Derechos Humanos

Nueva York/12 de Mayo de 2018/HRW

 Los ataques deliberados e indiscriminados contra escuelas y universidades y sus alumnos y personal se han vuelto más comunes en los últimos cinco años, manifestó la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) en la edición de 2018 de su informe insignia, presentado hoy. El informe de 300 páginas, Ataques a la educación 2018, identifica más de 12.700 ataques ocurridos entre 2013 y 2017 que afectaron a más de 21.000 alumnos y educadores.

En los últimos cinco años, 41 países sufrieron al menos cinco ataques a la educación, incluido como mínimo uno con carácter deliberado o consecuencias letales. Esto supone un drástico incremento respecto de la edición 2014 del informe, cuando GCPEA documentó que 30 países sufrieron este nivel de ataques a la educación entre 2009-2013.

“Enseñar y aprender es cada vez más peligroso, y a menudo están en riesgo las vidas de estudiantes, docentes y académicos”, explicó Diya Nijhowne, directora ejecutiva de GCPEA. “Aunque las escuelas y universidades deberían ser espacios seguros y de protección, sigue ocurriendo que fuerzas y grupos armados las conviertan en ámbitos de intimidación y violencia”.

Este informe incluye perfiles de 28 países que sufrieron al menos 20 ataques a la educación entre 2013 y 2017. GCPEA concluyó que nueve países sufrieron más de 1.000 ataques a la educación o agresiones en las que se perjudicó a más de 1.000 estudiantes, docentes, profesores u otro personal educativo. Entre estos países se incluyen la República Democrática del Congo (RDC), Israel/Palestina, Nigeria, Filipinas, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

Por ejemplo, más de 1.500 escuelas y universidades en Yemen resultaron dañadas o destruidas por ataques aéreos o combates, o se usaron para fines militares. GCPEA identificó señalamientos de al menos 650 incidentes de ataques a la educación o uso militar de escuelas en Siria. En Filipinas, grupos armados habrían hostigado o intimidado al menos a 1.000 alumnos y enseñantes.

En 18 de los países relevados, los ataques a la educación estuvieron dirigidos deliberadamente a alumnas o mujeres docentes. Algunos grupos extremistas atacaron con explosivos o incendiaron escuelas de niñas, o bien mataron, hirieron o amenazaron a alumnas y profesoras. Por ejemplo, cerca del 25 % de los ataques que se habrían cometido contra escuelas en Afganistán estuvieron dirigidos a escuelas de niñas. En todo el mundo, partes armadas también abusaron o violaron sexualmente de mujeres y niñas en contextos escolares o en las proximidades de estos. En un ejemplo de 2017, milicias armadas de la RDC habrían secuestrado a ocho niñas de una escuela primaria para violarlas sexualmente durante un período de tres meses.

Entre 2013 y 2017, se usaron escuelas y universidades para fines militares en 29 países, por ejemplo, como bases, cuarteles, centros de detención o para otras tareas militares. Estos usos militares aumentan el riesgo de que las escuelas y universidades afectadas sean atacadas por fuerzas contrarias, que grupos armados recluten a niños y niñas o que se someta a violencia sexual a alumnos y docentes. Por ejemplo, una escuela en Ucrania usada por diversas fuerzas y grupos armados como depósito de armas fue alcanzada por lanzamientos de artillería en seis ocasiones en enero y febrero de 2015.

Fuerzas y grupos armados también han reclutado a niños soldados en escuelas en 16 de los 28 países analizados. En un incidente ocurrido en diciembre de 2013, cerca de 413 niños de escuelas de la localidad de Rubkona en Sudán del Sur fueron reclutados por la fuerza y enviados a combatir.

En 52 países de distintas regiones del mundo hubo ataques contra la educación superior, incluidos todos los países analizados. Los ataques incluyeron, entre otros hechos, la represión violenta de protestas vinculadas con la educación en las cuales se hirió a estudiantes o personal educativo, o abusos físicos o amenazas debido al contenido del programa académico. En 20 de los países analizados se produjeron ataques a edificios de educación superior. Uno de estos ataques ocurrió en Kenia, donde hombres armados mataron al menos a 142 alumnos e hirieron a otros 79 el 2 de abril de 2015, durante un ataque perpetrado en la Universidad de Garissa.

“Fueron varias las tendencias que contribuyeron a los abusos que se describen en el informe”, apuntó Amy Kapit, directora de Investigación de GCPEA. “Se pueden mencionar los ataques de grupos armados extremistas, como ‘Estado Islámico’, el uso de bombardeos aéreos para combatir a grupos armados y la violencia contra estudiantes durante protestas en escuelas o universidades”.

Ante esta violencia, existe un consenso global cada vez mayor de que debe protegerse a las escuelas y universidades como espacios seguros en contextos de guerra. Más de un tercio de los Estados Miembros de la ONU, 74 países, han adheridos a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político impulsado por Noruega y Argentina. Al adherir a la Declaración, los Estados se comprometen a tomar medidas concretas para proteger la educación, entre otras cosas, implementando las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. La cantidad de Estados que adhieren a la Declaración se ha duplicado en menos de tres años y el nuevo informe de GCPEA insta a todos los Estados a sumarse a la Declaración e implementarla como principal recomendación para proteger la educación en los conflictos armados.