escuelas normales

David Calderón

En su Política para Amador, el filósofo Fernando Savater expone con mucho tino qué es lo que está errado en la sucesión dinástica que supone una monarquía, y por qué, con todos su bemoles, es mejor y más digno un sistema electoral competitivo para elegir a la cabeza del Estado. El asunto es que las virtudes y alcances de una persona, su destacado desempeño como líder, pueden no estar para nada presentes, o no en los niveles adecuados, en sus descendientes. La monarquía hereditaria nos quiso ahorrar -obvio, con gran ganancia para las pocas familias involucradas directamente- la inestabilidad del cambio, y para ello se permitió una alucinante concentración de poder y recursos para preparar a los sucesores, y que así –supuestamente- llegaran listos al puesto que era su destino. Amargamente descubrimos que la sucesión hereditaria trae más distorsiones que certezas, y que tener a alguien en una función vitalicia y con privilegios sucesorios, sin evaluaciones de desempeño que pudieran condicionar su permanencia, es sencillamente validar la tiranía.

Con gran trabajo nos hemos desembarazado, en la sociedad contemporánea, de esa tradición. Con la Ilustración y las revoluciones liberales del XIX, también nos quitamos de la idea de que los hijos deben seguir forzosamente los oficios de sus padres y que es injusto para ellos, porque es inaceptable que se imponga sobre la voluntad individual un arreglo social que privilegia estabilidad sobre logro. “te toca carnicero, ni modo”; “dibujas bien, pero eso es irrelevante”; “te toca ama de casa y esposa calladita, aunque tienes talento de oradora y talante de aventurera”.

Igual de importante, se fue consolidando con evidencia la convicción de que el sistema hereditario deteriora el bien que los ciudadanos ofrecen a la colectividad si no hay control externo e independiente -para ser médico hay que estudiar y pasar exámenes, pues heredar la licencia para ejercer sin más es poner a los demás en peligro. En el último siglo nos estamos volviendo aún más precisos: cuestionamos los sistemas de complicidad y poder de los matrimonios convenientes, de las empresas familiares opacas, de la red de autoprotección –para consolidar la discriminación, la impunidad y el privilegio- en los colegios privados, e incluso, en las sociedades más avanzadas, cuestionamos que sin más se hagan los legados y herencias de bienes, pues concentran la riqueza y detienen el progreso y la innovación, y que por tanto, deben tasarse vigorosamente (ésa es hoy la verdadera prueba de qué tan liberal y creyente en el mérito individual es un político o empresario “liberal”).

Uno de los procesos fundamentales que se desprenden del cambio constitucional y legal para el sistema educativo, aprobado en 2013 y de observancia obligatoria para la Federación y los estados, es el ingreso a la profesión docente a partir de un concurso público. Es decir, a diferencia de la práctica vigente hasta entonces, los nombramientos que le dan ingreso al servicio como maestro a una o un joven, no pueden estar vinculados al prestigio dinástico de sus padres maestros; no se puede “heredar” la plaza, como se venía haciendo, ni tampoco tenerla comprada, canjeada, condicionada a moche, favor o apoyo; ni siquiera puede ser “automática”.

En una profesión de servicio público, el hecho de haber estudiado en una escuela –incluso a cargo del estado, como las Normales públicas- no garantiza que están presentes los rasgos del perfil, o bien, estando presentes, no ordena la adecuada prelación para la designación como servidor público –garante del derecho a aprender de los niños- y que se ocupen los puestos disponibles. Nunca hubo derecho a heredar o transar plazas; ahora tampoco se “dan”, pues no son propiedad de los maestros: son mandatos de la sociedad democrática, de enorme dignidad y responsabilidad, pero no son propiedades y menos perpetuidades.

Las discusiones con el equipo de transición y con los legisladores llevaron a que se notara que la mera resolución correcta de un examen de oposición (en pantalla, pero es equivalente a un examen de papel y lápiz) es un indicio significativo pero incompleto de la idoneidad de un maestro novel. Por ello quedó plasmado en el artículo 22, párrafo segundo de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que en los dos primeros años los maestros que alcancen una asignación a resultas del concurso tiene derecho y obligación de recibir tutoría, por parte de un docente experimentado.

Esta ha sido una de las piezas de la reforma legal que peor se ha implementado, y en la que el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen poco qué presumir. Para los años de concurso vigente con las nuevas reglas, no hay información confiable pública sobre las tutorías efectivamente realizadas, caso por caso. El único estudio disponible al respecto, realizado por el INEE en el ciclo escolar 2015-2016, muestra que sólo 36% de los nuevos ingresados tuvieron al menos una sesión con sus tutores. No hubo presupuesto, no quedaron claras las reglas de designación de tutores, hay barrera de tiempo o distancia… no lo sabemos. Aquí hay un tache muy grande al equipo actual de la SEP y sus correspondientes en los estados; le están fallando a dos tercios de los maestros que comienzan su vida profesional con el nuevo esquema, y sobre todo están violando –sí, las autoridades- el derecho de los niños al máximo logro de aprendizaje, como marca la Constitución, pues es garantía de dicho derecho contar con un maestro idóneo según lo que marca la ley.

Así que nos la deben. Se lo deben a los miles de jóvenes con vocación que se han esmerado por ser las primeras generaciones que tiene sobre sus hombros la mirada escrutadora de la sociedad, con un marco legal exigente para poner sobriedad al bandidaje extremo de las cúpulas sindicales, partidistas y burocráticas. ¿Tendremos los ciudadanos que recurrir a la legítima defensa en tribunales? ¿Habrá un spot televisivo sobre los logros de la tutoría? Este pendiente de la reforma emplaza directamente al nuevo secretario Granados, al INEE tan ausente en temas de derechos, a la CNDH, a los gobiernos estatales. Salir de la herencia es logro. Pero solo si no caemos en la simulación.