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México: Necesario, transformar estructuras patriarcales en las universidades

POR: UAM

 

El Primer Encuentro de Morras InterUAM Unidad Lerma no sólo es una reunión de colectivas de las diferentes unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sino un proceso de unificación necesario para construir puentes, incluso intergeneracionalmente para transformar esas estructuras patriarcales que aún prevalecen en las universidades, afirmó la doctora Raquel Güereca Torres.

“Ustedes son hoy las morras que han levantado la voz para hacernos ver a otras generaciones las acciones que debemos tomar, las que se han omitido y las que habrá de construir”, puntualizó la coordinadora de Bienestar Universitario y Género de la Unidad Lerma.

Los derechos humanos que se han obtenido son el resultado de la lucha de diferentes grupos discriminados y oprimidos históricamente para lograr una calidad de vida digna en un marco de justicia, igualdad y reconocimiento de las diferencias que nos constituye como personas.

“Lo importante es sabernos herederas de derechos, que tristemente son frágiles pues requieren de una constante lucha por su reconocimiento para que no se pierdan; sabernos también herederas de un legado de conocimientos políticos, epistemológicos y filosóficos que nos ha dado el feminismo para hacer nuestras vidas más vivibles”.

Las estudiantes de la Unidad Lerma llamaron a las asistentes a apelar a la unidad de unidades, para que todas las sedes de la UAM mantengan la resistencia feminista desde la conciencia y crear redes de apoyo tan necesarias en espacios donde aún prevalece la misoginia, el sexismo y el machismo como discurso normalizado en la comunidad universitaria.

La doctora María Guadalupe Huacuz Elías, titular Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), sostuvo que desde hace más de 30 años se ha pugnado por erradicar la violencia contra las mujeres en México, pero en la actualidad impera un momento crítico, en particular para las jóvenes, porque este fenómeno se ha recrudecido, siendo el Estado de México un claro ejemplo de ello.

“La DDU está para acompañar los movimientos sociales feministas y de desigualdad. Reconocemos que quienes estamos aquí tenemos diferencias, pero nos une un deseo común que es el bienestar para las mujeres”, expresó.

La doctora Huacuz Elías explicó que la Defensoría busca establecer un diálogo horizontal para reflexionar y proponer soluciones a las problemáticas sobre violencia de género y ha tenido algunos logros significativos, sin embargo la participación de las mujeres estudiantes es fundamental para abonar a sus acciones.

Las políticas transversales en contra de la violencia por razones de género, destacó, establecieron algo que muy pocas universidades en el mundo reconocen: el feminismo como una epistemología, es decir, que no es sólo una práctica política o de resistencia, sino una teoría social reconocida y validada por la universidad. Prueba de ello es que cuenta con una maestría en Estudios de las Mujeres y un Doctorado en Estudios Feministas en la Unidad Xochimilco.

El Primer Encuentro de Morras InterUAM Unidad Lerma fue convocado por la colectiva Sororidad UAM Lerma.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Haití: Ola de violencia profundiza la crisis de derechos humanos

Gangs Kill, Kidnap People, Take Over Courts as Repatriations Continue

Una nueva ola de violencia de pandillas en Haití ha causado la muerte de cientos de personas en las últimas semanas y ha profundizado aún más la crisis humanitaria, política y de derechos humanos en el país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en Haití, incluidos los de América Latina, Europa y los Estados Unidos, deben dejar de expulsar personas al país y deben apoyar urgentemente los esfuerzos de las organizaciones locales de la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas para garantizar que los haitianos tengan protección y acceso a la justicia.

Desde principios de julio de 2022, las pandillas han asesinado y secuestrado a cientos de personas en Puerto Príncipe, informó Naciones Unidas, y han tomado control del Palacio de Justicia, donde se encuentra el principal tribunal de la ciudad. Esto ha deteriorado aún más la situación de violencia y escaso acceso a la justicia en el país. El 15 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití hasta julio de 2023 y amplió el número de funcionarios de seguridad en el país.

“Si bien extender el mandato de la Oficina de la ONU es un paso positivo, los gobiernos preocupados por la situación en Haití deberían hacer mucho más para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las agencias de la ONU frente a esta crisis que se está agravado aún más”, dijo César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Estos gobiernos deben aumentar sus apoyos a los esfuerzos para proteger a la población y asegurar el acceso a la justicia, y en lo inmediato y hasta que las condiciones mejoren deberían dejar deportar o expulsar personas de regreso a Haití”.

Según la Oficina de la ONU en Haití, 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas entre enero y mayo de 2022. En los últimos cinco meses de 2021, 396 personas fueron secuestradas y 668 asesinadas.

Desde el 7 de julio, una coalición de pandillas conocida como “G-9 an Fanni e Alye” ha realizado ataques en el barrio de Nan Brooklyn en la zona de Cité Soleil de Puerto Príncipe, con el aparente objetivo de quitarle control de esta zona a otra pandilla. Aproximadamente 300 personas han sido asesinadas, incluidas 21 cuyos cuerpos aparentemente fueron calcinados, y 16 personas han sido reportadas como desaparecidas, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una organización local de derechos humanos. Las pandillas también quemaron casas y usaron maquinaria pesada para demolerlas, dijo la organización. 125 casas han sido reportadas destruidas.

El 10 de junio, una pandilla conocida como “5 Segundos” tomó el control del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe. Los pandilleros obligaron a funcionarios judiciales a salir, hirieron a un fiscal y robaron computadoras, escritorios y otros bienes, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití.

La falta de audiencias en el Palacio de Justicia y algunos otros tribunales en Haití significa que miles de personas en detención preventiva no han sido llevadas ante un juez ni sus casos han podido ser revisados. Más del 90 por ciento de las personas privadas de la libertad en Puerto Príncipe están en prisión preventiva. Algunas se encuentran bajo detención arbitraria, ya que nunca han sido llevadas ante un juez. Otros no han obtenido información sobre sus casos durante más de un año.

Funcionarios judiciales y abogados habían advertido desde hace años sobre los crecientes niveles de violencia de las pandillas en el área que rodea el palacio, que se encuentra en un barrio controlado por pandillas, y habían pedido que el tribunal fuera trasladado a otro sitio. La Asociación de Magistrados de Haití y la Oficina de Protección del Ciudadano identificaron un edificio donde se podría instalar el tribunal y han solicitado reiteradamente al gobierno que lo reubique, pero no han recibido respuesta de las autoridades, según el presidente de la asociación.

El Palacio de Justicia había estado prácticamente inoperante desde 2018 debido a los riesgos de seguridad. Los funcionarios judiciales iban al juzgado solo para hacer copias de documentos o recibir nuevas evidencias, pero la mayoría de las audiencias habían sido suspendidas. “Si los funcionarios iban al tribunal, tenían que hacerlo bajo su propio riesgo y esquivando balas”, dijo un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial a Human Rights Watch.

Las pandillas parecen haber robado o destruido expedientes y evidencias que, según el presidente de la Asociación de Magistrados Haitianos, serán imposibles de recuperar ya que los tribunales haitianos no tienen copias digitales de los casos. Las oficinas del tribunal albergaban evidencias y expedientes sobre múltiples masacres cometidas desde 2018 por pandillas, así como casos de corrupción, delitos financieros y homicidios.

La policía no ha podido recuperar el control del tribunal, que la pandilla patrulla y vigila con drones, según el Defensor del Pueblo de Haití. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos dijo que la pandilla “5 Segundos” no ha permitido la entrada de extraños al barrio.

Las autoridades haitianas deben tomar medidas urgentes para recuperar expedientes, reubicar el tribunal y proteger a los funcionarios judiciales para que puedan regresar a su trabajo y evaluar los daños causados por las pandillas a los expedientes judiciales, dijo Human Rights Watch. La Oficina Integrada de la ONU en Haití, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los gobiernos extranjeros deben trabajar con las autoridades haitianas para mejorar la protección de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales y apoyar la reubicación del tribunal.

Las prisiones en Haití están superpobladas, brindan escaso acceso a alimentos, agua y medicamentos. Ha habido múltiples informes de organizaciones de derechos humanos haitianas y la Oficina del Defensor del Pueblo sobre casos de malos tratos o tortura por parte de los guardias de la prisión y de violación sexual por parte de detenidos.

La Oficina de la ONU en Haití documentó 54 casos en los que los detenidos fallecieron por causas relacionadas con la desnutrición entre enero y abril. Ocho detenidos fallecieron por estas causas el 23 de junio en la prisión de Les Cayes, al sur de Haití. La prisión alberga a 833 detenidos, tres veces su capacidad, y tiene poca comida y agua porque las pandillas han bloqueado repetidamente la carretera entre Puerto Príncipe y Les Cayes.

Las autoridades haitianas deben priorizar la liberación de las personas en detención arbitraria, garantizar que los tribunales judiciales puedan funcionar de manera efectiva y revisar los casos, y mejorar las condiciones carcelarias, dijo Human Rights Watch. La comunidad internacional debe trabajar con las autoridades haitianas para abordar estos problemas de forma urgente.

A medida que se acelera el deterioro de la seguridad y el acceso a la justicia en Haití, varios países continúan repatriando personas al país. Más de 19.000 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití entre enero y junio de 2022, la gran mayoría desde Estados Unidos, en comparación con casi 3.000 durante el mismo período de 2021.

“Las repatriaciones a Haití ponen en riesgo la vida de miles de personas, y ello no cambiará hasta que no mejoren las condiciones en el país”, dijo Muñoz. “Estados Unidos y otros gobiernos deberían detener todas las expulsiones y deportaciones, y ayudar a establecer un programa de reintegración para brindar asistencia y protección a quienes ya han sido repatriados”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2022/07/22/haiti-ola-de-violencia-profundiza-la-crisis-de-derechos-humanos

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“Hay que escuchar a los niños”: sobre morir en Nicaragua, huir de Siria o volver a Haití

El periodista español Javier Sancho Mas publica Tres niños sin fronteras que vencieron al miedo (Alfaguara), un libro infantil que transmite solidaridad y empatía, pero que en el fondo muestra cómo la belleza sirve para sobrellevar los traumas de la soledad.

Mireya, una niña del pueblo nicaragüense de San Juan del Sur, voló de su habitación del hospital La Mascota, en Managua, para no volver. Ahmed, un niño que huyó de Alepo en la guerra civil siria, recuperó la voz después de haber perdido a su hermano, siempre acompañado de un elefante.

Y Jean François, un niño haitiano que disfrutaba los helados de su madre Madame Sara, la encontró después del terremoto que destruyó el país en 2010, en la imagen de un pájaro típico.

Son «Tres niños sin fronteras que vencieron el miedo» (Alfaguara). Sus historias, entre la realidad y la ficción, componen el primer libro infantil del periodista español Javier Sancho Mas (Huelva, 1973), que lo escribió a partir de su trabajo en Médicos sin Fronteras, junto a la ilustradora Blanca Millán, también española.

El autor, que viajó por medio mundo trabajando en la organización de 2003 a 2012, no revela que Mireya murió de un cáncer mientras alzaba los brazos para librarse del dolor, como le había sugerido su madre para consolarla. Tampoco que el hermano y el padre de Ahmed habían sido degollados, o que el barrio en el que vivían Jean François y Madame Sara es uno de los más pobres de Puerto Príncipe.

El libro mezcla periodismo, ficción y docencia, a los que se ha dedicado Sancho Mas. Vivió en los años 1990 en Nicaragua, donde les contaba historias a los niños del colegio en el que daba clase. Mantiene vínculos que no estrecha desde su última visita al país, en diciembre de 2018. No conoció a Mireya, la “niña cometa”, pero sí a la médica Araica Pérez, que la había atendido a principios de siglo, hasta que murió jugando “aliada de la imaginación”.

Esa muerte, lamenta el autor, fue la que se escucha en El Niágara en bicicleta, la canción de Juan Luis Guerra sobre la precariedad en muchos hospitales dominicanos, o latinoamericanos. La morfina que apaciguaba a Mireya se había terminado en las venas del familiar de un político, mientras su madre solo podía encomendarla a “Papachú”, el Jesús del Rescate para los católicos nicaragüenses.

Las culturas en Siria y Haití son distintas, pero también las une la realidad y la ficción. Sancho Mas conoció a Jean François, quien había estudiado Medicina en Costa Rica gracias a uno de los muchos forasteros que su madre acogía de buena fe. Ya como doctor Saint-Sauveur en Médicos sin Fronteras, volvió a Haití tras el terremoto. Bajo los escombros habían quedado muchas “Madan Sara”, nombre común de las vendedoras informales, y niños como el que le dio la foto del pájaro del mismo nombre, que se volvería la única imagen que conservaría de su madre.

El “elefante errante” de Ahmed, una figura pequeña pero también un amigo imaginario que le había regalado su hermano Ibrahim, sí fue un recurso literario. El autor lo recuerda de las historias que su madre le contaba, y la plasmó en las que el niño escuchaba de la suya sobre cómo una manada de elefantes ayudaba a unos pescadores a desencallar su barco. Ahmed trazó el contorno del elefante junto con su casa y una serie de “lágrimas negras que salían del cielo”, como llama Sancho Mas a las bombas que vio en dibujos de niños sobre la guerra en Siria o Colombia.

Para él fue un reto exponer “sin ser explícito, pero sin ocultar”, situaciones donde la condición humana llega a su máxima fragilidad o tensión. No busca transmitir valores, pero compara ese cruce inevitable con el del pésame: acompañar a otra persona en su momento más duro.

“Todos vamos sumando huequitos de soledad que las palabras no llenan, pero en los niños he visto una fortaleza que nace de la imaginación”, como comentó con la enfermera Miriam Alía, que atendió a Ahmed.

La soledad, el otro gran tema del libro junto a la belleza y el miedo, es “difícil de entender”.

“No sabemos lidiarla ni sabemos enseñar a lidiarla”, insiste Sancho Mas. Por su trabajo en Médicos sin Fronteras, que le dio acceso a personas y lugares al alcance de pocos ajenos a ellos, y el posterior como periodista independiente, ha visto cómo “los flujos migratorios están cada vez más llenos de niños”.

Sus historias y maneras de afrontarlas “son distintas”. “La resiliencia, que decimos hoy”, por la que después de tanto escribir para adultos dice que “hay que escuchar a los niños”.

Fuente: https://www.vozdeamerica.com/a/hay-que-escuchar-a-los-menors-sobre-morir-en-nicaragua-huir-de-siria-o-volver-a-haiti/6634521.html

 

 

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Save The Children: Niños centroamericanos prefieren no migrar

La mayoría de los niños del Triángulo Norte Centroamericano, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, prefieren quedarse en sus países a migrar, pese al entorno de violencia o falta de oportunidades, reveló un estudio presentado este miércoles por la ONG internacional Save The Children.

 

El estudio denominado “Debería quedarme o debería irme”, analizó la complejidad de las decisiones migratorias, las necesidades y riesgos que enfrenta la niñez en estos tres países, con base en las respuestas de 122 niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 19 años.

El 43 % de los niños y adolescentes expresaron su preferencia de quedarse en su país o aún no tiene intenciones de migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida.

El 24 % de los entrevistados manifestaron su intención de migrar en un futuro próximo, el 17 % no sabía con seguridad si se iría, aunque no lo descartaron si se planteaba alguna alternativa como una beca, trabajo o si sus padres decidían marcharse, mientras que un 16 % no respondió.

La decisión de quedarse fue más alta en Guatemala, pues el 44 % lo haría frente al 39 % que se iría, seguido de Honduras, con 43 % y 20 %, y El Salvador con el 41 % y 11 %, respectivamente.

En El Salvador, el menos vulnerable de los tres países según la definición del Índice de Fragilidad de los Estados, aproximadamente uno de cada diez niños y niñas tenía intención de migrar, señaló el informe.

www.facebook.com/watch/?v=55326837637300

¿Por qué se quedan?

Los resultados del estudio demuestran que en la mayoría de los casos son los propios niños, niñas y adolescentes quienes deciden migrar o no. Y la familia es un factor clave en la toma de decisión.

En concreto, el vínculo familiar impulsa a la población infantil a quedarse, pues desean permanecer cerca y recibir atención y apoyo.

A su vez, la migración exitosa de un familiar ayuda a reducir las posibilidades de migrar de los jóvenes al recibir remesas del extranjero.

Muchos de ellos consideran que las zonas donde habitan son seguras, donde mantienen los lazos familiares y comunitarios, y también creen que pueden alcanzar sus metas de estudio y empleo en sus países de origen, según el estudio.

Las pandillas

Las pandillas, que tienen una fuerte presencia en el Triángulo Norte, empujan y a la vez frenan la migración de los menores. La violencia de las también llamadas “maras” es un gran aliciente para irse de una comunidad, pero al mismo tiempo un obstáculo.

“Todas las rutas de autobús pasan por barrios opuestos, es decir, controlados por pandillas rivales, por lo que las personas jóvenes tienen miedo de subirse al autobús. Para una persona joven es difícil salir de este barrio”, señala el estudio.

“muchas veces los jóvenes ven que están bloqueados por las maras para estudiar o buscar otras oportunidades económicas”, lo que constituyen razones para migrar, afirmó la directora regional de Save the Children para América Latina y el Caribe, Victoria Ward.

¿Por qué se van? La caída del “sueño americano”

“La razón principal (para migrar) es buscar oportunidades económicas en el país destino, y una buena proporción salen para buscar oportunidades educativas que tampoco puede encontrar en su país”, explicó Ward.

El documento resume que los jóvenes migran por mejores oportunidades laborales y educativas, por la violencia de género y las obligaciones familiares que les impiden estudiar en sus comunidades de origen.

A pesar de ello, el estudio señaló que el “sueño americano” no es siempre la “aspiración”, pues huyen de la violencia, la pobreza o la desigualdad que sufren en su lugar de origen.

“En todos los casos, la situación de violencia intrafamiliar o en la comunidad es un factor que impulsa a los jóvenes a migrar”, añadió la directora regional.

Las niñas, “atrapadas” por las familias y las maras

“También hemos encontrado en este estudio que muchas veces las niñas sienten que no pueden salir de su casa por temor a las maras” y que las capten, detalló Ward.

Aunque no hay una “gran diferencia”, los varones “tienden a migrar más que las mujeres”, aclaró Ward.

Las jóvenes suelen estar presionadas por las obligaciones familiares, tienen menos acceso a la educación superior y son más propensas a sufrir violencia basada en género, correr mayor riesgo de sufrir violaciones, sobre todo en las áreas controladas por las pandillas, según el estudio.

Algunas soluciones

“Nosotros tenemos un plan para llegar a cinco millones de menores en la región, trabajando con ellos y su familia para tratar de mejorar las situaciones locales y crear más oportunidades económicas, más arraigos con la familia y con el sistema escolar”, explicó Ward.

“Y, a su vez, para ayudar en México, en la frontera sur de Estados Unidos, para los que ya están en camino o los que están establecidos”, añadió.

Fuente: https://crnnoticias.com/save-the-children-ninos-centroamericanos-prefieren-no-migrar/

 

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Aspiración e incertidumbre. El Plan de Estudios de Educación Básica 2022

Por: Juan Carlos Silas Casillas, ITESO/Luis Medina Gual, Ibero CDMX 


El Nuevo Marco Curricular 2022 se ha conversado (a veces discutido) en este medio y algunos otros con mayor o menor detalle. Se han ponderado sus alcances, intenciones, qué tan factible es su puesta en marcha, así como los elementos que podrían influir en su nivel de éxito o fracaso en la formación de las nuevas generaciones. El punto de acuerdo parece ser que se trata de una propuesta interesante e inspiradora, que va en sintonía con el discurso de la administración 2018-2024 que resalta el derecho a la educación vinculado a los derechos humanos en su conjunto; también destaca la dignidad humana y la vida colectiva como los factores centrales.

Destaca el papel fundamental del reconocimiento y respeto a toda diversidad y propone lograr la mejora de la comunidad en sintonía con el respeto a todo tipo de formas de vida. Por otra parte, asume que las escuelas y el sistema educativo nacional están llamados a dirigir la acción para alcanzar la emancipación de los estudiantes y su compromiso con la comunidad. Justo en este punto comienzan las tensiones en la manera de comprender e interpretar el marco curricular ya que se reconoce a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos capaces de ejercer sus derechos educativos y humanos en tanto se articulen con las visiones pautadas por el sistema educativo. Se resalta el papel de la escuela como el espacio en que se articula la unidad nacional desde la diversidad, así como el lugar en que dialogan los saberes e identidades. Se habla de que lo común permitirá que los sujetos “construyan escuelas en donde el autogobierno permita el despliegue más libre de sus acciones y del actuar común, dentro de los límites de las reglas de justicia que la sociedad se impone a sí misma” (SEP, 2022, p.14). Esta frase da para mucha discusión y aunque inspira, lleva a comprensiones múltiples e inevitables equívocos (en el sentido etimológico de la palabra). Se propone la actuación de todos bajo lo pautado conceptualmente por el Estado que propone una decolonialidad, emancipadora, promotora de la autonomía, bajo la óptica “oficial”. Este asunto será un elemento de tensión en cada escuela y comunidad.

El Marco curricular retrata un futuro armónico, con imágenes de responsabilidad y respeto mutuo, al que es difícil saber cómo llegar. El texto tiene un aura nacionalista que parece relacionarse con la retórica de la mitad del siglo 20 que, sin embargo, tiene notas de actualización en términos tanto de valoración de las prácticas locales como de vínculos con otras culturas en condiciones de igualdad y subsidiariedad.

Otra actualización de agradecerse es incluir en la argumentación, y esperablemente en la práctica, reflexiones en torno a lo que dejó la pandemia. Es un bosquejo de diagnóstico que apunta a rescatar la trascendencia de las interacciones formativas entre estudiantes, docentes, familia, personal escolar y comunidad. Señalan algunas maneras en que el confinamiento influyó en los aprendizajes no planeados y cómo se puede realizar un vínculo entre la vida cotidiana en comunidad y los aprendizajes escolares. En síntesis, plantean reconocer la vida social de la escuela, replantear el papel instrumental de los planes y programas para resolver asuntos relevantes, reconocer a las/os docentes, reforzar el vínculo con las familias y redimensionar el papel de las tecnologías, entre otras intenciones.

La versión más reciente ya no dedica tantas páginas a su crítica al corte neoliberal de los esquemas formativos anteriores, aunque sigue presente el reclamo por haber fomentado el individualismo y la obcecación por la evaluación competitiva para los alumnos y punitiva para los profesores. Refiere cómo los organismos internacionales han “colonizado” al sistema educativo mexicano y lo ha apartado de su función comunitaria, por lo que es importante ir hacia lo común y el compromiso de corresponsabilidad y coparticipación.

Se dedica mucho espacio a resaltar el papel que desempeñan maestras y maestros no sólo en términos de la promoción de aprendizajes sino también en la construcción de ciudadanía y dinamizadores de la comunidad desde la escuela. La propuesta implica otra antigua aspiración que, sin embargo, cuesta trabajo asir bien, como es la autonomía curricular; especialmente ante la presencia de lineamientos centralmente establecidos.

La parte central se integra por varios elementos entre los que se destacan la comunidad (y sus saberes) como el núcleo de los procesos educativos, la comprensión del aprendizaje como un hecho histórico y contextual, así como el diálogo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la comunidad. Es decir que ya no es el estudiante el único foco de la educación, también lo es la comunidad en que se ubica la escuela. Haciendo un juego de palabras con frases usadas por la propia Secretaría de Educación, es evidente que “La Escuela es Nuestra” y ya no es sólo está “La escuela al centro”, aunque habrá que pasar de lo dicho a los hechos.

Parece haber un énfasis importante en vincular las actividades escolares con la vida en la comunidad y tener al estudiante (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) y a los profesores y profesoras como los actores centrales en ese diálogo. Aquí hay que aclarar un malentendido ya que algunos colegas académicos han dicho que lo que se privilegia son los saberes locales en contra de las convenciones científicas, lo que no es correcto; se propone usar lo comunitario para vincular los conocimientos (y supuestos) locales con los hegemónicos y que funcionen como una especie de “pivote” para reflexiones situadas. Al igual que el punto previo, será importante pasar de una idea interesante a una práctica productiva. En este sentido, los saberes locales o comunitarios se plantean como puntos de partida, más no necesariamente de llegada.

En este sentido, se busca posicionar al estudiante frente al presente de su comunidad, un presente resultado del pasado y de la manera en que las dinámicas sociales actuaron (y actúan) en generar lo que caracteriza a su comunidad: injusticia, inequidad, etc. Para ello cada colectivo de estudiantes debe consultar (esperablemente de manera crítica) todas las fuentes posibles que le permitan comprender, para después proponer soluciones. La comunidad será el eje articulador de los procesos educativos y coherente con lo anterior, el documento llega a plantear que la comunidad es también escuela. Busca encontrar lo común desde la diversidad y comprender al mismo tiempo al presente como resultante del pasado, a su vez con vista a un futuro común en mejores condiciones, algo realmente encomiable, aunque francamente difícil de hacer operativo (por lo menos en el corto plazo).

Un elemento que llama al optimismo es emplear la educación como promotora de justicia social, articuladora de prácticas democráticas y generadora de pensamiento crítico y a la escuela como el punto de confluencia de los diversos. La idea de pasar de formadores de “recursos humanos” a “comunidad fortalecida” es muy atractiva, el asunto central es ¿cómo se logra eso?

Este modelo centrado en lo comunitario y con discentes y docentes como articuladores o dinamizadores del cambio comunitario se presta a múltiples interpretaciones. Será necesaria la participación de académicos y miembros de la comunidad para reflexionar en la práctica lo que se debe entender como diálogo escuela-comunidad. Por otro lado, un aspecto central, dado su carácter articulador, es el de la definición de comunidad ¿qué es comunidad? ¿quiénes la integran? ¿cómo se dinamiza? ¿cómo reconozco una cuando la veo? Esto sale a colación porque los ejemplos que mayormente ilustran el trabajo en comunidad, parecen aludir a localidades rurales o semirurales, que son muy importantes, indudablemente, pero no son el único tipo. En este México del siglo 21 tenemos urbes muy complejas que no corresponden a los ejemplos y que seguramente presentarán muchas maneras diferentes de atenderse y desarrollarse. Aquí también será importante reflexionar acerca de cómo se puede entender a la comunidad e incluso desarrollar metodologías concretas en su análisis y propuestas de incidencia. Disculpando el comercial, las universidades e instituciones cercanas al Sistema Universitario Jesuita llevan muchos años reflexionando y proponiendo en esta materia y seguramente tendrán aportaciones importantes.

Por último, es trascendente señalar dos temas torales: la actuación de los docentes y el papel de la evaluación. Con relación a los docentes, hay tres elementos importantes: 1) Se habla mucho de la justa revaloración de los docentes, que ahora estarán asumiendo un papel clave en la transformación social. Su papel ahora se parece mucho a aquellas vasconcelianas misiones culturales y al trabajo para el que se preparaban los docentes de las normales rurales para incidir en la comunidad. Es decir, se les está revalorando al mismo tiempo que se les asigna un muy serio paquete. 2) Se propone mucho la idea de la libertad docente y autonomía curricular, mismas que requerirán tiento y diálogo. Y 3) El esquema de trabajo propuesto requiere de mucho diálogo en el colectivo docente y de un tipo de profesor diferente al que tenemos hoy. Deberá tener otras habilidades, saber cómo vincularse con la comunidad, proponer diálogos de saberes, elegir las formas de llevar a cabo los diálogos, las evaluaciones de lo que dominan los estudiantes como de la situación comunitaria. Y aquí está una de las previsibles futuras tensiones y hasta fuente de conflicto, las escuelas normales no están formando, al menos no completamente, para este tipo de docentes-dinamizadores comunitarios. La USICAMM, es decir, el sistema para la carrera de las maestras y los maestros parece tener otro esquema de valorar la formación y el trabajo docente. Sería interesante ver cómo se incluye el elemento de dinamización comunitaria y del trabajo conjunto de la escuela y la localidad o barrio, en la valoración de los profesores.

Las evaluaciones son “la papa caliente” del marco curricular y merecen una reflexión más serena. Aquí aventuramos dos cosas: 1) Todos sabemos que la evaluación, en la práctica, es el elemento articulador del currículo. Los profesores regularmente carecen de tiempo para planear y desarrollar evaluaciones y suelen necesitar de manera urgente un examen fácil de calificar (como si examen fuera sinónimo de evaluación). La falta de tiempo y otros factores que enfrentan los profesores hacen común ese problema. 2) El Nuevo Marco Curricular pide documentar el proceso de aprendizaje de los alumnos y ya no una evaluación… menos aún una estandarizada de gran escala. Adicionalmente, contar con evaluaciones diagnósticas simultáneamente individuales y colegiadas, que se vinculen con la sistematización de información, que se constituyan en una brújula que oriente el trabajo formativo, etc. son una larga aspiración que, sin embargo, va en ruta de colisión con el uso de estándares nacionales, calificaciones y desempeño de los estudiantes centrado en la nota, como ha sido la práctica usual por décadas. Es un cambio de enfoque, un cambio de cultura, que tendrá tensiones y polarización. Será importante un gran diálogo académico para desarrollar junto con autoridades e instituciones educativas, una mecánica sensata para la documentación, sistematización y análisis de los aprendizajes de los estudiantes, así como su vínculo con la comunidad.

En síntesis, es realmente difícil estar en desacuerdo con lo planteado por el marco curricular y el plan de estudios 2022, el problema es ¿cómo se logra? ¿cuál es el camino?  Es esperable que, como dice el poema, tendremos que hacerlo al andar.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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TODES LIBRES. Queremos vidas plenas y felices

Por: Tercera Información

Manifiesto ALEAS-IU Red de Activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida con motivo del Orgullo 2022.

Martes, 28 de junio 2022.

Libertad es no depender de la voluntad de otro. Libertad es vivir libre de sometimiento y discriminación. Libertad es un ejercicio colectivo contra la explotación y la dominación. Libertad es autodeterminación.

Para caminar libres y en igualdad nos organizamos y reconocemos el trabajo de tantas y tantas personas que nos han precedido, activistas y militantes. Sabemos que vuestras conquistas, de las que dependen nuestra libertad e igualdad, no son irreversibles. Han pasado 53 años de la revuelta de Stonewall, 45 años desde la primera manifestación de personas LGTBIQA+ en España, 44 desde que se dejó de criminalizar la homosexualidad en nuestro país, 17 desde que existe el matrimonio igualitario. Los derechos se conquistan, y si no se cuidan y se ensanchan, se ponen en peligro.

Creemos que la mejor manera de avanzar en nuestros derechos es con una férrea alianza social y política que defienda los derechos sociales, económicos, laborales, educativos, sanitarios y culturales de trabajadores y trabajadoras. Nuestras identidades han sido históricamente portadoras de desigualdades materiales, sociales y culturales. La orientación sexual e identidad o expresión de género de las personas LGTBIQA+ ha sido causa de discriminación y exclusión, y lo sigue siendo. Frente a ello, una alianza de clase, feminista, ecologista y republicana es nuestra opción.

Somos conscientes de haber crecido y avanzado con esta alianza y saludamos cada logro que nuestra lucha, la de las personas LGTBIQA+, ha conquistado. El último de ellos, demandado durante décadas por Izquierda Unida, ha sido la aprobación del Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

También creemos que debemos comprometernos a llegar más allá. Hoy, reconociendo todo lo logrado para que este junio sea también de alegría, estos son nuestros compromisos:

  • Los derechos de las personas menores trans, las personas no binarias, las personas migrantes deben ser reales y efectivos. Tan reales como ellos, ellas y elles son y tan efectivos como la ciudadanía de pleno derecho que no se les reconoce. Nuestro esfuerzo estará en un proceso colectivo que durante el trámite parlamentario no les deje atrás, entonces, sí celebraremos.
  • Trabajamos cada día fuera de las grandes manifestaciones y ciudades. Orgullo el de nuestros pueblos, para que todos sean seguros. Trabajar hasta el último rincón de la España más rural para que nuestro orgullo sea más grande.
  • Sí, aún tenemos miedo. Tenemos miedo a la discriminación, al abandono, al auge de la extrema derecha y el populismo liberal que nos señala para que otros nos disparen. Tenemos el deber de crear espacios seguros para protegernos, enfrentarles y avanzar. Hasta ganar una vida libre y digna para todas, todos, todes. Nos cuidan nuestres amigues.
  • Somos las personas LGTBIQA+ quienes debemos tener voz para garantizar nuestros derechos; como militantes de Izquierda Unida nos comprometemos a que cada uno de nuestros pasos sea dado con una alianza social. Que sea de verdad que nadie se quede atrás.
  • Es difícil tejer alianzas desde el privilegio. Queremos aquí, caminando a nuestro lado a todas las personas migrantes, racializadas, LGTBIQA+ a quienes otros ocultan y agreden. Nuestra alianza es antirracista.

Miramos adelante unidas, unidos, unides. Nuestra alegría es nuestra trinchera. Rebeldes y en lucha. Queremos vidas plenas y felices. Nos queremos TODES LIBRES.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/28/06/2022/todes-libres-queremos-vidas-plenas-y-felices/

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Documentan represión del gobierno de Lasso al Paro Nacional en Ecuador

Por: Amnistía Internacional

La represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso hacia las manifestaciones convocadas, en el marco de un paro nacional, por organizaciones indígenas, gremiales y sociales desde el 13 de junio de 2022 está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019. Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los Pueblos Indígenas y personas en situación de pobreza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos – como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil – en el contexto de la represión de las manifestaciones por las autoridades. Otras organizaciones de derechos humanos han alertado también sobre la existencia de casos de malos tratos y criminalización. A su vez, la Policía Nacional ha reportado incidentes de violencia por parte de manifestantes.

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Durante la represión de las protestas de octubre de 2019, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad.

De acuerdo con información pública, entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio, al menos 16 personas resultaron heridas, incluyendo impactos en cráneo y ojos, durante la represión de una manifestación por agentes de la Policía Nacional en Riobamba. Se reporta que dos de las víctimas sufrieron heridas de perdigones.

El 19 de junio a las 2:17 p.m., el Comandante General de la Policía Nacional afirmó que iniciaría una investigación de asuntos internos y negó tanto que sus agentes utilizaran perdigones, como que hubieran disparado contra las víctimas.

Personas defensoras de derechos humanos y líderes Indígenas también han denunciado haber sufrido hostigamiento y ataques al realizar su labor en el contexto de las protestas.

El 18 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que individuos no identificados habían disparado contra la ventana del vehículo de su presidente, Leónidas Iza, mientras se encontraba vacío. Dos horas más tarde, el Ministerio de Gobierno informó que solicitaría la investigación correspondiente y que no toleraba actos de violencia “con mayor razón si los actos ocurren contra quienes nos critican, justificadamente o no”. La CONAIE ya había denunciado vigilancia y hostigamiento por personas no identificadas.

El 19 de junio a las 6:34 p.m., la CONAIE difundió un video donde aparecen dos camiones militares con agentes de seguridad presuntamente estacionándose en las inmediaciones de la sede de la organización en la ciudad de Quito.

La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador denunciaron haber sufrido ataques a sus sitios web a través de bots que buscaban sobrecargar sus servidores el 13, 14 y 18 de junio, respectivamente.

“Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas.

Ante la preocupante cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, la Fiscal General del Estado debe realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales para llevar a los sospechosos de responsabilidad penal ante la justicia, incluyendo a la cadena de mando.

Más información:

El 14 de junio, hacia las 12:29 a.m., fuerzas de seguridad detuvieron a Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, en la provincia de Cotopaxi. Estuvo detenido en régimen de incomunicación y fue acusado del delito de “paralización de un servicio público”, antes de ser puesto en libertad esa noche. Su detención podría haber sido arbitraria y los procedimientos penales que se siguen contra él podrían constituir criminalización de la protesta.

El 17 de junio, el presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo Nº 455, que declaró “el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura”, suspendiendo la libertad de asociación, reunión y tránsito durante treinta días. El decreto estableció al Distrito Metropolitano de Quito como “Zona de Seguridad” a cargo de las Fuerzas Armadas, a quienes también ordenó “mantener el orden” en el contexto de las protestas de manera “complementaria” a las acciones de la Policía Nacional.

Pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Una versión previa del decreto, que contenía la firma del presidente, incluía disposiciones preocupantes que autorizaban el uso de “fuerza letal” (Artículo 11) por las fuerzas de seguridad y la limitación del derecho a la información (Artículo 9), suspendiendo “servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet” y restringiendo la difusión de “información clasificada, reservada o de circulación restringida a través de los medios de comunicación social, redes sociales y contenido comunicacional”. Posteriormente, la Presidencia argumentó que se trataba sólo de un “borrador” y emitió una nueva versión sin esas disposiciones.

El 18 de junio, a pesar de que el estado de excepción suspendió la libertad de asociación y reunión, la Presidencia emitió el Boletín Oficial 561, titulado “La capital de los ecuatorianos marcha por la Paz”, para promover una marcha de “cientos de quiteños y quiteñas (…) preocupados por la situación del país y los actos de violencia y vandalismo”. El boletín incluía el mensaje “El Gobierno Nacional respalda esta iniciativa y se suma a esta causa”. Tanto la página oficial que albergaba el boletín, como el tweet que lo promovía, fueron eliminados posteriormente. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado durante esa marcha, muestra a un grupo de personas cantando mensajes racistas contra la población indígena.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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