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Presidente de Venezuela reivindica derecho a la educación superior

América del sur/Venezuela/11 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy el compromiso de garantizar el acceso pleno a la educación superior, gracias a las políticas implementadas durante las últimas dos décadas por el Gobierno revolucionario.

A través de un mensaje en la red social Twitter, el mandatario destacó los avances alcanzados en el sector educacional tras la llegada al poder de la Revolución bolivariana en 1999.

‘Los logros alcanzados en materia universitaria durante dos décadas de Revolución son únicos, en contraposición a la privatización de universidades públicas en países con sistemas capitalistas y neoliberales. ÂíEn Venezuela, el derecho a la educación está garantizado!’, aseguró el jefe de Estado.

Maduro precisó en una reciente alocución desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) que en los últimos 20 años el Gobierno de Venezuela fundó 45 centros de altos estudios de carácter público.

A propósito del comienzo esta semana del período lectivo 2018-2019 en la educación superior, el presidente venezolano indicó que la matrícula en ese nivel de enseñanza asciende hoy a más dos millones 853 mil estudiantes, saldo superior en cinco puntos porcentuales respecto al curso anterior.

Señaló el mandatario que el 78 por ciento del estudiantado cursa sus carreras en las 69 universidades públicas existentes en la nación sudamericana.

Significó además que Venezuela invierte en el sector educacional el 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 10 por ciento del presupuesto global.

Maduro abogó por mantener la inversión pública en todos los niveles de enseñanza, así como alinear la formación de profesionales con las necesidades del desarrollo económico de la nación sudamericana.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=218479&SEO=presidente-de-venezuela-reivindica-derecho-a-la-educacion-superior
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Paro estudiantil: las universidades públicas, cortas de recursos

Por: Semana Educación

El problema de fondo radica en que la forma de distribuir los recursos para universidades e instituciones técnicas y tecnológicas nunca cambió. ¿Hay forma de superar esta crisis?

Es cierto que el sector educativo cada vez tiene más peso en el presupuesto. Con el paso de los años ha aumentado el monto de recursos que se destina a esta cartera, de modo que entre 2010 y 2018 la inversión general para la educación pasó de 20,8 billones a 37,5 billones y por primera vez se destinaron más recursos para la educación que para la defensa.

Sin embargo, el sector sigue en déficit. Frente a la realidad, los recursos siguen siendo insuficientes y eso se traduce en dificultades financieras para las instituciones educativas públicas, que las han llevado a pedir auxilio y a manifestar su descontento.

Rectores, docentes y estudiantes saldrán a marchar este 10 de octubre en todo el país. Su argumento es que el déficit presupuestario de las universidades públicas es de 3,2 billones de pesos (solo para poder cumplir con el pago de docentes y gastos administrativos) y de 15 billones si se quiere mantener la calidad e infraestructura.

Pese a que sí hay un claro problema de desfinanciación, la falta de inversión se explica por varias razones que van más allá de la cantidad de recursos que se destinan en el presupuesto. Semana Educación lo explica.

Cobertura

A pesar de que la cobertura para el caso de las universidades públicas aumentó 284 por ciento entre 1993 y 2016, pues pasaron de tener 159.218 estudiantes a 611.800, los aportes que le da la nación a las entidades territoriales se continúan calculando sin tener en cuenta este crecimiento. ¿Por qué? La Ley 30 de 1992, que regula las transferencias de la nación a las universidades, ajustó los recursos con base en el Índice de Precio al Consumidor (IPC). Eso quiere decir que no hay un crecimiento del recurso, sino una corrección del dinero año tras año.

Vea en video las 10 razones por las cuales salen a marchar las universidades públicas

A eso se le suma que el presupuesto nacional asignado a educación superior pasó de destinar a las universidades públicas 55,7 por ciento en 2002 a 37 por ciento en 2016. Por lo tanto, Fernando Noreña, coordinador de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE, asegura que “la fórmula establecida en la Ley 30 de 1992 ha conllevado a que las transferencias de la nación hayan disminuido significativamente en la financiación de los presupuestos de las universidades públicas, teniendo que financiar el resto con recursos propios, lo que representa un riesgo de operación para estas”.

Los ajustes

Del total del presupuesto que la nación gira a las universidades, el rubro que más ha incrementado son los servicios personales, debido al aumento de cobertura, al sistema salarial y prestacional docente (Decreto 1279 de 2002); además, por el cumplimiento de sentencias en materia prestacional para docentes ocasionales, catedráticos y administrativos. Esto ha llevado a que las universidades, para atender los gastos de funcionamiento, “tengamos que reducir costos disminuyendo la participación de los docentes de planta, pasando en un promedio general de 75 por ciento de profesores de planta en 1993 a solo 34 por ciento a la fecha. Los docentes ocasionales son el 27 por ciento y los de cátedra, el 3 por ciento”, explica Noreña.

A esto se le añade un factor que hace más presión a las universidades, según Javier Botero, especialista de Educación Superior para Latinoamérica del Banco Mundial: “El salario va incrementando si los profesores de planta se forman en doctorado, maestría o si realizan alguna especialización, ya que estas premian con incrementos salariales la formación docente”.

A la fecha, 52 por ciento de los maestros de planta tiene maestría, 37 por ciento tiene doctorado, 8 por ciento especialización y 3 por ciento solo cuenta con formación universitaria. Pero, además, las universidades también están obligadas a otorgar puntos salariales si sus profesores de planta producen artículos científicos. “El Decreto 1279 de 2002 fue una medida que obviamente ha incrementado la producción científica, pero a costa del presupuesto de las universidades porque es un rubro que los aportes de la nación no reconoce”, expresa Botero.

¿Y la calidad?

Ahora, todo este esquema de financiamiento que no da abasto tiene un elemento adicional que no se ha tenido en cuenta. En este momento, el sistema universitario, en palabras de Noreña, no tiene presupuesto para mejorar las brechas de calidad de sus instituciones. Eso quiere decir que están atados de manos en cuanto a proyectos de infraestructura física, tecnología, bases de datos, etcétera, pues son temas que requieren inversiones adicionales periódicas que no están planteadas en ninguna parte.

Efectivamente, para cerrar esas brechas de calidad, el SUE realizó un estudio en el que se asegura que para que las universidades actualicen y fortalezcan sus estándares de calidad, se necesitan alrededor de 15 billones de pesos. “Le planteamos al gobierno la importancia de tener estrategias de inversión que nos ayuden a mitigar la problemática. De esas conversaciones nació en 2015 el impuesto sobre la renta para la equidad, CREE”, explica Noreña.

A partir de este impuesto ya existente y planteado en la Reforma Tributaria como Impuesto a la Renta y Complementarios, se dispuso alrededor de 325.000 millones de pesos anuales para realizar inversiones que empezaron a generar un impacto muy positivo en las IES desde 2015. Sin embargo, estos recursos comenzaron a destinarse prioritariamente a programas de créditos y becas. Según Noreña, “en la presente vigencia, solo se asignaron a las universidades públicas 100.000 millones de pesos de 650.000 millones recaudados, es decir 12,7 por ciento; el resto se invirtió en becas y créditos”. Para el presupuesto de 2019, a la fecha no existe partida en el anteproyecto de presupuesto que hace trámite en el Congreso de la República.

Eso mismo ocurrió con los recursos del 40 por ciento de medio punto del IVA establecidos en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 para el financiamiento de la educación superior pública, por el cual las IES públicas esperaban recibir cerca de 460.000 millones, tal como lo estableció la ley. Sin embargo, de allí se obtuvieron 195.000 millones de pesos que han permitido financiar parte de las necesidades descritas, pero los 270.000 millones restantes fueron nuevamente destinados a costear programas de becas-crédito.

¿Cómo siguen aguantando?

A pesar de que el gobierno saliente facilitó esta adición presupuestal para suavizar la falta de recursos, la comunidad académica asegura que aún son insuficientes, pues su evolución es inminente. Necesitan presupuesto para el impulso a la investigación, la formación de sus docentes, los programas de movilidad e internacionalización y la ampliación de la oferta educativa, en especial de doctorados.

Pero si las universidades están en bancarrota, ¿cómo siguen funcionando? Según Botero, es muy probable que las instituciones de educación superior estén haciendo las cosas mejor. Es decir, que ahora sean más eficientes y más profesionales con la manera de administrar y gestionar el recurso. “O que, por otra parte, ese déficit no sea del todo real, porque entonces no habrían aguantado más de 20 años”.

Sin embargo, algunos rectores consultados dicen que se han mantenido gracias a otras fuentes de financiación. Por ejemplo, las estampillas prouniversitarias que son impulsadas por los departamentos y aprobadas por el Congreso para invertir en infraestructura. En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por medio de esta estampilla recibió 1 por ciento de los contratos del Distrito hasta 2018, eso significó 200.000 millones de pesos más. “Ahora, con la nueva estampilla, contamos con el 1,1 por ciento, pero esta vez se incluyó a la Nacional”, explicó Ricardo García, rector de la Distrital. Los otros recursos provienen de servicios de consultorías y de otras estrategias que no representan una fuente permanente.

No todos los departamentos tienen los mismos recursos que Bogotá. Por lo tanto, algunos de los expertos consultados aseguran que es necesario revisar el esquema de financiación de la educación superior. No obstante se requiere un cambio de raíz, es decir, reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el fin de hacer una ampliación de la base presupuestal: el IPC más un porcentaje adicional. Pero, aunque esta es una discusión necesaria, es escandalosa, ya que al tocar esta ley se abre la puerta a otros cambios más difíciles de abordar como la calidad y la autonomía universitaria. Esto quedó demostrado con la propuesta de reforma fallida del expresidente Juan Manuel Santos en 2011.

A la luz de un nuevo gobierno, Botero asegura que este esquema que hoy asfixia las universidades públicas y a las instituciones técnicas y tecnológicas se puede reformar sin tocar la Ley 30. Por el momento hay una propuesta, que será presentada en los próximos meses por el Banco Mundial ante el MEN, tiene como objetivo hacer más eficientes los recursos e incrementarlos. Aunque Botero prefirió no dar más información por el momento, es claro que el sistema no da espera. Las manifestaciones ya se han empezado a sentir.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la-explicacion-del-paro-estudiantil-del-10-de-octubre/586227

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Venezuela inaugura universidad de telecomunicaciones e informática

América del sur/Venezuela/11 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

El Gobierno de Venezuela inauguró hoy la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, para sumar 45 centros de altos estudios fundados en las últimas dos décadas por la Revolución bolivariana.
La nueva institución docente contará con una matrícula de mil 200 alumnos en régimen presencial y más de 20 mil en la educación a distancia, informó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en reunión de trabajo desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo).

A propósito del comienzo este martes del período lectivo 2018-2019 en el nivel universitario, el jefe de Estado destacó la apertura del enclave docente, de carácter público y gratuito, para formar profesionales con vocación de servicio.

Indicó el mandatario que la referida universidad experimental incluye las carreras de gestión de operaciones satelitales, especialización en automatización, gestión y robótica, interoperabilidad y diseño de datos.

Maduro subrayó la importancia de potenciar instituciones de este tipo para colocar al país a la cabeza de la innovación y alcanzar la independencia tecnológica.

El presidente de Venezuela anunció que este martes comenzó el curso escolar en las universidades del país, con una matrícula total de dos millones 853 mil 520 estudiantes, saldo superior en cinco puntos porcentuales respecto al período lectivo anterior.

Recordó el mandatario que el 78 por ciento del estudiantado cursa sus carreras en las 69 universidades públicas existentes en la nación sudamericana, 45 de ellas fundadas en las últimas dos décadas por el Gobierno revolucionario.

Precisó además que Venezuela invierte en el sector educacional el 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 10 por ciento del presupuesto global.

Maduro abogó por mantener la inversión pública en todos los niveles de enseñanza, así como alinear la formación de profesionales con las necesidades del desarrollo económico de la nación sudamericana.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217997&SEO=venezuela-inaugura-universidad-de-telecomunicaciones-e-informatica
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Izquierda Unida aboga por la redacción de una “nueva Ley de Universidades consensuada con el conjunto de la comunidad educativa”

Redacción: Contrainformación/10-10-2018

IU recoge de esta manera el guante tras el comunicado dado a conocer el pasado miércoles por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en el que demandan también esta nueva norma orgánica.

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, explica que esta formación “se suma a la demanda de la comunidad universitaria como Uni-Digna, el Foro de Sevilla y tantos otros colectivos que reivindican una Universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente”.

“Estamos manifiestamente en contra -afirma- de la mercantilización y la privatización propiciadas por las políticas neoliberales y conservadoras que han convertido las universidades en empresas expendedoras de títulos, han devaluado la función docente y han sumido en la precariedad más absoluta a una parte muy considerable del profesorado”.

Ante la demanda concreta de la Conferencia de Rectores solicitando ‘a todas las instancias políticas parlamentarias que pongan a la Universidad española en el frontispicio de su acción política’, IU responde “situándonos frente al enfoque cada vez más neoliberal y menos universal y científico de la Universidad. Nos unimos al clamor de la comunidad universitaria para reclamar otra Universidad Pública posible, entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural, científica y profesional”, en palabras de Díez.

Izquierda Unida plantea y asume este decálogo de mínimos de cara a concretar esa nueva Ley de Universidades consensuada con la comunidad universitaria:

1. Gratuidad: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas. Equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.

2. Planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario consensuado que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida y siempre a través de una universidad pública.

3. Acceso libre y gratuito a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros.

4. Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas y garantizando una formación global, polivalente, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la humanidad.

5. Sistema generalizado de becas-salario que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.

6. Autonomía y autogobierno democrático universitario: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos empresariales centrados en costes y rendimientos, potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma colegiada de decisiones y la electividad de sus cargos. Se debe equilibrar la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, incrementando el peso del estudiantado y del PAS. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género…

7. Mejora de las condiciones docentes y de investigación: Supresión de la contratación precaria y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico y una investigación rigurosa.

8. Formación didáctica como docentes: Formación didáctica inicial obligatoria para el profesorado universitario novel de 60 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas que se tendrá en cuenta en los procesos de promoción. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa de la ratio alumnado-profesorado.

9. Evaluación justa de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u ‘Open Science’ para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo ‘Horizonte 2020’. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la acción formativa del profesorado.

10. Garantizar una financiación pública de la docencia y de la investigación en las Universidades Públicas del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue o se supedite a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor.

Fuente: https://contrainformacion.es/izquierda-unida-aboga-por-la-redaccion-de-una-nueva-ley-de-universidades-consensuada-con-el-conjunto-de-la-comunidad-educativa/

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EEUU: Abordando la pobreza para aumentar las graduaciones en Texas

América del Norte/EEUU/ Ashley A. Smith

Abordando la pobreza para aumentar las graduaciones Un número creciente de universidades están tratando de ayudar a los estudiantes pobres a satisfacer sus necesidades básicas y eliminar las barreras que les impiden graduarse.

El presidente de Yellow College, Russell Lowery-Hart y su personal a menudo hablan de una joven llamada María. María es una estudiante de primera generación en el colegio comunitario de Texas. Ella es una minoría racial que asiste a Amarillo a tiempo parcial, recibe ayuda financiera y está enfocada en eventualmente transferirse a una universidad. Pero ella lucha por llegar a fin de mes y, sin intervención, sus desafíos financieros pueden descarrilar esos planes. Ella tampoco es una persona real. María es representante de muchos de los estudiantes en Amarillo College. Esos estudiantes están en el centro de una política adoptada por Lowery-Hart para combatir los efectos negativos de la pobreza en los estudiantes y sus resultados académicos.

Hasta ahora, la política de «Sin excusas», que comenzó en 2014 cuando se convirtió en presidente de la universidad, está ayudando a mejorar las tasas de finalización. «Nuestro trabajo no es arreglar a los estudiantes, es arreglarnos a nosotros mismos», dijo. “En Amarillo, hemos adoptado una filosofía de no excusas. No importa lo que esté causando que nuestros estudiantes sientan el fracaso, no son responsables de ello. Estamos.» Por «fracaso», se refiere a los miles de estudiantes de Amarillo que no se gradúan o pasan a instituciones de cuatro años porque están atrapados por la necesidad: no tienen suficiente comida para comer, no tienen una vivienda adecuada, no tienen dinero suficiente o apoyo financiero de la familia para pagar los costos asociados con la universidad que no están cubiertos por la ayuda financiera.

Según una encuesta, alrededor del 72 por ciento de los estudiantes de Amarillo tienen al menos una necesidad básica: el 59 por ciento es inseguro de la vivienda, el 54 por ciento tiene inseguridad alimentaria y el 11 por ciento ha experimentado la falta de vivienda en el último año . Amarillo estableció un Centro de Defensa y Recursos en su campus el año pasado para centralizar los esfuerzos de la universidad para combatir la pobreza. El centro es una ventanilla única para que los estudiantes accedan a los servicios sociales y de ayuda de emergencia y encuentren recursos para sus necesidades de cuidado infantil. También cuenta con una despensa de comida gratuita y un banco de ropa. «Si un estudiante está fallando, es porque no contamos con el proceso y la política o la persona correctos», dijo Lowery-Hart.

Yeloww no es la única universidad que intenta ayudar a los estudiantes a satisfacer sus necesidades básicas. Lowery-Hart se unió a más de 550 miembros de la facultad, presidentes de universidades, fundaciones y estudiantes en Filadelfia el pasado fin de semana en la segunda conferencia anual de Real College en la Universidad de Temple, donde analizaron formas de abordar la pobreza de los estudiantes en los campus de todo el país. La conferencia es una creación de Sara Goldrick-Rab, profesora de política de educación superior y sociología en la Universidad de Temple y fundadora del Centro Hope para la Universidad, la Comunidad y la Justicia, que también se lanzó durante la conferencia. El Centro Hope continuará la investigación iniciada originalmente por Goldrick-Rab en la Universidad de Wisconsin Madison para estudiar la pobreza entre los estudiantes universitarios y encontrar soluciones para ayudarlos. «Espero que no necesitemos un Colegio Real en 10 años, porque habremos resuelto el hambre y la falta de vivienda en nuestros campus», dijo.

Goldrick-Rab dijo que al abordar la inseguridad alimentaria y de vivienda entre los estudiantes universitarios, los educadores pueden centrarse más en las barreras académicas que impiden que los estudiantes se gradúen. Karen Stout, presidenta y directora ejecutiva de Achieving the Dream, una organización de éxito estudiantil, dijo que aún hay debate en los círculos académicos sobre si las universidades deberían ser responsables de ayudar a los estudiantes a satisfacer sus necesidades básicas. Pero dijo que el punto de vista está cambiando a medida que más personas se dan cuenta del alcance de la inseguridad alimentaria y de vivienda entre los estudiantes universitarios.

Un estudio publicado el año pasado por el Urban Institute encontró que alrededor del 13 por ciento de los estudiantes de colegios comunitarios experimentaron inseguridad alimentaria en 2015, aunque otros estudios indicaron que la tasa podría ser mucho mayor. Existe una creciente conciencia nacional sobre el tema, incluso entre los responsables políticos. Un grupo de senadores demócratas ha pedido a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno que realice un estudio sobre el alcance del hambre y la pobreza en los campus universitarios. Ese estudio todavía está en curso. Y un par de equipos de filmación documental también asistieron a la conferencia como parte de los próximos informes especiales sobre estudiantes universitarios que viven en la pobreza.

Jee Hang Lee, vicepresidente de políticas públicas y relaciones externas de la Asociación de Fideicomisarios de Colegios Comunitarios, dijo que los administradores de las universidades deberían abogar por que el Congreso aumente los fondos para varios programas federales existentes que pueden ayudar a aliviar la pobreza estudiantil. Señaló que el Congreso aprobó un aumento en las asignaciones en marzo para un programa federal que otorga subvenciones a estudiantes universitarios con hijos para servicios de guardería en el campus. Más fondos para el programa federal de trabajo y estudio también ayudaría a los estudiantes de bajos ingresos, dijo. Stout dijo que abordar la pobreza de los estudiantes para ayudarlos a graduarse tiene importantes implicaciones a largo plazo. «Se trata de crear movilidad económica», dijo. «Las universidades deberían pensar más en la finalización como una movilidad ascendente desde el esfuerzo de la pobreza tanto como un esfuerzo de logro educativo».

Stout dijo que gran parte de la discusión sobre cómo satisfacer las necesidades básicas y sociales de los estudiantes es un nuevo territorio para muchos líderes universitarios que están más familiarizados con las discusiones académicas o con los empleadores sobre las necesidades de la fuerza laboral en sus comunidades que sobre los estudiantes que no tienen suficiente para comer. «No estamos acostumbrados a hablar con organizaciones basadas en la comunidad o acudir a agencias gubernamentales locales que se ocupan de los beneficios públicos», dijo. «Es un mundo completamente nuevo y un vocabulario completamente nuevo». Las universidades están acostumbradas a preguntar a los estudiantes sobre su información demográfica personal, como raza, edad o género. Sin embargo, Stout dijo que ahora los administradores universitarios deben profundizar más y descubrir si una persona es un estudiante universitario de primera generación, una madre soltera, una trabajadora de medio tiempo o una ex convicta si realmente quieren ayudarlos a completar la universidad.

Los líderes universitarios no pueden ignorar los efectos de la raza, el origen étnico y la identidad de género en el estado social y financiero de los estudiantes, dijo DeRionne Pollard, presidenta de Montgomery College en Maryland. «Tenemos que ser particularmente conscientes de lo que nuestros estudiantes nos presentan y lo que presentan cuando vienen a nosotros en nuestras aulas y organizaciones», dijo Pollard. «Los estudiantes no prosperarán y aprenderán de una organización que ignora las complejidades de las intersecciones». Una vez que Amarillo comenzó a conectar a los estudiantes con los servicios que necesitaban (cuidado de niños, servicios legales, vivienda, transporte, ayuda de emergencia para pagar los servicios públicos), encontraron que esos estudiantes tenían más probabilidades de continuar su educación en la universidad en lugar de abandonar la escuela. Del 86 por ciento de los estudiantes de Amarillo que recibieron servicios a través del Centro de Defensa y Recursos de la universidad, el 69 por ciento continuó su educación en la universidad. Solo el 33 por ciento de los estudiantes que no recibieron servicios a través del centro permanecieron en la universidad, según los datos de la universidad.

El índice de finalización de tres años en la universidad también ha aumentado del 26 por ciento en 2012 al 45 por ciento en 2017, según el Laboratorio Hope . Cara Crowley, vicepresidenta de iniciativas estratégicas en Amarillo, dijo que la universidad se enfoca en los estudiantes temprano al revisar su información de ayuda financiera y al enviar correos electrónicos a aquellos que tienen un ingreso anual de menos de $ 19,000 para informarles sobre los servicios sociales disponibles. La universidad también depende de los trabajadores sociales para proporcionar servicios de administración de casos y conectar a los estudiantes con recursos que ya existen en la comunidad.

«Nuestros trabajadores sociales los ayudan a pasar a través de ese sistema y los mantienen en la escuela», dijo Crowley, y agregó que desde 2012 la universidad ha gastado alrededor de $ 300,000 de su fundación caritativa para ayudar a los estudiantes a satisfacer sus necesidades básicas, que son predominantemente viviendas. «Si proporciona esa asistencia y los mantiene en la escuela, hay un beneficio financiero para la universidad en tasas abrumadoramente más altas de retención y persistencia».

Fuente: https://www.insidehighered.com/news/2018/10/03/college-administrators-meet-find-solutions-reduce-student-poverty

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ÁFRICA: ELearning, los desafíos de la implementación

Africa/universityworldnews.com/Wachira Kigotho

Si bien la mayoría de los gobiernos africanos son optimistas sobre las oportunidades de aprendizaje electrónico, a menudo ignoran el hecho de que la infraestructura de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) es costosa y está fuera del alcance de muchas escuelas e incluso universidades, dijo la ex directora ejecutiva del Banco Mundial, la Dra. Mamphela Ramphele. Conferencia de África en Ruanda la semana pasada. 

Ramphele, quien también fue vicecanciller de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, acusó a los gobiernos africanos ya la clase política de los países africanos de jugar incesantemente la tarjeta política relacionada con la liberación del continente.

Hablando en la 13ª Conferencia y Exposición Internacional sobre las TIC para la Educación, la Capacitación y el Desarrollo de Habilidades en Kigali, Ruanda, el miércoles, dijo: «Ya que África es políticamente libre, ¿por qué siempre escuchamos a algunas personas hablar de cómo lucharon por la independencia como ¿Si lo hicieron todo solos? ” 

. Dijo que con frecuencia África estaba cautiva de políticos con una mentalidad inmutable y que no están listos para usar los vastos recursos del continente para el desarrollo de toda su población, especialmente en el África subsahariana, donde la mayoría de la población rural. Las áreas viven en la pobreza abyecta.

Si cualquier programa de desarrollo significativo se llevará a cabo en África, primero que nada, la gente debe aprender a compartir los recursos disponibles, dijo Ramphele. Dijo que millones de niños estaban fuera de la escuela en África y estaban fuera de cualquier proceso de aprendizaje organizado, y mucho menos de aprendizaje electrónico. 

TIC: una fuente de esperanza clave

Los comentarios de Ramphele se hicieron en el contexto de una declaración emitida después de una reunión intergubernamental de alto nivel a puerta cerrada que dijo que el aprendizaje electrónico a través de las TIC no solo conectaba el continente, sino que era una fuente clave de esperanza para África no debe quedarse atrás en cosechar los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial.

«Las TIC conectan a África, crean oportunidades no solo en la educación sino que también preparan a los africanos para la innovación y el despegue industrial», dijo a los delegados el Dr. Eugene Mutimura, ministro de educación de Ruanda, cuando inauguró la conferencia de dos días. 

Según Mutimura, si los países africanos progresan en innovación y desarrollo industrial, tendrán que superar a sus competidores en otras partes del mundo a través del aprendizaje electrónico en escuelas, universidades y lugares de trabajo. Haciendo eco de los objetivos de la agenda de la economía basada en el conocimiento de la hoja de ruta 2030 de la Unión Africana, dijo: «Nuestro objetivo final es nada menos que una revolución digital en todos los sectores del desarrollo africano». 

África: en la carrera

El científico informático de la Universidad de Cape Coast, el profesor Nii Narku Quaynor, presidente del Grupo de Operadores de Red Africanos y fundador del primer proveedor de servicios de Internet en África Occidental, dijo que cualquier tipo de transformación fue un proceso lento. Sin embargo, África estaba definitivamente «en» la carrera de la innovación y la industrialización, aunque muy por detrás. 

«Por ahora lo que importa es que estamos en la carrera», dijo. 

Margot Brown, directora de gestión del conocimiento en el Banco Mundial, confiaba en que África podría hacer grandes progresos en el aprendizaje electrónico. Señaló que, dado que la economía era estable en África subsahariana, la mayoría de los países podían invertir en infraestructura de TIC para mejorar el acceso a la educación y la capacitación a través de asociaciones.

Según Brown, invertir en el capital humano al proporcionarles a los trabajadores, especialmente a los jóvenes, las habilidades que necesitan para competir en el mercado global fue crucial para el desarrollo y la estabilidad regionales. Instó a los países africanos a adoptar las TIC y el aprendizaje electrónico como un modo de entrega para enseñar diferentes tipos de habilidades que incluyen la salud y la agricultura. 

La necesidad de una introducción adecuada

Hacia este objetivo, Hans-Peter Baur, director general adjunto del Departamento de Cuestiones Mundiales del Ministerio Federal Alemán para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dijo a los delegados que las TIC pueden tener un gran impacto en la educación africana si es adecuadamente introducida.

Durante una sesión plenaria, “Uniendo África: aprendiendo juntos, creciendo juntos”, Baur instó a los gobiernos africanos a embarcarse en la enseñanza de las TIC en todos los sectores de la educación. 

«El mundo ya está en una revolución digital y los países africanos corren el riesgo de quedarse atrás y ser incapaces de crear empleos en el siglo XXI para la población joven y abultada si se quedan fuera o en la periferia del mundo digital», dijo Baur. 

Recordó a los delegados que la educación va más allá de la enseñanza en aulas escolares y salas de seminarios y laboratorios universitarios, ya que las diferentes plataformas de TIC han abierto nuevas vías de aprendizaje que incluyen la formación de equipos, la creatividad y, sobre todo, la capacidad de comunicarse en cualquier lugar.

«Las TIC son imparables y están afectando a todos en un entorno en el que Internet de las cosas, la robótica y otras formas de inteligencia artificial se han convertido en impulsores clave para la transferencia de grandes datos, conectando mercados y abriendo nuevas vías para realizar investigaciones», dijo Baur. 

Lenguas africanas

Ramphele también planteó el tema de las lenguas de instrucción, señalando que las lenguas africanas están ausentes como modos de entrega de herramientas en el aprendizaje electrónico. «¿Cómo puede esperar que los estudiantes aprendan de manera efectiva en idiomas que no entienden correctamente?», Preguntó. 

«Los estudiantes africanos deben entender su cosmovisión, cultura e historia y luego aplicar esos valores para enfrentar el futuro con coraje y confianza», dijo Ramphele.

Hacia este objetivo, Ann-Therese Ndong Jatta, directora de la Oficina Regional de la UNESCO para África Oriental en Nairobi, Kenia, dijo que los idiomas locales son fundamentales para el aprendizaje efectivo. Destacó el predominio histórico de las lenguas coloniales en los sistemas educativos que habían impedido el aprendizaje natural de los estudiantes y su aprendizaje permanente. 

«Debemos crear una convergencia en los procesos y estrategias de aprendizaje promoviendo y adoptando lenguajes que los alumnos puedan entender fácilmente», dijo Jatta.

Teniendo en cuenta que África desea convertirse en un accionista de la economía global del conocimiento, es urgente que los países africanos no solo inviertan en infraestructura de TIC, suministro de energía confiable y capacidad para producir materiales educativos, sino que inviertan en los idiomas locales que se hablan comúnmente. y bien entendido en áreas específicas. 

«El aprendizaje de buena calidad no solo se trata de ser más competente y productivo, sino también de fomentar la diversidad y estar bien arraigados en la cultura y las tradiciones propias, al mismo tiempo que se adapta a lo desconocido y puede vivir con otros», dijo Jatta, citando el resumen de políticas de la UNESCO. “¿Por qué y cómo África debería invertir en las lenguas africanas y en la educación multilingüe?”.

Si bien faltó un acuerdo unánime sobre si el aprendizaje electrónico tiene la capacidad de cambiar rápidamente la ecuación y catapultar al continente africano desde la base de la pirámide de la economía del conocimiento hasta el pináculo, hubo una sensación general de optimismo al final de la conferencia el viernes. que África se levantará, con o sin e-learning. 

Fuente: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180928141001549

Imagen tomada de: https://blog.commlabindia.com/wp-content/uploads/2017/03/elearning-implementation-in-organization.png

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Huelga de hambre de docentes de universidades públicas en Colombia

América del sur/Colombia/04 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

Profesores de universidades públicas de Colombia anunciaron una huelga de hambre por tiempo indefinido desde la próxima semana, en reclamo de mayores recursos para ese sector de la enseñanza superior.
Los docentes, entre los que se encuentran algunos exrectores, alegaron que la educación en el país pasa por una crisis financiera que es visible en las 32 universidades públicas de Colombia.

‘No hay como pagar nóminas’; es posible que no lleguemos a diciembre, alegaron los manifestantes, quienes hicieron ver su preocupación en carta dirigida al presidente del país, Iván Duque, y al Congreso de la República.

Insistieron en el derecho a la educación superior de calidad para más de 620 mil estudiantes del sistema de educación pública superior.

A juicio de los profesores universitarios, el acápite de educación dentro del proyecto de presupuesto general de la República, a debate en el Congreso, debe recibir una mayor inyección financiera y en materia de inversión.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=215538&SEO=huelga-de-hambre-de-docentes-de-universidades-publicas-en-colombia
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