Educación

Por: Maestra Erica Franco Lavín

    Las declaraciones en torno a la reapertura de escuelas se ha vuelto parte del debate público. Los 8 meses de confinamiento que iniciaron desde el mes de marzo con el cierre total de las escuelas en todos los niveles educativos, representó una de las medidas más importantes para evitar el contagio del COVID-19. Esta acción se convirtió en un parteaguas en el sistema educativo: no existe antecedente de un cierre masivo de escuelas en nuestro país, pues la emergencia de salud no dejó otras opciones y se tuvo que improvisar, adaptar, reorganizar, romper paradigmas y avanzar con los recursos que se tenían a la mano para continuar con la labor educativa a distancia.

    Las estrategias diseñadas desde la Secretaría de educación a lo largo de estos meses se basaron en el desarrollo gradual de la pandemia, tomando como referente el semáforo epidemiológico que el sistema de salud estableció como parámetro para regular la dinámica social, económica y educativa; con base a esto se informó que sería hasta que el semáforo estuviera en verde cuando se regresaría a clases de manera presencial.

    Hoy son tres estados que han pasado a esta categoría, Campeche, Chiapas y Veracruz, sin embargo las declaraciones de las autoridades estatales de estas entidades han sido prudentes, considerando que una decisión sobre este tema no puede darse de  manera simplista y apresurada, no puede basarse solo a partir de su pase a semáforo verde, aunque por el  contrario, otros  estados como Jalisco se aventuran a declarar que es muy probable un regreso paulatino a las escuelas a partir del 25 de enero, a pesar de que su estado se encuentra en semáforo naranja considerado de alto riesgo en cuanto a contagios.

     El regreso a clases presenciales y por ende la reapertura de escuelas da pie a un debate público, generando voces de encuentro y desencuentro. El tema se vuelve polémico y desde diversas aristas se analizan los pros y contras; a partir del contexto de cada alumno, docentes y padres de familia se generan dudas e inquietudes, mientras que las autoridades educativas estatales y federales emiten declaraciones diversas y ambiguas que llegan a reflejar una falta de coordinación.

     El punto medular sobre el regreso a clases presenciales y la reapertura de las escuelas no tendría que girar en torno a una fecha, sino a las condiciones mínimas que deben existir para dicho regreso: tener claro esto permitiría dar certeza a todos los que integran la  comunidad educativa, despejaría dudas e incertidumbres, se generaría la confianza para dar ese paso, algo que hoy no existe, pues el rezago en que se encuentran la mayoría de los planteles en cuanto a su infraestructura solo aumenta el temor entre docentes y directivos, pues se sabe que no se tienen las condiciones necesarias para poder abrirlas, pero sobre  todo porque las autoridades educativas y gubernamentales no han diseñado un proyecto integral donde explícitamente se aborden las acciones previas a la reapertura y en  sus declaraciones ante los medios tampoco asumen compromisos para destinar mayores recursos o financiamiento.

    Las 9 acciones emitidas por la SEP en el mes de mayo contemplaban en términos generales la formación de comités participativos de salud escolar, el uso de cubrebocas, sana distancia, uso de espacios abiertos, acceso a agua y jabón y modalidad de clases alternada por apellidos. Pero  hoy sabemos que  esto no será suficiente, porque el impacto de la pandemia requiere acciones mayores y, ante esto, resulta preocupante que durante todos estos meses de confinamiento no se ha programado ni operado un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran actualmente los planteles escolares. Se tuvieron 8 meses para poder establecer un proyecto amplio que permitiera realizar una investigación profunda para conocer  las inquietudes y las necesidades que existen en las escuelas y así, de manera conjunta  emprender acciones de largo alcance para subsanar estas carencias.

    La planeación para la reapertura de las escuelas debe contemplar la orientación y capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia por personas profesionales del sector salud, el acompañamiento debe ser permanente, se debe considerar  la  existencia de  personal suficiente para poder llevar a cabo las clases  presenciales de manera segura, sin que se dé una sobrecarga de actividades y nuevas responsabilidades a los docentes. Una prioridad debe ser también la dotación de insumos y el equipamiento requerido para la protección de los estudiantes y profesores, algo que las autoridades tienen la obligación de garantizar.

             La fase operativa para retornar  a las escuelas será la más compleja, tendrá que ser a partir de programas pilotos, las escuelas tendrán que ser monitoreadas constantemente, rediseñando y corrigiendo las acciones que no reflejen resultados favorables; los protocolos establecidos deben ser ejecutados con responsabilidad y seriedad, ya que muchas veces suelen terminar en simples documentos cuyo único valor radica en haber sido anunciados con bombo y platillo en una conferencia de prensa pero terminan siendo normatividad de escritorio y carga burocrática.

      El análisis en torno al regreso a clases presenciales es por demás extenso, no puede reducirse a una fecha y mucho menos a un discurso unilateral y de imposición: está en riesgo la salud de millones de estudiantes y docentes, por lo que será una labor titánica diseñar un proyecto para la reapertura de las escuelas con la pandemia aún latente. El camino para el regreso a clases presenciales se divisa largo, con muchos obstáculos y no podemos transitarlo rápidamente como algunos lo proclaman.

      El consenso entre los que integran la comunidad educativa será un punto de partida  imprescindible. Son ellos los que estarán en las escuelas y no puede tomarse una decisión sin considerarlos. Resolver el rezago y abandono en infraestructura que por décadas han tenido las escuelas en tan corto tiempo es un gran reto, sin embargo, los problemas se vuelven  oportunidades, sobre todo para las autoridades quienes tienen la posibilidad de transformar nuestros centros educativos en espacios verdaderamente dignos, seguros y aptos para cuando tengamos que retornar a las aulas.