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La buena educación de los chicos es buena para la salud social

Por: Elena Simón

No se les puede seguir alimentando con el tocino y la manteca del machismo, porque este engorda demasiado y, como no puede exigir privilegios e impunidad por ser hombre, se desborda por otros lados muy dañinos.

El concepto de “buena educación” ha cambiado, pasando de tener un carácter de élite distinguida pasada por colegios distinguidos de élite y por universidades minoritarias, a ser patrimonio de toda la humanidad y, más concretamente en los países democráticos, a ser universal y extendida en el tiempo, con un currículum que excede con mucho el hecho de saber leer escribir y contar. En esta educación actual debería de contemplarse muy en serio el hecho de un currículo coeducativo que ponga a mujeres y hombres en el lugar que les corresponde como mitad de la humanidad que somos unos y otras, archivando definitivamente los estudios y lenguajes que presuponen que los hombres y lo masculino dominante y hegemónico representan al conjunto de la humanidad: a los hombres dominados o no hegemónicos y a todas las mujeres de cualquier clase y condición.

Según las reglas del juego democrático, no nos salen las cuentas: una minoría invade y domina el currículo de la totalidad de la población y, en particular, articula un lenguaje simbólico para todos los varones y es que ellos son los hacedores de lo humano, dominan la naturaleza y el conocimiento, son visibles en todas las estanterías de la cultura y del poder y libres para hacer lo que deseen, incluyendo la colonización de las mujeres, con lo que ello comporta de apropiación indebida y de abuso.

Los niños y los jóvenes varones actuales no necesitan más de gestas victoriosas y de modelos de prepotencia, porque la sociedad actual les reclama para la cooperación, la corresponsabilidad, el amor como empatía y el éxito relacional placentero y constructivo. La superioridad indiscutida y la prepotencia que de ello se deriva, – conocida como machismo- han caído en desgracia. En este momento no es un timbre de gloria ser o ejercer de machista. Incluso algunas de sus acciones son condenadas, tipificadas como delito y penalizadas conforme a leyes recientes.

Así es que es evidente que a los niños y a los jóvenes varones no se les puede seguir alimentando con el tocino y la manteca del machismo, porque este engorda demasiado y, como no puede exigir privilegios e impunidad por ser hombre, se desborda por otros lados muy dañinos, incluso para ellos mismos. Los chicos han de comenzar a aprender muchas de las cuestiones que se les enseñaba solo a las niñas y a las jóvenes, para que cubrieran las necesidades, gustos, deseos o caprichos de quienes les rodeaban, especialmente de los hombres de su entorno.

A ellas seguimos haciéndolas “seres para otros”, mediante la Ley del Agrado. Pero a ellos les enfatizamos el “ser para sí mismos”, que aprenden unos de otros y unos con otros, tanto intra como intergeneracionalmente. Mientras tanto prevenimos a las chicas contra sus iguales los varones como “peligrosos”, pero no ponemos el espejo frente a la masculinidad hegemónica y heredada por los cuatro costados, para no repetirla. De este modo se reproduce como por esporas y, sobre todo, mediante alianzas explícitas e implícitas entre varones tintadas de misoginia, que excluyen a las mujeres como sus iguales. La mayoría de los chicos siguen desarrollando la “Ley del dominio” en las múltiples facetas de sus vidas, mirándose en sus iguales.

La buena y nueva educación para los niños y los chicos de estos tiempos convulsos que vivimos tendría que romper con la falsa creencia de que los comportamientos violentos frecuentes entre los hombres tienen su causa en la testosterona y que eso no tiene remedio; así es que hay que seguir previniendo a las chicas “por su bien” para que no provoquen y no se expongan.

Para lograr, al menos, una mejor educación masculina de la que tienen ahora, ya que una mayoría de ellos carecen de ciertos aprendizajes necesarios para la autonomía y el equilibrio personal, sin tener que dominar o seducir a nadie para conseguir adhesión y servicio; para lograr al menos una mejor educación masculina, propongo incidir en las siguientes líneas educativas para los chicos:
  1. Desarrollo de la empatía hacia sus personas próximas.
  2. Neutralización del estrés y la ansiedad producida por la obsesión en conseguir ser los primeros a costa de lo que sea, incluso de sus propias vidas o de vidas ajenas.
  3. Adquisición de habilidades de autocuidado de su salud, higiene, aspecto y entorno inmediato.
  4. Aprendizaje de destrezas para el cuidado de cosas y personas.
  5. Disminución del nivel de agresividad verbal y gestual.
  6. Manejo positivo de las emociones agresivas o negativas para que no deriven en actitudes violentas y dicotómicas (ganar-perder) y en soluciones inadecuadas a los conflictos vitales e interpersonales.

Siempre vamos diciendo que toda mejora humana es cuestión de educación y que hay que salir de la zona de confort para innovar, pero no ponemos en cuestión que las inercias androcéntricas, misóginas, machistas y sexistas se reasientan en su zona de confort y están normalizadas en los centros educativos de cualquier nivel.

En estos tiempos y lugares que habitamos podemos afirmar que son perjudiciales para la salud física, mental y social, mucho más que el tabaco.

Fuente noticia: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/12/18/la-buena-educacion-de-los-chicos-es-buena-para-la-salud-social/

Fuente imagen: http://labuenaeducacion.pe/repositorio/PG-205—FOTO-BANNER.jpg

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Internacional de la Educación debate sobre privatización en el Foro Social Mundial 2018

Internacional de la Educación – Brasil/ 17 de abril de 2018/Fuente: http://www.ei-ie-al.org

La Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) participó en la décima tercera edición del Foro Social Mundial en Salvador de Bahía, Brasil

En el Foro Social Mundial, se realizó la mesa de discusión “La educación en el mundo globalizado en tiempos de retroceso y privatización”, organizada por la Internacional de la Educación como parte de las actividades del Foro Social Mundial 2018, en Salvador de Bahía, Brasil.

La mesa de discusión incluyó representantes de la Internacional de la Educación, de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina y grupos sindicales afiliados a la IEAL.

Fátima Silva, Vicepresidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, dio inicio a las exposiciones de la mesa. Silva destacó la labor realizada a través de la campaña “Educar, no lucrar”, para enfrentar las iniciativas que impulsan la  privatización y mercantilización de la educación pública en la región.

Combertty Rodríguez, coordinador principal del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, criticó las alianzas público-privadas, las cuales señaló como una estrategia privatizadora en la que el sector público pone los recursos y el privado lucra.

Mar Candela, oficial de proyecto de la Internacional de la Educación, afirmó que las empresas privadas tienen cada vez más protagonismo e influencia en la espacios de proposición de políticas educativas, alterando la relación del Estado con el sector de educación. “Articulan una narrativa que habla de superioridad de la educación privada frente a la educación pública, como si las escuelas privadas tuviesen mayor eficiencia y mejores resultados en los procesos educativos, construyendo una narrativa que no está respaldada por las evidencias”, expresó Candela en referencia a los sectores privatizadores.

Intercambio de experiencias

En la mesa destacó la participación de Wilson Sossion, Secretario General del Sindicato Nacional de Profesores de Kenia (KNUT). Sossion expuso la situación de las estrategias privatizadoras en el país africano, realizadas con apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

“En 2009 un grupo apoyado por el Banco Mundial y por muchos conglomerados se estableció silenciosamente en Kenia. En un corto periodo de tiempo crearon 470 escuelas”, explicó Sossion refiriéndose a la estrategia privatizadora. Recientemente Sossion fue absuelto de una denuncia por difamación interpuesta por Bridge International Academies para impedir al sindicato y a su Secretario General que discutieran sobre las operaciones de la mayor cadena de escuelas privadas en Kenia y su impacto en el derecho a la educación.

El Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil (CNTE) Heleno Araújo, señaló el papel del gobierno golpista de Temer en el ataque a la democracia y el desmantelamiento de la participación social en la construcción de las políticas públicas. Araújo expresó la necesidad de combatir el modelo de gestión privada de las escuelas públicas por parte de todas las organizaciones sindicales.

La mesa contó además con intervenciones de Nilton Brandão, Presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores de Instituciones Federales de Enseñanza Superior y Enseñanza Básica Técnica y Tecnológica de Brasil (PROIFES-Federação), Miguel Duhalde, Secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y José Olivera, Secretario General de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria de Uruguay (FENAPES).

El Foro Social Mundial 2018 (FSM 2018) es un espacio de encuentro de aproximadamente 60 mil participantes de 120 países, representantes de 1500 colectivos y organizaciones. Este 2018 se reúne bajo el lema “Resistir es crear, Resistir es transformar” y pretende construir espacios y estrategias de lucha contra el avance del neoliberalismo.

Las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina participaron de otras actividades del Foro, que tiene lugar en la ciudad del nordeste brasileño entre el 13 y el 17 de marzo.

Nota realizada con información de las afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina PROIFES-Federação y CNTE.

Fuente de la Noticia:

http://www.ei-ie-al.org/noticias/internacional-de-la-educacion-debate-sobre-privatizacion-en-el-foro-social-mundial-2018

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Argentina: Educación. la desigualdad en las escuelas públicas divide la ciudad en dos

Argentina/ 17 de abril de 2018/Por: Guadalupe Rodríguez/Fuente: https://www.lanacion.com.ar

El sur de la ciudad de Buenos Aires muestra una desigualdad crónica respecto del norte y la educación no es una excepción. Allí donde vive la mayor cantidad de chicos menores de 14 años del distrito más rico del país se dan los peores indicadores educativos: faltan escuelas, las aulas están abarrotadas, no alcanzan las vacantes y los niveles de repitencia y deserción son los más altos. Los alumnos que no terminan el secundario en Palermo y Núñez no llegan al 5%, pero rondan el 30% en Villa Lugano y Soldati. Una realidad que se refleja en las cifras oficiales relacionadas al empleo y el ingreso.

Para observar esta disparidad basta con comparar dos escuelas a ambos extremos del territorio porteño: la N° 11 Ignacio Fermín Rodríguez, de Nueva Pompeya, y la N° 16 Wenceslao Posse, de Palermo. En varios puntos son muy similares: pertenecen al Estado, son de nivel primario y de simple jornada, pero en muchas otras cuestiones es abismal lo que las separa.

Cada mañana en la escuela N° 11, bien al sur de la ciudad, un rato después de que los chicos llegan a clase, hacen a un lado los útiles y se sirve el desayuno en los mismos bancos donde estudian. Son varios los alumnos que entran al aula sin comer. «A veces, les cuesta arrancar porque no desayunan en sus casas. Entonces, primero comemos y después empezamos con la clase. De otra forma no se puede», cuenta Emmanuel Fariña, docente de 7° grado en esta pequeña escuela del distrito escolar 19, uno de los tres con los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas de toda la Capital.

También todas las mañanas, los alumnos de la escuela N° 16, en Parque Las Heras, en el distrito escolar 1, toman el desayuno, pero lo hacen cerca de las 9 y en un comedor cómodo y limpio, exclusivo para esta actividad. Luego, cuenta Florencia Toyos, maestra de 4° grado, vuelven a clase y se acomodan en aulas amplias y bien equipadas con lo necesario para seguir estudiando.

La docente Florencia Toyos está orgullosa de los recursos de la escuela N° 16, de Palermo
La docente Florencia Toyos está orgullosa de los recursos de la escuela N° 16, de Palermo Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo

En el informe de coyuntura «La ciudad en deuda», del Centro de Estudio de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la licenciada en Trabajo Social Inés Albergucci deja bien en claro que la desigualdad tiene correlato con la distribución geográfica. En los barrios del sur (Lugano, Soldati, Bajo Flores, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Barracas, La Boca) vive la población más vulnerable social y económicamente: se hace notable que las condiciones de vivienda, empleo, salud e ingreso son peores. Por ejemplo, según datos de la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad, en el segundo trimestre de 2017, en la zona sur el desempleo era del 16,9%, más del doble que en el norte, donde rondaba el 7%, y el ingreso promedio per cápita fue de $10.308 y $22.633, respectivamente.

Consultado sobre qué medidas está tomando frente a esta situación y a la necesidad de la construcción de escuelas para albergar a los estudiantes que ya están fuera del sistema y a los que se suman cada año, desde el Ministerio de Educación porteño afirman que están llevando adelante obras en las comunas sureñas, como ocurre en los polos educativos Mataderos (Murguiondo y Directorio, comuna 9), Piedrabuena (Piedrabuena y Zuviría, comuna 8) y Lugano (Fonrouge y Barros Pazos, comuna 8). También explican que están en proceso de aumentar la matrícula en la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y que asumieron el compromiso de construir en lo que resta de 2018 y en 2019, 30 escuelas con salas de 3 años, de las cuales el 60% corresponde a zona sur.

Un problema de acceso

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2017 hubo en la ciudad 10.553 chicos en lista de espera. De esta cifra, la gran mayoría fueron familias del sur que no pudieron costear la cuota de una escuela privada como alternativa. Los números son claros: en los barrios más pobres, el 70% de los alumnos está matriculado en escuelas estatales, y en los más ricos (Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales), solo el 40%. Además, año a año, en los distritos más pujantes, la cantidad de chicos matriculados en el sistema estatal decrece al tiempo que migran al sistema privado. Al contrario, en el otro extremo del mapa porteño la demanda por la educación estatal aumenta.

Patricia Pines es docente y madre de dos niños que van a un colegio estatal. Cuando en 2014 comenzó la inscripción online en la ciudad de Buenos Aires, se encontró con las primeras dificultades. Lejos de darse por vencida ante un sistema que muchos califican de deficiente, por complejo y expulsivo, se juntó con otros padres y formaron Vacantes para Tod@s, un colectivo que busca convertir espacios ociosos en escuelas públicas, laicas y gratuitas de todos los niveles, especialmente en zona sur. Según sus proyecciones, «en el inicio del ciclo lectivo 2018 fueron 15.000 los alumnos de los tres niveles que se quedaron sin vacantes». Pines calcula que son 75 las escuelas que se necesita abrir en la Capital para albergar a los chicos que se quedaron sin vacantes, con un costo cercano de 1000 millones de pesos.

«No sobran pibes, faltan escuelas», dice enfáticamente el maestro Emmanuel Fariña, y cuenta que frente a la sede del distrito 19, ya empezadas las clases, se podían ver familias enteras haciendo hasta dos cuadras de cola por una vacante. Esto hace también que las familias se bifurquen, porque los chicos recalan en distritos diferentes. El gobierno porteño implementó para esos casos trasladarlos en micros a las instituciones alejadas de sus casas. Florencia Toyos cuenta que en el Wenceslao Posse estudian chicos de la villa 31 de Retiro -otra zona con graves problemas de vacantes-, que viajan hasta Palermo en estos colectivos.

Emmanuel Fariña es maestro en una de las zonas más pobres de la ciudad
Emmanuel Fariña es maestro en una de las zonas más pobres de la ciudad Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia

Distintas oportunidades

En la escuela N° 11 de Nueva Pompeya hay un solo patio y sin techo para los casi 200 alumnos que van por turno. Ahí juegan durante el recreo, saludan a la bandera y hacen gimnasia. Cuando llueve, nada de eso es posible y deben quedarse en las aulas, en las que apenas entran. Según el Reglamento Escolar (art. 90, inc. 2), el espacio mínimo por alumno debe ser de 1,35 m² de superficie y de 4 a 5 m³ de capacidad. Tienen una sala de informática en la que funcionan no más de siete computadoras y sin acceso a Internet. «Si les pedimos que traigan las netbooks del Plan Sarmiento, hay un solo enchufe por aula para cargar veinte máquinas», sostiene Fariña.

En el otro extremo, y no solo geográfico, la escuela N° 16 Wenceslao Posse, a la que asisten cerca de 250 alumnos por turno, cuenta con patio interno y externo, y hasta dispone de un sector de pasto sintético que donó la escuela de fútbol Claudio Marangoni. «Tenemos sala de música, biblioteca, un gabinete de ciencia excelente y una sala de computación con pantalla digital interactiva. Los chicos traen las netbooks y acá también hay de repuesto. Usamos muchísimo los recursos digitales», cuenta orgullosa Toyos.

En su trabajo «La discriminación educativa en la ciudad de Buenos Aires», la ACIJ señala que «el hecho azaroso de haber nacido o asentarse en un distrito escolar particular de la ciudad determina, en gran medida, la posibilidad de una persona de acceder o estar privada de determinados bienes y servicios básicos». La ONG plantea que «esto es lo que se considera posición social de origen, y es justamente un factor que debe ser tomado en cuenta a la hora de honrar los compromisos sociales igualitarios».

Fuente de la Noticia:

https://www.lanacion.com.ar/2125900-educacion-la-desigualdad-en-las-escuelas-publicas-divide-la-ciudad-en-dos

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Ecuador: 69 internos de cárcel regional terminaron la educación primaria

América del Sur/ Ecuador / 16.04.2018 / Fuente: www.eltelegrafo.com.ec.

Tras cumplir cuatro módulos de seis meses cada uno, 69 internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Guayas, culminaron la educación primaria, el pasado jueves. Los presos pertenecen al proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA), que lleva adelante el Ministerio de Educación. Liliana Guzmán Ochoa, viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, manifestó que los internos serán promovidos a octavo año de educación básica superior. Los estudiantes estuvieron acompañados de sus familiares.

El programa gubernamental de educación tiene como objetivo reducir la tasa de analfabetismo al 4% de manera progresiva en el Ecuador. La viceministra felicitó a los graduados y los motivó a seguir esforzándose, a continuar de pie, luchando por la vida. “Sigamos avanzando, con voluntad, con iniciativa.

La educación es un derecho que les otorga el Estado ecuatoriano, me satisface conocer que el esfuerzo vale la pena”. La funcionaria reiteró que los ministerios de Justicia y Educación garantizan el derecho a la educación de las personas que en estado doble de vulnerabilidad al estar privados de su libertad y no haber accedido o concluido el proceso educativo, en los diferentes niveles del sistema educativo nacional.

“El tiempo en privación de libertad podemos aprovecharlo de la mejor manera con los ejes de tratamiento que nos ofrecen”, dijo Junior R., el alumno mejor puntuado del periodo 2017-2018. Destacó que todo depende de sus propias capacidades y el aprovechar las facilidades que les brinda el Centro Regional. “Sin embargo, la decisión de cambiar está en cada uno. Agradezco a los ministerios, y a los maestros que  nos ayudan diariamente”, acotó Junior R.

Además, 30 personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social  CRS Regional Guayas, se graduaron como Bachilleres en Ciencias. El interno Alfredo S. fue reconocido por alcanzar 9.52 de puntaje académico. El interno inició su bachillerato en la etapa de máxima seguridad y, actualmente, está en la etapa mínima. (I)

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/ppl-carcelregional-educacionprimaria-ecuador

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OMEP América Latina: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2018

América Latina/ 16.04.2018/ Fuente: OMEP América Latina.

La Vicepresidencia para América Latina de la OMEP y los comités nacionales de la región participan de la iniciativa de movilización internacional coordinada por la Campaña Mundial por la Educación (CME)

Este año se celebra del 22 al 28 de abril con la consigna “¡Mantengan sus promesas por la educación!“.

El objetivo principal es exigir a los gobiernos que rindan cuentas sobre la implementación de la Agenda de Educación 2030 en sus países, teniendo como premisa la participación activa de la ciudadanía en el seguimiento e implementación de estos compromisos.

En la Semana, se realizarán actividades de incidencia política y movilización social en más de 100 países de todo el mundo, las cuales seguirán durante todo el año.

Información de la Campaña AQUÍ
Participación y recursos AQUÍ
Redes sociales, Facebook y Twitter, usar los hashtags: #SAME2018 #MantenganSusPromesas #GAWE2018 #KeepYourPromises
Fuente de la reseña: http://www.omeplatinoamerica.org/2018/04/10/semana-de-accion-mundial-por-la-educacion-same-2018
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Entrevista a Camilla Croso: Fragilidad democrática obstaculiza derecho a la Educación

La Campaña Mundial por la Educación (CME) se moviliza para exigir a los Gobiernos que rindan cuentas, sean transparentes y sostengan espacios de participación ciudadana en el cumplimiento del derecho a la educación y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 4, referido a educación. Dialogamos con Camilla Croso, presidenta de la CME y coordinadora general de la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) sobre la importancia de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), movilización que se desarrolla en más de 124 países, en base al lema «Pedimos la Palabra por la Educación».

¿Qué se espera de la movilización a nivel mundial por la educación, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados en septiembre del 2015. Los Estados han puesto en marcha desde el año 2016 la implementación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y el número 4 se refiere al derecho a la Educación. En este sentido, la SAME viene justamente a poner énfasis en este proceso de implementación de la Agenda de Educación 2030, que empieza a ser llevado adelante. Es importante en el marco de la campaña hacer unos llamados muy claves nivel mundial:

Que los Estados tengan como prioridad definir hojas de ruta y planificación para rendir cuentas de la implementación de la Agenda a la ciudadanía. Que los Estados tengan una hoja de ruta muy clara para la implementación de todos los ODS, muy especialmente el Objetivo número 4. En ese camino, es importante no priorizar un objetivo sobre los otros, más bien es necesario planificar como dar cuenta del conjunto de los ODS. Es bueno recordar que el conjunto de los ODS refleja el conjunto de derechos humanos que los Estados se han comprometido a cumplir, y que supuestamente en sus legislaciones tienen su reflejos. Por lo tanto, no es una cuestión de priorizar, es una cuestión planificar de qué manera van a dar cuenta de la implementación del conjunto de los ODS.

Otro énfasis fundamental de esta movilización tiene que ver con el rol de la sociedad civil en la puesta en marcha de la Agenda, es decir en las estructuras, procesos y mecanismos existentes para dar el debate público sobre los ODS y los derechos que están por detrás, así como la implementación de los ODS ¿De qué manera la sociedad civil está participando? ¿Los espacios están abiertos o cerrados? Llamamos a la participación de la sociedad civil a través de mecanismos y arquitecturas de seguimiento de los ODS. La rendición de cuentas por los Estados es el punto alto de la SAME.

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¿Qué significa la Agenda 2030? ¿Por qué son importantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos que Naciones Unidas (ONU) adoptaron después de tres años de negociaciones muy intensas con los Estados miembros involucrados y la participación activa de la sociedad civil. Permiten un marco general a partir del cual todos los países han suscrito su compromiso en concretar la implementación de los ODS, refleja un compromiso colectivo mundial.

Anteriormente tuvimos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales eran mucho más reducidos, y menos integrales, porque estaban más direccionados a los países del sur, mientras ahora los ODS son direccionados al conjunto de los países. Eso es muy clave, porque una de las pautas que la sociedad civil viene proponiendo es la superación de la idea de que en el mundo exista el norte y el sur, o el norte global y el sur global, como una manera de jerarquizar los países. En la medida en que se adopta una agenda global, y que se ponen a todos en el mismo barco como se dice en Brasil, se ve un avance en materia geopolítica y una lucha permanente, lo que ayuda a garantizar que en la cabeza de las personas se pueda superar la polarización entre el norte y el sur, que genera discriminaciones y desigualdades.

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¿Por qué este año la SAME centra la atención en la participación social en el seguimiento de la Agenda de educación 2030? 

Digamos que por dos razones: primero, es una razón de principio que la sociedad civil sea tomada en cuenta a la hora de hacer la política pública y hacer seguimiento de la política pública. Los ODS son una oportunidad para recordar la importancia de la sociedad civil y de su participación en la toma de decisiones y en el debate público previo a la toma de decisiones. En lo que toca a los ODS, es fundamental recordar la centralidad del derecho a la participación de la sociedad civil y del derecho al debate público en el proceso de toma de decisión.

Desafortunadamente, a nivel mundial, observamos retrocesos en esta participación de la sociedad civil, y es importante tener conciencia sobre ello. Lo que observamos es una fragilización de las democracias en América Latina y el Caribe, así como en otras partes del mundo. En el campo de la educación, hemos visto en América Latina y el Caribe una ascensión y una escalada de criminalización hacia los y las docentes, los y las estudiantes, y otras/os activistas por el derecho a la educación.

En lugar de estar abriendo espacios para que la sociedad civil pueda participar, reconociendo la legitimidad de esta participación como un derecho, estamos viendo movimientos contrarios, como el cierre de espacios de diálogo con el gobierno, hasta llegar al punto de la criminalización de la protesta social.

Cualquier acto de participación y manifestación pública por el derecho a la educación está siendo considerado como un acto criminoso (criminal), y el Estado está reaccionando con fuerza y violencia frente a las protestas. Es una problemática que se incrementa, por eso hemos elaborado un dossier y lo hemos presentado a algunos Relatores de Derechos Humanos del Sistema Interamericano y pedimos una audiencia para denunciar estos casos. Esta problemática no es aislada, es una problemática regional e internacional.

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¿Cuáles son las ventanas de oportunidad para que la sociedad Civil participe en el seguimiento a la implementación de la agenda? 

Las ventanas de oportunidad para la participación están en los ámbitos regionales e internacionales. Debemos seguir promoviendo que se abran espacios de participación también a nivel nacional. En algunos países hay, pero también hay retrocesos, como es el caso de Brasil.

Brasil, mi país, tuvo por muchos años una tradición de consultas, de consejos de Educación, de salud y de asistencia social, de grandes conferencias que iban del micro al macro, de lo local a lo nacional, procesos muy interesantes, donde las políticas públicas de diferentes sectores eran debatidas con la sociedad. Fue una tradición por mucho tiempo en mi país, pero ahora se vive un retroceso en muchas materias y en particular en lo que se refiere a la participación de la sociedad.

En algunos países existen espacios de participación, pero en otros hay que pelear para que esto siga. En algunos países tenemos retrocesos y allí hay que pelear para frenarlos. Es necesario abrir espacios y seguir avanzando.

Estamos observando ventanas que se manifiestan en los ámbitos regional e internacional, por ejemplo, en el campo educativo como hemos hablado tenemos la aprobación de los ODS, siendo que el ODS 4 es el Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Educación. La comunidad educativa ha estado organizada a nivel internacional durante algunas décadas, hasta el 2015, en el marco de las metas de la Educación para Todos (EPT), compromiso firmado en el 2000 que ha ayudado a avanzar un poco y a profundizar en el Derecho a la Educación.

En el marco de esta estructura, se ha generado un comité global que hoy se llama Comité Directivo de la Educación 2030 en sustitución del Comité Directivo de la EPT, para estar más claramente vinculado a todo el esfuerzo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este comité directivo es un espacio muy interesante en donde la sociedad civil tiene algunos cupos y es permanentemente invitada. Durante los años de negociación de la Agenda de Educación 2030 tuve la responsabilidad y el honor de ocupar un espacio de vice presidencia de este grupo. Es un espacio efectivamente bastante horizontal donde la sociedad civil es tomada en cuenta, además de eso sigue existiendo hoy un compañera de Asia que ocupa la vicepresidencia. Yo sigo formando parte en ese comité como representante de la Campaña Mundial por la Educación. Tenemos también presencia de los maestros y maestras a partir de la Internacional de la Educación. Además de este espacio a nivel internacional, estamos poniendo en marcha otro espacio vinculado directamente a Naciones Unidas que se llama Grupo de Partes Interesadas de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group), que funciona al lado de otros grupos mayores de la ONU. En su conjunto, estos grupos configuran un comité de Coordinación que está permanentemente dialogando con los Estados miembros para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030. Estas arquitecturas mencionadas tienen un reflejo a nivel regiona. También podemos mencionar la CEPAL en América Latina y el Caribe, que tiene la consigna de promover un gran foro de la sociedad civil, a partir del cual se definen mecanismos de participación social en la implementación y el seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030 en la región. El Comité Directivo de Educación 2030 también tiene su reflejo regional, pues la CLADE participa.

Hay ventanas de oportunidad donde se subrayan y promueven las ideas de una cultura política democrática. Quiero destacar un actor que todavía no está siendo tomado en consideración suficientemente a nivel regional, ni internacional, que son los y las estudiantes.

La CLADE hace un esfuerzo constante y siempre lo ha realizado para decir que las y los estudiantes tienen que estar en las mesas de negociación. De hecho, en todos los eventos que CLADE invita a Ministros, Ministras, parlamentarias/os, también invitamos las y los estudiantes; porque queremos cambiar esa cultura política desde lo pequeño, desde nuestras reuniones.

Impulsamos también una Red Mixta de parlamentarias/os y sociedad civil que defiende el derecho a la educación en la región, e invitamos a estudiantes de la región a formar parte en esta red. Hay que crear más espacios de participación para las y los estudiantes. Este es un mensaje clave, pues muchas veces los movimientos estudiantiles no son escuchados, o son criminalizados. A la CLADE le preocupa el adultocentrismo, que no toma en cuenta a las miradas de las y los jóvenes. Los y las estudiantes son actores claves en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces ¿por qué están ausentes de las mesas de negociación?

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¿Cuál es la máxima preocupación que tiene la CLADE frente al derecho a la educación en el contexto de la región latinoamericana y caribeña a propósito de la SAME 2017?

Tenemos tres grandes preocupaciones. La primera tiene que ver con la fragilización de la democracia que estamos observando en los países de la región, ya que es un problema absolutamente estructural para la puesta en marcha de cualquier ODS, cualquier Derecho Humano y cualquier política pública. No podemos avanzar en materia de Derechos Humanos en contextos de fragilización democrática y la criminalización es una expresión profunda de esta falta de cultura democrática en nuestra regiones. Contra ello estamos reaccionando constantemente. Por ejemplo, en Argentina, frente a la criminalización y posturas violentas como respuestas a las recientes manifestaciones docentes, el sindicato de aquel país, la CTERA, promovió una iniciativa brillante llamada Escuela Pública Itinerante, la cual promueve el diálogo con las comunidades donde se instala con actos culturales, debates y reflexiones sobre el derecho a la educación. Se trata de una escuela viva que reclama el fortalecimiento de la educación pública.

Junto a eso observamos la fragilización y desvalorización de todo lo que es público en nuestra región. Durante la SAME, hacemos también un llamado por el fortalecimiento del sistema público de educación y estamos en diálogo con otros sectores. Pues, no solo está en peligro o en jaque el sistema público de educación, sino que está en jaque cualquier sistema público: el de salud, de asistencia social, transporte, etc.

En la SAME expresamos que no es posible implementar las metas y objetivos de los ODS o cualquier Derecho Humano sin el fortalecimiento de los sistemas públicos. Otro tema es la comercialización y la mercantilización que está en marcha en muchos campos, lo que constituye otro gran obstáculo para la defensa de los derechos humanos y lo público.

Una tercera cuestión, que deseo subrayar tiene que ver con lo político-pedagógico y se expresa en una disputa existente sobre el significado de la calidad educativa. El Objetivo 4 subraya el derecho a una educación de calidad e inclusiva que promueva el pensamiento crítico y la no discriminación. En América Latina y el Caribe, específicamente en Brasil, se está expresando claramente, así como en muchos otros países – Perú, Colombia y México – un retroceso claro en materia de género, lo que es una barbaridad. En Brasil, Perú y Colombia está en disputa la inclusión del debate sobre la cuestión de género en la educación. Acá en Brasil se acaba de retirar de los currículos la palabra género y el concepto de identidad de género, lo que es un gravísimo retroceso.

Toda la problemática de género en este momento y en este continente está sufriendo un retroceso. En Brasil se discute un programa que se llama “Escuela sin partido”, el cual plantea una escuela sin posibilidad de pensamiento, sin posibilidad de debate y una escuela con censura. Una escuela donde hablar de Marx es algo mal visto, y donde el maestro y la maestra no podrán emitir su opinión. Caso aprueben esta legislación, será gravísimo.

Esto pasa en momentos donde pareciera haber un consenso de que la ciudadanía es crítica, y que el pensamiento crítico es algo clave. Los ODS y en particular el Objetivo 4 en su meta 4.7 se refiere a la educación en Derechos Humanos, la educación para la ciudadanía global.

¿Cómo es posible que tengamos una educación en Derechos Humanos y una Educación para la ciudadanía global sin que las escuelas y los centros educativos de Brasil, de América Latina y el Caribe y del Mundo, puedan promover el pensamiento crítico y el debate? Es algo que tenemos que observar con mucha cautela, y tener mucho cuidado porque es absolutamente la contramarcha de los ODS.

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Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se obstaculizan ¿Cómo se afectan las condiciones de enseñanza y el ejercicio del derecho a la educación? 

Si no se cumplen, básicamente se pierde el esfuerzo de la comunidad educativa por la adopción del Objetivo de Desarrollo 4 (“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”), que contiene 7 metas y 3 medios de implementación.

Lo que hemos trabajado durante 3 años de negociación, es que esos 10 puntos (7 metas y 3 medios de implementación) fuesen un reflejo, un espejo del Derecho Humano a la Educación, tal como está planteado en los tratados internacionales de derechos humanos.. Por ejemplo, tenemos el derecho a 12 años de educación primaria y secundaria gratuita. Eso está en la meta número 1 del ODS 4, y fue un gran avance porque en los tratados internacionales se garantizaba apenas la primaria gratuita, progresivamente extendiendo la gratuidad a otros niveles. El ODS 4 en su meta 4.1 ya establece un mínimo de 12 años de educación gratuita, siendo que 9 de ellos son obligatorios. Esto es un avance fundamental.

La otra meta se refiere a la importancia de avanzar en la educación en la primera infancia. Otras metas hablan de avanzar en la educación de personas jóvenes y adultas, otras aún abordan la importancia de los derechos y las condiciones dignas de los y las docentes, las condiciones de infraestructura de los centros educativos, de garantizar entornos educativos seguros y no violentos.

La meta 4.7 se refiere a la promoción de la educación en derechos humanos, la ciudadanía crítica y la ciudadanía global. La meta 4.5 se refiere a la necesidad de superar todas las discriminaciones en y desde la educación. La no discriminación es un principio básico de Derechos Humanos, por lo tanto, los ODS reflejan una hoja de ruta a nivel internacional fundamental para la implementación del derecho humano a la educación.

En ese sentido, los ODS son un instrumento útil para que los Estados desarrollen hojas de rutas para cumplir los derechos humanos. Lograr los ODS implica avanzar en la concreción del derecho humano a la educación, por eso la importancia de estar juntos y juntas en ese ejercicio de monitoreo para avanzar lo máximo posible en el pleno cumplimiento de los ODS.

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La SAME en este año 2017 tiene como consigna ¡Pedimos la palabra por la Educación, es hora de garantizar este derecho! ¿Qué importancia tiene la SAME para América Latina y el Caribe?

El pedir la palabra, el demandar que la voz de la sociedad civil sea escuchada es clave, por empujar una cultura política democrática, una cultura política que esté reconociendo plenamente la participación social, que es también un derecho.

Quiero aprovechar para señalar que ha sido un avance que en enero de 2017 hayamos tenido en Buenos Aires una reunión de Ministras/os de Educación de América Latina y el Caribe, que discutió la implementación de los ODS a nivel regional. Fue una lucha muy grande esta reunión porque casi no se aprueba la palabra gratuidad en la declaración final del encuentro, lo que habría sido un retroceso gravísimo. Principalmente los países del Caribe no querían incluir la palabra gratuidad en el documento. Asimismo, en esta ocasión se constituyó el Comité Directivo Regional de Seguimiento del ODS 4 en América Latina y el Caribe, donde están presentes 4 Estados miembros, también la sociedad civil con la CLADE, la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), la OEA (Organización de Estados Americanos), OEI ( Organización de Estados Iberoamericanos), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

Para mi esa reunión fue muy importante, pues demostró que América Latina y el Caribe está comprometida en estructurar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los ODS. Eso me parece un avance que tiene que ser reconocido públicamente.

Hubo un esfuerzo muy grande de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe para que esta estructura se implementase. La importancia de la SAME en este contexto es profundizar las demandas del derecho a la participación, del fortalecimiento de la educación pública y de la necesaria financiación para el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030, sin la cual no es posible el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación. Además, es importante señalar la necesidad de presionar por la existencia de una arquitectura y procesos de participación y seguimiento de la sociedad civil a la Agenda 2030 en los países.

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Palabras de despedida

Me gustaría hacer una invitación a que cada uno y cada una pueda estar en su respectivo país buscando sumarse a la SAME, desde el diálogo con los miembros de la CLADE. La CLADE tiene foros nacionales miembros en 16 países. También tiene como miembros redes regionales, como ALER, REPEM y CEAAL, que están presentes en distintos países de América Latina y el Caribe. Hacemos ese llamado a quienes quieram participar de la SAME y de otras iniciativas que estamos promoviendo a nivel nacional y regional, porque no hay duda de que desde la acción colectiva podremos avanzar realmente en los derechos humanos.

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Entrevista completa

Créditos:

ALER

Entrevista: María Cianci Bastidas / Transcripción: Paule Portugais

Fuente: http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/americacaribe/154-camilla-croso-fragilidad-democratica-obstaculiza-derecho-a-la-educacion

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Reformas educativas en Latinoamérica. Derecho a la educación en Argentina

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ)

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente

La tensión entre la lógica de la educación como derecho o como servicio a ser intercambiado en el mercado, atraviesa la historia reciente en la Argentina. La matriz fundacional de la educación moderna que priorizaba la formación del ciudadano y del trabajador, está muy arraigada en este país de fuerte inmigración, que encontró en la escuela uno de los principales lugares de inserción y movilidad social.

Con la dictadura militar iniciada en 1976 comenzó a instalarse el mercado educativo, que luego se profundizó en los gobiernos democráticos especialmente en la década de 1990. Una nueva etapa se inició en el 2003 durante los gobiernos nacional populares de Néstor Kirchner (desde el 25 de mayo de 2003) al que siguió el de Cristina Fernández de Kirchner (10-12-2007-09-12-2015).

Durante esos años el sector educativo, en el marco de las políticas sociales, estuvo orientado a la ampliación de derechos e inclusión. Se realizaron transformaciones muy importantes, pero también quedaron muchos aspectos pendientes. Sobre esas debilidades se asienta el discurso educativo de esta nueva derecha, a partir de la asunción del presidente Macri en diciembre del 2015.

Dos leyes fundamentales marcaron la gestión kirchnerista en el terreno educativo. En el 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional No. 26.206 se derogó la Ley Federal de Educación N° 24195 de 1993, de inspiración neoliberal. La educación pasó a ser considerada como un “bien social y responsabilidad común” (Art.1), “bien público y un derecho personal y social” y se estableció que ese derecho “está garantizado por el Estado nacional” (Art. 2). Una segunda Ley fundamental promulgada también en el 2006 fue la Nº 26075, conocida como Ley de Financiamiento Educativo, que estableció la aplicación del 6% del PBI al sector, y el apoyo nacional a las jurisdicciones para garantizar un piso salarial común. [1]

Ese proceso democratizador caducó con la llegada al gobierno nacional de la Alianza Cambiemos en diciembre del 2015. El modelo educativo de mercado nuevamente pasó a ser asumido por la política nacional, pero a diferencia de las décadas del setenta y noventa, está ahora mucho más afinado, y ha mejorado su forma de ser comunicado al conjunto de la sociedad. Las declaraciones y documentos formales son cuidadosos en las formas teniendo en cuenta la fuerte tradición de la cultura argentina de defensa de la escuela pública, respeto al trabajo docente y a la creencia en la movilidad social por los créditos escolares. Pero en algunos momentos, quizás por descuido o porque también representa parte de lo que somos como sociedad, los principales funcionarios deslizan frases o ideas que causan estupor y a veces escándalo, y suelen ser rápidamente reproducidas en las redes sociales. Por ejemplo: “esta es la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas con educación”, dijo el que fuera primer ministro de Educación de este gobierno – Esteban Bullrich -, en setiembre del 2016, al inaugurar el Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro, haciendo alusión, en el propio territorio de la Patagonia Argentina, a la masacre a los pueblos originarios ocurrida a fines del siglo XIX, que la historia oficial y conservadora enalteció con esa denominación.

En marzo del 2017, a tres semanas de inicio de paros docentes en varias provincias, el presidente Macri presentó los resultados de las ya conocidas pruebas estandarizadas de resultados escolares, ahora llamadas Operativo Aprender. Señaló los resultados como “dolorosos”, y acuñó una expresión que se hizo histórica, descubriendo que existe una: “terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada y aquel que tiene que caeren la escuela pública”. Con esta frase, el presidente inauguró el discurso oficial de desprestigio de la escuela pública y a sus docentes, dando cuenta de su posicionamiento privatizador de la educación.

Sin embargo, no les está resultando tan fácil imponer su proyecto. Han encontrado, como ellos dicen, una “pesada herencia”. La gestión kirchnerista produjo avances en el derecho a la educación que no son fáciles de remover, sobre todo cuando son ancladas en bases normativas o institucionales, o en la conciencia social. Por ello, el nuevo gobierno debió enfrentar una cultura de valorización de la escuela y los maestros, cuyo arraigo en la historia nacional se fortaleció en esos años.

La primera medida que generó malestar fue un cambio de nombre. El que fuera Ministerio de Educación pasó a llamarse Ministerio de Educación y Deportes. Al poco tiempo, nos fuimos dando cuenta que la propuesta de supuesta ampliación de la jornada escolar tan prometida, se realizaría por fuera de la escuela, en algún tipo de articulación con instituciones deportivas y extra escolares. A dos años de gobierno no se formularon precisiones ni se produjeron avances al respecto.

Lo más grave de esos primeros días de comienzo de gestión fue que en Ley de Ministerios,  a través del DNU No 13/2015, -en algo que luego se aclaró que se había tratado de un “error”- se hizo referencia a un conjunto de normas sancionadas durante los años noventa, ya caducas (Ley Federal de Educación No 24.195 ya mencionada, la Ley de Educación Superior No 24.521 y el Pacto Federal Educativo, Ley N° 24.856), y desconociendo abiertamente las leyes de Educación Nacional, de Educación Técnica, de Educación Sexual y de Financiamiento Educativo, sancionadas durante la gestión precedente.

Apenas asumidas las funciones, en el 2016, comenzó la desarticulación de programas. A pesar de las luchas y la conflictividad gremial y social, el gobierno desarmó los equipos nacionales del Plan Nacional de Lectura, los programas de Memoria, Educación Sexual Integral, Comunidad y Convivencia Escolar y Políticas Universitarias. Otros importantes programas, como el de Finalización de la Estudios Secundarios (FinEs) fueron vaciados de financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, quedando su suerte en manos de las decisiones provinciales, perdiendo el status de proyecto nacional. Otro tanto ocurrió luego con los diversos proyectos del Instituto Nacional de Formación Docente que, de a poco fueron cerrando, y dejaron un vacío que apenas comienza a ser completado con propuestas y mucha incertidumbre.

Más difícil les está resultando avanzar sobre aspectos afianzados en la Legislación, y sobre todo desarticular los sujetos políticos con capacidad de plantear una oposición y construir alternativas. Este último punto parece ser en el que más energías han puesto en estos dos años, a costa de producir avances significativos en el plano de la gestión. La conflictividad gremial a nivel nacional y jurisdiccional ha acompañado al gobierno de modo constante, pero un punto central ha sido el cierre del espacio nacional para la discusión paritaria. Con esa medida el gobierno no sólo debilita a los trabajadores de la educación, sino que contribuye a una desarticulación del sistema educativo, y genera las condiciones para el desarrollo de un escenario que permita una apertura al mercado educativo internacional. Queda a la vista que no desperdicia espacios internacionales de encuentro para avanzar en esa dirección.

Por ello se ha dado una estrategia progresiva de diseño de políticas en fuerte acuerdo con los gobernadores, incluso de diversas líneas políticas.[2] En febrero del 2016, en el marco del Consejo Federal, se firmó la llamada Declaración de Purmamarca, nombre de la ciudad donde se realizó la reunión. No obstante la diversidad de colores políticos de los gobernadores, los documentos que se produjeron en su seno fueron muy negociados, y no pudieron sino basarse en la legislación heredada, que, recordemos, sostiene que “la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado, acorde a lo establecido por las leyes nacionales vigentes.”
[3]

Los lineamientos de política que plantea son también de corte democratizador, aunque, al igual que la declaración de principios, no dejan de ser una expresión de deseos en la medida en que no expone los mecanismos de gestión ni los recursos para su concreción. Posiblemente sea por eso que se han realizado muy pocos avances a la fecha, bastante lejos de la Revolución Educativa que se proponía.

En julio de ese primer año de gobierno, nuevamente se acordaron una serie de líneas de política conocida como “Compromiso por la educación”, el cual se define como la creación de un ámbito de debate, con participación de los individuos, a nivel sobre todo jurisdiccional. Sin embargo, no parece haber tenido trascendencia en instalar territorialmente un movimiento de apoyo al sector.

En septiembre del 2016 se acordó en el mismo ámbito interprovincial el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende”. En éste se reafirman nuevamente los principios de la ley Nacional de Educación, sosteniendo la responsabilidad indelegable del Estado y se reconoce a la educación como bien público y como derecho personal y social.

Al inicio del ciclo lectivo del año siguiente, en el marco de una fuerte conflictividad, sobre todo por la negativa del gobierno de convocar a una paritaria nacional docente y, como se mencionó antes, en el marco de la presentación de resultados del Operativo Aprender, el presidente de la Nación anunció que enviaría al congreso un proyecto de ley para el decenio 2016-2026. Eso produjo muchas críticas, tanto por el modo completamente inconsulto de su elaboración, su escasa articulación con la normativa vigente, como por los errores diversos en su formulación. Plantea seis dimensiones estratégicas y áreas prioritarias de acción, pero, como en los documentos anteriores, no establece el modo en que esas metas se lograrían, cuál sería el grado de participación provincial y nacional, ni la inversión que suponen. Parecería que se trató únicamente de una estrategia para lograr impacto mediático.

En fin, ha habido producción de documentos y firma de acuerdos con los gobiernos jurisdiccionales, que no se han traducido en un plan de trabajo que especifique mecanismos de gestión y asignación de recursos.

A pesar de los escasos avances realizados en la ampliación del derecho a la educación, no se trata de una improvisación ni la ausencia de una prospectiva de mediano plazo. Se busca generar una transformación profunda de la tradición escolar Argentina, en la valoración del espacio público y en el respeto al cuerpo docente. En el marco de un plan más general de mediano plazo, se pueden ubicar cinco puntos que se han formulado como lineamientos de política que resultan los más significativos.

El primero es la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad, sobre el que prácticamente no se ha avanzado en estos dos años, ya que requiere una importantísima inversión en infraestructura sobre la que poco se ha hecho. El segundo es la propuesta de Jornada extendida, que es parte del modo confuso en que formulan sus propuestas. Se trata, como dicen, de que la “escuela salga de la escuela”, a partir de articular trabajos con otras instancias vinculadas al deporte o la recreación, pero tampoco se han realizado avances de articulación institucional o de algún apoyo de gestión, hay apenas algunas experiencias organizadas a partir de iniciativas locales.

El tercer punto es el de la transformación de la escuela secundaria. Recién en marzo del 2018 el Consejo Federal aprobó el proyecto “Secundaria 2030”, se trata de una serie de lineamientos sobre los cuales cada provincia realizará sus planes. Lo más preocupante es la tendencia a vincularla fuertemente con las necesidades empresariales. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a implementarse en algunas escuelas públicas, el 50% del último año está destinado a trabajar en empresas y organizaciones.

Los documentos establecen un fuerte impulso a las pruebas estandarizadas, especialmente a través de la propuesta de Creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad. Se trata nuevamente de mecanismos de control, que ligan la mejora en la calidad con ese tipo de pruebas, más que con inversión y planificación estratégica.

El tema de la formación y capacitación docente es sin duda un capitulo central. Se ha desarticulado el Instituto Nacional de Capacitación Docente. En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se propuso la transformación de la carrera docente en nivel universitario, desarticulando los tradicionales Institutos Terciarios[4] sin claridad respecto a los mecanismos para su implementación, ni formulación del Plan de Estudios.

Respecto de las políticas universitarias, la Alianza Cambiemos ha recortado el presupuesto universitario en tres mil millones de pesos y comenzó el 2018 con un congelamiento de varias obras de infraestructura en las Universidades. Así también, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de quien dependen los organismos de investigación como el prestigioso CONICET, redujeron de manera sustancial las becas y el acceso a la carrera de investigador.

La cuestión presupuestaria no es el único golpe que resiste el sector: la apertura de convocatorias a proyectos con financiamiento del Estado a las Universidades Privadas da cuenta de la lógica de este gobierno. A su vez, una batería de artículos y notas en los medios de comunicación afines a Cambiemos propone el arancelamiento de la Universidad Pública y diferentes mecanismos de limitación del acceso a carreras de grado.

La sanción, hacia finales de 2015, de una modificatoria propuesta por la entonces diputada Adriana Puiggrós a la Ley de Educación Superior les obstaculiza por el momento una avanzada privatizadora de la Universidad Pública, sin embargo, la mercantilización de la educación superior avanza en nuestro país de la mano de convenios con privados en diferentes modalidades: plataformas virtuales, equipamiento de laboratorios, compra/venta de patentes, bancarización de trabajadores, etc.

A dos años de iniciado este gobierno, parece haber más declaraciones que logros; y parecería también que las energías más importantes han sido el debilitamiento de los sectores sindicales y las organizaciones sociales.

En fin, si bien los documentos oficiales no pueden sino basarse en la legislación heredada y reconocer la educación como derecho, las formulaciones de política concreta en general sólo son, en el mejor de los casos, expresiones de deseos que no establecen ni mecanismos de gestión ni administración de recursos para su implementación. Mientras tanto, las políticas educativas efectivamente implementadas en algunas jurisdicciones, están marcadas por el desfinanciamiento, argumentadas en el progreso individual, y en lógicas de inserción en el nuevo mundo empresarial. No hay una preocupación por la formación del ciudadano, la consolidación del lazo social, y están lejos de sostenerse en el principio del derecho.

[1] La República Argentina está organizada de modo federal, en veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es además la capital de la República. Tanto las provincias como la Ciudad son jurisdicciones autónomas con poderes políticos, económicos y administrativos propios. Por lo tanto, existen leyes nacionales que regulan el sistema educativo, pero también cada provincia tiene su propia normativa y sus propias estructuras para el sector.

[2] El espacio común para la concertación de políticas es el Consejo Federal de Cultura y Educación, creado por Ley Nº 22.047 del año 1979, conformado por los 24 ministros de educación, y presidido por el Ministro Nacional. El sistema educativo argentino está conformado aproximadamente por 40.000 establecimientos de los niveles inicial, primario, secundario y/o superior no universitario y más de 100 instituciones universitarias, con un total de más de 10.000.000 de alumnos.

[3] Consejo Federal de Educación (Argentina). (2017). Declaración de Purmamarca. Buenos Aires: [Ministerio de Educación y Deportes].

[4] Los Institutos terciarios o Institutos Superiores de Formación Docente o Técnica son las instituciones que dictan las carreras docentes.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reformas-educativas-en-latinoamerica-derecho-a-la-educacion-en-argentina/

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