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CLADE: Luchas por la Educación en América Latina y El Caribe demandan un Cambio de Sistema.

Por: CLADE. 

En las últimas semanas la lucha por el derecho a la educación tomó las calles de varias ciudades de la región, principalmente en Argentina, Colombia y Chile. En el programa “Voces sobre la mesa” analizamos los contextos de las luchas, qué de común tienen entre ellas y porqué han sido poco visibilizadas en los medios hegemónicos a pesar de las multitudinarias marchas.

Estas demandas que se expresan en las calles piden financiamiento para la educación, mejores condiciones de los maestros y maestras, gratuidad, inclusión; pero sobre todo exigen el cambio del sistema. Demandan crear un nuevo sistema que gire alrededor de la vida y que mire a la educación, no como mercancía, sino como derecho.

Descargue aquí la edición de 17/05/2017 del programa “Voces sobre la mesa” de la ALER Satelital, producido con aportes de la Emisora Suba Al Aire y Contagio Radio de Colombia, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y del Foro por el Derecho a la educación en Chile.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.

Fotografía: aler

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10 Estados de América Latina y el Caribe presentan a la ONU sus revisiones nacionales voluntarias sobre el cumplimiento de la Agenda 2030

América Latina y El Caribe, 22 de julio de 2017.  Fuente: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación(CLADE)

Se realizó entre el 10 y el 19 de julio en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (High Level Political Forum – HLPF, por su acrónimo en inglés), la plataforma internacional para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron adoptados por los Estados miembros en septiembre de 2015.

Cada cuatro años, se elige un conjunto de ODS para que esta instancia los analice en profundidad. En el HLPF de este año se discutirá la implementación de los siguientes Objetivos: ODS 1 (Poner fin a la pobreza); ODS 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible); ODS 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas/os en todas las edades); ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas); ODS 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación); ODS 14 (Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible); y Objetivo 17 (Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible).

Durante este evento, en que se promueven múltiples debates, se evalúa también el estado de implementación de los ODS en 44 países, los cuales presentan sus revisiones nacionales voluntarias (VNR) del 17 al 19 de julio. De América Latina y el Caribe, dan a conocer sus informes los siguientes Estados: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá; Perú y Uruguay.

En el contexto del HLPF, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés), que integra la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los ODS en Naciones Unidas, impulsó una consulta a la comunidad educativa y activistas que defienden el derecho humano a la educación en distintos países del mundo sobre el cumplimiento de los ODS en sus contextos nacionales.

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una de las cuatro organizaciones impulsoras del EASG, al lado del Consejo Internacional para la Educación de Personas Adultas (ICAE), de la Unión Europea de Estudiantes (European Students’ Union) y de la Internacional de la Educación (IE).

Análisis de las revisiones nacionales voluntarias – Específicamente para la membresía de las organizaciones del EASG que viven en los Estados que presentan sus revisiones nacionales voluntarias este año, se hizo una invitación para que formularan comentarios y preguntas respecto al contenido de los informes divulgados por los gobiernos de estos países.

Como resultado, lo que se observa es que la mayoría de las revisiones nacionales voluntarias no hace cualquier referencia específica al ODS 4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible referido al derecho a la educación). Gran parte de estos informes, a la vez, se ha limitado a comentar apenas los ODS que se deberán profundizar en el Foro Político de Alto Nivel 2017.

Sin embargo, es importante que los Estados presenten los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 como un todo y es clave que el conjunto de los Objetivos sea abordado en cada edición del HLPF, pues de otra manera cada ODS sería analizado apenas una vez cada cuatro años. Esta recomendación es especialmente importante en lo que toca a la implementación del ODS 4, que se refiere al derecho humano a la educación, pues es promotor de la realización de todos los demás derechos humanos, así como de la concreción de toda la Agenda 2030.

También se constató que en la mayoría de los países todavía no existen espacios institucionalizados para el seguimiento y revisión de la Agenda de Desarrollo 2030 en los que se permita y garantice la participación de la sociedad civil.

Esta semana, integrantes del EASG tienen la oportunidad de hacer algunas preguntas a los Estados que presentan sus revisiones nacionales voluntarias al Foro Político de Alto Nivel.

Revisiones voluntarias de América Latina y el Caribe – En lo que refiere a los Estados de esta región que presentan sus revisiones voluntarias en el HLPF 2017, la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) planteó algunas reflexiones y preguntas sobre el contenido de los informes de estos países. Se señalaron dos principales preocupaciones en la mayor parte de estas revisiones: la reducción de inversiones públicas en los sistemas educativos públicos, afectando la gratuidad educativa, y retrocesos y retos relacionados a la igualdad de género y la educación.

Asimismo se subrayó como punto positivo que los informes de Uruguay y Perú mencionan compromisos claros con el cumplimiento del ODS 4 y la garantía de la participación de la sociedad civil en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030.

Fuente reseña: http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/776-2017-07-14-13-35-11.html

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Education Cannot Wait – a fund for education in emergencies: Statement by the Global Campaign for Education

By CLADE

462 million school-aged children – or one in four around the world – live in countries affected by crisis. 75 million are either in danger of, or are already, missing out on their right to a free, quality education. Education empowers and promotes resilience, provides a safe space and stability, is fundamental for children, youth and adults to tackle emergencies, and breaks the cycle of conflict.

Supporting children and young people living in some of the world’s most difficult contexts has proven to be a serious challenge: in 2015, only 12% of children identified as living in conflict situations were reached by humanitarian funding dedicated to education. Efforts must be redoubled if the world is to meet its shared ambition to leave no one behind.

As such, the Global Campaign for Education welcomes the launch of the Education Cannot Wait fund for education in emergencies, which was announced at the World Humanitarian Summit in Istanbul, Turkey, 23-24 May 2016. The fund aims to reach more than 13.6 million children and young people living in crisis situations, such as conflict, natural disasters and disease outbreaks, with quality education over the next five years, and 75 million by 2030. GCE believes that the new fund constitutes an historic opportunity to fund the future by ensuring access to quality education for some of the world’s most vulnerable children and young people.

The European Union, the Netherlands, Norway, the United Kingdom, and the United States have all made financial contributions for the first year of the fund so far, with Denmark indicating its willingness to make a financial contribution in 2017. The fund’s target for the first year is US$150 million, with an overall ambition of achieving $3.5 billion over a five-year period; by the close of the World Humanitarian Summit, just over 50% of the year one target had been pledged.

GCE welcomes these pledges and will be holding governments to account by analysing these commitments in the coming days. It is crucial to ensure that new monies have been pledged, and that countries supporting the new Fund do not double-count commitments, such as those made during the February 2016 Syria Conference, or draw back their support from existing mechanisms, such as the Global Partnership for Education.

Similarly, GCE urges those governments making pledges to the new fund to commit to delivering the vision of equitable, inclusive and free quality education to which they have pledged for every child in the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Education 2030 Framework for Action; all children, young people and adults have the same rights, and these rights should not be compromised for those living in crisis contexts. We particularly call on governments to ensure that public funds dedicated to education are used for quality, public provision and systems, and not to support for-profit private companies seeking to draw financial profit from humanitarian crises. This practice, known as ‘disaster capitalism’, has already been applied in several cases and contexts, and has proven to be profoundly detrimental to the realisation of human rights. For the right to education, it places quality, equity, and inclusion in serious jeopardy.

GCE also welcomes the fund’s commitment to being inclusive and transparent in its own governance. We call on the fund to adhere to the principle of engaging with and including civil society, both in its own governance arrangements and in its ways of working on the ground. The voice of citizens is vital to ensuring that its work is well-informed, and held accountable by those it seeks to serve.

GCE submitted its own pledge to the World Humanitarian Summit. The pledge encompassed building civil society capacity in countries afflicted by disaster and conflict to ensure citizens are involved in sector planning in and for such contexts, as well as monitoring education financing and delivery. At local, national, regional and international levels, GCE is also committed to advocating for increased and additional resources for education in emergencies and crises, and monitoring such commitments and delivery of services.

The statement above can be downloaded in English.

Source:

http://www.campaignforeducation.org/en/news/global/view/679-education-cannot-wait-a-fund-for-education-in-emergencies-statement-by-the-global-campaign-for-education

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CLADE: Entrevista a Marina Martins“Se debe entender que la educación de adultas/os no es una isla, sino que es producto del sistema educativo”

Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE

Ante la aproximación de la reunión de balance intermedio de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en octubre en la República de Corea, divulgamos una serie de entrevistas a expertas/os en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) de América Latina y el Caribe, con miras a discutir los avances y desafíos pendientes respecto a la garantía de esta modalidad educativa como un derecho humano en nuestra región.

En esta quinta entrega, entrevistamos a María del Carmen Lorenzatti, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y especialista en educación de personas jóvenes y adultas. En la ocasión, comenta entre otros retos para la realización de la EPJA como un derecho humano en el país: considerar que esta modalidad educativa es parte del sistema educativo, garantizando a la vez una formación específica para las y los docentes que actúan con personas jóvenes y adultas. “Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, lo que le permitió construir conocimientos de manera diferente a la escolar”.

Lea la entrevista completa a continuación.

¿Cuáles son los avances y retrocesos registrados en materia de marcos legales, políticos e institucionales de la EPJA en su país, desde la CONFINTEA VI en Belém do Pará, Brasil?

En el post-CONFINTEA en Argentina, se ha producido un proceso interesante de avances en términos de regulaciones políticas. En la década de 90, sin embargo, la educación de adultas/os tenía un espacio muy residual, por ejemplo, en la Ley Federal de Educación la educación de personas jóvenes y adultas era considerada un régimen especial. Eso sumado a los recortes presupuestarios trajo como consecuencia la reducción, el cierre y la ausencia de programas específicos para la modalidad.

En cambio, a partir del 2006, con la Ley de Educación Nacional, comienza uno de los períodos más ricos en términos de políticas, definiciones y regulaciones en Argentina, en relación con la educación de adultas/os. Pasa a ser considerada como modalidad educativa, recuperando el sentido del término, lo que implica pensar en políticas de formación docente específicas, en currículos específicos, en sujetos con notas distintivas, con características, historias de vida y trayectoria socioeducativa particulares.

En este período, destaco como decisiones políticas fuertes la creación de la Dirección Nacional de Educación de Adultos y la constitución de la Mesa Federal de Educación de Jóvenes y Adultos, que es un órgano de consulta, donde se discuten las políticas. En esa mesa federal, que se compone por los directores de adultos de todas las provincias, se genera un espacio de discusión de las políticas específicas para la modalidad. Ese espacio generó una normativa, la Resolución 118/2010, con dos anexos, donde se definen las características de la modalidad y se trabaja sobre las cuestiones curriculares. Entonces, en términos regulatorios, yo diría que hubo un avance muy importante en Argentina en los últimos años, porque a esta regulación, sigue otra normativa en 2015 que garantiza la movilidad de los estudiantes adultos. Es decir, históricamente, un estudiante que vive en el norte de Argentina y viaja al centro o al sur del país, cuando llegaba a las escuelas de adultos para terminar su escolaridad, encontraba que no había nada regulado.

Y, por último, mencionaría la aprobación por parte del Ministerio de un trayecto formativo para docentes de EPJA, que se conoce aquí como “post-título”. Se trata del trayecto de una cantidad determinada de horas compuesto por 15 módulos, en que se aborda la historia de la educación de jóvenes y adultas/os en Argentina, el sujeto y el contexto comunitario, las cuestiones curriculares generales y específicas y la sistematización de la práctica docente. Esa formación está pensada como posterior a la carrera, una oferta para las y los docentes que están trabajando en EPJA.

Otra decisión importante fue el Plan Fines, el Plan de Finalización de los Estudios, que se implementa como respuesta a la obligatoriedad escolar, que sostiene la Ley de Educación Nacional, promulgada en el 2006. En esa ley, la escolaridad obligatoria llega hasta la finalización de los estudios secundarios. Desde la dirección de adultos, una primera reacción fue abrir puertas y canales para generar espacios donde los sujetos jóvenes y adultos que no terminaron la escolaridad en el momento de la edad correspondiente, puedan hacerlo en adultos.

Todo eso se refiere a la estructura normativa en Argentina hasta el 2015. En 2016, con el cambio de gobierno, cambiaron las estructuras y no se organizan las acciones por niveles o por modalidades. Hay un retroceso muy grande.

¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinente para grupos de población vulnerados?

Sí. La educación en contextos de encierro, por ejemplo, que por la ley se considera separada del campo de educación de personas jóvenes y adultas, tuvo un desarrollo nacional y provincial bastante fuerte. Se creó también un postítulo de formación docente y se desarrollaron líneas de apoyo a la educación en estos contextos.

En lo que corresponde a la educación intercultural bilingüe también hubo avances, pero creo que más focalizado en niños y niñas.

Hubo, asimismo, un fuerte apoyo desde la EPJA a los movimientos campesinos, que incluso participaban en el Plan Nacional de Alfabetización, que se implementa a partir de 2004. Éste, como todos los planes de alfabetización en Argentina, se desarrolla a partir de un convenio con organizaciones, escuelas e instituciones. Entonces, inicialmente hubo una apertura muy fuerte para atender la población del campo, pero después no se le ha dado seguimiento y no se ha garantizado formación específica.

¿Existen espacios de participación y consulta para la sociedad civil y los diferentes actores de la comunidad educativa, en especial educandos y educadores de la EPJA, sobre las políticas educativas de su país o localidad?

Decididamente no. Lo que hubo fue una cuestión muy estructural, que tuvo que ver con definiciones claras a nivel central, como la construcción de la Mesa Federal que ya mencioné.

En su país, los recursos del Estado y presupuestos asignados para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental, ¿Son suficientes? ¿Se han incrementado? ¿La distribución de los recursos, contribuye a promover procesos de aprendizajes significativos?

Diría que hubo un incremento de recursos con relación a la década anterior. Eso se observa claramente a nivel nacional por los programas que te estoy contando. A nivel provincial también hubo un aumento del presupuesto, pero este todavía es insuficiente.

Diría que faltan recursos para el adecuado acompañamiento a las y los docentes, así como para la toma de decisiones y para la conformación de equipos técnicos. De hecho, la dirección de adultos en esta provincia tiene equipos técnicos de primaria, de secundaria, de esta modalidad a distancia, sin embargo sigue faltando presupuesto para los inspectores, para los supervisores, para hacer acompañamiento, para hacer formación docente. La formación siendo algo relegado en el marco de las políticas de financiamiento globales.

¿Qué recomendación específica haría a las autoridades de su país y a autoridades internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?

Lo primero es entender que la educación de adultos no es una isla, que es producto del sistema educativo. Según García Huidobro, “la educación de adultos es un invento del sistema educativo porque la noche se recupera lo que se expulsa durante el día”. Es necesario articular acciones con todos los sectores sociales. Eso significa incorporar la educación en las fábricas, en los hospitales y en los distintos espacios sociales, en el sentido de reconocer la alfabetización y el acceso a conocimiento como práctica social. También es necesario trabajar fuertemente en formación docente específica para EPJA. Cuando hablamos de la especificidad de la educación de adultos, estamos hablando de reconocer a ese sujeto adulto que viene con una trayectoria de vida, que ya construyó conocimientos y posiciones frente a su propia vida.

Es imprescindible pensar que la educación de adultas/os forma parte del sistema educativo, pero se diferencia del sistema, pues aborda la especificidad del sujeto adulto, que tiene un recorrido de vida, siendo que en esa trayectoria ya ha construido conocimientos. Maria Saleme decía que el conocimiento en el mundo adulto es parte de su dinámica vital. Por eso es complejo y difícil enseñar en el campo de la educación de adultos.

Hay que trabajar con las universidades en el sentido de poder discutir juntos los resultados de las investigaciones. No estoy hablando de un académico que venga y diga “la educación de jóvenes y adultos tiene que ser así o así”, estoy hablando de una mesa donde nosotros, que estamos en el campo investigando, podamos decir “mira, estamos viendo eso, ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo trabajamos con esos jóvenes?”. Por otro lado, la universidad históricamente se separó del sistema educativo. Las investigaciones van hacia un lado y las decisiones políticas hacia otro lado. El sectarismo de las instituciones es difícil, y yo me hago cargo de lo que nos toca como universitarios. Hay mucho por hacer.

Fuente de la entrevista: https://vocesepja.campanaderechoeducacion.org/se-debe-entender-que-la-educacion-de-adultasos-no-es-una-isla-sino-que-es-producto-del-sistema-educativo

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Bolivia: Instituciones, organizaciones y activistas de la sociedad civil se movilizarán por el derecho a la educación

América del Sur/Bolivia, 3 de junio de 2017. Fuente y Autor: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación -CLADE

Bajo el lema “Pido la Palabra por la educación”, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación del 5 al 18 de junio, celebrará la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación, con el objetivo de instalar espacios de diálogo, análisis y reflexión, a través de la movilización social que promueva una participación ciudadana en el seguimiento al ODS4 y la Agenda Educativa 2030.

En el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación – SAME, a realizarse del 5 al 18 de junio, bajo el lema “Pido la Palabra por la Educación”, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación – CBDE, llama la atención sobre la importancia de la participación activa de la ciudadanía, en los procesos necesarios para que el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas sea una realidad.

Es necesario, remarcar que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación CBDE, es una plataforma articulada a organizaciones e instituciones de la sociedad civil, con adhesión a la CLADE y la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, orientada a fortalecer la participación social, desarrollando propuestas y acciones de incidencia en las políticas educativas.

En ese sentido, es bueno puntualizar que desde el año 2001 la Campaña Mundial por la Educación (CME) lleva adelante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Es una semana donde más de 124 países que trabajan por garantizar el derecho a la educación se movilizan para llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general y especialmente de los representantes políticos, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas.

Este año, en Bolivia, la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación (SME 2017) se celebrará del 5 al 18 de junio, abordando el rol de la Sociedad Civil frente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – referido a Educación, bajo el lema “Pido la palabra por la educación” como reflejo de la importancia de la participación de la ciudadanía, donde se exigirá a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. Ante este escenario, los espacios de reflexión y análisis que se instalaran permitirán dialogar bajo cuatro ejes:

  • Financiamiento en educación: Costo alumno calidad
  • La aplicación de pruebas estandarizadas y sus efectos negativos en la educación
  • Violencia y acoso escolar
  • Educación para la primera infancia, una prioridad política

Cabe remarcar que las acciones instaladas en la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación, permitirá aportar al diálogo y a la reflexión sobre el sentido político y pedagógico de la educación, indagando y debatiendo sobre una educación de calidad, inclusiva y equitativa, principalmente remarcar que la educación debe ser transformadora, emancipadora y garante de derechos.

En esa línea se instalará, el 7 y 8 de junio el Foro Internacional: El Rol de la Sociedad Civil frente al ODS4 y la Agenda Educativa 2030, donde participaran expertos internacionales como: Daniel Cara de Campaña Brasilera por el Derecho a la Educación; Alberto Croce, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación – CADE; Elizabeth Ivaldi, Presidenta Organización Mundial para la Educación Preescolar – OMEP Uruguay; Rosa María Torres, Investigadora y Especialista en temas educativos – Ecuador; Omar Pulido, Investigador y Especialista en temas Educativos – Colombia; Gilda Aguilar, Especialista en Educación Inclusiva – Costa Rica. Entre los exponentes nacionales podemos mencionar: María Soledad Quiroga, Coordinadora del Área de Investigación en Conflictividad Social y Comunicación Democrática – Fundación UNIR; Mónica Novillo, Coordinador de la Mujer; Sergio Von Vacano, Especialista Regional en Educación Plan Internacional; Fernanda Rivera, Delegada Juvenil de Bolivia ante la ONU, entre otras.

Sin lugar a dudas los espacios de movilización social nos permitirán instalar agendas inclusivas desde los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, el respeto por la diversidad, la interculturalidad, el diálogo de saberes, abriendo caminos para una educación de convivencia y armonía con la madre tierra.

En ese marco, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, convoca a todos y todas a participar de los espacios de reflexión, información, sensibilización y movilización social que permitirá deliberar, dialogar y analizar sobre el cumplimiento de los compromisos en relación al ODS4 y la Agenda Educativa 2030.

Fuente noticia: http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/bolivia/150-bolivia-instituciones-organizaciones-y-activistas-de-la-sociedad-civil-se-movilizaran-por-el-derecho-a-la-educacion#!

 

 

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CLADE: Consulta Colectiva de ONGs subraya la importancia de garantizar la participación social en la implementación de la Agenda de Educación 2030

Consulta Colectiva de ONGs subraya la importancia de garantizar la participación social en la implementación de la Agenda de Educación 2030

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 20 de mayo de 2017.

Consulta Colectiva de ONGs de la UNESCO subraya la importancia de garantizar el derecho a la participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda de Educación 2030.

La CLADE participó amplia y activamente en el VIII encuentro mundial de la Consulta y fue re-electa para integrar su Grupo de Coordinación hasta el 2019

La CLADE estuvo presente en la VIII reunión mundial de la Consulta Colectiva de las ONGs sobre la Educación para Todos (CCONG/EPT), un mecanismo clave de la UNESCO para el diálogo, la reflexión y la asociación con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la educación en todo el mundo. Esta reunión fue la primera después de la adopción de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y proporcionó una plataforma para discutir las actividades realizadas por la sociedad civil para apoyar la implementación de la Agenda de Educación 2030 a nivel nacional, regional y mundial, oportunidades y retos identificados y el camino a seguir para su cumplimiento.

La declaración final del encuentro toma en cuenta los aportes de 60 organizaciones consultadas previamente al evento y los resultados de ocho grupos de trabajo y dos plenarias. «Como presidenta del grupo de redacción de esta declaración, me enorgullece ver cómo avanzamos desde el trabajo colectivo y en especial desde la gran contribución de toda la delegación de la CLADE», celebra la coordinadora general de esta red y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso.

Entre las recomendaciones del documento, se plantea que los Estados deben garantizar la participación de la sociedad civil en todas las etapas de implementación de la Agenda de Educación 2030, desde la formulación y planificación de las políticas hasta su monitoreo y evaluación, inclusive con el establecimiento de espacios de diálogo y seguimiento institucionalizados.

Asimismo, la declaración exhorta a los Estados para que actúen e impulsen marcos legales con miras al fortalecimiento de los sistemas educativos públicos y la regulación de los proveedores de educación privada. “El financiamiento para la educación debe mantenerse y ampliarse, incluso durante los tiempos de crisis, y debe responder a los criterios de equidad y calidad”, afirma la declaración.

El documento señala además que, de acuerdo a la Agenda de Educación 2030, los Estados deben garantizar formación de calidad y continua para las y los docentes, y una educación inclusiva, dando especial atención a la equidad de género, a las personas con discapacidad, migrantes y refugiadas/os, así como el respeto a la diversidad, incluyendo los derechos humanos de las personas LGBTQI.

Plantea igualmente que la calidad educativa debe entenderse de manera amplia, abarcando los procesos y ambientes educativos, sin que se la reduzca a resultados de aprendizaje, los cuales actualmente, según los indicadores globales, se limitan a la medición de conocimientos en matemática y lenguas a través de pruebas estandarizadas.

También se contempló entre las recomendaciones la propuesta presentada por la delegación de la CLADE, de que se mencionara el rol de la información y comunicación en nuestras sociedades y en la educación. “Urgimos a los gobiernos que hagan esfuerzos para democratizar el acceso a la comunicación, promover los medios de comunicación comunitarios, reducir la brecha digital y asegurar el acceso equitativo y un mejor aprendizaje, promoviendo así la mejora del debate público y de la participación ciudadana”.

La delegación de la CLADE en el encuentro fue conformada por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Foro Dakar Honduras, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, el Foro Socioeducativo de República Dominicana, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, la red Incidencia Civil en la Educación de México, la Reagrupación Educación para Todas y Todos (REPT) de Haití, el Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH-IPN) de Nicaragua, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y Ayuda en Acción.

CLADE fue electa para el Grupo de Coordinación de la CCONG – En la ocasión se eligió el grupo de la sociedad civil que se hará cargo de coordinar la CCONG en el período de 2017 a 2019. Fueron electas las redes: CLADE, CME, Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), ASPBAE, ANCEFA, ACEA, Asociación Europea para la Educación de Personas Adultas (AEAE), CAMPE y Red Árabe de Alfabetización.

Camilla Croso fue electa como representante de ONGs internacionales en dicho Grupo y Silvia Alonso, de ICE, representará la CLADE en este espacio. “Conmemoramos la presencia de dos mujeres latinoamericanas en el Grupo de Coordinación de la CCONG/EPT. El grupo tendrá el rol clave de asegurar que se tome en cuenta la participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda de Educación 2030 y de promover las recomendaciones consolidadas en la declaración final del evento”, afirma Silvia Alonso.

Recursos

 

 

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CLADE: Sindicatos piden al Banco Mundial que cese las inversiones en escuelas privadas de bajo costo

CLADE/06 de mayo de 2017/

Dirigentes sindicales y defensores de la educación se unieron el 21 de abril ante el Banco Mundial en protesta por su continuo apoyo a las agencias de educación con fines de lucro en general, y en concreto a Bridge International Academies (BIA).

En una carta conjunta a Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, los dirigentes de varios sindicatos de profesores internacionales y sindicatos mundiales solicitaron al Banco Mundial para que cese inmediatamente su apoyo a escuelas privadas de bajo costo como BIA. En la misma señalan que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental y no debe basarse en la capacidad de pago de una familia.

Al apoyar la expansión de la educación privada de bajo costo y otras prácticas competitivas, el Banco Mundial contribuye a que un gran número de los/as niños/as más vulnerables del mundo no tengan esperanza de una educación de calidad, y creemos que una educación pública de alta calidad debe ser reconocida como un bien público y que la educación es una responsabilidad primordial de los gobiernos y no de las empresas y los empresarios.

“Debemos recordar al banco cuáles deben ser sus prioridades: apoyar la educación pública, no privatizar las escuelas que crean unos cuantos ganadores a expensas de millones de niños”, expresó Lorretta Johnson, secretaria-tesorera de la AFT.

Afirman que el apoyo continuo del Banco Mundial a BIA es imposible de entender a la luz de las recientes decisiones judiciales que confirman la mala trayectoria de Bridge.

Fuente de la Noticia:

http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/sindicatos-piden-al-banco-mundial-que-cese-las-inversiones-en-escuelas-privadas-de-bajo-costo/

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