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El Salvador: Cada día 117 niñas y adolescentes consultan en el sistema de salud por riesgos en embarazo o parto

América Central/El Salvador/12-03-2021/Autora : Evelia Hernández/Fuente: www.elsalvador.com

Las adolescentes menores de 16 años tienen riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años.

En promedio, 117 niñas y adolescentes, entre 10 a 19 años, solicitaron atención a diario en centros de salud públicos por complicaciones de embarazo y partos, según datos oficiales del Ministerio de Salud, de enero a diciembre de 2020. En total, en ese lapso, hubo 42,919 atenciones por riesgo de parto y embarazos, siendo esta la primera causa de consulta entre niñas y adolescentes.

Para el salubrista, Francisco Erazo, el reporte de las causas más frecuentes de consulta ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud (Minsal) es preocupante, debido que los datos sobrepasan las infecciones de vías respiratorias que fue de 29,187, tomando como parámetro la pandemia de COVID-19.

“Es alarmante en niñas de 10 a 19 años, el embarazo y el parto sea la primera causa de consulta a nivel del sistema de salud. Las adolescentes menores de 16 años corren el riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las de 20 a 30 años y la tasa de mortalidad de los neonatos es de casi un 50 %”, mencionó Francisco Erazo, especialista en el riesgo de embarazos en menores de 19 años.

Agregó que las complicaciones de parto es la segunda causa de muerte durante el embarazo, parto o posterior al alumbramiento, entre las mujeres de 15 a 19 años.

Entre los riesgos médicos durante el embarazo adolescente están las complicaciones a nivel neonatal, partos prematuros, preeclampsia, eclampsia y abortos.

En 2018 a 2019 las inscripciones de embarazos de 10 a 19 años fueron 17,251. Los partos atendidos fueron 17,505. “Esto quiere decir que muchas de las adolescentes que están embarazadas no reciben un control prenatal de ninguna institución de la red nacional, entonces tenemos 250 más que no fueron captadas dentro de su embarazo, pero que sí llegaron a la atención de parto de los hospitales. Hay un subregistro de este número que si nos vamos a los que no llevan control prenatal y las que verifican con un parto intradomiciliar el registro se vuelve más alarmante”, comenta Erazo.

Según datos preliminares del Minsal, en 2020 nacieron 64,877 bebés. De estos 1,411 son neonatos de madres en edades de 11 a los 15 años, lo cual representa el 2.17 % del total de los nacimientos.

Entre los registros hay 15 nacimientos de partos de niñas de 12 años, mientras que en la edad de 13 años hay 88 partos.

La mayoría de los partos están en niñas de 14 años con un nacimiento de 359 bebés y 948 partos de niñas de 15 años.

Según Francisco Erazo, aunque hay una leve disminución en los datos, estos se asemejan al mapa de embarazos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) de 2017. “Estamos viendo una tendencia muy similar, ni un marcado aumento es preocupante, se mantiene, no estamos haciendo mucho. Son 117 niñas las que llegan a un sistema de salud a buscar atención, faltan los casos que quedan en subregistro que no llegan a pasar consulta y que llegan cuando es una complicación sumamente grave, entonces es una sobrecarga para el sistema de salud que es una patología prevenible desde el punto de vista de una educación sexual”, comenta el salubrista.

Además: Judit y las heridas de un embarazo a los 13 años: “Casi lo pierdo, ya estaba afuera”

Para Erazo es importante el tema de la educación sexual, la cual es considerada un tabú, mientras hace alusión a una educación sexual integral en donde los niños aprenden desde pequeños sobre higiene en sus genitales hasta sus derechos como niños.

SUBREGISTRO DE EMBARAZOS EN NIÑAS

“La falta de asistencia a escuelas y el confinamiento en los hogares limita la posibilidad de que se identifique el embarazo de una niña o adolescente; igualmente, la falta de contacto con personas y entornos protectores impide identificar y proteger a las niñas y adolescentes. A lo cual hay que sumar que, el sistema de salud ha centrado su atención y sus servicios en atender la pandemia y las familias tienen temor de acercarse a los centros de salud por temor al contagio. Tratándose de niñas y adolescentes embarazadas la situación es más compleja; si la violación o el abuso ocurrió en el seno familiar o en el entorno cercano se suele ocultar y proteger al agresor, quien en muchos casos es también proveedor”, afirma, Zaira Navas.

“El motivo de la pandemia, incluso ahorita que no estamos en cuarentena existe el temor de ir a pasar consulta a un centro de salud. En zonas rurales, aún se siguen dando partos domiciliares y embarazos infantiles, donde una niña de 15 años tiene su segundo embarazo. Y su pareja de vida tiene 45 años y es donde se hace la pregunta qué poder de decisión tiene esta niña sobre sus derechos sexuales en una relación con un adulto”, cuestionó.

Erazo argumenta que cuando se habla de un embarazo infantil se ve como una situación alejada, que no se da mucho; sin embargo en zonas rurales es muy alarmante esa situación.

“Los riesgos médicos en embarazos en niñas es alto, el cuerpo de una niña no está preparado para un embarazo, hay riesgo psicológicos, riesgos sociales, dentro de riesgo médicos hay partos prematuros, anemia, desnutrición, preeclampsia, abortos expontáneos, malformaciones congénitas e infecciones de transmisión sexual”, advirtió Erazo.

Según proyecciones del salubrista, el 60 % de los servicios del sistema de salud corresponde a atenciones maternas y fetales. “Es decir ese montón de niñas que estamos viendo en las cifras consumen el gasto que se da para el funcionamiento de los hospitales, un consumo del 60 % de gasto hospitalario que deja de aportarse para otro tipo de enfermedades como pacientes con insuficiencia renal, diabéticos, que son los que se quejan que tienen una mala hospitalización”.

Mientras que la lectura que hace la abogada y exdirectora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Zaira Navas, es que aunque los embarazos en niñas y adolescentes han disminuido, hay datos que se encuentran ocultos, debido a la desatención que se ha dado, producto de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Para 2019 la tasa de embarazos por 1,000 niñas y adolescentes de 14 a 17 años era de 14.8. Es decir que la disminución reportada, aunque se refiere a niñas, adolescentes y mujeres entre los 10 a los 19 años, puede estar relacionada a la disminución que ya se venía presentando”, en años anteriores comentó Navas.

Sin embargo, al hacer un análisis sobre las causas del embarazo en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, las cuales están relacionadas a violaciones y estupro, “en su mayoría, atribuidas a ‘personas conocidas’, padres, padrastros, hermanos, tíos, vecinos y personas del entorno comunitario y los lugares en que ocurren las violaciones y el estupro.

“Es factible afirmar que el período de la pandemia y las medidas como la cuarentena, en lugar de generar una disminución, fueron propicias para el incremento de estos abusos sexuales y del embarazo, el cual ha de ser una cifra oculta, en la medida que los servicios de salud no han funcionado en forma regular; las niñas y adolescentes no han salido de sus hogares y ha existido menos oportunidad para denunciar los abusos. Incluso, pueden haberse producido partos extrahospitalarios y existir un subregistro. Lo cual es muy grave”, declaró Navas.

Además expone que las cifras de embarazos pueden ser menores debido a que las jóvenes y niñas no están acudiendo a la escuela y centros de estudio, los cuales han sido espacios que permiten identificar el estado de salud de ellas. Además, añadió que otro elemento que debe considerarse en los embarazos adolescentes es en el control que ejercen las pandillas en las comunidades. “La esclavitud sexual a la que someten a niñas y adolescentes y el temor de las familias a denunciar y a acudir a controles prenatales si no se los autoriza la pandilla”.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/covid-19-embarazos-ninas-adolescentes-sistema-de-salud/814294/2021/
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Proponen ley para combatir el embarazo precoz y abuso de menores en Panamá

Un anteproyecto de ley que busca reducir los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá fue presentado al Parlamento del país, que mantiene uno de los índices de gestación precoz más altos de la región.

La propuesta de ley plantea que se combatan estos tres problemas mediante la educación, y surge en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues, instituciones estas que están supervisadas por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

«Estos tres problemas no son de ahora sino de hace mucho tiempo. El caso de la Senniaf los sacó a relucir. El proyecto lo que busca es resolverlos por medio de la educación, que es clave en estos aspectos», explicó a Efe el diputado independiente y proponente del anteproyecto, Gabriel Silva.

Un informe de 700 páginas elaborado por una subcomisión parlamentaria denunció a inicios de febrero pasado que decenas de menores sufrieron abusos sexuales y malos tratos en albergues, muchos de ellos con algún grado de discapacidad, en casos que se remontan a 2015 y que según los testimonios de las víctimas de violación involucran a religiosos y cuidadores e inclusos abortos.

EDUACIÓN, EL ARMA PARA COMBATIR EL PROBLEMA

El anteproyecto de ley del diputado Silva plantea minimizar los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá a través de un plan educativo que se implementará en escuelas públicas y privadas, albergues y centros para jóvenes del sistema penitenciario.

«En Panamá hay un promedio de 29 menores de edad quedan embarazadas todos los días, con sus consecuencias económicas, educativas y de salud. También hay dos problemas más que se intentan resolver, la infecciones de transmisión sexual y los abusos a menores, que van en incremento», añadió Silva.

Panamá arrastra desde hace décadas cifras de embarazos adolescentes que encienden las alarmas internacionales, pues junto con Guatemala y Nicaragua lidera las tasas más elevadas de la región, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En 2019, unas 4.652 niñas entre 10 y 19 años quedaron embarazadas, y en el primer trimestre de 2020 -los últimos datos registrados-, hubieron 2.652, con una media de 29 embarazos diarios, siendo la comarca indígena Ngabe Bugle y la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, las que más afectadas, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá.

En los últimos años se han presentado algunos proyectos para incluir la educación sexual en las escuelas de Panamá, pero han generado debate y afrontado gran oposición de parte de grupos religiosos y que se autodenomina «profamilia», que han impedido su aprobación.

El plan educativo que plantea el anteproyecto «involucra a los padres» que están «invitados al diseño de los cursos de la escuela, etc», dijo Silva, que sostuvo que hay jóvenes que «se merecen esta educación científica, ser protegidos y apoyados».

Así, se propone un «programa educativo científico, contrastando las ciencias naturales, sin ideologías ni interpretación», con el fin de intentar «resolver el problema sin importar qué aspecto religioso o ideológico esté», añadió el diputado.

En Panamá, según detalló, no hay una política de Estado que eduque a los menores en la salud sexual. Esto se reduce a una decisión particular de las escuelas.

«Los niños y niñas no están siendo educados y la consecuencia son estos embarazos precoces, con 12, 13 o 14 años no saben las consecuencias, cómo prevenirlos ni sus derechos, tiene que saber cuidarse y respetarse a si mismo y a lo demás», argumentó Silva.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-embarazo-adolescente_proponen-ley-para-combatir-el-embarazo-precoz-y-abuso-de-menores-en-panam%C3%A1/46420428

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Reportaje. Maternidades forzadas: tres testimonios sobre la violencia que enfrentan niñas y jóvenes indígenas en Perú

Al machismo aún presente en sus comunidades, se suman la falta de educación sexual, el acoso de profesores, las trabas para denunciar y el maltrato del personal de salud hacia las jóvenes indígenas que enfrentan la violencia sexual desde la niñez.

«A veces por necesidad las chicas tienen que ir a trabajar afuera. Entonces ahí es donde sus patrones o sus jefes se aprovechan de ellas. Muchas veces los padres piensan que nosotras tenemos la culpa», cuenta ‘Rosa’, una joven yanesha de 19 años. Ella habita en la comunidad nativa Ñagazu, en Pasco, región del centro del Perú. De acuerdo al ‘Reporte Nacional sobre la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y jóvenes indígenas‘ del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), en 2019 las niñas indígenas de Pasco solo interpusieron denuncias por violencia sexual en 50% de los casos.

En la experiencia de ‘Rosa’, los padres no apoyan a las adolescentes que sufren una violación. Peor aún, las castigan. “Es algo que al escuchar las demás, también da miedo. Piensan que sus padres van a actuar igual”, explica. Ese es solo uno de los obstáculos que enfrentan las niñas y jóvenes indígenas para obtener justicia.

El costo de denunciar

Pese a las diferencias que existen entre las comunidades indígenas de nuestro país, todas comparten una constante: trabas para interponer una denuncia formal, más aún en casos de violencia.

‘María’ tiene 26 años y se identifica como mujer indígena quechua. Nació en el distrito de Cayara, Ayacucho, pero se mudó a Huamanga para estudiar. Ahí, hizo sus prácticas en psicología en un centro al que acudían mujeres de zona rural que habían sufrido violencia. “Terminan abandonando sus demandas porque dicen ‘es muy lejos, gasto pasaje, con quién dejo mis animales’ y dejan el caso”, comenta.

Desde Pasco, ‘Rosa’ observa una situación similar. En su comunidad, el primer paso para reportar casos de violencia es reportarlo al jefe y elaborar un acta. Es posible que se sancione al presunto agresor, o que se le perdone. Cuando hay varios antecedentes, el caso pasa a la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Asolescente (DEMUNA) o al Centro de Emergencia Mujer (CEM).

«¿Qué pasa si el jefe de la comunidad en vez de apoyarnos solo lo archiva? Ellos piensan que es un gasto, que mejor es no gastar nada. Y las entidades responsables muchas veces no logran aconsejar a las jóvenes qué hacer cuando sucede un caso de violencia sexual», cuenta.

Este año se presentó ante las Naciones Unidas el caso de ‘Camila‘, una niña indígena que quedó embarazada por continuas violaciones de su padre. En lugar de protegerla, una fiscal la acusó de provocarse un aborto y abrió una investigación donde Camila fue revictimizada una y otra vez.

Por situaciones así, la activista indígena Gladis Vila sostiene que no son solo el tiempo y el presupuesto lo que desaniman a las víctimas de denunciar. También es la desconfianza en el sistema judicial. «En muchos casos, finalmente la instancia declara la denuncia improcedente. Entonces, ¿has hecho tanto para qué? Estos ejemplos hacen que nadie más quiera denunciar», explica.

Cuando el agresor está en las aulas

‘Pierina’ tiene 18 años y es una joven asháninka de la comunidad de Cushiviani, Junín. En el colegio, fue testigo de cómo profesores se acercaban a sus compañeras, hacían comentarios sobre sus cuerpos e incluso las invitaban a sus casas. También a ella le sucedió.

«Me hacía gestos que no me gustaban para nada. Traté de ignorarlo, hasta que una vez me dijo que pasara a su salón, donde no había nadie. Le dije ‘no profesor, yo no’. ‘¿Te vas a asustar? No te va a pasar nada’, me decía. Desde esa fecha, no me quiero acercar. No lo saludo, no me importa que me diga mal educada», señala.

Además de esos incidentes, ‘Pierina’ cuenta que el profesor le envía mensajes por redes sociales. Ella guarda las conversaciones y le contó a su mamá. «Si en algún momento él me baja las notas, yo lo denuncio. Hago mi denuncia por escrito», asegura.

No se trata de un caso aislado. Pero, como consta en el reporte nacional elaborado por CHIRAPAQ, la mayoría de estas situaciones se normaliza y la única alternativa que se le da a las adolescentes es que ignoren o eviten a los profesores.

En 2001, Gladis Vila acompañó la denuncia contra un profesor acusado de violar a 72 niñas en un colegio de Huancavelica. “Muchas mamás me decían: “mejor no digamos que mi hija ha sufrido eso, ¿porque quién va a querer casarse con mi hija si ha sido violada?”, cuenta. Para ella, lo más decepcionante del caso fue que después de tanto esfuerzo, la única sanción que recibió el docente fue administrativa.

“Lo único que hacen es sacarlo del colegio. Y hemos encontrado docentes que han hecho lo mismo en varias comunidades, son reincidentes, pero eso nadie lo ve”, indica Vila. Así, solo algunos casos son sancionados por el Ministerio de Educación y difícilmente llegan a tener una sanción penal.

violencia niñas indígenas

Educación sexual ausente

Cuando ‘Pierina’ estaba en cuarto de secundaria, una de sus amigas quedó embarazada. En el colegio, los profesores bromeaban sobre los métodos anticonceptivos que podían usar. «Un profesor nos decía ‘Abstenerse chicos, abstenerse. Nada, nada, nada. Ese es el mejor método’», relata.

‘María’, joven quechua de Ayacucho, estudió en un colegio religioso. Recuerda que ahí el discurso se centraba que como mujeres se tenían que comportar, pero una vez acompañó a una amiga cuando se iba poner una ampolla mensual y aprovechó para hacer preguntas a una obstetra. «La experiencia no fue buena. Te hacen sentir como que por qué tú estás pidiendo esa información siendo tan joven», explica.

Sin una guía, las adolescentes embarazadas también reciben mal trato por parte del personal de salud. “Cuando mi compañera dio a luz, en el hospital le dijeron ¿Ya ves por estar con tus locuras? y le empezaron a hablar así ¿ves? Por andar en esto, haciendo esas cosas, ¡ay los adolescentes! decían”, cuenta ‘Pierina’. La joven asháninka conoce casos en los que se discriminaba a personas de su comunidad por hablar en su lengua. “‘Habla bonito que yo no te entiendo’, les gritaban”.

En casos de violación sexual, las niñas y adolescentes deben recibir el kit de emergencia que contiene la píldora del día siguiente para evitar embarazos no deseados. “En las comunidades es un lujo tener ese acceso. Te hacen demostrar que efectivamente has sido violada, pareciera que quieren un vídeo del momento. Realmente estamos llevando a las niñas y adolescentes a una situación crítica”, lamenta Gladis Vila.

En agosto, el Ministerio de Salud aprobó una directiva que precisa la obligación de una atención diferenciada para niñas, adolescentes y mujeres indígenas, además de otros grupos vulnerables. Un avance importante, pero no una solución. “Es una parte, pero tiene que caminar junto con la educación», concluye Tarcila Rivera Zea, vicepresidenta de CHIRAPAQ.

Hasta que no cambien esas mentalidades, la salud de las niñas y adolescentes indígenas siguen en riesgo.

Desprotegidas

Entre 2012 y 2020, cada día al menos una niña de 10 a 14 años que vive en zonas rurales se convierte en madre, de acuerdo al reporte de CHIRAPAQ. En ese período, la tasa de crecimiento promedio de la maternidad infantil forzada fue de 78% para niñas rurales. Un contraste alarmante con la tasa para el caso de niñas urbanas: 29%.

La relación de estas cifras con la violencia sexual es innegable, pues las relaciones sexuales con menores de 14 años, se consideran una violación. En 2019, se registraton 573 casos de violencia sexual en niñas indígenas entre 10 y 14 años. Además, 731 casos en jóvenes de 15 a 29.

Un reportaje de Wayka

Fuente: https://elbuho.pe/2020/12/maternidades-forzadas-tres-testimonios-sobre-la-violencia-que-enfrentan-ninas-y-jovenes-indigenas/

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Entrevista a Lola González Bermejo: «Necesitamos educación sexual, no solo para los adolescentes»

La psicóloga y educadora sexual participó en el programa Embárcate sobre sexualidad

La psicóloga y educadora sexual del centro sexológico Borobil, de Bilbao, Lola González Bermejo, protagonizó este martes el programa de encuentros telepresenciales Embárcate que dispone el Ayuntamiento de Huesca con la colaboración del Ministerio de Igualdad, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La experta puso sobre la mesa la visión de la sociedad sobre lo que son las relaciones interpersonales sanas e insanas, bajo el título Relaciones afectivo-sexuales tóxicas en la que advirtió sobre algunas de «las señales que te pueden ayudar a identificar si tienes una relación insana, porque yo no hablo de la palabra tóxica, prefiero hablar desde lo sano».

En este sentido, explicó con ayuda de un powerpoint, señal a señal, cómo se pueden definir las relaciones entre parejas, entre amigos o familias y los asistentes pudieron aportar ejemplos y experiencias. Así, reveló la experta que «una relación en la que no se está ejerciendo el buen amor está relacionada con, por ejemplo, la intensidad con la que se vive esa relación, el aislamiento, el menosprecio o la manipulación, señales que no siempre son sencillas de ver». Pero también indicó cuales son las señales de las relaciones sanas como la honestidad, la confianza, la equidad o la amabilidad, «porque quiero que aprendamos a relacionarnos bien y amar bien es un aprendizaje, algo que parece que es innato socialmente, pero no».

De este modo reivindicó González la necesidad de una formación integral de calidad sobre educación sexual en todos los ámbitos, «porque necesitamos educación sexual no solo para los adolescentes, también los niños, los padres, el sistema sanitario o el educativo, porque no existe y, además, ni siquiera somos conscientes de cómo lo hacemos».

En otro orden de cosas, explicó cómo trabajan los profesionales de la sexología, lo mucho que se desconoce su labor y añadió: «Se piensa que solo nos centramos en coitos y orgasmos pero lo que abarcamos en realidad es la interacción entre los sexos, cómo quererse a uno mismo e interactuar».

Para participar en el programa, que continúa hasta mayo, es necesario apuntarse por WhatsApp (606 813 659) o email (pirene@huesca.es).

Fuente: https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/sociedad/2021/02/24/lola-gonzalez-bermejo-necesitamos-educacion-sexual-no-solo-para-los-adolescentes-1238715-daa.html

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Filipinas: El país donde tener sexo con niños de 12 años es legal (y sus esfuerzos por cambiarlo lo antes posible)

Los niños de 12 años recién viven la pubertad, sus genitales están inmaduros y su cerebro todavía no entiende las implicaciones de una relación sexual.

Pero durante décadas en Filipinas ha sido legal que los adultos se acuesten con niños de esa edad.

Este país del sudeste asiático tiene una de las edades consentimiento sexual más bajas del mundo, aunque las comparaciones pueden ser confusas debido a las diversas legislaciones de cada país.

Expertos consultados por BBC Mundo afirman que la baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y que contribuye a que también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.

La controvertida ley aún vigente, que data desde los años 30, dificulta definir qué es violación y qué no; y permite que pederastas y violadores esquiven con frecuencia el castigo de la ley, aseguran especialistas.

Niños en Filipinas.
Pie de foto, La baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y contribuye a que el país asiático también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.

Sin embargo, las cosas podrían estar muy cerca de cambiar.

A fines de 2020, el Congreso de Filipinas, tras décadas de campaña de organizaciones defensoras de los derechos del niño, aprobó por amplia mayoría aumentar hasta 16 años la edad de consentimiento sexual, también conocida como ley de violación estatutaria.

La reforma aún debe recibir la aprobación del Senado y la ratificación del presidente Rodrigo Duterte para convertirse en ley. Es el paso que muchos esperan que acabe con décadas de desprotección infantil.

Arraigo cultural centenario

En el mundo, las edades de consentimiento sexual oscilan entre los 11 y 18 años, aunque quedan relativamente pocos países que mantengan este índice por debajo de los 14 o 15 años.

Muchos de estos países se concentran en Sudamérica y Asia, y, en el caso de Filipinas, los expertos lo justifican en el arraigo cultural y religioso de códigos penales influenciados por siglos de colonización española, finalizada en 1898.

Procesión católica en Filipinas.
Pie de foto, El código penal filipino aún está influenciado por el arraigo religioso vigente desde tiempos de la colonización española.

«Cuando en Filipinas se estableció la edad de consentimiento sexual a los 12 años en la década de 1930, aún estábamos muy marcados por los tres siglos de dominio español, con todas las herencias culturales que eso significa», explica a BBC Mundo la doctora Bernadette Madrid, directora de la Unidad de Protección Infantil de la Universidad de Manila, Filipinas.

Hasta 2015, la edad de consentimiento sexual en España estaba situada en los 13 años, de las más bajas de la Unión Europea. Actualmente está definida en 16.

Inmadurez psíquica y física

«La violación estatutaria es un delito que involucra el contacto sexual entre un adulto y un menor a la edad especificada por la ley. Con cierta edad, un menor no puede dar su consentimiento al sexo porque carece de la madurez necesaria para tomar una decisión consciente sobre ello», explica a BBC Mundo Patrizia Benvenuti, directora de Protección Infantil en Unicef Filipinas.

Básicamente significa que cualquiera que tenga contacto sexual con un menor de 12 años en Filipinas no tiene que responder ante la ley si el menor afirma que la relación fue consentida.

Campaña en contra de la ley de violación estatutaria.
Pie de foto, Durante décadas, distintas organizaciones han hecho campaña para que se proteja más a los niños en Filipinas.

«Esto es muy problemático. La parte racional del cerebro de una persona no se desarrolla completamente hasta los 25 años. Hay amplia evidencia sobre ello. Por lo tanto, decir sí a una relación sexual con 12 años no es consistente con los estudios científicos sobre el desarrollo del cerebro y la madurez física y emocional», agrega la experta.

«A los 12 años, los genitales de una niña están inmaduros. Cualquier relación sexual a esa edad les expone a más posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual, infecciones y desarrollar cáncer de cuello uterino. Un embarazo a esa edad tampoco es seguro y pone en riesgo tanto a la madre como al bebé», amplía Madrid.

Además, ambas expertas coinciden, a esa edad es muy fácil ser manipulado por alguien mucho mayor.

Prisa por aprobar la ley

Benevenuti dice que aprobar esta ley es vital porque protege a los niños de zonas en desventaja social, más propensos a la actividad sexual con adultos a cambio de bienes y favores.

Además, protegería a los niños de las consecuencias de la actividad sexual prematura y de la alta tasa de embarazos no deseados o precoces, una causa primaria en el abandono escolar adolescente.

«Y, por supuesto, castigaría a los adultos que se aprovechan de los menores», dice Benvenuti.

Personas haciendo campaña en favor de una mayor protección de niños en Filipinas.
Pie de foto, Las esperanzas de muchos filipinos están depositadas en que el Senado convierta la propuesta en ley cuanto antes.

En Filipinas, uno de cada cinco niños entre 13 y 17 años ha sufrido violencia sexual y esta tendencia afecta a hembras y varones, según un estudio de Unicef en 2015.

Es por ello que la propuesta también recoge protección igualitaria tanto a niños como niñas en casos de violación, algo que no incluye la ley actual.

Filipinas también figura entre los países con mayor producción y distribución de material pornográfico infantil.

Unicef estima que la baja edad de violación estatutaria es causa primaria de que estos índices de abuso infantil sean tan altos.

Cambio de mentalidad

Muchos filipinos, como Madrid, esperaban que la reforma se aprobara de forma exprés en el Senado después de que el Congreso diera el visto bueno el 1 de diciembre de 2020 por 207 votos a favor y 3 en contra.

«Pero ahora parece que el proceso va más lento. Me preocupa que, si sigue tardando, la iniciativa quede relegada por otras prioridades de la agenda política», dice la experta.

Los promotores de la nueva ley llevaban varios años intentando que se debatiera en el Congreso, pero no fue hasta hace unos meses que los congresistas actuales se sentaron a discutirla y aprobarla.

Padre junto su hija durante una campaña defensora de los derechos del niño en Filipinas.
Pie de foto, «Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo».

«Algunos de los congresistas tienen hijas de 12 años y, por tanto, tienen la empatía suficiente para comprender que una niña de 12 años no está preparada para tener sexo», explica Madrid.

La doctora reconoce que, a pesar de la mayor promoción institucional de la ley, existen «pedófilos» que se han manifestado en contra y desafían la iniciativa dejando comentarios críticos en el sitio web de la Unidad de Protección Infantil.

«Muchos nos dicen que las adolescentes de 12 años deberían ser libres de decidir por sí mismas si quieren tener sexo o no. Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo«, opina la especialista.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55720966

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Escaso acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela vulnera los derechos sexuales

Promover una educación sexual, más allá de conocer el aparato reproductor femenino y masculino, es parte de la deuda del Estado. La escasez y altos precios de métodos anticonceptivos inciden en el alto índice de embarazos adolescentes, así como infecciones de transmisión sexual.

Un estudio de la Asociación Civil Convite, en alianza con otras ONG, indica que en Venezuela existe 52 % de escasez de métodos anticonceptivos orales, con mayor afectación en Puerto Ordaz, San Carlos y el Área Metropolitana de Caracas. En cuanto al preservativo masculino, la escasez es de 22 %.

La abogada y defensora de derechos humanos, Eumelis Moya, destacó que la educación sexual va mucho más allá de conocer sobre el aparato reproductivo femenino y masculino. Y los derechos sexuales implican políticas públicas por parte del Estado, que garanticen el acceso a métodos de anticoncepción y educación sobre infecciones de transmisión sexual.

El problema de los métodos anticonceptivos no es solo de escasez. Un blíster de pastillas anticonceptivas cuesta entre 10 y 20 dólares, precios que no pueden cubrir mujeres de bajos o medianos recursos.

El estudio de Convite señaló que los casos más alarmantes de escasez se registraron en disponibilidad de: parches (90 %), aros vaginales (92 %), dispositivos intrauterinos (91 %) y anticonceptivos inyectables (90 %).

30 % de las mujeres consultadas hasta noviembre de 2020 manifestaron que no usan ningún método anticonceptivo. 21 % usa preservativos, 15,21 % opta por las pastillas, y 25 % de las que usa algún método dijo estar esterilizada.

Por otra parte, 23,47 % de las encuestadas dijo no tener ningún tipo de información sobre infecciones de transmisión sexual y cómo protegerse. 16,53 % tiene información, pero no se protege.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes en toda la región de América. Uno de cada cuatro bebés nace de madres adolescentes. De hecho, hasta 2018 cuando se obtuvo información oficial, el municipio Caroní en el estado Bolívar lideró el índice de embarazo precoz en el país.

Escaso acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela vulnera los derechos sexuales
Puerto Ordaz es una de las ciudades afectadas por la escasez de métodos anticonceptivos. Fuente: Convite
Corresponsabilidad social

Para Moya, «el problema con los derechos sexuales de las personas es mucho más complejo e implica un tema de responsabilidad, tanto de las personas como del Estado. Hay un tema de corresponsabilidad social que empieza y parte de la educación. La única manera de que los derechos sexuales puedan ser exigidos es que las personas conozcan que hay derechos sexuales y cuáles son».

Aclaró que los derechos sexuales van mucho más allá del tema de las relaciones.

Ciertamente, el Estado ha gestado algunas políticas, como las jornadas de esterilización, colocación del dispositivo intrauterino o inyección. Sin embargo, me detendría a preguntar si la persona conoce cuáles son las diferencias, los beneficios y las consecuencias de utilizar un método y otro. Eso es educación en materia sexual, y es derecho sexual», puntualizó.

Escaso acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela vulnera los derechos sexuales
Venezuela tienen uno de los mayores índices de embarazos precoz. Fuente: Convite
Prevención de enfermedades

Moya considera también que el tema de la educación sexual debe ir más allá de los dogmas, porque cada corriente tendrá una visión distinta según sus creencias. Asimismo, uno de los escollos a superar es que repose en la mujer la responsabilidad de prevenir un embarazo.

«Cuando tú reposas en ella esa responsabilidad, lo circunscribes a eso y nos obviamos la parte de que el condón no es solamente para prevenir embarazos, es para prevenir enfermedades. Puedo estar tomando pastillas anticonceptivas y no salgo embarazada, pero me puedo contagiar de VIH, de papiloma. Y es que la gente no sabe, hay una distorsión, y los hombres se ofenden cuando la mujer adquiere el VPH porque es clínica manifiesta en las mujeres mas no en el hombre, pero el portador es el hombre».

Hay tanto hombres como mujeres que desconocen que los síntomas de infecciones como el virus de papiloma humano pueden ser una manifestación final. En cambio, estando asintomática puede contagiar a otra persona. Lo mismo ocurre con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida.

«Los derechos sexuales de las personas no deberían verse como una cosa de métodos y prevención. El Estado tiene que gestar desde las escuelas, las familias, un tema de formación en educación sexual. No es solo el aparato reproductor, es generar material informativo, entendible y comprensible para todos los niveles, desde el que más ha estudiado como el que menos ha estudiado», reiteró Moya.

A su vez, considera importante gestar un tema cultural y endosar al hombre un poco más de responsabilidad en la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual.

Ausencia de jornadas anticonceptivas

La legalización del aborto en Argentina encendió aún más el debate de quienes están a favor y en contra de la interrupción de un embarazo. Sin embargo, las discusiones poco se centran en exigir al Estado garantías de acceso a los métodos anticonceptivos, así como una educación sexual de calidad.

En Ciudad Guayana, por ejemplo, la última vez que se promovieron jornadas de métodos anticonceptivos de esterilización fue en 2019. Ese año se hicieron dos fases, una en julio y otra en septiembre.

Se basó en la aplicación de anticonceptivos inyectables, para mujeres que presentaran prueba de embarazo negativa o estuvieran en su período de menstruación. Este método solo brinda protección de uno a tres meses, según la marca del inyectable.

Sobre un plan de esterilización, el último en Ciudad Guayana fue en agosto de 2018, como parte del programa Mujer, Vida y Futuro.

Fuente: https://cronica.uno/escaso-acceso-a-metodos-anticonceptivos-en-venezuela-vulnera-los-derechos-sexuales/

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Callejón sin salida

Por: Tahira Vargas García

Los hombres y jóvenes que embarazan tienen una cuota de responsabilidad, pero son invisibles dentro de estos factores causales, su participación en embarazar sin medir consecuencias es significativa.

El embarazo en la adolescencia es un fenómeno frecuente en nuestro país. El fenómeno tiene dos tendencias dentro de la adolescencia según los estudios cualitativos y cuantitativos realizados en los últimos 10 años, (CONAPOFA 2008, PROFAMILIA-CENISMI 2011), estas tendencias son embarazos deseados y embarazos no-deseados. Dentro de los embarazos no-deseados encontramos diversos perfiles de adolescentes que se embarazan por diferentes causas entre las cuales se encuentran:

a-Presencia de relaciones sexuales espontaneas no-planificadas.

b-Falta de información y orientación.

c-Poca continuidad y sistematicidad en el uso de métodos anticonceptivos.

d-Violaciones sexuales

e-Incestos

Vemos que hay una diversidad de causas de embarazos no-deseados desde la perspectiva de las adolescentes. Los hombres y jóvenes que embarazan tienen una cuota de responsabilidad, pero son invisibles dentro de estos factores causales, su participación en embarazar sin medir consecuencias es significativa.

En los estudios realizados se muestra que las adolescentes que se embarazan sin desear ni planificarlo sufren en muchos casos el rechazo y la presión social en sus familias, centros educativos, parejas, grupos de pares y sociedad en general.

Nuestra sociedad maneja el embarazo en adolescente en una forma ambigua y contradictoria. Las familias, centros educativos y entorno social las juzga, las expulsan de los centros educativos porque están embarazadas y se desesperan. No pueden interrumpir el embarazo porque la sociedad no lo permite, es ilegal, si continúan con el embarazo sufren la expulsión de los centros educativos, el aislamiento, discriminación y exclusión en sus familias y en su contexto social.

Cuando la niña o adolescente sufre una violación sexual, el silencio es mayor y con ello los riesgos. Quedar embarazada se convierte en un doble trauma en el que se combina la condena social por ser adolescente embarazada y el riesgo de mantener una relación continua con su agresor al convertirse este en padre. El miedo a informarle a la familia el abuso y sufrir el peso del estigma las lleva a búsqueda de alternativas clandestinas y riesgosas de aborto. La desesperación y la depresión las arropan y buscan incansablemente salidas en las que no hay puertas sino muros. Las búsquedas de remedios combinados para provocarse el aborto en forma clandestina son múltiples en las que se combinan raíces y hojas de diversa índole, ingesta de tres pasitos, tirarse por la escalera, introducirse una percha o un objeto punzante, pedirle a una amiga que se le tire encima y muchas otras prácticas agresivas que las llevan muchas veces a desangrarse sin contar con atención médica oportuna y de emergencia.

Como sociedad no le damos alternativas a las adolescentes y jóvenes, le cerramos las puertas y solo nos dedicamos a condenar y reprimir. No se ofrece una educación sexual que empodere a las y los adolescentes en sus derechos sexuales y reproductivos y se les niega a las adolescentes servicios de salud integral cuando inician un proceso de aborto clandestino. La condena total al aborto que se ha mantenido a través de la historia solo provoca más desesperación, clandestinidad, riesgos y muerte. ¿Hasta cuándo seguiremos empujando a las niñas y adolescentes abusadas a un callejón sin salida?

Fuente: https://acento.com.do/opinion/callejon-sin-salida-2-8903498.html

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