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Las maestras luchando por nuestro futuro

Por: OLEP

Seguramente has escuchado hablar de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, sobre todo a raíz de la desaparición forzada de los 43 estudiantes; pero muy poco se sabe del proceso que han enfrentado las 17 Normales Rurales que aún existen en el país, tras la política de abandono y desmantelamiento que han impulsado los distintos gobiernos.

En el número anterior de F R A G U A , compañeras de la Normal Rural “Lic. Benito Juárez” de Panotla, Tlaxcala, enviaron una colaboración donde describían la vida en la Normal, invitaban a las movilizaciones que se realizaría los días 12 y 13 de septiembre con el objetivo de exigir justicia por la represión sufrida en 2001 y 2010, así como mejores condiciones para la escuela. Como OLEP nos solidarizarnos marchando con las compañeras de Panotla.

Después del traslado hacia la Normal, el desayuno corrió a cargo de las alumnas, ya que la escuela se mantenía tomada desde el martes 6 de septiembre, ellas son quienes se encargan de todo el mantenimiento. En seguida, hicieron el llamado a concentrarnos para iniciar la marcha; nos agruparon con las organizaciones: profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Tlaxcala y Chiapas, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes-28 de octubre, el ex sindicato de Sandak-Tlaxcala, el Frente Nacional de Luha por el Socialismo (FNLS), entre otros. Marchamos al final de las representaciones de las Normales Rurales de los otros estados que forman parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

El recorrido de Panotla a Tlaxcala se hace en unos 20 minutos, marchando nos tardamos 3 horas en llegar a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET). Durante el recorrido, pasaban los oradores de las distintas normales y las organizaciones a exigir el cumplimiento a las demandas del pliego petitorio, el cese a la represión y al desmantelamiento de las normales.

A la marcha larga siguió otra dura espera de cerca de 6 horas de negociación donde las autoridades buscaban desgastar a los manifestantes y a las compañeras de la comisión que pasaron a la mesa. Sin embargo, como dicen por ahí, ni la lluvia ni el viento y, al parecer, ni el tedio, detienen al movimiento. Finalmente cerca de las 23 horas, se logró que firmaran la mayor parte del pliego petitorio.

Durante esta jornada pudimos conversar con algunas compañeras normalistas quienes nos explicaron que a pesar de que las normales rurales cuentan con un sistema asistencialista donde se les brinda una educación gratuita, internado, comedor, agua y luz, entre otros beneficios, hacen falta algunos servicios de mantenimiento al comedor y dormitorios e incluso la construcción de más salones, porque, “para las chicas que ahorita cursan el cuarto año no hay salones” , así como profesores para impartir talleres culturales.

Otra de sus demandas es respeto a la matrícula estudiantil que contempla a 342 alumnas, de las cuales sólo se cuenta en estos momentos con 270. Ellas consideran que se les debe dar mayor porcentaje a las estudiantes de otros estados como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Estado de México, ya que dicen: “las que son originarias aquí de Tlaxcala no continúan porque no les gusta el sistema de internado, extrañan a sus papás y como están relativamente cerca, pues se van”.

Al preguntarles de qué forma el gobierno podría garantizar ese respeto a su matrícula, Contestaron que exigen que se garantice las 342 raciones alimenticias, los blancos (que son papel higiénico, jabón de tocador y para lavar ropa), la beca monetaria que afirma “nos llega cada 2 meses y es de $230 a $240”, así como sus trajes de gala y uniforme deportivo. Para algunos lectores parecerá suficiente todo lo que se les brida, sin embargo, para quitarnos de dudas les preguntamos de cuánto era el presupuesto que recibían para su alimentación y nos contestaron que era de ¡treinta y cinco pesos al día, por alumna!

También nos comentaron sobre la baja demanda de nuevo ingreso que ha sufrido la Normal a raíz de la mala reputación que les ha creado el gobierno y los medios de comunicación: “el gobierno dice que somos semilleros de guerrilleros y no es así, solamente, dentro de una normal, aparte de darte los estudios básicos que se dan en cualquier universidad, nos concientizan políticamente y pues es otro panorama que al gobierno no le conviene”.

La Reforma Educativa también les afecta a las normalistas por los exámenes de oposición para entrar al magisterio , por ello, muchas chicas no entran a la normal “porque creen que ya no van a conseguir trabajo después de la licenciatura. Esto no sólo se ve en nuestra normal, se ve en todas las normales, se ha visto cómo la demanda de compañeros ha bajado”.

Una de las demandas políticas que tienen es la destitución de la actual directora Olivia Guevara y exigen alguna intervención en la elección de sus directivos, pues consideran que a partir de allí se les ha reprimido académicamente, imponiendo horarios de clases 8:00 a 18:00 horas, excesiva carga académica que no deja tiempo para dedicarse a actividades político-culturales y económicamente se han desviado recursos de la institución.

El pliego petitorio de las compañeras es más extenso, sin embargo, estos puntos nos muestran la situación que se vive en las Normales Rurales y la razón por la que se encuentran en una lucha constante por la defensa del normalismo, la educación pública, gratuita y de calidad.

Compañeras: Nos sumamos a la lucha en defensa del normalismo, considerando que esto significa también continuar con el trabajo organizado para que las Normales retomen su visión política con las que fueron creadas desde 1922: impulsar junto al pueblo la lucha por una sociedad más justa, por el socialismo !

¡Por la liberación de la juventud
y la clase explotada!
¡Venceremos!

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219772&titular=las-maestras-luchando-por-nuestro-futuro-

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En huelga profesores de otras 35 instituciones docentes brasileñas

América del Sur/Brasil/26 Noviembre 2016/Fuente: Prensa Latina 

Profesores de otras 35 instituciones docentes se declararon hoy en huelga en Brasil, para manifestarse contra la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 55) del presidente Michel Temer, que limitará los gastos públicos por 20 años.
En total fueron 29 universidades federales y dos estaduales, tres institutos y un centro federal de enseñanza los que se sumaron al paro, detalló la Asociación Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior (Andes) al hacer un balance de la jornada.

Inicialmente, Andes previó que fueran 27 las universidades que entrarían en huelga por tiempo indeterminado, en su mayoría localizadas en los estados de Minas Gerais, Río Grande do Sul y Pernambuco.

Según el titular de Andes, Eblin Farage, la coyuntura política está cada vez más exacerbada; la PEC fue aprobada en la Cámara de Diputados sin discusión ninguna con la sociedad, pese a sus implicaciones para sectores como la salud y la educación, ‘y por eso sentimos la necesidad de ampliar la movilización contra esas medidas’.

Los docentes universitarios, manifestó el dirigente gremial, también son contrarios a la forma (mediante la promulgación de una Medida provisional) y el contenido en que la reforma de la enseñanza media fue presentada por el gobierno Temer.

Por tratarse de un cambio importantísimo es que quieren llevarla adelante sin ninguna discusión, alegó Farage y subrayó que esa reforma impacta directamente en las universidades, que es donde se forman los profesores que imparten clases en ese nivel educacional.

En una nota difundida este jueves, el Ministerio de Educación dijo respetar el derecho de huelga, pero consideró que la paralización en algunas instituciones federales se basa ‘en falsas premisas como la alegación de que la PEC 55 va a perjudicar las condiciones de trabajo y la carrera docente’.

La víspera se conoció aquí que en todo el país suman más de las 220 universidades que permanecen ocupadas en protesta contra la reforma de la enseñanza media y la PEC 55, también llamada PEC del techo de los gastos primarios.

El levantamiento fue hecho por la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (UBES), que organiza una caravana con jóvenes de todo el país para ‘ocupar’ Brasilia el próximo día 29, cuando el plenario del Senado Federal votará en primera instancia la ‘PEC del fin del mundo’.

El movimiento de ocupación de las instituciones de enseñanza comenzó hace más de un mes y para finales de octubre llegaron a contabilizarse más de mil 100 escuelas de nivel medio ocupadas en 19 estados y el Distrito Federal de Brasilia, así como 82 universidades y cuatro núcleos regionales de educación.

La promulgación por Temer de una Medida Provisional (MP 746) para reformar la enseñanza media fue el detonante de las protestas, que después asumieron también como bandera la lucha contra la PEC que limitará por dos décadas los gastos en sectores claves como la salud y la educación, como parte de un severo ajuste fiscal.

Según los estudiantes, la MP que ‘deforma’ la educación en el nivel medio, adoptará entre otras cosas y en perjuicio de los educandos, el llamado turno integral y reducirá el número de disciplinas obligatorias, que actualmente son 13, eliminando la enseñanza de Artes, Educación Física, Sociología y Filosofía.

Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=44989&SEO=en-huelga-profesores-de-otras-35-instituciones-docentes-brasilenas
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España: Educadoras de educación especial, la batalla por hacerse visible

España/08 de octubre 2016/Autor: Enric Llopis – Rebelión/ Fuente: http://www.cgtpv.org/

Trabajan en colegios e institutos públicos con niños discapacitados y el porcentaje de precarias e interinas supera el 50%


Luchan por dejar de ser invisibles. Educadoras de educación especial de colegios e institutos del País Valenciano se concentraron ayer en las tres capitales de provincia para denunciar la situación de olvido, maltrato y precariedad. Dependientes de las consellerias de Educación y Administración Pública, Integran el colectivo cerca de 900 funcionarios que trabajan en centros públicos de infantil, primaria, secundaria y específicos de educación especial. Piden que se valore la tarea educativa que realizan, y para ello se han constituido dos plataformas reivindicativas en Valencia y Alicante. En jornadas laborales continuas de ocho horas de atención directa a los alumnos –entre las 9:00 y las 17:00-, con pausas establecidas en la normativa que en muchos casos se incumplen, los educadores se hacen cargo de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, que pueden incluir la parálisis cerebral, el Síndrome de Down, el autismo u otras menos frecuentes. Protestan por verse excluidos de los claustros o sin el tiempo necesario para la coordinación pedagógica con el resto de profesionales, la preparación de actividades o las reuniones con los padres. Y porque no se les respetan las mismas condiciones que a los docentes con los que comparten centro educativo.

A pesar de la invisibilización, sin el educador de educación especial resulta imposible una escuela “integradora” e “inclusiva”, mantiene Víctor Tormo, delegado de CGT en la Generalitat en la provincia de Castellón. La relevancia de estos profesionales puede apreciarse por ejemplo en las aulas de comunicación y lenguaje para niños con trastorno de espectro autista de los colegios públicos, donde el educador presta apoyo a los maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, además de acompañar al alumno cuando pasa al aula ordinaria en la que se imparte el currículo convencional. La labor de estos profesionales consiste en fomentar la autonomía personal y el desarrollo de las habilidades cognitivas, relacionales y motrices de los menores, que es “tan importante como los conocimientos académicos”, defiende M.J.P., educadora de educación especial desde hace 23 años en centros públicos y miembro de la Plataforma d’Especialistes d’Educació Especial i d’Educació Infantil de Valencia.

Un informe de la Conselleria d’Educació, dirigida por Compromís y a la que apuntan las exigencias del colectivo, determina mediante un informe individualizado las necesidades y recursos recursos que requiere cada alumno. “Pero resulta muy difícil cumplir con las ratios”, critica Víctor Tormo, quien denuncia la sobrecarga de trabajo, la generalización de las horas extraordinarias y el trabajo a tiempo parcial. Señala además que el porcentaje de interinos y trabajadores en precario supera el 50% de la plantilla, pero el Gobierno Valenciano “incomprensiblemente” no ha convocado plazas para educadores de educación especial en la oferta pública de empleo de 2016 ni tampoco en los años anteriores. En este colectivo profesional integrado mayoritariamente por mujeres, agrega el sindicalista, “se incumple reiteradamente la ley de prevención de riesgos laborales”. “Muchas compañeras no se encuentran bien de salud”, resalta M.J.P., quien apunta sobre todo problemas de estrés, ansiedad y musculares al forzar la posición del cuerpo. “La Administración no está haciendo nada”, critica Víctor Tormo. A pesar de la vinculación a dos consellerias, apunta la responsabilidad directa del conseller d’Educació, Vicent Marzà: “De momento están actuando respecto a los educadores igual que los gobiernos del PP”.

En el listado de críticas figuran la falta de formación específica para trabajadores que laboran con discapacitados y las muy escasas posibilidades de promoción interna; según M.J.P., “después de superar una oposición muy exigente, en la que han de probarse conocimientos sobre múltiples tipos de discapacidad; sin esto, una no es educadora”. Cuando protestan por la invisibilización de los 458 educadores de centros públicos en la provincia de Valencia, 294 en Alicante y 130 en Castellón, se refieren a su empleador –la administración autonómica- pero también a la sociedad en su conjunto. Lamentan que cuando se hable del inicio del curso, la jornada continua en los colegios o las reivindicaciones de los docentes, se olvide a los educadores de educación especial, quienes además, “en los centros privados y concertados se encuentran en mejores condiciones que nosotros”, destaca M.J.P. Las plataformas concretan este reconocimiento insuficiente en que los educadores figuren en el grupo C1 de la administración valenciana. Aunque el salario no figure en el centro de las reivindicaciones, esta categoría puede implicar nóminas de 1.100 euros y en los casos de empleo a media jornada, cerca de 600 euros con los que el trabajador se ha de pagar además los desplazamientos.

Salva Sanmartín, de Intersindical Valenciana, recuerda que ya en 2013 los educadores de educación especial pedían mantener la misma distribución de la jornada laboral que sus compañeros docentes en cada centro. Como pauta orientativa, se establecían 25 horas semanales de atención directa a los alumnos; cinco horas para actividades de coordinación, formativas y atención a las familias y 6,15 horas (que no implican la permanencia en el centro escolar) para tareas de preparación y evaluación. En ocasiones los alumnos con necesidades especiales requieren una atención “itinerante”, que debería reflejarse en el cómputo de la jornada laboral; e incluirse una compensación económica por el desplazamiento del educador y un seguro al efecto, sostiene Intersindical Valenciana. El sindicato se muestra partidario de que se supriman las referencias al “cuidado” y “vigilancia” de los alumnos en el perfil profesional de los educadores, ya que esta obligación corresponde a todo el personal de los centros. También denuncia que en muchos casos, por la situación de precariedad laboral, las trabajadoras se vean obligadas a cuidar de los menores en el horario de comedor, cuando tendrían que afrontar esta responsabilidad las empresas privadas con las que la conselleria concierta el servicio.

En la concentración frente a la sede de la Conselleria d’Administració Pública, una trabajadora que prefiere el anonimato y ha pedido la baja por ansiedad en 2016 denuncia los abusos de poder por parte de la directora del centro: “contra las educadoras como colectivo”. “No deja que nos relacionemos entre nosotras”, critica, y señala que se trata de medidas “premeditadas” por parte de la dirección. Desde las imposiciones en los horarios y la obligación de realizar el turno de comedor, hasta el hecho de alinear a los maestros contra las educadoras de educación especial. B. A. se separa unos metros de la concentración para explicar que trabaja en dos institutos públicos de la provincia de Valencia con niños que padecen discapacidad física y movilidad muy reducida; discapacidad psíquica y trastornos en el lenguaje, y discapacidad físico-psíquica. Lamenta la descoordinación en el día a día de los centros educativos. “Cuando entras en el aula ordinaria tienes que sacar tú al crío adelante, te lo adudican y en algunos casos, a la larga, te tienes que encargar de todo, también de estar con el crío en el comedor”. Denuncia las situaciones de ansiedad y estrés, “todo ello con una categoria C1 en de la administración, cuando el 90% tenemos estudios superiores en psicología, pedagogía o el grado de integradores sociales”. Tiene claro, además, la importancia de la especialización y sobre todo que lo fundamental son los alumnos.

Asimismo mantiene el anonimato otra trabajadora de un centro específico de educación especial. Pide a la Administración autonómica que reconozca la “peligrosidad” y la “penosidad” de la profesión: por la presión que implica atender a los niños cada uno con su problemática; estar pendiente de lo que el profesor requiera en cada momento para los alumnos con necesidades especiales; los traslados del menor, darles de comer… La casuística es múltiple y cambia según el colegio o instituto. Otra educadora informa de su circunstancia particular. Afirma ser víctima de la falta de profesionalidad del maestro del aula ordinaria, quien ha decidido que no son necesarios más medios para atender a los alumnos con discapacidad; de esa manera, “se pierde todo lo que he trabajado durante ocho años con un niño que padece trastorno de espectro autista”. Tiene que ir todos los días medicada a trabajar, el facultativo de cabecera le ha diagnosticado problemas de ansiedad, insomnio y colon irritable, entre otros. La directora del centro, relata la trabajadora, le ha dicho que no airee la situación para no manchar la reputación del centro educativo, y que ella misma es quien ha de encontrar una solución. Casi al finalizar la concentración, otra educadora explica que ha pasado dos años sin comer con un mínimo de calma y en condiciones, al tener que trabajar sin descanso entre las 9:00 y las 15:00, y desplazarse después entre dos centros ubicados en los extremos de un municipio. A las 15:30 horas entraba a laborar en un tercer centro. “Como no estás y no vas a las reuniones, nadie te informa de nada”. Padecía problemas de taquicardia, ansiedad y en el estómago…

Fuente de la Noticia:

Educadoras de educación especial, la batalla por hacerse visibles

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Enric Llopis

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La Federación Docente, CTA rechaza el Aprender 2016. Impulsa Jornada de Lucha el 18 y 19.

Resoluciones del Encuentro sobre Evaluación docente:

La Federación Docente, CTA rechaza el Aprender 2016. Impulsa Jornada de Lucha el 18 y 19. Docentes, padres y alumnos evaluamos las políticas educativas y los gobiernos

El sábado 1º, en la CTA Autónoma, se realizó el “Encuentro sobre Evaluación Docente” organizado por la Asamblea por la Educación Pública y Popular, al que adhirieron la Federación Nacional Docente, FND-CTA y los gremios que la componen, el IEF, Instituto de Estudios y Formación de la CTA, la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica (RIOSAL) y dirigentes de gremios y seccionales docentes como SITECH (Chaco), SUTEF (Tierra del Fuego), Ademys (CABA), AMSAFE Rosario, AGMER Paraná y los SUTEBA de Quilmes y Tigre, además de referentes educativos.

Allí se resolvió: 1) Rechazar el operativo Aprender 2016 que convoca el macrismo, con aval de los gobernadores. 2) Impulsar una Jornada Nacional de lucha con paros y movilizaciones el 18 y 19 de octubre. 3) Docentes, padres y alumnos debemos evaluar las políticas educativas, al sistema y los gobiernos que las aplican.

Se definió elaborar un Documento con estos puntos y la denuncia de que esta «cultura de la evaluación» que el PRO quiere imponer -sin consultar a docentes, alumnos y padres-, sólo responde a los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y los empresarios. Proyecto que es enfrentado en México y otros países, donde quieren imponer estas evaluaciones externas y estandarizadas como las pruebas PISA y que son contrarias a la escuela pública estatal.

Se propicia un paro y jornada nacional de protesta para el 18 y 19 de octubre en rechazo al Aprender 2016, que tiene como intención clara la de responsabilizar al docente por la crisis educativa. La idea es convertir estas jornadas en una actividad de evaluación de las políticas educativas del gobierno nacional y los gobernadores que la apoyan. Además de reclamar por la inmediata reapertura de la paritaria salarial y un mayor presupuesto educativo.

La Federación viene rechazando el intento crear un Instituto de Evaluación que, lejos de mejorar la educación, intenta constituirse como organismo disciplinador y flexibilizador de las condiciones laborales y profundizar la fragmentación del sistema entre escuelas para ricos y pobres. Por eso promovió este Encuentro y un Instituto de Evaluación que evalúe las políticas educativas, al gobierno nacional y los provinciales, responsables de la continua crisis educativa.

Se repudiaron también lo dicho por el ministro Esteban Bullrich en el Instituto de Argentino de Ejecutivos de Finanzas, al afirmar: «La política educativa es responsabilidad mía (es decir, la defino yo…). Los gremios docentes hoy se animan a hablar de políticas educativas… Con los gremios vamos a discutir condiciones salariales y laborales, pero no van a fijar la política educativa». Esto implica que la educación del país la decide él. Así pretende resolver el PRO, de forma unilateral y alejada de todo principio democrático y pluralista que debería sustentar una democracia que se dice participativa.

Se resolvió además la solidaridad con Horacio Catena, Sec. Gral. de SUTEF y demás compañeras/os exonerados en Tierra del Fuego, conRubén Ortiz, Sec. Gral. del MPL en Misiones ante las amenazas a su familia y en apoyo a docentes entrerrianos, ante el incendio de una escuela cerca de gobernación, por la que AGMER Paraná reclamaba.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2016

Contactos de Prensa / FND-CTA:

  • Eduardo Mijno, Secretario General (Chaco) TE 3624521019
  • Horacio Catena, Secretario Adjunto (Tierra del Fuego) TE0291-15-541472
  • Rubén Ortiz, Secretario Adjunto (Misiones) TE 03751530650
  • Francisco Torres, Secretario Gremial (Provincia Bs. Aires) TE 0221-15-6497181
  • Manuel Gutierrez, Sec. de Organización (CABA) TE 011-15-54843874

Federación Sindicato Trabajadores de la Educación del Chaco (SITECH) / Sindicato Unificado de Trabajadores de La Educación Fueguina (SUTEF) / Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) – Misiones / Alternativa Docente, Nacional / Ademys (CABA) Lista Violeta / Secretaría de Cultura, CTA Autónoma / Sindicato Nacional de Trabajadoras/es de la Educación Popular (SINATEP) / Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SITEP) / Asociación Docentes Unidos de Catamarca (ADUCA) / Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM) / Asociación Tucumana de Profesores y Educadores de Adultos (ATPEA) / Asociación Cordobesa de Trabajadores de la Educación (Córdoba)

Comunicado remitido por sus autores a la redaccion de OVE

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España: Los sindicatos se unen para pedir que los interinos cobren el plus docente

Europa/España/01 Octubre 2016/Autor: Eduardo Garcia Oviedo/Fuente: La Nueva España

La situación profesional de los interinos en Asturias mantiene desde hace años a los sindicatos docentes si no enfrentados, sí alejados. Pero las siglas coinciden en algo: el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala el cobro del plus profesional a los maestros y profesores contratados temporalmente, abre nueva vía y acerca a profesores fijos y contratados en la percepción de este suplemento recogido en el Plan de Evaluación Docente de Asturias.

ANPE se felicitaba ayer de que el caso jurídico que dio lugar al auto del Tribunal Europeo, con sede en Luxemburgo, fue promovido por un profesor de Secundaria y gestionado desde los servicios jurídicos del sindicato.

FETE-UGT recordaba que entre esos 900 profesores interinos que presentaron sus peticiones de adhesión al Plan de Evaluación Docente, y que lógicamente quedaron excluidos del proceso por su condición de temporales, «hay mucho militante de nuestro sindicato». La secretaria general de FETE-UGT, Maximina Fernández, se declaró «encantada de la vida» por el auto de la UE. «Es cuestión de tiempo para que los interinos de Asturias tengan derecho al sobro de esos pluses», añadió.

ANPE y FETE-UGT firmaron en su día el acuerdo de interinos, que rechazan otras dos fuerzas sindicales. CC OO pidió ayer la retirada de ese acuerdo. «Ya en su momento tampoco apoyamos la ley de Evaluación Docente porque, entre otras cosas, representa una clara discriminación a los profesores interinos. A igual trabajo e iguales responsabilidades, igual salario», explica el secretario general de CC OO de la Enseñanza, Enrique Fernández.

SUATEA reclamó que «la ley de Evaluación, injusta y discriminatoria, sea abolida para dar paso a una negociación retributiva que suponga un incremento lineal de las remuneraciones».

La situación en Asturias es conocida en materia docente y en relación con los interinos. Lo que está sucediendo en España es un rosario de reclamaciones que, si acaban en el ámbito europeo, tienen muchas posibilidades de salir adelante. Con las indemanizaciones tras el fin de la relación laboral e incluso con la consolidación de unos derechos laborales en casos de interinidad prolongada en el mismo puesto de trabajo, como ya pasado en el sector de la sanidad pública en Galicia.

El auto del Tribunal de Justicia de la UE en relación con un interino docente asturiano no tendrá repercusión práctica a corto plazo aunque sí tiene un enorme calado. La UE se pronuncia respecto a una cuestión prejudicial elevada por uno de los juzgados contencioso administrativos de Oviedo, receptor de la reclamación del docente.

Ahora hay que esperar la sentencia del contencioso, que previsiblemente será favorable al reclamante. El Principado recurrirá cualquier sentencia desfavorable, tal y como en su momento confirmó el Consejero. Los plazos se pueden alargar y, en todo caso, no están claros los criterios que deberían regir un posible y futuro pago de ese plus de productividad que ahora cobran los funcionarios con al menos cinco años. Todo es prematuro aunque algunos ya hayan empezado a hacer cuentas.

Que la cuestión no es sencilla lo prueba el hecho de que hay sentencias favorables a la Administración en esta primera instancia judicial. «Depende del juez que toque», reconocía ayer una fuente sindical. Se calcula que hay rondando por los juzgados más de un centenar de recursos de profesores excluidos, todos ellos presentados a título individual.

Los pluses de productividad se cobran desde el año 2010 y suponen un suplemento mensual de 206 euros para los docentes de Secundaria y de 132 para los maestros, todos ellos dentro de la red pública.

En Asturias se da la curiosidad de que todos los sindicatos docentes apoyan ese cobro, aunque estén significativamente distanciados en el tema del acuerdo de interinos. Para unos, un buen acuerdo (la alternativa era el presentado por la Administración regional, mucho más rígido), y para otros una traición en toda regla al colectivo.

Aquel acuerdo firmado por dos sindicatos eludía el asunto del cobro de pluses (una cuestión que no era negociable por parte de la Consejería de Educación) pero lograba entre otras mejoras el derecho al cobro de los meses de verano cuando se acreditaba un número determinado de jornadas trabajadas.

FETE-UGT y ANPE reivindican el acuerdo «que está plenamente vigente». ANPE considera que la sentencia era «inevitable, por la flagrante discriminación» hacia un colectivo y asegura que trae como consecuencia «la nulidad del artículo 2 de la ley 6/2009 del Principado», la de Evaluación Docente. Para ambos sindicatos la Administración asturiana debería plantearse en serio la nueva situación.

Fuente: http://www.lne.es/asturias/2016/09/30/sindicatos-unen-pedir-interinos-cobren/1990752.html

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La Federación Docente, CTA llama a paro nacional con movilización el martes 27

La Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma, viene en un plan de lucha con medidas nacionales y en distintas provincias. Al comprobar que el conflicto docente se agrava en el transcurso del semestre, la Federación Docente resolvió convocar al paro nacional con movilización el martes 27, en unidad en la acción con otras entidades como CTERA, estatales de ATE, salud de FeSProSa y universitarios de Conaduh.

En diferentes provincias se incumplieron las promesas acordadas en paritarias; el aumento salarial promedio, al anualizarlo alcanza un promedio del 25% y fue absorbido por la inflación con una suba del 45% anual. Pero tanto el gobierno de Macri, como los gobernadores provinciales se niegan a reabrir paritarias, lo que permitiría recuperar poder adquisitivo del salario docente. Máxime cuando se envió al Congreso el Proyecto de Presupuesto Nacional 2017 del que se desprende una pauta salarial con tope del 20% que consolidaría un ajuste brutal sobre los trabajadores, a lo que se suma el ajuste Fiscal que implica menos educación, salud y vivienda para nuestro pueblo. Tampoco se prevé eliminar el impuesto al salario. Y hay anuncios preocupantes sobre un proyecto para modificar el régimen jubilatorio docente, aumentando la edad y eliminando las actualizaciones salariales.

Además intentan instalar un “sentido común” en la sociedad que estigmatice a los docentes como responsables de la crisis educativa. Por eso lanzan el operativo evaluador «Aprender» que, lejos de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, intenta castigar a docentes y alumnos de la Escuela Pública, a favor del negocio de la enseñanza privada.

En este intento disciplinador no dudan en perseguir y judicializar a dirigentes y docentes como expresa la pérdida de tutela sindical para 9 de los 17 docentes del SUTEF acusados en Tierra del Fuego. En una lista que inicia con el Sec. Gral. de SUTEF y Adjunto de la Federación Docente, Horacio Catena, y la exoneración por resistir el ajuste. Debemos sumar también las terribles amenazas sufridas por Rubén Ortiz Sec. Gral. del MPL en Misiones y Adjunto de la FND, quien es hostigado junto a su familia, sin que el gobierno haya dado aún las respuestas necesarias que garanticen su seguridad y la de su familia.

Por estas razones, la Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma convoca al paro del martes 27 junto a diversas organizaciones gremiales y a movilizarnos en las diferentes regiones del país.

  • Reapertura de la paritaria nacional y en las provincias, inmediata recomposición salarial. Derogación del impuesto al salario.
  • Aumento del Presupuesto educativo nacional y provinciales, no a “financiamientos” graduales que implican precarización salarial y pagos en negro. Partidas extraordinarias del Presupuesto nacional para aumentar y sostener los salarios básicos docentes. Blanqueo del Incentivo y demás sumas en negro.
  • Defensa de la edad jubilatoria y movilidad salarial docente. No a la armonización de las cajas provinciales.
  • Rechazo del operativo Aprender, por una evaluación social de las políticas educativas y los gobiernos nacional y provinciales, responsables de la crisis recurrente en la escuela pública.
  • Basta de persecución y amenazas a los docentes en Misiones y Tierra del Fuego, restauración de la tutela sindical y nulidad de las exoneraciones.
  • Que se cumpla la sentencia judicial que ordena la devolución de los haberes descontados por días de paro en Chaco. No a la limitación del derecho de huelga.
  • Por la convocatoria a un paro nacional de la CGT y las CTA.

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2016

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El docente, centro de la contrarreforma

Por: Alternativa Docente

Macri y Bullrich multiplican medidas para abonar al nuevo paradigma PRO: tomar a la educación como área de negocios y ubicar al docente en la centralidad de la contrarreforma educativa. Esta es la primer nota de un análisis integral de este proyecto a enfrentar.

Para avanzar en tal paradigma cuentan con el aval de los gobernadores del FPV-PJ y las demás fuerzas (UCR, PS y MPN). Así lo expresaron sus ministros de Educación en febrero, cuando firmaron juntos la Declaración de Purmamarca [[1]], acta que contiene “las bases de una revolución educativa” que pretende Cambiemos.

La línea de continuidad entre macrismo y el FPV queda rubricada en el acta al“afirmar la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años…”. Y resaltar “los diez años de la sanción de la Ley de Educación Nacional”. Muy lejos de sus ‘críticas’ de campaña al modelo K.

Por eso no ven empacho en comprometerse a “sostener la inversión en Educación establecida en el 6% del PBI”. Pero eso implica más ajuste, ya que los gremios y docentes exigimos mayor presupuesto. Además, como esos fondos no van a alcanzar, estipulan que “para el logro de estas metas resulta imprescindible contar con el apoyo de las familias y de la sociedad en su conjunto”. Es decir, más financiamiento privado. Macri no es original, sigue los lineamientos de la OCDE y el Banco Mundial.

Resoluciones y unidad en la contrarreforma

Hay una avanzada del PRO en materia educativa y la debemos interpretar en su globalidad para enfrentarla. Porque en el Consejo Federal de Educación (CFE) que forman Bullrich y los 24 ministros provinciales, vienen avanzando con un paquete de Resoluciones para validar esa arquitectura privatista y flexibilizadora sobre la escuela pública.

En abril, el Ministerio aprobó la Secretaría de Evaluación Educativa. Y en mayo, el Consejo Federal reunido en La Rioja aprobó -en el Art. 1º de la Resolución-, el Sistema de Evaluación Nacional de la Calidad y Equidad Educativa [[2]]. En su Art. 4º aprobaron también el operativo Aprender [[3]], además que cada provincia creará “una Unidad Jurisdiccional de Evaluación Educativa” (Art. 5º). Y que en “su aplicación continua se cuente con el compromiso político de las autoridades jurisdiccionales” (Art. 6º). Es decir, el aval de los gobernadores con el plan evaluador.

En julio, Macri y el CFE anunciarán el Compromiso por la Educación [[4]], ratificado en San Juan [[5]]. Y en agosto, en San Luis, aprueban el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 Argentina Enseña y Aprende [[6]] que contiene “los ejes centrales de la política educativa nacional” del macrismo.

El 27, parar contra la avanzada PRO en educación

Esos ejes del Plan son: ● Evaluación y Aprender 2016: operativo que rechazamos al exigir e impulsar el paro nacional docente del martes 27, reclamando un plan de lucha que incluya parar el 18 de octubre para que no se evalúe. Para fundamentar nuestro rechazo al Aprender, más la propuesta de Evaluación Social de las Políticas Educativas emitimos un documento a leer y compartir [[7]].

  • Formación: con el Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021 [[8]], aquí rechazamos los cientos de despidos en Educación, en defensa de los INFD que -según el PRO- serían muchísimos… ● Innovación y tecnología: enfrentamos la privatización de áreas tecnológicas con corporaciones de la informática ● Inicial: No al plan de apertura de 4.000 CPI de 3, 4 y 5 años que precarizan y tercerizan la educación inicial. Apertura de Jardines con personal acorde al Estatuto. ● Jornada extendida: la definen como “ampliación del tiempo destinado a la enseñanza y el aprendizaje, tanto en la escuela como en otras instituciones culturales y deportivas…”. Defendemos una jornada extendida dentro de la escuela, en edificios acordes y personal con salario y condiciones laborales, conformes al Estatuto.
  • Profesionalizar al docente: Con la Evaluación apuntan también a los rankings entre docentes para instaurar la diferenciación salarial. Esto se traduce en los planteos de “jerarquizar la profesión docente” y “la construcción gradual de una carrera docente orientada a la superación profesional”, que incluya “nuevos mecanismos de acceso a cargos de conducción” y otras propuestas para ubicar al docente en el centro de la contrarreforma.
  • Comunidad educativa integrada: eufemismo de la mercantilización e injerencia empresaria al plantear la “articulación con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y público vinculadas al campo educativo”. Junto a los planteos de fortalecer los vínculos con el sector productivo; vincular educación y mundo del trabajo y articular “el sector público y privado para adecuar la oferta educativa a la demanda laboral”.

Es tarea entonces de los luchadores alertar sobre toda esta contrarreforma. Ponerla en el centro del paro del 27. Demandar el aumento del presupuesto y no un “financiamiento” gradual, con precariedad salarial. Junto a eliminar los subsidios a la enseñanza privada.

Vamos por un Congreso Pedagógico de docentes, alumnos y padres para que los cambios no los decidan los gobiernos, iglesias y empresarios, sino los que garantizan la escuela pública estatal.

NOTAS AL PIE:

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