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América del Sur/Colombia/02.10.2018/Fuente:

Colombia, uno de los países más peligrosos para los activistas de derechos humanos, trató de poner fin a su conflicto armado de 50 años mediante un complejo proceso de paz que se inició en 2012. Con el estancamiento del proceso de paz, a los líderes sociales, como dirigentes de las comunidades locales, defensores de la tierra, protectores de los derechos de género y sexualidad, docentes y periodistas, los atacan y asesinan a un ritmo alarmante, y las cifras siguen subiendo.

La respuesta del Gobierno del recién electo presidente Iván Duque frente los asesinatos es muy lenta y, a veces, niega la naturaleza sistemática de la violencia, lo que impide dar seguimiento y control a los casos.

En un informe especial del diario El Tiempo, un mapa de los asesinatos revela las áreas vulnerables donde el conflicto armado ha estado más activo. La organización no gubernamental Indepaz (“Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz”) calcula que, solo en 2018, asesinaron a 124 líderes sociales, y casi trescientos fueron asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.

Sin tierra no hay paz

El conflicto en Colombia por el derecho a la tierra es de larga data y tiene su origen en la distribución extremadamente desigual de la tierra. La violencia cambiante y continua es el resultado directo de las complicaciones que surgen a partir de unos acuerdos de paz mal aplicados que, en parte, fueron diseñados para proteger el derecho a la tierra.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde, acordó desmovilizar y entregar las armas, pero esto dejó un vacío de poder donde algunos miembros que abandonaron las FARC se mantienen activos en el conflicto. Quizá algunos están motivados por intereses económicos, aunque otros rehúsan aceptar la zozobra de la vida civil. Ciertamente, varios exmiembros de las FARC fueron atacados y asesinados mientras trataban de reinsertarse en la sociedad. Otros grupos armados ilegales, en particular, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tratan de ganar control territorial sobre las regiones que eran reductos de las FARC.

Algunos grupos de la sociedad civil están seguros de que puede haber entidades corporativas detrás de los ataques, y no solo grupos armados ilegales. Los planes del presidente Duque de seguir desarrollando una economía extractiva deja a los líderes sociales preocupados por su seguridad, puesto que las grandes corporaciones internacionales tienen interés especial en las tierras disputadas.

En diciembre de 2017, los líderes de Bajo Atrato, región del norte de Colombia y una de las más azotadas por la violencia, visitaron el Congreso con máscaras blancas en la cara luego del asesinato de dos de sus líderes cuando defendían sus tierras de los inversores agrarios del aceite de palma y la banana:

Somos familiares de líderes asesinados en la región y todos estamos amenazados de muerte por una estrategia determinada por empresarios que han sido señalados en diferentes instancias judiciales y por empresarios que han sido denunciados. ¿Hasta cuándo y cuántos más?

“Esto pasa frente a nuestros ojos…”

La Pulla,canal de opinión de YouTube, hizo el video “Me acabo de enterar” para explicar el contexto de estos asesinatos con su característico humor negro. Describen a los activistas sociales asesinados como personas que “exigían cositas básicas: tierra para cultivar, escuelas, centros médicos, agua potable, carreteras… ¡Ah!, y paz”.

El narrador continúa:

Estas personas son la piedra en el zapato para los intereses de los grupos armados,que son el control sobre el territorio, la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. Y esto no tiene pocas consecuencias: cuando matan a un líder social están matando las posibilidades de cambio de una comunidad, porque los proyectos que dirigía quedan en el aire y a la gente le da miedo continuarlos. Muchas veces se van por miedo a que les pase lo mismo o porque ya están amenazados. El mensaje se entiende. Así eliminan cualquier oposición y todo sigue como estaba, los jodidos más jodidos y los señores de la guerra, dueños de todo. Esto pasa frente a nuestros ojos, mientras el gobierno nos lanza pañitos de agua tibia e incluso se atreve a sugerir que algunas de esas víctimas son criminales.

El padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, también se muestra preocupado por la nueva incertidumbre y dice que el presidente Duque:

… representa al grupo que históricamente se ha opuesto al proceso de paz, a la restitución de las tierras […] a que la democracia colombiana se modernice.

En julio de 2018, miles de colombianos tomaron las calles en muestra de solidaridad hacia los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, y reconocen así la necesidad de protestar en voz alta contra las ejecuciones extrajudiciales.

Se pueden seguir casi todas las actividades, peticiones, documentales y noticias a través de las etiquetas que son tendencia, #NosEstánMatando y #NoEstánSolos, utilizadas para denunciar los asesinatos y contar las historias de las víctimas, con el fin de mantener viva su memoria y su ardua labor.

Fuente de la noticia: https://es.globalvoices.org/2018/09/27/con-el-proceso-de-paz-de-colombia-estancado-aumentan-las-cifras-de-activistas-asesinados/