Alumnos de al menos 16 escuelas, mayoritariamente primarias, de Maputo, Gaza e Inhambane, tienen clubes ambientales, foros de intercambio y discusión de mecanismos de preservación de la naturaleza y minimización de los efectos del cambio climático.
Los clubes están siendo instalados desde 2015 en una coordinación entre el Ministerio de Educación y Desarrollo Humano y Kulima, una organización no gubernamental que trabaja en cuestiones en el área de desarrollo sostenible.
De los 16 órganos ambientales, dos acaban de ser creados este año y el día 13 de julio los niños involucrados y los respectivos profesores coordinadores fueron capacitados sobre preservación del medio, cambios climáticos y uso de energías nuevas y renovables, como lámparas solares.
La capacitación abarcó también el uso de cocinas mejoradas que ahorrna leña y / o carbón, contribuyendo a la reducción del sacrificio de árboles.
Anathalie Musabyrariya, de Kulima, dijo que la idea de los clubes en las escuelas es diseminar las buenas prácticas ambientales en los niños y potenciar su carácter movilizador a los hermanos mayores, el país, las familias y la comunidad.
Se cree que educando a los menores se puede conseguir tener una futura generación más concienciada de los problemas ambientales y que conozcan que cuidados prestar a la naturaleza. Otra ventaja es que los niños fácilmente enseñan a los mayores con los que interactúan diariamente.
Los dos nuevos clubes ambientales están en las Escuelas Primarias Unidad 25 y Secundaria Sansão Muthemba, ambas ubicadas en el distrito municipal de KaMaxaquene, en la ciudad de Maputo.
Artur Dombo, director de Educación y Cultura en esa área de la capital, dijo que los clubes ambientales desempeñan un papel muy importante en la medida en que difunden buenas prácticas en los niños y éstas las llevan a las familias y comunidades en las que viven.
Aseguró que las enseñanzas ya comenzaron a cambiar la actitud de los menores, habiendo hoy mayor conciencia sobre los cuidados a tener con el ambiente que se traducen en la plantación de árboles y jardinería de las escuelas.
África/Julio de 2017/Autor: Euskal Herrico Batzordea/Fuente: UNICEF
UNICEF acaba de lanzar el informe “En busca de oportunidades: voces de niños en tránsito en África Occidental y Central”, construido a través de entrevistas a niños y niñas migrantes y sus familias. Lo primero que se destaca de este trabajo internacional es la magnitud y la rotundidad de las cifras: hay 12 millones de personas en tránsito en África, 12 millones de migrantes que huyen de la violencia, de la pobreza o de la falta de oportunidades. 12 millones de personas cuyo destino principal no es Europa: 3 de cada 4 se quedan en África.
Esa cifra no significa que este continente, máximo exponente del bienestar deseado, deba quedarse de brazos cruzados. Es responsabilidad de los líderes mundiales dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de un continente castigado.
Entre las razones que precipitan el flujo migratorio, de hecho, se encuentra el cambio climático. Irónicamente los países en desarrollo son quienes pagan las facturas que generan los países industrializados. África sufre sequías e inundaciones, que provocan desplazamientos de miles de personas por no hallar la forma de subsistir en su hogar. La temperatura en África subirá entre 3 y 4 grados durante este siglo, bastante más que la media en el resto del mundo.
La extrema urbanización y superpoblación son a la vez causa y consecuencia de los flujos migratorios. Para finales de siglo se prevé que la población africana ascienda a la cifra de 4,2 billones de personas (hoy son 1,1 billones de personas). Sin llegar tan lejos, hoy en día las grandes ciudades presentan síntomas de saturación. Las ciudades reciben a migrantes ansiosos por encontrar un modo de vida y poder mantener a su familia en el lugar de origen. La falta de recursos y de espacio provoca hacinamiento y riesgo para la salud de las personas. En el caso de los niños y niñas, su situación puede quedar oculta en el día a día de una gran urbe, donde las problemáticas individuales se invisibilizan.
La búsqueda de un mejor futuro para una familia pasa indudablemente por la educación. Elemento motor que motiva a emprender un camino peligroso e incierto. De hecho, UNICEF ha podido constatar que los migrantes persiguen continuar sus estudios, acceder a universidades europeas –para aquellos que logran llegar a Europa- o simplemente, acceder a una educación de mejor calidad. La educación es uno de los pilares sobre los que se sustenta el desarrollo humano.
Por todo ello, y porque la migración también tiene sus beneficios, siempre que se legal y vaya acompañada de una protección a las personas en tránsito y en especial a los niños y niñas, UNICEF vuelve a poner en valor su Agendabasada en 6 puntos, entre los que destacan el establecimiento de un sistema de protección a la infancia, la promoción de medidas para luchar contra la xenofobia o la marginación en los países de tránsito y destino o una exigencia para que se actúe sobre las causas subyacentes de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.
La UNESCO ha publicado nuevas orientaciones de base empírica en lo tocante al papel crucial que desempeña la educación en la prevención de los embarazos precoces y no deseados, así como en la atención sobre cuestiones vinculadas con éstos.
La publicación de las notas técnicas “Early and unintended pregnancy: Recommendations for the education sector” (Recomendaciones del Sector de Educación de la UNESCO para la prevención de los embarazos precoces y no deseados) coincide con la Cumbre de Planificación Familiar de Londres que tendrá lugar el 10 de julio de 2017, en la que la UNESCO ratificará su compromiso de apoyar la contribución de los sectores nacionales de la educación para erradicar el VIH/SIDA y contribuir a una mejor salud y bienestar para todos los niños y jóvenes y, en particular, para las niñas.
Los países en vías de desarrollo representan el 95% de los nacimientos entre las madres adolescentes, y las niñas tienen 5 veces más probabilidades de convertirse en madres cuando tienen un bajo nivel educativo. Los embarazos precoces y no deseados tienen efectos perjudiciales en la vida de las niñas adolescentes en términos de salud, situación socioeconómica y rendimiento escolar. Los riesgos fundamentales son la expulsión de la escuela y del hogar, la estigmatización por parte de la familia, la vulnerabilidad ante la violencia, la mayor pobreza y la mortalidad entre las madres y complicaciones de salud. De hecho, las complicaciones vinculadas al embarazo y al parto constituyen la segunda causa de mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, con unas 70,000 adolescentes afectadas cada año.
Una mayor escolarización conlleva a reducir la fecundidad
La educación puede contribuir a abordar esta cuestión con eficacia, ya que cada año de educación adicional conlleva a una reducción de la fecundidad de un 10 %. En la India, se llevó a cabo un estudio de 58 programas que demostró que las niñas escolarizadas en el nivel de secundaria tenían un 70% menos de probabilidades de contraer matrimonios precoces con respecto a las niñas analfabetas.
No obstante, hoy día, no existen orientaciones operacionales para el sector educativo sobre cómo hacer frente a los embarazos precoces y no deseados. El informe técnico establece cinco ámbitos prioritarios de acción, que promueven políticas de reinserción, la educación integral en materia de sexualidad para la prevención del embarazo, el acceso a servicios de salud escolar y un entorno escolar seguro para las niñas.
«El embarazo debe ser abordado desde el espectro más amplio de las capacidades para la vida o de educación sexual, y no como un tema aislado y diferente», afirmó Joanna Herat, responsable principal del Proyecto de la UNESCO. «Integrarlo en las competencias para la vida o en la educación sexual, significa también que el tema se aborde tanto con las niñas como con los niños – reconociéndose a la vez que los alumnos de ambos sexos deben desempeñar un papel en la toma de decisiones sobre una vida sexual sana, tanto en el presente como en el futuro».
Los ministerios de educación deben enviar mensajes contundentes
La nota técnica, elaborada por la UNESCO conjuntamente con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Fundación Ford y Step Up, Consolidación de los datos empíricos con miras a una planificación de los embarazos no deseados, está basada en un estudio pormenorizado de examen de datos y recomendaciones.
El objetivo de dicho examen es ayudar a los ministerios de educación y a las personas interesadas del sector de la educación a comprender los efectos de los embarazos precoces y no deseados, así como las acciones necesarias que se deben emprender para prevenirlos, a la vez que garantiza que todas las niñas, fundamentalmente las que están embarazadas y las que son madres, puedan hacer valer el derecho a la educación en un entorno escolar seguro y adecuado.
Los ministerios de educación y las personas interesadas que trabajan en colaboración pueden lograr un cambio sostenible en materia de prevención y de atención de los embarazos precoces y no deseados. Aunque se han logrado avances considerables para mejorar el acceso y la permanencia de las niñas en el sistema escolar, la implementación de políticas relativas a los embarazos precoces y no deseados debe ser reforzada con miras a garantizar que las niñas continúen su educación en entornos seguros y adecuados.
Por otra parte, hacer frente a los embarazos precoces y no deseados contribuye a la consecución de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentalmente en la lucha contra la pobreza y en la promoción de modos de vida más saludables, así como en pos de la igualdad de género y de la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas.
La Cumbre de la Planificación Familiar de Londres representa una oportunidad para que la UNESCO refuerce su colaboración con otros asociados y firme la Declaración Mundial de datos relacionados con los adolescentes. Este nuevo compromiso garantizará mejorar la recopilación, la utilización y la elaboración de informes con miras a satisfacer las necesidades en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, mediante políticas y programas más eficaces.
América del Norte/EEUU/Julio del 2017/Noticias/https://theconversation.com/
The Supreme Court recently decided that Trinity Lutheran Church should be eligible for a Missouri state grant covering the cost of recycled playground surfaces. Though the state originally rejected the church’s application on grounds of separation of church and state, the Supreme Court ruled that this rejection was, in fact, religious discrimination.
The case’s impact will probably reach well beyond playgrounds.
As a scholar of education law, I’ve been following the Trinity Lutheran case and what it could mean for the hottest issue in education: school choice. Where in the past states have decided for themselves whether religious schools are eligible for school vouchers and scholarship tax credits, the Trinity Lutheran decision likely signals that the Supreme Court will soon require states to include religious private schools in their programs.
This would be a huge win for school choice advocates and would complete a revolution in the Supreme Court’s understanding of the law on government funding of religious institutions.
Activist group Concerned Women for America shows support for Trinity Luthern Church in front of the Supreme Court in Washington, D.C.AP Photo/J. Scott Applewhite
Of church playgrounds and discrimination
In 1995, Missouri established a program offering reimbursement grantsto qualifying nonprofits that installed playground surfaces made from recycled tires. Trinity Lutheran Church, which runs a preschool and daycare center, applied for a grant in 2012, but the state rejected the church’s application. Why? The Missouri Constitution states that “no money shall ever be taken from the public treasury, directly or indirectly, in aid of any church, sect or denomination of religion.”
Trinity Lutheran challenged the state’s decision as a violation of the Free Exercise Clause, and in June the U.S. Supreme Court agreed.
The Scrap Tire Surface Material Grant was awarded to two applicants in the 2017 fiscal year.ssedro, CC BY-NC-ND
This result will strike many as intuitively correct. A playground is a playground whether or not it’s run by a church, so the threat to separation of church and state seems slim, and the cry of religious discrimination seems plausible.
The case’s reasoning, however, may signal a significant shift in how the law views the separation of church and state. To understand why, we need to review some history.
1784: Three pence to religious education
In 1785, James Madison wrote his ‘Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments,’ asserting that religion should be kept separate from government.Library of Congress
On the question of funding religion with tax money, Madison asked: “Who does not see that the same authority which can force a citizen to contribute three pence only of his property for the support of any one establishment, may force him to conform to any other establishment in all cases whatsoever?”
In applying the Establishment Clause to states for the first time, the justices in the Everson case emphasized Madison’s objections to the Virginia tax in concluding that the framers of the Constitution had intended to establish “a wall of separation between Church and State.”
“No tax in any amount, large or small, can be levied to support any religious activities or institutions, whatever they may be called, or whatever form they may adopt to teach or practice religion.”
The Supreme Court changes its tune
Until the mid-1980s, the Supreme Court mostly adhered to the no-funding mantra announced in the Everson case. Gradually, however, the court’s commitment to such hard-line separation waned.
Much of this came down to a shift in perception: The 21st century is very different from the world of the 1780s, where government was small and taxes relatively rare. Today, government is pervasive, and government money flows to a wide range of institutions. Increasingly, the Supreme Court recognized that allowing some money to flow to religious institutions via general government grant programs was quite differentfrom the Virginia tax Madison had opposed.
By 2002, the court had settled on its current approach to the Establishment Clause – an approach much more permissive than what was laid out in the 1947 Everson case.
Fast-forward to 2017, and seven justices agreed that giving Trinity Lutheran Church its playground grant would not violate the federal Establishment Clause. (Justices Sonia Sotomayor and Ruth Bader Ginsburg dissented on this point.)
Ralph Reed, chairman, Faith & Freedom Coalition, pictured at an event in 2014, has spoken in favor of Trinity Lutheran Church.AP Photo/Molly Riley
State bans on funding religion
So, the Supreme Court now holds a more forgiving position when it comes to separation of church and state. But what about individual states?
Nearly every state has provisions in its constitution that address state support for religion, and many of these provisions (like Missouri’s) are more stringently worded than the federal Establishment Clause. Such a provision is exactly why students in Vermont can’t use state funds to attend religious schools. It’s also, perhaps, why some states have not yet adopted voucher policies: Voucher advocates tend to want religious schools to be eligible, but state constitutions often stand in the way.
So, what happens if state constitutional law is more separationist than the Supreme Court’s current reading of the Establishment Clause?
The Supreme Court faced this question once before in Locke v. Davey(2004). The state of Washington offered “Promise Scholarships” to students meeting certain academic and income criteria, and college student Joshua Davey met those criteria. He lost the scholarship, however, when he declared a major in “pastoral ministries” because Washington understood its state constitution to ban the use of public money to support the pursuit of any degree in “devotional theology.” In other words, Washington was taking a stringent view on separation of church and state.
Joshua Davey speaks to reporters outside the Supreme Court in Washington, D.C. in 2003.AP Photo/Dennis Cook
Davey argued that excluding ministry students from the scholarship opportunity was a kind of religious discrimination, violating his right to freely exercise his religion.
The Supreme Court ruled 7 to 2 against Davey. Chief Justice William Rehnquist explained that in a federal system, states should have the right to insist on greater separation of church and state than the federal Establishment Clause requires.
While federal law would not prevent Washington from giving Davey a scholarship, the state could also choose to uphold its stricter separation – without violating the Free Exercise Clause. In other words, just because Washington could fund Davey didn’t mean that it had to.
Does separationism equal discrimination?
Since 2004, lower courts have generally interpreted Locke v. Davey to say that states may choose to exclude religious applicants from public funding programs. Trinity Lutheran will change that.
At least six justices agreed that Missouri’s exclusion of the church from its grant program was religious discrimination, pure and simple – and that this trumps the state’s desire to enforce a strict separation of church and state. Justice Roberts determined that the judgment in Locke did not apply here, as the discrimination alleged in the two cases was different. Justices Thomas and Gorsuch suggested that there was improper religious discrimination in both cases.
Despite their different views of Locke, these justices agreed that the court was required to analyze Missouri’s grant denial under “strict scrutiny.” This is the same level of review the court would give to, for instance, an express ban on Muslims entering the country.
In his opinion in the case, Justice Roberts stressed the differences between Locke v. Davey and Trinity Lutheran Church v. Comer.AP Photo/Stephan Savoia
This is remarkable. Though Joshua Davey had asked the court to review Washington’s scholarship policy under strict scrutiny, the court declined to do so. In that decision, the justices determined that separation of church and state and religious discrimination were horses of a different color. The Trinity Lutheran decision suggests that, at least in the context of general funding programs, the court will now view separation of church and state – a position the court once wholeheartedly embraced – as a kind of religious discrimination.
What happens next?
Standing against this reading of the Trinity Lutheran decision is… well, a footnote. Footnote 3 in Justice Roberts’ opinion reads:
“This case involves express discrimination based on religious identity with respect to playground resurfacing. We do not address religious uses of funding or other forms of discrimination.”
The footnote suggests that the implications of the decision are narrow and shouldn’t be applied to, say, school vouchers. But it’s hard to reconcile the footnote with the seemingly widespread ramifications of the opinion’s text.
Indeed, the day after deciding the Trinity Lutheran case, the Supreme Court vacated four lower court decisions in Colorado and New Mexicothat allowed the exclusion of religious schools from general aid programs. The state courts had based their rulings on separationist language in their state constitutions, but the Supreme Court asked the states to reexamine those decisions in light of Trinity Lutheran. Given the Supreme Court’s treatment of these cases, Footnote 3 may not be much of a limitation after all.
The Colorado and New Mexico courts will have the first shot at deciding what Trinity Lutheran means for school choice. In my view, though, the Trinity Lutheran case signals that the Supreme Court will now generally treat separationist exclusions of religious institutions from government funding as religious discrimination.
If that’s right, we’ll soon have completely flipped the law on government funding of religious schools. Where it had once seemed fairly clear that government money could not be used to support religious instruction at all, it may be only a matter of time before the Supreme Court requires voucher programs to treat religious schools the same as their secular peers.
La falta de fondos amenaza la educación de millones de niños atrapados en conflictos o desastres, dijo hoy UNICEF con motivo de la cumbre del G20 en Hamburgo.
De los 932 millones de dólares necesarios este año para sus programas de educación en los países que se encuentran en una situación de emergencia, UNICEF ha recibido hasta ahora contribuciones voluntarias de menos de 115 millones de dólares . Los fondos son necesarios para que 9,2 millones de niños afectados por las crisis humanitarias tengan acceso a la educación básica formal y no formal .
“Cuando no reciben instrucción, los niños crecen sin el conocimiento y las habilidades que necesitan para contribuir a la paz y el desarrollo de sus países y sus economías, agravando una situación que ya resulta desesperada para millones de niños”, dijo Muzoon Almellehan, la más reciente –y más joven– Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, que se encuentra en Hamburgo, Alemania, para representar a la organización en la Cumbre del G20. “Para los millones de niños que crecen en zonas de guerra, las amenazas son aún más desalentadoras: no ir a la escuela conlleva que los niños sean vulnerables al matrimonio temprano, al trabajo infantil y al reclutamiento por parte de las fuerzas armadas”.
Los déficits en la financiación para los programas de educación de UNICEF en algunos de los lugares más complicados del mundo varían del 36% en el Iraq al 64% en Siria, el 74% en el Yemen y el 78% en la República Centroafricana.
La búsqueda de oportunidades educativas ha sido citada como uno de los factores que impulsan a las familias y los niños a huir de sus hogares, a menudo con gran riesgo para sus vidas. Una encuesta sobre los niños refugiados y migrantes en Italia reveló que un 38% se dirigían a Europa para tener acceso a oportunidades de aprendizaje. Una encuesta similar en Grecia mostró que uno de cada tres progenitores o cuidadores dijeron que procurar una educación a sus hijos era la razón principal por la que dejaron sus países y viajaron a Europa.
Para los niños que han sufrido el trauma de la guerra y el desplazamiento, la educación puede ser un asunto de vida o muerte.
“Cuando hui de Siria en 2013 me aterrorizaba la idea de no poder regresar nunca a la escuela. Pero cuando llegué a Jordania y me di cuenta de que había una escuela en el campamento, me sentí aliviada y esperanzada”, dijo Muzoon. “Para los niños y niñas como yo, la escuelas es un salvavidas y nos ofrece la oportunidad de un futuro pacífico y positivo”.
Como activista en favor de la educación y refugiada siria, Muzoon se une a UNICEF para hablar en nombre de los millones de niños que han quedado desarraigados a causa de un conflicto y no pueden acudir a la escuela.
“Insto a los líderes mundiales a invertir en el futuro de los niños que viven en situaciones de emergencia, y que al hacerlo inviertan en el futuro de nuestro mundo”, dijo Muzoon.
Sochi (Rusia) acogerá la XIX edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (FMJE) del 14 al 22 de octubre de 2017, un evento que coordina la Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD) y ofrece a las juventudes del mundo objetivos de carácter global, como la consolidación del movimiento juvenil mundial bajo los principios de justicia, cooperación y el fortalecimiento de las relaciones entre naciones y culturas.
Durante esos días, miles de participantes de más de 150 naciones del mundo se econtrarán en la ciudad anfitriona de los XXII Juegos Olímpicos de Invierno en 2014. El lugar alojará a representantes de organizaciones políticas, no gubernamentales, estudiantiles, científicas y de otros sectores, además de a personalidades, líderes mundiales y ‘veteranos’ de un movimiento en el que participarán algunos de los jóvenes que luego formarán parte de la futura elite mundial.
«Es mejor ver una vez que escuchar mil veces»
Grigori Petushkov, presidente del Comité Nacional Preparatorio (CNP) de Rusia, explicó a RT que su país «espera una gran diversidad de jóvenes y, al igual que después de los festivales de 1957 y 1985, nuestro objetivo fundamental es que la juventud rusa haga amistades por todo el mundo«.
Petushkov manifestó que «todos conocen la hospitalidad de Rusia», con lo cual este festival será «una muy buena posibilidad» para mostrar al mundo la realidad de este país «a través de su cultura, su educación, su historia» y «su capacidad de forjar amistades».
El presidente del CNP ruso utilizó un proverbio nacional para expresar el deseo de los organizadores de que los jóvenes del mundo vean con sus propios ojos qué es Rusia: «Es mejor ver una vez que escuchar mil veces».
«A Girl with Guitar» is the first feature film dedicated to the World Festival of Youth and Students of 1957. pic.twitter.com/baaDNvvFIa
Por su parte, el presidente del Comité Preparatorio de Venezuela, Héctor Rodríguez, expresó que este encuentro «posee una gran relevancia para la juventud latinoamericana, especialmente para la venezolana».
Además, recordó que en la última década Latinoamérica acogió dos ediciones —Venezuela 2005 y Ecuador 2013—, unos hechos que «no consideramos casuales, sino la demostración de cómo el continente y nuestra juventud se ha puesto a la vanguardia de las luchas de los pueblos que defienden su derecho a la autodeterminación y la soberanía».
Hernández subrayó que esta edición «se desarrollará en un contexto histórico», a los 70 años del primer FMJE que tuvo lugar en Praga (1947) y un siglo después de la Revolución de Octubre, aunado a la realidad del «constante ataque que hoy sufren nuestro país y los procesos de integración de nuestra región por parte del imperialismo mundial».
Entre los grandes objetivos que se plantean los organizadores del evento está la refundación de la Unión Internacional de Estudiantes, una decisión que «tomarán las organizaciones estudiantiles», confirmó Petushkov.
Esta será la tercera vez que Rusia se convierte en anfitrión del mayor evento juvenil del mundo.
México/Julio de 2017/Autora: Joana Maldonado/Fuente: La Jornada Maya
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció el primer Parlamento Estatal del Magisterio Indígena para hablantes de la lengua materna que se realizará en Quintana Roo, entidad que atiende a más de mil 200 estudiantes de educación inicial, preescolar y primaria en cinco de los 11 municipios del estado. Ésta fue promovida por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en coordinación con la dirigencia seccional.
El secretario general de la sección 25 del SNTE, Fermín Pérez Hernández, anunció que dicha iniciativa se alista para septiembre u octubre, la cual tendrá como objetivo reunir a maestras y maestros que atienden la educación indígena para establecer acuerdos y conclusiones sobre las necesidades pedagógicas y laborales que presenta el nivel.
Recientemente, dijo, miembros del Colegiado Nacional de Educación Indígena, Julio López Martínez y Karenina Velez Arellano, arribaron al estado para definir los primeros acuerdos para desarrollar dicho Parlamento para hablantes de la lengua maya en tres niveles educativos: inicial, preescolar y primaria.
Explicó que algunos de los temas que serán abordados, son el de estrategias didácticas; la guía para docentes de educación indígena elaborada por el SNTE, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); los consejos de participación social; el Sistema Nacional de Profesionalización (Sinadep), y educación indígena y comunicación, que son parte de la agenda del Colegiado Nacional de Educación Indígena.
El dirigente magisterial, apuntó que este Parlamento tiene como antecedente dos congresos a nivel nacional en el que han participado representantes de los más de 60 mil maestras y maestros del país que imparten este nivel educativo.
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