La crisis mexicana de la inversión en el conocimiento científico

Recientemente en la prensa han tomado revuelo noticias sobre los desvíos de fondos del CONACYT, la desaparición de fideicomisos para la ciencia y la investigación y la decisión del gobierno federal de retirar los apoyos económicos a investigadores y profesores del Tec de Monterrey. Esto último ha generado una seria protesta por parte de docentes y académicos afiliados a la institución privada regiomontana.

La falta de recursos para la investigación y el desarrollo a nivel nacional o global es un asunto serio, también la mala administración de los mismos. Pero es crucial tener un entendimiento amplio del tema para saber exáctamente qué está pasando y cómo se están tomando estas medidas. Solo de esta forma podemos iniciar una conversación que lleve a soluciones reales en el tema de herramientas para investigación y desarrollo. Necesitamos saber primero quiénes son los principales afectados: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

¿Qué es el Sistema Nacional de Investigadores y cómo funciona?

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado por un Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El objetivo del SNI es promover y fortalecer la calidad de la innovación que se produce en México, así como de la investigación científica y tecnológica nacional. Esto se logra a través de la evaluación dentro de la misma comunidad científica.

Organismos similares existen alrededor de todo el mundo. Estados Unidos tiene la American Association for the Advancement of Science (AAAS por sus siglas en inglés), Reino Unido cuenta con The Royal Society. Chile es casa de varios organismos de esta clase, como la Sociedad Chilena de Física y la Sociedad Chilena de Educación Científica. Las organizaciones que promueven y estimulan el trabajo científico son una necesidad básica para la continuidad de la educación y desarrollo en cualquier país. Por lo que hay organismos gubernamentales cuyo propósito es incentivar, financiar y habilitar la labor científica.

En el caso de México, este organismo sería el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), su trabajo está estipulado en la Ley General de Educación. De acuerdo al artículo 25 de esta ley, el Estado debe invertir como mínimo un 8 % del PIB en materia de Educación, del cual el 1 % debe dirigirse a la investigación científica y el desarrollo tecnológico realizado por instituciones de educación superior públicas. El CONACYT, en teoría, administra y distribuye los fondos para la producción de conocimiento científico.

Pero esta meta no ha sido alcanzada en más de una década. La inversión en el conocimiento sufre de un déficit nacional que la pone en desventaja en comparación con los recursos asignados a las comunidades científicas de otros países.

 ¿Cómo funciona la inversión en el conocimiento a nivel mundial?

La inversión federal en ciencia y tecnología no ha sido consistente en alcanzar ese 1 % estipulado en la Ley General de Educación en más de una década. Los fondos invertidos oscilaron entre el 0.2 %  y el 0.3 % del PIB antes del 2014. Se registró un repunte entre 2014 y 2015, en el que la cifra ascendió a 1.5 %,  pero posteriormente se inició un marcado descenso en el presupuesto de aprobados en 2019 y en el proyecto presentado por el Ejecutivo en 2020, en que se registró un 0.8 %  del presupuesto federal (0.4 % del PIB) destinado a la producción académica y científica. Esta cantidad se traduce a 49,390 millones de pesos mexicanos.

Una idea más amplia de cómo funciona la inversión en conocimiento, investigación y desarrollo a nivel mundial, la podemos ver en las estadísticas de la UNESCO. Medidos en Dólares de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA por sus siglas en inglés) para mejor vigencia y transparencia. Los datos de la UNESCO indican certeramente, cuánto de su PIB invierte cada país en investigación y desarrollo, así como también cuánto sería esto en términos monetarios.

Lo anterior es crucial para discernir qué significa esto para cada país en términos de dirección de recursos y los avances científicos que estos activos hacen posibles. El PIB no es suficiente indicador para conocer qué tanto invierte un país en su comunidad científica. Por ejemplo, Japón, que ostenta el primer lugar de porcentaje de PIB invertido, gasta 3.4 %, que serían $169,554.1 millones de dólares PPA. Mientras que Estados Unidos invierte sólo el 2.7 %, pero este se traduce en $476,459 millones de dólares PPA.

¿Cuánto invierte México y por qué el gobierno federal consideró necesario reformular la manera en que se administran los recursos para investigación y desarrollo? De acuerdo a los datos de la UNESCO, México invierte 0.4 % de su PIB, lo cual asciende a $9,458.5 millones de dólares PPA.

El desglose de los responsables de esta inversión a nivel nacional es encabezada por las universidades, que aportan $4,617.5 millones de dólares PPA, les sigue de cerca el gobierno con $3,058.3 millones, en tercera instancia el sector privado empresarial invierte $1,688.1 millones, y el rubro privado sin fines de lucro colabora con $94,576.5. Según estos números, tanto las instituciones de educación superior como el gobierno federal han sido los más grandes benefactores de la producción de conocimiento y ciencia. Pero si este es el caso, ¿entonces porque estamos entrando a un momento histórico en el que no se comportan como aliados?

Política y corrupción en la distribución de incentivos

Las medidas terminantes y rápidas tomadas por el gobierno federal para atacar la corrupción en los mecanismos de distribución de fondos para la producción científica han generado preocupaciones serias y protestas importantes, especialmente en el sector de educación superior privada. Entre las instituciones afectadas por el retiro de apoyo se encuentran el Tec de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el ITAM

¿Por qué el gobierno federal está tomando estas decisiones? La intención de estas acciones es responder directamente a una descontrolada corrupción debido a la cual desvíos masivos de fondos dirigen recursos hacia las empresas privadas, en vez de la comunidad científica.

El Horizonte reportó el pasado 22 de octubre sobre cómo el gobierno federal reveló que el CONACYT otorgó sumas millonarias a empresas privadas. De acuerdo con información gubernamental, el CONACYT entregó injustificadamente $15,000 millones de pesos a empresas privadas entre 2013 y 2018.

Existe una base sobre la que el gobierno federal actuó para detener este desvío de recursos, el problema mayor no es este; no se discute que la corrupción en los mecanismos de distribución de recursos hizo necesaria una respuesta por parte del gobierno federal. Sin embargo, la eliminación de 109 fideicomisos aprobada por el senado recientemente vino de golpe, sin un análisis previo que sustentara este curso de acción, sin una estrategia de comunicación y sin ninguna propuesta alternativa que calmara las inquietudes de las instituciones educativas, de la comunidad científica y del público general con respecto a cuál será la nueva forma de distribución de recursos

Como resultado de este tropezado proceso, nos hemos quedado con uno de cada cuatro investigadores del SNI fuera de la red de apoyo. Esto representa el 23.8 % de la comunidad dedicada a la investigación y desarrollo a nivel nacional.

Tomando en cuenta que, en México, las universidades son las que más invierten en capital para la investigación y el desarrollo, cortar de tajo los convenios con las universidades privadas argumentando que se busca cerrar los canales de desvíos de recursos hacia las empresas, se proyecta como una medida de carácter más performativo que eficiente. Las consecuencias de esta performatividad pueden ser desastrosas para el desarrollo de la ciencia mexicana.

Si este protocolo persiste, el retiro de apoyos podría extenderse hasta a 50 universidades, potencialmente dejando a la producción nacional de conocimiento científico sin motor. Es crítico que los poderes ejecutivos y legislativos elaboren y presenten una estrategia clara de administración y distribución de recursos que proteja los activos para la producción epistémica y científica, sin cortar los lazos ni los convenios con las instituciones de educación superior privada.

Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/crisis-investigacion-conacyt