Veamos algunos de los elementos que contiene la propuesta de decreto. Desplaza (no elimina) la concepción de “calidad” por la de “bienestar” como objetivo del derecho a la educación; recordemos que la calidad ha sido el eje articulador del sistema educativo, se asoció a la organización gerencial de las escuelas, a las mediciones estandarizadas para alcanzar el máximo de aprendizajes y la idoneidad de los docentes, así como a la precarización laboral de los maestros. El bienestar se encuentra en el centro del discurso del nuevo gobierno, sin embargo no hay una definición clara de lo que significa para el caso de la educación y no puede quedar en la ambigüedad, porque se cruza con nuevos principios incluidos, como lo es la “excelencia”, que vienen de la concepción neoliberal y se van a traducir en prácticas concretas en los procesos de formación, evaluación y en la vida de las escuelas.
Se concibe a la formación de los maestros y el reconocimiento de sus aportes a la educación como un “derecho”, para tal efecto se elimina la fracción III; es decir, la esencia laboral del Artículo 3° que despojó a los docentes de su estabilidad en el empleo y emocional, dando vida a las evaluaciones para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento en el texto constitucional para tener un candado ante una eventual modificación de las leyes secundarias. A partir de esta misma concepción se propone la abrogación de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyas instituciones INEE y SPD, serían sustituidas por el “Centro” para la revaloración del magisterio y la mejora continua de la educación, y por el servicio profesional del magisterio.
Es verdad, que el Centro no tendrá la misma autonomía que el INEE, que por cierto nunca ejerció; contará con un Consejo Consultivo para orientar al Consejo Directivo en tareas fundamentales como definir el plan educativo y cuya lógica se inscribe en el mismo esquema de la llamada gobernanza que ha abierto las puertas para que los grupos de la derecha y los empresarios se inmiscuyan en las decisiones centrales del gobierno, suplantando a la sociedad.
Preocupa que entre la funciones del Centro esté “la determinación de estándares e indicadores de resultados; que acredite a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación”. La certificación ha sido un mecanismo de competitividad desigual de las escuelas, que además promueve la organización gerencial de los centros escolares y condiciona el ejercicio de apoyos económicos al cumplimiento de estándares de calidad empresarial; esto rompería con el principio de la educación “equitativa” que también se introduce en la propuesta de reforma, incluso como la aportación de la cuarta transformación a la educación, según se explica en la exposición de motivos.
Preocupa que se hable de acreditar instituciones que certificarían a los actores de la educación, entre los cuales están obviamente los maestros; uno, porque la iniciativa de ley no deja clara la obligación del Estado a través de sus instituciones educativas públicas para garantizar el derecho a la formación y esto abre la posibilidad a que los particulares acreditados por el Centro tengan un mercado cautivo financiado con dinero público o pagado directamente por los docentes; dos, porque la certificación ha sido un dispositivo para limitar y controlar las prácticas pedagógicas de los maestros a través de la formación instrumental y las evaluaciones estandarizadas; tres, porque un nuevo servicio magisterial de carrera basado en la certificación representa la continuidad de un sistema meritocrático de competitividad individual, diferenciación salarial, individualización del contrato colectivo y atomización de la organización sindical.
Ahora, hay elementos de la reforma neoliberal que no tienen candados en el marco constitucional actual y que se pueden cancelar si el nuevo gobierno tiene voluntad, por mencionar algunos: está la reforma a las normales que quitó la licenciatura en educación especial, el nuevo modelo educativo que entre otras cosas eliminó los talleres tecnológicos y las escuelas al CIEN que generan deuda pública.
Sin la reanimación de las voces que clamaron por la abrogación de la reforma educativa, la iniciativa del presidente se definirá concertando con la derecha parlamentaria y con la OCDE los cambios necesarios para que todo siga igual.
*Fuente: Rebelión
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