Fuente: OREALC UNESCO / 13 de Mayo de 2016
Estrategias para lograrlo:
Fuente: Colombia Informa / 13 de Mayo de 2016
El pasado 28 de abril estudiantes y profesores instauraron el paro indefinido en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta determinación es consecuencia de la publicación del Acuerdo 01 de 2016 por parte del Consejo Superior Universitario –CSU- que reglamenta la convocatoria, postulación y elección del rector universitario. El documento establece que la votación de la comunidad universitaria sería solamente consultiva, lo que implica que el rector se designará en cesión cerrada por los miembros del CSU, atacando el principio de autonomía y convirtiéndose en una medida ilegitima del ente administrativo de la universidad.
Brayan Silva, estudiante de la Universidad Distrital y participe activo del paro, relató que “todas las sedes están bloqueadas y en tres sedes administrativas hay campamentos permanentes de estudiantes”. Además, estudiantes y profesores han desarrollado asambleas por programas curriculares, sedes y generales para construir un pliego de exigencias para alimentar la movilización actual. Parte de las exigencias se centran en el respeto a la resolución 018 del 2014 y la 071 de 2015 que contiene la hoja de ruta de la Asamblea Constituyente Universitaria, fundada en el paro universitario de 2014.
La Asamblea Constituyente contó con la participación de representantes de estudiantes, profesores y trabajadores y, aunque se extendió la invitación a los miembros del CSU, se negaron a concurrir al escenario. El trabajo de base, los diagnósticos, las discusiones se llevaron a cabo entre el 16 de septiembre al 20 de octubre del año pasado y resultaron en el “Estatuto General emanado de la asamblea constituyente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” que contempla una reforma académica y en la naturaleza de la Universidad, que se refleja, entre otras cosas, en la elección directa del rector por parte de la comunidad universitaria en su conjunto.
Tal Estatuto General no solo ha sido negado por el CSU. Desconociendo el ejercicio de dicha asamblea, se convocó la selección del rector mediante el acuerdo 001 de 2016, privilegiando los intereses de grupos de presión que funcionan en el interior del CSU y reproducen la corrupción al interior de la Distrital, tal como lo asegura el profesor Juan Carlos Amador en el Observatorio de la Universidad Colombiana y Brayan Silva en entrevista a Colombia Informa.
Los debates del cese de actividadesDesde que inició el Paro, las discusiones y los obstáculos no se han hecho esperar. La participación de estudiantes y profesores se ve afectada por el desgaste que el mecanismo. En varias ocasiones la comunidad universitaria no ha asistido a asambleas, lo que se traduce en apatía por desinformación de las discusiones y posibilidades del paro. Situación que intenta solucionarse mediante actividades culturales, foros y mesas de trabajo para convocar a algunos estudiantes o profesores que desconocen el alcance de las problemáticas.
Así mismo, hay debates al interior del movimiento estudiantil y los profesores que cuentan en sus filas con miembros de los ‘grupos de presión’ y corrupción antes mencionados, es decir, quienes defienden la propuesta de un rector designado y no elegido.
Enrique Peñalosa presentó formalmente la petición de vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB-, lo que implica la posibilidad de que la Universidad Distrital pierda una gran parte de presupuesto. Una de las exigencias más fuertes, además del asunto de la elección rectoral, es detener su eventual venta.
Otro hecho que preocupa a estudiantes y maestros es la fuerte represión que enfrentan. En medio de una de las manifestaciones pacíficas desarrolladas por los estudiantes en la Sede de Ciudad Bolívar, resultó herido Miguel Ángel Barbosa quien, tras la intervención policial, quedó en estado de coma en medio de sucesos que son materia de investigación.
Sin embargo, estudiantes como Brayan Silva y profesores de la Universidad que se encuentran en asamblea permanente, ven en la Asamblea Constituyente la posibilidad de transformar la universidad de la que hacen parte. La propuesta atiende a las necesidades académicas y sociales de la ciudad y de Colombia desde “la apropiación de lo comunitario, lo colectivo y lo público, el cultivo de la solidaridad y la reciprocidad en las relaciones humanas y la apuesta por la producción, circulación y el uso de saberes/conocimientos en favor de la vida la paz y la convivencia”, tal como se establece en el Estatuto General.
En esta búsqueda, por lo pronto, motiva una gran movilización que tendrá lugar el viernes 13 de mayo a el Concejo de Bogotá.
La hora ha llegado para los 1.010 chavales de entre once y doce años que cursan 6º. curso de Educación Primaria en los 34 colegios que imparten este nivel de enseñanza en el territorio de Arousa. Siendo precisos, para aquellos cuyas familias decidan enviarlos hoy a clase. Porque uno de los absurdos que entraña la aplicación de esta controvertida reválida es la posibilidad de que los alumnos se queden en casa, como muestra de disidencia ante una de las medidas más polémicas de cuantas contiene la LOMCE. Y no son pocas. La confusión sobre la utilidad y los objetivos que persigue esta prueba externa es lo único que verdaderamente está claro ante el inicio de los exámenes. Ni siquiera la postura de los padres es unánime. En general, las AMPA arousanas rechazan en redondo la convocatoria, pero no existe un criterio homogéneo ante la división de opiniones que se detecta en muchos centros.
«Teño claro que o meu fillo non vai ir, pero hai algúns pais que argumentan que as leis están para cumprilas e si van mandar os seus, así que a decisión queda nas mans de cada quen», explica una madre desde Carril. En Rubiáns, en cambio, la asociación se ha posicionado frontalmente en contra de la reválida, haciéndolo constar expresamente en el último consello escolar. En algunos centros, son las AMPA las que han asumido la tarea de informar a las familias. En otros, sus respectivas direcciones han organizado reuniones explicativas. Por fin, no faltan colegios en los que son los tutores de los dos cursos concernidos quienes tratan de desbrozar la maraña de unos exámenes cuyo sentido último nadie acierta a explicar.
Lo que dice la LOMCE
Uno de los puntos que más inquietud generan se refiere a los efectos de estos exámenes en el expediente de los alumnos. La nota informativa que la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ha difundido, a fin de tranquilizar a las familias, sostiene que las consecuencias de la reválida serán nulas, sea cual sea la nota que obtenga el chaval. Sin embargo, el AMPA de O Piñeiriño advierte de que esta afirmación «non coincide co imperativo legal establecido na LOMCE no seu artigo 20.2 e o documento do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, que baixo o título Marco Xeral insiste en que ??se terá especialmente en conta o resultado da proba individualizada?? para a avaliación final do alumno».
Esta puntualización forma parte del escrito que tendrán que presentar en sus respectivos colegios aquellos padres que se nieguen a que sus hijos realicen las pruebas. El documento considera que la reválida es «inútil e antipedagóxica», que desautoriza la labor de evaluación continua que realizan los profesores a lo largo del curso, y que dilapida recursos que deberían invertirse en incrementar medios y personal en los centros. El turno de 6º. se extiende entre hoy y el viernes. Los días 24 y 25 le tocará a 3º.
Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2016/05/11/revalida-convoca-comarca-millar-alumnos-tener-claro/0003_201605A11C1995.htm
Una preocupación permanente de los docentes es la de contribuir a una educación pública de calidad, concepto que -cabe aclararlo desde el comienzo- diferenciamos del de “calidad educativa”, una definición impuesta en los `90 y que busca encuadrar a la educación como un producto más en los términos de las leyes del mercado. Bajo ese paraguas ideológico se fue construyendo la idea de que la educación es de baja calidad, atribuyéndole la responsabilidad casi con exclusividad a una formación docente deficiente y a que el ausentismo es alto. Nosotros sostenemos que se trata de una mirada reduccionista del problema. Una educación pública de calidad pone en juego múltiples factores.
Si bien hay que valorar los avances obtenidos en la última década, desde la Ley de Financiamiento Educativo hasta los programas socio educativos, como los CAJ y los CAI, Conectar Igualdad y Fines, entre otros, o el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Formación, todavía queda mucho por hacer. Partimos de una buena base para lograr esas transformaciones.
Una educación pública de calidad implica una actualización permanente de los docentes y mejoras en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada una de las escuelas. Se requiere de docentes reconocidos y valorados por su tarea, respetando la carrera docente, la calidad del salario y una remuneración acorde, permitiendo que, con un solo cargo con horas frente alumnos y horas institucionales, puedan vivir dignamente.
Respecto a la formación docente, ésta se fue fortaleciendo a través del tiempo hasta llegar en la actualidad a una carrera de nivel superior de cuatro años. Por supuesto que hay aspectos para mejorar, entre ellos darle otro dinamismo y actualizar la currícula. Pero a la par de la formación, es central la actualización permanente de los docentes. Por eso fue un logro muy importante incluir en las paritarias el Programa Nacional de Formación Continua, con una inversión de 1.200 millones de pesos, al que el actual gobierno prometió darle continuidad.
Otro aspecto central son las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Si se suspenden las clases por problemas de infraestructura, si hay chicos que no pueden ir todos los días a clases porque hay escuelas que no tienen capacidad edilicia o porque no tienen maestro suplente, es difícil alcanzar una educación de calidad. Todas estas son causas de ausentismo escolar, que no sólo hay que lograr que disminuya, sino que hay que avanzar hacia la jornada completa en todas las escuelas, porque además de tener más horas de escolarización, los estudiantes tendrán acceso a un segundo idioma, al conocimiento de nuevas tecnologías y otro tipo de saberes al que hoy sólo acceden si sus familias pueden costearle cursos privados.
También atenta contra una educación de calidad la falta de equipos de orientación escolar en cada escuela y en cada turno, así como tutores en las escuelas secundarias. Hay situaciones sociales, familiares, que dificultan el proceso de aprendizaje, más aún en la actual coyuntura en la que vemos crecer los niveles de pobreza e indigencia y donde cada vez más chicos necesitan asistir a los comedores escolares.
En el mismo sentido, otro grave problema es la carencia de cargos directivos. No se nombran vicedirectores y secretarios, por lo que el director se debe ocupar de múltiples tareas, muchas de ellas burocráticas, alejándose de su rol esencial que es el acompañamiento del proceso pedagógico, con el maestro en el aula.
También se debe mejorar la asistencia de docentes, en particular en algunos niveles que por la organización del trabajo escolar y la dispersión de los lugares de trabajo se genera una discontinuidad mayor que en otros. Y por supuesto es necesario que el Estado establezca los controles y las sanciones correspondientes en caso que haya docentes que incurran en conductas abusivas e ilegales.
Con referencia a la evaluación, ésta tiene que ser en términos integrales. Tenemos que construir dispositivos de evaluación que superen las limitaciones que tienen las pruebas PISA. Por ejemplo, tomando aportes de sistemas como el Terce que implementa la Unesco o el IACE, que impulsa Unicef, junto a los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), para resignificarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema educativo. La evaluación no debe ser entendida como un arma punitiva contra el docente, sino como una herramienta pedagógica que nos permita hacer un diagnóstico para saber qué áreas hay que reforzar o en cuáles hay que cambiar las estrategias didácticas para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para alcanzar esos objetivos es necesaria una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumente sustancialmente la inversión.
El compromiso de los docentes es construir las condiciones para lograr una educación pública de calidad. La responsabilidad del Estado es garantizarla. La obligación del gobierno y de los legisladores es cumplir con esa responsabilidad. El deber de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, es exigírselo. Sólo así lo vamos a lograr.
Publicado primeramente en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-298857-2016-05-09.html
Fuente de la imagen: http://besosliterariosconlengua.blogspot.com/2015/01/texto-argumentativo-la-educacion-publica.html
La secretaria de Políticas Educativas del partido de La Matanza consideró que en la provincia «hay mucho que se hizo y queda mucho por hacer», y opinó que «habría que haber hecho una evolución de impacto por el boletín de trayectorias escolares porque se ve a nivel internacional que la mirada sobre la trayectoria escolar del chico puede tener un buen impacto en la calidad el aprendizaje».
«Muchas veces lo que indican los estudios, como el de Unesco, es que es la repitencia y el trabajo sobre lo negativo del aprendizaje de los chicos no mejora los aprendizajes, los empeora. Hay que bajar la repitencia y buscar la manera de explicarlo mejor para que el chico aprenda», señaló.
El gobierno bonaerense decidió el jueves pasado volver a implementar el aplazo al sistema de calificaciones del nivel primario, que había sido reemplazado en 2014 para no «estigmatizar» a los alumnos con las notas más bajas como 1, 2 y 3.
La medida, según explicaron desde la Dirección General de Cultura y Educación, busca «nivelar para arriba» a fin de que lleguen al ciclo siguiente con los conocimientos necesarios, aunque para algunos docentes no respeta «el tiempo de aprendizaje» de los chicos ni garantiza «la calidad educativa».
Debemos defender y participar en el progreso hacia unos servicios infantiles de calidad. Debemos defender la formación especial de más docentes y más personal de apoyo. Debemos presionar para conseguir más investigación y conocimientos. Y también, acoger en nuestros sindicatos a los que trabajan en este sector y luchar por sus condiciones laborales.
Si bien la EPI tiene una larga historia en algunos países, en otros muchos se trata de un servicio educativo relativamente nuevo. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos (EPT) de Jomtien, Tailandia, en 1990, introdujo la idea de que «el aprendizaje comienza con el nacimiento», estableciendo así la EPT como una parte esencial de la educación básica y un nivel educativo por derecho propio.
Más tarde, fue institucionalizada mediante la Declaración de la EPT de Dakar, en el año 2000. Uno de los seis objetivos de la educación para 2015 acordados internacionalmente es: «Ampliar y mejorar de forma íntegra el cuidado y la educación de la primera infancia, especialmente de los niños más vulnerables y desfavorecidos».
El valor de la EPI se ha destacado simbólicamente en importantes informes de la última década – los informes Starting Strong (Empezando Fuerte) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2007 Strong Foundations (Fundaciones Fuertes) y el informe Right Beginnings (Un buen Comienzo) de principios de año de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Todos ellos destacan la importancia de que los niños cuenten con un entorno de aprendizaje positivo y estimulante a través de la EPI.
Tras el estudio de la OIT, se celebró un Foro de Diálogo Mundial en el que se expusieron los siguientes puntos de consenso: «No cabe duda de que la educación de la primera infancia es una buena inversión para el futuro desarrollo educativo, la inclusión y el desarrollo social, el reconocimiento y el respeto de los derechos infantiles y para obtener mejores resultados económicos para los ciudadanos y la sociedad».
Además: «Para alcanzar los objetivos del acceso universal y la calidad, los gobiernos, mayores responsables de la organización y la financiación de la EPI, deberían invertir más recursos y atención política en la EPI como nivel básico de la educación».
Estos mensajes son muy oportunos. La EPI tiene un gran valor para todos los niños y la sociedad, y los gobiernos son los responsables de suministrar estos servicios. Debemos repetirles tantas veces como sea necesario cuáles son los objetivos del acceso universal y la calidad.
El interés por los primeros años puede ser muy grande, pero los motivos no son siempre los mismos. En primer lugar, es un sector de grandes oportunidades para los proveedores que buscan un mercado nuevo.
Se encuentra en situación de expansión, los niveles salariales son relativamente bajos y suele haber fondos públicos disponibles – o padres dispuestos a pagar. Los proveedores privados han estado presentes durante mucho tiempo, pero ahora vemos participar también grandes corporaciones con fines de lucro.
Algunos de estos proveedores están interesados realmente en la educación, pero a otros solo les interesa hacer negocio. Debemos tener cuidado.
Al mismo tiempo, nos enfrentamos a la «ola de PISA», que ha animado a los políticos que pretenden ser los mejores a empezar a preparar antes a los niños para los exámenes. Muchas veces, ello viene de la mano de un punto de vista más bien limitado de la educación, centrado en las capacidades de fácil evaluación.
Queremos políticos que se comprometan, y queremos que más niños tengan la oportunidad de participar en la educación de la primera infancia. Pero no queremos exámenes excesivos ni una infancia en la que se subestime el juego y la creatividad.
También hemos observado que cada vez se hace más hincapié en los derechos infantiles y en una nueva visión de la infancia y los niños. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño fue ratificada por la mayoría de los países a lo largo de los años 90. En la actualidad, es habitual hablar de los más pequeños como ciudadanos.
Ello coloca al niño en una posición central, en la que se le pregunta lo que necesita y lo que desea. Pero incluso este enfoque puede tener sus declives.
La investigadora infantil noruega Anne Trine Kjoerholt destaca que quizás estemos cargando a los niños con demasiada responsabilidad. Ella pide ciudadanía en talla infantil y nos recuerda que los derechos de los niños no son sólo participar, sino también ser protegidos y ver cubiertas sus necesidades.
Y, por supuesto, también tenemos la demanda cada vez mayor de los padres. Las estructuras familiares están cambiando y un gran número de mujeres han dejado de ser amas de casa a tiempo completo.
La EPI es importante y beneficiosa para los más pequeños. Pero debemos vigilar de cerca los acontecimientos. Debemos recordar cómo los niños aprenden y se desarrollan, y tener siempre en cuenta que la educación es una actividad cultural que debemos integrar en la sociedad en la que está basada.
Además, debemos recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño también ratifica el derecho a jugar y el derecho a participar en actividades culturales. Ello también forma parte de una EPI de calidad.
No existe un modelo internacional de la EPI y por lo tanto cada país debe crearlo para sí mismo. Pero podemos inspirarnos mutuamente y aprender unos de otros. Por eso, permítanme compartir un fragmento de los objetivos del sistema educativo noruego para la Educación de la Primera Infancia:
«Los niños podrán desarrollar su entusiasmo creativo, su sentido del asombro y su necesidad de investigar. Aprenderán a cuidarse a sí mismos, los unos de los otros y la naturaleza. Los niños desarrollarán sus conocimientos y capacidades básicos. Tendrán derecho a participar de acuerdo con su edad y sus habilidades».
Nuestros niños merecen lo mejor que podamos ofrecerles. Son el mayor recurso de nuestro país y su futuro. Por todo ello, insto a todas las afiliadas a la IE a que incluyan la EPI en su agenda. La resolución de la IE sobre EPI del Congreso Mundial de 1998 sigue siendo legítima y un buen punto de partida.
El documento estratégico adoptado en el Congreso Mundial del año pasado también nos ofrece orientación. Los principios básicos que ellos establecen deberían servirnos de guía a todos:
Utilicemos todos esta ventana global de oportunidades para seguir desarrollando la educación de la mejor forma posible para nuestros ciudadanos más jóvenes. Se lo merecen.
publicado primeramente en: http://worldsofeducation.org/beta/spa/magazines/articles/123
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