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Movimiento sindical respalda Consulta Nacional para transformar la educación dominicana

Los resultados de este proceso de consultas serán presentados el próximo 21 de julio y servirán como base para la elaboración del anteproyecto de ley que impulsará la transformación del sistema educativo dominicano.

Por Servicios de Acento.com.do

Los principales dirigentes del movimiento sindical dominicano expresaron su respaldo a la Gran Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, al considerar que constituye una oportunidad histórica para construir, mediante el consenso nacional, un sistema educativo más pertinente, inclusivo y conectado con las necesidades del desarrollo productivo del país.

El respaldo fue expresado durante el foro sectorial celebrado con representantes de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), como parte del proceso de consultas que procura recoger los aportes de todos los sectores para la elaboración de una nueva legislación educativa.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael «Pepe» Abreu, calificó el encuentro como un hecho de gran trascendencia para el movimiento sindical.

«Es un encuentro, en alguna forma, histórico, porque el movimiento sindical se reúne no para hablar de la cesantía, del salario o de la seguridad social, sino para hablar de la educación en todos sus niveles», dijo.

En representación de la CNTD, el vicepresidente Silvio Ureña afirmó que la consulta llega en un momento oportuno para reflexionar sobre el futuro del país y reiteró que una educación de calidad constituye el principal instrumento para reducir las desigualdades sociales.

«Qué bueno que nos juntamos aquí. Creo que esto debió ser antes, pero nunca es tarde. Qué bueno que estamos pensando en la educación del país. Qué bueno que estamos pensando en la educación de los pobres», expresó.

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, sostuvo que el país necesita una verdadera transformación del sistema educativo para responder a los desafíos de la cuarta revolución industrial y garantizar mayores oportunidades de empleo y bienestar para la población.

«Lo que queremos es cambiar el país a través de cambiar la educación. Estamos construyendo una transformación para toda la vida, que permita formar personas capaces de acceder a empleos de calidad, emprender y alcanzar salarios decentes», explicó el funcionario.

Santos Badía explicó que la propuesta contempla la organización del sistema educativo en cuatro subsistemas: educación preuniversitaria, formación técnico profesional, educación superior y ciencia y tecnología, así como una mayor participación de los sectores sociales en la planificación educativa, incluyendo sindicatos, empresarios, docentes, estudiantes y familias.

El funcionario enfatizó que la consulta nacional busca construir una legislación educativa ampliamente consensuada y reiteró que la transformación solo será posible mediante la participación activa de la sociedad.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla Pineda, destacó que la participación del movimiento sindical resulta esencial para diseñar un sistema educativo que responda a las necesidades reales de los trabajadores y del aparato productivo nacional.

«Todo lo que la educación produce, el trabajo lo sostiene. Y todo lo que el trabajo necesita, la educación lo forma. Los trabajadores son la razón de ser más concreta de esta consulta», dijo.

Morla Pineda explicó que la transformación propuesta busca articular de manera coherente la educación, la formación técnico profesional y el mercado laboral, reconociendo las competencias adquiridas dentro y fuera del aula y fortaleciendo el modelo tripartito que ha caracterizado al Infotep desde su creación.

El foro concluyó con las palabras del presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, quien resaltó la importancia de que el país construya una nueva legislación que garantice una educación de calidad y fortalezca el desarrollo nacional mediante el consenso entre los distintos actores sociales.

Los dirigentes sindicales participaron en mesas de trabajo, respondieron cuestionarios especializados para el sector laboral, debatieron preguntas abiertas de la consulta y presentaron propuestas orientadas a fortalecer la calidad de la educación y su articulación con el mundo del trabajo.

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Extractivismo digital: La ofensiva biométrica sobre las infancias en América Latina

Por: Equipo de Investigación de Otras Voces en Educación (OVE)

Ciudad de México / São Paulo / Buenos Aires

Bajo las consignas corporativas de la “modernización”, la “eficiencia administrativa” y la supuesta “seguridad”, las escuelas públicas y universidades de América Latina se han convertido en la nueva frontera del extractivismo de datos. Una silenciosa pero agresiva ola tecnológica avanza sobre las aulas de la región, implementando sistemas de reconocimiento facial, lectores de huellas dactilares y software de vigilancia afectivo-gestual (proctoring).

Lo que las empresas transnacionales de tecnología educativa (EdTech) y los gobiernos locales promocionan como el «futuro de la educación», pedagogos críticos, sindicatos docentes y organizaciones de derechos digitales lo califican como un laboratorio de control social y despojo de la privacidad de los sectores más vulnerables.

El Mapa de la Emergencia: Radiografía de la Vigilancia Regional

La biometría no se presenta de la misma manera en toda la región, pero comparte un mismo objetivo: registrar el cuerpo para automatizar la disciplina.

🇧🇷 Brasil: El rostro a cambio del almuerzo escolar

En Brasil, la biometría facial avanzó de manera masiva en las redes municipales y estaduales de enseñanza bajo la excusa de «controlar el ausentismo» y «optimizar las raciones del comedor».

  • El ejemplo: Municipios como Goiânia (a través del programa Conecta Educação) y diversas localidades del estado de São Paulo adoptaron softwares privados de reconocimiento facial (como faceSchool, de la empresa Biomtech). El sistema escanea el rostro de niños de primaria al ingresar al plantel y, de manera automatizada, envía alertas de texto a los padres y notificaciones al Conselho Tutelar (Consejo Tutelar) si el estudiante no se presenta.
  • La denuncia: Organizaciones civiles como InternetLab e Intervozes han denunciado la profunda opacidad en los contratos y la absoluta vulnerabilidad de los servidores donde se alojan los mapas faciales de millones de menores de edad, violando flagrantemente la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

🇦🇷 Argentina: «Proctoring» y la vigilancia gestual en la educación superior

En Argentina, el desembarco biométrico se aceleró en el nivel superior y secundario técnico, mudando el control físico de los pasillos al ecosistema virtual de los exámenes.

  • El ejemplo: Universidades públicas (como la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de Buenos Aires) e institutos terciarios adoptaron plataformas integradas con el ecosistema de gestión educativa (como variantes del SIU) que incluyen herramientas de proctoring automatizado. Durante los exámenes, el software graba al estudiante, analiza sus movimientos oculares, el parpadeo y la posición de la cabeza para detectar supuestos «patrones de fraude».
  • La denuncia: El Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) ha liderado batallas legales advirtiendo que estos softwares asumen de manera algorítmica que la neurodivergencia, un tic o mirar hacia un costado por concentración son sinónimos de «trampa», estigmatizando y excluyendo a los estudiantes a través de una caja negra matemática.

🇲🇽 México: La burocratización de la identidad y la resistencia civil

En México, la biometría escolar ha intentado filtrarse a través de la presión administrativa de los macroproyectos de identidad digital ciudadana.

  • El ejemplo: Tras las discusiones legislativas y decretos en torno a la modernización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para convertirla en una «CURP Biométrica» (recolectando fotografía facial, huellas dactilares y escaneo de iris), decenas de planteles públicos y privados comenzaron a exigir o sugerir este trámite a los padres de familia como requisito indispensable para las inscripciones escolares.
  • La denuncia: La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) tuvo que activar campaigns de contención legal ante la Secretaría de Gobernación (Segob), obligando a las autoridades a aclarar que ninguna escuela puede condicionar el derecho constitucional a la educación a cambio de datos biométricos. La CURP tradicional sigue siendo el único documento obligatorio.

El Impacto en la Educación Infantil: La Colonización de la Niñez Temprana

El eslabón más frágil de esta cadena punitiva es la Educación Infantil. En los primeros años de vida, el espacio escolar debe ser un entorno de juego, exploración y configuración de la identidad. La introducción de la biometría en el nivel inicial altera profundamente los procesos psicológicos y pedagógicos del desarrollo del niño:

  • Destrucción del espacio seguro: Para el pensamiento infantil, una máquina que escanea sus cuerpos para «permitirles la entrada» o «darles comida» despoja a la escuela de su carácter de hogar comunitario. El aula deja de ser el espacio del cuidado y se asimila a una aduana o una prisión.
  • La mirada del docente como intermediario de la máquina: En la pedagogía de la primera infancia, la mirada afectiva y el registro observacional del maestro son fundamentales para evaluar el desarrollo integral. La biometría desplaza la sensibilidad docente: el maestro ya no valida al niño mediante el vínculo humano, sino que espera a que una pantalla aroje una luz verde de «autorizado».
  • La internalización de la autocensura corporizada: Investigaciones recientes en el campo de la educación y los derechos de la niñez demuestran que someter a niños pequeños a una evaluación algorítmica diaria provoca que modifiquen de manera inconsciente sus gestos y posturas corporales para «agradar» al software, mutilando la espontaneidad afectiva y el desarrollo psicomotriz libre.

Como bien lo ha señalado el colectivo internacional de investigadores coordinado por la coalición Defending Rights & Dissent (2022), «la videovigilancia y el escaneo biométrico constante en la niñez temprana dañan la capacidad de autorregulación interna de los infantes, sustituyendo el aprendizaje social y ético por el miedo al castigo automatizado de la máquina».

El Despliegue de la Infraestructura en la Región

Para comprender cómo opera materialmente este fenómeno en las aulas latinoamericanas, es necesario desarmar los componentes que integran el extractivismo de datos:

El peligro de la convergencia tecnológica: El verdadero hito del extractivismo digital ocurre cuando estas tecnologías se cruzan de forma integrada. Un estudiante latinoamericano puede verse obligado a entregar su huella dactilar para entrar al colegio, su rostro para poder almorzar y el análisis de sus movimientos oculares para aprobar un examen escrito, tejiendo un perfil conductual permanente y comercializable del que las infancias no pueden escapar.

Los Actores del Mercado: El Negocio detrás de los Algoritmos

El mercado corporativo que lucra con el despliegue biométrico en la educación latinoamericana se compone de empresas con lógicas comerciales diferenciadas: las transnacionales globales de supervisión e identidad, y las empresas locales (EdTech) que actúan como aliadas de los gobiernos de la región.

  1. Transnacionales de Supervisión Virtual (Proctoring) e Identidad

Operan de forma masiva principalmente en el nivel técnico superior y universitario de América Latina, mercantilizando el control ocular, auditivo y el reconocimiento facial:

  • Smowltech (SMOWL): Con sede en España, es una de las firmas europeas con mayor penetración en las plataformas de evaluación digital universitarias de América Latina, monitoreando «patrones sospechosos» mediante inteligencia artificial integrada a los campus virtuales de la región.
  • Sumadi: Esta corporación ofrece supervisión remota basada en reconocimiento facial para garantizar la «integridad de las evaluaciones», manteniendo alianzas e integración con los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) más utilizados en las instituciones del continente.
  • Proctorizer: Diseñada específicamente y comercializada con fuerza en el mercado de la educación a distancia en Latinoamérica. Vende a las universidades la promesa de eliminar la suplantación de identidad mediante controles automatizados de reconocimiento facial del examinado.
  • Respondus / Proctorio: Gigantes globales del sector EdTech escolar y universitario ampliamente criticados a nivel internacional por sus invasivas políticas de captura de datos de video, audio y patrones biométricos del teclado, con una extendida presencia en contratos institucionales latinoamericanos.
  1. Empresas Locales de Gestión y Seguridad Escolar (Control de Accesos)

En el nivel de educación infantil y básica, el negocio se enfoca en la «gestión de asistencia» y los accesos físicos mediante el rostro o la huella:

  • Biomtech (Brasil): Desarrolladora del software faceSchool. Lidera contratos con gobiernos municipales (como Goiânia y São Paulo) para automatizar el control de asistencia de las infancias en escuelas públicas bajo la narrativa de la optimización del presupuesto alimentario.
  • Colegium (Chile / Regional): Una de las plataformas de gestión escolar y académica más extendidas de América Latina (con presencia en Chile, Argentina, Colombia y México). Aunque nació como un sistema de administración de notas y comunicación, ha incorporando módulos para centralizar los procesos de control escolar cotidianos.

La Voz de la Resistencia: ¿Por qué decimos NO a la biometría en la escuela?

Desde la perspectiva de la pedagogía crítica de Otras Voces en Educación, la resistencia a estos sistemas no es un rechazo ludita o tecnofóbico; es un acto de defensa de los derechos humanos y de la soberanía de los cuerpos. Sostenemos un NO rotundo basados en tres dimensiones teóricas y políticas urgentes respaldadas por investigaciones científicas globales:

  1. El cuerpo no es una contraseña (Dimensión Técnica y de Seguridad)

Si la base de datos de una corporación o de un ministerio es hackeada y te roban una contraseña digital, puedes restablecerla en minutos. Pero el rostro, el iris y la huella dactilar de un niño son irreversibles; no se pueden cambiar. La recopilación masiva de biometría infantil crea un registro permanente que los expone de por vida al robo de identidad y al perfilamiento comercial.

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2021) en su informe sobre la privacidad en la era digital determinó que:

«Los datos biométricos son únicos e inmutables, por lo que su filtración o uso indebido genera un perjuicio de imposible reparación para el individuo. El uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios educativos vulnera de raíz el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las infancias.»

  1. Formamos ciudadanos críticos, no sospechosos (Dimensión Pedagógica)

La vigilancia modifica la conducta. Un estudiante que ingresa a la escuela sabiéndose escaneado y clasificado por un ojo algorítmico asimila que la desconfianza y el control punitivo son las condiciones normales de la vida en sociedad. La filósofa Shoshana Zuboff, en su obra La era del capitalismo de vigilancia (2020), detalla cómo el extractivismo de datos transforma la experiencia humana en materia prima para la predicción conductual.

Monitorear los cuerpos destruye la confianza pedagógica y la autonomía. Rompe frontalmente con el legado de Paulo Freire (Pedagogía del oprimido, 1970), quien concebía el aula como un territorio de libertad, diálogo y concienciación, jamás de domesticación algorítmica. La vigilancia automatizada anula el «acto de amor y valentía» que constituye la verdadera práctica educativa.

  1. El algoritmo castiga la diversidad (Dimensión Social y de Clase)

La tecnología no es neutral; hereda los sesgos racistas, de clase y de género de los oligopolios tecnológicos que la programan. En su revelador libro Armas de destrucción matemática, la científica de datos Cathy O’Neil (2018) desmitifica la objetividad de estos sistemas:

«Los modelos matemáticos y los algoritmos que gobiernan la inteligencia artificial están basados en elecciones humanas sesgadas. No son objetivos; son opiniones humanas incrustadas en código que automatizan y multiplican la discriminación socioeconómica.»

Los sistemas de reconocimiento facial fallan masivamente al identificar rostros de personas afrodescendientes, indígenas y disidencias. En las escuelas latinoamericanas, esto se traduce directamente en falsos positivos de indisciplina, exclusión injusta en las puertas de acceso y la criminalización tecnológica de las infancias pertenecientes a las clases históricamente desposeídas.

Herramientas de Autodefensa: La Respuesta Colectiva y la Objeción Digital

Frente al avance de la infraestructura EdTech, las comunidades de América Latina están articulando un tejido de respuesta que combina el litigio estratégico, la presión regulatoria y herramientas de concientización comunitaria apoyadas por iniciativas que defienden los derechos de las infancias en la era digital (como las promovidas por Derechos Digitales).

  1. Acciones de Amparo Colectivo y Decisiones Judiciales de Suspensión
  • En Argentina: Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el O.D.I.A. lograron importantes precedentes judiciales con amparos y fallos de inconstitucionalidad que frenaron sistemas de reconocimiento facial masivo e intentonas de control biométrico en edificios públicos. Estos mismos recursos se adaptan en las universidades para denunciar la ilegalidad del e-proctoring al no contar con evaluaciones de impacto previas ni consentimiento libre de los estudiantes.
  • En México: Activistas y familias, respaldados por la R3D, activaron amparos frente a las exigencias informales de datos biométricos o la «CURP Biométrica» en los procesos de inscripción. Las resoluciones han forzado a las autoridades a ratificar que ningún derecho social puede ser condicionado o revocado a cambio de entregar datos del cuerpo.
  1. Campañas de «Objeción Digital» y Kits de Derecho de Admisión
  • Kits de cartas de rechazo de consentimiento: Formatos legales estándar que padres y madres entregan en las escuelas exigiendo que sus hijos no sean sometidos a escaneos faciales ni de huellas dactilares. Estas cartas apelan al derecho superior de la niñez y a las normativas de protección de datos personales de cada país, exigiendo un método alternativo no biométrico de asistencia (como listas físicas o credenciales tradicionales).
  • Políticas de Privacidad Escolar desde las Familias: Campañas de concientización dirigidas a cooperadoras y sindicatos docentes para prohibir que las escuelas utilicen aplicaciones móviles comerciales que requieran geolocalización o almacenamiento en la nube de fotografías de los alumnos sin el consentimiento expreso, informado y revocable.
  1. Denuncias ante los Organismos de Protección de Datos Personales
  • En Brasil: Organizaciones civiles como InternetLab e Intervozes han impulsado denuncias basadas en la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Mediante solicitudes de transparencia y denuncias administrativas, exigen a las secretarías de educación municipales que abran los contratos firmados con las empresas de reconocimiento facial (faceSchool o similares), obligándolas a revelar dónde se alojan las plantillas biométricas y quién tiene acceso a ellas, lo que ha provocado la suspensión técnica de varios contratos por no cumplir con los estándares de seguridad mínimos requeridos para proteger a menores.
  1. Resistencia Tecnológica y de Infraestructura Autogestionada
  • Migración a Software Libre: En respuesta al monitoreo invasivo de los exámenes virtuales (proctoring), colectivos de estudiantes universitarios y docentes críticos de países como Perú (p. ej., a través de denuncias de Hiperderecho) y Chile promueven el boicot a programas cerrados y privativos de corporaciones globales, exigiendo la migración hacia sistemas abiertos y herramientas de evaluación que no requieran análisis biométrico o de visión por computadora para validar el rendimiento académico.

De la Resistencia Individual a la Autodefensa Colectiva

El avance de la biometría en las escuelas de América Latina devela un intento de suplantar el rol docente y el cuidado comunitario por la gestión fría de un algoritmo privado. Frente a la indefensión administrativa en la que se encuentran miles de familias, la respuesta no puede ser el aislamiento.

La principal lección de la resistencia latinoamericana es que las herramientas puramente individuales no bastan. Por ello, desde las redes de educación popular, sindicatos de los 15 países de la región y plataformas como OVE, se avanza en la construcción de Protocolos Participativos de Actuación y Kits de Objeción Digital. En estos laboratorios comunitarios, toda la escuela (directivos, profesores, padres y estudiantes) debate colectivamente antes de que una sola cámara entre a un plantel, devolviendo la gobernanza de la tecnología a los seres humanos y alejándola del mercado corporativo. La consigna que unifica a la comunidad educativa latinoamericana es innegociable: con los datos, los cuerpos y las infancias de nuestra región, no se comercia.

Referencias Bibliográficas

  • ACNUDH [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] (2021). El derecho a la privacidad en la era digital (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/48/31). Organización de las Naciones Unidas.
  • Defending Rights & Dissent [Colectivo de Derechos y Disidencia] (2022). Vigilancia y control algorítmico en las escuelas de la primera infancia: Un ataque al desarrollo psychoemocional. DRD Press.
  • Derechos Digitales (2024). Informe sobre los derechos de la niñez frente al extractivismo EdTech y la infraestructura de vigilancia escolar en América Latina. Santiago de Chile.
  • Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
  • InternetLab & Intervozes (2023). O rosto da escola pública: O avanço do reconhecimento facial e a proteção de dados de crianças e adolescentes no Brasil. Monografías de Derechos Digitales, São Paulo.
  • O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática: Cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Capitán Swing.
  • R3D [Red en Defensa de los Derechos Digitales] (2024). La CURP biométrica y la exclusión escolar en México: Informe técnico de derechos digitales frente al abuso administrativo. Ciudad de México.
  • Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de vigilancia: La lucha por un futuro humano en el nuevo orden de la tecnopoder. Paidós.
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Gremios de la educación entregan carta a presidente Kast evidenciando consecuencias de los recortes y estado de alerta ante presupuesto 2027

Ocho organizaciones gremiales de la Educación entregaron una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que manifiestan su profunda preocupación por la actual situación de la Educación en Chile, derivadas por medidas como los recortes en los presupuestos, la probable ‘pausa’ en el proceso de implementación de los Slep’s; la ley Escuelas Protegidas y el proyecto de incivilidades.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo “estas son las grandes inquietudes que tenemos como representantes de los distintos mundos de la Educación. Nos hacemos eco de la preocupación de la población reflejada en la última encuesta CEP en que la Educación aparece tercera junto a seguridad y economía. Por lo tanto, creemos que cuando se afecta la educación, se afecta a toda la población chilena y a la ciudadanía”.

El líder gremial docente explicó “esta coordinación, es un trabajo conjunto que estamos realizando los Gremios para juntar fuerzas y defender el derecho de la Educación en nuestro país, vamos a invitar a otras organizaciones, para que esta convergencia siga creciendo, porque es la manera que tenemos para convocar a la ciudadanía a defender la educación, sus recursos y hacer frente a esta amenaza que visualizamos para el 2027 que podría venir con más recortes. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar que esa situación ocurra”.

Por su parte, María Beatriz Fuenzalida Cofré, Presidenta Nacional de Andime, advirtió “los recursos que se emplean en educación los aportan todos los chilenos y chilenas a través del pago de impuestos, retrasar la instalación de los SLEP, les da carta abierta a las Municipalidades a que gasten la plata en lo que quieran. Hay que recordar que los Slep’s se crearon precisamente para que los recursos de educación se gastaran en educación”.
La Dirigenta denunció “están reduciendo a los funcionarios públicos para que no fiscalicemos, nosotros defendemos a todos los ciudadanos, ciudadanas y sus familias. La educación es un derecho fundamental. Esperamos que el señor presidente esté a la altura y nos dé una respuesta fortalecida y convincente”.

Javier Obando, Dirigente Nacional de ASUME, acusó que “queremos hacer hincapié que no estamos fiscalizando los recursos del Estado. Estamos muy preocupados porque la comunidad escolar completa hoy está al arbitrio de los sostenedores. No hemos tenido absolutamente ninguna fiscalización a los establecimientos educacionales con respecto al uso de los recursos que deben presentar los sostenedores de Chile. Nos estamos dedicando solamente al tema de las denuncias”

Finalmente, Takuri Tapia, Presidente de la FENTUECH, Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile, resaltó “a través de esta carta planteamos nuestra preocupación por la situación de las Universidades del Estado que hoy tras los recortes ya se han descontinuado ciertos programas, esa situación es preocupante para las comunidades universitarias. El 3% que en algún momento se anunció podría significar el 15 o hasta el 20% del presupuesto de las universidades. Así que manifestamos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con estos recortes y también por lo que pueda venir el 2027”.

https://g5noticias.cl/2026/06/22/gremios-de-la-educacion-entregan-carta-a-presidente-kast-evidenciando-consecuencias-de-los-recortes-y-estado-de-alerta-ante-presupuesto-2027/
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Italia prohíbe la educación sexual en las escuelas

La normativa impone un veto directo en primaria y exige el consentimiento explícito de los padres para secundaria, dejando desprotegidos a los menores procedentes de los entornos más vulnerables.

En Roma, el Senado italiano aprobó el pasado 5 de junio el texto definitivo de la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, con un resultado de 78 votos a favor y 38 en contra. Esta nueva legislación, que ya había superado previamente su trámite en la Cámara de Diputados tras tensos debates parlamentarios el pasado mes de noviembre, regula de forma estricta la implementación de las horas destinadas a impartir contenidos de educación sexual en los centros educativos de todo el país, relegando el estudio de la sexualidad exclusivamente al ámbito de la biología.

Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it
Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it

Según informa il manifesto, la normativa establece una prohibición total de estos programas en la educación primaria. A partir de la educación secundaria, equivalente a los 12 años de edad en adelante, la realización de estos talleres estará condicionada al consentimiento previo y expreso de los progenitores. Las familias dispondrán, además, del derecho a revisar detalladamente los materiales didácticos que se vayan a utilizar y a “evaluar la idoneidad de los profesionales externos implicados en las actividades”. Esta postura coincide con las declaraciones de la primera ministra italiana, la fascista Giorgia Meloni, quien ha defendido públicamente que “la formación de los niños en materias tan delicadas debe corresponder en exclusiva al ámbito familiar”.

Por su parte, el ministro Giuseppe Valditara calificó la aprobación de la ley como “un paso histórico para el sistema educativo”, argumentando que la medida tiene como propósito fundamental “proteger a los estudiantes de la propaganda de género y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas”. Esta perspectiva ha sido respaldada firmemente por las fuerzas ultraderechistas de la mayoría gubernamental, integradas por los partidos de la Lega y Fratelli d’Italia, así como por asociaciones familiares de corte ultraconservador. El Movimiento de Padres Italianos (Moige) y el colectivo Pro Vita & Famiglia, representado por su portavoz Jacopo Coghe, manifestaron su satisfacción ante el resultado de la votación en el Senado, atribuyéndose el éxito de una ley que consideran “un freno necesario”.

Estigmatización y censura

Sin embargo, la aprobación de la ley ha desatado una profunda preocupación y el rechazo inmediato de múltiples organizaciones y entidades dedicadas a la prevención de la violencia de género. La federación Arcigay criticó duramente la decisión del Ejecutivo, calificándola como “un grave retroceso autoritario que no logrará hacer desaparecer las dudas e inquietudes de los jóvenes”. Del mismo modo, la organización Una, Nessuna e Centomila subrayó la contradicción que supone obstaculizar la información afectivo-sexual en las aulas en un contexto marcado por el incremento de las infecciones de transmisión sexual y las agresiones sexuales entre la población adolescente.

Desde el ámbito técnico y pedagógico, entidades como la asociación Educare alle Differenze denunciaron en declaraciones recogidas por medios de comunicación como El Salto que la nueva ley “estigmatiza la educación afectiva y generará un clima de censura y persecución sobre el profesorado”. Además, la red institucional Ready y diversos expertos en salud pública recordaron que el texto aprobado colisiona frontalmente con las recomendaciones internacionales fijadas por la OMS, la Unesco y los principios de la Convención de Estambul. Advierten también de que la falta de herramientas educativas en los entornos escolares formales dejará desprotegidos a los menores procedentes de entornos vulnerables y trasladará el aprendizaje sobre la sexualidad al ámbito descontrolado de la pornografía en internet.

https://diariosocialista.net/2026/06/17/italia-prohibe-la-educacion-sexual-en-las-escuelas/

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“Si siguen gritando, los mataremos”: los ataques contra la educación aumentan un 40% en el mundo

Silvia Laboreo Longás

Un informe documenta al menos 8.566 agresiones contra centros educativos, estudiantes y docentes entre 2024 y 2025. El uso militar de las escuelas casi se duplica y también se incrementan los ataques con drones.

En la madrugada del 2 de agosto de 2024, unos 15 miembros de la banda 400 Mawozo irrumpieron en el Instituto Montfort, una escuela para niños y jóvenes sordos y sordociegos en la comuna Croix-des-Bouquets, en Haití. “Los niños tenían mucho miedo. Empezaron a gritar y los miembros de la banda les apuntaron con sus armas y dijeron: ‘Si siguen gritando, los mataremos’. Los niños se tiraron al suelo y ellos se llevaron todo”, explicaba una responsable del centro.

Este es uno de los testimonios que se recogen en el informe de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés), publicado este lunes, que alerta de un aumento del 40% de los ataques contra la educación en todo el mundo en 2024 y 2025, en comparación con el periodo anterior.

Se documentaron al menos 8.566 ataques contra escuelas, universidades, alumnos y profesores, y casos de uso militar de centros educativos, que afectaron a más de 10.600 estudiantes y personal educativo en 83 países, incluidos 55 que no tenían un conflicto armado activo.

“Lo que estamos viendo es devastador. Las escuelas están siendo bombardeadas o destruidas y los estudiantes asesinados. Las niñas sufren violencia sexual y los niños son reclutados por grupos armados cuando van de camino al colegio”, dice Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA, en una entrevista con este diario. “Las escuelas son la última línea de nuestra humanidad”, continúa. “Se han erosionado los valores y normas compartidos que establecen que deben ser protegidas y que los niños no pueden ser un objetivo. Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación”, enfatiza.

Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación. Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

En 2024 y 2025, los lugares con más agresiones documentadas fueron Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Haití y Colombia. Ucrania sufrió alrededor de 900 ataques contra escuelas. Haití, país que se analiza por primera vez en este informe, sufrió más de 400 ataques. En Palestina se registraron al menos 2.400 ataques contra estudiantes, docentes y personal educativo. “Se estima que más del 98% de la infraestructura educativa ha sido destruida [en Gaza]. Esto no es accidental. Es una forma de destruir la moral de la población, el futuro de los niños y de limitar sus oportunidades educativas”, explica Chung.

Myanmar, Nigeria, Yemen y Camerún concentraron el mayor número de víctimas de ataques contra la educación, con más de 1.700 estudiantes y trabajadores educativos asesinados o heridos entre los cuatro países.

“Hay un aumento en los casos reportados. Por eso creemos que las cifras reales son incluso más altas”, explica Chung. “Existen violaciones infradenunciadas, especialmente aquellas que ocurren en pequeñas zonas rurales. Sabemos que la intensidad de los conflictos está aumentando y eso se traduce en un mayor número de víctimas”, añade.

La directora ejecutiva de GCPEA explica que países como Colombia cuentan con gran capacidad para documentar los ataques. En otros, como RDC, Haití o Ucrania, hay misiones de Naciones Unidas sobre el terreno, lo que permite saber lo que está pasando. “En cambio, en otros como Sudán o Sudán del Sur, la presencia internacional es mucho menor. No tenemos acceso humanitario ni podemos desplazarnos para verificar los hechos. Además, se producen cierres masivos del acceso a las redes sociales y una fuerte represión de la libertad de prensa. Muchos ataques simplemente no llegan a ser documentados”, explica.

Una situación que podría empeorar como consecuencia de los recortes de fondos para la cooperación. “Estamos viendo un verdadero ataque contra el ecosistema que sustenta el monitoreo y la elaboración de informes, especialmente en el ámbito educativo. Hemos visto cómo varios financiadores han dado un paso atrás. También hemos presenciado recortes a organizaciones que proporcionan datos fundamentales sobre el origen de las municiones, que verifican los ataques y realizan el seguimiento de esta información”, relata. “Dentro de uno o dos años podríamos encontrarnos en una situación en la que el número de ataques parezca haber disminuido significativamente, pero solo porque la capacidad de documentarlos se habrá visto gravemente dañada”, añade Chung.

Ataques con drones

En 2024 y 2025, GCPEA identificó al menos 11 países donde niñas y mujeres fueron objeto de ataques contra la educación debido a su género: Afganistán, Camerún, República Centroafricana (RCA), Colombia, Haití, India, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán y Yemen.

Chung destaca el caso de Afganistán. “Observamos una disminución en el número de ataques en el país”, explica. “La guerra que se libra contra la educación en Afganistán es tan grave que, aunque el número de explosiones o de asesinatos denunciados pueda haberse reducido, las niñas simplemente no pueden ir a la escuela. Intimidan a cualquiera que intente crear centros educativos”, añade. El informe documenta el cierre en enero de 2025 de un centro de formación en inglés en la provincia de Ghor que brindaba educación a niñas de grados superiores al sexto. “Llevamos ya más de cinco años de exclusión. No es un tiempo que pueda recuperarse fácilmente”, expone.

El GCPEA alerta del uso cada vez mayor de armas explosivas, incluidos los explosivos lanzados desde drones, con 300 ataques contra centros educativos documentados, muchos de ellos durante el horario lectivo. “Podemos ver que los Estados están atacando deliberadamente instituciones educativas. Además, con la tecnología asociada a los drones, la precisión que ofrecen y la cantidad de información de la que disponen quienes los utilizan, resulta mucho más difícil afirmar que estos ataques son accidentales. Debe haber mucha más rendición de cuentas”, enfatiza.

Cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo

Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

También se ha registrado un aumento del uso militar de escuelas y universidades. Los casos documentados pasaron de 1.000 en el informe anterior a más de 1.900. Para Chung, “esto es realmente grave, porque cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo”, exponiendo a los estudiantes a bombardeos, reclutamiento forzoso o violencia sexual.

Este uso militar provoca un “efecto disuasorio”. “Si sientes que la escuela ya no es segura y decides no enviar a tus hijos o abandonar los estudios, es algo que no constituye un ataque en sí mismo, pero tiene implicaciones duraderas para la seguridad, la protección, el bienestar y la participación de los niños en la educación”, añade.

La GCPEA insta a que se respalde de forma universal la Declaración sobre Escuelas Seguras y hace un llamamiento a los gobiernos, los organismos de la ONU y los donantes para que refuercen las protecciones legales, pongan fin al uso militar de las escuelas, mantengan el seguimiento de los ataques y doten de recursos a los sistemas de alerta y prevención.

https://elpais.com/planeta-futuro/2026-06-15/si-siguen-gritando-los-mataremos-los-ataques-contra-la-educacion-aumentan-un-40-en-el-mundo.html

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México: IA obliga a universidades a replantear el sentido de la educación; 66% de estudiantes la usan

Carolina Gómez Mena
Aunque 73 por ciento del alumnado desconoce si su universidad cuenta con lineamientos claros para el uso de la inteligencia artificial (IA), según datos oficiales, 66 por ciento utiliza estas herramientas de manera cotidiana, ocho
de cada 10 las emplean para generar textos y 80 por ciento considera que transformarán profundamente la profesión que estudian, planteó el doctor Luis Medina Gual, director de Innovación Educativas de la Universidad Iberoamericana.

Al participar en TEDx IBERO, el especialista en evaluación del aprendizaje y tecnologías aplicadas a la educación, indicó que la irrupción de la IA está obligando a las universidades a replantear lo que significa aprender cuando una máquina puede producir respuestas en segundos y sostuvo que el principal desafío de la IA no es tecnológico, sino educativo.

Medina Gual aseguró que la inteligencia artificial obliga a replantear para qué educar y qué habilidades humanas seguirán siendo indispensables y reflexionó sobre los profundos cambios culturales que acompañan a esta tecnología.

A su juicio, gran parte del debate sigue concentrado en cómo enseñar, cómo evaluar o cómo evitar el uso de estas herramientas, cuando la pregunta más importante debería ser otra: “¿para qué educar y en qué deberíamos educar?”.

Nuevas generaciones crecieron rodeadas de plataformas digitales

Asimismo, recordó que las nuevas generaciones crecieron rodeadas de teléfonos inteligentes, plataformas digitales y acceso permanente a información, una realidad que está transformando la manera de aprender, relacionarse y construir conocimiento.

Ante ese escenario, consideró que las universidades deben adaptarse con rapidez, pero sin perder de vista su misión esencial.

“La inteligencia artificial no nos está volviendo más inteligentes. La inteligencia artificial nos está obligando a custodiar la inteligencia humana”, sostuvo.

Frente a esta realidad, más que competir con los algoritmos, el reto de la educación superior será fortalecer aquello que sigue siendo exclusivamente humano: la capacidad de formular buenas preguntas, ejercer juicio crítico y tomar decisiones responsables en un mundo cada vez más mediado por la tecnología.

Para explicar la magnitud del cambio, relató una experiencia ocurrida en una de sus clases de estadística. Tras revisar diversos trabajos académicos, detectó conceptos y estructuras que nunca habían sido abordados en el aula. Al preguntar al alumnado, la respuesta fue inmediata: habían utilizado IA.

No interpretó el episodio como un problema disciplinario, en cambio decidió convertirlo en una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la educación.

https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/06/05/sociedad/ia-obliga-a-universidades-a-replantear-el-sentido-de-la-educacion-66-de-estudiantes-la-usan
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Chile. “Ley del soplonaje de Kast”: Advierten por efectos en salud pública, educación, seguridad y derechos de niños migrantes

Por Seguel Alfredo.

La llamada “Ley de soplonaje” obligaría a colegios y servicios de salud a entregar información de extranjeros a la autoridad migratoria. Expertos advierten sobre aumento de enfermedades infectocontagiosas, vulneración de derechos de niños, ausentismo escolar y mayor costo fiscal. El modelo inspiraría medidas similares al ICE estadounidense.

La llamada “indicación del soplonaje” es cuestionada por sus posibles efectos en salud pública, educación, seguridad y derechos de niños migrantes, según reveló El Mostrador en su programa Punto por Punto con la periodista Paulina de Allende-Salazar. La medida, que obligaría a colegios, servicios de salud y otros organismos a entregar información de extranjeros a la autoridad migratoria, ha generado advertencias de expertos, ministros y exministros, quienes señalan que puede generar efectos graves en múltiples áreas del país.

Entre los riesgos mencionados por los especialistas en la publicación de El Mostrador se encuentran el “aumento de enfermedades infectocontagiosas, vulneración de derechos de niños, más ausentismo escolar, deterioro en salud mental y mayores costos fiscales”. La lógica detrás de esta indicación obligaría a los servicios públicos a actuar como informantes de la autoridad migratoria, lo que, según los expertos, podría disuadir a las familias migrantes de acceder a atención médica y educación, generando un efecto sanitario y social adverso para toda la población.

El Mostrador también alertó que estas medidas están “inspiradas en el modelo ICE de Estados Unidos”, el servicio de control migratorio estadounidense, y advirtió que podrían “reducir la confianza en servicios públicos y agravar problemas de seguridad”. La pérdida de confianza en hospitales y escuelas por parte de comunidades migrantes podría generar un deterioro en la capacidad del Estado para controlar brotes epidemiológicos, afectar la salud mental de niños y familias, y aumentar el ausentismo escolar, con el consiguiente impacto en la integración social y la seguridad ciudadana.

https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/06/01/chile-ley-del-soplonaje-de-kast-advierten-por-efectos-en-salud-publica-educacion-seguridad-y-derechos-de-ninos-migrantes/

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