Estados Unidos

Por: Jorge Forero Coronel y Nelson Ortega Bonilla/Investigadores del CII-OVE 

El gobierno de los Estados Unidos de América, se ha caracterizado por la promoción de una visión sesgada y reduccionista en materia de Derechos Humanos, centrada en el mito del excepcionalismo moral de ese país, lo cual ha derivado en la tendencia a exceptuarse a sí mismo de los estándares que aplica a los demás[1], los dobles estándares para naciones amigas y enemigas, y el aislamiento legal o negación arbitraria de derechos humanos universales en su jurisdicción, sin que los paladines de la Defensa las libertades fundamentales; sus socios Europeos, cuestionen estas acciones.

De hecho es evidente que ese tema es usado como un instrumento de su política exterior, y que esa lógica supremacista explica su autoproclamación como garante global de dichos derechos, a partir de intereses que nada tienen que ver con una genuina preocupación por el disfrute, promoción y protección de los mismos.

En el presente documento se expone un análisis crítico de las políticas y las prácticas de los Estados Unidos de América en materia de Derechos Humanos, tanto en su actuación internacional como en su jurisdicción.  Sobre la base de un conjunto de datos, se valora la actuación de ese gobierno en  algunas dimensiones, tales como:

1. Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos.
2. Uso sistemático de torturas y tratos inhumanos de manera directa, así como asistencia y cooperación con gobiernos que han generalizado estas prácticas.
3. Criminalización de las migraciones: vulneración de derechos a personas con necesidad de protección internacional; Separación forzosa de familias y violación de derechos humanos a niños migrantes no acompañados.
4. Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia.
5. Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México.
6. Balance de sus intervenciones militares extraterritoriales.
7. Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneración de los Derechos Humanos.

1. Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos

Estados Unidos niega la jurisdicción de la legislación internacional de derechos humanos dentro de su jurisdicción y legislación interna. De un total de 61 instrumentos de derechos humanos, Estados Unidos sólo es Estado Parte en 18 de ellos. Es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Además, es notable el hecho de su no ratificación de otros importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que sobresalen:

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
• Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer;
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad;
• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas;
• Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

La exclusión del conjunto de convenciones en materia de derechos humanos en áreas especialmente sensibles, demuestra el doble discurso del gobierno de los Estados Unidos e incluso pone de manifiesto su verdadero talante de transgresor sistemático de derechos humanos fundamentales.

2. Uso sistemático de torturas y tratos, crueles, degradantes e inhumanos

El gobierno de los Estados Unidos de América emplea de manera sistemática las torturas, los tratos crueles, degradantes e inhumanos, como política. Existe una extensa documentación al respecto, en la presente reflexión se van a referir dos informes puntuales, en los cuales queda explícita la actuación violadora de derechos humanos de organismos de ese país.

El Senado de los Estados Unidos publicó un informe de investigación (2014), sobre los programas de interrogatorios desarrollados por la CIA, en el cual se evidenció el alcance de las violaciones de los derechos humanos de los detenidos y de las faltas de garantías del debido proceso.

En las cárceles secretas operadas por Estados Unidos se han cometido graves violaciones de los derechos humanos que califican como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los actos cometidos por Estados Unidos incluyeron simulación de asfixia, la desnudez forzada, la exposición a bajas temperaturas, los baños de agua congelada, la privación del sueño por largos períodos de tiempo, la alimentación e hidratación rectal y las amenazas de abusos y muerte contra las personas detenidas.

Las torturas y los tratos crueles, degradantes e inhumanos, forman parte orgánica de la política de los Estados Unidos. El Informe 2017 de Amnistía Internacional, referido a la actuación de ese país, reseña que en una entrevista el 25 de enero (unos días después de su toma de posesión), el presidente Trump expresó su apoyo a la tortura y afirmó que “confiaría” en el secretario de Defensa, el director de la CIA y otras personas para decidir si Estados Unidos debía emplearla”.

De acuerdo con el informe citado, no se ha adoptado medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA.

Por el contrario, el presidente Trump propuso para altos cargos gubernamentales al menos a tres personas implicadas en el programa de detención secreta mencionado: Gina Haspel, seleccionada para el cargo de subdirectora de la CIA; Steven Bradbury, propuesto para el cargo de asesor jurídico general del Departamento de Transporte; y Steven Engel, propuesto para dirigir la Oficina de Asesoramiento Jurídico el Departamento de Justicia.

Precisamente las cárceles ilegales han sido escenario de prácticas sistemáticas de tortura. En diciembre de 2017, la ONU emitió una crítica a las autoridades de EE.UU., por crear un agujero negro legal que permitió la detención indefinida de sospechosos sin cargos, y por mantener presos a muchos de ellos durante más de una década. Nils Melzer, el relator especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó a Estados Unidos a poner fin a la tortura de presos en el polémico centro de detención de Guantánamo.

Según Human Rights Watch (HRW), los 31 detenidos que permanecen en Guantánamo, están recluidos de manera arbitraria desde hace más de una década, sin cargos, ni juicio. Antes de las elecciones, el presidente Trump prometió mantener abierto el centro de detención e incrementar la cifra de detenidos allí recluidos. Recientemente, el 1 de febrero de 2019, Jhon Boltón, Asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, llegó al extremo de amenazar con una celda en la prisión ilegal de Guantánamo al presidente constitucional de Venezuela.

3. Criminalización de las migraciones:

El gobierno de los Estados Unidos está implementando de manera sistemática, una política de criminalización de las migraciones, la cual además de incumplir con la legislación internacional en la materia, ha desencadenado en una práctica generalizada de infracción de derechos a personas con necesidades de protección internacional;  separación forzosa de familias; y tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia la población migrante, incluso hacia sectores especialmente vulnerables, como los niños migrantes no acompañados.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, Washington está acentuando esa tendencia. En 2017, el presidente Trump promulgó varias órdenes ejecutivas que afectaban los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

En primer lugar, promueve la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En segundo lugar, estimula la devolución y/o retención arbitraria de personas solicitantes de asilo (es decir, de población con necesidades de protección) y sus familias.

En tercer lugar, otra orden ejecutiva promulgada el 27 de enero prohibía durante 90 días la entrada de personas extranjeras provenientes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen[2]; suspendía durante 120 días el Programa Estadounidense de Admisiones de Refugiados; reducía de 110.000 a 50.000 el número de personas refugiadas aptas para ingresar en el país durante el año fiscal 2017, e imponía una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria”, en cuya situación de guerra intestina los Estados Unidos han tenido un rol protagónico.

Posteriormente, el 24 de septiembre, se proscribieron indefinidamente las inmigraciónes a Estados Unidos de ciudadanos de siete países: Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen, e impedía la emisión de visados para miembros de ciertas agencias estatales venezolanas y sus familiares.

Uno de los hitos más notables de la política hostil y cruel hacia los derechos de los migrantes, está vinculada con una nueva orden ejecutiva emitida el 16 de agosto, en la cual el Departamento de Seguridad Nacional federal puso fin al Programa de Refugiados Menores Centroamericanos[3].

El informe precitado, denuncia que más de 17.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados fueron retenidos tras cruzar de manera irregular la frontera con México entre enero y agosto, los cuales permanecieron bajo custodia durante meses, sin acceso adecuado a atención médica y asistencia letrada, mientras se procesaba su petición de permanecer en Estados Unidos.

Por su parte, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en 2015, expone datos que demuestran que no se trata de hechos aislados o de una nueva política de la administración Trump, sino que por el contrario, se trata de una práctica que se ha instaurado desde hace años como política migratoria violadora de derechos humanos a la población más vulnerable de los procesos migratorios, los NNA no acompañados.

El informe referido, señala que en 2013, 17.240 NNA mexicanos no acompañados, fueron detenidos por funcionarios estadounidenses en el paso fronterizo, sin embargo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados («ORR»), entidad responsable del cuidado y la custodia de los NNA no acompañados durante sus procedimientos migratorios, apenas reportó 740 NNA mexicanos no acompañados bajo su custodia. Es decir, el 96% de los NNA mexicanos no acompañados fueron expulsados de regreso a México sin el debido proceso.

ACNUR también ha corroborado esta cifra, y ha estimado que alrededor del 95,5% de los NNA mexicanos no acompañados que llegan solos y en condiciones de indefensión y vulnerabilidad absoluta a los Estados Unidos, son devueltos sin la oportunidad comparecer ante un juez de inmigración, con lo cual no solo se violan los tratados internacionales, sino que también se hace caso omiso de la propia legislación norteamericana en la materia.

La CIDH reportó además repatriaciones arbitrarias de NNA no acompañados que se llevaban a cabo durante la noche (procedimiento totalmente prohibido en la legislación internacional); sobre la colocación de esposas a los niños por parte de agentes fronterizos de Estados Unidos para efectuar el retorno; y que muchos NNA mexicanos no acompañados fueron enviados a otras regiones de México, incluyendo lugares situados en el lado opuesto del país al de su comunidad de origen. Esta información es indicativa de prácticas directamente violatorias de los derechos del niño y del propio tratado de repatriación entre México y Estados Unidos.

El escenario se ha tornado más complejo por la violación del debido proceso a los migrantes, el cual es producto de la combinación de la intensificación de la crisis social y el aumento de la violencia en México y Centroamérica, y de las restricciones de presupuesto para atender este problema por parte del gobierno de los Estados Unidos.

A continuación se cita textualmente un párrafo del informe de la CIDH (2015), en el cual se evidencia la gravedad de la situación y el nivel de vulneración de derechos humanos de niños no acompañados por parte del gobierno norteamericano:

“la información pública disponible señala que para junio de 2014 se registraban 375.000 casos de inmigración atrasados, incluyendo 41.640 casos de niños en espera de fecha de audiencia. A finales del año fiscal 2014 de Estados Unidos (el 30 de septiembre de 2014), los casos atrasados ascendían a 408.037, y para finales del mes de octubre de 2014, este número llegó a 421.972. Para junio de 2014 el tiempo promedio de espera para todos los casos, incluido el de los NNA no acompañados, se estimó en 587 días, o más de un año y siete meses. Para abril de 2015, los casos pendientes ascendían a 445.607, entre ellos 70.035 de NNA no acompañados. Uno de los principales factores y causas para el retraso procesal es un número mucho mayor de casos en un contexto de restricciones presupuestarias” (p. 100).

Como se aprecia en las cifras de la CIDH, estamos en presencia de un fenómeno de violación sistemática e intencionada de derechos humanos fundamentales, con el agravante de que una proporción importante de las víctimas son niños y niñas en condiciones de altísima vulnerabilidad.

Pero el mismo informe reseña que existe registro y documentación sobre numerosos casos de tortura y trato cruel por parte de funcionarios de migración de los Estados Unidos hacia niños no acompañados. A continuación se presenta otra cifra textual con datos escalofriantes:

“existen numerosas denuncias sobre abuso físico, incluyendo abuso sexual, golpizas, y el asumir posiciones de estrés a exigencia de funcionarios (…). Más de la mitad de estos NNA no acompañados reportó diversas formas de abuso verbal, incluyendo comentarios raciales, sexualmente cargados, y amenazas de muerte. Más de la mitad informó que se les había denegado atención médica, incluyendo dos jóvenes madres cuyos bebés se enfermaron durante la detención en temperaturas muy bajas, y una niña cuya medicación para el asma fue confiscada mientras sufría ataques de asma. Los NNA no acompañados constantemente denunciaron haber sido recluidos en celdas insalubres, en condiciones de hacinamiento, y con temperaturas de congelación, y aproximadamente el 70% informó haber permanecido detenidos más allá de las 72 horas establecidas por el mandato legal. Muchos informaron haber permanecido detenidos sin mantas y tener que dormir en el suelo, con las luces prendidas. Más del 80% describió cómo se le denegó alimentación adecuada y agua bajo la custodia, incluyendo un niño cuya única fuente disponible de agua potable era el tanque de un inodoro y otros que sólo recibieron alimentos congelados o en mal estado y, posteriormente, se enfermaron” (p. 111).

Los datos aportados por el informe en cuestión, explicitan el carácter notablemente represivo y vulnerador de derechos humanos de la política y las prácticas del gobierno de los Estados Unidos en materia de atención a la población migrante.

Sin embargo, la violación de derechos no se reduce a las prácticas citadas, sino que se agudizan ante situaciones como la separación arbitraria de familias, tratos crueles y atropellos, en palabras de la CIDH: “15% de estos NNA no acompañados, reportó haber sido separado de otros miembros de la familia, y el 30% informó que su dinero y/o pertenencias fueron confiscados por funcionarios y nunca retornados. Muchos niños reportaron haber sido encadenados durante el transporte” (p. 111).

La CIDH precisó además que en el momento de redactar el informe, indican que entre el 18 de julio de 2014 al 14 de octubre de 2014, apenas 179 NNA no acompañados se les permitió permanecer en los Estados Unidos, de un total de 1.637 casos registrados. Respecto de casi todos los NNA no acompañados -1.456-, equivalentes al 89% de los casos, se dictó orden de expulsión.

Pero si lo expuesto no fuera suficientemente atroz y abyecto, la administración Trump ha asumido una política –denominada tolerancia cero-, la cual resulta aún más hostil y violadora de derechos humanos que las de sus antecesores. Dicha política ha derivado en la generalización de prácticas crueles como la separación forzosa de familias (los adultos son criminalizados y objeto de procesos judiciales, mientras que los niños son enjaulados –literalmente- en centros de reclusión temporales para la posterior expulsión de ambos).

En junio de 2018, los agentes de migración de Estados Unidos mantenían a más de 10.000 menores retenidos en centros de detención, ubicados en distintos lugares del país. Los pequeños son encerrados en jaulas de metal; duermen en algunos casos- en delgadas colchonetas sobre el frio concreto y cubiertos solo por sábanas que los protegen de las bajas temperaturas. Esta práctica de crueldad, se ha generalizado aún más ante las detenciones masivas de migrantes indocumentados en el marco de las caravanas humanitarias provenientes de Centroamérica.

La nueva administración de la Casa Blanca, pareciera no tener la más mínima intención de enmedar estos errores y recientemente se han publicado imágenes que muestran las condicones denigrantes en las que se encuentran los menores de edad, cuestionando además que no son jaulas sino centros de detención, dando de esta forma continuidad de las prácticas violatorias de los Derechos Humanos llevados a cabo durante el Gobierno de Trump.

4. Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia

Un estudio del Registro Nacional de Exculpaciones de Estados Unidos publicado en marzo de 2017, registró que los estadounidenses negros tenían siete veces más probabilidades de ser condenados injustamente por asesinato que los blancos. En lo que se refiere a los delitos relacionados con drogas, los estadounidenses negros inocentes tienen unas 12 veces más probabilidades de que se les aplique una condena equivocada que los blancos. Los infractores varones negros fueron condenados, a condenas 19,1% más largas que aquellos infractores varones blancos en casos similares.

5. Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México

México experimenta una grave y severa crisis de violaciones graves de derechos humanos y crímenes violentos, la mayoría de los cuales han sido cometidos con armas de fuego. El país ostenta la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia, donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego. El 70% de las armas recuperadas y rastreadas en las diversas escenas del crimen en México provienen de los Estados Unidos.

La “cooperación” de Washington en equipos militares y armas de fuego, así como el entrenamiento militar estadounidense de miles de soldados como parte de la Iniciativa Mérida, cuya punta de lanza es la denominada “guerra contra el terrorismo”, ha redundado en el crecimiento vertiginoso de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, con tasas aún más altas que antes de que comenzara la Iniciativa referida y con una impunidad casi total.

Un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (2018), reporto que en junio de 2018, una docena de congresistas estadounidenses señalaron que “el uso de las fuerzas militares mexicanas en la guerra contra las drogas ha resultado en un dramático aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. Por ende, pidieron “una evaluación completa y pública de la Iniciativa Mérida, así como una revisión de la ayuda que brinda Estados Unidos a México en cuanto a seguridad y venta de armas” (p. 4).

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, durante el período que comprende los años de 2011 a 2016, pudieron rastrearse 74 mil 515 armas de fuego recuperadas en diversas escenas del crimen en México, y que éstas fueron producidas o habían sido vendidas en la Unión Americana.

De acuerdo con el informe precitado, “al menos 37.435 personas, de diciembre de 2006 a junio de 2018, han sido víctimas de desapariciones forzadas en México[4], mientras que (…) se han cometido 121.035 homicidios con arma de fuego, de los cuales 16.898 ocurrieron durante 2017” (p. 4).

El informe revela además que la gran mayoría de estos crímenes continúan impunes, sin la apertura de investigaciones penales o sentencias, y sin una reparación integral para las víctimas, lo que permite inferir que existen estructuras que han permeado al Estado mexicano y que están asociados a factores muy poderosos, entre los que se destacan, carteles del narcotráfico, estos últimos, los principales socios del comercio legal e ilegal de armas auspiciado y usufructuado por los Estados Unidos.

6. Los derechos humanos en el contexto de las intervenciones militares extraterritoriales estadounidenses

Estimar y describir el impacto de las intervenciones militares extraterritoriales de los Estados Unidos en materia de Derechos Humanos amerita un tratado, por la complejidad de los casos y por el carácter multidimensional de los derechos conculcados. Por tanto, en este apartado apenas se van a citar algunos estudios de instituciones de gran prestigio, de manera de obtener una referencia general de dicho impacto con énfasis en la variable: víctimas mortales.

Un estudio de la Universidad de Brown (EE.UU.) ha registrado 480.000 víctimas mortales de las guerras en las que EE.UU. ha participado desde 2001, entre ellos 244.000 civiles. Asimismo, los enfrentamientos en Afganistán, Irak, Siria y otros países, habrían causado 10 millones de refugiados. Según el informe, Washington gastó en esos conflictos 5,9 billones de dólares, cifra que ascenderá a 6,7 billones para 2023 si se mantiene el ritmo de inversión.

Las cifras de la institución universitaria norteamericana resultan conservadoras al compararlas con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2008, en el cual se afirma solamente la invasión a Iraq dejó 400.000 muertos.

Los casos de Libia y Siria también presentan cifras cruentas. El investigador Nicolas Davies, calculó en más de 200.00 el número de víctimas mortales del conflicto desatado en 2011. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH)[5], estima que en el conflicto de ese país,  hubo al menos 250.000 víctimas mortales, entre ellos 74.426 civiles y de ellos, 12.517 niños y 8.062 mujeres.

7. Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneración de los Derechos Humanos.

Las mencionadas de manera equívoca sanciones[6] han sido una forma no convencional de violación de los derechos humanos, en terceros países, la mayoría de ellas aplicadas con la excusa de defenderlos, y en muchos casos con el doble rasero de ni siquiera suscribir los acuerdos internacionales, que extraterritorialmente justifican defender.

Un total de 29 países[7] forman la lista en los que según la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés), los Estados Unidos aplica medidas coercitivas al margen del Derecho Internacional establecido por la Organización de Naciones Unidas.

Según un informe de Amnistía Internacional (2009) denominado “El embargo estadounidense contra Cuba su impacto en los derechos económicos y sociales”, destaca que “Las repercusiones negativas del bloqueo son bien patentes en las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo humano de Cuba y afectan gravemente a los grupos socioeconómicos más vulnerables de la población”, citando al coordinador residente de la oficina de Naciones Unidas en el país caribeño durante el año 2008.

En el informe del Secretario General de Naciones Unidas  “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, nos indica que “El bloqueo tiene un impacto negativo en todas las áreas económicas, sociales y culturales, limitando seriamente el derecho al desarrollo de Cuba. En términos estrictamente económicos, se estima una afectación de al menos 130.178,6 millones de dólares”.

Por su parte la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) a petición del Senado norteamericano, en un informe reciente sobre Venezuela señaló que estas medidas habían contribuido a la caída abrupta de su Producto Interno Bruto, buscando el colapso del país Sudamericano, que ha sufrido desde el 2015 según cifras oficiales la pérdida de sus ingresos en más de 130.000 millones de dólares, más que suficientes para garantizar el bienestar de su población que han visto afectadas sus libertades fundamentales por la extraterritorialidad de las leyes impuestas por los Estados Unidos.

Es una guerra donde la famosa herramienta del smart power, constituye una amenaza que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que exista hasta el momento un mecanismo de reparo o juisticia para quienes aplican este tipo de medidas que afectan directamente a poblaciones enteras.

[1] Estados Unidos firma tratados y leyes de derechos humanos, pero en función de sus inestables intereses puntuales, establece reservas, no ratifica o simplemente no suscribe los mismos.

[2] Todos estos países padecen conflictos inducidos directa o indirectamente por la política exterior estadounidense.

[3] Ese programa permitía que menores de 21 años que huían de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras,  cuyos padres residen en Estados Unidos en situación regular, solicitar entrevistas para su reasentamiento como personas refugiadas antes de viajar a Estados Unidos. El Programa también permitía solicitar la entrada a Estados Unidos a los niños y las niñas de esos tres países que no podían optar a la condición de personas refugiadas y no tenían ninguna otra forma de reunirse con sus progenitores.

[4] El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como las fosas comunes multitudinarias halladas en diversas regiones del norte de México, han marcado un hito en estas prácticas.

[5] Se trata de una ONG radicada en Londres.

[6] Las sanciones son medidas aplicadas por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

[7] Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Chipre, China, Corea del Norte, Egipto, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Irán, Irak, Liberia, Líbano, Libia, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Túnez, Venezuela, Yemen y Zimbabue.