Por: Meganoticias Zamora.
Iliana Lo Priore, Luis Bonilla y César Valdovinos nos hablan sobre el derecho a la educación en Latinoamérica y su trascendencia en nuestro país.
Fuente del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uNpG-HXBVZY&feature=player_embedded&app=desktop
“Por una Educación Emancipadora y Garante de Derechos”. Este es el tema que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) propone para su X Asamblea Regional, a realizarse del 22 al 26 de octubre de 2018 en Bogotá, Colombia.
El encuentro, que reunirá a representantes de los foros nacionales, redes regionales y organizaciones internacionales que integran la Campaña, tiene el objetivo de analizar la actual coyuntura regional e internacional y trazar estrategias para la efectiva implementación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe
También durante el evento, la red CLADE realizará un balance del Plan Estratégico Cuatrienal de la Campaña 2015-2018, y además discutirá y aprobará las prioridades de su nuevo Plan para el periodo 2019-2022. El encuentro será igualmente espacio para la reflexión sobre eventuales ajustes al reglamento interno, misión y principios de la Campaña, así como para la elección de su nuevo Comité Directivo.
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Eventos públicos
Para inaugurar su X Asamblea, la CLADE realizará el 22 de octubre, a partir de las 9h00, el Seminario público “Por una Educación Emancipadora y Garante de Derechos”, que tendrá lugar en la Biblioteca Luis Ángel Arango (Cl.11 #4-14, en Bogotá).
Descargue el programa del seminario.
El día siguiente, 23 de octubre, a partir de las 16h30, se realizará el conversatorio público “Por el fortalecimiento de la universidad pública”, en el Salón Oval de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional (Avenida calle 26 #38A-35, en Bogotá).
Descargue el programa del conversatorio.
Educar para la libertad:
Luis Bonilla-Molina en entrevista exclusiva para la CLADE sobre la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba, Argentina
19 de junio de 2018
Organizada por el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC UNESCO) y la Universidad Nacional de Córdoba, se realizó en Córdoba, Argentina, la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES2018). La cita más importante del sector universitario de la década se realizó entre el 11 y el 14 de junio de 2018 en los espacios académicos que hacen 100 años fueron escenarios del Grito rebelde de Córdoba y su Manifiesto Liminar.
Organizaciones de la sociedad civil miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvieron allí presentes, entre ellas la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, que es también integrante del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO. Luis Bonilla-Molina, coordinador internacional de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, nos concedió una breve entrevista sobre esta importante reunión de los y las universitarios/as en la región.
¿En cuáles paneles y actividades de la CRES2018 has participado y que balance haces de estas discusiones?
La CRES2018 es una construcción temática y organizativa en la cual he estado involucrado en los dos últimos años. Primero en su definición conceptual y esquema organizativo en mi condición de presidente del Consejo de Gobierno del IESALC UNESCO (2015-2017) y luego como miembro pleno de esta instancia, desde el 2018. Me correspondió participar activamente en el diseño y sistematización del Foro virtual de la CRES2018 que se desarrolló entre junio y noviembre de 2017, en el cual participaron casi 900 foristas quienes desarrollaron aproximadamente 20.000 interacciones en los siete ejes temáticos de la Conferencia (Vea síntesis de este foro virtual aquí).
En el encuentro central de la CRES2018 se estructuraron los siguientes ejes temáticos a) la Educación Superior como parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe; b) la Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina; c) la Educación Superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe; d) el Rol de la Educación Superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe; e) la investigación científica y tecnológica y, la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico para América Latina y el Caribe; f) el papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe; g) a cien años de la reforma de Córdoba. En mi caso, me correspondió participar en los paneles sobre el rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales en ALC y, coordinar la mesa referida al “impacto de las nuevas tecnologías en la educación superior”. Además, tuve la oportunidad de participar en múltiples encuentros con estudiantes y organizaciones tanto estudiantiles como académicas.
¿Cuál es la importancia de esta Conferencia y que implicaciones tiene este debate para el movimiento académico y estudiantil universitario a nivel regional?
La CRES2018 es un movimiento singular de la corriente histórica social universitaria continental. Es la continuación de las reuniones de La Habana, Cuba (1996), y Cartagena, Colombia (2008), que impulsaron la realización de las dos ediciones de la Conferencia Mundial de Educación Superior organizadas por UNESCO y realizadas en París (1998-2008). Quizá abusando de la síntesis, podríamos señalar que mientras la primera Conferencia expresó la especificidad de la mirada Latinoamericana y Caribeña respecto al desembarco del neoliberalismo y la tercera revolución industrial, la segunda expresó la vocación unitaria de las y los universitarias/os de la región en defender la educación universitaria como un bien público y un derecho humano.
La CRES2018 se convoca asociada al centenario del más importante hito de la historia universitaria regional como lo fue el movimiento de la Reforma de Córdoba de 1918, en un momento en el cual el neoliberalismo acentúa y reconfigura sus orientaciones para el sector, queriendo impulsar una neo privatización del mundo universitario en el marco de la reestructuración del modo de producción capitalista como resultado de la cuarta revolución industrial. La CRES2018 se realiza en medio de inusitadas iniciativas de los organismos económicos globales para privatizar el conocimiento, virtualizar la enseñanza superior y convertir los contenidos de aprendizaje en simples repositorios en la nube tecnológica, con una lógica de mercancía y mercado.
Si bien es cierto que las instituciones universitarias en la región superan el número de las 13000 y en muchos lugares la cobertura alcanza el 50%, también es cierto que esta dinámica se concentra fundamentalmente en cuatro países con una marcada expansión del sector privado de la enseñanza en ALC. La ideología del mercado y la educación superior como mercancía, desembarcaron bajo el discurso de las competencias y ahora tiene un capítulo especial en los rankings universitarios que orientan para la lógica del capital la actividad del sector. Esto afecta las dinámicas académicas y la propia libertad de pensamiento de las y los estudiantes. Por ello, transversalmente en cada uno de los debates de la CRES2018, se expresaron estas tensiones con un protagonismo de profesoras/es y estudiantes en las resistencias contra la imposición de la lógica del mercado en lo universitario.
Córdoba 2018 expresa un balance de lo actuado en materia de defensa de la educación universitaria como bien público y derecho humano fundamental, pero nos muestra también retos y desafíos en su sostenimiento que demandan la unidad de todos los actores sociales interesados. La CLADE está llamada a desarrollar una articulación especial en esa dirección en los próximos años. Córdoba también expresó las tensiones que generan las nuevas narrativas del capital interesado en novedosas formas de privatización y mercantilización que en muchos casos apenas si son percibidas y analizadas por quienes construimos alternativas.
¿Cuáles son los principales desafíos para la enseñanza universitaria a nivel regional, según los diálogos de la Conferencia?
En la CRES2018 se manifestó una conciencia generalizada respecto a pasar definitivamente de las declaraciones a un plan de acción regional que permita unificar los esfuerzos por una educación pública, gratuita y de calidad comprometida con la transformación regional y la justicia social. Buena parte de la construcción de ciencia, conocimiento y referencia ética regional sigue pasando por el mundo universitario, quedando en evidencia en los debates la necesidad de actualizar sus dinámicas y performance a las nuevas realidades del siglo XXI si queremos seguir teniendo este rol estelar.
Desde mi perspectiva el gran desafío está en la actualización de las narrativas de resistencia a la ideología del mercado, para dar cuenta del impacto del mundo tecnológico no solo en la educación como derecho humano, sino en la sociabilidad, el encuentro y la posibilidad de construir juntos el futuro. Son enormes las oportunidades para la educación superior que se abren con el desarrollo tecnológico, pero es urgente prevenir respecto a las pretensiones de sectores del capital global, que no trabajan para usar sus bondades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino para virtualizar el mundo universitario en su totalidad. A muchos sectores progresistas esto les parece una posibilidad remota y no real y tangible en el corto plazo, eso puede afectar estratégicamente la defensa de la educación como derecho humano para aprender a convivir y construir juntos un mundo mejor. Cada momento histórico tiene sus tareas nuevas para estudiantes y profesoras/es comprometidas/os con el cambio social y este no es la excepción.
¿Cuál es el rol de la academia y la educación superior en la transformación de nuestras sociedades para que estas sean más justas, sostenibles e igualitarias?
Hace 200 años la segunda revolución industrial anunció mayores niveles de bienestar para la humanidad. Hoy 1300 millones de personas, es decir una séptima parte de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. La tercera revolución industrial nos anunció que la internet posibilitaría mayores niveles de democratización de la comunicación y la información, pero hoy solo el 38% de la población tiene acceso a la conectividad y en la región este porcentaje cae brutalmente. Es hora de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento sean realmente democratizados y sirvan para alcanzar justicia social en equilibrio con la naturaleza. La universidad no puede ser una fábrica de tituladas/os sin compromiso social ni puede estar ajena a las crecientes desigualdades que está generando el neoliberalismo en el siglo XXI. De allí que el plano ético del mundo universitario y su compromiso con fomentar un pensamiento crítico actualizado estén a la orden del día en la agenda de transformaciones.
La universidad tiene que repensarse a sí misma. Por ejemplo, atreverse a pensarse en sus orígenes y procesos ya no como una universidad limitada en la práctica a lo formativo, sino dar el auténtico salto a lo investigativo enraizado con las aspiraciones del movimiento popular como epicentro de su actividad. Debemos romper con los prejuicios anti científicos que esconden la aceptación sumisa a la diferencia y atrevernos a construir otras formas de usar los avances científicos para romper desigualdades y alcanzar una sociedad donde el bienestar se democratice realmente. Debemos atrevernos a interrogarnos respecto a la universidad que requiere el presente en el continente, en clave de superación de la concentración de la riqueza. Tenemos que atrevernos a desafiar el peso de la costumbre, atreviéndonos por ejemplo a pensar si la universidad del presente no debe ser más bien una universidad del territorio que rompa con las franquicias derivadas de universidades nacionales. Los desafíos conceptuales y operativos son múltiples y considero que la CLADE puede jugar un papel estelar en el futuro cercano en la reconfiguración de estos debates.
¿Cómo garantizar la educación superior como derecho humano fundamental y desde la perspectiva de derechos, en un escenario regional con fuertes tendencias a la privatización e instrumentalización de esta etapa de enseñanza?
Lo urgente para resistir es actualizar nuestros análisis. Hay una mutación radical del modo de producción capitalista que impactará en el corto plazo al mundo universitario. No es osado pensar que la universidad como espacio de encuentro, sociabilidad y construcción compartida de un destino común está amenazada por “nuevas” formas de aprendizaje centradas en lo cognitivo y no en lo social. La privatización de la segunda década del siglo XXI desarrolla nuevas expresiones y formas que era imposible prever en la década de los noventa del siglo XX. Si usamos argumentos del pasado para enfrentar las ofensivas del presente los esfuerzos en defensa de la educación superior como derecho humano, pueden verse limitadas o resultar insuficientes para enfrentar la mercantilización del presente.
Tenemos que romper la “pulsión de fuga” que se expresa en la apelación a viejos análisis y consignas que hoy pueden resultar significantes vacíos si no los actualizamos. Mi gran preocupación reside en la constatación que mientras los intereses centrados en el mercado usan la innovación para impulsar sus iniciativas, buena parte de las resistencias al modelo educativo del mercado se están quedando petrificadas en la tradición. Es urgente asociar tradición con innovación en los análisis y la articulación de iniciativas en defensa de la educación superior como derecho humano.
*Fuente: http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/853-2018-06-19-16-09-38.html
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).
En este encuentro, se consensuó la creación de un mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el cual la CLADE se postuló para participar, además de seguir colaborando con la elaboración de directrices para el funcionamiento de este mecanismo.
Para saber más sobre esta instancia de seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel regional, conversamos con Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE. “La construcción final y aprobación por consenso de un mecanismo formal de participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030 en nuestra región ha sido una conquista histórica, que nos permitirá dialogar de manera mucho más coordinada y sólida con la CEPAL y el Foro de Países, así como interactuar con otros movimientos sociales más allá del educativo de nuestra región”, afirmó.
Lea el diálogo completo a continuación.
¿Qué balance se puede hacer del II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible?
El Foro es el mecanismo regional impulsado por la CEPAL para que los Estados Miembros examinen y hagan seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo. Ha sido un espacio muy interesante porque especialmente durante la presentación de su nuevo informe anual sobre el progreso y desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, la CEPAL volvió a poner en agenda temas importantes para nuestra región, como la superación de las desigualdades y de la cultura de los privilegios, la necesidad de discutirse un nuevo modelo de consumo y producción y poner en marcha mecanismos contra la evasión y elusión tributaria y en defensa de una justicia fiscal, discutir una mayor integración comercial y un modelo de cooperación para países de renta media. Por otro lado, considerando que estamos casi a tres años de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debiéramos estar viendo los países presentando claramente acciones y procesos más contundentes sobre cómo alcanzar sus objetivos, metas y medios de implementación. En general, sentimos también que el tema educativo estuvo relativamente poco presente en los discursos de los países y ausente en la declaración intergubernamental que se presentó al final del Foro, la que ha sido elaborada de manera no dialogada con la sociedad civil, sea a nivel nacional o regional.
¿Por qué fue importante que hayas participado en este espacio como representante de la sociedad civil y de CLADE?
La participación de la sociedad civil en el Foro fue muy activa. Cerca de 300 representantes de sociedad civil estuvieron presentes en el encuentro y en el Foro de la Sociedad Civil, que se realizó el día anterior al inicio oficial del Foro. Trabajamos de manera integrada para ocupar los distintos espacios, reiterando que los países de nuestra región están bajando la línea de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo y Adis Abeba, denunciando el incremento de las restricciones democráticas en la región, las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la falta de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Durante la reunión, elaboramos y presentamos la Declaración de Sociedad Civil Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar, cuyo contenido es bastante progresista, y donde logramos incluir un párrafo sobre educación. La declaración fue leída el día 19 de abril, ante la plenaria con las autoridades de gobierno, y fue sumamente aplaudida.
En el marco del Foro de Países mencionado, se creó formalmente un mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030 en América Latina y el Caribe. ¿Nos podrías comentar al respecto?
Sí, un punto muy relevante del encuentro fue la construcción final y aprobación por consenso de un mecanismo formal de participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030 en nuestra región. Ha sido una conquista histórica, que nos permitirá dialogar de manera mucho más coordinada y sólida con la CEPAL y el Foro de Países, así como interactuar con otros movimientos sociales más allá del educativo de nuestra región. Toda y cualquiera organización, movimiento, colectivo, red, plataforma, asociación o sindicato de la región podrá participar en el mecanismo de sociedad civil, que estará articulado en 4 grupos territoriales subregionales, 13 grupos de población y 3 grupos temáticos, entre ellos el de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (sepa más aquí). Las organizaciones podrán integrarse a uno o más grupos. En los próximos meses, se conformará una comisión de trabajo con duración de 6 meses, que será responsable por definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en una mesa de coordinación del mecanismo.
Luego de la realización del Foro en Chile, ¿cuáles serán los próximos pasos y acciones de incidencia de la sociedad civil latinoamericana y caribeña, y especialmente de CLADE, para que se cumpla la Agenda de Educación 2030 en la región?
La CLADE manifestó su interés en participar en la comisión de trabajo del mecanismo de sociedad civil para contribuir con la consolidación del grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología. En alianza con Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y otras redes hermanas, buscaremos aportar a la construcción de los términos de referencia del grupo y organizaremos el proceso de elección de la coordinación, en permanente articulación con nuestros miembros y otras organizaciones. En tal sentido, nos entusiasma la posibilidad de que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) se sume al esfuerzo, ya que el grupo de educación trabajará también discusiones sobre academia, ciencia y tecnología, e igualmente buscaremos integrar en el grupo los distintos actores de las comunidades educativas para que tengamos un grupo plural y representativo del movimiento educativo de nuestra región. Igualmente estaremos en articulación permanente con los demás grupos del mecanismo de sociedad civil, no solo para definir las bases de los términos de referencias de todos los grupos, pero también para garantizar un diálogo intersectorial con la CEPAL y con el Foro de Países, que permita contribuir a la implementación de la Agenda 2030 en nuestra región.
Fuente entrevista: http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/americacaribe/178-laura-giannecchini-seguiremos-trabajando-para-reunir-un-grupo-plural-y-representativo-del-movimiento-educativo-de-nuestra-region-en-el-seguimiento-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
Foto: Carlos Vera/CEPAL
CLADE/ 08 de mayo de 2018/Fuente: http://same2017.campanaderechoeducacion.org
La CLADE participó en el II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el cual se consensuó el mecanismo de participación de la sociedad civil, y seguirá colaborando con la elaboración de directrices para su funcionamiento.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).
La CLADE, con otras 32 organizaciones, entre ellas REPEM y la Mesa de Articulación ETIS, integró la Comisión Transitoria de sociedad civil que durante el año pasado trabajó en el diseño de un borrador de los objetivos, principios y estructura del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible mencionado. En el encuentro, se consensuó el mecanismo, que deberá facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de la sociedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Esta vinculación y participación se dará también en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región y las plataformas relacionadas a la misma. Asimismo, el mecanismo tendrá la misión de generar un espacio de rendición de cuentas entre gobiernos y sociedad civil sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.
El mecanismo estará integrado por organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que se postulen para participar y trabajen por la justicia social, económica y ambiental, y en cualquiera de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A la vez, su estructura de gobernanza será formada por 4 sub-regiónes (Centro América, México y Caribe Hispano-hablante; Caribe Anglófono y Francófono; Zona Andina; y Conosur); 13 grupos de personas/colectivos (Niñas, niños, Adolescentes y Jóvenes; Mujeres; Personas adultas mayores; Personas afro-descendientes; Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras; Personas con discapacidad; Personas con VIH y personas afectadas por el VIH; Personas defensoras de derechos humanos y territorios; Personas LGBTI; Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos; Pueblos indígenas; Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG; Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales); y 3 grupos temáticos (Economías sociales y solidarias; Educación, academia, ciencia y tecnología; Justicia ecológica y ambiental).
Las organizaciones, redes y colectivos pueden inscribirse para participar en uno o más grupos y, como próximo paso, se convocará a la sociedad civil a integrar una nueva Comisión de Trabajo transitoria, que durante 6 meses se hará cargo de definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en la mesa de vinculación del mecanismo, la cual será encargada de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del foro, para asegurar el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región. También deberá mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los acuerdos adquiridos. La CLADE ya manifestó su interés en participar en esta comisión y contribuirá con la consolidación del grupo temático de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología [para saber más,acceda aquí al término de referencia sobre el mecanismo].
“Ha sido un proceso muy interesante y exitoso, que se vino construyendo desde el Foro del año pasado en México. Ahora tenemos consensuada nuestra primera experiencia para dialogar sobre la Agenda 2030 con los países a nivel regional. Se trata de un proceso aún en construcción, pero definitivamente, haber logrado un espacio para educación en el mecanismo regional de seguimiento a los ODS es una conquista”, afirmó la coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE.
Previamente al Foro de CEPAL, se realizó una reunión de la sociedad civil para discutir la construcción del mecanismo formal de participación mencionado y también redactar una declaración de sociedad civil que fue leída en la plenaria del Foro de los Países. El documento “Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar” denuncia el hecho de que la sociedad civil no haya sido invitada a participar en la Declaración Intergubernamental presentada al final del Foro de Países y critica su contenido, así como las restricciones democráticas en la región y las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Exige además que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales e integren a la sociedad civil en la toma de decisiones.
Respecto a la educación, la declaración denuncia la reducción en el último año de los presupuestos para este derecho, así como para salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo.
“Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género”, afirma el documento [lea la declaración completa aquí].
Fuente de la Noticia:
http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/americacaribe/177-se-creo-el-mecanismo-de-participacion-de-la-sociedad-civil-en-el-seguimiento-regional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
La Campaña Mundial por la Educación (CME) se moviliza para exigir a los Gobiernos que rindan cuentas, sean transparentes y sostengan espacios de participación ciudadana en el cumplimiento del derecho a la educación y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 4, referido a educación. Dialogamos con Camilla Croso, presidenta de la CME y coordinadora general de la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) sobre la importancia de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), movilización que se desarrolla en más de 124 países, en base al lema «Pedimos la Palabra por la Educación».
¿Qué se espera de la movilización a nivel mundial por la educación, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados en septiembre del 2015. Los Estados han puesto en marcha desde el año 2016 la implementación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y el número 4 se refiere al derecho a la Educación. En este sentido, la SAME viene justamente a poner énfasis en este proceso de implementación de la Agenda de Educación 2030, que empieza a ser llevado adelante. Es importante en el marco de la campaña hacer unos llamados muy claves nivel mundial:
Que los Estados tengan como prioridad definir hojas de ruta y planificación para rendir cuentas de la implementación de la Agenda a la ciudadanía. Que los Estados tengan una hoja de ruta muy clara para la implementación de todos los ODS, muy especialmente el Objetivo número 4. En ese camino, es importante no priorizar un objetivo sobre los otros, más bien es necesario planificar como dar cuenta del conjunto de los ODS. Es bueno recordar que el conjunto de los ODS refleja el conjunto de derechos humanos que los Estados se han comprometido a cumplir, y que supuestamente en sus legislaciones tienen su reflejos. Por lo tanto, no es una cuestión de priorizar, es una cuestión planificar de qué manera van a dar cuenta de la implementación del conjunto de los ODS.
Otro énfasis fundamental de esta movilización tiene que ver con el rol de la sociedad civil en la puesta en marcha de la Agenda, es decir en las estructuras, procesos y mecanismos existentes para dar el debate público sobre los ODS y los derechos que están por detrás, así como la implementación de los ODS ¿De qué manera la sociedad civil está participando? ¿Los espacios están abiertos o cerrados? Llamamos a la participación de la sociedad civil a través de mecanismos y arquitecturas de seguimiento de los ODS. La rendición de cuentas por los Estados es el punto alto de la SAME.
¿Qué significa la Agenda 2030? ¿Por qué son importantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos que Naciones Unidas (ONU) adoptaron después de tres años de negociaciones muy intensas con los Estados miembros involucrados y la participación activa de la sociedad civil. Permiten un marco general a partir del cual todos los países han suscrito su compromiso en concretar la implementación de los ODS, refleja un compromiso colectivo mundial.
Anteriormente tuvimos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales eran mucho más reducidos, y menos integrales, porque estaban más direccionados a los países del sur, mientras ahora los ODS son direccionados al conjunto de los países. Eso es muy clave, porque una de las pautas que la sociedad civil viene proponiendo es la superación de la idea de que en el mundo exista el norte y el sur, o el norte global y el sur global, como una manera de jerarquizar los países. En la medida en que se adopta una agenda global, y que se ponen a todos en el mismo barco como se dice en Brasil, se ve un avance en materia geopolítica y una lucha permanente, lo que ayuda a garantizar que en la cabeza de las personas se pueda superar la polarización entre el norte y el sur, que genera discriminaciones y desigualdades.
¿Por qué este año la SAME centra la atención en la participación social en el seguimiento de la Agenda de educación 2030?
Digamos que por dos razones: primero, es una razón de principio que la sociedad civil sea tomada en cuenta a la hora de hacer la política pública y hacer seguimiento de la política pública. Los ODS son una oportunidad para recordar la importancia de la sociedad civil y de su participación en la toma de decisiones y en el debate público previo a la toma de decisiones. En lo que toca a los ODS, es fundamental recordar la centralidad del derecho a la participación de la sociedad civil y del derecho al debate público en el proceso de toma de decisión.
Desafortunadamente, a nivel mundial, observamos retrocesos en esta participación de la sociedad civil, y es importante tener conciencia sobre ello. Lo que observamos es una fragilización de las democracias en América Latina y el Caribe, así como en otras partes del mundo. En el campo de la educación, hemos visto en América Latina y el Caribe una ascensión y una escalada de criminalización hacia los y las docentes, los y las estudiantes, y otras/os activistas por el derecho a la educación.
En lugar de estar abriendo espacios para que la sociedad civil pueda participar, reconociendo la legitimidad de esta participación como un derecho, estamos viendo movimientos contrarios, como el cierre de espacios de diálogo con el gobierno, hasta llegar al punto de la criminalización de la protesta social.
Cualquier acto de participación y manifestación pública por el derecho a la educación está siendo considerado como un acto criminoso (criminal), y el Estado está reaccionando con fuerza y violencia frente a las protestas. Es una problemática que se incrementa, por eso hemos elaborado un dossier y lo hemos presentado a algunos Relatores de Derechos Humanos del Sistema Interamericano y pedimos una audiencia para denunciar estos casos. Esta problemática no es aislada, es una problemática regional e internacional.
¿Cuáles son las ventanas de oportunidad para que la sociedad Civil participe en el seguimiento a la implementación de la agenda?
Las ventanas de oportunidad para la participación están en los ámbitos regionales e internacionales. Debemos seguir promoviendo que se abran espacios de participación también a nivel nacional. En algunos países hay, pero también hay retrocesos, como es el caso de Brasil.
Brasil, mi país, tuvo por muchos años una tradición de consultas, de consejos de Educación, de salud y de asistencia social, de grandes conferencias que iban del micro al macro, de lo local a lo nacional, procesos muy interesantes, donde las políticas públicas de diferentes sectores eran debatidas con la sociedad. Fue una tradición por mucho tiempo en mi país, pero ahora se vive un retroceso en muchas materias y en particular en lo que se refiere a la participación de la sociedad.
En algunos países existen espacios de participación, pero en otros hay que pelear para que esto siga. En algunos países tenemos retrocesos y allí hay que pelear para frenarlos. Es necesario abrir espacios y seguir avanzando.
Estamos observando ventanas que se manifiestan en los ámbitos regional e internacional, por ejemplo, en el campo educativo como hemos hablado tenemos la aprobación de los ODS, siendo que el ODS 4 es el Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Educación. La comunidad educativa ha estado organizada a nivel internacional durante algunas décadas, hasta el 2015, en el marco de las metas de la Educación para Todos (EPT), compromiso firmado en el 2000 que ha ayudado a avanzar un poco y a profundizar en el Derecho a la Educación.
En el marco de esta estructura, se ha generado un comité global que hoy se llama Comité Directivo de la Educación 2030 en sustitución del Comité Directivo de la EPT, para estar más claramente vinculado a todo el esfuerzo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este comité directivo es un espacio muy interesante en donde la sociedad civil tiene algunos cupos y es permanentemente invitada. Durante los años de negociación de la Agenda de Educación 2030 tuve la responsabilidad y el honor de ocupar un espacio de vice presidencia de este grupo. Es un espacio efectivamente bastante horizontal donde la sociedad civil es tomada en cuenta, además de eso sigue existiendo hoy un compañera de Asia que ocupa la vicepresidencia. Yo sigo formando parte en ese comité como representante de la Campaña Mundial por la Educación. Tenemos también presencia de los maestros y maestras a partir de la Internacional de la Educación. Además de este espacio a nivel internacional, estamos poniendo en marcha otro espacio vinculado directamente a Naciones Unidas que se llama Grupo de Partes Interesadas de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group), que funciona al lado de otros grupos mayores de la ONU. En su conjunto, estos grupos configuran un comité de Coordinación que está permanentemente dialogando con los Estados miembros para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030. Estas arquitecturas mencionadas tienen un reflejo a nivel regiona. También podemos mencionar la CEPAL en América Latina y el Caribe, que tiene la consigna de promover un gran foro de la sociedad civil, a partir del cual se definen mecanismos de participación social en la implementación y el seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030 en la región. El Comité Directivo de Educación 2030 también tiene su reflejo regional, pues la CLADE participa.
Hay ventanas de oportunidad donde se subrayan y promueven las ideas de una cultura política democrática. Quiero destacar un actor que todavía no está siendo tomado en consideración suficientemente a nivel regional, ni internacional, que son los y las estudiantes.
La CLADE hace un esfuerzo constante y siempre lo ha realizado para decir que las y los estudiantes tienen que estar en las mesas de negociación. De hecho, en todos los eventos que CLADE invita a Ministros, Ministras, parlamentarias/os, también invitamos las y los estudiantes; porque queremos cambiar esa cultura política desde lo pequeño, desde nuestras reuniones.
Impulsamos también una Red Mixta de parlamentarias/os y sociedad civil que defiende el derecho a la educación en la región, e invitamos a estudiantes de la región a formar parte en esta red. Hay que crear más espacios de participación para las y los estudiantes. Este es un mensaje clave, pues muchas veces los movimientos estudiantiles no son escuchados, o son criminalizados. A la CLADE le preocupa el adultocentrismo, que no toma en cuenta a las miradas de las y los jóvenes. Los y las estudiantes son actores claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces ¿por qué están ausentes de las mesas de negociación?
¿Cuál es la máxima preocupación que tiene la CLADE frente al derecho a la educación en el contexto de la región latinoamericana y caribeña a propósito de la SAME 2017?
Tenemos tres grandes preocupaciones. La primera tiene que ver con la fragilización de la democracia que estamos observando en los países de la región, ya que es un problema absolutamente estructural para la puesta en marcha de cualquier ODS, cualquier Derecho Humano y cualquier política pública. No podemos avanzar en materia de Derechos Humanos en contextos de fragilización democrática y la criminalización es una expresión profunda de esta falta de cultura democrática en nuestra regiones. Contra ello estamos reaccionando constantemente. Por ejemplo, en Argentina, frente a la criminalización y posturas violentas como respuestas a las recientes manifestaciones docentes, el sindicato de aquel país, la CTERA, promovió una iniciativa brillante llamada Escuela Pública Itinerante, la cual promueve el diálogo con las comunidades donde se instala con actos culturales, debates y reflexiones sobre el derecho a la educación. Se trata de una escuela viva que reclama el fortalecimiento de la educación pública.
Junto a eso observamos la fragilización y desvalorización de todo lo que es público en nuestra región. Durante la SAME, hacemos también un llamado por el fortalecimiento del sistema público de educación y estamos en diálogo con otros sectores. Pues, no solo está en peligro o en jaque el sistema público de educación, sino que está en jaque cualquier sistema público: el de salud, de asistencia social, transporte, etc.
En la SAME expresamos que no es posible implementar las metas y objetivos de los ODS o cualquier Derecho Humano sin el fortalecimiento de los sistemas públicos. Otro tema es la comercialización y la mercantilización que está en marcha en muchos campos, lo que constituye otro gran obstáculo para la defensa de los derechos humanos y lo público.
Una tercera cuestión, que deseo subrayar tiene que ver con lo político-pedagógico y se expresa en una disputa existente sobre el significado de la calidad educativa. El Objetivo 4 subraya el derecho a una educación de calidad e inclusiva que promueva el pensamiento crítico y la no discriminación. En América Latina y el Caribe, específicamente en Brasil, se está expresando claramente, así como en muchos otros países – Perú, Colombia y México – un retroceso claro en materia de género, lo que es una barbaridad. En Brasil, Perú y Colombia está en disputa la inclusión del debate sobre la cuestión de género en la educación. Acá en Brasil se acaba de retirar de los currículos la palabra género y el concepto de identidad de género, lo que es un gravísimo retroceso.
Toda la problemática de género en este momento y en este continente está sufriendo un retroceso. En Brasil se discute un programa que se llama “Escuela sin partido”, el cual plantea una escuela sin posibilidad de pensamiento, sin posibilidad de debate y una escuela con censura. Una escuela donde hablar de Marx es algo mal visto, y donde el maestro y la maestra no podrán emitir su opinión. Caso aprueben esta legislación, será gravísimo.
Esto pasa en momentos donde pareciera haber un consenso de que la ciudadanía es crítica, y que el pensamiento crítico es algo clave. Los ODS y en particular el Objetivo 4 en su meta 4.7 se refiere a la educación en Derechos Humanos, la educación para la ciudadanía global.
¿Cómo es posible que tengamos una educación en Derechos Humanos y una Educación para la ciudadanía global sin que las escuelas y los centros educativos de Brasil, de América Latina y el Caribe y del Mundo, puedan promover el pensamiento crítico y el debate? Es algo que tenemos que observar con mucha cautela, y tener mucho cuidado porque es absolutamente la contramarcha de los ODS.
Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se obstaculizan ¿Cómo se afectan las condiciones de enseñanza y el ejercicio del derecho a la educación?
Si no se cumplen, básicamente se pierde el esfuerzo de la comunidad educativa por la adopción del Objetivo de Desarrollo 4 (“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”), que contiene 7 metas y 3 medios de implementación.
Lo que hemos trabajado durante 3 años de negociación, es que esos 10 puntos (7 metas y 3 medios de implementación) fuesen un reflejo, un espejo del Derecho Humano a la Educación, tal como está planteado en los tratados internacionales de derechos humanos.. Por ejemplo, tenemos el derecho a 12 años de educación primaria y secundaria gratuita. Eso está en la meta número 1 del ODS 4, y fue un gran avance porque en los tratados internacionales se garantizaba apenas la primaria gratuita, progresivamente extendiendo la gratuidad a otros niveles. El ODS 4 en su meta 4.1 ya establece un mínimo de 12 años de educación gratuita, siendo que 9 de ellos son obligatorios. Esto es un avance fundamental.
La otra meta se refiere a la importancia de avanzar en la educación en la primera infancia. Otras metas hablan de avanzar en la educación de personas jóvenes y adultas, otras aún abordan la importancia de los derechos y las condiciones dignas de los y las docentes, las condiciones de infraestructura de los centros educativos, de garantizar entornos educativos seguros y no violentos.
La meta 4.7 se refiere a la promoción de la educación en derechos humanos, la ciudadanía crítica y la ciudadanía global. La meta 4.5 se refiere a la necesidad de superar todas las discriminaciones en y desde la educación. La no discriminación es un principio básico de Derechos Humanos, por lo tanto, los ODS reflejan una hoja de ruta a nivel internacional fundamental para la implementación del derecho humano a la educación.
En ese sentido, los ODS son un instrumento útil para que los Estados desarrollen hojas de rutas para cumplir los derechos humanos. Lograr los ODS implica avanzar en la concreción del derecho humano a la educación, por eso la importancia de estar juntos y juntas en ese ejercicio de monitoreo para avanzar lo máximo posible en el pleno cumplimiento de los ODS.
La SAME en este año 2017 tiene como consigna ¡Pedimos la palabra por la Educación, es hora de garantizar este derecho! ¿Qué importancia tiene la SAME para América Latina y el Caribe?
El pedir la palabra, el demandar que la voz de la sociedad civil sea escuchada es clave, por empujar una cultura política democrática, una cultura política que esté reconociendo plenamente la participación social, que es también un derecho.
Quiero aprovechar para señalar que ha sido un avance que en enero de 2017 hayamos tenido en Buenos Aires una reunión de Ministras/os de Educación de América Latina y el Caribe, que discutió la implementación de los ODS a nivel regional. Fue una lucha muy grande esta reunión porque casi no se aprueba la palabra gratuidad en la declaración final del encuentro, lo que habría sido un retroceso gravísimo. Principalmente los países del Caribe no querían incluir la palabra gratuidad en el documento. Asimismo, en esta ocasión se constituyó el Comité Directivo Regional de Seguimiento del ODS 4 en América Latina y el Caribe, donde están presentes 4 Estados miembros, también la sociedad civil con la CLADE, la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), la OEA (Organización de Estados Americanos), OEI ( Organización de Estados Iberoamericanos), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
Para mi esa reunión fue muy importante, pues demostró que América Latina y el Caribe está comprometida en estructurar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los ODS. Eso me parece un avance que tiene que ser reconocido públicamente.
Hubo un esfuerzo muy grande de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe para que esta estructura se implementase. La importancia de la SAME en este contexto es profundizar las demandas del derecho a la participación, del fortalecimiento de la educación pública y de la necesaria financiación para el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030, sin la cual no es posible el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación. Además, es importante señalar la necesidad de presionar por la existencia de una arquitectura y procesos de participación y seguimiento de la sociedad civil a la Agenda 2030 en los países.
Palabras de despedida
Me gustaría hacer una invitación a que cada uno y cada una pueda estar en su respectivo país buscando sumarse a la SAME, desde el diálogo con los miembros de la CLADE. La CLADE tiene foros nacionales miembros en 16 países. También tiene como miembros redes regionales, como ALER, REPEM y CEAAL, que están presentes en distintos países de América Latina y el Caribe. Hacemos ese llamado a quienes quieram participar de la SAME y de otras iniciativas que estamos promoviendo a nivel nacional y regional, porque no hay duda de que desde la acción colectiva podremos avanzar realmente en los derechos humanos.
Créditos:
ALER
Entrevista: María Cianci Bastidas / Transcripción: Paule Portugais
Fuente: http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/americacaribe/154-camilla-croso-fragilidad-democratica-obstaculiza-derecho-a-la-educacion
En entrevista al OREI, Silvia Quan, que integra la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés, International Disability Alliance) y es ex vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, comenta los desafíos para la realización del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. “Todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible, pero todas las personas tienen la capacidad de aprender, de diversas maneras”.
Asimismo, comenta los obstáculos para asegurar el derecho a la educación específicamente para las niñas y mujeres con discapacidad y la importancia de que los países recolecten datos fiables sobre la situación de las personas con discapacidad. “Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas, nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas y de esa manera no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad”, afirma.
Importantes compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lanueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, reconocen la inclusión como elemento clave para realizar el derecho a la educación para todas las personas. ¿Podría presentar, por favor, el concepto de educación inclusiva y cómo este se relaciona con el derecho humano a la educación?
El concepto de educación inclusiva se basa en un modelo de derechos humanos. Es decir, se reconoce universalmente como un derecho para todas las personas indistintamente de sus características, su edad, etc. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó, en septiembre del 2016, la Observación General número 4 sobre la Convención, donde se reconoce la educación inclusiva como un derecho del cual todas las personas son titulares y, en esta circunstancia particular, se enfoca el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
La educación inclusiva es aquella que no excluye a nadie. Es un sistema educativo que imparte la educación para todas las personas en un entorno donde hay diversidad y se acepta esta diversidad.
Pese a ese reconocimiento que mencionamos anteriormente, es todavía necesario exigir de los Estados la adopción e implementación de políticas inclusivas y superar muchas barreras de discriminación en nuestras sociedades. Colombia, por ejemplo, recientemente ha reglamentado con un decreto la matrícula de personas con discapacidad en las escuelas regulares, además de comunicar medidas para la producción de materiales y oferta de apoyos específicos, por ejemplo. ¿En su opinión, cuáles son los principales retos en América Latina y el Caribe para garantizar atención educativa a las personas con discapacidad en el sistema regular?
Creo que esas limitaciones se dan porque todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible porque los/as niños/as con discapacidad no aprenden igual que los/as demás estudiantes. La educación inclusiva tiene como propósito derribar este mito y establecer el concepto de que todas las personas tienen la capacidad de aprender, pero de diversas maneras.
La educación inclusiva pretende adecuar el sistema educativo a la diversidad presente en una escuela o en un entorno escolar. En ese sentido, se requiere, en primer lugar, voluntad de las autoridades para aceptar que la educación inclusiva es un derecho humano. Los Estados tienen que asegurar este derecho y las personas con discapacidad deben tener acceso a la educación. Luego, hay la necesidad de preparar el cuerpo docente y las familias de los/as niños y niñas que van a la escuela para comprender que es un prejuicio pensar que las personas con discapacidad no aprenden como las demás.
Asimismo, los y las docentes deben prepararse para tener metodologías e instrumentos adecuados al aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Los métodos para los/as niños/as ciegos/as deben incluir el aprendizaje del sistema Braille, por ejemplo. Los contenidos didácticos van a ser iguales para todas y todos, pero las metodologías pueden cambiar.
Es necesaria también la revisión de las formas de evaluación y de los sistemas de promoción escolar para que sean inclusivos para todos/as los niños y las niñas, indistintamente e independiente de sus condiciones. Y respetar la evolución con relación a la edad que tienen los niños y las niñas con discapacidad porque suele pensarse que no aprenden, o que aprenden muy lento, así que en escuelas regulares a veces se encuentran niños/as con discapacidad con 14 años en clases de los primeros años de primaria, con niños/as de 7 o 8 años. La idea es que estos/as niños/as con discapacidad puedan estar con otros/as de la misma edad para que puedan desarrollarse en un entorno confortable y más adecuado.
En el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó la Observación General Nro. 3 sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, las cuales enfrentan múltiples barreras y formas de discriminación. ¿Podría señalar cuáles son los principales obstáculos que afectan a estas niñas y mujeres? ¿Qué acciones son necesarias para eliminar estas barreras?
En el tema educativo ya se sabe de las grandes brechas que hay entre niñas y niños y que las niñas tienen menos acceso a la educación que los niños. Cuando hablamos de las niñas con discapacidad hay una afectación por la discriminación interseccional, o sea, por la condición de discapacidad y además por ser niña.
Las familias tienden a valorar más la educación de los niños en relación a la de las niñas. Tienden a pensar que llevar la niña a la escuela es un esfuerzo que no vale la pena porque al final ellas no van a aprender o no servirá para nada que aprendan.
Las niñas con discapacidad suelen ser más fácilmente víctimas de la violencia escolar por causa de sus limitaciones físicas para defenderse o porque son más vulnerables. También, en algún momento, las niñas empiezan a menstruar y se ve como un tabú el cuidado que se requiere en estos casos. Para las familias esto es muchas veces motivo de vergüenza.
Es necesario concientizar acerca del apoyo específico que pueden requerir las niñas y las jóvenes para asistir a la escuela y evidenciar los estigmas que sufren por la discapacidad y otras condiciones sociales, como ser pobre o ser indígena, entre otros. Aún no conozco ninguna experiencia en los países de la región que esté dirigida a mejorar esta situación específicamente.
¿Cuál es la importancia de las Observaciones Generales que son producidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU? ¿De qué manera ellas contribuyen para la garantía de los derechos de estas personas?
Las observaciones generales que el Comité adopta tienen el propósito de brindar orientación a todas las personas interesadas en hacer avanzar los derechos. La Observación General número 4 sobre educación inclusiva, por ejemplo, está dirigida a los gobiernos que ya ratificaron la Convención, pero también a la comunidad educativa y a las personas con discapacidad porque es una herramienta que facilita la interpretación de este derecho. Las observaciones generales dan ejemplos de cómo poner en práctica estos derechos y también remiten a buenas experiencias ya existentes.
Actualmente, el Comité trabaja en dos nuevas observaciones: una sobre igualdad y no discriminación y otra sobre la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel de los gobiernos.
¿Por qué se recolectan tan pocos datos sobre discapacidad en los censos y en las encuestas en los países? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ausencia de información?
Hasta muy poco tiempo las personas con discapacidad no éramos recolectadas en los censos, encuestas y estadísticas porque éramos socialmente invisibles. Muchas personas con discapacidad permanecían institucionalizadas o en sus hogares sin la posibilidad de salir y participar en la vida social, económica y política.
Menos de dos décadas atrás, cuando empieza a haber un movimiento para adoptar un tratado internacional de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención, es que se toma más conciencia de la necesidad de conocer cuál es la situación y cuántas personas con discapacidad hay en el mundo.
Después de años de esfuerzo, se formó el Washington Group on Disability Statistics (Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad), un grupo de expertos delegado por los Estados Parte de las Naciones Unidas, para construir instrumentos metodológicos y recolectar datos desagregados acerca de las personas con discapacidad. Este grupo aprobó una lista de preguntas para ser incluida en los instrumentos de los países. A la fecha esas preguntas ya han sido utilizadas por más de 80 países. Este es un instrumento efectivo elaborado desde el enfoque de derechos humanos de la Convención y dista cualitativamente de instrumentos anteriores que tenían un enfoque claramente médico y que, por ende, no lograban recolectar información adecuada sobre la situación de los derechos.
Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas y nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas. De esa manera, hay una invisibilización continua y no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad.
Fuente de la Entrevista:
https://orei.campanaderechoeducacion.org/post_politicas/la-educacion-inclusiva-tiene-como-proposito-derribar-el-mito-de-que-las-personas-con-discapacidad-no-aprenden-como-las-demas
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