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España: Las Cortes instan al Gobierno a retirar la ‘Ley Celaá’ y convocar una mesa por el pacto educativo

PP y Cs votaron a favor de una PNL que reivindica «la libertad de elección de los padres», mientras PSOE y Podemos recuerdan que la propuesta del Gobierno surge para derogar la Ley Wert «que fue rechazada masivamente por la sociedad»

Las Cortes de Castilla y León instaron este miércoles al Gobierno de España a retirar el proyecto de modificación de la Ley de Educación, conocido como ‘Ley Celaá‘, para convocar una nueva mesa por el pacto educativo que elabore un proyecto de Ley que parta «de la libertad de elección de los padres» y que trabaje «por un acuerdo nacional donde tenga cabida toda la comunicad educativa y los grupos políticos».

La procuradora en Cortes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Sanz, defendió que «es necesario un acuerdo de mínimos sobre las necesidades del sistema educativo» que no cumple, en su opinión, la Ley Celaá, «una reforma insensata, sectaria y excluyente, que nace muerta y que será derogada en cuanto cambie el color político del Gobierno, como ha sucedido durante los últimos 40 años de fracaso» en materia educativa.

En la misma línea se posicionó el Grupo Parlamentario Popular, cuya procuradora por Salamanca, Carmen Sánchez Bellota, defendió «la garantía de la libertad de las familias para elegir la educación y el centro que quieran para sus hijos» frente a «los anuncios alarmantes del Gobierno de limitar la educación concertada y especial», que en Castilla y León suponen «más del 30 por ciento de alumnado» en el caso de la educación concertada «y más 1.300 alumnos en centros de educación especial» a los que, recordó, «las Administraciones Públicas deben respetar y proteger, no alarmar».

La propuesta de Ciudadanos contó con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, cuyo procurador por Palencia, Jesús Guerrero, defendió que el proyecto de reforma de la Ley de Educación en trámite «responde a un mandato parlamentario, por mayoría absoluta, de acabar con la LOMCE». Una Ley, esta última, que calificó como «de partido e ideológica» y que fue «rechazada masivamente por toda la comunidad educativa y por la sociedad».

En cambio, defendió Guerrero la nueva propuesta legislativa del Gobierno por «buscar meter a España en el siglo XXI» al restablecer «el equilibrio con la enseñanza pública», frente a la PNL de Cs que el procurador socialista criticó por «difundir bulos que crean inquietud a las familias» porque, señaló, «no se va a cerrar ningún centro de educación especial».

En similares términos fijó su posición la procuradora de Podemos en las Cortes, Laura Domínguez, quien inquirió a Cs si «su problema es con la ideología o con que están más cómodos con la Ley Wert, que dio el peor hachazo a la educación pública de nuestra democracia y que tuvo cero consenso educativo», e instó a la formación naranja a «llevar esto al nivel competencial que corresponde, el Congreso de los Diputados».

Apoyó la proposición de Ciudadanos el procurador de Vox en las Cortes, Jesús María García-Conde, por señalar la PNL «la falta de consenso, la amenaza a los centros de educación especial y la vulneración de la libertad de elección de los padres» que, según sus palabras, contiene la Ley Celaá, «un proyecto de Ley que da la espalda a la libertad y tiene una gran carga ideológica», si bien reclamó a Ciudadanos «coherencia en su posicionamiento» puesto que «nunca han apoyado nuestras propuestas de control de los padres sobre los servicios educativos».

Fuente: https://www.leonoticias.com/castillayleon/cortes-instan-gobierno-20200722124121-nt.html

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Juan Rodríguez Zapatero: “La LOMLOE no avanza en la educación inclusiva, consagra el artículo 74 de la LOE, incompatible con la Convención de la ONU”

Juan Rodríguez Zapatero es abogado. A más señas, es uno de los abogados que más causas está llevando en relación con la inclusión de niñas y niños con discapacidad en centros ordinarios. Es también el responsable de la redacción de un manifiesto de una plataforma recién creada de familias que reclaman el cambio de los dictámenes psicopedagógicos que abocan a menores y a sus familias a transitar por la educación especial aunque no quieran. Hablamos con él de la situación hoy por hoy en España, con la mirada puesta a los próximos meses, con la tramitación de la LOMLOE.

Juan Rodríguez Zapatero se ha convertido en un referente en la lucha por la educación inclusiva en España. Este abogado aterrizó en este mundo casi de casualidad, por echarle una mano a una amiga que tenía un niño con discapacidad y lo estaba pasando muy mal. “Estaba promoviendo una asociación en este terreno, se acercó a mí. Empecé a ver casos, muchos más de los que parece, y me metí”. Ya no pudo salir. “Te va llevando, y me comprometí. Jurídicamente ha sido gratificante, hemos abierto caminos que estaban por abrirse”, comenta. Desde entonces, ha peleado por el derecho de las familias a escolarizar a su hijo en el centro de su elección, y los dedos de la mano se le empiezan a quedar escasos para contar las sentencias favorables. Aunque no todas son positivas, poco a poco, explica el abogado, se va creando un cuerpo jurídico favorable a madres y padres, incluyendo una sentencia clave del Tribunal Supremo de 2017.

La última batalla de este colectivo, que lucha por el derecho a la educación en centros “mal llamados” ordinarios de todos los alumnos, es que se eliminen los informes psicopedagógicos que se les hacen para determinar sus capacidades y que, en muchas ocasiones, acaban en resoluciones de escolarización por las que la administración envía a alumnos a centros de educación especial sin contar con la opinión de las familias. Estos informes, que solo se les hacen a los alumnos con diversidad funcional, son segregadores, explica el colectivo, y van contra la ley.

¿Cuál es vuestra propuesta alternativa a los informes psicopedagógicos?

La primera petición es el reconocimiento pleno del derecho a la educación inclusiva, con la derogación del 74 de la LOE y del 18.3 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se pide también que los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización se supriman en su orientación actual. Con esto me refiero a la orientación clínica de señalar los déficits de los alumnos, problemas de inteligencia, hacerles tests, etc. Creemos que se deben hacer informes de actuación educativa. Que reseñen de verdad cuáles son las capacidades de cada alumno, sus puntos favorables y los negativos o las barreras, y establecer, en función de ello, los apoyos necesarios. También se pide un tema importante, que es que estos alumnos ni siquiera son oídos. Con esto me refiero a que todo niño con uso de razón puede tener el derecho a ser oído en estos informes. Los padres tampoco participan en estas evaluaciones, solo al final y para decir en una casilla si están conformes o disconformes con el dictámen. Creemos que debe haber una participación activa de las familias, pudiendo aportar sus propios informes de expertos para valorar las necesidades de los alumnos.

Otro tema importante es que no hay mecanismos de impugnación ágiles cuando los padres no están de acuerdo con los dictámenes y tienen que acudir a la vía judicial, que lleva unos trámites largos en el ámbito educativo y muchas veces tarde, y, además, tienen unos costes económicos. Por ello se proponen comisiones de medicación y arbitraje independientes para resolver estas diferencias.

La petición final es una ley integral de inclusión educativa. Una ley transversal que recoja todos los aspectos de la educación en igualdad. La ley actual y la reforma que se está haciendo es insuficiente, tiene que haber una ley orgánica integral y específica de la inclusión educativa.

Con los informes psicopedagógicos tenéis ya buenos argumentos, muchas veces en forma de sentencias que han tumbado dictámenes de escolarización precisamente porque no estaban bien hechos.

Ya hay un cuerpo jurisprudencial, un conjunto de sentencias importantes y armadas jurídicamente en el sentido de que consideran estos informes y las resoluciones de la administración educativa cuando deciden que un niño vaya a un centro de educación especial no reúnen las motivaciones exigidas. No suelen señalar que se hayan agotado las posibilidades de inclusión educativa o ni explican por qué los apoyos y refuerzos que necesita ese niño no los puede prestar un centro ordinario y tienen que ir a un centro de educación especial. Se ha abierto una jurisprudencia importante que, sin duda, es un material jurídico trascendente en defensa del derecho a la educación inclusiva.

¿Tienen esperanzas reales de que esto salga adelante o lo hacen también con la intención de ir acumulando iniciativas y hacer ruido?

Creo que el tema va a tener recorrido. En mi opinión, como alguien que trabaja en temas de derecho a la educación, hay otros aspectos que llaman más la atención, como los informes PISA, la calidad, segregación por sexo… A este tema de los derechos de las personas con discapacidad necesita una expansión, más visibilidad mediática y, por tanto, el primer objetivo del documento es que se conozca por la sociedad. Pero se ha hecho con la idea de que tenga recorrido, si no inmediato si a medio plazo con el objetivo mencionado.

¿Hemos avanzado en educación inclusiva desde que España se adhirió a la Convención de la ONU?

En el panorama jurídico y del derecho a la educación inclusiva ha habido avances en algunos aspectos. Probablemente, los mayores se han dado con algunas sentencias, que han establecido los límites y las obligaciones que la Administración educativa tiene en este ámbito. Concretamente, una sentencia del 14 de diciembre de 2017 del Tribunal Supremo deja claro el contenido de la educación inclusiva. Pero falta lo esencial: que tengamos un único sistema educativo, como dice el artículo 27 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la educación”; y sin exclusión: no solo para personas con discapacidad: para personas con discapacidad, sin discapacidad, con razón de ideología o cualquier otra circunstancia, como dice el artículo 14. Los artículos 27 y 14 de la Constitución no se cumplen porque seguimos teniendo un sistema dual. Dual quiere decir que hay uno ordinario para los niños sin discapacidad, y luego están quienes tienen algún grado de discapacidad o diversidad funcional, que deben pasar por todo un sistema específico (evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización) y luego se decide si van a un centro ordinario o especial, qué apoyos o ajustes razonables tienen. El sistema dual es radicalmente incompatible con la Convención. Lo más urgente e importante es derogar el artículo 74 de la LOE de 2006, que después de decir que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se rige por el principio de inclusión, lanza la excepción: la escolarización de estas personas en unidades de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.

Es decir: la ley vigente de educación, en su artículo 74, establece la facultad, además en gran medida discrecional a la Administración educativa, para escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales en centros de educación especial. Estos centros no son compatibles con la Convención porque solo escolarizan alumnos que presentan diversas discapacidades o diversidades funcionales. O sea, se produce segregación y el agrupamiento de alumnos según su discapacidad. ¿Qué une a esos alumnos? La discapacidad. Sin entrar a valorar a los profesionales, los centros son segregadores y eso no es compatible con la Convención de la ONU.

Y si ese artículo específicamente atenta contra una ley superior, como es la Convención, ¿no se puede denunciar que es ilegal?

Puedo responder con una pregunta. ¿Cómo esto se puede mantener a día de hoy jurídicamente? ¿Cuál es la razón de que se mantenga un precepto incompatible con la Convención? Creo que la respuesta es política, no ha habido voluntad de abordar esto de manera urgente, prioritaria y necesaria, y que este tema entre de lleno en la agenda política.

Las vías jurídicas no son sencillas, de ahí que se haya producido una demora, pero se están abriendo ya algunas sentencias del TS en otros ámbitos, no educativos, sobre los informes de la ONU que se refieren a una convención ratificada por España y, por tanto, norma jurídica de obligado cumplimiento con valor superior a la ley, solo debajo de la Constitución. Lo que se está estudiando es la posibilidad de requerir al Gobierno ya en el ámbito más bien jurisdiccional para llevar esto a efecto.

¿Qué rol les queda a los centros de educación especial en su propuesta?

No entro a valorar su calidad ni la de sus profesionales, que seguro que los hay excelentes. Pero tienen que convertirse en centros de recursos materiales, humanos, etc. para los centros ordinarios. Hay que establecer un plan progresivo para que se reconviertean, dejen de ser centros de escolarización separada y quede un único modelo de escolarización. Los otros centros serían de apoyo a los ordinarios (que no deberían ni llamarse así).

Les habrán dicho a menudo que si unos padres quieren llevar a sus hijos a un centro de educación especial, sin obligar a nadie más a hacerlo, cuál es el problema.

Tiene una respuesta clara: no es un derecho de los padres. El derecho a una educación en igualdad es de la persona que lo recibe, lo dice la ONU. Los padres tienen que apoyar el interés del menor, que no es otro que recibir una educación en igualdad. Eso le va a permitir al niño o la niña desarrollar todas las potencialidades. Cuando se dice que un padre quiere o no quiere el problema es que no existe un derecho subjetivo del padre. Es del alumno y, por tanto, los poderes públicos deben apoyar que se realice en un centro ordinario. Los padres lo hacen de buena fe, por supuesto, pero hay que decirles que todas las necesidades se pueden cubrir con un sistema único. Los países que han dejado sin efecto los centros de educación especial tienen un sistema educativo mejor que el español y no ha pasado nada. Italia suprimió los centros especiales de la noche a la mañana y no pasó nada. La experiencia comparativa dice que donde un niño desarrolla toda su potencialidad es en un entorno ordinario, con sus iguales. En socialización, relación con otros chicos y chicas, etc.

¿Cree que las administraciones abusan del desconocimiento que suelen tener las familias sobre sus derechos en este asunto?

No sé si la Administración se aprovecha, pero sí creo que falta sensibilización e información a las familias. Cuando estas reclaman, el sistema educativo reacciona a la defensiva. Por ahí falta sensibilización. Y también falta información, y el deber de la Administración pública es informar, pero a veces se transmiten opiniones subjetivas.

Como profesional que lleva casos de educación inclusiva puedo decir que, aunque no siempre, en bastantes ocasiones las familias se sienten indefensas ante el poder de la Administración o una autoridad educativa, que le dicen “esto es lo mejor para su hijo”, a veces más como recomendación, pero otras de manera más impositiva. Pero es cierto que están indefensas. Por eso abogamos por instancias de medicación independientes, que no existen. Es curioso que uno reclame por un tema de consumo y haya juntas arbitrales de consumo en las comunidades autónomas, pero no existen en el ámbito educativo instancias para mediar cuando hay discrepancias de las familias con la Administración.

¿Supone algún avance la LOMLOE en la materia?

No hay avance e, incluso, hay una disposición adicional, la cuarta, donde se cita y consagra el artículo 74 y se habla de un plan de diez años para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios, pero dejando bien claro que se continuará prestando los apoyos necesarios a los centros de educación especial. Esta disposición es claramente contraria a la convención también. No solo no hay avances, sino que esta disposición adicional si no se modifica viene a consagrar los centros de educación especial como centros de educación.

Entramos un poco en el terreno de lo especulativo, pero pregunto igual. ¿A qué cree que se debe este interés de las administraciones –unas más que otras– en mantener los centros de educación especial incluso aunque vayan contra la ley? ¿Cree que tiene que ver algo con el hecho de que muchos de ellos son concertados y hay mucho dinero moviéndose ahí?

En cuanto al peso del apoyo a los centros de educación especial es porque es un sector en el que hay unos intereses económicos fuertes, y no está desligado todo ello de la educación concertada, que es otro reto pendiente de nuestra educación. Creo que efectivamente es así, tienen un peso económico y social importante. También utilizan muy hábilmente los medios de comunicación y las plataformas sociales.

En cuanto a la actitud del Gobierno le falta claridad y valentía política. Claridad porque no han visto que esto es un tema importantísimo, que no es un tema cuantitativo que afecte a 30.000 o a 100.000. Es un tema de dignidad. Es como si cuando se habló del matrimonio homosexual nos hubiéramos preguntado a cuántos afecta. Es un tema de dignidad de país. Insto desde aquí al Gobierno, desde este texto, que cuenta con un número importante de padres, madres y expertos comprometidos con la educación inclusiva, para que asuma este reto de realmente adaptar las leyes educativas a la Convención y que España tenga una ley educativa digna, que no se produzcan los casos lamentables de marginación.

Vamos a ahondar mínimamente en esto, porque estas situaciones se dan. La gente igual lo desconoce, porque si no tienes un caso cercano de un pequeño con discapacidad lo más probable es que no conozcas estos periplos. Que hay niños de ocho años que se pasan uno en casa sin escolarizar por el choque entre la Administración educativa y las familias, que se niegan a llevarlos a centros de educación especial.

Cuando he dicho que el Gobierno le falta visión es que le falta de verdad conocer. La Comisión del Congreso debía haber llamado a los padres y madres. Los expertos están muy bien, pero la realidad es que se producen situaciones muy lamentables de discriminación, marginación y sufrimiento de los padres y madres, y por supuesto de los niños. Creo que esto no se visibiliza en la medida en que una situación de este tipo requeriría. Este documento debe servir para que se oigan la voz de los más directamente afectados, las familias.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/23/la-lomloe-no-avanza-en-la-educacion-inclusiva-consagra-el-articulo-74-de-la-loe-incompatible-con-la-convencion-de-la-onu/

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España: Crece la presión contra los informes psicopedagógicos que derivan alumnado a centros de educación especial por segregadores

Europa/España/09 Julio 2020/eldiariolaeducacion.com

La plataforma Frente por la Diversidad y la Inclusión, creada por familias de alumnado con discapacidad y diversidad funcional, envían un escrito a las administraciones educativas, el Defensor del Pueblo, los partidos políticos y varias salas de la Fiscalía para que se modifique la normativa relativa a los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización que envían a chicas y chicos a centros de educación especial y aulas específicas en centros ordinarios, como las aulas TEA.

Hace una semana el Frente por la Diversidad y la Inclusión, un movimiento generado por familias de niñas y niños con diversidad, redactaron, con la ayuda del abogado Juan Rodríguez Zapatero, un escrito que han enviado al Ministerio de Educación, a las consejerías de las comunidades autónomas, a los partidos políticos del Congreso d los Diputados, al Defensor del Pueblo y a varias salas de la Fiscalía de Estado denunciando la situación generada por los informes psicopedagógicos y los dictámentes de escolarización que envían a estos menores a centros de educación especial y a aulas específicas en centros ordinarios.

Este es solo unos de los problemas que se exponen en el documento que argumenta, apoyándose en los informes de la ONU y del Comité de seguimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que los informes forman parte de un sistema que segrega sistemáticamente al alumnado con necesidades educativas especiales desde una óptica médica de la discapacidad, en vez desde la óptica educativa, que tendría que tener en cuenta, más allá de las dificultades de aprendizaje de estas personas, cuáles son los apoyos necesarios para que el sistema ordinario diera la respuesta necesaria para todos y cada uno de ellos. «Deben centrarse en fijar las necesidades educativas y en función de las mismas determinar los ajustes razonables y medidas de apoyo que procedan», recoge el documento.

«Los dictámenes (de escolarización) y los informes (psicopedagógicos) tienen un enfoque clínico, comenta Juan Rodríguez Zapatero. Un enfoque clínico superado por la Convención (de Derechos de las Personas con Discapacidad)» en los que se utilizan elementos más propios de la psicología clínica, como test de inteligencia o pruebas psicométricas, que de la orientación educativa, explica el abogado.

También afirma que en ellos «se destacan los déficits y los rasgos de la discapacidad de los alumnos, estigmatizan al alumno y no son dictámenes» centrados en la orientación educativa. «No son acordes con la Convención y así lo ha puesto de manifiesto el informe de la ONU».

El Frente por la Diversidad y la Inclusión es una iniciativa que surge de las familias. Yolanda Monreal es madre de un chico con diversidad que ya en el verano de 2019 comenzó a hablar con otras familias de la necesidad de enfrentar la situación que hoy por hoy se vive en todo el Estado en relación a la escolarización de personas con discapacidad. A finales del año las cosas comenzaron a coger velocidad e, inicialmente, pensaron en presentar una demanda colectiva primero, contra el Ministerio y, después, contra las consejerías de Educación, en relación al incumplimiento de la Convención y a la educación inclusiva como un derecho que no se estaba cumpliendo. Pero las demandas colectivas, en educación, no son posibles.

Monreal comenta a este periódico que por este motivo decidieron presentar el escrito en el que denuncian el uso de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización como herramientas para la segregación que omiten los instrumentos que la Administración debe poner en juego para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado. «Con estos informes y dictámenes, asegura, fastidian la vida de tantos niños y, por ende, de sus familias». Esta activista critica la manera en la que la administración trata los casos («con una prepotencia y sin nigún miramiento, sin empatía hacia las familias ni los niños. Lo tratan de una manera tan fría, como si los niños fueran números».

Estos documentos no son acordes con la Convención y así lo ha puesto de manifiesto el informe de la ONU

Dictámenes e informes

Tanto los informes de los equipos de orientación, como los dictámentes de escolarización que de ellos terminan por salir, dice el escrito, «sirven para legitimar resoluciones y actuaciones discriminatorias y de segregación educativas».

Entre las críticas que el documento hace de las informes psicopedagógicos están el hecho de que dependen de la subjetividad de quienes los realizan; que se apoyan en un modelo clínico de entender la discapacidad y no en un modelo más educativo; que se centra en los déficits del estudiante y no en los apoyos y ajustes que el sistema educativo debe poner sobre la mesa; no expresan por qué no puede darse la escolarización en algún centro ordinario ni habla de si se han agotado o no las posibilidades de inclusión.

El escrito enviado la semana pasada señala también la nulidad de estos informes y cómo vulneran algunos preceptos como el artículo 14 de la Constitución española («Los españoles son iguales ante la ley…») o el 2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad «cuando deniegan ajustes razonables o deciden escolarizar alumnos con diversidad funcional en centros de educación especial o en unidades especiales en centros ordinarios, alegando como pretexto que los recursos existentes no lo permiten».

Otro de los argumentos que esgrimen contra estos documentos institucionales es el hecho de que no se toma en consideración la opinión ni la experiencia de las famlias de estas chicas y chicos, así como el hecho de que no se realizan en el contexto en el que el alumnado con necesidades educativas especiales se encuentra en el momento de hacerlo. Tampoco se hace caso de las evaluaciones que las familias, en no pocas situaciones, encargan a personal no adscrito a la Administración educativa.

El texto es claro y crítico, dado todo lo descrito: «No pueden servir de fundamento o justificación a resoluciones administrativas, acordando la escolarización de alumnos con discapacidad en centros educación especial o en unidades especiales o aulas específicas en centros ordinarios».

A por una ley de educación inclusiva

Aprovechando que por fin la Lomloe ha comenzado su andadura en el Congreso, el colectivo también quiere incidir en que todas estas cuestiones se tengan en cuenta en la nueva ley de educación desde el primer momento. Como explicábamos hace unos días, la ley sigue manteniendo el artículo 74 de la LOE que da carta de naturaleza a la segregación en centros de educación especial, así como en aulas específicas en centros ordinarios, más allá de la polémica provocada por la cláusula adicional 4ª en la que algunos colectivos y partidos políticos leen el cierre de aquellos centros especiales. Rodríguez Zapatero asegura que sobre dicho artículo 74 es sobre el que habría que actuar par que se derogue, «porque es el que permite el sistema dual».

En dicha ley, defienden desde el Frente, debe definirse la educación inclusiva en los parámetros que defiende Naciones Unidas. Además, debe incluir una cláusula de no rechazo, en virtud de la cual, la elección de las familias por un centro ordinario debe ser suficiente y supone que las administraciones educativas no pueden negarse a que así sea.

A esto habría que sumar que el futuro texto legal deber dejar meridianamente claro que las administraciones serán responsables de poner en juego todos los apoyos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva, así como garantizar la participación de familias y alumnado en el proceso de escolaridad.

Para Rodríguez Zapatero es el momento, ahora que empieza el trámite de la Lomloe, para acometer los cambios necesarios. «Reformar la legislación en este terreno y lograr una adaptación plena de la legislación autonómica y estatal, de nuestro sistema educativo sería lo adecuado» a la Convención.

Años de incumplimiento

En 2008 el Estado se adhirió a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que lo que en ella se dice ha de formar parte del cuerpo jurídico y legislativo. Pero han pasado 12 años y todavía muchas familias y menores están esperando que esa transposición de la norma llegue a la realidad.

Hacerlo implicaría, no solo que los centros de educación especial se reconvirtiesen en centros de recursos y formación, sino que las aulas específicas en los ordinarios también tendrían que desaparecer. Así lo indicaba tambiél el dictamen del Comité de la ONU que le dio un tirón de orejas a España hace tres años.

Uno de los escollos principales, más allá de la pelea entre quienes forman parte de la comunidad educativa de los centros de educación especial y quienes defienden la inclusión con todas sus consecuencias, está en el importante desembolso que tendrían que hacer las administraciones educativas, estatales y autonómicas, para hacer posible la inclusión de todo el alumnado. Infraestructuras escolares, materiales didácticos y de aprendizaje, adaptación de las metodologías, formación del profesorado (al inicio y durante toda la carrera), así como la contratación de profesionales de diferentes ámbitos, de apoyo, docentes, que tendría que realizarse.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/07/crece-la-presion-contra-los-informes-psicopedagogicos-que-derivan-alumnado-a-centros-de-educacion-especial-por-segregadores/

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Los excluidos del sistema educativo en México

Por: Gerardo Ariel Ceja González[*]

 

Desgraciadamente los gobiernos neoliberales que antecedieron al actual en lugar de realizar verdaderas propuestas para mejorar la educación pública optaron por construir un dispositivo costosísimo de medición estandarizada para niños, niñas, jóvenes, docentes y escuelas; argumentando que se trataba de evaluar para mejorar.

Se gastaron grandes cantidades de dinero y se creó una jugosa industria de la medición en manos de particulares. El objetivo de esta medición tenía un propósito claro, responder a los intereses de los tecnócratas neoliberales de organismos internacionales y muy poco a la urgente necesidad de mejorar la educación, entre ella la especial.

Los gobiernos del PRI y el PAN impulsaron la creación de instrumentos de evaluación eminentemente privado y ajeno a las necesidades del sistema educativo nacional. Hoy somos testigos que la evaluación que se utilizó en el pasado no consiguió ninguna mejora en la educación.

La experiencia de los diferentes profesionales de la educación especial y de expertos en esta materia no fue un asunto de interés para las autoridades educativas de aquel entonces y el magisterio democrático quedó fuera de cualquier debate educativo y tuvo que mantener una férrea resistencia durante todo el sexenio peñista con un alto costo en vidas, despidos injustificados y encarcelamientos.

Así pues, la administración actual asumió un sistema educativo en franca decadencia, con grandes dilemas educativos y en plena crisis pandémica, obligando a las autoridades a suspender las actividades escolares hasta nuevo aviso.

Con el propósito de poner fin al presente ciclo escolar (2019-2020) la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su secretario Esteban Moctezuma Barragán y demás autoridades implementaron un dispositivo educativo digital a distancia por medio de clases virtuales y por televisión para aprender en casa. Sin embargo, y como frecuentemente sucede en educación, los niños, niñas y jóvenes que acuden a recibir educación especial por presentar alguna discapacidad o múltiples, así como aquellos con alguna condición específica, estudiantes indígenas y de comunidades rurales fueron excluidos una vez más de una propuesta educativa real y contextualizada que responda a las necesidades y características de cada uno de ellos; considerando además, que muchos no cuentan con internet, dispositivos móviles, computadoras, televisores o incluso corriente eléctrica.

Ante ciertas poblaciones como las ya mencionadas se genera una desigualdad y una brecha que provoca una muy sutil exclusión de las personas que requieren de otras estrategias de implementación educativa que responda a sus condiciones. Consideremos que un estudiante que presenta alguna discapacidad requiere de apoyos adicionales y equipo especializado para facilitarles su aprendizaje; por ejemplo, un estudiante que presenta ceguera, debilidad visual o sordoceguera requiere de los elementos tiflotecnológicos que le permitan el aprovechamiento práctico de los conocimientos como traductores del sistema braille a voz. Las personas que presentan discapacidad auditiva requieren de un especialista en el manejo de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), y así, cada discapacidad o condición requiere de otros apoyos diferentes a los convencionales.

Ante esta complejidad la reflexión nos debe llevar al tema de la exclusión y no precisamente al de inclusión que con frecuencia se aborda meramente como un discurso político sin mayor trascendencia. La pregunta central no es si la condición de discapacidad genera exclusión, sino a la inversa, es decir, los mecanismos excluyentes producen discapacidad en todos los estudiantes más allá de su condición, incluso con los alumnos regulares.

El reto para la autoridad educativa consiste en pensar la discapacidad como un término complejo escasamente abordado en educación y que ha ocasionado relaciones sociales de desigualdad social. En la cotidianidad el término discapacidad es estigmatizante y provoca exclusión y etiquetas alrededor de las personas que viven con una o varias de las llamadas discapacidades. El desafío es muy claro, intentar desmontar la idea de que la discapacidad no tiene que ver con la dimensión biológica de cuerpos y mentes de los denominados normales, sino más bien, con una dimensión social y cultural en donde muchas cosas se construyen como diferentes (diversidad).

En consecuencia, las autoridades educativas deben generar prácticas que sean capaces de atender al conjunto de los estudiantes con sus singularidades. De esta manera, la diversidad se convierte en un concepto que nos permite entender las diferencias en los distintos modos de ser, pensar y aprender, en la profusión de lo distinto y no en la dimensión biológica.

Por ahora hay que esperar a que los estudiantes regresen a la escuela y encuentren en ella un espacio que los sostenga, un lugar de encuentro con el otro, un sitio que permita que circule la palabra, el juego y no el encargo del cumplimiento burocrático de cargas administrativas y del acato de la conclusión de los planes y programas para dar fin al ciclo escolar.

Después de un confinamiento obligado en casa por medidas sanitarias en donde seguramente muchos niños y niñas están en riesgo bajo ambientes violentos, de ansiedad, angustia, estrés, incertidumbre y de los problemas propios de cualquier hogar, es momento de replantear un modelo educativo que contemple imprevistos como desastres naturales, epidemias, pandemias y le dé un lugar preponderante al manejo de las emociones. Hoy es imperativo del sistema educativo rescatar a las infancias y no el cumplimiento obligado de los planes y programas, y si es posible, sacrificar el ciclo escolar.

Es muy probable que los estudiantes de educación básica puedan presentar o estén presentando regresiones como la enuresis (orinarse en la cama), fobias, trastornos en la calidad del sueño, las llamadas pesadillas y síntomas característicos del trastorno de estrés postraumático. De la misma manera, no se deben descuidar las afectaciones que pudieran presentar padres, madres de familia, personal docente y de apoyo a la educación. Por esta razón, es plausible que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el epidemiólogo Hugo López-Gatell, haya abierto un espacio el día del niño y la niña en su conferencia para escucharlos y resolver sus dudas.

No olvidemos que en este momento la carga de trabajo y responsabilidad para cumplir con las actividades en casa por parte de los padres, madres de familia y/o tutores provoca un estrés que puede salir de control, considerando que no tienen por qué contar con las herramientas pedagógicas para abordar las actividades en casa.

[*] Maestro de Educación Especial en el Centro de Atención Múltiple # 33 en la Ciudad de México. Integrante de la Sección 9 Democrática, SNTE-CNTE.

Fuente: El autor escribe para OVE

Imagen: pixabay.com

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«El Gobierno aprovecha el estado de alarma para acabar con los centros de Educación Especial»

Por: Carlota Fominaya

Las distintas entidades afectadas se quejan del cierre de los colegios de educación especial se está pergeñando en una época en la que nadie puede defender

El vídeo de Mago More sobre el cierre de colegios especiales que no le gustará a Pedro Sánchez

«El Gobierno está aprovechando el confinamiento para acabar con los centros de Educación Especial», afirma Julián Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCCE). «Quieren traspasar, en 10 años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios», remarcan desde la plataforma Inclusiva sí, Especial También. Esto supondría el cierre de los 477 centros de este tipo que hay en España, donde estudian 37.136 alumnos con necesidades especiales y que suponen el 0,45% del total de la población escolar. De forma paralela, hay 1,89 millones de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios (el 23,1% de la población escolar), a los que se adapta currículos y métodos de enseñanza.

Las distintas entidades afectadas se quejan de que el cierre de los colegios de educación especial se está pergeñando en una época en la que nadie se puede defender: «Durante este tiempo de confinamiento, concretamente el pasado jueves, 24 de Abril, el Gobierno reactivó la tramitación del Proyecto de Ley de Educación, con el que pretende eliminar los Centros de Educación Especial, para lo que se da un plazo de 10 años. Sorprende que esta tramitación se haya llevado a cabo de espaldas a la opinión pública y estableciendo unos plazos de presentación de enmiendas difíciles de cumplir», señala el presidente de ANCCE.

En efecto, corroboran desde Inclusiva sí, Especial También, «con el agravante que desde la declaración del estado de alarma histórico como el que estamos viviendo en España, el Gobierno ha suspendido los plazos administrativos y procesales, cosa que no ha sucedido con los trámites parlamentarios». Durante las semanas anteriores al estado de alarma, añaden desde esta entidad, «pedimos a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, M. Luz Martínez Siejo, la eliminación de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley. Si Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias no querían cerrar los colegios de Educación Especial como venían manifestando públicamente, no tenía ningún sentido dicha disposición. Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la Disposición Adicional Cuarta», advierten.

Familias de niños con dificultades y profesionales de la educación Especial ya han manifestado reiteradamente su preocupación y desacuerdo con el cierre de los colegios por una decisión que, «evidentemente no ha sido consultada ni a los padres, ni con los profesionales de los colegios». «¿Cómo va a estudiar en un colegio ordinario mi hijo Lucas, de cuatro años y con síndrome de Down? No son iguales los estímulos que necesita él que los que puedan necesitar sus hermanos mayores, sin esta discapacidad, u otros niños con autismo o con Asperger», se pregunta por ejemplo Luis Rojo, vicepresidente de la plataforma «Inclusiva Sí, Especial También».

Jose María Escudero, presidente de la plataforma Inclusiva sí, Especial También, con su hijo Jaime
Jose María Escudero, presidente de la plataforma Inclusiva sí, Especial También, con su hijo Jaime – ABC

Tampoco sería lo ideal para Jaime, el hijo con autismo de José María Escudero, presidente de esta plataforma. «Jaime estuvo feliz en un colegio ordinario con aula TEA hasta los 6 años y medio. Los niños le querían muchísimo, estaba muy integrado, pero llegó un momento que él no avanzaba al nivel de sus capacidades. En el propio colegio nos recomendaron que para que él pudiera avanzar en función de su capacidades, era mejor que acudiera a un colegio de educación especial. Y así lo hicimos. Muchas veces los padres no lo hacemos por desconocimiento. Se suele pensar que lo normal o lo estándar, es lo mejor para tu hijo. Cuesta mucho dar el paso a la educación especial, pero una vez que estás ahí, dices: «ojalá hubiera ido antes». Porque le cambia la vida al niño, para bien. Encuentras un centro donde se hace un trabajo a medida en función de sus necesidades, no solamente a nivel curricular, sino que también se trabaja la autonomía personal, el autoconocimiento, su bienestar emocional…».

Lo que ocurre es que a menudo, prosigue Escudero, «el tema educativo de estos niños solo se enfoca a nivel curricular. Es decir: si es posible que siga una clase de matemáticas o inglés en un colegio ordinario. Pero para estos alumnos son vitales los aspectos físicos emocionales, sensoriales… Es decir, sentirte integrado o que eres parte de algo. Todo eso te ayuda a desarrollarte, en estos pequeños lo mismo que a los demás o incluso más. Es muy importante que no estén continuamente estresados, con la sensación de que “no llego” o “soy el último de clase”. Eso muchas veces en un colegio ordinario se puede hacer, pero otras muchas veces, no se consigue».

Estos mismos aspectos son los que busca potenciar Alicia, madre de cinco hijos con edades comprendidas entre los 15 y los 6, una de ellas con síndrome de Down. «Para mi son muy importantes los aprendizajes, pero casi lo es más su bienestar emocional y su salud mental. En el caso de mi hija, los primeros años estuvo en un colegio ordinario, pero luego pasó a uno de educación especial, donde no solo está aprendiendo mucho, sino que ha conseguido tener una autoestima alta y sentirse muy acogida y querida entre sus amigos. Para mi es muy importante. Creo que en el colegio anterior, sinceramente, no lo hubiera logrado».

Un sistema educativo que de respuesta global

En cualquier caso, hay algo que esta madre de familia numerosa quiere recalcar: «nosotros no estamos en contra de la educación ordinaria. Ambas modalidades son imprescindibles, pero cada niño necesita una cosa diferente adecuada a su discapacidad, que puede ser una enfermedad rara, un síndrome de Down, autismo, o parálisis cerebral, entre otras muchas. Es muy importante estudiar la situación de cada menor».

El presidente de Inclusiva sí, Especial También, lo corrobora así: «Nosotros lo que decimos siempre es que la discapacidad intelectual es muy diversa, y por eso mismo se necesita un sistema educativo que dé respuesta a todas las necesidades del alumnado. El sistema que tenemos ahora mismo en España es muy amplio, hay educación ordinaria, con aulas TEA, colegios de necesidades especiales... En algunas comunidades autónomas hay educación combinada, que significa que durante un tiempo el menor está en ordinaria y otro en especial… de esa forma se puede dar respuesta. Pero a lo que se tiende con esta Ley es a un sistema único. Mire usted, igual para todos, no es posible, y la que plantea la Ley es un sistema único, sin modalidades de escolarización».

Lo único que estamos pidiendo, concreta Alicia, «es que se quite la disposición adicional cuarta, porque tiene un texto muy ambiguo, y deja la puerta abierta para que nuestros colegios se acaben vaciando tanto de profesores como de alumnos. Si realmente eso no es lo que quiere la ministra de Educación Isabel Celaá – que no hace más que decir que lo que decimos son bulos-, es tan sencillo como quitar esa disposición adicional cuarta, porque estamos en tiempo de enmiendas. Y que ponga por escrito que se van a dotar de recursos ambas modalidades educativas ya que ambas son inclusivas».

«Las decisiones en materia de educación no pueden estar basadas en razones políticas e ideológicas, sino en criterios objetivos y técnicos. Y a todos aquellos menores que necesitan una educación especial les enviamos un mensaje: no los vamos a abandonar», concluye el presidente de ANCEE.

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España: Por qué la Ley Celaá pretende desmantelar los centros de educación especial y por qué hay padres en contra

Redacción: Magnet

¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la inclusividad en la educación para los niños que son distintos a los otros? Mañana mismo acababa el periodo para presentar enmiendas al articulado del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la también conocida «Ley Celaá». Y hay miles de padres denunciando que una de las disposiciones de la propuesta de la ley tal y como está redactada actualmente, la cuarta, puede perjudicar gravemente el desarrollo educativo de un grupo muy vulnerable.

El antecedente: una llamada de atención de la ONU. En 2014 la Asociación SOLCOM (dedicada a la diversidad funcional) hizo una denuncia contra este organismo por considerar que los centros de Educación Especial de nuestro país estaban segregando injustamente a lo alumnos y yendo en contra de su integración. Más tarde se sumaría a esta denuncia el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI) una muy importante plataforma.

En 2018 llegó el durísimo informe de respuesta de la ONU afirmando que, con esos centros, España practica una segregación injusta con el desarrollo de esos niños a la que había que poner fin. El CERMI se sumó a esta petición. Era un tema que el Gobierno iba a tener que abordar antes o después: en 2017 el Tribunal Supremo estableció que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario. Así que la Ley Celáa ahora recoge ese traspaso del alumnado especial en la escuela general.

¿De cuántos niños estamos hablando? De 37.000 matriculados en esos centros, en un 40% en concertados y en un 60% restante en públicos. Ellos representan un 0.45% del alumnado general, pero ojo, sólo un 17% del total de todos los niños españoles que tienen necesidades especiales, ya que el 83% ya están integrados en las aulas generales. Si contásemos al resto de alumnos con necesidades educativas especiales, el total sería mucho más grande, ya que el 32% de la población escolar española tiene algún tipo de condición, como déficit de atención o dislexia, entre otras. Volviendo con los protagonistas de este cambio de ley, esos 37.000 alumnos disponen de 280 centros y 8.200 profesores. Es decir, hay un profesor para cada 4.4 alumnos especiales y son educados en centros independientes de los demás.

¿Es esto abandonarlos a su suerte? Hay quien considera que, tal y como está redactada la ley, no se va a dar una transición buena para estos niños. La mentada disposición cuarta dice que «esos centros ordinarios tendrán que contar con los recursos necesarios para atender bien al alumnado con discapacidad», pero no contempla en su redacción actual aumentar la financiación de los centros de educación especial. Es decir, hay sospechas de que se les obligará a pasarse al sistema convencional sin apoyos específicos para ellos.

Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Educación no especificadas en entrevistas a El País, «no solo no habría despidos sino que la inclusión en la escuela general requeriría la incorporación de más especialistas».

No a todos, pero sí a la inmensa mayoría: Inclusiva sí, Especial también, es la asociación integrada por miles de padres y madres que se han manifestado en multitud de ocasiones en estos meses en contra de esta medida. Está respaldada por las AMPA de los colegios que ofertan esa educación especial, sobre todo entre los centros concertados. Claman que la Ley Celaá pretende cerrar esos centros o desmantelarlos a su mínima expresión en un plazo de menos de diez años. La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha defendido de esta crítica, y según la ley, «los centros especiales podrán seguir escolerizando a los que requieran una ‘atención muy especializada'».

Por poner un ejemplo de país que ha hecho esta transición, Portugal pasó de tener en 1997 un 20% del total de alumnos con discapacidad en centros especiales a que hoy solo representen el 1%.

Fuente: https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/segregacion-ataque-a-debiles-polemica-educacion-especial-ley-celaa

 

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Panamá: Ministra de Educación presento a gremios docentes estrategia frente al COVID-19

Centro América/ Panamá/ 05.05.2020/ Fuente: www.panamaon.com.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, se reunió virtualmente con miembros de 17 gremios docentes de la mesa bilateral, para presentarles la estrategia, ruta crítica y plan de educación frente al COVID-19.

Durante la videoconferencia, los directores nacionales expusieron la estrategia por área de intervención que incluye: Educación Inicial, Básica General, Educación Especial, Media Académica y Profesional y Técnica, Educación de Jóvenes y Adultos y la priorización de contenidos en un currículo de emergencia.

En el encuentro virtual con los educadores, las autoridades educativas resaltaron la labor de los docentes de las escuelas oficiales que se han mantenido en contacto con sus estudiantes a través de medios virtuales y las 20 conciliaciones que se han logrado entre los padres de familia y los colegios particulares.

Igualmente, se anunció el inicio de las clases por radio para primaria través de ‘Conéctate con la estrella’ y el próximo lanzamiento de las clases por televisión, además de la impresión de guías para los estudiantes como un complemento a estas alternativas escolares.

Posteriormente, la ministra de Educación se reunió virtualmente con representantes de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA) y sostendrá en la semana reuniones con la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá (Andeop) y grupos de padres de familia del sector oficial.

Fuente de la noticia: https://www.panamaon.com/noticias/educacion/78763-ministra-de-educacion-presento-a-gremios-docentes-estrategia-frente-al-covid-19.html

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