CONACYT

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El fin del PNPC

Miguel Ángel Casillas

Por: Miguel Ángel Casillas

Como ya lo habían anticipado desde el año pasado, hace unos días, el gobierno federal anunció el fin del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En el futuro, el Sistema nacional de evaluación y acreditación que dependerá de la SEP, cuando funcione y tenga claros sus lineamientos, será quien determine la calidad y la acreditación de los programas de posgrado. En palabras del subsecretario de educación superior, esa evaluación, a diferencia del periodo neoliberal, dejará de ser punitiva, mercantilizada y competitiva, será un medio para la mejora continua y no un fin en sí misma.

A mediados de los años ochenta del siglo pasado dio inicio una época de crecimiento desregulado del posgrado, en ocasiones se ofrecían programas sin cuerpos docentes especializados o sin las instalaciones y los recursos indispensables; muchos de los programas eran fuentes de recursos autofinanciables para las instituciones y una posibilidad de un ingreso extraordinario para sus profesores, en una época de graves devaluaciones y penurias económicas. También a finales del siglo XX fue evidente la importancia estratégica de este nivel, tanto para formar a los cuadros especializados de las empresas públicas y privadas, como para la ampliación del número de académicos y científicos que reclamaba la expansión de la educación superior y su revaloración como herramienta indispensable para salir del subdesarrollo e incorporar a México a la sociedad del conocimiento.

En el contexto de un crecimiento desregulado del posgrado, donde proliferaban ofertas de muy dudosa calidad y con resultados educacionales muy pobres, el PNPC fue un eficaz instrumento de política pública para orientar el desarrollo de los programas y para determinar la distribución de las becas hacia los programas de mayor calidad. Legitimó sus decisiones en las evaluaciones de pares sobre la base de normas y reglas claras. En términos generales, acreditar la evaluación del PNPC garantizaba que los programas de posgrado se sostenían en núcleos académicos que constituían líneas de generación y aplicación del conocimiento, que sus profesores se distinguían por su alta calidad y reconocimiento académico, que debían tener sus programas y procedimientos públicos en sus páginas institucionales, que debían garantizar prácticas académicas rigurosas en el estudio y la producción de las tesis, que disponían de reglamentos, espacios físicos adecuados y ofrecían diversos recursos para el aprendizaje.

Muy pronto, el PNPC se fue volviendo un instrumento burocrático, cuadrado y rígido; que registraba y medía los indicadores principalmente de modo cuantitativo, que sobre valoraba la pertenencia de los profesores al Sistema Nacional de Investigadores, y que imponía una visión del posgrado que tenía como base a las ciencias naturales y a las ciencias duras. Frente a indicadores inflexibles hubo lugar para muchos absurdos y simulaciones. La acreditación de los programas, basada en la desconfianza, exigió cada vez más una exagerada documentación basada miles de evidencias.

La evolución reciente del posgrado ha dado como resultado un sistema segmentado y desigual. Por un lado, su matrícula se encuentra distribuida mayoritariamente en maestrías y especialidades principalmente del sector privado y la minoría en el nivel de doctorado. En contraste con la lógica de mercado, los posgrados de más alta calidad se encuentran en las universidades públicas y en los centros nacionales de investigación. Los posgrados profesionalizantes son mayoría en el sector privado, mientras que la mayoría de los posgrados de investigación se ubican en el sector público.

Al anunciar el fin del PNPC (https://www.youtube.com/watch?v=jMJh2GA8L8o), la directora del Conacyt explicó que será la SEP, a través del Sistema nacional de evaluación y acreditación quien acredite a los programas e instituciones; por su parte, el Conacyt distribuirá las becas de posgrado no de acuerdo con la acreditación ni la calidad de los programas, sino en las áreas prioritarias determinadas por el gobierno (salud, producción de alimentos, empresas públicas), en los programas de investigación de las instituciones de educación superior públicas (física, química, matemáticas, biología, medicina, ciencias sociales, ciencias agropecuarias, etc.), y hacia las áreas históricamente excluidas como las humanidades, las artes y las disciplinas creativas.

En el discurso se expone que esta decisión favorece a los estudiantes que solicitan la beca, que no se quiere dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, y que se atenderán todas las solicitudes. En realidad, al entregar las becas sin intermediarios, el gobierno federal promueve un intercambio político directo con los estudiantes de posgrado con el fin de obtener lealtad hacia la 4T, como sucede ya con las becas de licenciatura y de otros niveles.

En su crítica hacia el pasado reciente, la directora del Conacy acusó que se privatizó el ejercicio de la formación de posgrados, denunció que se favorecieron áreas enfocadas al lucro. Cuestionó que en educación hay muchos posgrados de cuestionable calidad enfocados en fortalecer la mal llamada reforma educativa, es decir la privatización de la educación y que áreas como administración, finanzas, mercadotecnia y comercio internacional fueron favorecidas de manera indiscriminada, esto a costa de otras disciplinas: este fue un ataque permanente y fuerte a favor del debilitamiento de los posgrados en ciencias. De acuerdo con la directora de Conacyt el PNPC mostró una centralidad en la productividad académica, desvinculó la investigación científica de la atención de los problemas nacionales y el avance genuino del conocimiento y se convirtió en un objetivo de cuantificación productivista. Dijo que dejó de ser un tema con pertinencia nacional, con relevancia de Estado, para convertirse en un instrumento que desvirtuó lo académico y lo público.

Como ha sucedido con otros instrumentos de la política pública hacia la educación superior, el gobierno de la 4T ha decidido desaparecer el PNPC sin tener un programa que lo sustituya. Mientras, de modo arbitrario, sin reglas claras, públicas y legítimas, el Conacyt continuará distribuyendo las becas de posgrado en las áreas y en los programas que considere prioritarios.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-fin-del-pnpc/

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CONACyT, fiscalía y Foro Consultivo: Polvo en el viento

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

Sábado 2 de octubre, 2021

No olvidemos esta fecha. Nunca.

Infamias, vendetas revestidas de afán de justicia, desprecio a la actividad científica, pugnas, pareceres variopintos, declaraciones y posicionamientos diversos. Mucho ruido y falta de claridad. Confusión para el lego – que no desinteresado – y una serie de temas que no merecen abordarse desde la estridencia pues afectan aspectos medulares del país. Tengo claro, para mí, que:

  1. La Fiscalía de Gertz Manero hizo a un lado su autonomía por el afán de venganza (propio), y de la mano del menosprecio a la actividad de investigación (propia del gobierno federal, que no escatima descalificaciones a este sector) emprendió una acusación contra 31 personas en la que incluye presuntos delitos propios de una mente delirante, y la envía a un juez del penal donde se ubican los delincuentes más peligrosos del país. En la resistencia activa y condena a esta maniobra no hay modo de eludir el máximo repudio. Con independencia de quiénes son los ahora acusados y nuestra relación con ellos (pero incluyéndolos), al defenderlos del oprobio reivindicamos el estado de derecho que a todos nos ampara.
  2. El juez que recibe la solicitud de liberar las órdenes de aprensión es un ejemplo del acierto de la división de poderes. Enhorabuena por su entereza.
  3. El mismo juzgador refiere a la resolución que al respecto ya emitió la Supera Corte de Justicia: otra ventaja del contrapeso del sistema judicial.
  4. La legalidad de la relación entre el Conacyt y el Foro Consultivo, desde su creación en 2002 y hasta el 2018 cuando se modifican los ordenamientos, es nítida. Puede, sin duda, considerase inadecuada o perfectible, pero no ilegal, de tal modo que se abre la posibilidad de reformarl, pero de su modificación a futuro no se sigue la retroactividad que se pretende llevar a cabo.
  5. Se han desatado infundios, malentendidos, delaciones inválidas que asemejan a delincuentes a quienes han tenido una beca para estudios en el extranjero por la cuantía de la inversión que implicó. Es penoso advertir la mala entraña de los que lo hacen, pues además de mostrar su estulticia, ignoran que, por ejemplo, en Brasil, con Lula y Dilma, se enviaron a estudiar a otros países a decenas de miles de jóvenes. ¿Pueden mejorar los sistemas de obtención de esos apoyos? Por supuesto, pero no descalificarlos como resultado de medios ilícitos.

Por lo anterior, que no puede extenderse en razón del espacio del que dispongo, considero que todo este galimatías produce una polvareda que oculta tareas muy necesarias para el desarrollo de la actividad académica y científica en el país. De nuevo, a guisa de ejemplo:

  1. ¿Cómo habría de organizarse un espacio de consulta y representación de las y los investigadores, legítimamente integrado mediante procesos democráticos, que contribuya al diseño de una agenda prioritaria y sensata para la investigación científica en el país?
  2. ¿Qué riesgos contiene la idea actual de contar con una “Agenda de Estado” en materia de investigación, sin aclarar la forma en que se procesa, habida cuenta de una tendencia a confundir al Estado con el gobierno en turno y sus perspectivas unilaterales y de corto plazo?
  3. ¿Cuál es el papel que debe jugar, en el entramado institucional público, el Conacyt?

Valgan, como botones de muestra, estas tres cuestiones – hay muchas más – para advertir que la polvareda actual, a todas luces injusta, abusiva y torpe, impide atender a cuestiones de las que depende el papel de la indagación científica en México y su futuro. No es, para nada, poca cosa.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Honestidad intelectual

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

 

Comparto un cuento que escribí ayer. Es muy breve: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Me quedó precioso, ¿no les parece? ¿Qué? ¿Por qué tanto barullo? Bien que escucho lo que dicen, envidiosos, pero están equivocados. ¿Cuál plagio? ¿Es a Monterroso al que atribuyen la originalidad de mi cuento? Sí, uno de ellos se parece al mío; incluiré su nombre en la bibliografía de mis obras excelsas reunidas, pero no es igual. Fíjense bien: él escribió: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. En mi obra no dice allí, sino ahí. Es nítida la diferencia. Desmentiré las calumnias e infamias orientadas a manchar mi buen nombre.

Es absurdo este relato. Pero en el fondo es lo que sucede en el caso del Dr. Gertz Manero, Fiscal General de la República e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ubicado en el Nivel III, casi el más alto en la escala de las distinciones que este programa otorga, pues en la cima están los eméritos. Pronto, si las cosas marchan como van, estará en el siguiente escalón. No faltaba más.

Guillermo Sheridan en su columna del 6 de julio del 2021 en estas páginas, aporta pruebas contundentes sobre la apropiación de la obra de otros autores, por parte de Gertz Manero, en una biografía de Guillermo Prieto que presume y firma como propia, y forma parte de su vasta obra como investigador. Por su claridad, me permito reproducir, con el crédito debido, el cotejo de Sheridan entre un párrafo del texto original del historiador Malcom D. McLean (publicado siete años antes) con el de Gertz:

Párrafo de McLean: “Después de tal demostración, el lector comprenderá que Prieto ganó sin embarazo las elecciones para diputado ante el decimosexto Congreso Constitucional. Lo reeligieron también para el decimoséptimo en compañía de su hijo Manuel G. Prieto” (p. 50). Párrafo de Gertz: “Con tal demostración, Prieto ganó sin embarazo alguno las elecciones para diputado en el Decimosexto Congreso; y lo reeligieron para el decimoséptimo en compañía de su hijo Manuel G. Prieto” (p. 41).

¿Idéntico? No. Como tampoco lo es mi ejemplo sobre Monterroso. Mas, ¿alguien puede dudar que este párrafo del fiscal —que en “su” libro no tiene las comillas que indican que está citando ni alguna referencia a McLean— constituye la apropiación del texto de otro? La RAE define al plagio como “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” y añade que es “la acción de una persona para engañar a otra, exponiendo que sus ideas son originales.” Otra fuente indica que: “es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información, y también lo es parafrasear de forma inaceptable un texto o una idea, sin citar su autor” (ver: página electrónica de la Universidad del País Vasco).

Habrá, sin duda, argumentos para descartar el caso porque en la legislación mexicana no hay una referencia explícita a estas conductas con el nombre de plagio. Será el sereno: estamos frente a evidencia sólida de un acto de deshonestidad intelectual que requiere una indagación oficial por parte de las autoridades del CONACyT y, en su caso, la sanción correspondiente.

El valor que está en entredicho, la decencia, es parte fundamental de la vida y de cualquier trabajo. Es un imperativo ético proceder a lo establecido en las normas que nos rigen. Las políticas para conducir la investigación científica y humanística son debatibles. Eso es normal y válido. Sus bases éticas no.

Fuente de la información e imagen:  https://www.educacionfutura.org

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México: Suspensión de recursos del Conacyt para IES privadas es un acto de discriminación: ITESO

Erick Juárez Pineda

Por: Erick Juárez Pineda

La extinción de los 109 fideicomisos, muchos de ellos relativos a investigación científica, y el anuncio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a las universidades privadas de que ya no cubrirá los estímulos de los académicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) “amenazan la posibilidad de que México consolide un aparato de ciencia y tecnología de talla mundial”, señaló Luis Arriaga, SJ, rector del ITESO, quien participó en el foro sobre el presupuesto federal para Jalisco que reunió a representantes del gobierno estatal y de Guadalajara, del poder judicial, instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones civiles y del sector privado.

Luis Arriaga, SJ, destacó que el estímulo que recibían los investigadores de universidades privadas estaba fundamentado en procesos de evaluación igual de rigurosos que a los que se someten quienes pertenecen a instituciones públicas.

“La suspensión del pago es en los hechos un acto de discriminación en razón de su adscripción institucional”, resaltó y agregó que estos cambios podrían “incentivar una fuga de cerebros del estado y del país, así como complicar los procesos de repatriación del talento mexicano formado en el extranjero en un contexto sanitario que ha dejado más que clara la importancia de la ciencia”.

Destacó que a la par del convenio mediante el cual el Conacyt pagaba estímulos a los investigadores, las universidades privadas destinaban un monto equivalente a fondos de investigación, que muchas veces sobrepasaba la inversión del consejo. “Lo más importante es que la innovación tecnológica y los productos científicos financiados con estos recursos, así como la formación de capital humano no eran para beneficio del Conacyt, sino eran para el beneficio del país y particularmente de Jalisco”.

El Rector hizo un llamado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para reconsiderar su posición y detalló que la no renovación de los convenios con las instituciones de educación privada equivale a 1 por ciento del presupuesto total del Conacyt, y afectará a más de 250 investigadores radicados en Jalisco.

“Dicha reducción afectará no sólo a nuestros investigadores sino también a los grupos de redes e instituciones con los que colaboran tanto en México como en el extranjero, afectación que podría tardar décadas en ser subsanada”.

Por último, Luis Arriaga, SJ, se dijo abierto a dialogar con la finalidad de encontrar soluciones de manera conjunta con las autoridades.

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/suspension-de-recursos-del-conacyt-para-ies-privadas-es-un-acto-de-discriminacion-iteso/

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El valor de la crítica

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

Siempre hace falta. Vale porque es un valor, un derecho: el modo más nítido en que se expresa la libertad de expresión. Vivimos tiempos en que, si se cuestionó lo que se hizo antes, entonces lo que se realiza ahora no es debatible so pena de traición. O bien que lo que se critica hoy, tiene como cimiento que antaño las cosas estaban la mar de bien.

Si prevalece este sofisma, mutamos la mirada crítica en propaganda del pasado o panegírico del presente. Ambas renuncian al escrutinio libre de lo público, y quebrantan el futuro de todos, aunque en el corto plazo alguna de estas reducciones tenga mayor eco. Llegará el momento en que será la otra la que logre mayor estridencia, pero nada más: vaivén estéril.

¿Es necesario, pongamos por caso, debatir las decisiones que toman actualmente las autoridades del CONACYT en torno a diversos temas del desarrollo científico del país? Por supuesto. ¿Cuestionarlas? Desde luego, y ofrecer argumentos a considerar. Lo que no procede – por ser falso – es sostener que antes de diciembre de 2018 todo era perfecto. Escucho a colegas distinguidos, muy disgustados, porque en nuestros días “no se toma en cuenta a la comunidad científica como antes”. ¿De qué modo se hacía la auscultación? ¿Quién hablaba en nombre de los científicos? La respuesta ha sido interesante: “nos reuníamos con el director de CONACYT y llegábamos a acuerdos”. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Los representantes de la comunidad científica, los que sí sabemos lo que es la ciencia, no como los de ahora.

Hay en tal proceder un riesgo: si yo era parte de los interlocutores, se atendía a la comunidad; de no ser así, ya no se hace. ¿Representantes o coordinadores de grupos de interés?

Otros investigadores, con razón, señalan que existía, por ley, el Foro Consultivo, cuya mesa directiva estaba integrada por 17 directivos de varias instituciones, distintas asociaciones académicas y empresariales, más tres investigadores del SNI electos por sus pares. Ese espacio conformaba una instancia de deliberación y asesoría al CONACYT, sus similares estatales y el Congreso. ¿Podría estar mejor integrado, con más académicos electos? Sin duda. ¿Proceder de un modo más participativo? Claro que sí. Pero modificarlo sin ajustarse a la ley vigente es un error y hay que decirlo. La crítica, al hacer estos matices, no sufre mella; jugar al blanco y negro sí, pues la destroza.

Por discrepar de la reforma educativa del Pacto por México, no se sigue que se deba apoyar a toda costa lo que se proponga ahora. Considerar mal encaminada la transformación actual del proyecto educativo, no significa acuerdo pleno con la que se impulsó antes, ni se niega la necesidad de un cambio con respecto a la inercia previa: la distancia constante del poder para contar con perspectiva es necesaria. Hace posible la mirada que en realidad cuestiona.

Estas simplificaciones son inútiles pues el debate público no avanza. Y sin esa discusión no hay camino en la senda democrática. Es victoria pírrica reducir al absurdo a quien piensa diferente, o imputarle intereses inconfesables, contrarios a la patria, a quien difiere de lo que consideramos adecuado. Tampoco hay posición neutral ni desinteresada. Los proyectos para el país difieren.

Por eso, tampoco es necesario, ni conviene, llegar a acuerdos. Lo que sí sería importante es recuperar dos elementos cruciales del quehacer crítico pocas veces recordados en medio de la pasión que ciega y grita: escuchar y pensar con calma. Creo que es preciso.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-valor-de-la-critica/

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La crisis mexicana de la inversión en el conocimiento científico

Sofía García-Bullé

Por: Sofía García-Bullé

Uno de cada cuatro investigadores miembros del SNI han quedado fuera del sistema de apoyo constituido por la CONACYT.

Recientemente en la prensa han tomado revuelo noticias sobre los desvíos de fondos del CONACYT, la desaparición de fideicomisos para la ciencia y la investigación y la decisión del gobierno federal de retirar los apoyos económicos a investigadores y profesores del Tec de Monterrey. Esto último ha generado una seria protesta por parte de docentes y académicos afiliados a la institución privada regiomontana.

La falta de recursos para la investigación y el desarrollo a nivel nacional o global es un asunto serio, también la mala administración de los mismos. Pero es crucial tener un entendimiento amplio del tema para saber exáctamente qué está pasando y cómo se están tomando estas medidas. Solo de esta forma podemos iniciar una conversación que lleve a soluciones reales en el tema de herramientas para investigación y desarrollo. Necesitamos saber primero quiénes son los principales afectados: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

¿Qué es el Sistema Nacional de Investigadores y cómo funciona?

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado por un Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El objetivo del SNI es promover y fortalecer la calidad de la innovación que se produce en México, así como de la investigación científica y tecnológica nacional. Esto se logra a través de la evaluación dentro de la misma comunidad científica.

Organismos similares existen alrededor de todo el mundo. Estados Unidos tiene la American Association for the Advancement of Science (AAAS por sus siglas en inglés), Reino Unido cuenta con The Royal Society. Chile es casa de varios organismos de esta clase, como la Sociedad Chilena de Física y la Sociedad Chilena de Educación Científica. Las organizaciones que promueven y estimulan el trabajo científico son una necesidad básica para la continuidad de la educación y desarrollo en cualquier país. Por lo que hay organismos gubernamentales cuyo propósito es incentivar, financiar y habilitar la labor científica.

Evolución del gasto en ciencia y tecnología del gobierno federal (como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto total). Fuente: Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué? (Nexos) .

Evolución del gasto en ciencia y tecnología del gobierno federal (como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto total).

Fuente: Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué? (Nexos).

En el caso de México, este organismo sería el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), su trabajo está estipulado en la Ley General de Educación. De acuerdo al artículo 25 de esta ley, el Estado debe invertir como mínimo un 8 % del PIB en materia de Educación, del cual el 1 % debe dirigirse a la investigación científica y el desarrollo tecnológico realizado por instituciones de educación superior públicas. El CONACYT, en teoría, administra y distribuye los fondos para la producción de conocimiento científico.

Pero esta meta no ha sido alcanzada en más de una década. La inversión en el conocimiento sufre de un déficit nacional que la pone en desventaja en comparación con los recursos asignados a las comunidades científicas de otros países.

 ¿Cómo funciona la inversión en el conocimiento a nivel mundial?

La inversión federal en ciencia y tecnología no ha sido consistente en alcanzar ese 1 % estipulado en la Ley General de Educación en más de una década. Los fondos invertidos oscilaron entre el 0.2 %  y el 0.3 % del PIB antes del 2014. Se registró un repunte entre 2014 y 2015, en el que la cifra ascendió a 1.5 %,  pero posteriormente se inició un marcado descenso en el presupuesto de aprobados en 2019 y en el proyecto presentado por el Ejecutivo en 2020, en que se registró un 0.8 %  del presupuesto federal (0.4 % del PIB) destinado a la producción académica y científica. Esta cantidad se traduce a 49,390 millones de pesos mexicanos.

Una idea más amplia de cómo funciona la inversión en conocimiento, investigación y desarrollo a nivel mundial, la podemos ver en las estadísticas de la UNESCO. Medidos en Dólares de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA por sus siglas en inglés) para mejor vigencia y transparencia. Los datos de la UNESCO indican certeramente, cuánto de su PIB invierte cada país en investigación y desarrollo, así como también cuánto sería esto en términos monetarios.

Lo anterior es crucial para discernir qué significa esto para cada país en términos de dirección de recursos y los avances científicos que estos activos hacen posibles. El PIB no es suficiente indicador para conocer qué tanto invierte un país en su comunidad científica. Por ejemplo, Japón, que ostenta el primer lugar de porcentaje de PIB invertido, gasta 3.4 %, que serían $169,554.1 millones de dólares PPA. Mientras que Estados Unidos invierte sólo el 2.7 %, pero este se traduce en $476,459 millones de dólares PPA.

Fuente: ¿Cuánto invierte su país en I + D? (UNESCO).

Fuente: ¿Cuánto invierte su país en I + D? (UNESCO).

¿Cuánto invierte México y por qué el gobierno federal consideró necesario reformular la manera en que se administran los recursos para investigación y desarrollo? De acuerdo a los datos de la UNESCO, México invierte 0.4 % de su PIB, lo cual asciende a $9,458.5 millones de dólares PPA.

El desglose de los responsables de esta inversión a nivel nacional es encabezada por las universidades, que aportan $4,617.5 millones de dólares PPA, les sigue de cerca el gobierno con $3,058.3 millones, en tercera instancia el sector privado empresarial invierte $1,688.1 millones, y el rubro privado sin fines de lucro colabora con $94,576.5. Según estos números, tanto las instituciones de educación superior como el gobierno federal han sido los más grandes benefactores de la producción de conocimiento y ciencia. Pero si este es el caso, ¿entonces porque estamos entrando a un momento histórico en el que no se comportan como aliados?

Política y corrupción en la distribución de incentivos

Las medidas terminantes y rápidas tomadas por el gobierno federal para atacar la corrupción en los mecanismos de distribución de fondos para la producción científica han generado preocupaciones serias y protestas importantes, especialmente en el sector de educación superior privada. Entre las instituciones afectadas por el retiro de apoyo se encuentran el Tec de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el ITAM

¿Por qué el gobierno federal está tomando estas decisiones? La intención de estas acciones es responder directamente a una descontrolada corrupción debido a la cual desvíos masivos de fondos dirigen recursos hacia las empresas privadas, en vez de la comunidad científica.

El Horizonte reportó el pasado 22 de octubre sobre cómo el gobierno federal reveló que el CONACYT otorgó sumas millonarias a empresas privadas. De acuerdo con información gubernamental, el CONACYT entregó injustificadamente $15,000 millones de pesos a empresas privadas entre 2013 y 2018.

Existe una base sobre la que el gobierno federal actuó para detener este desvío de recursos, el problema mayor no es este; no se discute que la corrupción en los mecanismos de distribución de recursos hizo necesaria una respuesta por parte del gobierno federal. Sin embargo, la eliminación de 109 fideicomisos aprobada por el senado recientemente vino de golpe, sin un análisis previo que sustentara este curso de acción, sin una estrategia de comunicación y sin ninguna propuesta alternativa que calmara las inquietudes de las instituciones educativas, de la comunidad científica y del público general con respecto a cuál será la nueva forma de distribución de recursos

Como resultado de este tropezado proceso, nos hemos quedado con uno de cada cuatro investigadores del SNI fuera de la red de apoyo. Esto representa el 23.8 % de la comunidad dedicada a la investigación y desarrollo a nivel nacional.

Tomando en cuenta que, en México, las universidades son las que más invierten en capital para la investigación y el desarrollo, cortar de tajo los convenios con las universidades privadas argumentando que se busca cerrar los canales de desvíos de recursos hacia las empresas, se proyecta como una medida de carácter más performativo que eficiente. Las consecuencias de esta performatividad pueden ser desastrosas para el desarrollo de la ciencia mexicana.

Si este protocolo persiste, el retiro de apoyos podría extenderse hasta a 50 universidades, potencialmente dejando a la producción nacional de conocimiento científico sin motor. Es crítico que los poderes ejecutivos y legislativos elaboren y presenten una estrategia clara de administración y distribución de recursos que proteja los activos para la producción epistémica y científica, sin cortar los lazos ni los convenios con las instituciones de educación superior privada.

Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/crisis-investigacion-conacyt

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México: Apoyo a la Asamblea Estudiantil del Posgrado de Estudios Latinoamericanos

Noticias

Publicamos el presente comunicado de solidaridad, enviado por profesores despedidos en lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Las imágenes corresponden a las movilizaciones estudiantiles del 2017.

La Asamblea de Estudiantil del Posgrado en Estudios Latinoamericanos Generación 2021-1 de la UNAM público en sus redes sociales un pronunciamiento en el que se denuncia que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) rechazó la solicitud de beca de más de la mitad de los estudiantes de la maestría, “un apoyo económico defendido históricamente por las generaciones de estudiantes que se enfrentaron a los recortes neoliberales a lo largo de dos sexenios”.

También enuncian el rol de la coordinación del programa académico que decidió “sacrificar a media generación que ya no entrará en sus índices de eficiencia terminal”. Asimismo, denunció que la coordinación promueve la competencia, la división y el enfrentamiento entre miembros de la comunidad estudiantil.

No debemos olvidar que el Conacyt obliga a firmar un contrato de dedicación de tiempo completo a los que entran a un posgrado, es decir, se les prohíbe trabajar. Por ende, el único medio de subsistencia es la beca.

Finalmente en su comunicado los estudiantes expresan su solidaridad con quienes luchan desde otras trincheras en defensa de la educación pública y gratuita.

Quienes firmamos este texto de solidaridad, profesores precarizados en lucha, nos ponemos a plena disposición de la lucha que están dando las y los estudiantes de posgrado. Como dice el pronunciamiento de la Asamblea Estudiantil, su lucha es nuestra lucha y enfrentamos la misma política.

En ese sentido, consideramos que los atentados a la educación pública y gratuita vienen dictados desde las políticas de austeridad de la 4T, que viene recortando de forma brutal el gasto en derechos sociales, en este caso el que se vio afectado es el de la educación. Esta situación va de la mano de la precarización laboral que se aplica a miles de profesores e investigadores a nivel nacional. Caso contrario es el de las fuerzas armadas ven aumentado en miles de millones su presupuesto, profundizando la militarización del país.

Desde nuestro punto de vista, hay que recuperar la tradición de lucha del movimiento estudiantil, en el que se organicen asambleas tripartitas en que participen estudiantes, profesores y trabajadores para buscar soluciones y se defienda la educación pública y gratuita, con el fin de poner la ciencia, la investigación y la docencia al servicio del pueblo trabajador.

Por lo anterior, nos pronunciamos en apoyo a las justas demandas de la Asamblea estudiantil, por la restitución incondicional de todas las becas a los estudiantes de la maestría, así como garantizar la beca para todas y todos. Igualmente exigimos aumento del presupuesto para la educación.

Atentamente

Aida Chacón Castellanos
Víctor Romero Escalante
Alejandra Santamaría García
Profesores despedidos, integrantes de la Asamblea de profesores de la UACM en lucha
Integrantes del Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos

Fuente e imagen: http://www.laizquierdadiario.mx/Apoyo-a-la-Asamblea-Estudiantil-del-Posgrado-de-Estudios-Latinoamericanos

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