Por: Opech.
Respecto al debate surgido a propósito de la tramitación del proyecto de ley que obliga a las escuelas y liceos a incorporar a sus reglamentos internos una vía rápida para expulsar estudiantes por hechos de violencia, el Foro por el Derecho a la Educación Pública declara:
a) Rechazamos este tipo de medidas. Son una agresión al Derecho a la Educación de todas y todos las niñas y niños y jóvenes del país y además busca criminalizar al movimiento estudiantil. Vemos en esta iniciativa uno más de los intentos del gobierno de Sebastián Piñera por fortalecer el orden neoliberal antidemocrático, que comenzó a ser fisurado por el movimiento secundario desde el 2006, lo que ha impactado en la aparición de numerosos movimientos sociales a la fecha.
b) Lamentamos y rechazamos el hecho que se vea en este tipo de iniciativa una solución a los problemas educativos. El gobierno aprovecha el descontento y las condiciones de escasa democracia institucional e inestabilidad en que se encuentran las y los profesores para intentar dividir a las comunidades y al movimiento social. Rechazamos este tipo manipulaciones que al decir atender un problema de las y los actores educativos, termina minando la democracia de las escuelas, abriendo más espacios a la mercantilizando de la educación y criminalizando a los actores de los establecimientos públicos.
c) Ya el 2011 se expulsaron más de 11000 estudiantes por movilizarse en defensa de la educación pública. Durante estos años han continuado las expulsiones, reubicaciones y otro tipo de sanciones a las y los estudiantes que se manifiestan en defensa de la educación pública. A esto agregamos la constante violencia y acoso policial a las y los estudiantes que se organizan y movilizan. Estas medidas han fracturado a las comunidades y son, en parte, responsables del clima de desconfianza que se vive en los establecimientos educacionales.
d) La educación pública es hoy uno de los lugares en que más se expresa la discriminación y la agresión que genera la competencia capitalista. Es un sistema en crisis que a falta de sentido social, los actores caen en el desgano y la desmoralización. Como consecuencia de esto y las medidas mercantilizadoras de los sucesivos gobiernos, hoy sólo tenemos el 30% de matrícula en las escuelas públicas, es urgente fortalecerlas y no estigmatizarlas más.
e) Si bien durante la última semana se han realizado cambios al proyecto, éstos son cosméticos y mantienen y, peor aún, naturaliza el abordaje punitivo de los conflictos escolares. Así trasladamos la lógica víctima-victimario que, lamentablemente, hoy impera en nuestra sociedad a las escuelas. Tal oposición es falsa y no permite un abordaje educativo de los conflictos. La escuela debe solucionar sus problemas incluyendo, nunca excluyendo, educando, nunca expulsando, así se desconoce el sentido transformador que debe tener la educación.
f) Las ciencias de la educación y de la pedagogía abundan modelos para tratar los conflictos en el ámbito y los espacios educativos. Está el acompañamiento, el hacer asumir la responsabilidad y la participación activa de la comunidad en el análisis para la solución de los conflictos, el incorporar las contradicciones sociales en los procesos educativos entre otras medidas formadoras y democráticas. La expulsión de un solo estudiante del establecimiento es la evidencia más dramática del fracaso de un establecimiento y de un modelo educativo.
g) ¿Por qué no poner en discusión este tipo de abordajes? La respuesta es sencilla. Este abordaje implica fortalecer las escuelas públicas; fortalecer el trabajo horizontal de las y los profesoras/es, construir mejores condiciones de infraestructura educativa y hacer de nuestras escuelas comunidades formadoras y de principios solidarios. Por supuesto esto también implica hacer las transformaciones que desde hace más de 12 años exige el movimiento estudiantil y la sociedad en su gran mayoría, una educación con equidad y calidad que forme personas solidarias y críticas, que se instruye durante toda su vida, se amplía, se enriquece, libera y perfecciona en su relación con el medio social y ambiental.
h) Por el contrario, este proyecto termina invisibilizando la necesidad de esta discusión y reduce el debate a una sanción que no resuelve los problemas de la educación pública. Llamamos a las comunidades educativas a unirse y no a dividirse. A rechazar este proyecto y abrir un proceso de debate que nos una como comunidad en defensa de nuestras escuelas públicas. La comunidad educativa debe ser quien defina sus procedimientos de convivencia, basadas en el derecho, nunca en la punición, en la inclusión, nunca en la segregación, en la formación, nunca en la expulsión de una niña y niño.
i) El Foro por el Derecho a la Educación Pública queda a disposición de todas las comunidades educativas y actores sociales que requieran el apoyo para defender el Derecho a la Educación de toda persona, sin distinción alguna de edad, procedencia social, etnia, idioma, sexo y opinión política.
Fuente de la reseña: http://www.opech.cl/declaracion-foro-por-el-derecho-a-la-educacion-publica-ante-proyecto-aula-segura-2/
Se inauguró la Asamblea el 22 de octubre con un seminario público, en el cual se abordaron elementos clave para la garantía de una educación emancipadora, entre ellos: 
A su vez, la coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso, comentó que esta Asamblea mantiene la misma temática de la anterior porque sigue siendo un reto para nuestra región garantizar una educación comprometida con la libertad y el cumplimiento de derechos. «Apostamos en la realización de esta educación en distintos espacios más allá de la escuela, como bibliotecas, plazas, calles y espacios públicos, desde la participación y las luchas sociales», enfatizó.
Encuentros en la Universidad Nacional de Colombia – El 21 de octubre, tuvo lugar en este centro educativo un conversatorio con estudiantes de educación secundaria y terciaria de 8 países de América Latina y el Caribe sobre la educación emancipadora. Se destacaron como retos: la asignación insuficiente de recursos públicos para la garantía de una educación pública, gratuita, igualitaria y de calidad para todas y todos; la violencia en los centros y entornos educativos; la desvalorización docente y sus malas condiciones de trabajo, formación y participación social; y la necesidad de reconocer las diversidades culturales, sexuales e identitarias en los centros educativos y garantizar una educación para los derechos humanos y la reflexión, articulada al arte, a la cultura y a los territorios, que permita a las y los estudiantes movilizarse y ser protagonistas del análisis y transformación de su propia realidad. Las y los estudiantes que participaron en este encuentro elaboraron y difundieron un 
A su vez, el 23 de octubre, se realizó en la misma universidad el conversatorio «Por el fortalecimiento de la universidad pública», donde se compartieron demandas del movimiento universitario colombiano por el fortalecimiento de la universidad pública y gratuita, y se señalaron retos para esta lucha a nivel regional, como: la desfinanciación de la educación; la privatización educativa y el endeudamiento de estudiantes; la retirada del debate político y social del ámbito educativo; pérdida de autonomía de cátedra y de investigación; censura y criminalización de docentes y estudiantes; y el debilitamiento de los centros universitarios en su triple rol de asegurar enseñanza, investigación, y a la vez contribuir con la mejora de las sociedades 
Action Aid
Solidaridad con Colombia y Brasil – En el marco de la X Asamblea de CLADE, las y los activistas, investigadoras/es e integrantes de la comunidad educativa presentes en el evento enviaron una 
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