Desde la celebración del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el sistema educativo en nuestro país ha alcanzado un nivel medio-alto con respecto a otros países. La tasa de escolarización en guarderías ha alcanzado un 77,4%, la cifra más alta de la media entre los países de altos ingresos, que es del 69,2%. La tasa de escolarización en centros de primaria es del 99,9%, y la de secundaria básica del 104%. Estos datos muestran que la cobertura en educación obligatoria supera el nivel de los países de altos ingresos, siendo el primer país entre los nueve en vías de desarrollo y de gran población que ha cumplido el objetivo de cobertura total de escolaridad obligatoria.
Además, la tasa de escolaridad en centros de secundaria superior ha alcanzado el 87%, un 11% más alta que la de los países de altos ingresos. La tasa de acceso a universidades es del 42,7%, también superior a la de los países de altos ingresos.
Se ha mejorado significativamente el nivel de popularidad de la educación,y se ha mejorado constantemente la calidad de la educación a la vez que se ha promovido integralmente la reforma educativa. La China de hoy está avanzando hacia un objetivo en el que «1,300 millones de personas puedan disfrutar de una educación más equitativa».
La prioridad de la inversión financiera es un requisito previo importante para el desarrollo de la educación.El aumento continuo de la inversión del Estado asegura que ningún estudiante abandone sus estudios debido a dificultades financieras.
En 2012, la inversión financiera nacional en educación alcanzó los 2,3 billones de yuanes, la primera vez que supera los 2 billones de yuanes, lo que representa una proporción del 4,28% del PIB, y alcanza así el objetivo del 4% propuesto en el «Plan de Desarrollo y Reforma de la Educación a Medio y Largo Plazo (2010-2020)», un importante hito en la historia de la educación en nuestro país.
Desde entonces, el gobierno central y los gobiernos locales siguen ampliando las inversiones en educación. En 2013, los fondos educativos estatales alcanzaron los2.4 billones de yuanes, en 2014 superaron los2.6 billones de yuanes, en 2015 los 2.9 billones de yuanes, y en 2016 llegaron a rozar los 3.1 billones de yuanes, suponiendo siempre más de un 4% del PIB.
Hacer que los niños de lugares empobrecidos reciban la educación apropiada no es solo una tarea importante para aliviar la pobreza sino también un medio importante para evitar que la pobreza se transmita de generación en generación.
En cinco años, el Partido y el país han llevado a cabo una serie de medidas combinadas para que cada rincón del país se beneficie del sistema educativo. Un 77% de los condados en todo el país y 218.000 escuelas de educación obligatoria han sido incluidas en el proyecto de “mejora general del funcionamiento de las escuelas de enseñanza obligatoria”. Los niños de lugares empobrecidos ya poseen no solos laboratorios y bibliotecas, sino también recursos y materiales de buena calidad. El gobierno central ha invertido un total de 159.100 millones de yuanes para «mejorar la nutrición de los alumnos de centros de educación obligatoria en los pueblos», un proyecto que beneficia a 134.000 escuelas y más de 36 millones de estudiantes.
El XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China propuso claramente la tarea de
«profundizar la reforma integral de la educación», y la ejecución plena de la reforma tuvo lugar con la tercera sesión plenaria del XVIII Comité Central del PCCh. El 6 de junio de este año,
Wu Zunmin, padre de un estudiante de Shanghai, dijo felizmente mientras esperaba fuera de la sala del examen de acceso a la universidad pública, o gaokao: «Al eliminar la división entre carreras de arte y ciencias, mi hijo puede optar por los temas que verdaderamente le interesan; además, cada estudiante tiene dos oportunidades en el examen de inglés, lo que alivia la presión de los jóvenes. ¡A la reforma educativa le daría un diez! Como la reforma más completa y sistemática del sistema de inscripción al examen desde que se reinsertó el gaokao, el documento “Opiniones sobre la Profundización de la Reforma de Sistema de Inscripción al Examen, publicado en 2014, muestra la transformación de la «valoración con notas» a la » valoración con talentos».
La educación fuerte hace a un país fuerte. Los éxitos conseguidos a través de la reforma educativa
Llevada a cabo durante 5 años hacen realmente feliz al pueblo.
Los 10,5 millones de unos 20 millones de niños sin escolarizar en el mundo están en Nigeria.
“Cerca de 20 millones de niños en el mundo están fuera de la escuela. Los 10,5 millones de estos niños, es decir la mitad, están en Nigeria”, declaró el secretario permanente del Ministerio Federal de Educación, Adamu Husaini, durante la inauguración de la edición 62 del Consejo Nacional de Educación en el norteño estado nigeriano de Kano.
Husaini expresó sus preocupaciones por el sistema educativo en Nigeria, y precisó que la cifra de afectados incluye hijos de pescadores, ganaderos y agricultores migratorios, entre ellos los pastores de la etnia Fulani, el mayor pueblo nómada del mundo.
Los niños no pueden acceder a colegios principalmente por la pobreza y el desplazamiento de las familias debido a los conflictos, destacó. “El Gobierno y las fundaciones privadas emprenden en los años recientes intensos trabajos para que los niños puedan asistir a escuelas. Pero estos trabajos son insuficientes”, criticó Husaini.
La pobreza y los ataques de la organización terrorista Boko Haram impactan negativamente la asistencia a la enseñanza en Nigeria, que tiene una población de unos 200 millones de habitantes.
Colombia / 26 de julio de 2017 / Por: COLPRENSA / Fuente: https://www.elheraldo.co
Una demanda presentada ante la Corte Constitucional busca que en Colombia se construya un sistema educativo inclusivo para las personas que están en situación de discapacidad.
“El derecho a la educación de las personas con discapacidad solo puede realizarse en un sistema educativo inclusivo, lo cual debe lograrse en el sistema de educación regular, entendido este como todos los entornos de enseñanza ordinaria”, dice una demanda presentada ante la Corte Constitucional.
La acción judicial presentada por Lucas Correa Montoya considera que la normatividad actual crea una educación especial, pero segregado, que estaría en contra de instrumentos internacionales como el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y las observaciones realizadas por este.
“(…) plantea, por lo tanto, un rechazo radical hacia cualquier forma de educación especial, segregada o integrada, como las que se ordenan y permiten en las normas que se demandan. Un modelo educativo en el que los estudiantes con discapacidad sean apartados y aislados violenta en derecho a la igualdad y a la correlativa prohibición de discriminación, que incluye el derecho a no ser objeto de segregación”, dice la demanda.
Para Correa Montoya, el Estado debe garantizar una educación inclusiva para las personas en situación de discapacidad, que lleve a los maestros y a las autoridades educativas “a que se cuestionen sobre los métodos de enseñanza y busquen la manera de ofrecer respuestas apropiadas para estudiantes con y sin discapacidad”.
Por esa razón, Correa Montoya demanda varias expresiones como “especial”, “especializado”, entre otras, contenidas en el artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, los artículos 46 y 48 de la Ley 115 de 1994, los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 361 de 1997 y el artículo ley 14 de 1990.
En su criterio, ese trato especial que se ordena para el modelo educativo actual para las personas en situación de discapacidad realmente termina excluyéndolas del sistema general de educación, esto es, separando a los niños y niñas en esta situación del resto de la población. Además, argumenta que las medidas no son idóneas, sino que son discriminatorias por no permitir el acceso al sistema educativo regular.
Para Correa Montoya es falso que las personas en situación de educación necesitan una educación segregada, por considerar que esta idea viene de un estigma y de un estereotipo discriminador.
Cuentas al Gobierno
Esta acción judicial fue admitida por la magistrada Cristina Pardo, quien le pidió al Ministerio de Educación informar el porcentaje de niños en condiciones de discapacidad que están en colegios de educación convencional y especializada.
El Ministerio deberá explicar a la Corte cuál es la cobertura de planteles educativos especiales y convencionales y qué políticas públicas y planes tiene para el acceso a la educación de esta población.
La Corte pidió al Ministerio y a las Secretarías de Educación de Cali, Antioquia, Bogotá y Barranquilla informar qué medidas se han tomado para que en los colegios “se realicen ajustes razonables para garantizar el acceso a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad”.
La magistrada igualmente le solicitó a varias universidades a la Unicef, la Unesco, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (FIDES), al Instituto Nacional de Sordos, el Instituto Nacional de Ciegos y la Liga Colombiana de Autismo, responder nueve preguntas sobre en qué casos la discapacidad requiere una educación especial, el tipo de capacitación que requieren los profesores para lograr una educación inclusiva, las medidas o ajustes que se necesitarían para lograrlo, entre otras.
Inscribirse en alguna carrera profesional es asunto muy importante en lo individual y familiar, también social y gubernamentalmente pues tener matrícula en este nivel educativo es estratégico para el desarrollo integral de cualquier nación. El problema es la incapacidad para atender la demanda de todos los aspirantes a instituciones de educación superior (IES) mexicanas.
En planeación de la educación hay dos indicadores relacionados al respecto: absorción y cobertura. El primero refiere al número de alumnos inscritos en primer semestre de alguna carrera o IES (Tecnológico, Universidad, Escuela Normal) o Subsistema o a nivel estatal o nacional respecto al número de egresados de bachillerato; el segundo es la matrícula registrada oficialmente respecto a la población total entre 18 a 22 años.
Las cifras oficiales son: La absorción a nivel país para los últimos tres ciclos escolares es de 79.5%, 76.0% y 75.5% respectivamente, es decir 3 de cada 4 bachilleres/preparatorianos ingresan a IES. En el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula nacional registra 4 millones 24 mil 401 alumnos; 174 mil 779 (4.12%) en Técnico Superior Universitario; 3 millones 915 mil 971 (92.26%) en Licenciatura; 52 mil 329 (1.23%) en Especialidad; 237 mil 331 (5.59%) en Maestría y 38 mil 770 (0.91%) en Doctorado; estudiando en 5 mil 343 IES. Para el ciclo escolar 2015-2016 fueron 4 millones 935 mil 080 alumnos del nivel medio superior en 20 mil 383 escuelas, terminan bachillerato o equivalente 68 de cada 100 que lo inician y la cobertura en el nivel medio superior es de 778 alumnos por cada mil habitantes entre 15 a 17 años. Calculando por semestre 2.28 veces más bachilleres que estudiantes de licenciatura. Para el ciclo escolar 2016-2017 a nivel nacional realizaron estudios superiores 323 alumnos de cada mil jóvenes con edades 18 a 22 años y uno de cada tres estudiantes está matriculado en alguna IES particular.
Resulta necesario incrementar la capacidad de ingreso a IES mexicanas aunque implique contratar más profesorado, más aulas, laboratorios, talleres y espacios administrativos, mayor inversión anual en la educación superior, ello es un proceso natural de crecimiento como la primaria, secundaria y media superior (educación obligatoria). Hay retos mayores asociados a dicho incremento como asegurar empleo suficiente, apropiado y bien remunerado a profesionistas pero este es un problema estructural de la economía mexicana por tanto es política de gobierno que el desarrollo de la educación superior ineludiblemente esté equiparable y asociado al macroeconómico y microeconómico. También debe considerarse la pertinencia de la oferta educativa pues no solo es tener mayor número de estudiantes en carreras saturadas sino planear aquellas nuevas necesarias a futuro, que la oferta educativa superior tenga la calidad esperada a nivel internacional y esté estrechamente vinculada al desarrollo humano sustentable. Es menester diseñar estrategias relacionadas entre absorción/cobertura, considerar la modalidad abierta o a distancia, pertinencia y diversificación de oferta educativa, actualizar la legislación en materia, procesos de investigación/vinculación más eficientes y sobre todo un modelo de financiamiento efectivo. Ello es nuestro apremiante reto.
“Ella, Juli, me convenció. Me hizo cambiar de idea. Me hizo entender que había una oportunidad para mí. Que podía salir adelante. Antes me drogaba, andaba robando, hacía mil maldades. Acepté internarme y salí para adelante. Entendí que tenía opciones. Ahora estoy acá”.
“Acá” es el barrio de siempre, el Salamanca al fondo de González Catán; la misma esquina con los mismos pibes que siguen consumiendo paco y robando. Pero para Walter, 16 años, ya no es lo mismo. “Juli” es Juliana Lombardi, de 26 años, una operadora territorial. Se podría decir que es una de los 15 “rescatistas” que andan por La Matanza para trabajar con chicos que cometieron delitos, fueron detenidos y la Justicia los declaró inimputables por ser menores de 16 años. Ella, como el resto de sus compañeros, tiene la misión de hacerlos comprender que el delito no es la única opción, que ellos tienen una segunda oportunidad en la vida.
En la Argentina existen programas estatales que muestran buenos resultados al trabajar cuerpo a cuerpo con adolescentes que tuvieron problemas con la ley penal. En La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires; en Mendoza y en Neuquén se aplican políticas públicas que apuntan a terminar con la reincidencia. Ejemplos que suelen dejarse de lado cuando ante un crimen cometido por un menor se plantea qué hacer con los adolescentes y la violencia.
Walter, su nombre es falso para proteger su identidad, llegó por una de las dos vías que tiene el programa Propiciar de La Matanza. Una organización barrial dio aviso de su situación. En el último robo la carátula fue también la de intento de homicidio. “Casi lo matamos”, cuenta un año y medio después. Fue declarado inimputable y volvió a su casa.
“Superman” hace un día que cumplió 16 años y tiene unos ojos negros que parecen ir a la velocidad de la luz debajo de la gorra que se niega a sacar. El llegó al programa derivado por la Justicia, la segunda vía para llegar al programa, y después de haber cometido varios robos. Pero al comienzo nada fue tan fácil.
“Estaba detonado en mi casa”, cuenta. “Superman” consumía pasta base y al escuchar que los asistentes sociales tocaban la puerta respondió con piedras. Ellos insistieron, fueron varias veces, hasta que un día los estaba esperando con mate y galletitas. Ese fue el inicio.
“Nuestro trabajo es consolidar un vínculo de confianza con ellos. A partir de eso se hace todo más fácil. Podemos pensar juntos que hay otra chance, otra posibilidad, otro proyecto de vida superador”, explica Juliana, que estudió trabajo social. Ella con un compañero, siempre se trabaja en dupla, tienen a su cargo a 35 chicos. Su tarea es acompañarlos para que estudien, les consiguen vacantes si no las tienen; los ayudan a internarse en comunidades terapéuticas cuando lo piden. El programa va recurriendo a otros organismos o planes del Estado. Walter cuenta que le gustaría ser peluquero. Lo descubrió en un taller ocupacional en su barrio. “Superman” es bueno rapeando, también lo supo en una actividad estatal.
Confianza. Los operadores establecen con los chicos que tuvieron problemas con la ley un lazo de confianza que es clave para cambiar de vida. Foto: Lucía Merle
El programa Propiciar es municipal, surgió en 2009 y tiene a 230 adolescentes. Está dentro del Envión, que pertenece a la Provincia y sólo en La Matanza contiene a 7.000 chicos con actividades de todo tipo que también funcionan como prevención. En ese municipio, por ejemplo, hay 670.000 menores de 17 años; solo 17 de ellos están encerrados por delitos.
El mapa de la Provincia mantiene esa proporción de jóvenes y delito. Según los últimos datos de la Corte Suprema provincial, en 2015 el 3,59% de los casos investigados en las fiscalías bonaerenses involucraron a menores de 18 años. Este porcentaje se mantiene estable desde 2009. El 7,13% de las causas fue por robo agravado por uso de armas y el 1,1% a homicidios, más de la mitad en grado de tentativa. La mayoría (87,88%) fue por amenazas, delitos contra la propiedad y lesiones.
En Neuquén, los chicos que llegan al programa provincial es por una derivación de la Asesoría Penal Juvenil por un delito grave o por reiteraciones. Un equipo técnico -formado por un psicólogo, un trabajador social y un operador de calle- analizan el hecho, cuáles son las vulnerabilidades del adolescente y deciden una estrategia. “Siempre hay dos ejes: la responsabilidad subjetiva ante el delito y la restitución de derechos. Porque no necesariamente todos los chicos menores de 16 años que cometieron delitos han sido vulnerados en sus derechos, pero sí la mayoría. Con esto me refiero a derecho a la educación, a la salud”, explica la psicóloga Adriana Belarra. del Programa que depende del Ministerio de Acción Social neuquino.
La iniciativa comenzó con un programa piloto hace tres años y la experiencia también les demostró que debían trabajar con los adolescentes y su entorno familiar . Actualmente tienen 8 chicos y, a lo largo de los tres años, pasaron 65. Los resultados dicen que 50 de ellos no reincidieron. Para Belarra, son varios los factores de éxito. “Es la primera vez, tanto para los adolescentes como para los adultos vinculados a ellos que encuentran un espacio para hablar, para trabajar sobre situaciones concretas. Los padres no saben cuáles son los límites favorables para ponerles”. El desafío es que el programa se extienda más allá de la capital.
En los últimos dos años, hubo dos casos que conmocionaron a los mendocinos: un chico de 15 mató a un hombre de 72 y otro de 11 acuchilló a sus padres, no los mató. “Más allá del debate que surgió, al Poder Ejecutivo le cabe la posibilidad del abordaje y la protección de los derechos de los menores de 16 en conflicto con la ley”, explica la subsecretaria de Desarrollo Social provincial. Y asegura que así lo hicieron.
“En el primer caso tuvimos que actuar sobre la urgencia, después creamos un programa que es una guardia permanente interdisciplinaria. Estamos en condiciones de decir que esas medidas sí funcionan y que no son necesarias medidas drásticas”, explica la funcionaria. “Las estrategias son individuales, dependen de cada caso y son efectivas porque los adolescentes superaron la situación, van a la escuela. Fueron también importantes los talleres para los padres”.
La pregunta que surge es si ese trabajo artesanal puede funcionar a gran escala. “Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley no son números tan grandes, en Mendoza ha habido dos en dos años. Por eso amerita una intervención personalizada, si fuera mucho más quizás se necesitarían acciones colectivas. La responsablidad del Estado es elaborar estrategia para no vulnerar los derechos adolescentes y que no lleguen a situaciones de delito”.
Rocío Rodríguez tiene 24 años, es de Isidro Casanova, estudió como Juliana asistencia social y todos los lunes arma su rutina laboral junto a otro de sus compañeros. Es un itinerario que la lleva por La Plata, Mercedes y Azul a visitar a los chicos encerrados en institutos. “Obviamente la situación de encierro deja huellas, sobre todo en los más chicos. Con ellos intentamos mostrarles otras situaciones. Lo que pasó ya está, pensar a partir de ahora cómo seguir.” “Una de las propuestas, para chicos con medidas de seguridad, es priorizar la salud porque muchos tienen un gran problema de consumo. Entonces ¿el encierro es la solución? Walter y “Superman” estuvieron en una comunidad terapéutica y hoy están en sus barrios, hacen actividades en la comunidad. Siguen el tratamiento de otra manera”, explica Agustín García, coordinador de Propiciar.
En la esquina. La reincidencia de los delitos en los adolescentes baja con programas de seguimiento y de restitución de derechos como la educación y la salud. Foto: Lucía Merle
“Me veía mal, arruinado. Me sentía solo. Vivía en la esquina. Después me invitaron a una comunidad y dije que “sí”, recuerda “Superman”. “Cuando él se internó por primera vez, pensé qué estaba haciendo yo. Pensé y pensé. Le dije a mi mamá. Pedí ir. Te entretenés y no estás en la esquina robando. Después mi hermano pidió ir. El estaba peor y cambió. Ahora está bien”, dice Walter y se acuerda exactamente cuando Superman volvió y todo cambió. “Estaba re bien, lo felicité. Yo andaba re mal”.
“Le dije: rescatate -recuerda “Superman”-. Después me invitó a drogarme y le respondí que mejor me iba a mi casa”. Mientras él se alejaba, Walter dice que pensó que si él pudo, él también podría. Ahora los dos están en la misma esquina, pero van a la escuela y no roban ni se drogan. “No estamos bien, bien”, dice Walter, “Pero cambiamos muchas cosas”.
RECUADRO: El debate
A principio de año, en la Argentina, se abrió el debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Una reforma de ley que muchas veces solo gira en torno a la baja de la ley de imputabilidad. Desde Unicef, su directora Florence Bauer explica que apoyan la reforma porque la ley actual no respeta los standares internacionales. “Recomendamos que tenga como objetivo la recuperación y reinserción del joven no desde la perspectiva punitiva. La baja de la edad es una medida excepcional. Son muchos los estudios que muestran que cuando un chico está privado de la libertad la probabilidad de reincidencia es muy alta. Hay que fortalecer los programas de intervención que se combinan con la ley de protección integral a los niños y adolescentes. La privación de la libertad debe ser un último recurso para los más graves”.
UNESCO/ 25 de julio de 2017/Fuente: http://www.telesurtv.net
La directora de Unesco, Irina Bokova, aseguró que las mujeres representan dos tercios de los 758 millones de adultos analfabetos del mundo, lo cual perjudica a todas las sociedades, frena el desarrollo y menoscaba los esfuerzos de paz.
«A 62 millones de niñas se les niega el derecho a la educación», enfatizó este lunes la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, durante su alocución en el auditorio de la Academia Diplomática de Chile.
Bakova manifestó su preocupación por la falta de aprendizaje que existe en unas 62 millones de niñas en todo el mundo en la actualidad, debido a que la educación es fundamental para el desarrollo y contribuye directamente a la reducción de la pobreza.
Durante su conferencia en la capital chilena, también mencionó que una de las principales causas para que ocurra la falta de formación en niñas, es la exclusión social en muchas comunidades.
Asimismo, resaltó que la falta de igualdad educacional entre niñas y niños a nivel mundial es una realidad que debe enfrentar las autoridades estadales y nacionales, por lo que Bakova alertó que 60 por ciento de los países han logrado la paridad en la educación primaria y sólo 38% en la secundaria.
«Las mujeres representan dos tercios de los 758 millones de adultos analfabetos del mundo, lo cual perjudica a todas las sociedades, frena el desarrollo y menoscaba los esfuerzos de paz», agregó Bokova.
La conferencia de la directora de Unesco estuvo referida a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que adoptó la ONU en 2015 y que contempla 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Líbano/25 de julio 2017/ Por: Iraitz Astarloa/Fuente: http://www.noticiasdealava.com
Con cuatro millones de habitantes, el país cuenta con otros dos millones de desplazados.
Una delegación vasca visitó la zona para conocer un proyecto educativo financiado por Gipuzkoa.
El 80% de los menores refugiados en Líbano no tiene acceso a la educación, o lo que es lo mismo, solo uno de cada cinco niños de familias refugiadas acude a la escuela. Estos datos fueron ofrecidos recientemente en Beirut por la directora general de la organización independiente que trabaja por el empoderamiento entre las comunidades palestina y libanesa PARD (The Popular Aid for Relief and Development) en Líbano, Rita Hamdan. Hamdan ofreció una visión general de la situación de los menores refugiados en una reunión con la delegación institucional guipuzcoana que hace unos días visitó este país de Oriente Medio.
El grupo, encabezado por el diputado de Cultura y Cooperación de Gipuzkoa, Denis Itxaso, lo completaban los directores de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Maribel Vaquero y Fernando San Martín, respectivamente, así como por representantes de todos los grupos junteros salvo el PP, que no pudo acudir. Los representantes institucionales acudieron a Líbano para conocer de primera mano el funcionamiento de un proyecto educativo financiado por la Diputación de Gipuzkoa y que se sitúa en la localidad de Tyro, al sur del país. Pero antes de ver in situ el proyecto, la delegación aprovechó para celebrar una serie de encuentros con los representantes del PARD así como del Pnoud, la entidad coordinada por naciones unidas, que brindaron una visión global de la situación de los desplazados que viven en Líbano.
En este punto, cabe destacar que pese a contar con tan solo cuatro millones de habitantes, en los dos últimos dos años han llegado hasta este país cerca de dos millones de refugiados, si bien tan solo la mitad están censados.
Además, la guerra de Siria y la masiva llegada de desplazados de los últimos meses no han hecho más que agravar una situación ya de por sí insostenible para los libaneses, que vienen absorbiendo desde el año 1948 un flujo migratorio constante de palestinos expulsados de su país. De hecho, se calcula que en la actualidad un total de 280.000 palestinos tratan de sobrevivir en un Líbano cada vez más hostil y en el que los recursos comienzan a agotarse para responder a la crisis humanitaria. Pese a que oficialmente hay doce campos de refugiados, existen también otros 42 asentamientos informales que no cuentan con la supervisión ni de la ONU ni de Acnur.
La barriada de Sabra es buen ejemplo de ello. La delegación guipuzcoana tuvo la oportunidad de visitar el asentamiento, de recorrer sus angostas calles en las que el alcantarillado brilla por su ausencia y el cableado eléctrico sobrevuela las cabezas de los escasos visitantes que se dejan ver en esta deteriorada zona de Beirut. Aquí la huella de la guerra civil libanesa (1975-1990) permanece sellada en las fachadas en forma de orificio de bala y donde gran parte de los niños vagan sin rumbo por las calles dejando que pasen los días mientras sus padres logran unas pocas libras con las que sobrellevar un día más. En este desalentador núcleo se centran muchos de los esfuerzos llevados a cabo por el PARD para la escolarización de los más pequeños. Buen ejemplo de ello es el Daouk Kinder Garden, un centro preescolar dirigido a niños de entre tres y seis años, mayoritariamente palestinos, aunque ante la llegada masiva de refugiados sirios también han comenzado a responder a esta necesidad.
“El acceso a la educación para estas personas es muy difícil”, cuenta Hamdan, quien denuncia que “la población refugiada palestina en Líbano es la única en el mundo que no tiene derechos”. “Se acepta su derecho al retorno, pero no que puedan acceder a la educación, a la sanidad o al resto de derechos humanos”, asevera. Tanto es así que, pese a que los primeros palestinos llegaron a Líbano en 1948 y aunque ya hay dos generaciones de palestinos nacidos en Líbano, a estos se les deniega la nacionalidad libanesa.
Tampoco tienen acceso normalizado al mercado laboral y, en la actualidad, tienen vetadas hasta un total de 74 profesiones. Ni siquiera pueden votar ni tienen representación política en un país que se resiste a actualizar el censo llevado a cabo en la década de los 60 para evitar así que cristianos maronitas, chiíes y sunitas, repartidos en las funciones del poder, pierdan peso en el statu quo creado. El periodo escolar ha terminado ya, pero en Daouk Kinder Garden la actividad no cesa. Las aulas continúan abiertas. “Muchos de ellos se han visto obligados a huir de sus casas y no han tenido la oportunidad de ir nunca a la escuela”, enfatiza Hamdan, quien insiste en que la labor en el aula va más allá de la educación y sirve muchas veces también como “terapia para superar los horrores que han vivido”.
Subsistencia Pero la faceta educativa no es la única que trabaja el PARD. La ONG ofrece una ayuda mensual de 27 dólares a las familias para que puedan hacerse cargo de su alimentación. “Esta gente no tiene ahorros. Lo poco que ingresan se lo tienen que gastar en un alquiler. No pueden gastárselo en comida ni para ellos ni para sus hijos”, precisó. De esta forma, el PARD consigue cubrir dos de las necesidades básicas de la población palestina en el exilio. Pero además, las ONG trabajan para conseguir que los habitantes de estos guetos cambien determinados hábitos. Así, en el último año se ha llevado a cabo una campaña de concienciación en un total de 2.400 casas con el objetivo de reducir las basuras de las calles. Con mucho trabajo de sensibilización ambiental y basándose en algunas de las enseñanzas del profeta Mahoma relacionadas con la naturaleza, se ha logrado que las familias de cuatro campos reciclen. Algo similar a ocurrido con el aprovechamiento de la escasa agua potable de la que disponen los asentamientos, fuente de conflicto con la población libanesa, que acusa a los refugiados de “robarles” el agua.
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