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La presidenta de una universidad de Nueva York dimite después de que más de 700 estudiantes dieran positivo por covid-19

La presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en Oneonta dimitió, mientras la escuela lidia con cientos de casos por covid-19 reportados dentro de la universidad desde el comienzo del semestre.

En un comunicado anunciando al nuevo presidente interino el jueves, el canciller de la Universidad Estatal de Nueva York, Jim Malatras, dijo que la Dra. Barbara Jean Morris había «hecho la transición de su puesto de presidenta» y que quería «buscar otras oportunidades».

Un portavoz de la universidad le dijo a CNN que Morris renunció.

SUNY Oneonta reportó 712 casos estudiantiles de covid-19 desde que se abrieron las residencias universitarias el 17 de agosto.

Eso es más de la mitad del número total de casos reportados de las pruebas del campus en todo el sistema SUNY. Se han reportado 1.167 casos positivos en 61 campus diferentes.

El creciente número de casos de virus llevó a SUNY Oneonta a cambiar del aprendizaje en persona a un formato completamente en línea a fines de agosto.

Jim Urso, un portavoz de SUNY, comentó sobre el momento de la renuncia de Morris.

«El repunte del covid fue a principios de septiembre. Solo quiero aclarar que su renuncia no se produjo en medio de ese incremento», le dijo Urso a CNN.

«Ella no renunció en medio de esta crisis. Llevamos a cabo una revisión de lo que sucedió. No es como si ella hubiera renunciado en medio de la noche mientras los estudiantes daban positivo por docenas».

La universidad no evaluó a los estudiantes a su llegada

La renuncia del presidente en funciones de SUNY Oneonta se produce después de que la universidad decidiera no examinar a los estudiantes ni ponerlos en cuarentena a su llegada.

Poco después, la Universidad vio un repunte en los resultados positivos. Cuando el liderazgo intentó tomar medidas punitivas contra los estudiantes por desobedecer las órdenes de distanciamiento social, el virus se había extendido.

«Hemos reconocido que hubo varios problemas con la respuesta de Oneonta a la implementación de su plan de reapertura en el otoño», indicó Urso a CNN. «Nuestro canciller lo ha reconocido. Es un registro público en este momento».

Dennis Craig, el expresidente interino de SUNY Purchase, que solo informó de tres infecciones desde el comienzo del semestre, se desempeñará como presidente interino de la universidad.

Se espera que pronto comience la búsqueda de alguien para ocupar el puesto de forma permanente.

Eryn Kenney, estudiante de tercer año con especialización doble en Educación para Adolescentes y Francés en SUNY Oneonta que vive fuera del campus, desearía que la universidad hubiera hecho más para reducir la propagación del covid-19 en el campus.

Otras escuelas estatales en Nueva York realizaron pruebas para el covid-19

«Creo que la presidenta Morris debió haber manejado el covid mucho mejor», dijo Kenney a CNN el viernes. «La mayoría de las escuelas de SUNY requerían exámenes antes de que comenzara el semestre. Mi hermana va a SUNY Plattsburgh y los exámenes eran obligatorios».

Kenney también dijo que «también podría haber habido más restricciones sobre el distanciamiento social», y agregó que deseaba que la administración hubiera obligado a los estudiantes que vivían en el campus a ponerlos en cuarentena cuando llegaban, como lo hicieron otras universidades.

Pero también reconoció el papel que jugaron los estudiantes en la propagación fuera de control.

«Creo que es PARCIALMENTE culpa [del cuerpo estudiantil]», aseguró. «Creo que gran parte de la propagación podría haberse evitado si los estudiantes no hubieran salido de fiesta o no hubieran ido a ningún lado sin máscaras».

SUNY Oneonta tiene alrededor de 6.700 estudiantes inscritos, según su sitio

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/16/la-presidenta-de-una-universidad-de-nueva-york-dimite-despues-de-que-mas-de-700-estudiantes-dieran-positivo-por-covid-19/

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Paraguay: Ministro de Salud apuesta por la educación y rechaza el aborto

América del sur/Paraguay/21 Junio 2018/Fuente: La nación

El ministro de Salud, Carlos Morínigo, manifestó este miércoles que se debe cuidar la salud pública mediante la educación y no a través del aborto. A su criterio, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo se podría mal utilizar en una sociedad no educada.

“Todos tenemos que colaborar para que esto cambie y no es como dice cierta corriente que legalizando al aborto van a dejar de morir gente. Existen métodos como la planificación familiar, anticonceptivos y la educación”, dijo el secretario de Estado, en comunicación con la 970 AM.

Sostuvo que la responsabilidad es de todos y destacó la Constitución Nacional que establece que el Estado debe velar por el derecho a la vida. Además, alegó que al despenalizar el aborto la gente va a tener relaciones sin cuidarse, se embaraza y va a optar “nomás” por interrumpir de forma voluntaria.

El ministro indicó que una sociedad carente de educación desconoce las consecuencias de la interrupción voluntaria del embarazo. Una clínica moderna tampoco garantiza un procedimiento exitoso y la mujer igual quedará con secuelas en caso de abortar.

“En Argentina cerraron colegios chicas de 15 y 16 años que habían abortado dos o tres veces ya. O sea, es darle una herramienta a una sociedad que no está instruida y se va mal utilizar”, agregó.

Se estima que unos 20.000 a 30.000 abortos son practicados por año y existen unas dos mil muertes por interrumpir de forma voluntaria el embarazo. En el 2017 constituyó el 12 por ciento de las muertes maternas y fue la tercera causa de decesos.

La legalización del aborto fue aprobada días pasados por la Cámara de Diputados de Argentina y debe pasar a consideración del Senado. La votación fue de 129 diputados a favor, 125 en contra y una abstención. El debate también se instaló en Paraguay pese a que la Constitución lo prohibe.

Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2018/06/20/ministro-de-salud-apuesta-por-la-educacion-y-rechaza-el-aborto/

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Médicos dominicanos por modificar leyes de Salud y Seguridad Social.

Centroamérica/República Dominicana/09.01.2018/Autor y Fuente: http://www.prensa-latina.cu
El Colegio Médico Dominicano (CMD), consideró que las leyes de Salud y Seguridad Social en el sector deben modificarse para desarrollar un verdadero sistema sanitario en el país, destacan hoy medios de prensa.
De acuerdo con el presidente del CMD, Wilson Roa, urgen esas modificaciones en 2018 para así evitar que las decisiones dentro del sistema de salud sean tomadas por el sector comercial como hasta estos momentos.

Asimismo, señaló que también debe trabajarse de forma ordenada en la remodelación de las estructuras hospitalarias y dotar de equipos y tecnología a los servicios de salud para poder garantizar atención de calidad a la población.

Las modificaciones a las legislaciones que rigen el sector salud deben ir enfocadas a convertirlas en referentes de inclusión donde se garantice la atención médica basada en la prevención, promoción, educación y donde las decisiones y regulaciones no sigan en manos del sector bancario, agregó.

Por último, Roa planteó echar una mirada al tema del aborto de una manera responsable en base a los criterios universales de la ciencia y se despenalice de la legislación dominicana la criminalización del ejercicio de la medicina, porque un médico no puede intervenir a un paciente con el temor de que podría ser penalizado.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143130&SEO=medicos-dominicanos-por-modificar-leyes-de-salud-y-seguridad-social
Imagen: http://www.prensa-latina.cu/images/2018/enero/07/Colegio-Medico-Dominicano.jpg
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Francia prohíbe llevar móvil a clase hasta los 15 años

Europa/Francia/16 Diciembre 2017/Fuente: La razón

La medida se llevará a cabo desde el próximo curso por motivos educativos y de salud y afectará a alumnos de Primaria y Secundaria.

Era una promesa del programa de Educación de Macron y su ministro de Educación, Jean Michel Blanquer, ha confirmado este domingo su determinación a llevarla a cabo. A partir del próximo curso, los alumnos de las escuelas francesas tendrán prohibido el uso de teléfonos móviles en las aulas. La medida afectaría a la educación Primaria y Secundaria francesa, es decir, a alumnos de hasta 15 años.

El titular de Educación ha confirmado que el gobierno francés se encuentra estudiando las modalidades para llevar esta medida a cabo, consciente de las dificultades y sensibilidades a las que puede enfrentarse, ya que el teléfono es al mismo tiempo una herramienta que tranquiliza a muchas familias en un país que ha pasado los dos últimos años en estado de excepción con medidas de seguridad especialmente sensibles en establecimientos educativos. Ya el pasado mes de octubre dio alguna pista nombrando la instalación de taquillas con llave en la entrada de cada establecimiento. Blanquer ha señalado en una entrevista para RTL que «ya existen establecimientos que llevan a cabo con éxito estas medidas en Francia» y se trataría de exportar esos buenos ejemplos. En estos colegios está prohibido, como norma general, entrar al centro educativo con un teléfono.

Además, el ministro justifica la medida no sólo en un plano puramente educativo, sino también de salud. «Es un mensaje de salud pública que concierne a las familias. Es bueno que menores de 7 años no estén demasiado delante de pantallas de este tipo».

Según expertos consultados por el diario Le Monde, la nueva reglamentación puede traer conflictos empezando por el tiempo que se perderá requisando día a día los smartphones.

Algunas asociaciones sostienen que la implementación de la medida sería complicada, ya que muchos alumnos sostienen argumentos de seguridad y de comunicación con sus familias para permanecer con el teléfono en sus mochilas. «Normalmente se les pide que mantengan dentro de sus mochilas el móvil, pero en la práctica muchos alumnos los mantienen en sus bolsillos», sostiene Nelson, un profesor de español de alumnos de 13 años de un colegio al norte de París para LA RAZON, que califica de «utópica» la medida del gobierno. «La instalación de taquillas sería la opción, pero el tiempo que se perdería a cada llegada y a cada salida lo acabaría desaconsejando».

No es la primera vez que en Francia se plantea el debate del móvil. En 2009, el Gobierno ya se planteó prohibir los dispositivos móviles para menores de 10 años por el riesgo que podía suponer para su salud el uso de los teléfonos móviles.

Fuente: http://www.larazon.es/sociedad/francia-prohibe-llevar-movil-a-clase-hasta-los-15-anos-LA17177905

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El enemigo de la educación en Ecuador

Por: Fander Falconí

El consumo de estupefacientes (drogas prohibidas) es más que un problema de salud pública. Es un alarmante problema social en buena parte del planeta, con una geopolítica propia que señala consumidores de diversos países y de diversas clases sociales. Tiene su arista económica, con mercados de gran consumo y de preferencias cambiantes como Estados Unidos y productores especializados en diferentes continentes. De esta arista nace la violencia del narcotráfico que causa más víctimas mortales que el mismo consumo.

Desde 1920 la producción y venta de alcohol etílico fue prohibida en Estados Unidos. La prohibición redujo el consumo de licores, pero no lo erradicó. Lo peor fue que convirtió al expendio de licores en un negocio demasiado lucrativo, tanto que fue monopolizado por el crimen organizado. En 1933 se legalizó el consumo, la fabricación, el transporte y la venta de alcohol etílico.

Comparando esta experiencia con la de las drogas, desde hace algún tiempo se habla de legalizar las drogas. Se ha empezado por la marihuana, una que solo requiere cultivo, no fabricación. Holanda asegura que el consumo ha bajado tras la regularización. También se dio este proceso en algunos estados de Estados Unidos, en México lo ha propuesto incluso el expresidente Fox y en Uruguay, por iniciativa previa de Mujica, se regularizó el uso de la marihuana. El economista  liberal Milton Friedman afirmó en 1991 estar a favor de la legalización de las drogas, porque “el mayor daño causado por las drogas proviene de su ilegalidad”. El debate queda abierto.

Para las sociedades, Ecuador incluido, las drogas son muy destructivas, por el consumo y por las prácticas violentas del narcotráfico. Los mayores perjudicados son la niñez y la juventud. Por eso mismo, la educación recibe un golpe cada vez que un menor consume droga. Como siempre, los pobres reciben los peores azotes, pues esas drogas baratas son en realidad los desechos y contienen sustancias tóxicas, en adición a la misma droga.

La prevención del consumo de drogas requiere campañas de información y concientización. La información, dirigida en especial a docentes, madres y padres de familia, permite conocer el modus operandi de las bandas de narcotraficantes, en este caso las dedicadas al microtráfico. La concientización se dirige con énfasis a estudiantes, para que vean el desastroso resultado del consumo de drogas.

Las series de televisión han empezado a tratar el tema con mucho realismo. El caso Escobar, por ejemplo, al menos desmitificó al supuesto Robin Hood de Medellín, mostrando su crueldad corrosiva. Pero la serie más destacada a escala mundial ha sido la estadounidense Breaking Bad, cuyo protagonista es un profesor de Química que incursiona en el mundo del narcotráfico. Una serie brutal en el sentido salvaje de la palabra.

Ni toda la prevención del mundo, ni la articulación entre la educación y el mundo del trabajo, ni el desmantelamiento de laboratorios podrán llegar a la esencia del problema. ¿Por qué se droga la gente? Esta conducta no se puede explicar con las teorías de hábitos repetidos de Pavlov ni con el psicoanálisis de Freud. La respuesta requiere del concurso de psicólogos, sociólogos y antropólogos. Ese debate nos podría dar una solución para reducir al mínimo el problema de la drogadicción.

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-enemigo-de-la-educacion-en-ecuador

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Senado italiano aprueba decreto ley sobre vacunación obligatoria

Italia/20 julio 2017/Fuente: Prensa Latina

Con 171 votos a favor, 63 en contra y 19 abstenciones, el Senado italiano aprobó hoy el decreto sobre la vacunación obligatoria hasta los 16 años.

La disposición impulsada por la ministra de Salud, Beatrice Lorenzin, pasará a la Cámara de Diputados donde debe recibir el visto bueno para convertirse en ley, lo cual debe suceder antes del 6 de agosto próximo, último día de vigencia de la disposición aprobada por el Consejo de Ministros en mayo último.

De acuerdo con la norma, la vacunación será un requisito para el ingreso de infantes de hasta seis años a guarderías infantiles y escuelas maternas, en tanto de los seis hasta 16 años regirá el control en las instituciones docentes, con multas de 100 a 500 euros para los padres morosos, en dependencia de la cantidad de profilaxis no efectuadas.

La disposición incluye 10 vacunas obligatorias y la oferta gratuita de otras cuatro, prevé además la creación de un Registro Nacional de Vacunación y faculta a las farmacias para aplicar las vacunas, en coordinación con el sistema público de salud.

Las ineludibles serán las indicadas para prevenir la poliomielitis, difteria, tétanos, hepatitis B, tos ferina, haemophilus influenzae tipo B, y hasta 2020 sarampión, rubeola, paperas y varicela, mientras que las fuertemente aconsejadas incluirán las dirigidas contra el meningococo B y C, el rotavirus y el neumococo.

Como resultado del debate en el Senado, el decreto sufrió varias enmiendas, como la reducción de 12 a 10 el número de vacunas obligatorias, la eliminación de la referencia en el texto a la pérdida de la patria potestad en el caso de los padres incumplidores y la disminución del límite máximo de las multas fijado inicialmente en siete mil 500 euros.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102411&SEO=senado-italiano-aprueba-decreto-ley-sobre-vacunacion-obligatoria

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Estado salvadoreño continúa encarcelando a mujeres por aborto

El Salvador/17 julio 2017/Fuente: Ipsnoticias

La condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador, por parte de un Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza, dijeron activistas a IPS.

“Lo que pasó con Evelyn es como muchísimos otros casos, y que solo demuestra la deuda que este sistema tiene en salud, educación y acceso a justicia, para y con las mujeres”, dijo a IPS la activista Irma Estrada, durante una concentración la noche del 10 de julio, convocada por colectivos feministas para apoyar a Hernández, al pie del monumento a la Constitución en San Salvador.

“Siento vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene un trasfondo más nefasto, se trata de un estado sexista, machista, misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las mujeres”, agregó la activista, luego de corear consignas que hacían alusión a cómo la legislación en temas de aborto se ha visto influenciada por radicalismos religiosos de variados credos.

“Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud”: Marcela López.

“Tu doctrina, sácala de mi vagina”, gritaban las mujeres congregadas.

El caso de Hernández ha puesto de nuevo a este país centroamericano, de 6,3 millones de habitantes, en la mira de organizaciones feministas y de derechos humanos que mantienen desde hace varios años una lucha por modificar la legislación que penaliza la interrupción del embarazado en todas sus formas.

El Salvador está entre los ocho Estados del mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o hay malformación fetal, desde que en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para castigar con cárcel a las mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo.

Los otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Suriname, pero ninguno  es tan draconiano como El Salvador en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres, incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo.

La reforma de hace 19 años eliminó esas tres causales que existían en la legislación para que la interrupción voluntaria del embarazo no tuviera pena de prisión.

“Hay un retroceso, en 1998 se podía tener un aborto si la vida de la gestante estaba en riesgo, vamos para atrás”, añadió la activista.

Además, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron en 1999 la propia Constitución salvadoreña para establecer que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones antiaborto.

“En El Salvador sí hay línea muy conservadora (en el tema de aborto), incluso dentro de los partidos, aún hay diputados cuya propuesta es aumentar las penas e imponer pena de muerte”, sostuvo Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

Esa situación no ha variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque algunas de sus diputadas sí han planteado flexibilizar la penalización absoluta del aborto.

El 5 de este mes, Hernández, una joven de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura  usada por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto, y que luego cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber asesinado premeditadamente al feto.

Las penas por interrumpir el embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40 años.

“Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud”, aseguró a IPS la coordinadora de proyectos del Movimiento de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli, Marcela López.

Como ha sucedido ya a muchas otras mujeres, Hernández sufrió un aborto espontaneo en su vivienda, en el municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital.

Pero allí el personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto, un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los médicos y enfermeras tienen temor de que sean acusados de encubrimiento por la Fiscalía General de la República.

La joven había sido violada por un pandillero pero ese hecho no quedó registrado en el proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales, llamados “maras”.

Una actualización hecha en 2014 del informe titulado Del Hospital a la Cárcel, elaborado por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, revela que entre el 2000 y 2014 un total de 147 mujeres fueron procesadas por el sistema judicial salvadoreño por ese tipo de casos. De ese total fueron condenadas 41 por ciento.

El reporte agrega que la investigación no pudo identificar otros posibles impactos, como por ejemplo las muertes de mujeres por embarazos de alto riesgo, tales como ectópicos, cardiopatías graves, cáncer, lupus, que pudieron ser evitadas con una interrupción oportuna del embarazo.

Las mujeres procesadas por el sistema, agrega el documento, tienen un nivel de escolaridad muy bajo: 45 por ciento son analfabetas o tienen como máximo educación primaria, y solo 29 por ciento posee estudios a nivel de bachillerato, técnico o universitario.

De allí que las organizaciones de derechos humanos y grupos feministas resalten el hecho de que la persecución del Estado en el caso de abortos se da fundamentalmente contra mujeres pobres y con poca educación.

El equipo de abogados que trabaja en el caso de Hernández, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, anunció el jueves 13 que apelarán el fallo de la jueza de Cojutepeque,  Nury Velásquez, que condenó a la joven, luego de que reciban, el 19 de julio, la resolución escrita.

La apelación hará hincapié en la figura legal de duda razonable, dada la cantidad de evidencia aportada por la defensa que desvirtuaría la posición de los acusadores, ya que los reportes forenses no establecen la causa de la “neumonía aspirativa” que produjo la muerte del feto.

Además, en el proceso quedó establecido, con reportes técnicos, que la joven condenada sufría de un embarazado asintomático y estaba menstruando, lo que confirmaría la posición de los abogados defensores de que ella no sabía que estaba embarazada.

En tanto, otra  mujer que sufrió el extremo rigor del sistema jurídico, María Teresa Rivera, contó a IPS que salir de El Salvador significó para el ella el fin del temor a ser perseguida por leyes injustas.

“Aquí me siento feliz, libre, sin persecución ni discriminación, estoy lejos de El Salvador”, dijo en un contacto telefónico desde Suecia, nación que en marzo pasado le otorgó asilo político.

“Me lo dieron bajo la figura de persecución jurídica”, agregó, desde la ciudad de Horndal, donde reside con su hijo de 12 años desde hace ocho meses.

El 24 de noviembre del 2011, cuando tenía 28 años, Rivera sufrió un aborto espontáneo, y, de nuevo, fue denunciada por el personal médico y condenada a 40 años de cárcel.

Tras cuatro años y medio de encierro, su caso fue revisado y finalmente fue encontrada inocente y puesta en libertad, en mayo del 2016. Pero dos semanas después los fiscales interpusieron una apelación.

“Yo me decía: en cualquier momento me van a llevar de nuevo a la cárcel”, narró. Y con el apoyo de organizaciones y amigos, logró huir del país.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/07/estado-salvadoreno-continua-encarcelando-a-mujeres-por-aborto/

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