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Pueblos indígenas, sus vivencias frente al coronavirus/México

América/México/ 24/06/2020/Autor y Fuente: UNAM Global

La pandemia de COVID-19 aumentó las distintas problemáticas que los pueblos indígenas de América Latina han enfrentado históricamente, tales como la desigualdad en sistemas de salud, educación y economía, principalmente.

Así lo manifestaron especialistas de Guatemala, Chile, Colombia y Argentina durante la conferencia Lecciones para los pueblos a partir de la pandemia, organizada por la Red de Comunicación Indígena Internacional (RCCI), Servindi y el programa PUIC de la UNAM. Aquí un resumen de sus participaciones.

Por Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia – UNAM

22 de junio, 2020.- Para Abadio Green Stocel, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la pandemia lleva a reflexionar sobre qué tipo de educación es mejor construir a partir de estos momentos, ya que el sistema educativo que hoy permea en los Estados es racista, machista e individualista.

En su opinión, una transformación educativa podría incorporar conocimientos milenarios y el valor de lo colectivo.

Andrea Ixchíu, periodista y activista de Guatemala, compartió el caso del pueblo de Totonicapán, en donde ella nació y ha vivido. Ahí han encontrado sus propias formas de organización, de distribución de alimentos y de cuidado durante esta pandemia.

Destacó que las autoridades indígenas del lugar colocaron cercos comunitarios propios para evitar contagios y garantizar la propia seguridad de los habitantes del lugar.

También buscaron formas de organizar mercados comunales, estableciendo días específicos para ellos, se ha impulsado la creación de desinfectantes biodegradables y maneras de mantener vivas sus formas sociales de organización, así como el cuidado y la protección de los bosques comunitarios.

José Aylwin Oyarzúnlicenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, relató que en su país la pandemia está afectando seriamente a distintos sectores de la sociedad y con particular fuerza a los pueblos indígenas.

“Las 10 comunas más pobres de Santiago de Chile son las que concentran, por un lado, los mayores niveles de contagio y, por otro lado, entre el 10 y el 20% de población indígena, entonces, hay una correlación entre pobreza, desplazamiento e impacto de la  COVID.”

Nilo Cayuqueo, Werken, mensajero actual de la Comunidad Mapuche La Azotea, comentó que en Argentina se vive una política extractivista a través de la cual se promueve la explotación de recursos naturales como petróleo, gas y la minería en comunidades donde viven los pueblos indígenas. “En medio de esa violenta arremetida se produce la llegada del coronavirus.”

Dijo que los pueblos indígenas han tenido que migrar a Buenos Aires; viven en villas de miseria y en estos lugares el virus se propaga por el hacinamiento, la falta de agua y otras condiciones adversas.

“El COVID-19 no se detiene y es impredecible lo que ocurrirá en el futuro, los pueblos originarios y gran parte de la sociedad en Argentina están tomando conciencia contra todo ese tipo de injusticias».

«El pueblo no quiere volver a la normalidad y seguir siendo oprimido, explotado y ninguneado, nos hemos echado a andar para construir una nueva sociedad basada en el equilibrio y armonía con la naturaleza, las distintas culturas y todas las vidas que están en este planeta.” finalizó.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/pueblos-indigenas-sus-vivencias-frente-al-coronavirus/

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Bajar la ratio escolar y afianzar una educación inclusiva para “que nadie quede atrás”: la opinión de las familias y los estudiantes

Por: Enrique Javier Díez Gutiérrez.

 

Por Enrique J. Díez Gutiérrez y Katherine G. Espinoza | La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a la suspensión de la educación presencial en numerosos países, entre ellos España. Ante esta situación sobrevenida, las administraciones educativas establecieron una serie de medidas e instrucciones de cara a finalizar el curso actual y comenzar el siguiente curso escolar 2020/2021.

A raíz de los debates y la confrontación de posiciones que supuso buena parte de esas políticas educativas adoptadas durante el tiempo de confinamiento, decidimos realizar una investigación a partir de una encuesta a la que han respondido 3.400 familias y estudiantes de toda España durante los meses de marzo y abril de 2020. Queríamos saber la visión de una parte de la comunidad educativa que se suele tener en cuenta mucho menos de lo que sería necesario.

Uno de los primeros resultados de esta investigación, titulada “Educar y Evaluar en tiempos de coronavirus”, muestra que se quiere un retorno a las clases para el próximo curso escolar, no en turnos alternos como se propone por algunas administraciones educativas, sino con más profesorado y menos alumnado por aula, para poder hacer una enseñanza más personalizada y atender a la diversidad, respetando además la distancia social mientras sigan los efectos de la crisis del coronavirus, pero recuperando la cercanía personal y la convivencia emocional.

1Nivel de acuerdo con la acepción “A partir del próximo curso escolar debería haber más profesores y profesoras y menos alumnos y alumnas por aula para resguardar la atención personalidad y respetar la diversidad”

De los resultados se extraen cinco ideas fundamentales: 1) la brecha digital se suma y amplifica la brecha social, aumentando la desigualdad en épocas de crisis; 2) las tecnologías, que han sido un aliado esencial en la crisis, no son una alternativa a la relación educativa presencial, pero son una herramienta cada vez más enriquecedora para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 3) es necesario repensar el actual currículum enciclopédico para discriminar lo prescindible de lo imprescindible y priorizar los contenidos relevantes; 4) evaluar no es calificar, es entender cómo ha sido el proceso de aprendizaje para ayudar a cada alumno y alumna a seguir mejorando y al profesorado cómo apoyarles, y 5) es necesario que una de las prioridades educativas sea también “cuidar a las personas” y primar su bienestar integral, para “que nadie se quede atrás”.

El 76% de las personas participantes rechazan el seguir haciendo exámenes sobre nueva materia durante el confinamiento

La labor de compensación educativa que realiza la educación pública de forma presencial se ve radicalmente reducida y recortada en tiempos de confinamiento. A la brecha digital (familias sin recursos tecnológicos ni conexión: un 38% manifestaban tener dificultades para seguir el curso académico) se le suman otras muchas brechas que aumentan la desigualdad y amplifican la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables: la brecha de las condiciones materiales y de espacios adecuados para trabajar en el hogar, la brecha de capital cultural y de formación del entorno familiar, la brecha económica de la precariedad o el paro o la brecha emocional que supone el impacto de la crisis y el estrés de todas sus consecuencias vividas en confinamiento. Muchas brechas que la escuela intentaba amortiguar y compensar presencialmente, pero que ahora se han visto multiplicadas en la soledad del confinamiento.

Una segunda conclusión es destacar el valor de la educación ‘online’ como una herramienta complementaria a la educación presencial pero no sustitutoria de ésta. El contacto, la relación directa, la comunicación, la interacción, la convivencia y la emoción son claves y esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el periodo escolar de la vida. La fría interacción de una pantalla, nada tiene que ver con la calidez emocional de un encuentro. Sabiendo que la capacidad de autorregulación para mantener la motivación y ser constante en continuar una educación a distancia es reducida, sobre todo en estudiantes de menores edades, pues las evidencias muestran que incluso entre población más adulta menos del 5% de los inscritos completan los cursos online abiertos y masivos ofrecidos por Universidades como Harvard y el MIT.

Una tercera conclusión es la demanda (67,3%) de centrarse en los conocimientos necesarios y fundamentales, en esta situación excepcional, en vez de seguir avanzando en el temario. Esto nos puede llevar a replantear los actuales currículums enciclopédicos que la LOMCE y las editoriales han impuesto en la dinámica escolar y aprender a discriminar lo prescindible de lo imprescindible en los contenidos, priorizando aquellos realmente relevantes. Ya no solo en un momento de crisis, sino como replanteamiento general en la educación.



Una cuarta conclusión es apostar por una evaluación para el aprendizaje y la mejora. El 76% de las personas participantes rechazan el seguir haciendo exámenes sobre nueva materia durante el confinamiento y el 65,4% apoyan claramente un modelo de evaluación «continua, formativa e integradora» en positivo, es decir, donde se tenga en cuenta la valoración de los trimestres presenciales, o se valoren las tareas realizadas en confinamiento en todo caso para mejorar la nota (73%), no penalizando en cualquier caso al alumnado en esta situación tan anómala. Y se centre en el diagnóstico de las dificultades de cara a orientar la acción educativa y la atención a la diversidad de cara al inicio del curso siguiente.

Finalmente, los resultados apuestan claramente por iniciar el curso planificando medidas de apoyo y refuerzo (85%) a partir del diagnóstico de las dificultades que han tenido; que se desarrollen actividades dedicadas a abordar pedagógica y emocionalmente la situación vivida (89%) como también se resalta en otras investigaciones; así como una reducción del número de alumnado por clase y el aumento consiguiente de profesorado (81%: 76% completamente de acuerdo y 15% de acuerdo). Está claro, por tanto, que hay una abrumadora mayoría de familias y estudiantes que, frente a la intención del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas de un sistema mixto que combine la escolaridad presencial con la ‘online’, la comunidad educativa reclama más recursos para cambiar el modelo educativo con una orientación más comprehensiva e inclusiva.

Obligar a hacer la mitad del curso escolar en casa, además, supone dificultar la conciliación de las familias con su vida laboral, aumentar la tensión de convertir a las familias en tutores y orientadores escolares, sin tener formación ni recursos para ello, o no contribuir a paliar la brecha social y cultural que la escuela contribuye a compensar en cierta medida. Esto parece obedecer no a criterios pedagógicos, sino a prioridades economicistas derivadas del recorte de 9.000 millones de euros que los últimos gobiernos han aplicado a la educación.

Lo que refleja esta investigación, en definitiva, es que esta crisis sí puede ser una oportunidad si se decide, por fin, destinar los recursos públicos al bien común para poder desarrollar una educación personalizada presencial y cercana, atenta al desarrollo de cada estudiante, con retroalimentación constante y donde se puede atender a la diversidad de una forma realmente inclusiva, poniendo en marcha las medidas individualizadas necesarias nada más detectar las posibles dificultades de cada alumno o alumna.

La comunidad educativa pide a los responsables políticos que miren hacia el futuro y replanteen de una vez por todas el modelo de escolaridad “hacinada”, heredado de la época industrial, perpetuado con la única finalidad de concentrar y ahorrar costes en educación, en lo que siempre se debería haber concebido como una inversión. Necesitamos políticas educativas que apuesten por plasmar presupuestariamente la viabilidad real de la educación inclusiva que proclaman en los discursos. Esto pasa por destinar en España el 7% del PIB a la educación pública e inclusiva, como llevan haciendo tanto tiempo los países más avanzados educativamente, para “que realmente nadie quede atrás”.

No se pueden seguir priorizando las razones económicas en vez de las educativas. Un plan de reconstrucción de este país necesita cambiar radicalmente de prioridades. Y la educación es el futuro de un país. No solo el presente, sino sobre todo el futuro.

Fuente del artículo: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/bajar-ratioescolar-educacioninclusiva-opinion-familias-estudiantes-educacion/20200622173107176379.html

 

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Updated lockdown rules for schools – including matric exams, return to hostels and more

Africa/ South Africa/ 23.06.2020/ Source: businesstech.co.za.

 

The Department of Basic Education has published a new directive focusing on the reopening of school’s under South Africa’s lockdown.

While the directive is largely in line with previous changes made by the department, it does provide further clarity of a number of key issues.

These points are outlined in more detail below.


Matric exams

The directive states that the May/June 2020 examination for candidates who registered for the Senior Certificate and the National Senior Certificate will be administered in November/December 2020.

It adds that the November/December 2020 National Senior Certificate examinations will be administered as planned, subject to the alignment of the timetable to the 2020 revised school calendar.

The revised school calendar can be viewed here.


School attendance 

The directive makes specific provision for parents who do not wish for their children to return to school due to coronavirus concerns.

In these instances, a parent must apply to the Head of Department, who, in terms of section 4 of the South African Schools Act, may exempt a learner entirely, partially or conditionally from compulsory school attendance, if it is in the best interests of the learner.

This is subject to the proviso that the parent makes reasonable efforts to ensure that the learner continues learning from home in line with the learning materials provided by the school.

“Should a parent wish to apply for a learner to receive education at the learner’s home (home education), he or she must comply with the legal requirements for the provision of home education, as contemplated in section 51 of the South African Schools Act.”


Opening of hostels

The department said that school hostels are permitted to open provided that they comply with the department’s minimum health, safety and social distancing measures and requirements on Covid-19.

The directive also includes new requirements for both schools that plan to reopen their hostels, as well as requirements for schools who plan to close their hostels.

“Hostels may open once the notification and declaration have been submitted to the Head of Department: Provided that the Provincial Department of Education reserves the right to conduct an inspection, once the hostels have opened to verify the hostel with the measures and requirements.”


Learners with special educational needs

In addition to the guidelines developed for schools with specific categories of learners with disabilities, all schools with learners with special educational needs, as contemplated in the South African Schools Act, must comply with all directions and circulars regarding the re-opening of schools.

The new directive makes a number of specific provisions for the return of these learners, including autistic learners and learners who are blind, partially sighted or deaf.

“Officials who are unable to practise social distancing from learners with special education needs must be provided by the Provincial Department of Education with appropriate personal protective equipment, including protective clothing, where such provision is necessary.”

“Officials appointed to carry out symptom screening, in accordance with direction 13, in schools for deaf learners, must be able to communicate using South African Sign Language. Where this is not possible, a sign language interpreter must be available to ensure proper communication with the learners.”


Permits and certificates

The directive states that school officials who have to commute to and from work on a daily basis are permitted to move between provinces, metropolitan areas and districts provided they have the correct permit.

This permit may be issued by the Head of Department or a delegated official or, in the case of a school, by a principal or a person delegated by him or her.

Similarly, learners who are required to move between provinces to commute to and from school on a daily basis must be issued with a certificate issued by a principal or a person delegated by him or her.

You can find these documents in the directive below.


Curriculum trimming

To accommodate the teaching time lost as a result of the national state of disaster and the adjustment of timetables, the national curriculum has been reviewed by the Department of Basic Education.

The revised content phase map, which contains a broad overview of the curriculum content, including skills, knowledge, attitudes and values learners would be exposed to over a three year period, as well as the revised annual teaching plans and curriculum support guidelines, are accessible on the website of the Department of Basic Education here.


You can read the full directive below.


Source of the notice: https://businesstech.co.za/news/government/410045/updated-lockdown-rules-for-south-african-schools-including-matric-exams-return-to-hostels-and-more/

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Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional

América del Sur/ Bolivia/ 23.06.2020/ Fuente: redclade.org.

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación difunde nota pública denunciando la falta de respuesta y la escasa pertinencia en el Ministerio de Educación del país para asegurar el derecho a la educación durante la pandemia COVID-19

“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.

Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.

Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.

Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.

En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/bolivia-mas-de-2-9-millones-de-estudiantes-estan-en-vulnerabilidad-educacional/

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Brasil: Renuncia ministro de educación de bolsonaro que pidió encarcelar a los jueces de la corte

América del Sur/ Brasil/ 22.06.2020/ Fuente: diarioelsol.com.ar.

Abraham Weintraub presentó su dimisión al ser investigado por la justicia, aunque Bolsonaro ya dijo que ocupará un puesto en el Banco Mundial, en representación de Brasil.

El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de una serie de investigaciones judiciales que lo involucran luego de haber dicho en una reunión de gabinete que los 11 miembros de la corte suprema debían ir presos.

Lo hizo a través de un vídeo en el cual aparece al lado del presidente Jair Bolsonaro y en el que anunció que trabajará en un cargo del gobierno brasileño en el Banco Mundial.

Weintraub, uno de los líderes de la extrema derecha brasileña que responde políticamente al gurú de este sector, el astrólogo Olavo de Carvalho, renunció tras 14 meses en el cargo en el que acumuló polémicas en el sector educativo, político, diplomático y judicial.

«Voy a seguir luchando por la libertad y por los valores del presidente Bolsonaro, el mejor presidente de Brasil», dijo Weintraub, un economista que había sido vicejefe de gabinete en los primeros tres meses.

El último acto de gobierno en Educación de Weintraub fue revocar una resolución del gobierno de Dilma Rousseff, del hoy opositor Partido de los Trabajadores (PT) que asegura cupos y acciones afirmativas (incentivos) en cursos de posgrado en las universidades federales brasileñas a negros, indígenas y discapacitados.

En un vídeo de la reunión de gabinete del 22 de abril que fue revelado por la justicia para investigar a Bolsonaro por obstrucción de investigaciones, Weintraubdice que los poderes de Brasilia «son el cáncer del país» y que si fuera por él «encarcelaría a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal».

Durante la pandemia, Bolsonaro perdió ya cuatro ministros, dos de Salud (Luiz Mandetta y Nelson Teich), uno de Justicia (Sérgio Moro) y Weintraub.

La renuncia del ministro ocurre luego de que el lunes el Supremo Tribunal Federal lo incluyera en una investigación sobre supuesta financiación ilegal y lavado de dinero para montar medios que arquitectan campañas de odio en las redes sociales.

El ministro perdió la mayor parte de las reformas que impulsó en el Congreso e intentó la semana pasada tener autoridad especial en la pandemia para nombrar nuevos rectores, contra los procedimientos de autonomía universitaria.

También Weintraub, un defensor del gobierno estadounidense, causó problemas diplomáticos con China, principal socio comercial de Brasil desde 2009.

Es por eso que responde a acusaciones de racismo, por comentarios que hizo precisamente en las redes sociales y en los que se burló de los chinos y sus dificultades para pronunciar la letra erre, usando la famosa historieta brasileña «A Turma da Mónica», conocida en la Argentina como «Mónica y sus Amigos».

Además, insinuó -al igual que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente- que la pandemia de Covid-19 sería parte de unos supuestos planes de China para «dominar el mundo».

Fuente de la noticia: https://diarioelsol.com.ar/2020/06/18/renuncia-ministro-de-educacion-de-bolsonaro-que-pidio-encarcelar-a-los-jueces-de-la-corte/

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La escuela cerrada, costos pedagógicos desiguales

Por: Emilio Tenti Fanfani.

 

a experiencia indica que todas las catástrofes, tanto las naturales, como las sociales ( el Covid-19 combina ambos factores) perjudica más a los desposeídos. Eso sucede con los terremotos, las inundaciones, las sequías o las crisis económicas y financieras. Los que más pierden son los que menos tienen. Esto pasa en el caso de la suspensión generalizada del servicio educativo en casi todo el mundo.

Esta experiencia inédita hace evidente realidades que en tiempos normales no se ven a primera vista:

  • En la escuela las nuevas generaciones aprenden cosas que la familia no puede enseñar, porque no tiene los recursos necesarios para hacerlo, en primer lugar la competencia pedagógico/profesional y en segundo lugar el tiempo y otros recursos didácticos. Ojalá que la emergencia nos recuerde que hay cosas importantes que solo se pueden aprender en esas instituciones especializadas que llamamos escuelas, colegios o universidades.
  • La emergencia también permite tomar conciencia que la escuela no solo enseña, sino que también cuida de los niños y adolescentes, función que en una etapa anterior del desarrollo de nuestras sociedades correspondía a la familia y en especial a las madres. Cuando la escuela suspende su funcionamiento, la mayoría los niños quedan «abandonados a su suerte», ya que la mayoría de las madres se han incorporado al mercado de trabajo. Este fenómeno es particularmente relevante en las familias de los sectores populares. Esta constatación debería servir para valorizar el papel multifuncional de la escuela en los procesos de reproducción social.

El reconocimiento social del valor de la escuela debería favorecer un plan de inversión en su estructura física con el fin de garantizar un piso común de calidad e higiene del edificio escolar, objetivo pendiente en el sistema educativo nacional. Al mismo tiempo habrá que aprovechar la ocasión para mejorar los mecanismos de comunicación entre los ministerios, las instituciones escolares y las familias para potenciar el diálogo y la interacción entre estas instancias. Lo que se tuvo que hacer por necesidad deberá potenciarse y mejorarse en tiempos normales.

La situación excepcional que vive el mundo obligó a las instituciones y agentes escolares a desarrollar una oferta de educación a distancia, la mayoría de las veces en forma apresurada y con recursos insuficientes e inadecuados. El Estado argentino, en sus diversas instancias, desde los ministerios de educación a las propias instituciones desplegó una serie de iniciativas tendientes a ofrecer oportunidades de aprendizaje a través del uso de las nuevas tecnologías de enseñanza con el fin de garantizar una cierta continuidad en el trabajo escolar.

La necesidad de actuar en forma rápida obligó a utilizar diversos recursos disponibles (plataformas, medios masivos de comunicación, interacción directa de los docentes con sus alumnos usando distintos dispositivos, etc.). En muchos casos las circunstancias obligaron a improvisar, ya que no había tiempo para programar, desarrollar y luego implementar programas específicos. Más allá de estos esfuerzos dignos de apreciación, las condiciones objetivas conspiran contra los intereses de aprendizaje de los sectores sociales más desfavorecidos.

Es probable que para estos sectores lo más oportuno sea ofrecer materiales (audiovisuales, impresos, etc.) de interés para adultos, niños y adolescentes con el fin de fomentar la lectura recreativa, desarrollar el gusto por la misma, así como la realización de juegos. En relación con esto, sería bueno divulgar las 10 cosas que el pedagogo italiano Francesco Tonucci sugiere hacer a los padres con sus hijos. Cosas simples (como cocinar juntos, explicar cómo funciona el sistema eléctrico de la casa, construir muñecas o pelotas de trapo, reconstruir la historia familiar revisando un álbum de fotografías, leer juntos un periódico o un cuento, etc.) que «educan» más allá del curriculum escolar cuyo cumplimiento tanto desvela a muchos pedagogos formalistas. La emergencia obliga a utilizar la imaginación para darle una dimensión educativa a múltiples objetos, procesos y experiencias que se pueden vivir en el interior del hogar o en el barrio (allí donde en verdad no existe una vivienda digna de ese nombre).

El tiempo que vivimos nos debe inducir a reflexionar porqué las nuevas generaciones se sienten más atraídas por los ambientes virtuales que por los reales. ¿Por qué nos cuesta tanto que nos atiendan en la casa y en las aulas y dejen de lado su celular? La actual obligación de recurrir a la realidad virtual debería convertirse en una oportunidad para aprovechar sus potencialidades en el plano de la realidad, tan propicia para la creación, la modelación, la transformación, capacidad que muchas veces no tiene la realidad escolar preacondicionada, regulada, programada para recorrer un camino con etapas preestablecidas de desarrollo de determinadas competencias evaluables. En este sentido la emergencia puede ser una oportunidad para repensar la realidad escolar con sus tiempos y espacios fragmentados entre aulas, grados, materias, horarios preestablecidos, etc. etc. Estos son momentos en que ciertas transformaciones que en tiempos normales tardan mucho tiempo en concretarse, se pueden precipitar por la fuerza de la necesidad. Pasada la emergencia, habrá que analizar qué pudimos aprender de la improvisación, qué cosas debemos perfeccionar, qué cosas retener, qué cosas rescatar y cómo articular la realidad espacio-temporal de la escuela con las posibilidades que ofrece la realidad virtual.

Más allá de lo que se hace y pueda hacer en estas circunstancias y la creatividad desplegada por padres de familia, maestros y niños, es preciso ser realistas. Una vez más, los más perjudicados son los sectores desposeídos, ya que en su caso se conjugan dos pobrezas, la pobreza de la oferta de educación a distancia y la pobreza de los necesarios recursos familiares, de diverso tipo como el espacio habitacional precario, el hacinamiento, los ambientes insalubres e inseguros, la pobreza o ausencia de equipamientos tecnológicos, la conectividad a internet, el nivel clima educativo del hogar, la presencia de los adultos y su disponibilidad de tiempo para acompañar las actividades escolares de los niños y adolescentes, etc.

El sistema escolar también tiene sus amplias zonas de pobreza. Según un informe reciente del Banco Mundial que usa datos del programa PISA (2018), poco más de la mitad de los sistemas educativos encuestados dijeron que la mayoría de los estudiantes de 15 años están en una escuela sin una plataforma efectiva de apoyo de aprendizaje en línea. Este es el caso en todos los países participantes de América Latina y el Caribe. Por otra parte también existen limitaciones por parte de los docentes, ya que en la Argentina en opinión de los directores sólo el 55% de los docentes tienen «recursos profesionales efectivos para aprender cómo usar dispositivos digitales».

El mismo informe del Banco Mundial reconoce que existe una fuerte asociación entre los recursos tecnológicos y humanos del sistema escolar y el nivel socioeconómico de los alumnos. Esto implica que quienes más perderán en materia de aprendizaje serán los que ocupan las posiciones más desfavorecidas en las distribuciones de recursos sociales estratégicos tales como la propiedad, el ingreso, el poder y el conocimiento. Desde ya habrá reflexionar sobre el tiempo de post-emergencia y redefinir las políticas educativas tendientes a fortalecer la escuela pública para dejarla en mejores condiciones para contrarrestar la fuerza de las inercias que tienden a reproducir las desigualdades sociales de todo tipo que presenta la sociedad argentina actual.

Fuente del artículo: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-escuela-cerrada-costos-pedagogicos-desiguales-nid2358685

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Parents speak out against rushed re-opening of schools in Australia

Oceania/ Australia/ Source; www.wsws.org.

 

Despite widespread concerns among parents and teachers, and repeated COVID-19 outbreaks in schools, the “national cabinet” formed by the Australian federal, state and territory governments has pushed most students back into face-to-face classes.

As is occurring internationally, these governments—Liberal-National and Labor alike—have rushed to reopen schools in order to fully open up the economy for corporate profit, placing the health and lives of teachers, parents and students at risk.

The national cabinet claims that social distancing is not necessary in schools and students are “low” risk of infection, despite admitting that reopening schools could result in further coronavirus clusters.

Teacher trade unions have backed and welcomed the return to classrooms, saying it will “bring stability” to teachers, principals and education support staff. The complicity of the unions has left parents to express their concerns through social media, establishing Facebook pages and petitions.

Under conditions where widespread testing is not being conducted, the governments and unions do not know the level of community infection but that has not prevented them from railroading students and teachers back into classes.

Last week in Britain, the Conservative government of Boris Johnson was forced to drop its plans to have all primary children back in school within the next four weeks. The temporary retreat is the result of millions of parents and educators opposing the government, in defiance of the education trade unions.

The reopening of schools in the two most populous Australian states, New South Wales (NSW) and Victoria, has already resulted in multiple primary and secondary students testing positive to COVID-19, forcing temporary school closures.

Today, a third Victoria primary school in two days closed. Strathmore Primary School, in Melbourne’s inner-north, was shut for cleaning and contact tracing after a student became the fifth in the state to test positive for the coronavirus this week.

Yesterday, the Andrews state Labor government announced two such closures. Pakenham Springs primary school in Melbourne’s southeast, reported two students from the same family testing positive, so it would shut for 24 hours. St Dominic’s, a Roman Catholic school at Broadmeadows, in the city’s north said it would close for three days and all students who attended on June 2-3 should be tested for COVID-19.

All these schools are in working-class suburbs, as was an earlier cluster of at least 13 cases in Keilor Downs, which triggered the temporary closure of four schools, with more than 100 students and teachers self-isolating.

During past three weeks in NSW, four Sydney schools—Waverley College, Moriah College, Rose Bay primary school and Laguna Street primary school—have been forced to close for cleaning.

The Laguna Street school, in Sydney’s southern suburbs, closed last weekend for 10 days. A staff member had tested positive after being in contact with the majority of school members while infectious. This now means the self-isolation of over 450 students and staff for the next two weeks as well as the consequential impact on all their families.

Last month, Ash Parmar, a parent and president of the Parents and Citizens Committee (P&C) at a primary school in western Sydney, initiated a petition, signed by nearly 10,000 people, demanding that children not be treated as “guinea pigs” for dangerous government policies. Parents, he said, should be able to exercise their rights to protect their children, and called on the state government to keep providing an online learning platform for children not attending face-to-face classes.

One of the signatories explained: “If social distancing is proven to reduce the spreading of virus, then why does the same rule not apply to school classrooms? As if the virus will bypass school children and only target adults, which is obviously not the case. And if social distancing cannot be maintained in the classroom, then the NSW government should think again about their decision to force parents to send their children to school!”

The NSW government’s response has been both threatening and dismissive. Premier Gladys Berejiklian said: “Their children will be marked as absent.” Education Minister Sarah Mitchell insisted that “the pandemic would not be considered an adequate excuse to keep children at home.”

Implicit in their threat that “unexplained absences” of more than three days without a doctor’s certificate would be “followed up,” while not openly stated, was that truancy measures and fines could result.

In response, the petition organisers stated: “We are not asking anyone to change any policy. You are the one who is changing policies on the fly. The policy was that students at home can study through the e-learning platform. We just want that to stay on for a few weeks more till we get through this experiment. Absence codes used were always at the Principal’s discretion, leave it there.”

Since Berejiklian’s statement, parents have posted incidences where student absences were marked as unjustified, even when a doctor’s certificate was provided. Others wrote of the lack of consistency across schools, saying the policy seemed to differ from principal to principal. One parent who has two children at different schools wrote: “One was very understanding, the other not so much. We have a couple of weeks on the doctor’s certificate but not sure how things will go after that.”

Another parent commented: “The NSW premier threatened us if kids are off for 3 days. My kids will be off for 4 days as a protest. I hope other parents do the same, power in numbers. Hopefully the NSW premier goes back to the phased plan, or better yet, just opens a new school online for remote learning for parents that want and can keep kids at home and thereby helping to keep class sizes down.”

The intransigence of the governments, combined with the collaboration of the education unions, has forced parents, like teachers, to seek individual forms of action to protect their children.

Another teacher/parent voiced general distrust of the government’s motivations: “I don’t have faith in the politicians who have made this decision. I don’t have confidence that the school I work in or the other school I send my children to, will be safe for those who attend. I’ve seen the ‘cleaning’ and ‘contact tracing’ first hand. It’s a joke and this decision is driven by politics and greed, not public safety.”

The Committee for Public Education (CFPE) published a statement on May 28 opposing the rushed reopening of school systems in the states and territories where there is community transmission of COVID-19—currently NSW and Victoria. The statement called for the formation of safety action committees to protect the safety and wellbeing of students and staff threatened by the coronavirus pandemic.

This remains an urgent requirement. Rather than turning to individual courses of action to protect children, we urge parents to unite with teachers and other community members to form action committees within every school, independent of the unions and employers, with the aim of intervening to protect school communities.

We urge all parents and educators looking to develop this discussion to contact the CFPE.

Source of the news: https://www.wsws.org/en/articles/2020/06/16/teac-j16.html

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