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CLADE: Entrevista a Marina Martins“Se debe entender que la educación de adultas/os no es una isla, sino que es producto del sistema educativo”

Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE

Ante la aproximación de la reunión de balance intermedio de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en octubre en la República de Corea, divulgamos una serie de entrevistas a expertas/os en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) de América Latina y el Caribe, con miras a discutir los avances y desafíos pendientes respecto a la garantía de esta modalidad educativa como un derecho humano en nuestra región.

En esta quinta entrega, entrevistamos a María del Carmen Lorenzatti, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y especialista en educación de personas jóvenes y adultas. En la ocasión, comenta entre otros retos para la realización de la EPJA como un derecho humano en el país: considerar que esta modalidad educativa es parte del sistema educativo, garantizando a la vez una formación específica para las y los docentes que actúan con personas jóvenes y adultas. “Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, lo que le permitió construir conocimientos de manera diferente a la escolar”.

Lea la entrevista completa a continuación.

¿Cuáles son los avances y retrocesos registrados en materia de marcos legales, políticos e institucionales de la EPJA en su país, desde la CONFINTEA VI en Belém do Pará, Brasil?

En el post-CONFINTEA en Argentina, se ha producido un proceso interesante de avances en términos de regulaciones políticas. En la década de 90, sin embargo, la educación de adultas/os tenía un espacio muy residual, por ejemplo, en la Ley Federal de Educación la educación de personas jóvenes y adultas era considerada un régimen especial. Eso sumado a los recortes presupuestarios trajo como consecuencia la reducción, el cierre y la ausencia de programas específicos para la modalidad.

En cambio, a partir del 2006, con la Ley de Educación Nacional, comienza uno de los períodos más ricos en términos de políticas, definiciones y regulaciones en Argentina, en relación con la educación de adultas/os. Pasa a ser considerada como modalidad educativa, recuperando el sentido del término, lo que implica pensar en políticas de formación docente específicas, en currículos específicos, en sujetos con notas distintivas, con características, historias de vida y trayectoria socioeducativa particulares.

En este período, destaco como decisiones políticas fuertes la creación de la Dirección Nacional de Educación de Adultos y la constitución de la Mesa Federal de Educación de Jóvenes y Adultos, que es un órgano de consulta, donde se discuten las políticas. En esa mesa federal, que se compone por los directores de adultos de todas las provincias, se genera un espacio de discusión de las políticas específicas para la modalidad. Ese espacio generó una normativa, la Resolución 118/2010, con dos anexos, donde se definen las características de la modalidad y se trabaja sobre las cuestiones curriculares. Entonces, en términos regulatorios, yo diría que hubo un avance muy importante en Argentina en los últimos años, porque a esta regulación, sigue otra normativa en 2015 que garantiza la movilidad de los estudiantes adultos. Es decir, históricamente, un estudiante que vive en el norte de Argentina y viaja al centro o al sur del país, cuando llegaba a las escuelas de adultos para terminar su escolaridad, encontraba que no había nada regulado.

Y, por último, mencionaría la aprobación por parte del Ministerio de un trayecto formativo para docentes de EPJA, que se conoce aquí como “post-título”. Se trata del trayecto de una cantidad determinada de horas compuesto por 15 módulos, en que se aborda la historia de la educación de jóvenes y adultas/os en Argentina, el sujeto y el contexto comunitario, las cuestiones curriculares generales y específicas y la sistematización de la práctica docente. Esa formación está pensada como posterior a la carrera, una oferta para las y los docentes que están trabajando en EPJA.

Otra decisión importante fue el Plan Fines, el Plan de Finalización de los Estudios, que se implementa como respuesta a la obligatoriedad escolar, que sostiene la Ley de Educación Nacional, promulgada en el 2006. En esa ley, la escolaridad obligatoria llega hasta la finalización de los estudios secundarios. Desde la dirección de adultos, una primera reacción fue abrir puertas y canales para generar espacios donde los sujetos jóvenes y adultos que no terminaron la escolaridad en el momento de la edad correspondiente, puedan hacerlo en adultos.

Todo eso se refiere a la estructura normativa en Argentina hasta el 2015. En 2016, con el cambio de gobierno, cambiaron las estructuras y no se organizan las acciones por niveles o por modalidades. Hay un retroceso muy grande.

¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinente para grupos de población vulnerados?

Sí. La educación en contextos de encierro, por ejemplo, que por la ley se considera separada del campo de educación de personas jóvenes y adultas, tuvo un desarrollo nacional y provincial bastante fuerte. Se creó también un postítulo de formación docente y se desarrollaron líneas de apoyo a la educación en estos contextos.

En lo que corresponde a la educación intercultural bilingüe también hubo avances, pero creo que más focalizado en niños y niñas.

Hubo, asimismo, un fuerte apoyo desde la EPJA a los movimientos campesinos, que incluso participaban en el Plan Nacional de Alfabetización, que se implementa a partir de 2004. Éste, como todos los planes de alfabetización en Argentina, se desarrolla a partir de un convenio con organizaciones, escuelas e instituciones. Entonces, inicialmente hubo una apertura muy fuerte para atender la población del campo, pero después no se le ha dado seguimiento y no se ha garantizado formación específica.

¿Existen espacios de participación y consulta para la sociedad civil y los diferentes actores de la comunidad educativa, en especial educandos y educadores de la EPJA, sobre las políticas educativas de su país o localidad?

Decididamente no. Lo que hubo fue una cuestión muy estructural, que tuvo que ver con definiciones claras a nivel central, como la construcción de la Mesa Federal que ya mencioné.

En su país, los recursos del Estado y presupuestos asignados para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental, ¿Son suficientes? ¿Se han incrementado? ¿La distribución de los recursos, contribuye a promover procesos de aprendizajes significativos?

Diría que hubo un incremento de recursos con relación a la década anterior. Eso se observa claramente a nivel nacional por los programas que te estoy contando. A nivel provincial también hubo un aumento del presupuesto, pero este todavía es insuficiente.

Diría que faltan recursos para el adecuado acompañamiento a las y los docentes, así como para la toma de decisiones y para la conformación de equipos técnicos. De hecho, la dirección de adultos en esta provincia tiene equipos técnicos de primaria, de secundaria, de esta modalidad a distancia, sin embargo sigue faltando presupuesto para los inspectores, para los supervisores, para hacer acompañamiento, para hacer formación docente. La formación siendo algo relegado en el marco de las políticas de financiamiento globales.

¿Qué recomendación específica haría a las autoridades de su país y a autoridades internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?

Lo primero es entender que la educación de adultos no es una isla, que es producto del sistema educativo. Según García Huidobro, “la educación de adultos es un invento del sistema educativo porque la noche se recupera lo que se expulsa durante el día”. Es necesario articular acciones con todos los sectores sociales. Eso significa incorporar la educación en las fábricas, en los hospitales y en los distintos espacios sociales, en el sentido de reconocer la alfabetización y el acceso a conocimiento como práctica social. También es necesario trabajar fuertemente en formación docente específica para EPJA. Cuando hablamos de la especificidad de la educación de adultos, estamos hablando de reconocer a ese sujeto adulto que viene con una trayectoria de vida, que ya construyó conocimientos y posiciones frente a su propia vida.

Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, siendo que en esa trayectoria ya ha construido conocimientos. Maria Saleme decía que el conocimiento en el mundo adulto es parte de su dinámica vital. Por eso es complejo y difícil enseñar en el campo de la educación de adultos.

Hay que trabajar con las universidades en el sentido de poder discutir juntos los resultados de las investigaciones. No estoy hablando de un académico que venga y diga “la educación de jóvenes y adultos tiene que ser así o así”, estoy hablando de una mesa donde nosotros, que estamos en el campo investigando, podamos decir “mira, estamos viendo eso, ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo trabajamos con esos jóvenes?”. Por otro lado, la universidad históricamente se separó del sistema educativo. Las investigaciones van hacia un lado y las decisiones políticas hacia otro lado. El sectarismo de las instituciones es difícil, y yo me hago cargo de lo que nos toca como universitarios. Hay mucho por hacer.

Fuente de la entrevista: https://vocesepja.campanaderechoeducacion.org/se-debe-entender-que-la-educacion-de-adultasos-no-es-una-isla-sino-que-es-producto-del-sistema-educativo

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Bolivia: Instituciones, organizaciones y activistas de la sociedad civil se movilizarán por el derecho a la educación

América del Sur/Bolivia, 3 de junio de 2017. Fuente y Autor: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación -CLADE

Bajo el lema “Pido la Palabra por la educación”, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación del 5 al 18 de junio, celebrará la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación, con el objetivo de instalar espacios de diálogo, análisis y reflexión, a través de la movilización social que promueva una participación ciudadana en el seguimiento al ODS4 y la Agenda Educativa 2030.

En el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación – SAME, a realizarse del 5 al 18 de junio, bajo el lema “Pido la Palabra por la Educación”, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación – CBDE, llama la atención sobre la importancia de la participación activa de la ciudadanía, en los procesos necesarios para que el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas sea una realidad.

Es necesario, remarcar que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación CBDE, es una plataforma articulada a organizaciones e instituciones de la sociedad civil, con adhesión a la CLADE y la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, orientada a fortalecer la participación social, desarrollando propuestas y acciones de incidencia en las políticas educativas.

En ese sentido, es bueno puntualizar que desde el año 2001 la Campaña Mundial por la Educación (CME) lleva adelante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Es una semana donde más de 124 países que trabajan por garantizar el derecho a la educación se movilizan para llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general y especialmente de los representantes políticos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas.

Este año, en Bolivia, la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación (SME 2017) se celebrará del 5 al 18 de junio, abordando el rol de la Sociedad Civil frente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – referido a Educación, bajo el lema “Pido la palabra por la educación” como reflejo de la importancia de la participación de la ciudadanía, donde se exigirá a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. Ante este escenario, los espacios de reflexión y análisis que se instalaran permitirán dialogar bajo cuatro ejes:

  • Financiamiento en educación: Costo alumno calidad
  • La aplicación de pruebas estandarizadas y sus efectos negativos en la educación
  • Violencia y acoso escolar
  • Educación para la primera infancia, una prioridad política

Cabe remarcar que las acciones instaladas en la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación, permitirá aportar al diálogo y a la reflexión sobre el sentido político y pedagógico de la educación, indagando y debatiendo sobre una educación de calidad, inclusiva y equitativa, principalmente remarcar que la educación debe ser transformadora, emancipadora y garante de derechos.

En esa línea se instalará, el 7 y 8 de junio el Foro Internacional: El Rol de la Sociedad Civil frente al ODS4 y la Agenda Educativa 2030, donde participaran expertos internacionales como: Daniel Cara de Campaña Brasilera por el Derecho a la Educación; Alberto Croce, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación – CADE; Elizabeth Ivaldi, Presidenta Organización Mundial para la Educación Preescolar – OMEP Uruguay; Rosa María Torres, Investigadora y Especialista en temas educativos – Ecuador; Omar Pulido, Investigador y Especialista en temas Educativos – Colombia; Gilda Aguilar, Especialista en Educación Inclusiva – Costa Rica. Entre los exponentes nacionales podemos mencionar: María Soledad Quiroga, Coordinadora del Área de Investigación en Conflictividad Social y Comunicación Democrática – Fundación UNIR; Mónica Novillo, Coordinador de la Mujer; Sergio Von Vacano, Especialista Regional en Educación Plan Internacional; Fernanda Rivera, Delegada Juvenil de Bolivia ante la ONU, entre otras.

Sin lugar a dudas los espacios de movilización social nos permitirán instalar agendas inclusivas desde los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, el respeto por la diversidad, la interculturalidad, el diálogo de saberes, abriendo caminos para una educación de convivencia y armonía con la madre tierra.

En ese marco, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, convoca a todos y todas a participar de los espacios de reflexión, información, sensibilización y movilización social que permitirá deliberar, dialogar y analizar sobre el cumplimiento de los compromisos en relación al ODS4 y la Agenda Educativa 2030.

Fuente noticia: http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/bolivia/150-bolivia-instituciones-organizaciones-y-activistas-de-la-sociedad-civil-se-movilizaran-por-el-derecho-a-la-educacion#!

 

 

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CLADE: Consulta Colectiva de ONGs subraya la importancia de garantizar la participación social en la implementación de la Agenda de Educación 2030

Consulta Colectiva de ONGs subraya la importancia de garantizar la participación social en la implementación de la Agenda de Educación 2030

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 20 de mayo de 2017.

Consulta Colectiva de ONGs de la UNESCO subraya la importancia de garantizar el derecho a la participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda de Educación 2030.

La CLADE participó amplia y activamente en el VIII encuentro mundial de la Consulta y fue re-electa para integrar su Grupo de Coordinación hasta el 2019

La CLADE estuvo presente en la VIII reunión mundial de la Consulta Colectiva de las ONGs sobre la Educación para Todos (CCONG/EPT), un mecanismo clave de la UNESCO para el diálogo, la reflexión y la asociación con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la educación en todo el mundo. Esta reunión fue la primera después de la adopción de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y proporcionó una plataforma para discutir las actividades realizadas por la sociedad civil para apoyar la implementación de la Agenda de Educación 2030 a nivel nacional, regional y mundial, oportunidades y retos identificados y el camino a seguir para su cumplimiento.

La declaración final del encuentro toma en cuenta los aportes de 60 organizaciones consultadas previamente al evento y los resultados de ocho grupos de trabajo y dos plenarias. «Como presidenta del grupo de redacción de esta declaración, me enorgullece ver cómo avanzamos desde el trabajo colectivo y en especial desde la gran contribución de toda la delegación de la CLADE», celebra la coordinadora general de esta red y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso.

Entre las recomendaciones del documento, se plantea que los Estados deben garantizar la participación de la sociedad civil en todas las etapas de implementación de la Agenda de Educación 2030, desde la formulación y planificación de las políticas hasta su monitoreo y evaluación, inclusive con el establecimiento de espacios de diálogo y seguimiento institucionalizados.

Asimismo, la declaración exhorta a los Estados para que actúen e impulsen marcos legales con miras al fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y la regulación de los proveedores de educación privada. “El financiamiento para la educación debe mantenerse y ampliarse, incluso durante los tiempos de crisis, y debe responder a los criterios de equidad y calidad”, afirma la declaración.

El documento señala además que, de acuerdo a la Agenda de Educación 2030, los Estados deben garantizar formación de calidad y continua para las y los docentes, y una educación inclusiva, dando especial atención a la equidad de género, a las personas con discapacidad, migrantes y refugiadas/os, así como el respeto a la diversidad, incluyendo los derechos humanos de las personas LGBTQI.

Plantea igualmente que la calidad educativa debe entenderse de manera amplia, abarcando los procesos y ambientes educativos, sin que se la reduzca a resultados de aprendizaje, los cuales actualmente, según los indicadores globales, se limitan a la medición de conocimientos en matemática y lenguas a través de pruebas estandarizadas.

También se contempló entre las recomendaciones la propuesta presentada por la delegación de la CLADE, de que se mencionara el rol de la información y comunicación en nuestras sociedades y en la educación. “Urgimos a los gobiernos que hagan esfuerzos para democratizar el acceso a la comunicación, promover los medios de comunicación comunitarios, reducir la brecha digital y asegurar el acceso equitativo y un mejor aprendizaje, promoviendo así la mejora del debate público y de la participación ciudadana”.

La delegación de la CLADE en el encuentro fue conformada por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Foro Dakar Honduras, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, el Foro Socioeducativo de República Dominicana, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, la red Incidencia Civil en la Educación de México, la Reagrupación Educación para Todas y Todos (REPT) de Haití, el Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH-IPN) de Nicaragua, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y Ayuda en Acción.

CLADE fue electa para el Grupo de Coordinación de la CCONG – En la ocasión se eligió el grupo de la sociedad civil que se hará cargo de coordinar la CCONG en el período de 2017 a 2019. Fueron electas las redes: CLADE, CME, Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), ASPBAE, ANCEFA, ACEA, Asociación Europea para la Educación de Personas Adultas (AEAE), CAMPE y Red Árabe de Alfabetización.

Camilla Croso fue electa como representante de ONGs internacionales en dicho Grupo y Silvia Alonso, de ICE, representará la CLADE en este espacio. “Conmemoramos la presencia de dos mujeres latinoamericanas en el Grupo de Coordinación de la CCONG/EPT. El grupo tendrá el rol clave de asegurar que se tome en cuenta la participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda de Educación 2030 y de promover las recomendaciones consolidadas en la declaración final del evento”, afirma Silvia Alonso.

Recursos

 

 

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CLADE: Sindicatos piden al Banco Mundial que cese las inversiones en escuelas privadas de bajo costo

CLADE/06 de mayo de 2017/

Dirigentes sindicales y defensores de la educación se unieron el 21 de abril ante el Banco Mundial en protesta por su continuo apoyo a las agencias de educación con fines de lucro en general, y en concreto a Bridge International Academies (BIA).

En una carta conjunta a Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, los dirigentes de varios sindicatos de profesores internacionales y sindicatos mundiales solicitaron al Banco Mundial para que cese inmediatamente su apoyo a escuelas privadas de bajo costo como BIA. En la misma señalan que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental y no debe basarse en la capacidad de pago de una familia.

Al apoyar la expansión de la educación privada de bajo costo y otras prácticas competitivas, el Banco Mundial contribuye a que un gran número de los/as niños/as más vulnerables del mundo no tengan esperanza de una educación de calidad, y creemos que una educación pública de alta calidad debe ser reconocida como un bien público y que la educación es una responsabilidad primordial de los gobiernos y no de las empresas y los empresarios.

“Debemos recordar al banco cuáles deben ser sus prioridades: apoyar la educación pública, no privatizar las escuelas que crean unos cuantos ganadores a expensas de millones de niños”, expresó Lorretta Johnson, secretaria-tesorera de la AFT.

Afirman que el apoyo continuo del Banco Mundial a BIA es imposible de entender a la luz de las recientes decisiones judiciales que confirman la mala trayectoria de Bridge.

Fuente de la Noticia:

Sindicatos piden al Banco Mundial que cese las inversiones en escuelas privadas de bajo costo

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Entrevista: “La educación debe garantizar capacidades ciudadanas para asumir la construcción de la paz como una responsabilidad”

Entrevista del Equipo des CLADE al Ministro de Educación de El Salvador.

El Ministro de Educación de El Salvador, Carlos Canjura, comenta la iniciativa que planea inserir la temática de la educación para la paz en la política educativa de este país

A principios del 2017, el Ministerio de Educación de El Salvador ha instituido el “Foro Cultura de Paz”, un espacio de reflexión y discusión sobre esta temática entre académicas/os, docentes y sociedad civil con miras a inserirla en el currículo nacional y en su política educativa. En esta entrevista al OREI, el Ministro de Educación, Carlos Canjura, comenta el contexto de esta iniciativa y plantea el rol de la educación en la promoción de la paz. “Hay que concebir la educación como una instancia, entre otras, que debe hacer lo suyo para construir paz social y capacidades de cultura de paz en la población asumiendo la complejidad del fenómeno de la violencia. La educación tiene la tarea de encarar a largo plazo la construcción de bases que permitan asegurar la profundización de una paz duradera, más que resolver en lo inmediato la situación”, afirma.

¿Podría presentarnos el contexto en que se ha impulsado la constitución de este foro para debatir la inserción de la cultura de paz en el currículo en El Salvador? ¿De qué trata esta iniciativa y quien integra este foro?

El “Foro Cultura de Paz” surge a partir de la necesidad de repensar lo andado por el sistema educativo y el país en materia de cultura de paz. Se trata de hacer un balance de estos 25 años transcurridos tras la firma de la paz, en el marco de la declaratoria de la Asamblea Legislativa de 2017 como año de la promoción de la cultura de paz, y de la solicitud del Presidente de la República de incorporar en el currículo nacional la cultura de paz.

Para fortalecer el sistema educativo a este respecto es sustancial plantearse la superación del autoritarismo histórico, en especial las tendencias que más nos afectan, entre estas, sin duda, la violencia, que tiene diversas expresiones en la sociedad y en la escuela.

Nuestro sistema educativo debe desarrollar un método, en el que a todo nivel gocemos de prácticas políticas y culturales ejemplares. Nuestro sistema educativo debe formar un carácter íntegro en el estudiantado, que comience por darle seguridad en lo que sabe y puede hacer. Estudiantes con conocimientos endebles serán profesionales inseguros y proclives a la corrupción y fácil presa del autoritarismo. La cultura de paz es una necesidad del sistema educativo y partimos de varias ideas fundamentales: el valor que damos al conocimiento; el reconocimiento a nuestros centros de educación superior; el aprecio por la escuela como centro de paz, que forja la convivencia en paz, así como un núcleo dinámico de la comunidad y espacio de integración de la familia en el proceso educativo.

En el centro del enfoque se encuentran: el reconocimiento de nuestras diferencias, el respeto a la dignidad de las personas, la convicción sobre nuestras capacidades para solucionar los conflictos sin violencia y el compromiso con la democracia. Creemos firmemente que una educación de calidad es la mejor contribución que podemos hacer al desarrollo de una cultura de paz.

¿Cómo el Ministerio de Educación planea estimular que este nuevo plan de estudio sea incorporado por las escuelas? ¿En el tema de la formación docente, cuáles son los desafíos para promover este diálogo sobre la no violencia y el cambio de las prácticas pedagógicas?

La estrategia del MINED avanza en tres direcciones. En primer lugar, el proceso de reflexión y de compromisos generados a través del Foro en la comunidad educativa y la sociedad civil. En segundo lugar, el desarrollo e implementación de la asignatura “Moral, urbanidad y cívica”. La asignatura tiene como eje temático la cultura de paz, con lo cual se busca desarrollar prácticas y dotar de instrumentos a los niños, niñas y jóvenes para resolver creativa y pacíficamente los conflictos que se les presentan.

En los últimos años hemos venido insistiendo en que uno de los nudos gordianos está en la calidad de nuestros docentes. Con ellos hay que encarar en primera instancia las formas tradicionales de enseñanza basadas en la reproducción de contenidos y en la ausencia de una profunda especialización disciplinar en tanto punto de partida de una constante reflexión pedagógica y metodológica centrada en el aprendizaje de capacidades ciudadanas y productivas. Formar cultura de paz implica docentes capaces de hacerlo, y esto no es tarea sólo de los docentes de una asignatura, sino de toda la planta nacional.

En un primer momento, la formación docente a este respecto iniciará con maestros y maestras de estudios sociales, pues ellos/as impartirán la nueva asignatura. No obstante, posteriormente, se pretende formar a toda la planta a este respecto. En esta línea se está trabajando con la Universidad de Chile, que nos hará transferencia tecnológica y de experiencias para montar una plataforma en línea que nos permita llegar a todos y todas los/as docentes.

Los datos sobre violencia indican que el problema está muy presente en la vida cotidiana de las y los adolescentes en América Latina y el Caribe y, en particular, en algunos países de Centroamérica. ¿De qué manera el Ministerio de Educación considera que la inserción de la paz en el currículo puede beneficiar los/as estudiantes de su país e impactar su trayectoria escolar?

Nosotros partimos de una concepción compleja de violencia, donde está claro que esta se manifiesta en diferentes formas y esferas de la sociedad. Hay una tendencia histórica nacional de la violencia como el modo privilegiado de gestionar conflictos políticos, sociales, familiares, etc. Asimismo, hay una serie de causas estructurales. De allí que hay que concebir la educación como una instancia, entre otras, que debe hacer lo suyo para construir paz social y capacidades de cultura de paz en la población asumiendo la complejidad del fenómeno de la violencia. La educación tiene la tarea de encarar a largo plazo la construcción de bases que permitan asegurar la profundización de una paz duradera, más que resolver en lo inmediato la situación.

El sistema educativo debe garantizar que la gestión escolar en general, así como la gestión pedagógica, coadyuven a la formación de capacidades ciudadanas, para que el/la estudiante tenga las herramientas, los conocimientos, las habilidades y las prácticas que le permitan asumir la construcción de paz como una responsabilidad. Los ambientes escolares son también un asunto clave, pues para formar ciudadanía es necesario un ambiente adecuado, donde el respeto, la tolerancia y la valoración de las diferencias nos impulsen a buscar creativamente formas y mecanismos de entendimiento productivo.

Por otra parte es fundamental señalar que la educación seguirá teniendo un papel central en la superación de desigualdades, las cuales son causa estructural de violencia. No obstante, los resultados no pueden esperarse en lo inmediato, sino como producto de procesos sostenibles.

Las y los estudiantes de distintos países de América Latina y el Caribe están planteando más espacios de participación dentro y fuera de las escuelas. ¿Cómo usted ve esa demanda por participación y por el reconocimiento de las culturas juveniles en los espacios escolares y su relación con la promoción de la cultura de paz?

Consideramos que el desarrollo de capacidades ciudadanas debe permitirnos construir ciudadanas y ciudadanos capaces de desenvolverse en diferentes esferas de la vida pública y privada. La formación de ciudadanía política hoy debe incluir además de la nación al mundo, además del ámbito electoral a la sociedad civil, así como la escuela y los nuevos escenarios públicos abiertos por el Internet. Asimismo es importante imaginar que la escuela y la comunidad son esas primeras instancias donde los/as jóvenes tienen sus primeras experiencias políticas o ciudadanas en un sentido amplio, por lo que dinamizar creativamente estos escenarios es clave para que estas primeras experiencias sean la base de posteriores participaciones responsables. Para esto necesitamos reinventar la escuela, acercarnos a la comunidad y formar a nuestros/as directores/as escolares, así como a los/as docentes, para que sean agentes de formación ciudadana.

Los espacios escolares deben afinarse y aprovecharse al máximo para que propicien un encuentro horizontal de expectativas, proyecciones e ideas entre la niñez y la juventud. El dialogo intergeneracional es clave. Necesitamos docentes que, desde su generación, dialoguen, intercambien y formen a una nueva generación ávida de desenvolverse públicamente.

Fuente de la Entrevista:

http://v2.campanaderechoeducacion.org/

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Colombia: El derecho a la educación prevalece sobre el cumplimiento de obligaciones meramente monetarias

CLADE- Colombia/ 25 de abril de 2017/ Autora: Adelaida Entenza.

Así lo determinó la Corte Constitucional al analizar el caso de una estudiante de medicina que no pudo continuar con el desarrollo de sus actividades académicas en la Universidad de la Sabana, debido a que la institución no emitió la orden de matrícula por tener la estudiante una deuda pendiente de pago.

En la resolución del caso, la Corte recuerda que en su desarrollo jurisprudencial ha considerado que la educación es clave para la igualdad, permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda íntima conexión con la dignidad humana, y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social. Resalta que, de manera consistente, se ha defendido el carácter fundamental del derecho a la educación, y que dada la importancia que tiene este derecho para el desarrollo de las personas, la educación goza de una especial protección por parte del Estado.

Al analizar la tensión entre el derecho a la educación y la autonomía universitaria (la cual había sido alegada por la institución educativa), la Corte concluyó que dicha autonomía encuentra límites demarcados por los derechos fundamentales; advirtiendo que la Universidad tiene a su disposición medidas de cobro que no lesionan el derecho fundamental a la educación, afirmando que “la decisión de impedirle a la estudiante continuar con sus actividades académicas por motivos netamente económicos es una medida desproporcionada que vulnera esta garantía fundamental”.

Con base a ello, ordenó el reintegro de la estudiante a sus actividades académicas en un plazo no superior a 48 horas, absteniéndose la institución universitaria en cuestión “de seguir afectando el proceso educativo por razones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones meramente pecuniarias”.

Por su parte, en virtud de que ya habían transcurrido más de ocho meses en los que la estudiante se había encontrado impedida de continuar sus estudios, la Corte ordenó a la Universidad de la Sabana realizar todas las acciones tendientes a garantizar que la estudiante se ponga al día en sus obligaciones académicas, así como concertar un nuevo acuerdo de pago que se ajuste a su situación económica real y actual.

Acceda aquí al texto completo de la Sentencia T-102/17

Fuente de la Noticia:

Colombia: El derecho a la educación prevalece sobre el cumplimiento de obligaciones meramente monetarias

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CLADE – OVE: SAME 2017 enfoca la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los Estados en el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030

CLADE – OVE/25 de abril de 2017/

La Semana de Acción Mundial por la Educación 2017 comenzará en la próxima semana y tendrá énfasis en el rol de la participación ciudadana para la realización del Objetivo de Educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), iniciativa de movilización internacional coordinada por la Campaña Mundial por la Educación (CME), este año se celebra del 23 al 29 de abril y abraza la consigna «¡Pedimos la palabra por la educación! – Es hora de garantizar este derecho». Con miras a exigir a los gobiernos que rindan cuentas sobre la implementación de la Agenda de Educación 2030 en sus países y teniendo como premisa la participación activa de la ciudadanía en el seguimiento e implementación de estos compromisos, se realizarán actividades de incidencia política y movilización social en más de 100 países de todo el mundo.

Con un énfasis particular en recordar a los Estados y a la ciudadanía que la gobernabilidad democrática es la piedra angular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la SAME 2017 se propone señalar la necesidad de hojas de ruta realistas y creíbles para garantizar una educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva para todas las personas, hasta el 2030. Queremos que los gobiernos y la comunidad internacional reafirmen y asuman su responsabilidad con la realización de la Agenda de Educación 2030, garantizando mecanismos claros y transparentes de rendición de cuentas y tomando en consideración la participación activa de la sociedad civil.

En este contexto, la CLADE apoya y le da seguimiento a la participación de los foros nacionales que integran la red, en los espacios de acompañamiento a la implementación de los ODS que se hayan creado en sus países, así como en el proceso de elaboración de los informes voluntarios que algunos Estados de la región presentarán en julio de 2017 al Foro Político de Alto Nivel de la ONU (High Level Political Forum), que es la principal arquitectura de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030 a nivel internacional. Este año presentarán sus revisiones nacionales voluntarias sobre los ODS los siguientes países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.

Durante la SAME 2017, también se abordarán los desafíos para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – referido a Educación – a nivel mundial, entre ellos la disputa sobre el concepto de calidad educativa; el debilitamiento del rol de los Estados como garantes del derecho a la educación pública y gratuita; y la reducción de espacios para la participación ciudadana en muchos países, inclusive con casos de criminalización y represión de la protesta social.

Ante este escenario, demandamos que los gobiernos:

  • garanticen espacios estructurados para una participación activa y efectiva de la sociedad civil en el seguimiento de la Agenda de Educación 2030, en referencia a la legislación, planificación, presupuesto y monitoreo;
  • prioricen y aseguren en dichos espacios la participación de sindicatos de trabajadoras/es de la educación y organizaciones y movimientos sociales, especialmente las organizaciones estudiantiles, de mujeres, personas con discapacidad, indígenas y afro descendientes, entre otras poblaciones históricamente marginadas;
  • eliminen y rechacen las políticas y legislaciones que tengan como objeto reprimir y criminalizar a la protesta social y la labor de defensoras/es de los derechos humanos e integrantes de la comunidad educativa;
  • garanticen los presupuestos y medios de implementación necesarios para el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 en los países, en base al compromiso con el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, como una responsabilidad de los Estados.

Seguiremos compartiendo más informaciones sobre los mensajes clave, los objetivos y la agenda de la SAME 2017, destacando especialmente las actividades que se desarrollen por iniciativa de la comunidad educativa y la sociedad civil organizada en distintos países de América Latina y el Caribe, a través de nuestra página web: http://same2017.campanaderechoeducacion.org

Acceda también a la página de la SAME 2017 a nivel internacional: http://actionweek.campaignforeducation.org/

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