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Entrevista a Ludivine Bantigny: “La Comuna nos interpela sobre el significado de una verdadera democracia”

Por: Enric Bonet 

Ludivine Bantigny (Lille, 1975) es una historiadora experta en movimientos sociales y revolucionarios. Cuando se conmemoró el 50 aniversario del Mayo del 68, publicó 1968. De grands soirs en petits matins, uno de los libros más destacados entonces sobre la última gran revuelta en Europa occidental. Tres años después, la rica tradición revolucionaria francesa vuelve a estar de celebración. El 18 de marzo se cumplen 150 años del inicio de la Comuna de París de 1871.

“La memoria de la Comuna sigue presente porque nos interpela sobre el significado de una verdadera democracia”, asegura Bantigny en una extensa entrevista telefónica. Integrante de la revista Contretemps, fundada por el filósofo trotskista Daniel Bensaïd, esta profesora de la Universidad Rouen Normandie ha aprovechado el aniversario de esta insurrección para adentrarse en la última revolución francesa del siglo XIX con el libro La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps. En este trabajo original establece una relación epistolar con una sesentena de communards. Y así muestra el mosaico de actores que participaron en una revolución breve, solo 72 días, pero que dejó una profunda huella en la historia.

¿Por qué decidió escribir un libro en el que dirige cartas a los protagonistas de la Comuna como si siguieran vivos?

Porque quise tomarme al pie de la letra la fórmula del poeta, cantante y communard Eugène Pottier, quien decía que “la Comuna no está muerta”. Esta fue una idea omnipresente entre los supervivientes de la revolución de 1871. El hecho de escribir cartas también me permitió estar lo más cerca posible de los hombres y mujeres que participaron en la Comuna y darles más vida que en un libro de historia clásico con un relato lineal. Además, me sirvió para establecer vínculos entre los ecos del pasado y el presente, entre aquellas cosas que nos preocupan actualmente y que ya eran debatidas en la Comuna.

¿Cómo resuena en el presente el legado de la Revolución de 1871?

En movimientos sociales recientes en Francia observamos muchas referencias a la Comuna. Por ejemplo, en las protestas de los ‘chalecos amarillos’ había pancartas de “Viva la Comuna” y “Viva Louise Michel (una de las figuras revolucionarias)”. En la Nuit Debout, la Plaza de la República de París fue bautizada como “Plaza de la Comuna”. La herencia de 1871 está muy viva en las Zonas a Defender (ZAD) [comunidades anarquistas gestionadas por asambleas]. También resurge ahora con el interés por lo común. A nivel internacional, la revuelta zapatista de Chiapas o en Rojava en el Kurdistán sirio han tomado como referencia la Comuna parisina. La memoria de la Comuna sigue presente porque nos interpela sobre el significado de una verdadera democracia.

Uno de los aspectos interesantes de la Comuna es su apuesta por llevar la democracia más allá de los límites de su modelo liberal. No solo se eligió un consejo municipal de París con sufragio universal (masculino), sino que sus representantes podían ser revocados por el pueblo.

Sí, sin duda. Esta promovió una forma de democracia directa, construida desde la base y en la que se daba una gran importancia a las asambleas y clubs populares. Se elegían a representantes para las asambleas de los distritos y barrios. Los cargos del consejo municipal de París, bautizado como Comuna, eran considerados como mandatarios del pueblo, ya que tenían un cargo revocable. El pueblo controlaba diariamente cómo funcionaba la democracia.

Además, la Comuna fue una de las cámaras de representantes con una mayor presencia de obreros en la historia.

Fue una revolución popular, en la que el mundo obrero ejerció como actor principal. Aquellos que ocuparon el Hôtel de Ville de París el 18 de marzo de 1871 eran personas con vidas ordinarias. Obreros, empleados y artesanos lideraron la insurrección, aunque también hubo comerciantes y periodistas. Mientras que en el gobierno creado tras la Revolución de 1848 solo hubo un obrero, las clases populares y trabajadoras eran mayoritarias entre los 70 miembros de la Comuna. Supuso una gran novedad respecto a las revoluciones de 1789 y 1848 en las que la burguesía cultivada estaba al frente de las instancias de poder. Todo esto fue un reflejo del París de la época, una ciudad muy obrera, nada que ver con las clases sociales que predominan actualmente en la capital francesa.

¿Qué medidas sociales destacaría de la Comuna? ¿Algunas de ellas conservan cierta vigencia?

La Comuna promovió una forma de democracia directa, construida desde la base y en la que se daba una gran importancia a las asambleas y clubs populares

Un aspecto importante fue una reorganización del trabajo que cuestionaba la propiedad de los medios de producción. Los miembros de la Comuna debatieron sobre la sociabilización de los medios de producción; por ejemplo, al decidir requisar los talleres abandonados y las viviendas vacías para alojar a las muchísimas personas sintecho que malvivían en el París de la época. Esta idea de poner en común los bienes fue planteada como una alternativa a la lógica del lucro, la competitividad y el funcionamiento del capital. La noción de lo común estaba muy presente en la Comuna y tiene una gran resonancia con problemas y debates actuales.

Pero muchos historiadores destacan que este cuestionamiento de la propiedad privada resultó más bien tímido. 

Sí, es cierto. Pero no podemos olvidar que la Comuna dispuso de muy poco tiempo para impulsar su proyecto. Solo duró 72 días. Los miembros de la Comuna solían hacerse preguntas sobre lo que era democrático y no lo era. Por este motivo, decidieron no hacerse con el control de las arcas del Banco de Francia, ya que llegaron a la conclusión de que al tratarse de la Comuna de París no disponía de la legitimidad para hacerse con las reservas de divisas de todo el país.

¿Qué puntos en común hay entre la insurrección de 1871 y las otras revoluciones francesas del largo siglo XIX (1789-1914), según la terminología del historiador británico Eric Hobsbawm?

Los vínculos son evidentes, ya que los miembros de la Comuna se referían constantemente a la Revolución Francesa (1789-1794). En 1871, hubo discrepancias entre aquellos que apostaban por imitar la Revolución Francesa, mientras que otros decían que la respetaban, pero que no debían copiarla. Sin embargo, el nombre de Comuna es una referencia a la primera Comuna de París de 1792 –la asamblea municipal y popular que en verano de ese año impulsó la revolución que derrocó a Luis XVI–. Y se consideraban como los descendientes de los sans-culottes.

La Revolución de 1848 también estaba muy presente en su memoria, ya que algunos de los actores de la Comuna habían vivido esa insurrección popular, que se había producido solo 23 años antes. Muchos de ellos la recordaban como una Revolución popular y de fraternización con el ejército, pero al mismo tiempo la consideraban un acontecimiento triste por la República burguesa implantada tras esa insurrección. Ese episodio les recordaba que el hecho de impulsar una República no era suficiente para que pudiera considerarse una verdadera república social.

La Revolución de 1871 fue bastante corta y en su época no tuvo un impacto tan inmediato como las revoluciones de 1789-94 y la de 1848. A pesar de ello, su referencia está muy presente en los movimientos de izquierdas actuales. ¿Cómo lo explica?

Porque se trató de una revolución pura. Los miembros de la Comuna dijeron que no se debía reproducir el Terror revolucionario. Por ese motivo, se quemó una guillotina en abril de 1871. Además, el final de la Comuna se produjo tras sufrir una represión brutal –en la que murieron entre 5.000 y 20.000 personas–. Este recuerdo trágico quedó marcado en los supervivientes. Una gran figura revolucionaria como Louise Michel, que sobrevivió y años después impulsó el movimiento anarquista en Francia, contribuyó a mantener viva esta memoria.

Mientras que en el gobierno creado tras la Revolución de 1848 solo hubo un obrero, las clases populares y trabajadoras eran mayoritarias entre los 70 miembros de la Comuna

Además de los anarquistas, era recordada por los socialistas y comunistas. El hecho de generar consenso entre las distintas corrientes de la izquierda favoreció que su memoria se mantuviera muy viva durante décadas. Las marchas hacia el Muro de los Federados y el cementerio parisino del Père Lachaise, donde fueron fusilados unos 147 miembros de la Comuna, se convirtieron en un acto ritual de la izquierda. En 1936, con el Frente Popular, allí se produjo una manifestación que reunió a unas 600.000 personas.

¿Qué presencia tuvo la Comuna en el imaginario de Mayo del 68?

Desde la primera noche de las barricadas en mayo de 1968, en los reportajes de televisión y radio solían repetirse frases del estilo: “Estamos bajo la Comuna de París”, “Se trata de la revancha de la Comuna”. Las paredes de la capital se llenaron de pintadas con eslóganes situacionistas con referencias a 1871. La construcción de las barricadas también resultó una herencia revolucionaria. Cuando las fuerzas del orden reprimieron las protestas, los estudiantes solían llamarlos “versalleses”. Era una referencia explícita a las autoridades francesas que se enfrentaron a la Comuna.

¿Hasta qué punto influyó la Revolución de 1871 en las distintas tradiciones de la izquierda (socialistas, comunistas o anarquistas) a nivel internacional?

Los elogios de Marx hacia la Comuna reforzaron su prestigio en el movimiento internacionalista. Aunque criticó algunos de sus aspectos, siempre defendió que el gran mérito era haber existido y que demostraba que un gobierno de los obreros era posible. Siguiendo las interpretaciones de Marx, Lenin tuvo constantemente presente esta revuelta. Cuando la Revolución de Octubre de 1917 superó los 72 días, bailó bajo la nieve mientras cantaba la Marsellesa. En las escuelas de la China popular se estudiaba esta revolución parisina. Y hace poco leí que en la Venezuela chavista hubo un movimiento comunalista de reapropiación de bienes que entroncaba con la Comuna.

¿Cuál fue la importancia del rol de las mujeres en la revolución de 1871?

Desde que empezó la insurrección el 18 de marzo, estuvieron muy presentes. En la colina de Montmartre fraternizaron con los soldados y contribuyeron a evitar que se hicieran con los cañones de la Guardia Nacional de París. Participaron en las manifestaciones, construyeron barricadas e intervinieron en los clubs de debate. También se organizaron en asociaciones femeninas como la Unión de Mujeres, en la que se reflexionaba sobre la explotación laboral. Algunas de ellas impulsaron iniciativas de educación laica y de pedagogía emancipadora. Aunque las mujeres ejercieron un verdadero rol político, en ningún momento pidieron que se les reconociera el derecho a voto. Entonces, les parecía inimaginable y comprendieron que podían tener una gran influencia sin ser reconocidas como ciudadanas con todos los derechos.

¿Cómo se abordó entonces la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres?

La exigencia de igualdad entre hombres y mujeres estuvo presente en torno a las condiciones laborales y a la petición de igualdad salarial. Una de las conquistas de la Comuna fue que equiparó el salario de las maestras con el de los maestros. También combatieron la explotación laboral, pero lo hicieron más a partir de cooperativas que con la adopción de nuevas leyes.

En el caso de la Comuna, conocemos muy bien a revolucionarias como Louise Michel o Nathalie Le Mel. ¿Las mujeres tuvieron una mayor relevancia en 1871 que en revoluciones precedentes?

En realidad se trata de un papel mejor conocido, pero no más importante. No podemos olvidar que las  mujeres ya ejercieron un rol fundamental en 1789. Por ejemplo, en una de las grandes jornadas revolucionarias, el 5 y 6 de octubre, una marcha de mujeres se fue de París hasta Versalles para obligar a Luis XVI a que se instalara en la capital. De la misma forma que las mujeres de la Comuna eran llamadas de manera despectiva como las petroleuses –acusadas de cometer incendios con gasolina–, a las de la Revolución Francesa se las conocía como las tricoteuses, por las agujas que llevaban. Resulta interesante constatar que las mujeres de la Comuna solían recordar a las de 1789, mientras que en Mayo del 68 las manifestantes se referían a sus precursoras de la Comuna.

Fuente e imagen: https://ctxt.es/es/20210301/Politica/35389/Ludivine-Bantigny-entrevista-Comuna-Paris-revolucion-democracia-Enric-Bonet.htm

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El motor ético del buen periodismo en la nueva batalla por la vida

Este es el primer artículo escrito por Mónica González –presidenta de la Fundación CIPER– en su rol de encargada del Consultorio Ético de la Fundación Gabo. El texto analiza los desafíos que enfrentan los periodistas para cubrir con rigurosidad temas como la pandemia –y el aumento de la pobreza asociado a ella–, la corrupción y la industria de las noticias falsas. Mónica González liderará este consultorio ético en equipo con la periodista colombiana Yolanda Ruiz.

Vea acá la versión original de este artículo, publicada por la Fundación Gabo.

Si alguien nos hubiera dicho hace un año, en esta misma fecha, que en pocos días entraríamos en un túnel inédito, que durante meses estaríamos confinados, que llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener distancia de los otros se haría obligatorio, que la cifra de muertos provocada por un virus llegaría el 19 de febrero de 2021 a casi 2 millones y medio de personas en el mundo, al tiempo que esta pandemia brutal trituraba en América Latina y el Caribe 2,7 millones de empresas, 8,5 millones de empleos y millones de hogares, lanzando a la pobreza al 37,2% de la población de la región (unos 230 millones de personas), habríamos dicho que era un guion de ciencia ficción.

Tampoco habríamos creído que el trabajo del periodista se haría más complejo y dramático y no solo por la violencia del crimen organizado, o los ataques al periodismo independiente de presidentes con arraigo dictatorial como Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua) o Nicolás Maduro (Venezuela).

No sabíamos que deberíamos enfrentar otras tres pandemias simultáneas: económica, la corrupción, la industria de noticias falsas que invadió nuestros espacios y la crisis política. No sospechábamos que el cuestionamiento a la verdad empírica y a la ciencia se convertiría en arma contra las instituciones y la salud pública, que la proliferación de información falsa nos intoxicaría y la ira de millones se expresaría en las calles desafiando a los estados y la miseria. La democracia crujía. Incluso en Estados Unidos. Cruje aún.

No sabíamos que, a partir del 26 febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso de covid-19 en Brasil, hoy el segundo país del mundo con más víctimas, se iniciaría una etapa de la cual nadie sabe cómo saldremos ni cuándo. Y que el año 2020 y este 2021 marcan un hito en nuestra historia, en la de todos. Hemos navegado durante un año en la oscuridad. La línea de tiempo muestra que el buen periodismo, riguroso y ético es imprescindible.

PERIODISTAS EN LA OSCURIDAD

En ese contexto, los mensajes de periodistas de la región que han llegado a la Fundación Gabo son distintos: apuntan a cómo identificar la desinformación; cómo enfrentar el miedo al virus y a las amenazas de mafias que han ganado poder mientras el Estado retrocede; cómo rastrear corruptos que trafican con vacunas; como identificar empresas que reciben ayudas estatales y que en vez de mantener empleos se meten el dinero al bolsillo; ¿por qué hay opacidad total de cuánto pagan los gobiernos por vacunas? (hasta ahora solo se sabe que EE. UU. pagará casi US$2.000 millones a Pfizer para garantizar la entrega de cerca de 100 millones de dosis).

La palabra verdad se repite en esas consultas, así como el rigor en distintos matices. He aquí algunos ejemplos:

“Desde el punto epistemológico, ¿cuáles son los criterios de verdad que debe usar un periodista?”.

“Cuando uno está haciendo una investigación y consulta a varias fuentes, ¿cómo puedo tener certeza de que son fidedignas?”.

“¿Cuál sería la definición de independencia periodística?”.

“Lo idóneo es que un periodista informe a su interlocutor si va a grabar la conversación. Debe hacerse antes de iniciar la entrevista, sin importar el formato del registro (entrevista telefónica, videollamada, grabadora). ¿Existe alguna recomendación para cumplir con este código de conducta sin que se afecten las respuestas? La mayoría de las veces he visto como tras informar el interlocutor modifica y/o condiciona sus respuestas y comportamiento”.

“¿Qué hacer frente a un editor que quiere imponer titulares engañosos para buscar clics sacrificando la información?”.

No hay desperdicio en esas preguntas. No hay grasa. Hay urgencia por defender la vida y mostrar a tantos héroes anónimos; por la miseria que crece. Hay necesidad de hacer buen periodismo ante la democracia que cruje por estados debilitados, obsoletos y gobiernos que se ven sobrepasados por la crisis. Hay miedo ante muchas formas de violencia.

POBREZA: MÁS DE UNA DÉCADA DE RETROCESO

Hay una matriz común en el telón de fondo que envuelve a los periodistas: la democracia está en peligro. La ira de millones que han tomado conciencia que viven en la región más desigual del mundo se hace sentir. Una fractura los separa de los más ricos y la pandemia la ha hecho visible, narrable. Han sido periodistas los que han salido a buscar las historias, imágenes y nudos que impiden que la situación cambie. Un compromiso ético.

Ese compromiso exige no inventar, no exagerar. Todo está allí en calles, oficinas y pasillos del poder real. Si de rigor se trata, tomemos cifras oficiales. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en diciembre de 2020, estableció que 7 de los 20 países más desiguales del mundo están en América Latina y el Caribe. Una brecha de ingresos, de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Y aunque 72 millones de personas salieron de la pobreza entre 2003 y 2008, la pandemia barrió con su nueva situación, provocando que la cifra de los que viven en situación de pobreza se eleve a unos 230 millones, mientras que otros 16 millones de latinoamericanos han caído a la pobreza extrema (llegando a 83,4 millones) por efectos del covid-19 (Cepal). El estudio de la Cepal concluye que al finalizar 2020 hemos retrocedido 10 años en PIB per cápita y 14 años en niveles de pobreza.

La misma Cepal concluyó que la informalidad laboral en la región alcanza al 53% (unos 158 millones de trabajadores). Una cifra que explica que casi 104 millones de personas vivieran en agosto de 2020 en campamentos o favelas en América Latina, según cifras de la ONG Techo. Carpas y chozas que se han multiplicado y no dejan de crecer, y que han hecho casi imposible en algunas zonas adoptar medidas para impedir la propagación del virus.

Cómo explicar, narrar, retratar, recoger la realidad brutal que viven todas esas familias por los efectos devastadores de haber perdido el empleo o de recibir remuneraciones miserables, sin seguridad social. Había que mostrar quiénes son ese 30% de los estudiantes más vulnerables de educación secundaria que no tiene computador en el hogar y cómo sobreviven esos 80 millones de niños, niñas y adolescentes que ya no reciben una comida caliente al día.

Las más afectadas por los desastrosos efectos de la pandemia han sido las mujeres: 118 millones han caído en situación de pobreza en 2020. El Informe de políticas sobre el impacto en América Latina y el Caribe, de la ONU, además de prever la mayor contracción económica en la región en un siglo, establece que la tasa de pobreza en las mujeres aumentó 9,1% y la participación femenina en el mercado laboral retrocedió una década.

Una realidad de larga data que se desarrollaba frente a nuestros ojos y que hasta inicios de 2020 era invisible. La responsabilidad del periodismo y los medios en ello es innegable.

Lo más duro y estremecedor ha sido asumir otra cifra dura: violaciones y femicidios aumentaron en toda la región entre 20 y 50% durante 2020. Una de cada 3 mujeres está expuesta a sufrir violencia de género.

LA TERCERA PANDEMIA: LA CORRUPCIÓN

Al mismo ritmo que se han ido incrementando contagios y muertos por Covid-19, el combate contra la corrupción se diluyó en América Latina. Los datos hablan: en junio de 2020 lo advirtió Americas Society, Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks en su Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción. Evalúa desde la independencia judicial hasta la calidad de la democracia y del periodismo de investigación para calificar qué tan idóneos son los países para combatir los delitos de corrupción y sancionarlos (en escala de 1 a 10). El caso más grave: Brasil.

Una realidad letal (la corrupción mata) que el 28 de enero pasado confirmó Transparencia Internacional: “Una concentración alarmante de poder del Ejecutivo en países como Colombia y El Salvador ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas relacionadas con la pandemia. En todo el continente los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y actualizada sobre datos estadísticos y sanitarios y suministros de emergencia”.

No sorprendió la inclusión en ese informe, como país a “observar con atención”, de Estados Unidos, el más golpeado por la pandemia con más de medio millón de fallecidos: “Las dificultades de la administración (Trump) para supervisar el uso del monto sin precedentes de un billón de dólares asignado a la lucha contra el covid-19 generaron una gran inquietud”.

Y nuevamente el desafío ético para el buen periodismo: identificar las principales razones que impiden atacar la desigualdad. Una de ellas: el 10% más rico captura el 54% de ingresos nacionales en cada país, Un sector para el que, según revista Forbes y la BBC el 2020 fue rentable: los 2.200 multimillonarios del globo terminaron siendo un 20% más ricos, mientras el planeta sufre su peor catástrofe económica en casi un siglo, con una caída del 4% en el PIB mundial.

Se entiende así que el FMI urgiera en la necesidad de aplicar «impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables» para enfrentar la crisis. Una medida clave para el cientista político Francis Fukuyama, quien sostiene que la salud de una democracia moderna es su capacidad para que los más ricos paguen los impuestos que les corresponden, así como la corrupción sin control desestabiliza la gobernabilidad (ver su libro: Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, Barcelona, Ediciones Deusto, 2019). Así lo entendieron los 84 ultra ricos del mundo que firmaron Millonarios por la Humanidad: “que nos aumenten los impuestos inmediatamente, sustancialmente».

Pues bien, esa regla no se cumple en casi todos nuestros países. Y de sus protagonistas y lobistas casi no se habla. Ejecutar lo que piden supone establecer drásticas medidas para combatir evasión y elusión (sin forados en la ley), acabar con el secreto bancario y con exenciones tributarias sin justificación. Para el buen periodismo ello representa un gran desafío ético: sortear primero la barrera que impide obtener información fidedigna y veraz; estudiar muchísimo, cotejar cada cifra, documento; y enfrentar a lobistas importantes: bufetes de abogados, periodistas, congresistas y economistas.

“Los poderosos siempre buscan el control total del gobierno menoscabando el progreso social en favor de su codicia. Contrólelos mediante una democracia efectiva o verá cómo fracasa su país”, advirtió el economista Simon Johnson, exjefe del Departamento de Investigación del FMI y autor del libro The Quiet Coup (The Atlantic, mayo 2009). Acuñó el concepto “golpe de estado silencioso”, que detalla los mecanismos con los que las élites financieras despliegan su influencia y manipulación en políticos y académicos para desmantelar cualquier intento de regulación que desafíe sus intereses. El buen periodismo es parte de ese control y, por lo mismo, objeto de manipulación.

LA CUARTA PANDEMIA: LA INDUSTRIA DE LAS NOTICIAS FALSAS

El director de la OMS lo advirtió: estamos luchando contra una pandemia y una “infodemia”. La alarma por la proliferación de información falsa se acrecienta por la amenaza que ella representa para la salud pública y por cómo socava la confianza de los ciudadanos en la democracia.

La ética impone nuevamente ir al fondo del problema. La herramienta masiva más utilizada por la industria de la desinformación han sido las redes sociales. Un sistema controlado por empresas que hoy se ubican en el pódium de las más grandes del mundo: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Microsoft y Facebook (capitalización bursátil de las cinco multinacionales supera los US$5.000 millones). Gran parte de sus ganancias proviene de prácticas monopólicas en el manejo global de datos y de las campañas de desinformación. La investigación sobre Cambridge Analytica grafica el poder alcanzado por la manipulación al recoger información sensible de millones de usuarios de estas redes para luego ser utilizada en información falsa que se les entrega en campañas electorales. Así ocurrió en 2016 para perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

La amenaza desestabilizadora de la desinformación ha tenido una respuesta muy débil de la democracia global. En octubre, en plena campaña presidencial estadounidense, Twitter y Facebook limitaron la difusión de un artículo del New York Post que afirmaba que Hunter Biden, hijo del candidato demócrata, organizó una reunión entre su padre, cuando era vicepresidente, y un directivo de una polémica empresa ucraniana de gas. El último paso de Amazon, Apple y Google fue anunciar que han decidido sacar de sus sistemas a la red favorita de los extremistas de derecha: Parler.

Twitter fue más allá: prohibió todos los anuncios políticos pagados y en septiembre anunció que “etiquetará o eliminará información errónea” que busque “socavar la confianza en las elecciones”. Interesante resulta conectar esa información con una más reciente aparecida en el Wall Street Journal (9 de febrero): por segundo año consecutivo Facebook y Amazon superaron en 2020 a todas las demás compañías estadounidenses en gasto de lobby. Facebook, que enfrenta juicios antimonopolios, gastó casi US$20 millones en lobby en 2020 (US$18 millones más que 2019), mientras que Apple Inc informó US$6,7 millones; Google: US$7,5 millones; Microsoft Corp. US$9,4 millones; Oracle Corp. US$8,1 millones y Twitter Inc., US$1,5 millones.

Así describió el poder que concentran esas compañías el periodista chileno y conductor de CNN Chile, Daniel Matamala: “Facebook ya es dueño de WhatsApp e Instagram, y Google, de YouTube. A su lado, los intereses de la United Fruit en Guatemala, los Brown Brothers en Nicaragua o de la ITT en Chile parecen un juego de niños. Los golpes del siglo 20 trataban de controlar el mercado del plátano, el cobre o el petróleo. Los del siglo 21 dependerán de un poder infinitamente mayor: de quién maneja los datos y puede manipular la verdad. Ya tenemos un aviso en Brasil, donde las campañas de mentiras por WhatsApp llevaron al poder a Bolsonaro. Ahora el poder está en unas oficinas de Silicon Valley”.

El nuevo enemigo que enfrenta la democracia no es racional, sino emocional. El estudio hecho en agosto pasado por Claudio Huepe y Claudio Villegas, investigadores del Laboratorio Social Lintwning Lab (SoL- Facultad de Comunicaciones Universidad Católica de Chile), concluyó: “la apelación a creencias o emociones es más importante que la evidencia”. Por ello cobra importancia vital el imperativo ético del buen periodismo para luchar contra las noticias falsas: información veraz, rigurosa y oportuna.

En el estudio de Huepe y Villegas se lee: “La sociedad se fragmenta en comunidades hostiles entre sí, a lo que se suma una desconfianza generalizada en las instituciones. El efecto en la capacidad de generar consensos objetivos que guíen el comportamiento social ha mostrado ser devastador en los países en que se ha medido. Estudios recientes muestran que casi el 40% de los adultos en EE. UU. creen que se exageran los riesgos de la pandemia, que un cuarto cree que fue planificada y menos de la mitad está decidida a vacunarse”.

Llegamos nuevamente a un punto ético clave. Por qué importa contar las historias relevantes con rigor, veracidad y multiplicidad de voces: porque así el periodismo aporta a cambiar la vida de las personas. Y porque, como dijo recientemente el periodista y académico colombiano Germán Rey, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo: “el problema es que los medios no han hecho lo suficiente para ganarse un lugar en la confianza social, que se ha ido deteriorando progresivamente. La libertad de expresión no es un coto cerrado de los medios o de los periodistas. Es una libertad, un derecho y una responsabilidad de toda la sociedad. Pero desde hace unos años ha crecido el vedetismo en los medios. De fiscalizadores, algunos periodistas se creyeron vedettes, figuras. Algo semejante a lo que ha pasado con los futbolistas. Y empezaron a sobarse con el poder, a transformarse en elite, a preocuparse desmedidamente por los honorarios”.

La abogada colombiana Catalina Botero, integrante de la junta de supervisión independiente de Facebook, afirmó este 21 de febrero: “Las redes sociales no son medios de comunicación y no deben ser tratadas como tales”. Y agregó: “Sin medios de comunicación y periodismo de investigación independiente y profesional, la democracia tiene pocas posibilidades de sobrevivir”.

El peligro es real. La intergubernamental internacional IDEA y la estadounidense National Endowment for Democracy lanzaron en julio de 2020 la alarma global ‘Llamado a defender la Democracia’, firmada por más de 500 líderes, acusando a gobiernos, incluso elegidos democráticamente, que en días de crisis acumulan “poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y refuerzan la vigilancia estatal”.

El peligro que enfrenta la democracia en América Latina se plasmó en la declaración que emitió la CIDH el 6 de febrero: “El hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público donde los Estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño; a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación; y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, decisiones y modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos. Un desafío regional que afecta a todos los Estados de las Américas, contamina una parte considerable de sus deliberaciones internas y que pondrá a prueba sus futuros procesos electorales y la fortaleza de sus instituciones.

2021 marca el eje del ciclo electoral decisivo para el futuro del continente y que comenzó en Bolivia en octubre 2020, y termina en 2024: casi todos los países irán a las urnas para elegir presidentes y congresos. En 2021 habrá elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras, Chile y legislativas en Argentina, El Salvador y México.

Las elecciones en nuestros países se harán al tiempo que batallamos con una pandemia que sigue sumando víctimas del virus y la miseria. Y también de la corrupción con el tráfico de vacunas que posterga a los más necesitados. La OMS alertó por la situación catastrófica en Brasil, en particular del Amazonas, que puede provocar implosión del sistema sanitario. «De continuar así, claramente vamos a ver una ola que será peor que la ola catastrófica de abril y mayo», alertó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.

Si la democracia está en peligro, el buen periodismo debe salir con ética, hechos, voces, rostros, rigor e imágenes a informar y ganarse la confianza de los ciudadanos. Informar e iluminar la opacidad cuando la vida está en juego.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2021/03/04/el-motor-etico-del-buen-periodismo-en-la-nueva-batalla-por-la-vida/

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Marga Gonnet: Educación en tiempos de Capitalismo de Datos en la región

Antesala y contexto. Nuestros hijos, la pandemia y la educación. La que nos da herramientas para discernir y entender al tiempo en el que vivimos, junto a la Democracia, peligra. Y peligra no solo al Sur. Hoy vemos como el Capitolio de Estados Unidos tiembla y se difumina en grupos extremistas en redes sociales. En conferencias de prensa, en Impeachments en vivo y en la pérdida de poder de compra, la inflación consiguiente y la postura concreta de gobiernos que afirman o desarman sus bases. Y con ellas a toda la población que los compone.

Traemos la palabra de CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) desde Argentina y Brasil y la situación local de Uruguay y Latinoamérica con el Maestro y ex-consejero del CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) de Uruguay. Es tan profundo el caos en la educación pública que nos atraviesa a todos. Y debe reformularse en contexto de pandemia y de futuro. ¿Qué será de nuestros niños sin educación o perspectivas claras a corto y mediano plazo? El mundo virtual y el presencial están rediseñándose. Así también la capacidad de pensamiento y reflexión para avanzar en Democracia.

Argentina en pandemia y crisis

Consultamos a Marcela Browne, quien trabaja en FundaciónSES, una fundación sin fines de lucro creada en 1999 que desde entonces trabaja en América Latina y Europa promoviendo redes y asociaciones desarrollando conjuntamente políticas públicas con el Estado. Promueve la inclusión juvenil en riesgo enfocada en el desarrollo de sus derechos. Marcela además trabaja con CLADE poniendo en práctica programas de apoyo a la educación argentina, haciendo un esfuerzo en Argentina a través de varias políticas públicas como Acompañar-Puentes de igualdad y Crecer revinculando estudiantes a la educación. También están trabajando con UNICEF para crear una base nominalizada de seguimiento a las trayectorias educativas que permitirá acompañar la evolución de cada estudiante.

La contracara es cruda. Los sindicatos vinculados a la educación pública argentina están trabajando junto a las cooperadoras de las escuelas enfocados en el regreso a la presencialidad cuidada haciendo énfasis en infraestructura adecuada y los protocolos sanitarios. Algunas de las reivindicaciones de CTERA en la paritaria nacional docente son que el piso salarial y el FONID superen la inflación y condiciones de salud y trabajo para los estudiantes y docentes, previas al inicio de clases en la mayoría de las jurisdicciones.

Y los números dicen mucho más. En dos de las franjas más sensibles y vulnerables, el nivel inicial y los niveles secundarios hacia la educación terciaria y universitaria. En nivel inicial, según un estudio realizado por FundaciónSES, la Universidad Pedagógica Nacional y UNICEF Argentina en 2030: “El sistema educativo de gestión estatal atenderá solamente a 105.000 niñas y niños de entre 0 y 2 años de los más de 2 millones que se estima estarían en condiciones de ingresar a este nivel”.

Es decir que, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Primera infancia, solo un 10% del total de excluidos será atendido en los Centros de Primera Infancia. Y cuanto más nos acercamos al sector de escuela primaria, mayor es la franja de niños que queda afuera del sistema público de educación. Las salas de 3, 4 y 5 años cumplirán con la obligatoriedad dejando fuera a 80 mil niños y niñas de 4 años. La sala de 3 años atenderá a menos de la mitad de la población en esa franja (311 mil de los 716 mil niños y niñas), dejando fuera del sistema a más de 400 mil niños y niñas.

Hablando de adolescentes, al igual que en la actualidad, solo el 53% de los estudiantes que ingresaron a primer año, finalizará el secundario en 2030. Creciendo la matrícula en alrededor de 16 mil estudiantes de 2020 a 2024 y decreciendo el total de matrículas en 2030 a 105.652 estudiantes de nivel secundario, aumentando la brecha en áreas urbanas. Para 2030 se prevén, desde este estudio, graves dificultades de acceso a la educación, de mantenerse las mismas tasas de cobertura, promoción y repitencia. Hablando de secciones rurales y urbanas necesarias para incorporar a las y los jóvenes en el nivel hubiera implicado la apertura de 5.737 nuevas secciones en 2020 (sobre lo que no se avanzó), 6.811 en 2024 y 4.760 secciones nuevas para el final del periodo 2030.

“En 2021 el presupuesto de la Gobernación de Buenos Aires bajó sustantivamente y una porción muy importante de este presupuesto se destina a la gestión de escuelas privadas. Y eso es grave”.

En tiempos de crisis económica naturalmente migra una franja captada por educación privada hacia educación pública. Es decir que la mercantilización de la educación en Argentina, si bien es menor que en Chile, que es un extremo, es un signo que repercute no sólo en Buenos Aires provincia sino en toda el país. Y la preocupación fundamental es cómo articular educación virtual en un contexto tan complejo y diverso con docentes también desplazados de sus puestos de trabajo. Todo esto en medio de una crisis económica que también desplaza al alumnado en franjas extremadamente vulnerables, con carencias y pobreza georeferenciadas que resultan en una expulsión de gran parte de jóvenes y niños del sistema.

Además, quien sostiene a los jóvenes y niños y niñas argentinas también son sus círculos primarios, las familias que tienen que arreglárselas entre empleo, subempleo, desempleo y sus propias rutinas para sostenerse en esta situación. Poniendo en riesgo a la integración y la continuidad de los procesos educativos que captan a más del 60% de niños, niñas y adolescentes de la argentina. Y por consiguiente al futuro de la nación si pensamos en los 3 ejes de la educación secundaria argentina: formar para la ciudadanía, para el acceso a la educación superior y para el mundo del trabajo.

Según Marcela Browne, estos tres objetivos deberían verse reflejados en las currículas y el propio proyecto institucional: “Las desigualdades atraviesan a toda la Argentina por eso es importante salir del concepto de igualdad y pasar a la concepción de justicia educativa. Hay que invertir más donde hay más desigualdades”.

En Uruguay

La situación en Uruguay tampoco es simple. Especialmente con la desaparición de los Consejos dentro de la educación pública, producto de la implementación de disposiciones contenidas en la Ley de Urgente Consideración. En estos momentos el Frente Amplio está haciendo énfasis en la junta de firmas para quitar 135 artículos que ponen en juego no solo Derechos Humanos sino la propia estructura estatal de Uruguay. Algunos de ellos yendo incluso contra la propia Constitución vigente en Uruguay. Pasando por la desconcentración y desestructuración de la educación pública tendiendo a la mercantilización de este derecho. Siguiendo por el derecho de reunión regulado en forma subjetiva y sujeto a interpretaciones que podrían configurar antecedentes sobre los que se restringe Democracia.

Además, entre otras disposiciones con la LUC (Ley de Urgente Consideración, impuesta por el actual gobierno de Luis Lacalle Pou y la Coalición de gobierno), se habilita el allanamiento de morada sin previo aviso. Sin olvidar la balacera ocurrida en Plaza Seregni de Montevideo, el domingo 1º de noviembre de 2020, donde sin previo aviso se violentó a cientos de jóvenes que estaban reunidos junto a colectivos de la comunidad negra, LGTB, estudiantes y diversos colectivos sociales. Todos ellos participando de talleres de integración sobre sexualidad, al son del candombe. Como si fuera un atentado, las fuerzas policiales también en el mismo día y de la misma forma detuvieron a jóvenes en distintas plazas del interior de Uruguay (Departamentos de Colonia y Rocha, entre otros) con la misma impunidad. La INDDHH solicitó las filmaciones de las cámaras en cada uno de los lugares citados y solo recibió contenido modificado y editado de lo sucedido desde el Ministerio del Interior. Aún se está a la espera del esclarecimiento de estas situaciones.

El colectivo autogestionado de padres y madres de alumnos de la educación pública Familias Organizadas lanzará una campaña informativa centrada en el inicio de clases 2021. Según La Diaria, “el colectivo considera que hay avances en el nuevo protocolo, pero cuestiona que el accionar en las escuelas está muy librado a lo que las direcciones (de las escuelas) puedan hacer”. Este colectivo elaboró no solamente protocolos sanitarios durante 2020. Además asesoró, gestionó y tomó la responsabilidad de alfabetizar a sus hijos. Hablamos de la educación de niñas y niñas con 200 mil personas en seguro de paro en marzo de 2020 y un crecimiento sostenido del desempleo formal en Uruguay.

El maestro Pablo Caggiani, ex consejero del ex CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) de Uruguay hace énfasis en la desarticulación del sistema educativo uruguayo, Ley de Urgente Consideración mediante. El primer punto de gravedad, según Caggiani, es el desmembramiento de la estructura educativa en Uruguay, dejando sin comunicación ni coordinación a miles de profesionales de la educación. Retrocediendo hacia principios de siglo XX. Desconectando y dejando desamparados a sindicatos y estructuras educativas, dependientes de una única dirección que concentra y congestiona la gestión y administración de la educación pública. Dice que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay, (CSEU) viene trabajando mucho con la Internacional de la Educación que viene trabajando en torno a la privatización de la educación en América Latina. “Los gremios están con agenda de tema. Lo que hay que ver es qué correlación de fuerzas se construye para evitar los retrocesos en todos los planos”.

Además, la tendencia mercantilista que mira hacia Chile, a pesar de que Uruguay posee una pirámide más parecida a países del primer mundo, producto de los avances llevados adelante durante los últimos 15 años hasta 2019. La alarma de Caggiani se enfoca en que de toda la evolución LUC mediante, protagonizada por Uruguay, solamente resta el Plan Ceibal, una de las fuentes de inspiración para el CEILP en Argentina. Se refirió también a un gravísimo incidente protagonizado por Gabriela Bazzano, la Secretaria Nacional de Cuidados y directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.

Bazzano fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo liderando la asociación civil Seamos, enfocada en la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica. Bazzano entregaba niños de padres en situación de riesgo económico a otras familias, sin ningún respaldo legal detrás. Esgrimió en nota radial en FM Del Sol de Uruguay que luego de viajar a países escandinavos trajo esa lógica de trabajo para replicar en Uruguay. A pesar de haber sido denunciada por INAU y el Hospital Pereira Rossell en 2015 por entregar a estos niños a otras familias sin el control del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay ni de otros organismos estatales. Aun así recibió el apoyo del propio Lacalle Pou en 2020.

Caggiani también habló sobre las bancadas religiosas y su posible influencia en la situación actual de la educación frente a lo sucedido de la mano de la Ministra de la Mujer y DDHH de Brasil. Damaeres Alves desarticuló diversos programas en escuelas públicas brasileñas, como el de educación sexual, dejando desamparados a millones de niños frente al abuso sexual y psicológico, que creció aún más durante 2020 en adultos y niños.

“Bueno ese es un escenario que es cuasi-delictivo pero que da cuenta de algunas de las perspectivas que tienen del estado, de la política pública. Particularmente de la política social en los diferentes sectores del gobierno. Para el conservadurismo definido por (Robert) Nisbet, el estado tiene que ser las armas, la tierra y el poder. Y todo el resto corresponde a la comunidad. Y además, eso está ordenado por una desigualdad natural. Que es que, a uno le tocó nacer en determinado lugar y a otros en otro y se ordena según la caridad de la comunidad de los sectores que más tienen hacia los que menos tienen. Y bueno, es esa perspectiva. No hay perspectiva de sujeto de derecho en esa lógica. Es más; es algo que se hizo fuera del estado y de la inspección de los organismos que tienen que velar por los derechos del niño, niña y adolescente. O por los gurises en situación de discapacidad. Es parte de la alianza que está en el gobierno y sí, efectivamente piensan así. Así como el presidente de la Asociación Rural (ARU) dijo que la desigualdad era natural, cada tanto se escapan estas tortugas que dan cuenta de una producción de política social que está alineada a esas definiciones de cuál es el rol del estado y qué sucede con los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Estas dos (situaciones) tienen que ver con la correlación de fuerzas que la política y los movimientos sociales generen en la coyuntura. Tanto lo de la bancada religiosa como la derogación o no de la Ley de Urgente Consideración. Y reitero: la coalición gobernante es una coalición que racionalmente no se sostiene. No podría pensar a un ultramontano o a un católico conservador sentado al lado de un Batllista. Lo mismo sucede con otros sectores de la coalición. Es muy difícil pensar que eso pueda sostenerse en el tiempo consistentemente.”

El 23 de febrero, en entrevista en el programa No Toquen Nada de FM del Sol, la directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Adriana Aristimuño, dijo: “En el quintil 1, de 100 niños que empezaron la escuela 18 terminan todo el ciclo educativo. La inequidad educativa nos quema”. También dijo que las elecciones de horas docentes habían culminado, información desmentida por varios docentes que testimonian que en algunos departamentos de Uruguay siquiera han comenzado.

Las perspectivas para Uruguay, para Caggiani, son complejas. “En esto vamos a depender un poco de las alianzas que las organizaciones de trabajadores o de padres o de estudiantes puedan realizar con actores académicos, ya sean nacionales o regionales. De hecho, la política del nuevo gobierno ha sido cortar todos los convenios con la Universidad de la República en el caso de primaria. Pero además, cortar convenios que teníamos para especialización de maestros en campos o en espacios de formación que no estaban disponibles en el país. Por ejemplo con la Universidad de La Plata. Todo eso lo van a pulverizar. Y bueno habrá que ver como se reconstruyen, como se ha hecho en otros momentos esas alianzas o esas redes. Pero con la política pública del recorte se va a sentir”.

También la población está a la espera de las vacunas Covid-19, que según Lacalle Pou llegaría una partida de Sinovac el 25 de febrero, luego de varios amagues desde mediados de diciembre de 2020. Según la portada de La Diaria (23/02/2021) “serán 192 mil dosis. El Ejecutivo prevé recibir 1.558.000 más este mes, y que antes que termine abril se habrán sumando 460 mil dosis de Pfizer” con un plan de vacunación que iniciaría este lunes 1º de marzo con el personal de la salud y personas mayores y susceptibles de riesgo, pudiendo incluir a maestros y profesores.

Brasil al desnudo

En el caso del vecino del norte, el escenario es dantesco. Jóvenes de niveles medios y secundarios ocupando las instituciones públicas, manifestándose en las calles, siendo desplazados y golpeados. Reclamando el derecho de aplazamiento del ENEM, el examen nacional al que están obligados todos aquellos y aquellas que deseen acceder a formación universitaria en Brasil. Esto a raíz de los altísimos riesgos sanitarios frente a la segunda ola de Covid-19. Esta acción fue apoyada y llevada adelante el 18 de enero por el Instituto Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, el Centro de Asistencia Jurídica Saracura, ambas instituciones civiles sin fines de lucro. Ambas accionan en la educación pública dentro de CLADE (Campaña Latinoamericana para el Derecho a la Educación), organización internacional que, como dijimos al inicio, actúa en todo el mundo en forma de red conteniendo y apoyando a la educación pública. Los representaron el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu). Esta acción se tomó al día siguiente de que cientos de jóvenes fueran reprimidos y expuestos masivamente al contagio de Covid-19 el 17 de enero.

Tengamos en cuenta que en Brasil además de la original corren otras 5 cepas de covid, con el 53% de los convocados para el examen fuera de las aulas sin documentos u explicaciones que los ampararan. Así comienza el pantallazo de la realidad educativa en Brasil, dónde cerca del 80% de la población es captada en los niveles primarios y secundarios por la educación pública. Invirtiéndose los porcentajes en la vida universitaria dónde las Universidades privadas acaparan la oferta ya que el ENEM es uno de los filtros más exigentes, a través del que pasan solo privilegiados. Por poder estudiar para rendirlo y por poder aprobarlo. De ese magro porcentaje que aprueba la mayoría se vuelca a las universidades públicas que son las más buscadas por la calidad de educación y por la gratuidad. En la acción legal llevada adelante por el brazo brasileño de CLADE, consta la violación del derecho a la educación, a la salud, de la igualdad y de la probidad administrativas (Violação do direito à educação, à saúde, da igualdade e da probidade administrativas).

En Brasil además, así como en toda América Latina, los casos de violación, violencia de género y desempleo crecieron y vienen creciendo a la par. El requerimiento básico para la universalización de la virtualidad en Brasil no existe en forma homogénea; tampoco en Argentina o Uruguay. Es decir, la capacidad económica devenida de un ingreso que pague la conectividad a internet. En Uruguay hablamos de miles de ollas populares. En Argentina a inicios de 2020 hablábamos de un desempleo que dejó desnudo al país con cifras inauditas. Durante la cuarentena el desempleo escaló a más de 13% con un 40,9% de la población argentina en la pobreza. En Brasil el FMI preveía que el impacto de Covid-19 resultaría en el aumento de la tasa de desempleo en 14,7% en 2020. Finalmente fue de 14 millones de personas, con un alza en diciembre respecto a octubre del 2%.

Paulo Guedes, Ministro de Economía de Brasil, dijo a fines de diciembre de 2020 que “la recuperación económica basada en consumo e inversiones, sólo será posible en la medida en que haya un retorno seguro al trabajo y ese retorno seguro exige la vacunación en masa de la población”.

Mientras Malala Foundation, entre otras, está apoyando a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que compone a CLADE en Brasil. Según Catarina de Almeida Santos, profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) y dirigente de la Campaña en forma honoraria y especializada en educación básica, la situación es crítica. Aunque tienen injerencia directa en las casas legislativas del Congreso en Brasilia, junto a la ONU y en las Conferencias de Estados Latinoamericanos. Logrando accionar en favor de la educación en medidas concretas, así como en Argentina. Actualmente están luchando en Brasil por lograr la desvinculación de una enmienda en la constitución brasileña “con grandes perjuicios para los derechos sociales como la educación y la salud pública”. La propuesta que está en el Congreso brasileño y que desean eliminar trae como consecuencia “la desvinculación recursos hoy existentes en la constitución para escuelas y universidades y también en relación a la salud pública. Entonces ya comenzamos esa batalla. Actuamos también contra el retroceso en las ex – cámaras legislativas locales. Sea en la cámara de vereadores o en las ex-cámaras legislativas. Estamos luchando con el proceso de militarización de las escuelas en Brasil; pasa la gestión de las escuelas en Brasil para el comando de las fuerzas de la policía militar. Haciendo énfasis en el proyecto Escola sem Partido (Escuela sin partido) defendiendo la libertad de cátedra y los contenidos vistos en las escuelas. Inclusive sobre la Ministra Damaeres Alves, tiene mucho que ver con este gobierno que viene desarticulando todos los proyectos, o cortando financiamientos gubernamentales, cortando consejos direccionados a la protección de derechos sociales. Es decir no solo los derechos de los niños pero también los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, LGBTIQa+, también los de todas las poblaciones de alta vulnerabilidad. Y en todos estos casos el gobierno no solamente ha cortado financiamientos sino que también ha desenvuelto políticas de criminalización y discriminación a estos grupos. También acompañando a la Fundación Mixcure en el STF (Supremo Tribunal Federal), la Corte máxima en Brasil, combatiendo este tipo de políticas”.

Están trabajando también para revocar la enmienda constitucional Nº 95, que ataca directamente a los derechos sociales que están garantizados en el artículo 6º de la Constitución brasileña, abriendo debate nacional.

Educación en Lata o educación consciente

La evidencia en Argentina, Uruguay y Brasil muestra que son los colectivos los que están tomando la posta de la educación frente a gobiernos desviados hacia beneficios en lugar de derechos o sumergidos en crisis que parecen empañar la visibilidad de la estructura democrática de debiéramos tener más que asegurada. Y ser capaces además de enseñarles a nuestros hijos. Para darles un presente libre de atrocidades que atentan contra la continuidad de los derechos que están en riesgo, camufladas en informaciones falsas.

Fuente: https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2021/02/24/educacion-en-tiempos-de-capitalismo-de-datos-en-la-region

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Libro(PDF): Elizabeth Jelin. Las tramas del tiempo : familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales. Antología esencial

Reseña: CLACSO

La antología esencial de Elizabeth Jelin remarca el carácter original, comprometido y estimulante de su obra y pone en evidencia ese modo tan personal que tiene de pensar la articulación entre biografía e historia, de definir al género como un conjunto de interrogantes de carácter transversal para las ciencias sociales, de ubicar el punto de vista de los actores como un foco privilegiado para entender el mundo social. A lo largo de los años la obra de Jelin nos ha invitado a pensar en los procesos estructurantes de la inequidad social y en la capacidad de agencia y cambio social, una invitación que abre interrogantes e invita a la reflexión.

Tres núcleos temáticos principales permiten organizar el vasto corpus de su producción como investigadora: memoria y derechos humanos, género, familia y trabajo, y movimientos sociales. Estos temas no representan etapas en su pensamiento, ni tampoco pueden ser considerados campos aislados de investigación mutuamente excluyentes. Por el contrario, son tres marcos de referencia, tres preocupaciones intelectuales, que recorren con énfasis diferente su trayectoria. Son coordenadas a partir de las cuales es posible leer su producción y entender, a su vez, el modo en que sus aportes fueron cruciales para estructurar esos campos y para aportar una mirada regional.

Autoras(es): 

Marcela Cerrutti. Ludmila da Silva Catela. Sebastián Pereyra. Elizabeth Jelin.

Editorial/Edición: CLACSO.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-807-6

Idioma: Español

Descarga: Elizabeth Jelin. Las tramas del tiempo : familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales. Antología esencial

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2297&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1477

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Libro (PDF): De la sociología del poder a la sociología de la explotación

Reseña: CLACSO

Pablo González Casanova es uno de los intelectuales de mayor prestigio, reconocimiento e influencia del México contemporáneo. Su obra abarca todos los ámbitos del saber: ciencias sociales, ciencias de la vida, ciencias de la materia, ciencias de la complejidad y ciencias históricas. La presentación de esta antología es una suerte de biografía al mismo tiempo que un recorrido por algunos de sus textos más sobresalientes sobre la lucha por la democracia y el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina.

 

Autor/a:                               Roitman, Marcos – Compilador/a o Editor/a  González Casanova, Pablo – Autor/a  
Editorial/Editor: CLACSO
Año de publicación:  2015

 

País (es):  Argentina
Idioma: Español
ISBN : 978-607-03-0680-8
Descarga:   Libro (PDF): De la sociología del poder a la sociología de la explotación
Fuente e imagen:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/

 

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El país de Oriente Próximo cuya revolución fue silencia y olvidada por Occidente

Por: Alberto Rodríguez García

Hubo hace diez años un intento de revolución que se ignoró, se silenció y que pereció ahogada en sus propias lágrimas y sangre mientras el mundo miraba hacia otro lado. Una primavera que por no ser como las de Túnez, Libia, Egipto o Siria, por estar en el lado incorrecto de la nueva –ya no tanto– guerra fría de Oriente Próximo, estaba condenada desde el principio. Las protestas, que comenzaron para pedir una mejor calidad de vida para los bareiníes y un sistema político parlamentario para todos, pronto derivaron en reivindicaciones más profundas, con un mayor protagonismo de propuestas como dar más derechos a los chiíes; marginados por el sistema. Unas reivindicaciones, es importante matizar, que no explotaban el odio sectario, enarboladas desde unas protestas en las que participaban los suníes opositores de la monarquía junto a la comunidad chií. Una comunidad chií que pedía gozar de plenos derechos en un país en el que, si bien son la mayoría, gobierna una monarquía suní minoritaria tan brutal, que era –y es– la hermana pequeña de la tiranía saudí.

El 14 de febrero de 2011, mientras gran parte del mundo celebraba el día del amor, Baréin se encontraba muy lejos de algo que pudiese parecerse a una fantasía de bombones y rosas. En Baréin se estaba gestando una movilización popular que muy pronto se convertiría en masacre por parte de las autoridades. Una movilización olvidada por Occidente, y es que si bien las revueltas en otros países como Egipto y Siria eran útiles para los intereses atlantistas (por su naturaleza y contra los gobiernos que se movilizaban), el rey Hamad bin Isa Al Jalifa es lo que Franklin D. Roosevelt, de seguir vivo, llamaría «nuestro hijo de puta». Y para más INRI, aunque era un escenario tan improbable que solo plantearlo es absurdo, la monarquía bareiní justificaba su violencia hablando constantemente de la injerencia iraní como si se tratase del lobo llegando.

Y antes de continuar, es necesario explicar por qué la teoría de la injerencia iraní es absurda. Necesario porque gracias a esa mentira, muchos encontraron el argumento moral necesario para llenarse la boca con democracia y otras tantas palabras vacías en todo Oriente, mientras olvidaban al centenar de bareiníes asesinados, a los miles de heridos y los cientos de exiliados en apenas un mes. Al contrario de lo que se pudo observar en el escenario sirio, con medio mundo armando y financiando a sus grupos insurgentes más afines, en Baréin ni los chiíes son títeres de Irán (tampoco lo quieren), ni Irán tuvo jamás oportunidad de introducir asesores y armamento a un país que de facto es una fortaleza rodeada por mar. Una fortaleza conectada a Arabia Saudí en la que viviendo millón y medio de personas, hay cerca de 10.000 soldados (y familiares) de EEUU vigilando toda su costa.

En uno de los primeros países de la [mal llamada] Primavera árabe, en el país con más manifestantes per capita en aquel momento, una década después ya no hay disidencia. Ya no existe oposición, porque está encarcelada o en el extranjero.

Y siendo los olvidados, Baréin no empezó telediarios ni llenó periódicos. Medios (pseudo)comprometidos con los derechos humanos como el New York Times, lejos del vocabulario agresivo que utilizaban contra otros gobiernos, escribían, si acaso, que había habido alguna protesta o que Baréin era una batalla proxy entre Irán y Arabia Saudí; aunque como con las armas de destrucción masiva, para esto último jamás hubiese pruebas ni hechos que corroborasen tales afirmaciones. Únicamente la propaganda de la monarquía y alguna pincelada para sonar imparciales. El viejo truco. Y estos eran los mejores casos, porque otros medios como CNN directamente censuraron la información que perjudicaba a la monarquía títere de los saudíes.

La intervención saudí (porque sí, el reino intervino para acallar las protestas) no fue para frenar una injerencia iraní (porque en Riad no son tontos, y no siempre se creen las notas de prensa que pasan bajo la mesa), sino para evitar la presencia de una monarquía parlamentaria en su frontera, el derrocamiento de un gobierno dependiente y la llegada al poder de los chiíes; algo que lejos del sectarismo con el que muchos explican todo, sería útil para reforzar a los chiíes de Qatif hoy maltratados y sin apenas derechos. Y al igual que Arabia Saudí, EEUU se posicionó abiertamente contra los manifestantes, porque mientras destruía países en nombre de la democracia, en Baréin debía proteger a «sus hijos de puta».

Una década después, hablar de Baréin suena a algo lejano. En uno de los primeros países de la [mal llamada] Primavera árabe, en el país con más manifestantes per capita en aquel momento, ya no hay disidencia. Ya no existe oposición, porque está encarcelada o en el extranjero. Sus vidas no valen nada, porque nunca nadie quiso escuchar su voz. Que no vengan con el cuento de la democracia los mismos que voluntaria y conscientemente silenciaron lo que sucedía en Baréin. Diez años después, el levantamiento solo es el recuerdo de una revolución ignorada, silenciada, suprimida.

https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/383825-pais-oriente-proximo-revolucion-silenciada-olvidada

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Encuentro con las comunidades

Por: Roberto Patiño

Durante estos días, buena parte del equipo que trabaja con Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, junto con algunos invitados, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con las comunidades donde llevamos años trabajando.

Estas reuniones, organizadas por los propios vecinos y con todas las medidas de bioseguridad, han sido una oportunidad para ver, escuchar y hablar, de frente y dando la cara, con una sociedad civil que organiza y construye nuevas formas de liderazgo, unos ciudadanos, conscientes de su poder y con un firme compromiso para transformar su entorno.

Hay en Venezuela, en nuestros sectores populares, una reserva de valores democráticos, de nuevos liderazgos y de iniciativas sociales y productivas que contradicen las aspiraciones de un régimen que desea una sociedad sumisa y leal, a cambio de esporádicos beneficios económicos. No somos una sociedad pasiva, por el contrario, hemos comprobado, en todos estos años y en estas visitas, que en nuestras comunidades existe una clara conciencia del trabajo, de la importancia de hacer redes, de la necesidad de presentar proyectos y tomar la iniciativa para hacer frente a la emergencia humanitaria que nos asecha.

Podemos decir, además, que en nuestros barrios hay una conciencia ciudadana que invita a que la llamada “sociedad civil” se renueve, escuchando con atención a los ciudadanos, exigiéndose mucho más en sus compromisos con la gente y entendiendo que nos toca ser compañeros de las iniciativas que surgen desde las bases.

Estas visitas han servido para elevar aún más nuestros estándares de trabajo, para ratificar la aspiración de  a Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive de ayudar a reconstruir un país donde prive los valores de la solidaridad, el trabajo productivo y la democracia, principios que están allí, en la comunidad, en el barrio, en la calle.

Nuestro compromiso es muy claro, seguiremos acompañando a nuestros vecinos, líderes y amigos durante todo este 2021, trabajaremos para apoyarlos en los proyectos que nos han presentado en estos días, iniciativas que van desde la formación en valores, proyectos productivos, ampliación de la red de comedores, recuperación de espacios públicos, defensa de los Derechos Humanos, hasta la formación de los nuevos líderes comprometidos con la democracia.

Seguiremos en nuestras visitas en los próximos días, conscientes de la importancia de escuchar y aprender, entendiendo que, cuando se logran espacios para la participación, sobras manos para la construcción del futuro. Junto con ustedes, este es nuestro compromiso, buscaremos las alianzas con todos los sectores de la sociedad civil para que las ideas se concreten, avancen y se consoliden.

Ese es nuestro propósito, nuestro norte, nuestro camino, lo decimos de frente, cara a cara, en los barrios, junto con nuestros vecinos y líderes, acompañando a un pueblo que nos exige ser cada día mejor.

www.robertopatino.com

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/encuentro-con-las-comunidades/

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