Estos cursos de nivelación y avance los reivindica el Comandante Eterno, Hugo Chávez, en el año 2007 y continúan bajo la gestión del presidente Maduro.
Dirigentes estudiantiles de las universidades oficiales de la región capital, liderados por el presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Fveu), Joel Cedeño, instalan este viernes la mesa de articulación con el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) para la realización de los próximos cursos vacacionales intensivos 2017, previstos a iniciarse a finales de julio, para nivelar o adelantar materias del pensum académico.
El Gobierno Bolivariano garantiza los recursos para que estos cursos intensivos se realicen de manera gratuita en las universidades oficiales de todo el país, y no como un negocio lucrativo, asegura Cedeño.
La lucha por la gratuidad de este beneficio la libraron los estudiantes en la cuarta república, siendo el líder revolucionario, Hugo Chávez, quien estableció la exoneración de pago en el año 2007. En este sentido, Kennedy Morales, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (Unesr), explica que estos cursos representan una reivindicación a la lucha estudiantil. «A pesar de la guerra económica en el país, el Gobierno Bolivariano, a cargo del presidente Nicolás Maduro, hace un esfuerzo para garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad».
Los maestros reiteran que piden una solución estructural que mejore la financiación de la educación.
De forma tajante, el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Domingo Ayala, aseguró que a nivel nacional siguen firmes en el paro Indefinido, hasta tanto el Gobierno Nacional establezca un acuerdo que determina la reestructuración del sistema financiero de la educación pública en Colombia, con el fin de garantizar su mejoramiento integral.
El paro completa este viernes, 29 días.
“No nos dejaremos intimidar, seguimos firmes en nuestras acciones, hasta que el Gobierno cumpla el pliego de peticiones que presentamos desde Fecode, el pasado 28 de febrero, no pedimos exclusivamente mejoramiento salarial, sino, un cambio de fondo en las políticas públicas que garanticen una educación pública de calidad en todo el país”, indicó Ayala.
Para este viernes, 9 de junio, los docentes se toman desde tempranas horas, las principales vías en diferentes municipios de Córdoba y a nivel nacional.
Señalan que el anuncio hecho por el Ministerio de Educación, sobre la adición presupuestal de 1.8 billones de pesos para el Sistema General de Participaciones, en inversión a la educación, “solo resuelve el problema para 2017, pero no garantiza una proyección para las vigencias futuras, la solución tiene que ser definitiva”, enfatizó el líder sindical.
Durante estos días se realizan Asambleas constantes con los docentes en diferentes ciudades, foros con la comunidad educativa y marchas en exigencia al cumplimiento del pliego de peticiones.
Por su parte la Ministra de Educación, Yaneth Giha anunció que se pondrá plazos a la negociación, una vez se cumplan los 20 días hábiles de negociación, más 20 días hábiles adicionales, se deberá establecer un mediador de manera conjunta para levantar el cese de labores, que afecta a 8 millones de estudiantes a nivel nacional.
Enfrentamos retos formidables. La población mundial aumentará en más de 2 mil millones de personas hacia 2050 y debemos ser capaces de garantizar mejores condiciones de vida para más personas, particularmente en los países en vías de desarrollo. Es urgente proporcionar educación adecuada para que las nuevas generaciones puedan integrarse a mercados en vertiginosa transformación. Además, la automatización y los cambios tecnológicos pueden dificultar aún más el encontrar trabajo para aquellos trabajadores poco calificados.
Sin embargo, a nivel global, los recursos destinados a la educación son insuficientes: hay países en América Latina y África que están invirtiendo menos del 3% de su PIB en educación pública, cuando el promedio en países de altos ingresos ronda el 5%. Incluso cuando hay voluntad para invertir en educación, dichas inversiones han sido, en muchos casos, mal dirigidas e ineficientes. Esto se debe a que las políticas educativas han fallado en identificar claramente cuáles son los resultados deseados y dar los pasos adecuadas para llegar a ellos. Por ejemplo, frecuentemente se ha priorizado la expansión de la cobertura educativa a costa del aprendizaje mismo.
Particularmente, en América Latina, de los 111 millones de niños y adolescentes en edad escolar, 14 millones no asistían a la escuela, de acuerdo con datos de 2014. Adicionalmente, hay niños y jóvenes que, aunque asisten a la escuela, no aprenden a leer adecuadamente o a hacer operaciones matemáticas básicas, limitando severamente sus oportunidades.
No obstante, hay que reconocer el esfuerzo que estamos haciendo y los avances reales que América Latina ha logrado en décadas recientes. De acuerdo con la UNESCO, en 2014, en nuestra región invertimos en promedio 5% del PIB regional en educación, un aumento de 25% respecto a lo que se invertía en el 2000. Este porcentaje nos coloca, como región, a la par de varios países industrializados.Además, hoy en día, 8 de cada 10 niños en América Latina y el Caribe tienen acceso a la educación infantil y la mayoría de los niños están matriculados en la escuela primaria.
En varios países de la región, hay políticas públicas que pueden servir como ejemplo para otros países del mundo en desarrollo. En Brasil – uno de los países con logros importantes en materia de educación en América Latina – hay evidencia de que las niñas de escasos recursos que participaron en programas comunitarios de educación preescolar tienen el doble de probabilidad de alcanzar el quinto grado de educación primaria y tres veces más probabilidades de alcanzar el octavo grado en relación a sus pares que no asistieron a dichos programas. En México, las inversiones en educación superior de bajo costo han creado oportunidades educativas para jóvenes, aumentando la permanencia escolar; en paralelo, han favorecido una mayor disponibilidad de ingenieros y técnicos, impulsando la competitividad de industrias como la automotriz. Asimismo, con el programa social Oportunidades, logramos cerrar las brechas de género en educación primaria, secundaria y media superior. Más recientemente, hay que destacar el encomiable esfuerzo de distintas fuerzas políticas en México para mejorar la calidad de la educación.
Si queremos garantizar el derecho a la educación para todos nuestros niños, este es el momento de poner el pie en el acelerador; América Latina podría ser quien señale el camino en la dirección correcta. Nuestros países – junto a la comunidad internacional – se han comprometido a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentables (ODS) “Educación Inclusiva y de Calidad para Todos”, promovido por la ONU, para el 2030. Si los países latinoamericanos se unen al esfuerzo común para alcanzar una educación inclusiva y de calidad para todos, estaríamos contribuyendo directamente al progreso en todos los otros Objetivos de Desarrollo Sustentable, tanto en nuestra región como a nivel global.
Un informe reciente de la Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales, de la cual tengo el honor de ser Comisionado, nos muestra que tenemos una gran oportunidad frente a nosotros: si todos los países logran acelerar las tasas de progreso educativo –en términos de cobertura y aprendizaje de habilidades básicas, a través de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria– hacia los niveles alcanzados por el 25% de países que están avanzando más rápidamente , lograremos que todos los niños de países en desarrollo tengan acceso a educación de calidad para el 2030.
Con este fin, la Comisión ha presentado un plan para aumentar gradualmente las inversiones globales en educación, con la meta de pasar de un total global de $1.2 billones de dólares actuales a $3 billones de dólares por año hacia 2030. En principio, los gobiernos de países en desarrollo deberán comprometerse a aumentar el financiamiento a la educación y a emprender reformas para hacer que el gasto educativo sea más eficiente y eficaz. Dichas reformas promoverán que las políticas educativas estén enfocadas a obtener los resultados adecuados, promover la inclusión de los grupos más desaventajados e innovar para mejorar la calidad de la educación.
A cambio, la Comisión plantea un acuerdo para desencadenar apoyo de la comunidad internacional dirigido a quienes asuman el compromiso anteriormente mencionado. En términos concretos, esto se logrará a través de una propuesta transformadora: un Mecanismo Internacional de Financiamiento para la Educación, el cual nacería a partir de una alianza entre el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y países donantes. Esta plataforma no solo buscaría coordinar y armonizar la acción de los bancos multilaterales, sino que también tiene el objetivo de atraer capital privado para incentivar la participación de la banca de desarrollo.
La evidencia está de nuestra parte: invertir en educación es invertir en mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Educar a una niña es el camino más seguro para reducir la mortalidad infantil. En países en desarrollo, reducir a la mitad el subsidio a los combustibles fósiles e invertir la mitad de ese ahorro en educación redundaría en un beneficio neto de $3 mil millones de dólares para el 20% más pobre de cada país. Asimismo, la creatividad y la innovación estimulan soluciones sustentables para resolver problemas locales, como expandir el acceso a la energía y al agua potable. La educación es una de las principales herramientas para formar ciudadanos comprometidos con las instituciones de sus países y los valores democráticos que fundamentan la vida en sociedad.
Por si fuera poco, hay evidencia adicional acerca de los beneficios económicos de invertir mejor en educación. El análisis de la Comisión arroja que, en países en desarrollo, cada dólar invertido en un año adicional de escolaridad genera 10 dólares en beneficios. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación ayuda a desacelerar las presiones migratorias y a activar el crecimiento económico.
Por ello, los miembros de la Comisión pedimos al Grupo de los 20 -con Argentina, Brasil y México como miembros clave- que apoyen este plan. En este momento en el que los líderes se preparan para sus reuniones en Hamburgo, Alemania, pedimos que los países latinoamericanos lleven consigo las mejores prácticas de nuestra región, junto con el compromiso firme de mejorar nuestros propios estándares educativos de acceso, calidad y aprendizaje.
Poner en marcha el plan de la Comisión nos acercaría a lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable e ilustraría todo lo que puede ser alcanzado a través de la cooperación internacional, contrarrestando a las voces que, irresponsablemente, llaman al aislacionismo.
Linette Anadón ya conocía ese miedo. Por segunda vez en menos de tres años el Estado amenazaba con cerrar la escuela pública que dirige en la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico.
«Cuando empezaron los rumores de que otra vez iban a cerrar escuelas, supe que la nuestra iba a aparecer ahí», le dijo a BBC Mundo.
Anadón había escuchado hacía unos meses que solo quedarían abiertos planteles con más de 250 estudiantes y el suyo, llamado Salvador Busquets, solo cuenta con 108.
Entre 2010 y 2015, la institución se había salvado de estar entre las más de 100 que fueron clausuradas por el gobierno.
Esta vez, Anadón esperaba recibir la «mala noticia», pero no por eso dejó de sentirse frustrada cuando el anuncio se hizo oficial.
«Esto es una desolación, nos consume mucho emocionalmente», expresó en referencia a la comunidad que hace parte del colegio, que también sirve de espacio para actividades culturales y deportivas en horario extracurricular.
El Busquets es uno de los 179 planteles públicos que cerrarán sus puertas a finales de este mes por orden del Departamento de Educación de la isla, que hizo el anuncio el viernes pasado.
Recortes en medio de la crisis
Se trata del cierre de mayor escala en la historia de Puerto Rico, que afecta a más de 2.700 maestros y supone el traslado de unos 27.000 alumnos a otras escuelas para el inicio del nuevo año escolar en agosto.
Quienes se oponen a la medida señalan que afectará a los estudiantes menos favorecidos, disminuirá la calidad y que miles de maestros no tendrán empleo en el futuro.
Image captionLa tasa de natalidad en la isla ha disminuido como consecuencia de la migración a EE.UU. de miles de puertorriqueños.
Casi el 80% de los alumnos matriculados en las 1.332 escuelas públicas de la isla vive por debajo del umbral de la pobreza.
Ese dato ilustra la situación que atraviesan los puertorriqueños, en una grave crisis económica que ha significado medidas de austeridad y un índice de pobreza del 45%.
En días recientes, el estado libre asociado de EE.UU. se declaró en quiebra para reestructurar una deuda fiscal de US$73.000 millones.
El Departamento de Educación —cuyo presupuesto de US$3.000 millones representa casi el 30% del total del de la isla— señaló que ahorrará US$7 millones al año por razón del cierre de escuelas.
Pero algunos críticos de la decisión consideran que fue netamente económica y no consideró otros factores.
Una isla con menos estudiantes
«Los niños terminarán hacinados y miles de docentes van a quedar a la deriva«, reclamó en una entrevista con BBC Mundo Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, un sindicato que agrupa a más de 3.000 profesores públicos.
Su preocupación la comparten decenas de educadores y representantes, que el lunes protestaron contra la medida en las entradas de los planteles localizados en diferentes regiones del territorio.
Morales, sin embargo, reconoció que ha habido una reducción significativa de población estudiantil debido a la migración en la última década de casi 450.000 puertorriqueños a EE.UU. y a la reducción en la tasa de natalidad en la isla.
Image captionCasi 450.000 puertorriqueños han migrado a EE.UU. en la última década.
El sistema escolar público pasó de tener casi 600.000 estudiantes en 2002 a 380.000 en 2015, según cifras del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Este fue uno de los factores que consideró el Departamento de Educación para decidir sobre el cierre de las 179 escuelas.
«Con menos estudiantes, era lógico que debíamos ajustar el tamaño del sistema educativo«, justificó la secretaria de Educación, Julia Keleher, en conversación con BBC Mundo.
Image captionLa secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, asumió el cargo en enero de este año.
En ese ajuste, los más afectados serán los maestros transitorios, que tienen contratos temporales de renovación anual.
La funcionaria explicó que el presupuesto del año entrante podrá reducirse en un 10% al prescindir de muchos de estos contratos.
Una determinación que preocupa a centenares de docentes que hoy en día trabajan bajo esa figura legal, quienes temen no poder encontrar empleo en el futuro.
Pero Keleher argumentó que la oficina que encabeza «no es una agencia para dar empleo a todo el mundo«.
«Si tengo maestros que realmente no necesito más, pues entonces deberé bajarlos de la nómina», sentenció.
Miles de dólares
Los que apoyan el cierre de las escuelas señalan que algunas tienen infraestructuras en mal estado o una población estudiantil tan baja que no se justifica su manutención.
Educación pública en Puerto Rico
410.950
alumnos estudian en el sistema público
78,5% de la población total estudiantil vive bajo niveles de pobreza
31% de los estudiantes requiere de educación especial
179 planteles educativos cerrarán a finales de mayo
1.153 escuelas permanecerán abiertas
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Como la docente retirada Wanda Ramos, de 62 años, quien trabajó durante más de dos décadas en instituciones públicas y privadas.
«Hay que preguntarse si vale la pena gastar miles de dólares en mantener una escuela con pocos estudiantes y que no tenga la mejor infraestructura, cuando hay una institución cercana que podría albergar a esos alumnos», le dijo a BBC Mundo.
Estos centros educativos, según el Departamento de Educación, están dotados de instalaciones más recientes y en mejor estado.
«Con el ahorro que representan las escuelas que vamos a cerrar, podremos invertir esos fondos en desarrollar programas especiales y dar más dotación a las que quedan», agregó la secretaria de la agencia, Julia Keleher.
Según la funcionaria, en algunos institutos «ni siquiera hay libros» ni acceso a internet.
Image captionLa Federación de Maestros de Puerto Rico, una organización sindical, protestó contra el cierre de escuelas.
Dificultades
La promesa del traslado de los niños a centros educativos mejor dotados no alivia las inquietudes de algunos padres que viven en zonas rurales.
«Esta es una región montañosa y la escuela receptora queda como a tres kilómetros de nuestra casa», dijo a BBC Mundo Luzaina Peña, madre de un niño de cinco años.
Peña, de 31 años, es trabajadora social del mismo instituto al que asiste su pequeño, el Merced Marcano, en la localidad de Toa Alta, en el norte de la isla.
Con el cierre de esa escuela, Peña tendrá que esperar a que la reubique el Estado en un centro educativo de algún pueblo contiguo.
Image captionEl primero de mayo cientos de puertorriqueños participaron en un paro en protesta a las medidas de austeridad que ha tomado el gobierno.
Todavía no sabe si el gobierno proveerá transporte escolar para su hijo, pero está segura de que no cuenta con el dinero para pagarlo.
En su papel de trabajadora social cuestiona el poco tiempo que tuvieron los maestros y padres para avisar a los niños del cambio, ya que el cierre está programado a finales de mes.
«Niños míos lloraron porque no entendían que ahora se separan y que van a otra escuela«, apuntó.
«Nuestra escuela es nuestro orgullo»
Para otros padres, las escuelas gozan de aprecio en la comunidad y han servido como agentes de cambio social en un entorno de pobreza.
Así lo afirmó Adneri Rivera, que estudió hace tres décadas en la misma institución en la que hoy está inscrita su pequeña hija en el nivel preescolar y varios sobrinos.
«Nuestra escuela es nuestro orgullo», le dijo a BBC Mundo la madre de 39 años, cuyos hermanos también cursaron la primaria en el centro educativo Hipólito Cáldero, en la localidad rural de Corozal, en el centro de Puerto Rico.
Image captionLa escuela Hipólito Cáldero, en la localidad rural de Corozal, cerrará sus puertas a finales de este mes.
Rivera calificó como un «golpe muy duro» que la escuela, con 159 estudiantes, tenga que cerrar en los próximos días.
«Este lugar ha aportado al desarrollo de personas que han brillado. Grandes escultores, pintores, hasta una Miss Puerto Rico salió de aquí», continuó afligida.
Rivera, quien es maestra de otra institución que permanecerá abierta, cuestionó que deterioros en la infraestructura y una baja nómina de estudiantes sean razones suficientes para la clausura.
Según ella, la autoridad educativa realizó una asamblea con «cientos de representantes de escuelas que solo tuvieron dos minutos para expresar por qué su institución no debía cerrarse».
Por su parte, el Departamento de Educación mantiene que se hizo un análisis exhaustivo en el que participaron los centros de enseñanza a lo largo y ancho de la lista.
A pesar del esfuerzo, Rivera cree que no fue suficiente.
«No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, cuál será su futuro«.
América del Sur/Argentina/10 Junio 2017/Fuente: El litoral
En virtud de lo que consideran el “estancamiento de la paritaria por parte del Gobierno nacional”, los representantes del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne) resolvieron retomar este mes el plan de lucha. Decisión que tomaron después de participar del plenario de secretarios generales de Conadu. Por tal motivo, habrá jornadas de protesta la semana que viene.
Acusan que hay un “virtual estancamiento de la paritaria por parte del Gobierno nacional, que no ofrece una propuesta superadora al 18 o 20% ofrecido”.
Según anunciaron, se desarrollarán medidas de fuerza con jornadas de protesta los días 14 y 15 de junio, movilizaciones y asambleas los días siguientes.
El documento que dio a conocer Codiunne, redactado tras el debate en el plenario de secretarios generales, expresa detalles de las medidas de fuerza propuestas por los gremios presentes.
El detalle indica que los días 14 y 15 de junio se desarrollarán jornadas nacionales de Protesta, con una acción unificada en el Palacio Pizzurno con Conadu, en el marco del aniversario de la Reforma Universitaria.
Los docentes universitarios de todos los gremios, incluido Codiunne, también coincidieron en que se llevará a cabo un Plebiscito Universitario la semana del 19 al 22 de junio para definir el “no inicio del segundo cuatrimestre”. El último día se llevará a cabo la Asamblea Simultánea Universitaria, en todas las casas de estudio del país, para luego dar paso la semana del 26 al 30 del mismo mes a la concreción de la Asamblea General de la Militancia Universitaria, junto con las federaciones estudiantiles.
En el mismo sentido, durante la semana del 10 al 14 de julio, se desarrollará el Congreso Extraordinario de Conadu.
A la vez, como parte del crecimiento de la Federación, el plenario aprobó por unanimidad la incorporación del nuevo sindicato docente universitario de la Universidad Pedagógica, Adunipe.
A modo de resumen, el documento detalla que los reclamos que impulsa la Federación son: Paritarias libres y sin techo; Regularización de los contratados y ad honorem; Plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo; Continuidad de los programas de capacitación docente gratuita y de las becas Profite; Restablecimiento de los programas socioeducativos; Mayor Presupuesto Universitario; Más presupuesto para CyT y el ingreso efectivo de los 500 compañeros a Conicet.
América del Norte/Estados Unidos/10 Junio 2017/Fuente: El diario ny
La nueva Secretaria de Educación, Betsy DeVos, tiene planes para tus hijos. Quiere convencerte que las escuelas públicas y los maestros que trabajan para educar a nuestra juventud son parte de “un sistema hermético, una industria resistente al cambio, un mercado cerrado […] un monopolio, un callejón sin salida”.
Su plan para el futuro de la educación en Estados Unidos incluye subvenciones públicas para escuelas religiosas y para escuelas privadas con fines de lucro, y le gustaría usar dinero de los impuestos que todos pagamos para financiar cualquier tipo de escuela, con tal de que no sea parte del sistema de educación pública. ¿Cuál es la meta final? ¿Qué fin persigue Betsy DeVos?
Lo que impulsa a DeVos es una ideología egoísta que beneficia a la gente rica. Ella está convencida de que las fuerzas del mercado privado pueden “corregir” los problemas que afligen a nuestras escuelas, y en nombre de la “libertad de elección” tiene la ambición de privatizar el sistema de educación pública en este país, argumentando que sería más eficiente si fuera administrado con fines de lucro y no como un servicio público.
Pero no debemos caer en el engaño. La meta de DeVos, al igual que de la enorme camarilla de multimillonarios que son parte de esta administración, es salir victoriosos en la batalla de ideas. Esta contienda, que desde hace mucho lleva el nombre en inglés de “culture wars” o “guerra de la cultura”, busca convencernos que los ricos y los pobres tenemos los mismos intereses que defender. Para contrarrestar efectivamente esta ofensiva ideológica tenemos que conocer sus orígenes y estudiar sus principales argumentos, y debemos explicar por qué estas ideas perjudican nuestros intereses como seres humanos. Esta ofensiva ideológica está encaminada, en última instancia, a debilitar muchas de las conquistas sociales que nosotros, como trabajadores, hemos ganado a lo largo de los años, como el derecho a una educación pública gratuita.
La Fundación DeVos
En 1989 Betsy DeVos y su esposo, Dick DeVos, establecieron la Fundación de la Familia Dick y Betsy DeVos. La familia DeVos es una de las 100 familias más ricas de Estados Unidos, y la revista Forbes los incluyó en 2015 en su lista de las 25 familias que más dinero donan a varias causas filantrópicas y políticas. Hasta la fecha, la Fundación DeVos ha donado alrededor de 139 millones de dólares a varias causas, incluyendo hospitales y el desarrollo de nuevas medicinas, pero sobre todo a escuelas cristianas, misiones evangélicas y centros de investigación (Think Tanks) que respaldan el mercado libre a base de publicaciones y artículos para los periódicos, buscando influenciar la opinión pública. La Fundación DeVos reparte su dinero principalmente entre las siguientes organizaciones: la Fundación de Michigan para los Valores Tradicionales; Enfoque en la Familia; el Centro de Derechos Individuales; el Instituto Acton; el Instituto de Justicia; el Centro de Derechos Individuales; el Centro de Recursos para el Embarazo de Michigan; el Fondo Educativo en Michigan del Derecho a la Vida; y la organización antiaborto Bautistas por la Vida. De 1999 a 2014, la fundación dio más de $8 millones a escuelas cristianas, más de $5 millones a escuelas autónomas privadas y cerca de $60 mil a escuelas privadas. La familia DeVos también ha entregado más de $17 millones de dólares a candidatos y comités republicanos desde 1989. Por otra parte, la revista The Atlantic señaló que en un artículo de fondo en 1997, DeVos indicó que sus contribuciones financieras no son desinteresadas, sino que espera plenamente obtener provecho político de sus contribuciones. “Mi familia es la que hace las mayores contribuciones monetarias al Partido Republicano nacional”, escribió, y “he decidido dejar de ofenderme ante la sugerencia de que estamos comprando influencia. Ahora simplemente admito que es cierto”. DeVos añadió que “Nosotros … fomentamos una filosofía conservadora de gobierno… que consiste en un gobierno limitado y el respeto por las virtudes americanas tradicionales … Esperamos recibir algo a cambio de nuestras inversiones. […] Además, esperamos que el Partido Republicano utilice el dinero para promover estas políticas “.
Justificación ideológica
Para tener una idea más clara de la fuente ideológica de las ideas de la Sra. DeVos, lo mejor es explorar el sitio web del Instituto Acton. El Instituto Acton para el Estudio de la Religión y la Libertad es parte de la red de fundaciones ideológicas State Policy Network, un grupo de Think-Tanks en los Estados Unidos que promueve el capitalismo y las políticas de libre mercado y que es financiado por la familia DeVos. La misión del Instituto Acton es “promover una sociedad libre y virtuosa caracterizada por la libertad individual y sostenida por los principios religiosos”. El instituto promueve la idea de que la fe y la libertad económica son dos caras de la misma moneda, y que ninguna de las dos puede existir sin la otra.
Este argumento es, esencialmente, la manera más lógica para justificar que un multimillonario pueda acaparar y apropiarse personalmente de una parte tan grande de la riqueza del país. Pero además quieren sentirse virtuosos, y por eso usan una pequeña parte de su patrimonio para promover sus propios intereses en esta vida y, uno se imagina, en la vida siguiente. DeVos fue citada en 2001, por ejemplo, diciendo que su activismo por reformar el sistema educativo es simplemente un mecanismo para, en sus palabras, “avanzar el Reino de Dios”. Más tarde ese año dijo que “cambiar la forma en que bregamos … con el sistema de Educación en el país … realmente puede tener mayor beneficio para el Reino de Dios a largo plazo”.
Como Constantino el Grande (274/280 – 337 AD) , el emperador romano que declaró haberse convertido al cristianismo para evitar la inestabilidad de su reino y fortalecer su gobierno político sobre el vasto Imperio Romano, el Instituto Acton impulsa la idea de que la fe y el mercado libre son dos principios deben ir de la mano; que “la libertad económica es esencial para crear un ambiente en el que pueda florecer la libertad religiosa” y la idea que “el mercado sólo puede funcionar cuando las personas se comportan moralmente”. En las palabras de Lord Acton, historiador y político inglés, “La libertad es la condición esencial que facilita el gobierno” por aquellos con una conciencia religiosa.
Debido a sus esfuerzos en el ámbito ideológico, el Instituto Acton recibió el Premio Templeton de la Libertad en 2004 por su “extenso trabajo sobre la defensa moral del libre mercado”. Durante los últimos años, y después de varios reveses iniciales, DeVos ha tratado de promover la idea de que el gobierno debe usar fondos públicos para financiar las escuelas religiosas, usando estratagemas como los subsidios públicos para escuelas privadas y el establecimiento de escuelas autónomas (charter schools) para acostumbrarnos a la idea de que las escuelas religiosas deben tener acceso a fondos públicos.
Subsidios a la educación privada
Algunos de los grupos que DeVos apoya financieramente usan la idea de las escuelas autónomas como una táctica interina. Ultimadamente el objetivo es normalizar la idea de los subsidios con el fin de canalizar fondos públicos para las escuelas religiosas. DeVos y su esposo no ocultaron sus metas en una entrevista en el 2001 en una publicación de The Gathering, un grupo enfocado en el avance de la fe cristiana a través de la filantropía. A la pregunta de si las escuelas cristianas pueden sobrevivir sólo a base de donaciones privadas, y si podrían hacerlo sin acceso a fondos públicos, Betsy DeVos respondió que “No hay suficientes dólares filantrópicos en Estados Unidos para financiar lo que realmente se necesita en la educación. Lo que queremos es confrontar la cultura actual y ayudar a impulsar el reino de Dios”. Su esposo, Dick DeVos, agregó que “en muchas comunidades en nuestro país la iglesia ha sido desplazada por la escuela pública como el centro de la actividad … Es ciertamente nuestra esperanza de que más y más iglesias tomen un papel activo en la educación” en este país.
Es irónico que estos multimillonarios, inspirados por Lord Acton, autor de la famosa frase que dice: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, no sienten de ninguna manera que ellos mismos ya han sido corrompidos por el enorme poder económico y la influencia política que han acumulado en esta vida. Por el contrario, se sienten perfectamente justificados en utilizar su dinero para obtener ventaja en los ámbitos del poder y los medios noticiosos, impulsan sin remordimiento sus proyectos reaccionarios de ingeniería social, socavan los debates públicos con su injusta ventaja social, y estropean abiertamente el proceso democrático cuando usan su dinero para influenciar a funcionarios públicos. En el caso de DeVos, su influencia la ha llevado finalmente a la posición donde puede influenciar directamente la trayectoria educacional del país entero.
América del Sur/Colombia/10 Junio 2017/Autor y Fuente: Semana
Carlos Rivas, presidente de Fecode desde principios de este año, habla sobre el paro de docentes que convocó el sindicato desde el 11 de mayo y las demandas que exigen al gobierno.
Semana Educación (S.E.):¿Por qué han decidido convocar movilizaciones en medio de negociaciones con el Ministerio de Educación?
Carlos Rivas (C.R.): Luego de que iniciamos negociaciones con el gobierno tras presentar nuestro pliego de peticiones, planteamos el tema más importante de nuestras demandas: el económico. El gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, nos manifestó que no hay recursos para la educación pública. El presidente de la república, cuando estaba en campaña electoral para la reelección, se reunió con Fecode y planteó que nos iba a dar plata y apoyar a los maestros. Aseguró que iba a haber recursos para la alimentación de los niños, para el transporte y para la jornada única. Dice que vamos a ser el país de la región más educada en 2025, pero si no se invierte eso es pura demagogia.
S.E.:Pero ustedes no le creen al gobierno cuando les dice que, efectivamente, no hay recursos…
C.R.: Estamos en una encrucijada: corrupción o educación. Este es un país rico pero cada rato se lo roban. El Estado tiene la responsabilidad de que los corruptos devuelvan la plata porque los que roban no son los pobres, son los ricos, y a ellos debería caerles el peso de la ley. El presidente no nos puede salir con la disculpa de que no hay plata. Este año se están ahorrando 28 billones de pesos de la guerra, acaban de hacer una reforma tributaria y un incremento del IVA del 16 % al 19 %, ¿y dicen que no hay recursos para la educación? Los niños de Colombia no deberían pagar las dificultades. No admitimos esa excusa.
S.E.:¿A cuánto presupuesto ascienden las demandas del magisterio?
C.R.: Le hemos planteado al gobierno un acuerdo a 10 años para la educación pública por valor del 4,2 % del Sistema General de Participaciones. Es decir, de un 0,42 % anual para resolver cuatro demandas específicas: accesibilidad, que tiene que ver con gratuidad y obligatoriedad; el tema de la canasta escolar, que está desfinanciada; reformulación de la jornada única y resolver las deudas históricas que tiene el Estado con los maestros. Pero el gobierno solo quiere aportar 1,6 %, y eso no es suficiente. Pedimos unos recursos cercanos a los 20 billones de pesos para los próximos 10 años.
S.E.:Aparte del tema presupuestario, ¿qué otras reivindicaciones tienen?
C.R.: Lo principal es que si no hay educación con garantías no hay equidad ni paz. No tiene sentido que hoy tengamos a un millón y medio de niños por fuera del sistema educativo. Además, existen unos compromisos con nosotros desde 2005 que todavía no se han cumplido. El primero es el de bonificación por servicios prestados que está reflejado en la Ley 91 de 1989 de los trabajadores y del que todavía no se benefician los maestros, y el segundo, el de nivelación salarial que tendría que suceder en 2020 y 2021. Somos los trabajadores más mal pagos de Colombia. Llevo 37 años de ser docente, soy bachiller académico, normalista, licenciado en Ciencias Sociales, tengo una especialización en Docencia Universitaria y otra en Derecho Probatorio. Soy abogado y candidato a doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular y me gano 3.300.000 pesos al mes, y así son todos mis colegas. El Estado tiene la obligación de invertir en nosotros. También necesitamos estimular a nuestros muchachos, por eso pedimos que durante la jornada única se formen en arte, en música, en teatro y en valores. Si yo fuera ministro de Educación, esto es lo que haría: los primeros tres años en la escuela los dedicaría a la construcción de valores. Necesitamos un ciudadano diferente que piense en el otro.
S.E.:¿Es un paro de carácter indefinido? ¿Bajo qué condiciones lo piensan levantar?
C.R.: No existen los paros indefinidos, esto es un paro nacional. ¿Cuánto puede durar? Eso depende del gobierno: si mañana nos llama y nos plantea una forma de resolver el tema económico, nos sentamos, pero con fórmulas, no con la misma justificación de que no hay recursos. La pregunta que le haría al presidente es por qué hacen concesiones a 15 y 20 años, por ejemplo, con la construcción de vías y no con la educación. Eso es pura carreta para tratar de despistar a la sociedad. Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa. No nos gusta el paro, no es nuestro oficio fundamental.
S.E.:El tema de la salud docente es otro de los grandes puntos en los que no hay consenso con el gobierno…
C.R.: Sí. El proceso de licitación iba muy bien, pero en noviembre la Fiduprevisora ya empezó a decir que la licitación la iban a declarar desierta cuando el calificador no había recogido siquiera los pliegos de los oferentes. En enero, efectivamente, la empresa calificadora la declara desierta. Nosotros advertimos que esta no cumplía con las condiciones como empresa calificadora del proceso. Hicimos las observaciones y no se tuvieron en cuenta. Le pedimos a la Procuraduría que investigara, y concluyó que se debe perfeccionar el proceso de licitación. No queremos mantener a los actuales prestadores porque todos los días en Colombia hay dificultades en el tema de salud. Queremos que se haga una licitación abierta y pública para contratar a la empresa calificadora.
S.E.:¿Qué diferencia hay entre este paro y el de 2015?
C.R.: Hemos madurado las exigencias que le presentamos al gobierno. Queremos que cumpla las promesas que acordó con Fecode en campaña electoral, porque la Federación a cambio acompañó al presidente en el tema de la paz. Vamos a luchar en defensa de la educación pública. No nos desmarcamos de Luis Gruber (expresidente del sindicato, quien lideró las protestas en 2015 que dejaron paralizado el sistema educativo durante 15 días), sino que maduramos la idea, avanzamos más. Gruber dejó un camino establecido y nosotros lo vamos desarrollando.
S.E.:¿Esto es un pulso político de Fecode de cara a las próximas elecciones? ¿Ya tienen un candidato al que respaldarán?
C.R.: No lo es, aunque sí tenemos amigos en el Congreso, hacemos lobby y también nos gusta buscar a los políticos detractores de Fecode. Siempre indicamos a los maestros que hay que votar por las posturas democráticas y progresistas, pero no tenemos en este momento preferencias por uno u otro candidato. Eso sí, hay que buscar un demócrata, una candidatura alternativa, diferente, que nos garantice la paz, la vida, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Todos los que estuvimos de acuerdo con la paz debemos alinearnos para reconstruir el tejido social. Queremos hacer un llamado a la izquierda para que busque la unidad.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
Semana Educación entrevistó a la ministra de Educación Yaneth Giha quien aseguró que el paro de Fecode es injustificado. Estas son sus declaraciones más relevantes:
– “Están solicitando una nivelación salarial para el 2020 y otra para el 2021. Ya les hemos dicho que el gobierno nacional no se va a comprometer con recursos que le corresponden al siguiente gobierno”.
– “A mi me ponen mensaje los docentes y me dicen “ustedes no están cumpliendo porque no nos han dado todavía el incremento salarial de 2017”.Y es verdad. La razón es porque todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el incremento que recibirán los funcionarios públicos”.
– “Lo que ellos nos están pidiendo es adquirir compromisos económicos que arrancan en el próximo gobierno y que van a tener vigencia por lo menos hasta los próximos 30 o 40 años. Le corresponde al próximo que llegue a gobernar evaluar su situación presupuestal”.
– “Tenemos un déficit de 350 mil millones de pesos en el Sistema General de Participaciones (SGP). Si yo le sigo metiendo más carga ahora al SGP, eso es irresponsable. No podemos adquirir nuevas responsabilidades presupuestales si no tenemos con qué hacerlo”.
– “No hay necesidad de un paro cuando las puertas al diálogo están abiertas. Nosotros estamos cumpliendo con lo que se acordó en 2015”.
– “Hacemos un llamado a Fecode para que retomemos las conversaciones. Las posibilidades de llegar a un acuerdo se crean en una mesa”.
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