América del Sur/Perú/08-03-2020/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe
Sanmarquinos gestaron proyecto TRINI cuando viajaron a Harvard.
Ocho alumnos de la Universidad San Marcos, tres de ellos becarios del Estado, crearon un aplicativo que permitirá reconocer y denunciar los casos de acoso y violencia contra la mujer que puedan ocurrir en dicha casa superior de estudios, donde estudian más de 40 mil personas.
Se trata de TRINI, una App-web para dispositivos móviles que busca convertirse en una herramienta de ayuda hacia quienes forman parte de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes o personal administrativo) y son víctimas o testigos de hostilización sexual, así como maltrato físico o psicológico.
Sofía Pfennig (Historia del Arte), Michelle Torres, Douglas Huamán (Psicología), Cristina Alvarado (Comunicación), Mauricio Gastello (Arqueología), Marco Campos (Ingeniería de Telecomunicaciones), Zaguil Gazabón (Psicología) y Miranda Rivera (Trabajo Social), sus creadores, se conocieron en la pasantía que hicieron en la Universidad de Harvard por ocupar los primeros puestos en sus respectivas facultades.
Allí formaron un grupo para cumplir con la tarea de diseñar un proyecto que desarrollarían en Perú a su retorno. Ese encargo debía cumplir con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y así fue. Luego de una importante discusión, coincidieron que la igualdad de género y educación de calidad serían ese norte para su proyecto. “Decidimos resolver un problema de la universidad”, recuerda Cristina.
A kilómetros de su alma mater les pareció que atender el acoso y violencia sería importante. Elaboraron una encuesta online para conocer la realidad de ese problema en la Decana de América. “¿Qué tipo de acoso has tenido? ¿Has sido víctima de favores sexuales? ¿Te han enviado videos de contenido sexual?”, fueron algunas preguntas que incluyeron.
Cuál no fue su sorpresa que en el día y medio que estuvo colgada la encuesta en la página web de San Marcos, más de 300 personas la contestaron. “No lo esperábamos, muchas alumnas mencionaron que habían sido víctimas o habían visto acoso de parte de profesores. Inclusive estudiantes de la Facultad de Sociales en donde las chicas son más empoderadas”, comenta Mauricio Gastelo.
TRINI llega para ayudar
La App tiene datos sobre la defensoría universitaria, la clínica universitaria, centro de salud mental universitario, los correos electrónicos y teléfonos. «Genera un reporte a la defensoría, que tiene 24 horas para dar respuesta, mientras que la víctima o testigo tiene tres días para entregar las pruebas de forma presencial”, explica Douglas, quien junto con Michelle y Cristina ganaron la Beca Permanencia de Pronabec.
TRINI no resuelve el acoso en la universidad pero le facilita salidas a las víctimas, pues también ofrece las direcciones de los Centros de Emergencia Mujer, la Línea 100 y datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Lo bueno de TRINI es que es una web-App. ¿Qué quiere decir eso? Que no sólo se descargará a través de Google Play sino por medio de la página web de San Marcos, gracias a la cual el formato es ligero y no ocupa espacio en la memoria del celular.
El nombre de la App es un homenaje a la primera mujer que realizó estudios universitarios en el Perú y América Latina, María Trinidad Enríquez. Esta cusqueña fue la primera jurista en el país y formada en las aulas de la Universidad Nacional San Antonio de Abad.
Al iniciar el App-web, el usuario encontrará el botón “Reportar”, con el que abrirá un formato online para describir la agresión que hayan sufrido o presenciado en la Ciudad Universitaria. El sistema registra el correo electrónico del usuario, así como otros datos de contacto, y al terminar envía la alerta a la Defensoría Universitaria, encargada de atender estos casos en la Decana de América.
Tecnología & Arte
Pero TRINI no llega sola, sino con arte. Este equipo de mujeres y hombres universitarios coincidieron en que usar solo tecnología al alcance de la juventud no iba a ser suficiente. «Nos dimos cuenta de que teníamos que saber llegar a la gente porque es un tema sensible. Por medio del arte era una buena opción. Hemos firmado un convenio con el Centro Cultural de San Marcos para que cada mes -a través de la música, teatro, danza y talleres- se aborden temas de género”, precisa Sofía.
El proyecto es integral y la programación cultural también se incluye en el App.
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El Ministerio de Educación (@MineduPeru) dispuso que las universidades públicas y privadas brinden atención médica y psicológica a víctimas de acoso sexual http://bit.ly/2qx24qH
La mayoría de cinco partidos en el parlamento danés presentó el miércoles una enmienda para ampliar la legislación que permite a los estudiantes extranjeros permanecer en el país durante dos años después de la graduación para encontrar un trabajo.
La medida fue propuesta en una enmienda a la legislación de extranjeros daneses para ciudadanos extranjeros recién educados en relación con el esquema de tarjeta de establecimiento o ECS.
Actualmente, ECS está reservado para los ciudadanos extranjeros que cursan una maestría o un doctorado, pero la enmienda permite que este acuerdo se extienda a los titulares de licenciaturas. También aumenta el período de solicitud para encontrar trabajo de seis meses a un año cuando la ley propuesta entraría en vigencia.
El cambio propuesto también prevé una extensión de un año de la Tarjeta de Establecimiento o etableringskort para ciudadanos extranjeros que están empleados en un puesto relacionado con el título obtenido. Después del período de tenencia del permiso de residencia dentro de la ECS, el graduado puede solicitar un permiso de residencia en Dinamarca por los mismos motivos que los expertos que solicitan desde el extranjero.
La enmienda debe ser examinada por el comité de educación parlamentaria y sobrevivir dos lecturas más en el parlamento antes de que pueda ser promulgada, con una fecha de implementación propuesta del 15 de abril.
“Es una gran ganancia para Dinamarca cuando las personas vienen aquí y pagan por su educación y luego permanecen en Dinamarca para trabajar. Pero muy pocos se quedan atrás [hoy] ”, dijo el Ministro de Inmigración e Integración, Mattias Tesfaye. «Con esta propuesta legal, se cambiarán varias de las regulaciones en el Esquema de Tarjeta de Establecimiento».
La Agencia Danesa de Reclutamiento e Integración Internacional (SIRI) informó en 2019 que se emitieron 1.194 de dichos permisos ECS entre 2015 y 2018, y que los ciudadanos de China, Estados Unidos e India se beneficiaron más.
“No me atrevo a estimar cuántos usarán este arreglo después de la extensión. Pero esperamos que más extranjeros se sientan atraídos por trabajar en Dinamarca ”, dijo Tesfaye.
Requisito de medios
El 27 de febrero de 2020, se le preguntó a Tesfaye en el parlamento si había seguido una solicitud de la Universidad de Copenhague para que SIRI aclarara cómo las personas pueden cumplir con el requisito de ser autosuficientes con respecto a los ingresos antes de conseguir un trabajo.
En una carta a SIRI comentando los cambios en la legislación, la Universidad de Copenhague (KU) dijo en su experiencia con el Esquema de Tarjeta de Establecimiento, el grupo objetivo tiene dificultades para cumplir ese requisito, que implica depositar una cantidad fija en una cuenta bancaria si no lo hacen. tiene una oferta de trabajo o no está en un trabajo.
«KU es de la opinión de que si se reduce el requisito de tener los medios para la autosuficiencia, la nueva legislación propuesta será más atractiva para el grupo objetivo».
Pero el ministerio dice que este no es un problema abordado por el acuerdo alcanzado entre las cinco partes.
El cuatro de febrero pasado la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) expidió los Lineamientos del Programa de Carrera Docente en UPES 2020 Fondo Extraordinario U040 (PCD). Con antecedentes desde principios de la década de los 90s del siglo pasado, pero formalmente identificado como tal en 2008, el PCD ha sido el núcleo financiero de los diversos programas institucionales de incentivos dirigidos al personal académico de las UPES (universidades públicas estatales). Luego de comparar estos nuevos lineamientos con los previos, todo indica que se está dando un cambio con implicaciones potencialmente muy importantes para el personal académico mexicano. Por su relevancia, el caso amerita que se le discuta abiertamente y que en el análisis participen no solamente las autoridades del sector y de las instituciones de educación superior involucradas, sino también los actores destinatarios de este programa, que algo sabrán de ello, luego de participar “voluntariamente” en él a lo largo de tres décadas. Así las cosas, con esta nota inicio una reflexión a la que daré seguimiento en entregas posteriores.
Muchos estudiosos consideran que la creación en 1984 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), inauguró una nueva época en la forma en que el Estado mexicano financia a la educación superior pública en su conjunto y, en lo particular, a las remuneraciones de su personal académico.
Diseñado el SNI con el propósito de beneficiar al personal dedicado a la actividad científica más que para mejorar la educación superior nacional en su conjunto, no pasó mucho tiempo para que, bajo la consideración de que también los académicos centrados en la docencia merecían un reconocimiento monetario a su trabajo, se generara en 1990 el Programa de Becas al Desempeño. Poco después, en 1992, se creó el Programa de Carrera Docente. Finalmente, en 1994 se fusionaron ambos programas en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y Superior. Años más tarde, en 2008, se formalizó el Fondo Extraordinario U040 con el nombre de Programa de Carrera Docente en UPES, el cual ha estado sujeto desde entonces a una competencia entre las instituciones pertinentes (concursable) y, al mismo tiempo, no puede incorporarse al subsidio ordinario que reciben esas instituciones (no regularizable). Dado que las 35 UPES existentes atienden de una manera muy importante la matrícula de los niveles de técnico superior universitario y licenciatura, el PCD tiene una relevancia difícil de sobre-estimar.
A pesar de que los montos asignados al PCD están lejos de compararse con los dedicados a salarios y prestaciones del personal académico, han sido muy importantes como un componente de la política de evaluación y financiamiento de las instituciones de educación superior públicas y de su personal académico. Más específicamente, el PCD ha representado una alternativa de reconocimiento y remuneración adicional para un grupo de académicos, comparado con los que en tales instituciones forman parte del SNI, potencialmente más amplio.Tal alternativa y sus referencias discursivas a la calidad, competitividad y mérito del trabajo académico han tenido, luego de 30 años, un impacto poderoso en los académicos mexicanos. Junto con otros programas de pago por mérito el PCD ha contribuido a modificar el perfil y trabajo de los académicos mexicanos y, para una proporción considerable de ellos, los programas institucionales de incentivos son ya parte, con todo y sus consecuencias colaterales disfuncionales, de la normalidad de sus condiciones de trabajo.
Como es natural, el PCD no ha permanecido estático, pero desde su creación al amparo del Fondo Extraordinario U040 ha mantenido varias características que, en conjunto, han generado para las UPES, sus académicos y autoridades, una ecología laboral más o menos estable, particularmente a lo largo de las dos últimas décadas. Con los Lineamientos 2020 el horizonte, sin embargo, se ha modificado de una manera importante. En esta entrega abordaré brevemente los objetivos y criterios de asignación planteados en los Lineamientos 2019 y 2020 del programa que nos ocupa.
De acuerdo a los Lineamientos 2019 el objetivo del PCD es el de “distinguir a los PTC que realicen aportes significativos en la mejora de los indicadores de resultados de las UPE y, en consecuencia, el mejoramiento de los procesos para lograr la actualización y la transformación de los planes y programas de estudio de licenciatura y de tutoría para que logren un mayor aprovechamiento” (énfasis nuestro).
Los Lineamientos 2020 del PCD, por su parte, especifican que el objetivo general del programa es el de “transformar la educación superior para alcanzar la excelencia educativa, fomentando a través de la entrega de estímulos económicos un mayor involucramiento de las plantas académicas, una mayor y mejor atención docente, mejores trayectorias escolares y un mayor bienestar de los estudiantes.” Además, establecen que el programa tiene tres objetivos particulares: “promover una mayor dedicación a la docencia en licenciatura de las plantas académicas de profesores de tiempo completo de las UPES(,) mejorar las trayectorias escolares de los estudiantes de licenciatura de las UPES (y) aumentar significativamente la eficiencia terminal de los programas educativos de licenciatura de las UPES” (énfasis nuestro).
Mientras que el título del programa asociado al Fondo Extraordinario U040 ha hecho referencia explícita a la docencia desde su creación en 2008, los Lineamientos 2019 incluyen de una manera significativa otras actividades, particularmente algunas relacionadas con la investigación. Así, tales lineamientos establecen que los profesores de tiempo completo con Perfil Deseable reconocido por el Programa para Desarrollo Profesional Docente deberán, para hacerse acreedores de los estímulos correspondientes, “cumplir al menos cinco de los siguientes diez indicadores:” (1) Participar en posgrados reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; (2) Publicar en revistas indicadas; (3) Ser miembro del SNI o del Sistema Nacional de Creadores de Arte; (4) Ser integrante de un Cuerpo Académico Consolidado o en Consolidación; (5) Participar en programas de licenciatura de calidad de acuerdo a organismos acreditadores; (6) Tener patentes, modelos, prototipos, obras literarias y artísticas, o haber recibido estímulos a la innovación; (7) Impartir clases en un idioma extranjero; (8) Participar en programas educativos acreditados internacionalmente; (9) Haber cursado el programa institucional de formación en el modelo de Responsabilidad Social Universitaria, y (10) participar en acciones internacionales (haber estudiado en el extranjero, estancias o sabáticos en el extranjero, etc.).
Frente a las “consideraciones” anteriores “para la asignación de los recursos a los PTC de las UPE” (Lineamientos 2019), contrastan los tres nuevos “criterios de asignación a los PTC” (Lineamientos 2020): (1) “Dedicación a la labor docente: PTC que imparten al menos 10 hrs/semana/mes en cada periodo lectivo de 2019. (2) Contribución a las trayectorias escolares: PTC que registran en los controles escolares tasas de aprobación históricas iguales o superiores al 70% (promedio de todos los periodos lectivos regulares de julio de 2016 a junio de 2019) y (3) Alcance de la labor docente: PTC que atendieron en cada periodo lectivo regular de 2019 al menos 50 estudiantes.”
Así pues, los objetivos y criterios básicos de asignación de recursos del PCD 2020 han cambiado drásticamente respecto a los del PCD 2019. Mientras en éste se persigue reconocer al personal académico de tiempo completo que coadyuva a mejorar “los indicadores de resultados de las UPE,” los cuales van mucho más allá de los asuntos docentes que estas instituciones atienden, en el PCD 2020 hay una referencia muy específica a varios aspectos centrales de la docencia en el nivel licenciatura. Ya no se trata de “distinguir” a los académicos de tiempo completo que imparten docencia en posgrado de calidad; o aquellos que publican en revistas internacionales de alto impacto; o inclusive a los que forman parte de un cuerpo académico consolidado o, más aún, que son miembros del SNI. En lugar de ello, ahora se habla de una manera muy concreta de académicos que tienen, en el contexto de programas educativos de licenciatura, cierta dedicación mínima a la docencia en términos de tiempo y estudiantes atendidos y que, así mismo,contribuyen a mejorar las trayectorias escolares de sus estudiantes y la eficiencia terminal de sus programas.
El cambio descrito en los objetivos del PCD 2020 respecto a los del 2019 dista mucho de ser menor y tiene fuertes implicaciones. En la siguiente entrega continuaremos nuestra reflexión al respecto.
*Agradezco al Dr. Pedro Flores-Crespo haber llamado mi atención sobre este documento.
En entrevista a la CLADE, investigadora habla sobre cómo América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones del mundo con más estudiantes en universidades privadas
América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública.
Fernanda Saforcada: El incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Foto: conadu.org.ar
De autoría de Fernanda Saforcada, Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, la investigación analiza las tendencias regionales hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
La CLADE conversó con una de las autoras, Fernanda Saforcada. Dividida en dos partes, la entrevista aborda algunos de los motivos por los que la región de América Latina enfrenta un contexto de “hiper privatización” de la educación superior. Así mismo, trae a la luz los conceptos que distinguen privatización de mercantilización, los acercamientos y alejamientos entre el proceso de privatización de la educación básica y el que afecta a la enseñanza superior y, sobre todo, la disputa de sentidos sobre la educación y cómo la privatización es política e ideológica, más allá de las cuestiones económicas.
En esta primera parte, el diálogo se enfoca en los motivos, trayectoria y concepciones del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en la región.
¡Buena lectura!
La investigación afirma que América Latina, junto con Asia meridional, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales razones para este escenario?
Fernanda Saforcada – Asia Meridional Sur y América Latina y el Caribe son efectivamente las dos regiones más privatizadas, son las dos que superan el 50% de matrículas en el sector privado. Es decir, tienen más estudiantes en la educación superior privada que en la educación superior pública.
Esto toma dimensión cuando vemos números de otras regiones. En Europa, por ejemplo, solo el 13,7% de estudiantes están en el sector privado, en América del Norte solo el 28%. Ello nos da la dimensión de lo que implica pensar en más de 50% de estudiantes en el sector privado.
Las razones por las cuales se da esa hiper privatización tienen que ver con dos cuestiones comunes a nivel global. Por un lado, la educación superior se expandió muy notoriamente entre los 1990 y la actualidad. Por otro lado, hubo un decrecimiento de los recursos públicos en algunos casos, y de congelamiento de estos recursos, en otros casos.
Cuando digo que hubo una expansión de la matrícula, estoy hablando que la matrícula triplicó: alcanzó el 300%, en números globales, el incremento de las matrículas de la educación superior en América Latina.
Los motivos, en principio, son dos. Uno tiene que ver con los propios procesos sociales de crecimiento de escolaridad y distinción social o de prestigio, de búsqueda de certificaciones de mayor nivel. Es lo que han llamado inflación de títulos. Es decir, las personas buscan el título de educación superior porque esto supuestamente les hace una diferencia. La otra cuestión es que en los años 1990 hubo una expansión de la escolaridad secundaria muy notoria por el crecimiento de la matrícula y que luego se consolidó con la sanción de leyes que establecen la obligatoriedad de la escuela secundaria en la mayor parte de los países, en los primeros años de este siglo. Eso también generó un volumen mayor de jóvenes que terminan la secundaria y buscan acceder a la educación superior.
Esta presión por mayor acceso a la educación superior convivió con políticas neoliberales en los 1990, que generaron un desfinanciamiento de la educación superior pública. Claramente, la curva de financiamiento a la educación superior, si en los 1990 era decreciente, en este siglo fue creciente con muchas diferencias de un país a otro.
Sin embargo, este crecimiento de fondos no llegó a cubrir lo necesario en términos de reconstruir lo debilitado en los 1990 por falta de recursos. Tampoco alcanzó para responder al crecimiento de la demanda.
Esta tensión entre mayor demanda por educación superior y recursos insuficientes se resolvió de dos maneras. Por un lado, se incrementaron o profundizaron los procesos de selectividad en el ingreso a la universidad. Es decir, frente a la mayor demanda, lo que se hizo fue poner más barreras para el acceso. Por el otro, la introducción o el aumento de aranceles.
En esto, Argentina fue una excepción. No generó procesos de selectividad y sostuvo la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, respondió a esta mayor demanda y menor cantidad de recursos con la precarización del trabajo de las y los docentes.
Otra cuestión fue lo que muchos autores llaman mercantilización de lo público. La situación de falta de recursos forzó a las universidades públicas a desarrollar modalidades de auto-financiamiento, que pueden darse a través, como dije, del incremento de aranceles a las y los estudiantes, o de la introducción de aranceles donde no había. También, a través de la venta de servicios para sectores privados, para el sector productivo, como forma de buscar otros modos de captación de recursos, dado que el Estado no llegaba a cubrir lo necesario.
“Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública”
Este es un paquete en relación a la tensión entre más demanda y menos recursos – o recursos no proporcionales a esa demanda. La otra pata es que las y los estudiantes, en la medida que no acceden al sector público o que el sector público se debilita mucho, van al sector privado.
Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Esta situación es concomitante al proceso de expansión de las universidades privadas de relativamente bajo costo.
En las universidades privadas de bajo costo, hay matrículas bastante más económicas que en las privadas más tradicionales. Así, concentran una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no logran acceder al sector público porque los procesos de selectividad son muy severos. Generalmente, para poder pasar por esos procesos, hay que acceder a algún tipo de curso pre-universitario que es pago y no lo pueden pagar. O, inclusive, porque no pueden hacerse cargo de los aranceles cobrados por la educación pública.
Por otro lado, en la medida en que las universidades públicas aparecen debilitadas de alguna manera, hay estudiantes que van a las universidades privadas de élite o tradicionales porque piensan que allí van a recibir una mejor formación.
Esta situación produce el fenómeno de la privatización enmarcado en un contexto de hegemonía neoliberal. Estos impulsos se dieron muy fuertemente en los 1990, en un contexto neoliberal en el cual, además, había políticas públicas educativas científicas y culturales que construyeron simbólicamente el imaginario de que lo privado era mejor.
En el contexto de los gobiernos post-neoliberales, si bien es cierto que hubo políticas activas de fortalecimiento de lo público, no lograron frenar la tendencia al crecimiento absoluto y relativo del sector privado. Entonces, en los países con gobiernos populares, progresistas, hubo un gran fortalecimiento de lo público y políticas fuertes de expansión y de fortalecimiento de lo público, pero el sector privado también siguió creciendo.
El estudio analiza la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de mercantilización y privatización?
Fernanda Saforcada – En términos generales, cuando hablamos de los procesos de privatización de los servicios públicos, hablamos de cómo empresas públicas pasan a ser gestionadas y usufructuadas por el sector privado. Es decir, se habla de pasar a manos particulares o a la esfera privada, instituciones del sector público.
En el caso educativo, es diferente. Si bien eso se observa en algunos casos, no es lo más común. Las formas más comunes de privatización han sido, por un lado, el crecimiento de lo privado porque el Estado se achica en su oferta de educación pública y eso genera el terreno para el crecimiento del sector privado, tanto en cantidad de instituciones como en cantidad de estudiantes. A veces, inclusive se impulsan políticas que estimulan de alguna manera la expansión del sector privado.
Cuando hablamos de privatización, hay que mirar quién financia y quién ofrece la educación. En los formatos tradicionales privados, quien financiaba era la família, y quien ofrecía educación era una institución privada o particular. A partir de los 1990, esa unidad se rompe y lo que aparecieron son formas de privatización que combinan el financiamiento público con la gestión privada, o el financiamiento particular con gestión pública.
A eso también agregamos el currículo y su privatización, la cual se da cuando, por ejemplo, se contrata una empresa para definir un diseño curricular. Puede ser que la escuela sea pública, financiada con fondos públicos, pero en este caso quien define los contenidos que se enseñan es una institución privada.
“Hablamos de privatización en la expansión del sector privado, en que hay más graduadas/os en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización cuando la universidad pública tiene que gestionarse y funcionar como si fuera una empresa. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes”
Cuando hablamos de mercantilización, hablamos sobre cómo ciertos aspectos, dimensiones, procesos y procedimientos del ámbito público empiezan a funcionar con lógicas mercantiles. Un ejemplo muy claro es cuando se introduce la modalidad de competencia dentro del sector público para distribuir fondos públicos, pero con una lógica que es poner a competir las instituciones entre sí. Eso es introducir una modalidad del mercado para regular un aspecto de lo público.
En el caso de las universidades, hablamos de privatización para referir a la expansión del sector privado: hay más instituciones privadas, más estudiantes en instituciones privadas y más personas graduadas en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización para referirnos a cómo cuestiones de lo público funcionan con lógicas del mercado, como por ejemplo, la situación de que las universidades públicas venden servicios y se gestionan o funcionan como si fueran empresas. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes.
“Garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común”
Cuando pensamos el derecho a la educación como un derecho individual, formal, jurídico, que puede ejercerse o no, puede ser que se tramite a través de la educación privada. Ahora, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho social, que debe ser garantizado al conjunto del colectivo social, y que debe ser definido en términos del bien común, la única forma de responder a ese derecho es a través de la educación pública y del sentido de lo público. El sentido de lo público, no como espacio abierto a cualquiera, como una plaza o un café, sino en la manera en la que históricamente se configuró el sentido de lo público en la educación, que es de pensar lo público como el bien común.
En ese sentido, garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común.
¿Hay algún país de la región que se destaca en términos de privatización universitaria en la región? ¿Por qué?
Fernanda Saforcada – Hay algunos países que claramente se destacan. Chile, por supuesto, pues tiene el 85% de las matrículas universitarias en el sector privado. Brasil es uno de los que tiene índices más altos también, con el 73% de las matrículas universitarias en el sector privado. En seguida, vienen: Perú con 72%, y Puerto Rico y El Salvador, con 70%. Estos cinco países son los que tienen una situación de mayor profundización de la privatización.
Tenemos muy instalada la idea de que lo justo es cuando las cosas son equivalentes, entonces pareciera que es justo hablar de un 50% de las matrículas en el sector privado, y el otro 50% en el sector público. Pero, cuando hablamos de educación y derechos, eso no es lo justo.
En términos de garantía de derechos, igualdad, justicia social y de construcción del bien común, uno esperaría que la gran mayoría de estudiantes e instituciones estuviera en el sector público. Como decía, hay cinco países en nuestra región que tienen el 70% o más de sus estudiantes en el sector universitario privado, y esa situación es la más extrema de la privatización. Pero tenemos también países en los que el 40% de estudiantes, o más, están en el sector privado, lo que también es muy preocupante.
A su vez, en Cuba, el 100% de las instituciones universitarias son públicas. Le sigue Uruguay, donde el 86% de las instituciones pertenece al sector público.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-el-55-de-la-educacion-superior-en-america-latina-pertenece-al-sector-privado/
La justicia epistémica consiste en el balance social que atañe a una producción de conocimiento equitativa.
La academia es el lugar donde se produce y distribuye el conocimiento. En teoría, esta producción y distribución debería ser equitativa para todos los que buscan educarse o dedicarse a la enseñanza sin embargo, existen variables que afectan la experiencia de educandos, maestros, personal educativo, investigadores, teoristas y demás miembros de la comunidad académica. Para entender estos factores desequilibrantes es necesaria la introducción del tema justicia epistémica.
¿Qué es la justicia epistémica? Este es el rubro que estudia la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, en la distribución de recursos, contenido y discurso educativo, así como en la facultad y credibilidad de las personas que pertenecen a la comunidad académica. Cuando alguna de estas variables está desbalanceada, hablamos de injusticia epistémica.
El término fue acuñado en 2007 por la filósofa inglesa Miranda Fricker, quien sostiene que en concepto, se trata de una injusticia cometida específicamente contra la capacidad de conocimiento o testimonio de una persona. De acuerdo a Fricker hay dos tipos de injusticia epistémica: La testimonial y la hermenéutica. ¿Pero qué significa cada una y cómo influye en las dinámicas de la academia?
Injusticia epistémica testimonial: cuestión de no creer
Este tipo de injusticia se relaciona directamente con la credibilidad del discurso de una persona. Sucede cuando a una persona no le creen o no la toman en serio con base en prejuicios. Una manera simple de entender la justicia epistémica testimonial, sería el referirse a cualquier caso de crimen en el que una persona de color haya sido testigo y las autoridades no tomaran en serio la historia del testigo debido a un prejuicio de base racial. ¿Cómo se aplica esta instancia de desequilibrio social a la academia?
Existen muchas instancias en la que puede verse este desbalance que anula el conocimiento y aportaciones de grupos de minoría en la comunidad académica, científica, humanista, educativa, artística, etc. Un ejemplo lo encontramos en el trabajo de Rosalind Franklin, que fue utilizado para descubrir la estructura básica del ADN, pero a su persona no se le dio el peso ni la credibilidad científica como para recibir el mismo reconocimiento que a Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins; Jocelyn Bell Burnell descubrió los pulsares, logro que se le atribuyó a su supervisor, Zelda Fitzgerald solo fue conocida a través de las publicaciones de su esposo, Scott Fitzgerald, quién robó del trabajo de ella para nutrir el suyo.
Hoy en día, los casos de injusticia epistémica son menos trágicos, pero aún siguen ocurriendo. En artículos anteriores hemos mencionado cómo la escritora Rebecca Solnit no tuvo suficiente crédito ante un interlocutor quien no creía que era la autora de su propio libro, esto pasó en 2012. En 2016, un usuario de Twitter quiso aleccionar a una astronauta de la NASA sobre física en el espacio. Un caso aún más severo es el de la escritora y cómica Mindy Kaling, quien fue excluida de la lista de productores al momento que la serie The Office fuera nominada a un Emmy en 2007. Kaling tuvo que escribir un ensayo sobre sus contribuciones al equipo creativo e incluir declaraciones de los demás productores para ser tomada en cuenta.
Todas estas historias sobre la minimización y descrédito del trabajo de las mujeres como grupo minoritario está apoyada en una estructura que refuerza la idea de que no es creíble que personas de este perfil ayuden a descubrir la cadena de ADN, caminen en el espacio o escriban libros o series televisivas dignos de premios. Parte de la incredulidad sobre el conocimiento y habilidad de un grupo de personas, y por ende, en el testimonio que representa su trabajo.
Injusticia epistémica hermenéutica: cuestión de no entender
La injusticia hermenéutica se relaciona directamente con la interpretación de ideas, conceptos y sucesos. Sucede cuando no existen recursos cognitivos y lingüísticos para comprender las experiencias propias o de otros, o cuando estos beneficios le son negados a alguien para comprender sus experiencias.
Un ejemplo para entender cómo funciona la injusticia epistémica hermenéutica es el problema del racismo pasivo en las universidades y los espacios de trabajo. Hasta que no surgió el término “código social”, no había forma de poder encuadrar y entender las experiencias de las personas de color en espacios educativos y laborales.
El código social se compone de elementos de conducta, lenguaje de verbal, no verbal, tono de voz y otras variables características que reflejan la historia cultural y personal de alguien. Cuando esas historias no pertenecen, ni empatan con las del grupo dominante, el grupo minoría es exhortado a realizar un cambio de código para encajar.
“El cambio de código social involucra alternar entre lenguajes, usar diferentes registros de tono, hacer un cambio dialéctico”, explica la Dra. Kimberly Harden, profesora del departamento de comunicación de la Universidad de Seattle. Esta supresión de la diversidad cultural en la academia y el recinto laboral supone una forma de velada y persistente de discriminación pasiva, que no había sido factorizada hasta que se generaron los términos que la describen, y esas palabras fueron admitidas en el léxico común.
La injusticia epistémica hermenéutica estuvo presente en los tiempos que académicos y profesionales tenían estas experiencias y carecían de los recursos para entenderlas, explicarlas y comunicarlas. Podría decirse también que siguen presentes en los casos de personas que tienen experiencias similares pero no han estado en contacto con contenidos que describan la situación de discriminación pasiva a la que están sujetos.
Este tipo de injusticia epistémica es más compleja y profunda, ya que no afecta solamente a las personas, ese sería el último paso, más bien perjudica la forma en que construimos la percepción, el conocimiento y el lenguaje, por lo que es mucho más persistente y difícil de erradicar.
¿Cómo combatir la injusticia epistémica?
La injusticia epistémica constituye una problemática muy compleja, no hay remedios simples para un mecanismo que va tan profundo que alcanza nuestra percepción y construcción del conocimiento, pero podemos trazar un camino de inicio para comenzar a deshilvanar los elementos que la disparan.
A nivel social, Miranda Fricker expone una de las prácticas a desmantelar para disminuir la injusticia epistémica. La también Profesora Presidencial de Filosofía en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, explicó en una ponencia que el elemento clave a analizar es la libertad de expresión. De acuerdo a Fricker, la libertad de expresión no es solo el derecho inalienable al discurso, también se extiende a la validación de ese discurso en el proceso de producir conocimiento a través del mismo.
“Para que el mensaje de alguien se escuche, necesita ser escuchado sin prejuicios, para que las bases de una instancia de conocimiento pase y se transmita, necesita ser escuchada sin castigo y totalmente entendida en su significancia”, sostiene Fricker, quien agrega que el origen del problema es no tener esa base común. Sin este entendido, los pensamientos de esa persona, así como su voz y sus experiencias pueden ser exteriorizadas, más no pasarán al foro donde el conocimiento es producido. Bajo este contexto, el trabajo a realizar para reducir las instancias de injusticia epistémica no es algo que esté en la facultad de las personas afectadas por esta problemática, sino quienes la ejercen.
Si el prejuicio es aquello de donde parte esta dinámica cognitiva y social, lo necesario es analizar las fuentes del prejuicio y los mecanismos que lo refuerzan, solo de esta forma la comunidad académica y científica será capaz de integrar al repositorio general los conocimientos producidos por los grupos sociales que viven bajo ese prejuicio.
Al tener la capacidad de aportar a la producción de conocimiento y construcción de la percepción general del mundo, los grupos sociales que son sujetos a la injusticia epistémica tendrán las bases para disputar las condiciones que los ponen en desventaja social y epistémica frente a los grupos dominantes. No es una solución final, como sostiene Fricker, la problemática es muy compleja para abordarla con una sola respuesta, pero sí implica un paso necesario para comenzar el proceso que nos lleve a un mejor balance en la forma en que generamos conocimiento y forjamos nuestra visión del mundo a través de lo que sabemos.
¿Cuántos estudiantes, profesores e investigadores existen en Iberoamérica? ¿Cuáles son los progresos más notables en el cumplimiento del derecho a la educación superior? ¿Importa a los gobiernos el financiamiento de las instituciones educativas? ¿Cuánto se invierte en enseñanza superior? ¿Están ingresando más mujeres a las universidades?
En noviembre pasado se publicó el informe ‘Panorama de la educación superior en Iberoamérica. Edición 2019’, con el título Caracterización de los sistemas de educación superior y de acreditación universitaria, preparado por Ana Fanelli, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina), a petición del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.
El informe contiene respuestas a las preguntas [y muchas otras] formuladas en el párrafo inicial, con una exposición de los principales resultados con base en las estadísticas comparativas de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, de 2010 a 2017. Se organiza en nueve secciones: contexto económico, demográfico y educativo; matrícula; cobertura; nuevos ingresos; graduados; internacionalización de la matrícula; personal académico; financiamiento e investigación y desarrollo.
En su conjunto, ofrece una mirada global a los rasgos que caracterizan la educación superior en Iberoamérica y Latinoamérica, ligando datos a las variables del desarrollo económico. Por eso, inicia con un capítulo sobre el crecimiento, resaltando que en general, entre 2010 y 2017, las economías de América Latina e Iberoamérica crecieron en promedio a un ritmo moderado. La tasa de crecimiento de América Latina fue de 3,6% anual promedio, resultado de la desaceleración y contracción de la actividad económica de la región que comenzó en 2011, como efecto de la caída del precio de las principales materias primas en el mercado internacional.
La situación económica de América Latina mejoró en 2017, por la recuperación del comercio internacional siendo el crecimiento promedio de 1,3%: “No obstante, este crecimiento se estima menor en 2018, cercano al 1,2%, en el marco de un contexto internacional que, para el 2019, augura una retracción de la dinámica de crecimiento tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes por la disminución del comercio mundial”.
Junto a estos procesos, ocurrió también una caída progresiva de la tasa de natalidad en varios países de Iberoamérica, con repercusiones en la población del grupo de edad para estudios universitarios, esto es, 18-24 años; por otro lado, mejoró la tasa de graduación del nivel medio y aumentó la matrícula universitaria.
En 2017 se estimó que la población en educación superior alcanzó los 30 millones de estudiantes, con un crecimiento promedio anual de 3,7%, y ritmos destacados de expansión en Perú, México, Ecuador, Colombia y Bolivia, mientras que disminuía en Cuba y Portugal.
Con excepción de Argentina y Cuba (que solo ofrece enseñanza pública), en los otros 15 países el crecimiento proporcional fue mayor en los sistemas de educación superior privada. Así, en 2017, la educación superior privada representaba la mayor parte en Chile (84,4%), Perú (74,7%), Brasil (73,3%), El Salvador (69,1%) y República Dominicana, superiores al promedio en América Latina (54%) e Iberoamérica (51,4%). Con menos del 21 por ciento de la matrícula en instituciones privadas tenemos a España (20,5%), Portugal (16,5%) y Uruguay (14,2%).
El informe pondera el interés individual para obtener enseñanza superior: “Se aprecia el esfuerzo realizado por las familias y los estudiantes financiando su inversión en capital humano en aquellos países en los cuales la matrícula del sector privado es muy importante y en los que se dispone de información sobre el gasto privado en educación superior, como son los casos de Chile y Colombia”.
También se aprecia claramente el rasgo del impulso a la educación de las mujeres, que representan más del 55% en áreas de “educación”, “ciencias sociales, periodismo e información” y “salud y bienestar”.
Con base en la conocida clasificación de Martin Trow, el informe advierte que Argentina, Chile, España, Perú y Uruguay se ubican en la etapa de “universalización”, al lograr una tasa bruta por encima del 50%; el resto, se colocan en el periodo de “masificación”, esto es, más de 15 pero menos de 50% de la tasa bruta. Honduras es el país más atrasado, con apenas el 16,2% en 2017.
La tasa bruta de educación superior en Iberoamérica se relaciona con el nivel de desarrollo económico, medido por el PBI per cápita, aunque Argentina, Chile, Bolivia y Perú tienen una tasa más alta de lo que correspondería, según el indicador del PBI.
Otra manera de medir el progreso es con la proporción de graduados por cada 10 mil habitantes en 2017. En promedio, en Iberoamérica fueron 61,1, con diferencias entre Chile, España y Costa Rica, con un promedio de 90, en tanto que Honduras, El Salvador o Bolivia tenían menos de 40.
La región no es atractiva en el mercado internacional de la movilidad académica. Con datos de 2017, era inferior al 0,6% de la matrícula, con la excepción de Portugal, que tenía al 8,1%.
En 2017 había poco más de 1,7 millones de profesores, el 45% de ellos mujeres, y menos del 12% con doctorado, con excepciones, de nuevo, de Portugal (6 de cada 10 eran doctores) y Brasil.
La inversión en educación superior como porcentaje del PIB era menor a 1,1% en 2017, inferior a los países de la OCDE en 2015, de 1,5%. Notables excepciones las de Chile y Colombia, donde, gracias a la inversión privada, la inversión se acercaba al 2%.
En la conclusiones, la autora del reporte destaca: “Dos tendencias parecen también vislumbrarse en los cambios de la educación superior: la presencia de estudiantes internacionales de ciclo completo y la oferta creciente de educación a distancia.”
Los anteriores son algunos de los datos más relevantes del documento. Delinean rasgos generales y exhiben la posición marginal de las regiones estudiadas frente a las más poderosas; también, los contrastes, atrasos y heterogeneidad. El mapa muestra claroscuros, avances notorios en la inclusión de mujeres pero rezago en la formación de profesores con la máxima habilitación académica, por ejemplo.
Quizá la nota sobresaliente es que una parte de los progresos de los sistemas educativos, especialmente en América Latina, están condicionados por un incierto desarrollo económico. ¿Será capaz la región de inyectar la energía necesaria a la economía para tener un mejor sistema educativo que, a su vez, propulse las variables económicas? ¿Y la políticas y los vaivenes, cuánto contendrán y cuánto impulsarán a los sistemas educativos en la década?
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/la-educacion-superior-en-iberoamerica/
La internacionalización de la educación superior a menudo se describe como un esfuerzo neutral, pero como lo muestra un reciente debate entre Hans de Wit y Damtew Teferra en University World News , este no es el caso. Aunque generalmente se define como una herramienta para mejorar la calidad de la educación y la investigación, la internacionalización está lejos de ser un acto neutral, pero está incrustado y aumenta las desigualdades globales.
Sin embargo, primero un descargo de responsabilidad: no estoy argumentando en contra de la internacionalización de la educación superior. Por el contrario, creo que las experiencias académicas transnacionales pueden ser extremadamente valiosas para cuestionar lo que damos por sentado y para el pensamiento crítico, algunas de las habilidades más importantes de un académico. También estoy ansioso por que usemos esas habilidades para examinar la internacionalización también.
Una forma de examinar la internacionalización de la educación superior es explorando sus ‘geografías’. Hay muchas geografías de internacionalización. Permítanme señalar algunas, comenzando con la movilidad académica transnacional.
La movilidad puede reforzar la desigualdad global
La geografía más obvia de la internacionalización es la movilidad estudiantil y académica. Existe una fuerte asimetría anglófona en los patrones actuales de movilidad estudiantil, donde los beneficiarios son cuatro países de habla inglesa, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, que reciben más del 50% de los estudiantes que estudian en el extranjero.
Las desigualdades globales de la internacionalización también se ven en los esquemas de visas y la economía: el panorama de la educación superior no es un campo de juego nivelado, sino que se trata de quién está permitido y quién puede permitirse ir a dónde.
A menudo, la movilidad estudiantil refleja los patrones de movilidad colonial, con estudiantes de la India, por ejemplo, que viajan a Gran Bretaña para estudiar y, por lo tanto, refuerzan las estructuras de poder históricas. A cambio, un país como India con un sector de educación superior grande y bien establecido atrae a estudiantes de países vecinos más pobres como Nepal.
También es interesante observar qué países cuentan a la hora de evaluar la movilidad académica. Cualquiera que solicite un puesto académico en la universidad sabe que la experiencia internacional es importante. La pregunta es ¿dónde cuenta como internacional? A una de mis colegas con amplia colaboración académica y experiencia en el trabajo de campo del Sur Global se le dijo que carecía de experiencia internacional. Entonces, ¿qué definimos como ‘internacional’?
No existe un estudiante «internacional»
En la literatura sobre internacionalización, ya sea en publicaciones académicas o documentos de políticas, la palabra ‘estudiante internacional’ es bastante común. ¿Pero a quién representa eso? Todos los estudiantes tienen nacionalidades (excepto unas pocas apátridas), sean o no internacionales. Los estudiantes internacionales simplemente estudian en un país que no es el de su origen. Esto puede sonar banal, pero es un punto importante. Los estudiantes ‘internacionales’ no son internacionales; son de alguna parte
Los estudiantes ‘internacionales’ traen consigo conocimiento y comportamiento de sus estudios previos y experiencias de vida. No son uniformes ni neutrales; en cambio, sus conocimientos, experiencias y comportamiento se obtienen en diferentes contextos y lugares.
Aunque muchos documentos de la Unión Europea mencionan ‘el estudiante europeo’, no existe una percepción compartida de ‘el estudiante’ en la UE. En cambio, como Rachel Brooks y sus colegas han demostrado , hay múltiples entendimientos de los estudiantes dentro de la UE; Todos estos entendimientos son producto de percepciones culturales y nacionales sobre los «estudiantes». Por lo tanto, tener un aula de estudiantes de la UE es tener una multiplicidad de diferentes interpretaciones del papel del aprendizaje y de la educación superior.
Los estudiantes ‘internacionales’ pueden ser un gran activo en el aula si el maestro puede aprovechar al máximo el conocimiento y la diversidad que aportan las diferentes nacionalidades. Esto también se relaciona estrechamente con el tema del lenguaje.
El lenguaje y el plan de estudios pueden hacer que el mundo sea más pequeño o más grande
En países donde el inglés no es el primer idioma, la internacionalización a menudo se asocia con el uso del inglés como medio de instrucción. Un «programa internacional» simplemente significa un programa impartido en inglés. Esto muestra la geografía de la internacionalización cuando se trata del idioma: internacional significa inglés. La forma en que hablamos sobre el idioma también puede contarnos sobre las geografías de la internacionalización.
¿Se considera que el idioma es un déficit (“Los estudiantes senegaleses tienen un mal dominio del inglés”) o el idioma se ve como un recurso (“Los estudiantes senegaleses saben cinco idiomas además del inglés”)? Esta habilidad lingüística solo se convierte en un recurso en el aula si el profesor comprende cómo aprovechar al máximo la diversidad lingüística.
Cambiar al inglés como medio de instrucción a menudo conduce a una situación monolingüe en la que solo se espera que los estudiantes sepan un idioma, a saber, el inglés. Durante mis estudios en Dinamarca, se esperaba que leyera literatura en danés, inglés, noruego y sueco. Para algunos módulos optativos, se espera que leamos y hablemos francés. Mientras estudiaba en Australia, solo necesitaba saber inglés. No podemos separar el lenguaje del currículum.
Como ha demostrado Betty Leask , la internacionalización del plan de estudios puede potencialmente abrir el mundo de la educación al incluir una diversidad de perspectivas; sin embargo, también puede cerrar el mundo a través de la «occidentalización» o la «anglicización» de la educación y el plan de estudios.
Geografías de internacionalización
Estos fueron solo algunos ejemplos de cómo la internacionalización está integrada y aumenta las desigualdades globales. Estamos explorando esto más a fondo en un nuevo proyecto .
Mediante el uso de teorías espaciales y de movilidad, estamos descubriendo interpretaciones implícitas de geografías de internacionalización. A través del trabajo de campo etnográfico y entrevistas cualitativas, preguntamos cómo la internacionalización produce ciertas nociones de calidad y relevancia.
Estudiamos lo que se ha visto como las formas ‘correctas’ de enseñanza, los ‘buenos’ estudiantes y el conocimiento ‘legítimo’ y cómo estas ideas viajan con los académicos móviles. De esta manera, nuestro objetivo es explorar cómo la internacionalización no es neutral.
Hanne Kirstine Adriansen es profesora asociada en la Escuela Danesa de Educación de la Universidad de Aarhus, Dinamarca.
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Agencia AndinaEl Ministerio de Educación (@MineduPeru) dispuso que las universidades públicas y privadas brinden atención médica y psicológica a víctimas de acoso sexual http://bit.ly/2qx24qH
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