set of power relations in which power is global and politics is local. The financial elite now operate in the global flows of capital and have no allegiance to the nation-state or to the social contract that mediated between labour and capital in the post-war period. This separation points to a crisis of agency on the part of the state and a crisis of politics in terms of the ability to develop social formations that can challenge capital on a global rather than simply a local scale. The nation-state can no longer make concrete decisions on the economic level or create social provisions necessary to limit the effects of the market and offer the most basic services for people.

At the nation level, state sovereignty has been transformed into economic sovereignty. Governments don’t give themselves up, they have been hijacked by the institutions, power and wealth of the global elite. There is no way for states to challenge global forms of governance. We must remember that neoliberalism is very powerful not only because of its economic structures but also because of its pedagogical and ideological power. It not only consolidates wealth and power in different wars for the ultra-rich, it also controls all of those cultural apparatuses and pedagogical sites that function to produce identities, desires and values that mimic the market. In this sense it is a mode of governance that controls all of social life and not simply the market.

As a mode of governance, it produces identities, subjects and ways of life free of government regulations, driven by a survival of the fittest ethic, grounded in the idea of the free, possessive individual and committed to the right of ruling groups and institutions to accrue wealth removed from matters of ethics and social costs. As a policy and political project, neoliberalism is wedded to the privatization of public services, the selling off of state functions, the deregulation of finance and labour, the elimination of the welfare state and unions, the liberalization of trade in goods and capital investment and the marketization and commodification of society. As a form of public pedagogy and cultural politics, neoliberalism casts all dimensions of life in terms of market rationality.

AS: As public higher education withers in a number of countries, either various policies of privatizing higher education are introduced or the logic of the market takes over. More and more universities and other institutions of higher education are being run as if they were large multinational companies seeking immediate profit; politicians and administrators speak out for efficiency, marketability of knowledge, institutional sensitivity and adaptability to the market, etc. What do you think will be the social and cultural price if this tendency continues to retain the upper hand? And do you see any possibilities to resist this global transformation of universities as well as higher education in general?

HG: If this tendency continues, it will mean the death of critical thinking and higher education will simply become another ideological apparatus dedicated to training rather than education, stifling critical inquiry rather than nurturing it – and will narrow if not kill the imagination rather than cultivate it. One consequence will be that knowledge will be utterly commodified, students will be defined in utterly instrumental terms and the obligations of citizenship will be reduced to the private orbits of self-interest, consumption and commodification. This nightmare scenario will reinforce one of the central tendencies of totalitarianism; that is, a society dominated by thoughtlessness, stupidity and diverse modes of depoliticization.

In the United States and in many other countries, many of the problems in higher education can be linked to low funding, the domination of universities by market mechanisms, the rise of for-profit colleges, the intrusion of the national security state and the lack of faculty self-governance, all of which not only contradicts the culture and democratic value of higher education but also makes a mockery of the very meaning and mission of the university as a democratic public sphere. Decreased financial support for higher education stands in sharp contrast to increased support for tax benefits for the rich, big banks, military budgets and mega corporations. Rather than enlarge the moral imagination and critical capacities of students, too many universities are now wedded to producing would-be hedge fund managers, depoliticized students and creating modes of education that promote a «technically trained docility».

Strapped for money and increasingly defined in the language of corporate culture, many universities are now driven principally by vocational, military and economic considerations while increasingly removing academic knowledge production from democratic values and projects. The ideal of the university as a place to think, to engage in thoughtful consideration, promote dialogue and learn how to hold power accountable is viewed as a threat to neoliberal modes of governance. At the same time, higher education is viewed by the apostles of market fundamentalism as a space for producing profits, educating a docile labour force and a powerful institution for indoctrinating students into accepting the obedience demanded by the corporate order.

However, it is crucial to remember that power is never without resistance and this suggests that faculty, students, unions and broader social movements must fight to regain higher education as a democratic public sphere. In addition, it must be made clear to a larger public that higher education is not simply about educating young people to be smart, socially responsible and adequately prepared for what ever notions of the future they can imagine, but that higher education is central to democracy itself.

Without the formative culture that makes democracy possible, there will be no critical agents, no foundation for enabling people to hold power accountable and no wider foundation for challenging neoliberalism as a mode of governance and political and ideological rationality. The struggle over higher education and its democratic misuse cannot be separated from the struggle to undo the reign of markets, neoliberalism and the ideologies informing this savage market fundamentalism. We see this struggle being taken up in precisely these terms in many countries in Latin America, the United Kingdom and the United States. Time will tell if they can spark a global movement to transform both higher education and the political and economic system that holds it hostage.

AS: The American research university has been a model institution of higher education during the last half-century in many places of the globe. Despite the spectacular ascent of multiversity, proclaimed as early as 1963 by Clark Kerr in his famous book The Uses of the University, the production of research is in fact just one of the university’s functions. However, this function is taken for granted and even fetishized. Meanwhile, the teaching and education of informed, responsible citizens, capable of critical scrutiny as well as many of the other tasks of higher education, have been largely neglected and ignored. Do you see this imbalance in the functions of the university as threatening? What are the potential dangers of imagining the university exclusively as a research enterprise that relinquishes any commitment to teaching and cultivating a critical consciousness?

HG: The role of research in the university cannot be separated from the modes of power that influence how research is defined and carried out. Under the reign of neoliberalism and given the encroaching power of the military-industrial complex, research is prioritized and rewarded when it serves the interests of the larger society. In this instance, research becomes armed and instrumentalized, serving largely the interests of powerful corporations or the ongoing death-machine of the military and its corporate allies. Research that matters informs teaching and vice versa. Universities are not factories and should not be defined as such. They are there to serve faculty, students and the wider community in the interests of furthering the public good. When the latter become subordinated to a research agenda that is simply about accumulating capital, the critical, moral and political essence of the university withers and everybody who believes in a democracy is marked for either failure, exclusion or punishment.

The corporate university is the ultimate expression of a disimagination machine, which employs a top-down authoritarian style of power, mimics a business culture, infantilizes students by treating them as consumers and depoliticizes faculty by removing them from all forms of governance. Clearly all of these defining relations produced by the neoliberal university have to be challenged and changed.

AS: Traditionally, the university has been understood as community of scholars and students. However, there are multiple reasons for the university hardly existing any more in these terms. Back in the 1970s, the American social thinker Paul Goodman still articulated a vision of a community of scholars but during recent decades, academics either function simply as obedient personnel afraid to lose their diminishing rights and «privileges» (if there are any at all) or otherwise their collective voice is hardly heard. How can public criticism get back to where it should belong – i.e. in the universities?

HG: The increasing corporatization of higher education poses a dire threat to its role as a democratic public sphere and a vital site where faculty can address important social issues, be self-reflective and learn the knowledge, values and ideas central to deepening and expanding the capacities required to be engaged and critical agents. Unfortunately, with the rise of the corporate university which now defines all aspects of governing, curriculum, financial matters and a host of other academic policies, education is now largely about training, creating an elite class of managers and eviscerating those forms of knowledge that conjure up what might be considered dangerous forms of moral witnessing and collective political action.

Many faculty have bought into this model because it is safe for them and they get rewarded. If the university is to survive, faculty are going to have to rethink their roles as critical public intellectuals, connect their scholarship to broader social issues and learn how to write for and speak to a broader public. Neoliberal modes of governance reinforce the worse dimensions of the university: specialisms, a cult of distorted professionalism, a narrow empiricism, unwillingness to work with others and a mode of scholarship steeped in obtuse and often mind-numbing discourse. All of this must change for faculty or they will not only be unable to defend their own labour as academics, they will continue to lose power to the corporate and managerial elite.

AS: Higher education is intrinsically connected to what is usually termed as a public good, however, as you penetratingly observe «under the current regime of neoliberalism, schools have been transformed into a private right rather than a public good». Do you think it is possible for higher education to reclaim its role in creating and providing a public good or at least providing a setting where a public good might be created? Under what conditions can are universities able to perform such a task? How can they get support from the public? Can one count on public intellectuals at all?

HG: Universities are suffering from a crisis of legitimacy and a crisis of agency. If they are going to regain their role as a public good, faculty, students and other educational progressives are going to have to strongly challenge the current role of higher education. This means that faculty, students and various groups outside of the university are going to have to engage in a range of acts of civil disobedience extending from occupying classrooms to mobilizing larger populations in the street to force the hand of corporate power and its allies.

We saw this happen in Quebec a few years ago and such actions must be repeated on a global level. Public intellectuals are absolutely necessary to participate meaningfully in this role. We rarely hear about them but there are plenty of academics acting as public intellectuals, not only in the liberal arts, social sciences and humanities, but also in the health sciences where faculty are working closely with communities to improve the conditions of the often poor residents who reside in these communities. While public intellectuals can ask important questions, provide a critical language, help write policy and work with social movements, any real change will only come from the outside when social formations, educators and other progressive groups can force the hands of political power, governance and legislation.

AS: Despite higher education’s present orientation toward the market and the reign of an ideology that glorifies the market even in those spheres where it is not supposed to and cannot work, what is your vision of the coming tendencies in higher education during the next decades? Do you expect the present trends concerning the marketization of higher education to be finally reversed? Or will we witness the final triumph of neoliberalism?

HG: I am not optimistic but hopeful. That means, I don’t think progressive change will come by default, but only by recognizing the problems that have to be faced and then addressing them. The latter is a matter of real hope. The cruelty, barbarism and violence of neoliberalism is no longer invisible, the contradictions it produces abound and the misery it inflicts has become extreme. Out of the ashes will hopefully rise the phoenix of hope.

Link original: http://www.eurozine.com/articles/2016-05-04-giroux-en.html#.VywfBucKSeU.facebook
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México: El derecho a la educación debe ser maximizado, no restringido”, Afirma Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fuente CLADE/ 7 de Mayo de 2016

Una resolución de la Primera Sala de esta corte, en respuesta a un recurso de amparo interpuesto por una estudiante universitaria, a quien se le había impuesto el pago de una cuota de inscripción en la universidad, dispone que este centro educativo y sus autoridades se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior


Desde Justiciabilidad del Derecho a la Educación

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Una resolución de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, [] en oportunidad de resolver un recurso de amparo interpuesto por una estudiante a quien la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le había impuesto la obligación de cubrir una cuota en concepto de inscripción, considera que se violó su derecho humano a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución Federal y el artículo 138 de la Constitución del Estado de Michoacán, así como el principio de progresividad.

Señala asimismo que la autonomía universitaria no exime a la Universidad de respetar el derecho a la gratuidad de la educación superior, ya que dicha figura constituye una garantía institucional del derecho a la educación cuya finalidad es maximizarlo, no restringirlo. Además, que en virtud del principio de progresividad, una vez que dicho Estado ha extendido la gratuidad a la educación superior tiene prohibido adoptar medidas regresivas.

Finalmente, la resolución dispone que el Gobernador del Estado debe transferir a la Universidad los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la reclamante, y que la Universidad y sus autoridades, se deben abstener de vulnerar la gratuidad de la educación superior como mínimo, evitando cobrarle a la reclamante cuotas de inscripción durante su educación superior.

Mira aquí la noticia al respecto, que ha sido difundida a través del Canal Judicial.

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Libro del Banco Mundial: Los Ninis en ALC

Fuente Grupo del Banco Mundial / 7 de Mayo de 2016

A pesar del sólido desempeño latinoamericano en la década de 2000 —con fuerte crecimiento económico y una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad— el número de jóvenes que no trabajan ni estudian creció debido a un aumento en el número de ninis varones. Hoy en día los ninis —un término que deriva de la frase “ni estudia ni trabaja”— son más de 20 millones, tienen entre 15 y 24 años de edad y dos tercios de ellos son mujeres, de acuerdo a un nuevo estudio del Banco Mundial.

El informe, NiNis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades, reveló que los ninis de América Latina, que representan uno de cada cinco jóvenes en la región, necesitan mayores incentivos para permanecer en la escuela y más ayuda para encontrar puestos de trabajo. Solo entonces podrá la región aprovechar por completo sus posibilidades de desarrollo económico y reducción de la pobreza.

“Debemos brindarle una educación adecuada y habilidades laborales a nuestra creciente población joven, ayudándolos a que tengan éxito en la vida”, dijo Jorge Familiar,Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Aquellos países que ofrezcan una educación de alta calidad a una población joven en expansión y que además cuenten con mercados laborales dinámicos y de buen funcionamiento podrán crecer y reducir la pobreza de manera más rápida”.

El informe, escrito de manera conjunta por Rafael de Hoyos, Halsey Rogers y Miguel Székely, indica que prácticamente el 60 por ciento de los ninis de la región provienen de hogares pobres o vulnerables en el 40 por ciento más pobre de la distribución del ingreso.

El nini latinoamericano típico es una mujer de un hogar urbano, si bien el número de ninis mujeres en la región de hecho está descendiendo gracias a mayores oportunidades educativas y laborales. Es entre los jóvenes varones que el problema se ha intensificado —todo el aumento de 1,8 millones de ninis desde 1992 se debe al crecimiento en el número de ninis varones.

Entre las mujeres jóvenes, el principal factor de riesgo es el casamiento antes de los 18, exacerbado por el embarazo adolescente. Entre los hombres, es el abandono temprano de la escuela con destino al mercado laboral, seguido del desempleo. Sin las habilidades necesarias para asegurarse un trabajo en el sector formal, la mayoría de los jóvenes se resigna a puestos de trabajo en el sector informal; la mayoría de ellos nunca regresará a la escuela.

La proporción de ninis varía de 10,9 por ciento en Perú a más de 25 por ciento en Honduras y El Salvador. En números absolutos, la mayoría de los ninis se encuentra en Brasil, Colombia y México. Una amplia mayoría, más del 70 por ciento, vive en ciudades y tiene un bajo nivel educativo.

En Colombia, México y América Central, donde la proporción de ninis excede al promedio, el problema se ve agravado por la presencia extendida del crimen organizado. Existe nueva evidencia que muestra que el problema nini se correlaciona con el crimen y la violencia, elevando los riesgos que enfrentan los jóvenes y la sociedad en general.

La proporción de niños y adultos mayores respecto a la población en edad laboral pronto alcanzará mínimos históricos en América Latina. Para poder aprovechar esta ventana demográfica, América Latina debe proporcionar capital humano y oportunidades laborales a su creciente población de jóvenes adultos. Si no lo hace, el número creciente de ninis evitaría que la región usufructuase completamente su dividendo demográfico.

Ser nini puede tener efectos negativos de largo plazo sobre la productividad, reduciendo los salarios y las oportunidades de empleo de por vida y frenando el crecimiento económico en general. El efecto negativo sobre el ingreso también puede empeorar las desigualdades existentes, así como obstaculizar la movilidad social y la reducción de la pobreza en los hogares pobres y vulnerables, indica el informe.

Existen varias políticas que pueden ser utilizadas para reducir el número de ninis, evitando que los jóvenes abandonen la escuela de manera temprana y logrando que aquellos que ya son ninis consigan un empleo. Éstas incluyen transferencias condicionadas en efectivo, así como paquetes de información para concientizar a padres y estudiantes de los beneficios de la educación. También puede ayudar el desarrollo de capacidades socioemocionales específicas para evitar comportamientos violentos, apoyo pedagógico y programas empresariales, complementados por sistemas de detección temprana para identificar a aquellos jóvenes que corren riesgo de abandonar la escuela.

 

Los Ni ni en ALC

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