UNESCO alerta sobre disparidad de género en la educación

Un estudio de la agencia de la ONU asevera que solo el 25 por ciento de las matrículas en las carreras de ciencia corresponde a mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) alertó este sábado que, pese a los progresos que se han llevado a cabo para disminuir la disparidad entre mujeres y hombres, aún persisten los sesgos de género.

De acuerdo con el ente, a nivel mundial, solo el 25 por ciento de quienes matriculan en carreras de ingeniería, construcción o Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) corresponde a mujeres, al tiempo que 127.000.000 de niñas en edad escolar básica no asisten a la escuela.

En un estudio sobre cuánto influye la escuela en los sesgos y estereotipos de género, resaltó la necesidad de establecer la necesidad de cuestionar estas normas y prejuicios, a través de “programas de estudio transformadores, revisión de material didáctico y enfoques escolares integrales” y otras acciones.

De acuerdo con la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los estereotipos y sesgos discriminatorios de género se construyen en la mente de las personas desde la niñez y limitan su futuro.

“Pueden reforzarse, pero también cuestionarse a través de planes de estudio, materiales y prácticas de enseñanza y aprendizaje, así como mediante las interacciones diarias con docentes, padres y compañeros”, detalló.

El organismo internacional destacó que las normas de géneros que existen en la sociedad se replican en la educación y eso tiene un reflejo en las disparidades y desigualdades de género en el acceso, la participación, la culminación y el logro de las mujeres respecto a hombres.

Asimismo, en muchos países las niñas y mujeres están subrepresentadas en libros de texto, a demás de que el material escolar sigue incluyendo estereotipos de género. A esto se suma que en los planes de estudio se ignora a menudo o se tergiversan a las personas LGBTIQ.

La UNESCO subrayó que la educación transformadora de género debe incluir, junto a los programas de estudios cuestionadores de las normas de género, acciones que divulguen con padres y las familias para desmontar los estereotipos perjudiciales sobre la educación y las carreras adecuadas para niñas y niños.

De igual forma, es necesario que los maestros reciban una formación transformadora que les permita analizar críticamente sus propios sesgos, cuestionar y acabar con las normas y estereotipos de género tradicionales, para que el cuerpo docente sea diverso y trate a los estudiantes por igual.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tercerainformacion.es

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Perspectiva de género desde la niñez: consulta nacional busca posicionar la opinión de niñas/os y adolescentes en política, genero y LGBTIQ+ en Chile

Fundación Niñas Valientes, junto a Fundación Tremendas y el Instituto Nacional de la Juventud, en el contexto del foro Generación Igualdad lanzaron esta iniciativa, la directora de Fundación Niñas Valientes, Emilia Vergara, afirmó que esta consulta era necesaria, ya que es un proceso de participación que integra a parte de la comunidad que no ha sido visibilizada. “Esta consulta es una mirada hacia la participación y equidad de género, y surge desde la necesidad de levantar datos e iniciar el proceso de comprender experiencias y percepciones desde la niñez que no han sido registradas y que han estado invisibilizadas en las investigaciones y espacios de participación”.

Ya se encuentra en la recta final la Consulta Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), que busca compilar diferentes miradas y experiencias de los NNA entre los 12 y 18 años que se encuentran transitando el paso a la adolescencia para conocer su visión sobre política, ciudadanía, entre otros temas, todos desde una mirada inclusiva y con perspectiva de género.

Este proyecto fue realizado en conjunto por Fundación Niñas Valientes, Fundación Tremendas y el Instituto Nacional de la Juventud, y surgió en el contexto del foro Generación Igualdad.

Como parte de esta actividad, las jóvenes activistas Francisca Costa y Alfonsina Varela, de 12 y 15 años respectivamente, fueron invitadas a participar en el evento de lanzamiento por Redes Sociales que fue moderado por ambas fundaciones, en la instancia, ellas aprovecharon de comentar sus vivencias y en qué instancias han experimentado la brecha de género, cuestionando el poco espacio que existe para la participación de niños, niñas y adolescentes, y expusieron los desafíos a los que se enfrentan cuando transitan el camino hacia la adolescencia.

Francisca Costa expresó que aunque sean catalogados como niños o niñas tienen una visión clara de las injusticias que existen en el país. “Yo creo que lo más importante es que exista un trato igualitario entre hombres y mujeres y que, además de los géneros, la edad no sea un factor de discriminación. Nosotros, los niñes y jóvenes, tenemos una voz, y es importante que nos puedan tomar en cuenta, porque somos parte de la sociedad y tenemos opinión sobre los procesos que están pasando”, comentó la joven.

Por estos motivos, la consulta es tan importante, porque es un mecanismo que le entrega la oportunidad a los NNA de expresarse y de que sean parte de los procesos que se están viviendo en el país.

En este sentido, la directora de Fundación Niñas Valientes, Emilia Vergara, afirmó que esta consulta era necesaria, ya que es un proceso de participación que integra a parte de la comunidad que no ha sido visibilizada. “Esta consulta es una mirada hacia la participación y equidad de género, y surge desde la necesidad de levantar datos e iniciar el proceso de comprender experiencias y percepciones desde la niñez que no han sido registradas y que han estado invisibilizadas en las investigaciones y espacios de participación”.

En este contexto, explicó que es importante entender cómo los niños, niñas y adolescentes están viendo la equidad de género, debido a que son el futuro de nuestro país. “Específicamente, queremos identificar cómo las desigualdades de género se manifiestan desde la niñez en los contextos de participación y cuáles son las posibles consecuencias de esto”, señaló Vergara.

Este proceso, además de ser facilitado por las fundaciones Niñas Valientes y Tremendas, también cuenta con el apoyo del Injuv y del foro Generación Igualdad. “Creemos que es fundamental la articulación de distintos actores y organizaciones vinculados a la niñez para facilitar espacios de participación y visibilización de las experiencias de la niñez y adolescencia. De esta manera, podemos hacer un trabajo más exhaustivo y tener datos más certeros”, manifestaron desde Fundación Niñas Valientes.

Anteriormente, se han realizado consultas sobre la participación de la niñez, en las que se han identificado desigualdades de género, pero esta es la primera que se lleva a cabo a nivel nacional con perspectiva de género, construida por jóvenes y para jóvenes, con el fin de construir cambios entre todos.

Para finalizar, Alfonsina Varela se refirió a la relevancia que deben tener las voces de los jóvenes en el nuevo proceso de construcción de la nueva Constitución, un elemento clave para el futuro de Chile y donde todos deben estar involucrados. “En este momento, se está escribiendo una nueva Constitución para nuestro país, creo que es importantísimo que se escuche la voz de las niñas y niños, que tenemos grandes ideas y podemos hacer grandes cambios”, expresó.

La Consulta Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes estará disponible hasta el 8 de agosto aquí

Fuente: https://www.elmostrador.cl/braga/2021/08/02/perspectiva-de-genero-desde-la-ninez-consulta-nacional-busca-posicionar-la-opinion-de-ninas-os-y-adolescentes-en-politica-genero-y-lgbtiq/

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CCOO: «La legislación homófoba aprobada en Hungría es un atentado a los Derechos Humanos»

El 12 de noviembre de 2020, la Comisión Europea (CE) publicaba su primera estrategia para la igualdad de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ), en la que se establecían acciones específicas de cara a luchar contra la discriminación, garantizar la seguridad y construir sociedades inclusivas para las personas LGBTIQ, así como hacer un llamamiento para conseguir la igualdad de las personas LGBTIQ en todo el mundo».

Comunicado

Como se subraya en esta estrategia, la Unión Europea (UE) «tiene que estar a la vanguardia de esfuerzos para proteger mejor los derechos de las personas LGBTIQ«, en un momento en que «la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad/expresión de género y características sexuales está aumentando en la UE» y «hay una tendencia preocupante en algunas partes de la UE de incidentes anti-LGBTIQ más frecuentes, como los ataques a eventos públicos LGBTIQ, incluyendo las marchas del Orgullo, las llamadas declaraciones de zonas libres de ideología LGBTIQ» y «el aumento del movimiento antigénero (y antiLGBTIQ)» en todas las esferas de la vida, incluido el trabajo.

La igualdad y la no discriminación son valores esenciales y derechos fundamentales, y es responsabilidad compartida de las instituciones de la UE y los Estados miembros proteger estos derechos y garantizar la igualdad de trato y la igualdad de derechos para todo el mundo.

Sin embargo, vemos cómo gobiernos de varios Estados miembro continúan en su afán persecutorio al colectivo LGBTIQ, y cómo el de Hungría destaca por sus continuos atentados contra el espíritu y políticas europeas, los Derechos Humanos y el sentido común.

La extrema derecha lleva tiempo señalando a sus víctimas: personas LGTBIQ, mujeres, clase obrera organizada, personas migrantes y, en general, cualquier persona libre y demócrata que luche, bien con sus acciones de vida pública y privada, bien reivindicando, libertad, justicia e igualdad.

El gobierno de Viktor Orbán encuentra refrendo y apoyo en partidos de marcado carácter fascista en distintos lugares de la UE. También en España. Pero, como sucede en Hungría, una mayoría social, demócrata y proeuropea, está dispuesta a luchar y defender el acervo común de paz e igualdad que garantiza seguridad, derechos fundamentales, el fin del discurso y las acciones de odio y de la violencia.

Es inaceptable que el gobierno húngaro no reconozca la paternidad o el estatuto matrimonial de personas LGBTIQ, limitando así su derecho fundamental a circular libremente en la UE. Las organizaciones firmantes acogemos con satisfacción la iniciativa legislativa horizontal europea propuesta por la CE, con la que se reconocerá la paternidad entre los Estados miembros, y apoyaremos al gobierno de España y a la CE para que exijan a Hungría su cumplimiento.

Asimismo, queremos hacer mención específica a las personas LGBTIQ solicitantes de asilo, grupo especialmente vulnerable, que en el caso de Hungría se enfrentan a una doble discriminación legal y, con frecuencia, se ven en la diana de ataques de todo tipo alentados por el discurso del presidente Orbán. Dejamos constancia del apoyo, solidaridad y compromiso de todas las organizaciones firmantes.

Queremos también solidarizarnos con las organizaciones sindicales, políticas y sociales húngaras que luchan en las calles contra los ataques a la clase trabajadora en aquel país. Los derechos de los y las trabajadoras LGBTIQ forman parte de las reivindicaciones y el trabajo sindical, que enfrenta, también, el ataque a la negociación colectiva, una herramienta vital para asentar derechos en todas las esferas de la vida privada, familiar, social y laboral. Trabajamos y trabajaremos mano a mano con nuestros compañeros y compañeras húngaras que procuran un futuro mejor a su país, a través del diálogo, el esfuerzo y la defensa de los derechos cívicos y humanos.

Los medios de comunicación, la cultura y el deporte pueden contribuir a promover la tolerancia y la inclusión en nuestras sociedades. Sin embargo, el gobierno ultraconservador de Hungría practica de manera sistemática el acoso a estos sectores y ejercita numerosas formas de censura y represión directa o indirecta, frustrando la libertad de expresión y socavando el potencial que éstos ofrecen para construir sociedades más justas e igualitarias. También aquí, los ataques de Orbán, afectan al conjunto de la sociedad, y son inadmisibles en una sociedad democrática.

Las organizaciones firmantes se solidarizan con el pueblo húngaro, que sufre el abuso de la acción política ultraconservadora y antieuropea de su gobierno. Las decisiones antidemocráticas que lleva adoptando el Gobierno húngaro desde hace más de una década, deben urgir a las instituciones europeas a tomar urgentemente, cartas en el asunto y garantizar la protección de la ciudadanía húngara.

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Activistas denuncian violencia contra mujeres por motivos políticos en Cuba: “Sufren mayores niveles de represión que los hombres”

América Central/Cuba/21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com

Activistas cubanos publicaron una declaración en que alertan sobre la violencia desatada por el Estado y sus aparatos represivos contra las mujeres, particularmente aquellas que se oponen de alguna forma a la ideología gubernamental en la Isla.

En un largo texto, destacan las acciones que durante estas últimas semanas se han producido a raíz de los sucesos de San Isidro y la protesta pacífica del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.

Seguidamente, reproducimos de manera íntegra la declaración en defensa de las mujeres cubanas, vulneradas con la anuencia del Estado y las instituciones gubernamentales que, en teoría, deberían ampararlas.

Feministas cubanas y aliades pretendemos con esta carta contextualizar y pronunciarnos en contra de recientes y reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida y/o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas.

Señalando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994) define que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, comunidad, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, en cualquier lugar donde ocurra.

Partiendo de la Convención sobre la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer, presentada en las Naciones Unidas y en vigor desde el 3 de septiembre de 1981, que Cuba se precia de ser el primer país en ratificar. Según el Artículo 7 de este documento de carácter internacional: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (…) participar en organizaciones y en asociaciones NO GUBERNAMENTALES que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Recordando que la sociedad civil cubana no puede articularse de manera orgánica en sus propias asociaciones que representen otros modelos de pensamiento de naturaleza diversa, pues estas no son reconocidas legalmente.

Reconociendo que estamos en un momento en que la solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, impulsada por activistas feministas, luego de ser discutida con miembros del Parlamento cubano no fue incluida en el Cronograma  Legislativo a ejecutarse hasta 2022.

Activistas feministas y antirracistas, así como del colectivo LGBTIQ+, son víctimas de ciberacoso desde cuentas falsas que responden a lógicas de vigilancia y deslegitimación, un comportamiento que es frecuentemente utilizado por cuentas anónimas presuntamente asociadas al Estado cubano. A feministas cubanas se les disminuye y minimiza abiertamente desde publicaciones oficiales. La criminalización del activismo feminista es de larga data en el período llamado revolucionario, que comenzó con el ostracismo y desconocimiento de feministas de la etapa anterior como Mariblanca Sabás Alomá (1901-1983), continuó con la desactivación de la Asociación de Mujeres Comunicadoras Magin en 1996 y se ha mantenido con escarnios públicos, desconocimientos y amenazas a feministas que han mantenido una postura crítica hacia las autoridades cubanas sobre la defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, hoy vivimos en un escenario diferente porque el acceso a internet permite mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar: acoso y violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, en la intimidad; feminicidios; necesidad de refugios; violencia obstétrica; violencia institucional y política. Los datos acerca de feminicidios y hechos de violencia machista son conocidos gracias a medios independientes y activistas que mantienen una red transparente y efectiva de observación y estadística, y no a una labor estatal implicada o interesada por estos procesos.

Se dispone de varios informes preparados por la organización no gubernamental Cubalex, incluyendo el informe sombra a la CEDAW presentado en 2013, que alerta que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas y con manifestaciones que los hombres que participan en activismo político no padecen. Este sesgo de género se evidencia en el intento de descrédito a través de la exposición de su vida íntima; el uso de expresiones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas; en la instrumentalización de la seguridad de las y los integrantes más vulnerables de su familia para presionarlas; e incluso en violencia sexual. Cubalex ha documentado también varios casos de amenazas por parte del Estado de quitarles a madres activistas las custodias de sus hijes. Estas violencias sistemáticas se ven muchas veces atravesadas por otras formas de discriminación: racial, religiosa, económica, etc.

La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado, incluidas las mujeres integrantes de estos órganos, contra las mujeres disidentes, es avalada por el Estado. Las mujeres que disienten con el sistema político en Cuba sufren mayores niveles de represión que los hombres. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, ellas denuncian mayor cantidad de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias, así como eventos de vigilancia policial fuera del domicilio para restringir su derecho a la movilidad: estos son métodos recurrentes para impedir el ejercicio de sus derechos a expresarse, asociarse y manifestarse. En los centros de detención los agentes utilizan la violencia física y psicológica, la ofensa y el agravio sexual como medios de represión. Se registran testimonios de encierros en calabozos sin condiciones higiénicas, con servicios sanitarios sin privacidad o sin condiciones apropiadas para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. Algunas denuncian haber sido forzadas a desnudarse, a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales, e incluso que les han introducido un bolígrafo en la vagina, a pesar de tener en ese momento su período, bajo la justificación de la búsqueda de objetos de grabación.

Entre las prácticas represivas más comunes que afectan especialmente a las mujeres migrantes internas está la expulsión de las casas donde se encuentran alquiladas a través de la presión policial sobre los dueños de la vivienda, con argumentos fabricados por agentes de la Seguridad del Estado que equiparan el hecho de alojar a activistas políticos con ser cómplices de mercenarismo y “contrarrevolución”. El Decreto Ley 217 restringe la libertad de circulación a cubanos entre La Habana y otras provincias y les exige solicitar permiso a autoridades administrativas para residir en la capital. Aunque no es delito la estancia en la capital, la policía arresta y “deporta” a su lugar de origen a quienes incumplen el decreto.

Además, el Estado cubano ha impedido a mujeres, por causa de su actividad política, el acceso al mercado laboral. Igualmente,  ha expulsado a estudiantes y a profesoras de centros de estudios superiores.

El Estado organiza en centros laborales las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) con la misión de participar de actos de repudio que atentan contra el orden público y promueven el odio entre cubanes. Las mujeres cubanas disidentes han sido víctimas de estos eventos. Esta violencia ha sido ejercida recientemente incluso a través de la Federación de Mujeres Cubanas, organización a la cual todas las mujeres cubanas pertenecemos por mandato del Estado desde los 14 años de edad y a la cual cotizamos, por lo que rechazamos la participación de la organización y el uso de su estandarte en estas acciones violentas.

A todo lo anterior, se suman los medios de comunicación, con campañas para desacreditar a estas mujeres, que no tienen oportunidad para ejercer su derecho a réplica. Los medios estatales han lanzado hacia estas personas acusaciones graves, sin respaldo, de mercenarismo, penado con las penas más graves bajo la Ley No. 88 “Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.

Afirmamos que existe actualmente en Cuba un clima de evidente hostilidad hacia un segmento amplio y diverso de la ciudadanía que se encuentra en disenso con el estatus quo, y demanda un proceso de revisión y restauración de daños ocasionados. En este sentido, advertimos sobre importantes eventos recientes de discriminacion, violencia y exclusión protagonizados por instituciones estatales, fuerzas policiales y militares, y servidores públicos, motivados especialmente por las acciones más recientes de protesta pacífica del Movimiento San Isidro (MSI), creado en 2018 en respuesta al Decreto Ley 349, que institucionaliza la censura a la creación artística en Cuba.

Feministas cubanas y aliades denunciamos públicamente la situación de varias mujeres, que han padecido, documentado o dado testimonio de acciones violentas por parte del Estado cubano en los últimos tres meses en La Habana:

– Anamely Ramos, curadora, crítica de arte y miembro del MSI: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Detención arbitraria durante todo el día 27 de noviembre, luego de ser desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en la casa de Omara Ruiz Urquiola, a excepción del día 3 de diciembre. Detención arbitraria el 15 de diciembre. Previo a esta ola de represión, Anamely fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Arte, expulsada del apartamento donde estaba alquilada y se vio obligada a separarse de su hijo para evitar que fuese constantemente expuesto al acoso policial.

– Omara Ruiz Urquiola, historiadora de arte: Detención arbitraria con agresión física el 13 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en su casa, a excepción del día 3 de diciembre cuando fue al hospital a recibir tratamiento. Difamación en la TV nacional. En 2019 fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Diseño y desde entonces sufre fuerte acoso policial.

– Iliana Hernández, activista y reportera de CiberCuba: Detenciones arbitrarias los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Su madre fue detenida el 19 de noviembre mientras intentaba visitarla en la sede del MSI. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Vigilancia policial fuera de su casa desde el 28 de noviembre hasta la fecha. Detención arbitraria el 2 de diciembre. Acto de repudio encabezado por la Federación de Mujeres Cubanas el 8 de diciembre luego de ser difamada en la TV nacional. Detención arbitraria el 15 de diciembre cuando se dirigía a una cita en la Embajada de España en La Habana (Iliana es ciudadana española).

– Daylys Bandera, vecina de la sede del MSI: El 18 de noviembre agentes de la Seguridad del Estado le decomisaron suministros de comida y dinero que llevaba a Damas 955. Este evento motivó el inicio de las huelgas de hambre de algunos integrantes del MSI.

– Rosmelis Hernández y Jade Castillo, pareja e hija de Maykel (Osorbo) Castillo: La hija de 4 años del rapero fue agredida físicamente por supuestos agentes de la Seguridad del Estado el 21 de noviembre mientras accedía junto a su madre a Damas 955. Rosmelis ha recibido amenazas de retirarle la custodia de su hija, por parte de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, con los argumentos de que no le enseña “los conceptos reales de la Revolución” lo cual puede derivar en “un trastorno en la conducta”.

– Tania Bruguera, artista y fundadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR): Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias e interrogatorios el 2, 4 y 6 de diciembre. Vigilancia policial desde el día 6 de diciembre hasta la fecha frente a su casa. Desde el 15 de noviembre tiene deshabilitado el servicio de telefonía móvil y el acceso a internet por datos.

– Katherine Bisquet, escritora: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Vigilancia policial desde el 2 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside. A pesar de que amenazaron al propietario de la vivienda para que fuera desalojada, la policía le impidió efectuar la mudanza. Katherine ha tenido que cambiar de sitio por el mismo motivo en diez ocasiones anteriores.

– Camila Ramírez Lobón, artista visual: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial desde el 4 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside Katherine Bisquet, a donde se trasladó para ayudar con la mudanza que nunca ocurrió.

– Claudia Genlui, curadora de arte y miembro de MSI: Detención arbitraria el 25 de noviembre por intentar acceder a la sede del MSI. Acto de repudio fuera de INSTAR durante reunión de la plataforma 27N y detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Detención arbitraria el 2 de diciembre junto a Luis Manuel Otero Alcántara (su pareja sentimental), cuando intentaba reunirse con él luego de ser dado de alta del hospital. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil  el 11 de diciembre.

– Aminta De Cárdenas, productora: Detención arbitraria el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial el día 5 de diciembre y desde el día 10 hasta la fecha, fuera de su casa.

– Luz Escobar, periodista de 14yMedio: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar cubrir la protesta convocada en el Parque Central de La Habana. Vigilancia policial y arresto domiciliario arbitrario el 25 de noviembre y desde el 4 al 10 de diciembre, impidiéndole recoger a sus dos hijas de la escuela.

– Yoani Sanchez, bloguera y directora de 14yMedio: Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial los días 11 y 12 de diciembre.

– Anyell Valdés, trabajadora en el hogar y activista: Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Su papel durante las huelgas fue de cuidados. Recibió una visita de agentes de la Seguridad del Estado el 2 de diciembre y fue detenida arbitrariamente el día 5 y nuevamente el día 10, en la vía pública cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

– Iris Ruiz, actriz y coordinadora del MSI: Detención arbitraria el 10 de octubre, y el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Osorbo. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial desde el día 10 de diciembre hasta la fecha fuera de su casa, donde viven también sus 6 hijes.

– Camila Acosta, periodista de Cubanet: Detención arbitraria el 10 de octubre, durante la cual tuvo que orinar dentro de la patrulla de policía porque le impidieron ir al baño. Participó del diálogo en el MINCULT la noche del 27 de noviembre. Vigilancia policial desde el día 5 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde ha sido acogida temporalmente. Entre marzo y octubre de este año, ha sido detenida en cuatro ocasiones, ha tenido que mudarse 10 veces y reponer tres veces su teléfono celular, que han roto agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido amenazada con ser procesada por presunta “usurpación de funciones públicas” y multada bajo el decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales.

– Miryorly García Prieto, historiadora de arte: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido detención domiciliaria arbitraria y vigilancia policial los días 4 y 5 de diciembre.

– Solveig Font, curadora de arte independiente: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido vigilancia desde el 4 hasta el 6 de diciembre fuera de su casa, por hombres vestidos de civil. Inhabilitación del servicio de telefonía móvil el 10 de diciembre.

– Marthadela Tamayo, activista antirracista y por los derechos de la mujer: Detención arbitraria el 19 de noviembre, y el 22 de noviembre por asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana, donde fue agredida físicamente durante el acto de repudio permitido por el Estado. Vigilancia policial el 10 de diciembre fuera de su casa.

– Kirenia Yalit, psicóloga y activista: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– María Matienzo, periodista de Cubanet: Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– Maylin Alonso, periodista de Agence France-Presse (AFP): Agredida durante el acto de repudio permitido por el Estado el 22 de noviembre, mientras cubría como parte de su trabajo la protesta convocada en el Parque Central de La Habana.

– Diasniurka Salcedo, activista del proyecto comunitario Casa a Casa: Detención arbitraria el 20 de noviembre por sospechas de que intentaba acercarse a San Isidro, durante la cual asegura que sufrió abusos sexuales por parte de los oficiales. Detención arbitraria el 28 de noviembre en los alrededores del Hospital Manuel Fajardo, donde se encontraba retenido Luis Manuel Otero. Fue liberada en horas de la madrugada en una zona desierta a 14 kilómetros de su casa. Vigilancia y arresto domiciliario arbitrario los días 4, 5 y 10 de diciembre fuera de su casa.

– Bertha Soler, coordinadora de las Damas de Blanco y Premio Sárajov del Parlamento Europeo: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana en apoyo al MSI. Detención arbitraria el 6 de diciembre cuando salía de la sede de la UNPACU. Vigilancia policial los días 9 y 10 de diciembre a la sede nacional de las Damas de Blanco. Detención arbitraria el 10 de diciembre antes de participar en una Reunión Extraordinaria del Parlamento Europeo. Inhabilitación de servicio telefónico los días 11 y 12 de diciembre.

– Lourdes Esquivel, integrante de las Damas de Blanco: Detenciones arbitrarias los días 6 y 10 de diciembre.

– Dayana Zerquera: Detención arbitraria el 28 de noviembre durante una protesta por el cierre de las tiendas en MLC (monedas libremente convertibles) frente a la sede del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), convocada por madres cubanas. Estas tiendas, donde se venden productos de primera necesidad en una moneda con que no se remunera a trabajadores cubanes, generan segregación económica y exclusión social violando derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba. También asistió a la sentada fuera del MINCULT.

– Rossane Carmona, estudiante de Comunicación Social y activista feminista: Detención arbitraria el 29 de noviembre en camino a una manifestación pacífica convocada en el Capitolio de La Habana.

– Yeilis Torres, ex fiscal e integrante de UNPACU: Detención arbitraria el 10 de diciembre.

– Ketty Méndez, activista: Secuestrada por agentes vestidos de civil el 14 de diciembre, en presencia de su hija menor, mientras se dirigía a una manifestación pacífica por el cierre de las tiendas en MLC y en contra de las medidas económicas anunciadas recientemente. Se ha manifestado en las redes sociales por el desamparo que sufre su hija de 22 años, que padece autismo y desnutrición.

Esta lista incluye solamente a quienes han hecho pública su denuncia y autorizado su divulgación. Además nos consta que al menos una mujer que se acercó a llevar comida a las personas sitiadas en San Isidro, ha recibido citaciones y amenazas de la policía. Tenemos conocimiento de que varias mujeres que participaron de la sentada fuera del MINCULT han recibido amenazas directas o a través de familiares, pero no están preparadas para denunciar públicamente. Algunas fueron gaseadas con spray pimienta por la policía cuando trataban de acercarse a la sentada frente a esta institución la noche del 27 de noviembre. La firma de peticiones o la adhesión a declaraciones como esta, en apoyo a quienes han sido víctimas de estas formas de violencia recientemente, ha sido también causa de acoso y amenazas por parte de autoridades.

La mayoría de estas mujeres lleva meses o incluso años sufriendo estas formas de persecución, acoso y represión. Las parejas, madres, hermanas, hijes de los activistas, artistas, o periodistas hombres vinculados a estos eventos también son víctimas secundarias de la violencia ejercida por el Estado.

La organización Human Rights Watch advirtió recientemente que el gobierno ha usado normas relativas a la covid-19 para intensificar la represión, en forma de detenciones, multas y acoso a disidentes, incluso antes de los hechos de las últimas semanas.

Consideramos importante llamar la atención sobre el caso de Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, detenida por la policía el 12 de abril en la ciudad de Cienfuegos por el uso incorrecto de la mascarilla. En la estación de policía, De la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla. Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, De la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. De la Mora Valle ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios. Estos cargos han sido utilizados para juzgar a otras mujeres integrantes de la UNPACU y de las Damas de Blanco, de las que al menos dos continúan en prisión a pesar de la crisis de la Covid-19, durante la cual el Estado cubano ha excarcelado a más de 10 mil personas bajo las figuras de ‘libertad condicional’ y ‘licencia extrapenal’. Las activistas políticas Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González han denunciado maltratos físicos, incomunicación y privación de atención o tratamiento médico dentro de los centros penitenciarios.

Considerando todo lo cual, feministas cubanas y aliades nos sentimos compelidas a manifestar nuestro desacuerdo con las prácticas discriminatorias, excluyentes y violentas que el Estado cubano ejerce, estimula y normaliza, en contra de mujeres y ciudadanxs en general, cuyo pensamiento y actuar cívico o político disienta de las formas de ordenamiento social admitidas según el discurso ideológico promovido por el Partido Comunista de Cuba, único e inapelable órgano rector de las políticas públicas e institucionales del país. Las violencias ejercidas desde el Estado cubano son una manifestación de un orden patriarcal político que busca perpetuarse en el poder por todas las vías. La supuestamente alta representatividad de las mujeres en cargos públicos se ve anulada por el mandato de tipo patriarcal que ellas representan y reproducen. El Estado ha vaciado de significado las instituciones cubanas, que reproducen los valores ideológicos del Partido Comunista de Cuba y son inflexibles e inoperantes en su capacidad para representar la pluralidad de la sociedad civil cubana, cada vez con más actores.

Solicitamos apoyo internacional de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la vez que insistimos en posicionarnos en contra de la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de Cuba, y ratificamos nuestro interés en que estos conflictos sean resueltos de una manera justa para todos sus implicados, incluyendo a cubanes que residen fuera del país. Nos pronunciamos en contra del uso de expresiones y de acciones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas, independientemente de quien las utilice, así como de señalamientos a cubanos de “marginales”, “enemigos al servicio de entidades mercenarias”, “alienados”, “manipulados” o “confundidos”, inmerecedores de la condición de ciudadanos. No admitiremos, como ha venido aconteciendo recientemente, que el Estado desplace el diferendo interno con una parte de la sociedad cubana hacia el conflicto con los Estados Unidos, haciendo uso de un ejercicio retórico reductivista y arbitrario.

Desde nuestras prácticas feministas diversas promovemos el activismo pacífico y decimos NO A LA VIOLENCIA en todas sus manifestaciones. El Estado cubano debe cumplir con las convenciones internacionales de las que es signatario, y comprometerse con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en lo concerniente a la participación en la vida política y pública del país independientemente de nuestra orientación política o ideológica. El Estado debe permitir nuestra organización al margen del Estado mismo, sin ser por causa de ello víctimas de acoso policial o violencia institucional.

Convocamos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores o posturas, sin represalias para quienes participen, y del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a los reclamos urgentes de la sociedad civil y a la actual crisis política que atraviesa el país.

A los 15 días del mes de diciembre.

Firman,

Salomé García Bacallao, conservadora de arte e investigadora

Anaeli Ibarra Caceres, investigadora

Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma. Coordinadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)

Juliana Rabelo, coordinadora de INSTAR

Camila Ramírez Lobón, artista visual y coordinadora de INSTAR

Kirenia Yalit Núñez Perez, psicóloga y activista

María Matienzo Puerto, narradora y periodista

Simone García Bacallao, artista

Laura Rodríguez Arango, creadora escénica

Ana Victoria Pérez, cineasta

María Gabriela Sánchez Álvarez, diseñadora de vestuario

Fernanda Montalvo, creadoræ escénico independiente y acompañante corporal holístico

Katia Gato Rimbau, abogada

Lisandra Castro López, filóloga

Ena Lucía Portela, escritora

Frida Alejandra Lobaina Pérez, teatróloga

Yanelys Nuñez Leyva, activista y productora cultural

Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas

Danae Diéguez, investigadora y experta en temas de género

Hector Luis Valdés Cocho, periodista independiente

Ricardo Sarmiento Ramírez, dramaturgo

Mara Karla Sanchez, psicóloga

Karla Perdomo, psicóloga

Laura Verdecia, Marketing Manager

Geisy Guia Delis, periodista independiente

Elaine Díaz Rodríguez, directora de Periodismo de Barrio

Ismario Rodríguez Pérez, periodista en Periodismo de Barrio

Yasmín S. Portales Machado, escritora, crítica literaria y activista LGBTIQ+

Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota

Laritza Diversent, abogada

Adria Valdés Peyrellade, arquitecta

Thais Milanés, autónoma

Liz Peláez, archivista

María de los Ángeles Bonet Hevia, asistente

Lia Villares, artista

Aminta de Cárdenas Soroa, productora

Karla María Pérez González, periodista y editora en la revista ADN Cuba

Claudia Genlui Hidalgo, curadora de arte

Fabiana Salgado Bernal, realizadora audiovisual

Ariadna Del Carmen Kott, actriz y músico

Virginia Ramírez Abreu (LA POLAKA), Directora/fundadora y profesora titular de Antropología de la Cultura e Historia del Arte de la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia. Guionista, productora y directora audiovisual.

Maielis González Fernández, escritora e investigadora literaria

Janet Batet, curadora independiente, crítica de arte y ensayista

Lynn Cruz, actriz y productora independiente

Daleysi Moya, curadora y crítica de arte

Diana Carmenate Castellano, comunicadora visual y docente

Claudia Padrón Cueto, periodista en Tremenda Nota

Laura N. Díaz Ravelo, diseño escénico

Maria Carla Rodríguez, vedette

Laura Kaila López Duarte, historiadora del arte

Clara González, feminista

Hilda Landrove Torres, investigadora

Iris Ruiz Hernández, actriz y coordinadora del MSI

Elena Larrinaga de Luis, Presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba

Dunia Medina Moreno, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

María Elena Mir Marrero, Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integrante de la Red Femenina de Cuba

Yanela Reyes, activista por los Derechos Humanos, Red Femenina de Cuba

Marthadela Tamayo, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Lázara Eumilla Ayllon  Reyes, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Tania García Hernández, Red Femenina de Cuba

Zelanda de la Caridad Perez Abreu, Red Femenina de Cuba

Yacqueline Madrazo Luna, Red Femenina de Cuba

Mileisis Vigoa Marrero, Centro Democracia Proactiva y Derechos Humanos “José de la Luz y Caballero”

Maribel Isidra Hernández, Mujeres Democristianas Cuba

Rocinante Sotolongo Cruz, Mujeres Democristianas Cuba

Maritza Concepción Sarmiento, Mujeres Democristianas Cuba

Lázara María Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Evelyn Pineda Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Yusleidy Valero Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Anai Penalba Subit, Mujeres Democristianas Cuba

Delices González Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Mimi Onel, Mujeres Democristianas Cuba

Sara Cuba Delgado, Alianza Cubana por la Inclusión

Aimara Peña González, Directora de Somos Nueva Cuba, activista feminista y YouTuber

María Cristina Labrada Varona, Consejo de Dirección de las Damas de Blanco

Marisel Nápoles González, periodista de Diario de Cuba y coordinadora del grupo Mujeres Esperanza

Adriana González Téllez

Olivia Blanco Martín, psicóloga forense (España)

Roberto Garcés Marrero, investigador

Luis Alberto Dieguez Albelo, informático de Habana Verde

Yudith Vargas Riverón, curadora e historiadora de arte

Linet Cums Yumar, editora de Rialta

Ibrahim Hernández, editor de Rialta

Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta

Camila Cabrera Rodríguez, investigadora y gestora cultural

Leticia Ramos Herrería, activista por los Derechos humanos

Miriam Herrera Calvo, Licenciada en Enfermería

Sheyla Pool, cineasta

Lidia M Romero Moreno, jurista y activista por los derechos humanos de las personas LGBTIQ y de las mujeres

Organizaciones, colectivos y medios que se adhieren a esta carta:

Revista Alas Tensas

Cubalex

ONG de Derechos Humanos José de la Luz y Caballero

Candela Review

Mujeres Democristianas Cuba

Red Femenina de Cuba

Habana Verde

Alianza Cubana por la Inclusión (ACI)

YoSíTeCreo en Cuba

Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-12-16-u1-e185759-s27061-activistas-denuncian-violencia-contra-mujeres-motivos

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Casi el 60% de los argentinos está en contra del lenguaje inclusivo

Redacción: Ámbito

El 59% de los consultados no está de acuerdo con que se incorpore, tanto en el trabajo como a nivel general. El 52% cree que esta inclusión en el ámbito laboral no ayudará a la disminución de la discriminación.

El 59% de los argentinos no está de acuerdo con que se incorpore el lenguaje inclusivo, tanto en el trabajo como a nivel general. Así lo reveló una encuesta sobre la diversidad de género e inclusión en el mundo laboral realizada por Adecco. En tanto, sólo el 45% considera que su lugar de trabajo es inclusivo. Y, al consultarles si en su trabajo hay personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, sólo el 24% respondió que sí, mientras que el 18% que no, y el 31% que no sabe.
El 72% cree que en la actualidad hay desigualdad en las búsquedas laborales. Además, para el 66% las búsquedas laborales no deberían especificar el sexo del candidato.Según los encuestados, la discriminación, los prejuicios, la ignorancia y la apariencia son las mayores barreras que enfrenta el colectivo LGBTIQ+ al momento de insertarse en el mercado laboral.

Entonces, ¿por qué consideran que las empresas adoptan ciertos prejuicios a la hora de contratar empleados? Según los encuestados es por miedo al reclamo de sus clientes, por una cuestión de “imagen”, porque no aceptaron el cambio o porque “estamos atrasados como sociedad”.

Por su parte, el 87% cree que la orientación sexual o identidad de género de una persona no afecta o determina su capacidad laboral.

Lenguaje inclusivo y educación sexual

Casi 7 de cada 10 argentinos conocen el significado de la sigla LGBTIQ+, mientras un 33% expresó lo contrario.

El 59% no está de acuerdo con que se incorpore el lenguaje inclusivo, ya sea en su trabajo como a nivel general. En tanto que para el 41% sería conveniente que sí.

Por su parte, el 52% cree que la incorporación del lenguaje inclusivo en el ámbito laboral no ayudará a la disminución de la discriminación y la inclusión de personas con identidades no-binarias, mientras que para el 25% sí ayudaría, y hay un 23% que no está seguro.

A la hora de hablar sobre educación, 7 de cada 10 considera que educar a los niños y jóvenes acerca de la sexualidad y el respeto por la diversidad sexual desde una temprana edad llevará a la naturalización del tema en el futuro. Sin embargo, un 26% considera que no es éste el camino.

Además, más de la mitad -55%- considera que las empresas no deberían aplicar más políticas de inclusión, por ejemplo, baños unisex o el uso de pronombres neutros. Para el 45% sí es necesario.

Discriminación

El 44% de los argentinos se sintió alguna vez discriminado, ya sea por su orientación sexual, género, estado físico, pensamiento político, etc.

Al consultarles si conocían algún caso donde un empleado/a haya sido despedido por dar a conocer su orientación sexual o identidad de género, el 83% respondió de manera negativa mientras un 17% reconoció conocer algún caso.

Argentina: ¿un país inclusivo?

Más de la mitad (52%) considera que Argentina está preparada para la inclusión del colectivo LGBTIQ+. Por su parte, otro alto porcentaje se expresó de forma negativa (48%).

Al preguntarles quiénes creen que deberían colaborar para que haya una mayor inclusión, y dando la opción de elegir múltiples respuestas, éstas fueron:

El 57% de los encuestados considera que la mayoría de las personas que conoce, dentro de su entorno personal o en el trabajo, son inclusivas. Para el 26%, la mayoría de las personas que lo rodean no lo son y, mientras el 10% cree que todo su entorno lo es, el 7% dice que no comparte su entorno con personas inclusivas.

Fuente: https://www.ambito.com/casi-el-60-los-argentinos-esta-contra-del-lenguaje-inclusivo-n5064978

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Questions about sexual orientation and gender identity dumped from census

By: Paul Karp. 

Australian Bureau of Statistics also won’t ask about respondents’ journey to education and whether they smoke

The Australian Bureau of Statistics has ditched preparations to ask about sexual orientation and gender identity in the 2021 census, although a question whether people are male, female or non-binary is still under consideration.

On 15 October, the ABS will test the census on 40,000 households in Wagga Wagga and south of Brisbane, including proposed new questions on non-binary sex, long-term health conditions and Australian defence force service.

The test follows a consultation process in 2018 that identified eight potential new topics. The ABS has decided not to proceed with questions on gender identity, sexual orientation, respondents’ journey to education and smoking.

The Equality Australia chief executive, Anna Brown, told Guardian Australia: “It is disappointing that the ABS will not be collecting information about sexual orientation in the next census.

“It is absolutely vital for us to be counted if we are to have the diverse needs of the LGBTIQ community adequately addressed in government policy and programs.”

The LGBTI Health Network had lobbied for inclusion of sexual orientation, gender identity and intersex status to help address the significant health disparities experienced by LGBTI people.

“We all know about the mental health and well-being disparities for LGBTIQ Australians,” Brown said. “We need a clearer understanding of the demographics of our communities so we can ensure that funding whether for healthcare, or social services, is directed to where it is most needed.”

An ABS spokesman attributed the decision to a desire to keep “the burden we placed on responding households to a minimum, and being able to test our processes”.

In a further statement a spokesman said that the final decision on questions for the 2021 census is one for government, which has not yet advised the ABS of its decision.

“Potential new topics, not included in the October test, may still be included in the 2021 census pending the government’s decision,” he said.

Stephen Jones, Labor’s shadow assistant treasurer, said LGBTI Australians “have been ignored in Australian health policy planning for too long”.

“A raft of major national health organisations support collecting data on sexuality and gender identity in the 2021 census,” he said.

Jones said he had written to the assistant treasurer, Michael Sukkar, asking him to work with parliament and the LGBTI community to improve the inclusivity of the census, health services and “to make sure all Australians get counted in the 2021 census”.

Since becoming prime minister in August 2018, Scott Morrison has been criticised from LGBTI equality advocates for politicising sexuality and gender identity.

Morrison has opposed sex-ed programs he agreed made his “skin curl” by teaching the fact of diversity in human sexuality, described teachers who support trans students as “gender whisperers” and demanded his department remove signage that gives people the choice of bathroom based on their gender identity.

In the 2016 census, the ABS gave census respondents the option to identify as neither male nor female but “other” in both the sex and gender categories.

However, both the paper and online versions of the census displayed only male and female options, meaning people wishing to identify as “other” in either category were required to contact the census inquiry service to receive either a special login to do so online or instructions for how to fill in the paper form.

The ABS defined respondents of the “other” sex category as “persons who have mixed or non-binary biological characteristics (if known), or a non-binary sex assigned at birth”. It said the third category of sex was variously described as indeterminate and intersex.

“Other” in the gender category refers to “adults and children who identify as non-binary, gender diverse, or with descriptors other than man/boy or woman/girl”.

Source of the article: https://www.theguardian.com/australia-news/2019/oct/05/questions-about-sexual-orientation-and-gender-identity-dumped-from-census

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