Réflexions à partir du contexte africain
Fifamè Fidèle Houssou Gandonou. [Autor]
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ISBN: 978-2-88931-138-5
Globethics.net
Suiza – Ginebra
Septiembre de 2016
ISBN: 978-2-88931-138-5
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Suiza – Ginebra
Septiembre de 2016
América del Sur/Colombia/ 1 Abril 2017/Fuente: El tiempo
Colombia es un país maravilloso desde un punto de vista estético y por la gente linda que habita buena parte del territorio. También es un lugar permeado por la ambición, la necesidad de poder, lo que conlleva a enfermedades como la corrupción, la pobreza y la desigualdad. No hay fórmulas secretas, prescripciones médicas ni recetas mágicas para progresar. Hay infinidad de modelos con respuestas, unas más útiles que otras, sobre cómo tratar esas enfermedades (tal vez la cura sea casi imposible, pero un tratamiento es viable). Amartya Sen, reconocido premio nobel de economía, a lo largo de los años, ha manifestado la necesidad de fortalecer las capacidades en las personas, así como la libertad, para lograr el progreso, reducir la pobreza y la desigualdad.
En cuanto a las capacidades, se hace referencia importante a lo mínimo que necesita una persona para progresar y salir adelante; una adecuada nutrición, techo, acceso a un sistema de salud y educación, todos bajo parámetros elementales de dignidad. En Colombia tenemos un sistema político ineficiente, que es casi que inútil en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de los colombianos, principalmente aquellos que más lo necesitan. Según el DANE, para el año 2015, hay 28.1% de personas pobres, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta mínima de bienes y servicios, así como 7,9% de personas en extrema pobreza, es decir, que no alcanzan a cubrir el costo mínimo de una canasta alimentaria.
Si separamos las zonas urbanas del país de las rurales, la situación se torna dramática. El DANE habla de 55,5% de hogares rurales que no logran cubrir las necesidades básicas para una vida digna, comparado con un 27,8% a nivel nacional y un 9,2% en una ciudad como Bogotá. 25,7% de los hogares en zonas rurales del país, viven en la miseria. Si seguimos elevando el análisis a otras dimensiones (Índice de Pobreza Multidimensional), la pobreza en el sector rural alcanza el 40% versus 4,7% en Bogotá, que sirve como referente urbano. Es decir, el pobre en Colombia, está condenado a ser cada vez más pobre. El campo no puede progresar sin una adecuada nutrición, sin techo, sin acceso a salud digna, y sin educación, tal y como lo manifiesta Sen.
Hay programas de gobierno que se diseñan particularmente para atacar estos males y se hacen inversiones gigantes. El problema es que hay toda una mafia alrededor de la contratación pública, por eso no es nuevo, aunque sí sorprendente por su magnitud, el escándalo de Odebrecht. Puede que no sea en el 100% de los casos, pero en montos, se acerca bastante. Esto termina generando ineficacia en los resultados y más pobreza y desigualdad. Lo mismo sucede a mayor o menor escala, pero con consecuencias aún más graves con programas de alimentación, salud, etc. Sucede en todo el país, pero con agravantes como la Guajira o el Chocó, donde ya es costumbre encontrarse con los robos más inhumanos y despiadados que puedan llegar a conocerse.
¿Cómo combatir estos males?
Cuando se habla de desarrollo, surgen grandes ideas como el de explorar nuevas fuentes de petróleo. Que si se benefician muchos con el petróleo, no lo dudo, todo el país depende de este mineral, pero a largo plazo, no genera mayor cosa, como se puede ver hoy en día en una ciudad como Yopal. Lo que sí deja, es una problemática ambiental irreversible y serias dificultades sociales. La alternativa de moda es el turismo, pero entonces la ministra lo plantea en un sentido que busca atraer grandes capitales e inversiones principalmente foráneas, maximizando utilidades de corto plazo y para los que más tienen, lo que permite alcanzar cifras de crecimiento elevadas rápidamente, olvidando nuevamente los beneficios de largo plazo y las causas del problema que se busca solucionar. Causa sensación el discurso de Lacouture frente al desarrollo del turismo en áreas protegidas. El turismo sí que es una gran alternativa, pero debe saberse que el trabajo se debe hacer mediante acompañamiento permanente a las comunidades que hacen presencia en destinos con mayor potencial, preparándolos, generando capacidades en su gente, para que el día de mañana sean ellos los expositores del turismo a nivel internacional y que ellos mismos se beneficien de los réditos que genera el sector y de esta manera, contribuir a una mejor calidad de vida y felicidad de los más necesitados en el país. El turismo responsable y sostenible, sí es una importante salida.
¿Y qué hay de la educación?
La fórmula de adoctrinamiento más eficiente de la historia es tener un pueblo pobre e ignorante. Siempre ha funcionado y aquí en Colombia se demuestra día tras día, con cada proceso electoral, etc. Los gobernantes que se eligen, siempre terminan defraudando, casi siempre terminan destapando sus intereses personales y el bienestar del pueblo, al final, se va para la mierra por no decir otra cosa. Quien no nace en una clase social privilegiada o en un núcleo urbano importante, no tiene prácticamente posibilidades de salir adelante. Los sesgos y las brechas son cada vez más grandes. Quienes hemos trabajado en la docencia universitaria y visto de cerca la diferencia entre los colegios públicos y privados, el panorama es triste y desolador. Peor aún, el nivel de un colegio público de ciudad comparado con el de un colegio de un pueblo y aún más grave, el nivel de un colegio del casco urbano del pueblo versus el de una vereda.
La educación no puede ser un bien privado, debe ser un derecho público, como también la salud. Pero, con el ánimo de privatizar todo y de obtener utilidades jugosas para los más ricos, se ha perdido el norte del país. Hay programas que buscan generar beneficios y de alguna manera lo logran, como es el caso de “Ser Pilo Paga”. De lejos, parece ser una maravilla, financiar la educación de un estudiante que ha luchado para tener buenas notas y buenos resultados en los exámenes de suficiencia, en cualquiera de las mejores universidades privadas del país. Habrá casos de éxito y para mostrar de aquellos que logren sobrevivir a esta aventura extrema. Pero de cerca he podido ver la deserción de estudiantes que llegan de lejos, a enfrentarse por primera vez a una ciudad como Bogotá, con lo difícil que es el transporte, la gente misma y los costos que implica vivir en la capital o en otras de las principales ciudades del país. Los chicos, que suelen tener entre 15 y 19 años, llegan sin sus padres, sin sus familias, sin dinero, no les alcanza ni para las fotocopias ni para almorzar y los papeleos son infinitos en el Icetex, lo que los hace perder clases. Llegan sin el nivel de los colegios de aquí y nivelarse, con todo y los problemas, es un reto tan grande como pueda llegar a imaginarse. Más allá de las buenas intenciones, es un programa que sirve de “contentillo” ante una problemática cada vez más grande. La educación está malherida y es una alarma que se dispara día tras día la desigualdad social en un país que anhela salir del conflicto, pero que no vislumbra salidas claras a los problemas de fondo.
Por otro lado, están otros temas de fondo en el sistema educativo donde se enseñan disciplinas de manera descontextualizada, separando la realidad de la teoría, generando un interés y un apego a los títulos, más allá que las capacidades mismas para crear y construir. Esto no es solo problema de la educación, sino del mercado laboral. La naturaleza y la raza humana aparecen desligadas, como si no fuéramos parte de un todo, ignorantes de nuestra relación de dependencia, quizás unilateral. Es curioso ver cómo nos aferramos a un planeta que a la vez destruimos a diario. La misma corrupción es algo crece como consecuencia de las mismas fallas en la educación. Se anhela poder, riqueza, reconocimiento, de la misma manera que se aprende a leer. Se enseña a aceptar el poder y a incorporarse al sistema, más que a crear nuevos modelos y formas de vida social. No se enseña a debatir, a tener criterio, a luchar por una causa, a argumentar, controvertir, etc.
En fin, Colombia debe ser consciente de los problemas más profundos si algún día pretende salir del conflicto armado y para esto, debe poner atención, entre diversos temas, a la pobreza y la desigualdad. Una vida digna con lo mínimo para progresar debe implicar una alimentación nutrida, un techo digno, educación y salud de calidad y libertades de expresión, de participación política, etc. Sobre todo, es elemental la consciencia de lo que cada uno puede contribuir para que las cosas salgan adelante. El estar lejos no significa que no me toca poner a mí. Todos debemos contribuir, de lo contrario, será culpa de todos que el camino y el sistema sigan siendo los mismos de siempre. El futuro de Colombia depende de todos. La paz, también depende de todos.
Fuente:http://blogs.eltiempo.com/felicidad-desarrollo-turismo/2017/03/14/la-educacion-y-los-males-de-colombia/
Sudáfrica/21 de marzo de 2017/Autor: News24/Fuente: All Africa
University of Pretoria AfriForum campus co-ordinator Jaco Grobbelaar said he felt like his humanity was disregarded when the higher education national convention in Midrand was disrupted with calls for white people to leave.
«I am afraid. You look at chairs flying and I see my people in the corner… there was women there and I ran to make sure that they were okay,» Grobbelaar told News24 after the incident on Saturday.
«My feeling is that they don’t see us as being a part of anything anymore. They almost deny my humanity, our human dignity.»
A delegation from lobby group AfriForum left the national convention after students denied them the chance to speak.
The disruptions continued when Higher Education Minister Blade Nzimande attempted to speak.
The conference eventually had to be cancelled.
Grobbelaar said he saw no way to remedy the situation.
«It is getting violent and I am not willing to risk my life to find a solution.»
Grobbelaar said they would lay a complaint with the police after a student allegedly assaulted an AfriForum member.
Wits vice chancellor Adam Habib said there was a crisis higher education because of intolerance.
«We are not willing to listen to each other. We will not be able to find solutions to the crisis. If we don’t resolve higher education’s crisis we don’t resolve the inequality in the society as a whole,» he said.
Fuente de la Noticia:
http://allafrica.com/stories/201703200558.html
Entrevista a Carmen Beramendi, ex secretaria nacional de políticas para las mujeres de Uruguay.
Entrevista a Carmen Beramendi, una de las más destacadas feministas uruguayas. Ha sido presa política durante la dictadura militar y, luego del regreso a la democracia, se transformó en la primera mujer diputada de su país. Fue secretaria nacional de política para las mujeres del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Actualmente, es directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Uruguay.
Beramendi analiza la persistencia de las desigualdades de género en uno de los países con mejores niveles de justicia social en Latinoamérica. Realiza así un recorrido por algunos de los complejos vaivenes que ha transitado la lucha por la igualdad en la administración del Frente Amplio, una coalición de partidos y organizaciones de izquierda que gobierna el país desde 2005.
¿Quién es Carmen Beramendi?
Me defino como una luchadora, que desde muy pequeña ha trabajado desde varias trincheras por la igualdad y la justicia social. Vengo de una familia de clase media. Mi padre era una persona muy honrada y mi madre era una mujer cristiana, de ese cristianismo que hoy casi se ve en desuso, solidaria y generosa. Mi padre era médico veterinario. Mi madre había estudiado el profesorado de inglés, pero mi padre no la dejó terminar la carrera porque creía que ella debía dedicarse a las cuestiones domésticas. Soy hija, como muchas mujeres, de una madre con muchos deseos silenciados. Eso marcó mucho mi vida tempranamente.
Me siento una mujer rebelde en términos existenciales. Rebelde contra la hipocresía y el doble discurso. Esto encontró expresión en mi participación política. Primero, como militante estudiantil en la facultad de medicina de la Universidad de la República. Fue allí que viví las primeras experiencias como activista, pero también las primeras formas de discriminación. Experiencias que al principio naturalizaba y no interpretaba como mecanismos de discriminación de género, pero que con el tiempo fui comprendiendo, oponiéndome vigorosa y vitalmente contra ellas.
Entré a la facultad de medicina con 17 años y ya en el primer año me transformé en dirigente de uno de los grupos estudiantiles más radicalizados. Era 1968, un año explosivo en el mundo. También en Uruguay.
Pronto comencé a militar en el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. Pensaba que ese era el camino que acortaba la conquista del poder y la revolución. Como tantos otros, fui presa. Estuve siete años en la cárcel. Mi compañero estuvo trece. Yo estaba comenzando el 4º año de la facultad y acababa de ganar un concurso como docente de bioquímica. El 3 de octubre de 1972, unos meses antes del inicio de la dictadura, caí presa. Tenía 22 años recién cumplidos… y una hija de ocho meses.
Estuve los tres primeros años en la cárcel con mi hija, en un pabellón con 30 mujeres que también estaban acompañadas con sus niños y niñas. Creo que allí tuve el proceso de aprendizaje político más importante de mi vida. Un aprendizaje que me acompaña hasta hoy: nunca más por los demás; todo y siempre con los demás. Soy muy autocrítica con esa perspectiva vanguardista e iluminada de lo que debía ser la lucha de los pueblos. Con los demás todo, sin los demás, nada.
Salí de la cárcel convencida de que la alternativa en el Uruguay era el Frente Amplio y que lo que yo debía era trabajar para que la gente se organizara y luchara por sus derechos.
Traté de volver a la universidad, pero no me dejaron, entonces estudié psicomotricidad.
Me gradué pero tenía que trabajar para sustentarme. Vivía sola con mi hija y, aunque trabajaba en una gran corporación como empresa láctea Conaprole, no llegaba a pagar mis cuentas. Los fines de semana animaba cumpleaños infantiles. Teníamos una pequeña empresa que se llamaba Arco Iris: tocaba la guitarra, hacía títeres, cantaba.
Un día vi un llamado a concurso del Ministerio de Pesca. Me presenté. Éramos tres mujeres y 30 varones. Quedamos dos mujeres y, finalmente, lo gané yo. Te confieso que desde esa ocasión pienso que si en la política hubiera concursos, seríamos muchas más mujeres. Ingresé así a la industria de la pesca como jefa de control de calidad. Allí empecé a formarme como dirigente sindical, aunque sólo podíamos hacerlo de manera semiclandestina. Todavía estábamos en dictadura y se perseguía y amenazaba a los dirigentes gremiales. No fue fácil volverme dirigente sindical en un medio dominado por varones y en el marco de una dictadura. Fue duro, muy duro.
Ya en democracia, y como presidenta del sindicato de pesca, me tocó participar del Consejo de Salarios. Eran 38 grupos de todos los sectores y sólo dos representantes éramos mujeres.
Ingresé al Partido Comunista, que era parte del Frente Amplio. En 1989 fui candidata a diputada nacional y, siendo electa, ejercí el mandato entre 1990 y 1995. Fui la primera diputada de izquierda electa en el período democrático. El primer gobierno democrático después de la dictadura, entre 1985 y 1990, no hubo ninguna mujer en el Parlamento, ni de izquierda ni de derecha. Terminaba la dictadura, las mujeres habíamos luchado, como en toda América Latina, pero, en lo que parecía ser el país más igualitario de la región, ninguna mujer llegó al parlamento hasta 5 años después de instituida la democracia. Fue en ese momento que me volví feminista, casi sin darme cuenta.
Terminé el mandato de diputada y me dediqué a diversas tareas de asesoramiento programático en el Frente Amplio. Volví a la militancia social, ahora sí, fundamentalmente, en el movimiento de mujeres.
¿Cómo fue tu experiencia al frente de las políticas para las mujeres durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez?
Antes del primer gobierno del Frente Amplio, en Uruguay, existía el Instituto de la Familia y la Mujer. Para nosotros, la propia denominación nos resultaba inconveniente. Obviamente, creíamos que la familia debería ser un tema tanto de hombres como de mujeres. ¿Por qué asociarlo sólo a las mujeres? Desde hacía algunos años, el movimiento de mujeres uruguayo, con un núcleo muy importante del movimiento feminista, había generado y colocado en la agenda pública la necesidad de que existieran herramientas legales e institucionales que fomentaran las políticas públicas en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Nuestro programa de gobierno contemplaba una serie de reivindicaciones importantes en materia de género. Cuando el presidente Tabaré Vázquez me convoca, ingresé con aprobación unánime de todos los sectores del Frente Amplio. Para mí, esto fue muy importante porque yo provenía del campo sindical y no del movimiento feminista. De cierta forma, haber hecho estudios de posgrado sobre temas de género me brindó un nivel de validación importante con la sociedad civil y con diversos sectores de la izquierda, los cuales fueron determinantes para expresarle al presidente Tabaré que asumiría ese importante desafío sólo si hubiera condiciones para cumplir algunos objetivos fundamentales.
¿Cuáles fueron esas condiciones?
Construir colectiva y participativamente un proceso de ley, así como la promoción de un plan de igualdad que fuera asumido como compromiso de todo el gobierno. Tabaré se entusiasmó y asumió la propuesta, brindándole un fuerte respaldo del Gobierno a la implementación de un conjunto de políticas de género que tuvieron un carácter fundamente. Hicimos asambleas en todo el territorio nacional, y terminamos aprobando el plan general en una asamblea en Paso de los Toros, en el centro del Uruguay, con más de 3 mil mujeres. Una cifra que, en un pequeño país con 3 millones de habitantes, no deja de ser importante. Había mujeres representantes de todos los pueblitos, poblados y departamentos del país. Fue un proceso muy conmovedor. Tengo el privilegio de haber estado en esa histórica asamblea que marcó un hito en la lucha por la igualdad de género en el Uruguay. 3 mil mujeres de los más diversos sectores sociales, con la más diversa formación y de las más diversas actividades profesionales y adscripciones políticas, allí a orillas del Río Negro, el Río Hum como lo llamaban los primeros habitantes de nuestro territorio, le presentamos al Gabinete de Ministros el plan de igualdad construido por todas esas mujeres del país. Hoy me emociono de haber sido parte de este proceso fundante.
¿En qué año ocurrió esto?
Fue en el año 2006.
Yo había asumido en el 2005 y lo primero que hice fue cambiar el nombre al Instituto de la Familia y la Mujer. No sólo nos parecía problemática la exclusiva relación de la familia a “la mujer”, sino también el uso del singular para referirse a nosotras. Teníamos muy claro que cualquier instancia de políticas de género debía reconocer el carácter plural de las mujeres, abordando nuestras problemáticas y demandas comunes, pero también nuestras especificidades asociadas a la clase social, a la etnia y la raza, a la orientación sexual, a nuestra inserción territorial. Reconocer a las mujeres en plural significaba contribuir desde la política pública a la constitución de un sujeto colectivo y, al mismo tiempo, permita dar cuenta de las muy diversas formas de ser mujer en nuestro país.
Se trataba de construir un sujeto visible en la sociedad uruguaya; una sociedad cuya historia está atravesada por lo que hemos denominado el «espejismo de la igualdad”.
¿En qué consiste el “espejismo de la igualdad”?
Uruguay siempre se ha jactado de ser una sociedad hiperintegrada. Diferente a casi todo el resto de las naciones latinoamericanas. Esta creencia, que ha funcionado como una suerte de espejismo, también ha sido un gran valor que desde el gobierno hemos tratado de aprovechar. Sabiendo que no era del todo verdadera esta presunción, también sabíamos que había que apoyarse en ella para construirla como un hecho real. Esta percepción idílica del Uruguay como tierra de igualdad se construyó gracias al ideal de educación común de José Pedro Varela: aquellos que se sentaran juntos en los bancos de la escuela se sentirían iguales. Una perspectiva que se consolidó y amplió con el batllismo, construyendo un imaginario colectivo muy poderoso sobre la naturaleza igualitaria del Uruguay, un país en donde “todos éramos iguales”. Cuando asumimos el gobierno sabíamos que teníamos que deconstruir esta idea, jerarquizando al mismo tiempo el valor de la igualdad. Fue una cuestión muy compleja, porque en general te decían: “estos no son problemas que tenga el Uruguay”.
¿Te refieres a los problemas de género, por ejemplo?
Sí, a la identidad y a las desigualdades de género. Por ejemplo, nos decían: “ustedes vienen con eso que no existe en Uruguay”.
¿Pero cómo fue que pasaron de un Instituto de la Familia y la Mujer al Instituto Nacional de las Mujeres?
Hubo una decisión gubernamental fuerte. Se creó el Ministerio de Desarrollo Social que nuclearía al Instituto de la Juventud, al Instituto de la Infancia y la Adolescencia y al Instituto Nacional de las Mujeres. Hubo que crear toda una estructura nueva para que pudieran funcionar. Imagínate que la directora del Instituto de la Familia y la Mujer no tenía siquiera una remuneración que reconociera su cargo, sino que recibía, por ejercerlo, un caché de bailarina.
Todo un símbolo, especialmente, pensando que estábamos en el año 2005.
Sí, en efecto. A pesar de nuestra fama de igualitarios, es impresionante el rezago de Uruguay con relación a otros países latinoamericanos que, por ese entonces, ya iban por el segundo o tercer plan de igualdad. Se pensaba que nuestro país no tenía desigualdades de género.
Por eso, también, uno de los primeros desafíos que debimos enfrentar fue construir un sistema de información de género. No fue sencillo que se destinaran recursos específicos para que se construyera información que diera cuenta de esto. Hubo una gran disputa en el proceso de construcción de información que valide y ayude a promover políticas de igualdad de género. Tampoco había en el país servicios de atención especiales para situaciones de violencia de género. El Estado uruguayo está dividido en 19 departamentos, en un primer momento instalamos servicios de atención específica para casos de violencia de género en 13 de ellos. Además, en ese periodo se sancionaron varias leyes importantes en este campo, como la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Ley de Trabajo Doméstico y la Ley de Acoso Sexual en el Trabajo.
Fue un ambicioso y amplio trabajo legislativo para fundar una legislación igualitaria en lo que se suponía era el país más igualitario de América Latina.
También, creamos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la cual enfrentamos una compleja y triste situación. Nuestro presidente vetó esta ley. El hecho fue, sin lugar a dudas, muy complicado para gran parte de las mujeres que militábamos en la izquierda uruguaya. Fue una derrota muy dura. Y ocurrió en nuestro propio gobierno. Creo que ella opaca algunas de las grandes conquistas que tuvimos durante esos años, como las leyes que te mencioné.
¿Cómo vivió esta situación el movimiento de mujeres uruguayas?
Horrible. Fue espantoso para todas y, naturalmente, para mí que estaba al frente del Instituto Nacional de las Mujeres y que habíamos promovido la ley.
Nosotros habíamos instituido que los 8 de marzo, todos los ministerios tenían que rendir cuenta de sus políticas en materia de igualdad de género. Cada año se instalaba una meta y, al año siguiente, los ministros debían rendir cuentas si la habían logrado o no.
El primer 8 de marzo después del veto de la ley, yo estaba totalmente decidida a expresar mi dolor, mi frustración y mi rechazo a este veto presidencial. Hablé con la ministra de desarrollo social, Marina Arismendi, y le dije que en el acto del Día Internacional de las Mujeres iba a manifestar mi rechazo al veto. Ella me respaldó y me dijo que estaba en todo mi derecho de hacerlo. Así fue que expresé que las mujeres uruguayas no se merecían ese veto, expuse el profundo dolor que nos generaban las muertes por los abortos clandestinos; por las pésimas condiciones de sanitarias; por el riesgo que miles de mujeres sufrían, sin protección ni cuidado; por las asimetrías entre las mujeres ricas y las mujeres pobre. Dije todo lo que pensaba, sabiendo que sería mi última intervención en el gobierno de Tabaré Vázquez. Estaba, sin embargo, tranquila y sabía que todo lo que había dicho era lo que mis convicciones y mi conciencia exigían.
Quizás en otros países esto parezca poco habitual, pero, aunque expuse abiertamente mi oposición al veto, nadie pidió mi renuncia y seguí trabajando activamente en la defensa de la igualdad de género desde el gobierno.
¿La ley de despenalización del aborto se aprueba finalmente durante el gobierno de José Pepe Mujica?
Sí, como iniciativa del Parlamento. Durante el gobierno de José Mujica el congreso nacional tuvo un papel determinante en la promoción de la igualdad de género: la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, entre otras. En ese período la bancada bicameral femenina cumplió un rol muy interesante, con mujeres de todos los partidos que trabajaron juntas, aunque, en verdad, eran muy poquitas. En Uruguay, la representación política de las mujeres es casi insignificante. En materia de representación política de las mujeres estamos en niveles más bajos aún que algunos países árabes.
Cuando ocurrió el veto a la ley de despenalización del aborto, la movilización fue muy fuerte. Durante el gobierno de Mujica, se hizo un plebiscito contra la legislación del aborto, promovido por varios ex presidentes. Se buscaba acabar con el proyecto de ley, pero sólo votó por la derogación el 8,92% de la ciudadanía. Es decir que nadie respaldó la derogación de la ley. Cuanto más avanzaba el debate, más apoyos ganábamos. La gente empezaba a entender que no se trataba de estar a favor del aborto, se trataba de estar a favor del derecho a decidir.
¿Por qué la participación política de las mujeres en Uruguay es tan baja?
Cuando yo entré al parlamento, en 1990, era la única diputada por el Frente Amplio. Fuimos elegidos 20 diputados de la izquierda. Yo era la única mujer.
Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), no hubo ninguna mujer en el Parlamento. Eso fue muy escandaloso y en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, fueron elegidos 120 legisladores, 6 de ellas, mujeres.
Esto sólo comenzó a cambiar cuando fue aprobada la Ley de Cuotas.
Mira lo patético que es el Uruguay que, en general, tanto en la izquierda como en la derecha, todavía es muy difícil reconocer la necesidad de las cuotas y de las acciones afirmativas. Está presente ese discurso de que cada uno se lo tiene que ganar por su propio mérito. Muchas mujeres dicen: “no quiero entrar por la cuota sino que quiero entrar por lo que yo valgo”.
¿Cuándo se aprobó la Ley de Cuotas?
Se aprobó en el gobierno del presidente Pepe Mujica, por un 20% de representación y, fíjate tu: por un único período de aplicación. Se supone que primero debíamos ver qué ha pasado con la ley, evaluar si funcionó y, si lo hizo, hacer una nueva ley. Ahora presentaremos una Ley de Paridad, para establecer la igualdad en los niveles de representación. Hasta el momento no hemos tenido mucha suerte. Si con las cuotas no nos ha ido bien, no tengo muchas esperanzas que nos vaya mejor con el establecimiento de la paridad.
¿La cuota aumentó la representación de las mujeres?
Sí, aumentó. Hay un mayor porcentaje de mujeres ahora. En el Senado, nunca habíamos tenido la representación de mujeres que existe ahora. La cuota permitió un avance significativo. Igualmente, hay mecanismos que habilitan que, por ejemplo, una mujer que había entrado a la Cámara de Diputados sea llamada para un cargo en el Ejecutivo y, en su lugar, entre un hombre. Hay una cantidad de trampas en el propio mecanismo de la cuota, que hacen que no se garantice que si se va una mujer entre otra mujer. Esto, en algunos países con mecanismos paritarios, como Bolivia y Ecuador, es distinto.
Tu mencionas el mito o el espejismo de la igualdad que se ha construido en Uruguay, algo que también se asocia a un dato que quizás a muchos quizás les sorprenda: Uruguay es uno de los países que tiene más altas tasa de violencia de género en Latinoamérica.
El indicador más importante y terrible que tenemos es el de las muertes: el porcentaje de femincidios en mi país es seis veces superior al de España. El argumento que suele esgrimirse como justificativa es que el Uruguay tiene un buen registro de homicidios, algo que otros países latinoamericanos no disponen de manera confiable. Esto explica una parte del problema, pero no todo. Cuando el Observatorio de Género de la CEPAL utiliza el indicador de las muertes de mujeres, lo hace, en toda América Latina, utilizando los datos oficiales. Según estos datos, Uruguay tiene una cifra pavorosa de muerte de mujeres en mano de los hombres. Un hecho grave porque lo que sí dispone Uruguay es un sistema de prevención que funciona, evitando que este número de femicidios sea aún mayor.
Así mismo, la intervención del Estado en este campo todavía está muy lejos de ser satisfactoria. Por ejemplo, la legislación prevé que tú apliques una medida cautelar cuando una mujer va al juzgado. Por medio de ésta, el hombre que ha hecho uso de la violencia no puede acercarse a su víctima. El problema es que luego no tienes ningún mecanismo estatal que te garantice o que proteja a la víctima. Y el principio de no acercamiento pocas veces se cumple. Los hechos de violencia contra las mujeres vuelven a repetirse cuando hay impunidad o falta de eficacia en el control público.
Las mujeres deberemos enfrentar fuertes y complejas batallas. Hemos alcanzado grandes conquistas colectivas, pero aún tenemos grandes desafíos por delante. El patriarcado constituye una de las estructuras de poder más eficaces en nuestras sociedades. Nuestras luchas lo debilitan, pero el patriarcado sobrevive y renace. O nos unimos o será cada vez más difícil. Si las mujeres no nos unimos, perderemos la lucha por la igualdad.
Fuente de la Entrevista:
http://elpais.com/elpais/2017/03/06/contrapuntos/1488767117_213146.html
ISBN: 978-0-85598-836-4
OXFAM
Inglaterra – Oxford
Noviembre de 2016
Por: Mario Osava
La desigualdad se suele medir por la disparidad de ingresos y patrimonio, pero sus factores y dimensiones se multiplican en un país como Brasil. Reducirla es una tarea compleja y al parecer aplazada por la quiebra del poder de la izquierda.
La reforma del sistema de previsión, que el actual gobierno trata de aprobar en Brasil, es una gran muestra de ese fenómeno. Enfrenta fuertes resistencias por retrasar beneficios y por la necesidad de fijar normas uniformes a grupos muy desiguales de la población.
La propuesta de fijar 65 años como la edad mínima común para jubilaciones, por ejemplo, alimenta por lo menos dos obstáculos para la justicia social.
Para las mujeres representaría perder la compensación por la doble jornada que ellas en general cumplen durante su vida laboral. La legislación actual les permite jubilarse con cinco años menos de contribución, o de edad, que los hombres.
Pero su expectativa de vida, de 79,1 años en 2015 según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, superando en 7,2 años a la de los hombres, es un argumento a favor del cambio, ya que seguirían recibiendo los beneficios por más tiempo.
Otro obstáculo es el contraste de longevidad entre las distintas partes del país. En el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, la esperanza de vida es la más elevada, alcanza 78,7 años. Maranhão, en el Nordeste, con 70,3 años, ocupa el extremo más bajo.
La diferencia corresponde al nivel de vida e ingresos que contrapone las regiones pobres, del Norte y Nordeste del país, al más desarrollado centro y sur. Imponerles una misma edad de jubilación constituye un segundo castigo a los ya perdedores en la distribución del ingreso nacional, en este país de 208 millones de personas.
La desigualdad rige incluso dentro de una misma ciudad. En un barrio rico de São Paulo, Alto Pinheiros, el promedio de vida de sus habitantes supera en 25,8 años el de un barrio pobre de la misma metrópoli, Ciudad Tiradentes, reveló el “Mapa de la Desigualdad”, de la no gubernamental Red Nuestra São Paulo.
Las respectivas expectativas de vida son 79,67 y 53,85 años. Es decir, en Ciudad Tiradentes, la mayoría de sus residentes no llegaría a jubilarse con las nuevas reglas propuestas por el gobierno.
Las crisis, como la que vive Brasil tras dos años de fuerte recesión económica, hacen sufrir a la población y, además, desnudan factores de inequidades más allá de las causas económicas reiteradamente discutidas, como los altos intereses, un sistema tributario regresivo, herencias y otros mecanismos que concentran riquezas en pocas manos.
La norma en reforma establece una cotización de entre 25 y 35 años, según el tipo de trabajo, y fija la edad de jubilación de la mujer urbana en 60 años y la del varón urbano en 65 años, mientras en el área rural es de 55 y 60 años y no hay que verificar contribuciones. Además, existen las jubilaciones anticipadas, con reducción en la pensión.
La necesidad de la reforma para sostener la solvencia del Estado brasileño a largo plazo hizo más visible el uso del mismo Estado para privilegiar algunos sectores a lo largo de la historia brasileña.
La gran disparidad previsional, por ejemplo, ocurre entre los funcionarios gubernamentales, que se jubilan con el sueldo integro, y los trabajadores del sector privado, que sufren una alta reducción de sus ingresos.
La mayor remuneración que puede recibir un jubilado privado equivale a una séptima parte de la del colega público de altos sueldos, como jueces, generales y parlamentarios.
El conservador presidente Michel Temer anunció que, con la reforma, se unificará los sistemas previsionales público y privado. Es poco probable que se logre igualar sus remuneraciones, ante la resistencia de los funcionarios públicos, además privilegiados por el empleo vitalicio, que impide despidos por participar en huelgas.
Los militares, por ejemplo, que responden por una parte desproporcionada del déficit previsional, no serán incluidos en la reforma que actualmente avanza en el legislativo Congreso Nacional.
Los funcionarios públicos “inactivos”, denominados así para justificar el mantenimiento del mismo salario pagado a los activos, y los militares retirados suman menos de un millón, pero generan un déficit similar en el sistema previsional que todo el sector privado, con más de 30 millones de beneficiarios.
La autonomía entre poderes sirvió para que la magistratura y los parlamentarios aprobasen sucesivos aumentos de sus propios sueldos y la contratación de miles de auxiliares, de manera que hoy sus presupuestos están entre los más abultados del mundo.
Sirvió también para la adopción de un privilegio que se hizo intolerable ante los escándalos de corrupción involucrando centenares de políticos. Se trata del llamado “foro privilegiado” que asegura a parlamentarios y miembros del gobierno central ser juzgados exclusivamente por el Supremo Tribunal Federal.
Es lo que está retardando juicios e incluso investigaciones sobre senadores, diputados y ministros señalados como beneficiarios de corrupción por la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos) que investiga desviación de miles de millones de dólares de la compañía petrolera estatal Petrobras, en las dos últimas décadas.
Políticos que perdieron sus mandatos, como el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, están presos, mientras otros denunciados en varios procesos, hace meses o años, siguen en funciones de liderazgo legislativo o ejecutivo.
En gran parte de los casos anteriores, la demora de los procesos en el Supremo Tribunal condujo a la prescripción de los delitos atribuidos a autoridades políticas.
Tanto se considera una forma de buscar la impunidad que al izquierdista expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007) se le impidió asumir como ministro de la Casa Civil de la Presidencia en marzo de 2016, por un juez del máximo tribunal, y a la entonces mandataria Dilma Rousseff (2007-2016) se la acusó de obstruir a la justicia por ese nombramiento.
En general, a la educación se la apunta como una herramienta para reducir las desigualdades, pero en Brasil opera al revés. Las mejores universidades, públicas y totalmente gratis, son prácticamente un monopolio de los sectores más ricos.
En la enseñanza básica, las mejores escuelas son privadas y cuestan al menos 500 dólares al mes por alumno. Allí se forman, por lo tanto, los hijos de las clases media y rica que dominan las pruebas de acceso a las universidades más disputadas. El Estado subsidia la perpetuación de las mismas élites intelectuales y económicas.
Racismo y discriminación de género son también conocidos como factores de la mayor pobreza entre los afrobrasileños y la menor remuneración para las mujeres en funciones idénticas a las de los hombres.
Eso se extiende al poder político, donde las mujeres ocupan solo 10 por ciento de los puestos del Congreso legislativo y solo algo más en los gobiernos y concejos municipales. En peor situación aún están los negros.
Los desequilibrios se agravan en Brasil incluso por el llamado “combate a las sequías” del Nordeste. El gobierno construye embalses para el abastecimiento hídrico, pero lo hace en general en las grandes haciendas, cuyos propietarios, los “coroneles”, usan el agua para ampliar su poder, sometiendo a los campesinos pobres y exigiendo sus votos.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/03/el-estado-alimenta-desigualdades-en-brasil/
02 marzo 2017/Fuente: Dinero
La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, explicó que las reformas económicas para impulsar el crecimiento de cada país deben hacerse, pero en los países con mayor desigualdad se deben incluir políticas específicas para la reducción de la pobreza.
Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió que si bien las reformas económicas son necesarias en muchos de los países miembros del fondo, también es necesario que estos reduzcan la pobreza y desigualdad.
Sin embargo, con frecuencia las reformas adoptadas para impulsar el crecimiento impactan negativamente otros factores que resultan en mayor desigualdad. En ese sentido Lagarde señaló que la solución no es detener las reformas que deben realizarse, sino aplicarlas con políticas específicas para reducir la pobreza y, por esta vía, la desigualdad.
La directora del Fondo agregó que “elevar el crecimiento y reducir la desigualdad resulta especialmente complicado en países en los cuales los trabajadores no tienen facilidades para trasladarse y existen enormes diferencias en cuanto a productividad entre los servicios, la industria y la agricultura”.
A esto deben sumarse otros fenómenos como la economía informal, deficiencias en infraestructura y la falta de servicios financieros que también dificultan el cierre de brechas.
Las causas de la desigualdad, según el Fondo Monetario Internacional, son la reducción del déficit de presupuesto mediante recortes del gasto o incremento de impuestos, la eliminación de barreras de circulación del capital y la liberalización de los mercados laborales.
Estas tres políticas, aunque buscan beneficiar el desarrollo económico de los países, también tienden a tener como efecto secundario el incremento de la desigualdad.
En cuanto al efecto de los impuestos sobre la desigualdad, el Fondo advirtió que su efecto depende del método que el país utilice para recaudar los tributos. Entre menos impuestos directos a la renta y más impuestos indirectos se utilicen, mayor será la desigualdad.
En el caso de la infraestructura si bien las inversiones en aeropuertos, vías, educación y aeropuertos genera un crecimiento productivo mediante la creación de empleo y mejora de las condiciones nacionales, también podría generar desigualdad en la medida en que promueve el desarrollo y competitividad de unos sectores más que de otros.
Para las reformas financieras, la directora del FMI señaló que “el aspecto positivo es que podrían abaratar los préstamos, lo cual estimularía la inversión privada e impulsaría el crecimiento. Pero, a menos que las reformas financieras tengan calado suficiente, es posible que no puedan ayudar a los segmentos más pobres de la población a obtener acceso al crédito y los servicios financieros”.
Lagarde señaló que por ejemplo, en Malawi se podrían disminuir los subsidios del Gobierno a la producción de maíz para impulsar su competitividad y los recursos que antes tenían esa destinación podrían utilizarse en apoyos para los cultivadores que resulten afectados por la medida, tal como ya se ha hecho en Etiopía.
“No hay duda de que los gobiernos tendrán dificultades para formar consenso en torno a ambiciosas políticas de crecimiento”, puntualizó la directora del multilateral y agregó que su entidad seguirá vigilando las gestiones de los países que la conforman.
En el lado de los buenos ejemplos el organismo multilateral destacó a Bolivia. Uno de los países con mayor desigualdad en América Latina para el comienzo de este siglo, pero que registró el cierre de buena parte de su brecha durante el boom petrolero. Para mantener sus avances tras la caída de los precios del petróleo, “el Gobierno se propuso entender las causas de esa disminución y formular políticas que atajaran el repunte de la desigualdad”, agregó el FMI.
Fuente: http://www.dinero.com/economia/articulo/fondo-monetario-internacional-pide-reformas-para-reduccion-de-pobreza/242455